SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 10 y 9 minutos.)

                En nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, doy la más calurosa bienvenida al señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y a su equipo de asesores, quienes han concurrido en el día de hoy a los efectos de considerar el Inciso 04 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, Período 2010-2014.

                Tiene la palabra el señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Muy buenos días a todos los señores Senadores.

                En una primera instancia vamos a hacer una presentación general, mencionando los principios que nos han guiado en la elaboración del Presupuesto, para luego ir profundizando en el articulado.

                Antes de asumir el Gobierno, comenzó a funcionar una Comisión multipartidaria que elaboró, por consenso, un documento bastante desarrollado, del cual tomamos los principales elementos. Es dable señalar que ese documento ha constituido el fundamento del Presupuesto que hemos presentado.

                En líneas generales, y sin entrar en lo que sería la introducción del documento, se manejó la necesidad de encarar la seguridad a partir de cuatro conceptos: la prevención, la disuasión, la represión y la sanción de los delitos, es decir, en lo que compete al Ministerio del Interior: la política carcelaria.

                Con respecto a la prevención se plantearon, por lo menos, tres aspectos: el primero de ellos estaba referido a la necesidad de desarrollar un aparato de inteligencia policial que permitiera anticiparse a lo que pudiera suceder; el segundo se vinculaba al desarrollo de la policía comunitaria, no como experiencia, sino para darle un desarrollo nacional importante y, el último, estaba relacionado con el fuerte desarrollo de las mesas locales de seguridad y convivencia ciudadana. La idea que tenemos es aproximar aún más la policía comunitaria a la sociedad, a través de la integración de estas mesas que cuentan con representación de la Policía, de los organismos departamentales, de las Alcaldías -esto rige a partir del presente año- de los comerciantes, de los vecinos y de las organizaciones sociales. De esta forma se estaría planificando, no la seguridad nacional ni departamental, sino la local, teniendo en cuenta aspectos que no son necesariamente policiales como, por ejemplo, el alumbrado, la recuperación de espacios públicos por parte de la ciudadanía, etcétera.

                Otro aspecto a tener en cuenta es el que apunta a dar carácter nacional a la Guardia Republicana, lo que la llevaría a depender, ya no de la Jefatura de Policía de Montevideo, sino del Ministerio del Interior. De esta manera, se podrían enfrentar situaciones que se producen cada vez más a nivel nacional.

                Asimismo, se planteó la posibilidad de crear un cuerpo especializado contra el delito organizado, en el entendido de que, en un mundo globalizado, la criminalidad trasnacional incide cada vez más en las infracciones que se cometen en nuestro país. Y no nos referimos solamente al tráfico de drogas -ya existe un organismo especializado al respecto- sino a otro tipo de delitos que comienzan a verse en nuestro país y que tienen influencias del exterior.

Sin ingresar en lo que es el Presupuesto, puedo decir que en este período -e, incluso, en el anterior- se han firmado varios convenios con países del MERCOSUR, de América y de Europa, para realizar una actuación conjunta e intercambiar información respecto de este tipo de infracciones.

                Asimismo, como forma de mejorar las políticas de seguridad se planteó la profundización de la política carcelaria. Actualmente, hay 9.000 presos en cárceles que sólo pueden albergar algo más de 6.000, por lo que existe un hacinamiento importante. Con esa situación es difícil emprender políticas de rehabilitación serias porque, para ello, hay que clasificar presos y establecer cierta progresividad y movilidad dentro de las cárceles. De no proceder así, no se pueden emprender con éxito dichas políticas. Como resultado, actualmente tenemos un 70% de presos que reinciden y lo hacen en un nivel superior, quiere decir que en la cárcel desarrollan una especie de carrera del delito. Esta situación debe cambiar porque, de lo contrario, no vamos a cortar el círculo vicioso.

Es por todo ello que en el Presupuesto damos a esta problemática un tratamiento importante, más allá  de que ya se votó una Ley de Emergencia Carcelaria que nos ha permitido llevar adelante varios proyectos actualmente en marcha. Si bien algunos de los emprendimientos previstos en la referida Ley no se han podido realizar,  lo cierto es que, en líneas generales, se ha podido avanzar bastante. Sin embargo, no podremos continuar haciéndolo si no se pone en marcha el presupuesto.

                En términos generales, consideramos que no es posible mejorar las políticas de seguridad si no cambian las condiciones de trabajo y de vida de los policías, que son los que llevan adelante dichas políticas. Hemos venido diciendo esto desde que asumimos la Cartera porque la realidad es que, para que  un policía tenga un ingreso que más o menos le permita vivir,  tiene que trabajar 12, 14 ó 16 horas diarias, pero así no se puede trabajar como se debe.  Nadie puede trabajar 14 ó 16 horas todos los días  en ninguna profesión y menos aún en una de estas características.

                Cuando me desempeñé en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el criterio establecido con respecto a las horas extras era que no fueran más de dos por día, aunque podían ser aumentadas con alguna justificación y en forma excepcional.  Cuando se disminuyó la cantidad de horas de trabajo en la salud, se produjo el doble empleo, pero ese doble empleo no se realizaba dentro de la misma empresa. Por ejemplo, una persona trabajaba seis horas en una empresa y seis horas en otra, entonces, en cada empresa era controlada de acuerdo con las características de cada institución. Cuando la persona se desempeñaba en el SMI, la controlaban por las seis horas trabajadas allí, sin importar lo que hacía fuera de ese tiempo; si luego trabajaba en el Sindicato Médico, pasaba exactamente lo mismo. En la Policía, si trabajan ocho horas de tarde y al otro día vuelven a trabajar ocho horas, se es más permisivo y se tiene en cuenta lo actuado el día anterior -y así sucesivamente- sin tener que cumplir exactamente con lo establecido.

                Entendemos que para que un policía tenga un trabajo como debe ser, hay que ir disminuyendo paulatinamente el servicio 222 y sustituir ese ingreso, de manera de equiparar, y aun mejorar, lo que pierde por no realizarlo. En definitiva, cuando este proceso termine, estará cobrando un sueldo que le permita vivir con ocho horas de trabajo. Haciendo un paréntesis, señalo que muchas veces se dice que eso significará una rebaja salarial, pero pensamos que no es así por dos razones. Por un lado, lo planteado en el cronograma del Presupuesto llevaría a que en el año 2015 un policía, por ocho horas de trabajo, esté cobrando aproximadamente $ 23.800, que es una cifra muy superior a la que ahora percibe y a ello se sumarían las 50 horas del servicio 222, que también podría realizar. En la Comisión multipartidaria, se estableció el compromiso de que el próximo Gobierno -sea del color que sea- siga el proceso de aumento salarial, disminuyendo el servicio 222 hasta que no exista más. Por otro lado, el criterio para medir el salario no es el ingreso que percibe por 16 horas de trabajo, sino que el salario se mide por el ingreso dividido por las horas de trabajo. Si dividimos $ 23.800 por ocho horas de trabajo, obtenemos un sustancial aumento de salario y no una disminución. Es un aumento muy grande. Pensamos que, en esas condiciones, se puede organizar la seguridad de otra manera. Esto no opera de forma inmediata porque el año que viene solamente habrá 50 horas de reducción y no todos los policías realizan 200 horas de servicio 222. Por lo tanto, para algunos policías esto significa un aumento muy importante.

                El otro elemento que manejamos en el Presupuesto es la capacitación. No habrá mejoras en la política de seguridad si no mejoramos sustancialmente la capacitación de quienes llevan adelante esas políticas. Nosotros planteamos que, a partir del 1º de marzo del próximo año, comiencen a dictarse cursos con nuevos programas. De todas maneras, todavía nos queda un año más para cumplir con lo que se planteó en la Ley de Educación en cuanto a que la Escuela Policial y la Escuela Militar elaboren y coordinen sus programas junto con el Ministerio de Educación y Cultura; esta tarea tiene como plazo el año 2012. Pensamos adelantar, dentro de lo posible, por lo menos algunos aspectos de ese plazo. Por otra parte, antes de discutir el Presupuesto, se formó un equipo integrado por la Directora de la Escuela de Policía y el Inspector de cursos y escuelas, para comenzar a procesar ese cambio.

                Otro asunto importante acordado en la Comisión Multipartidaria -que nosotros  aplicamos de acuerdo con lo que creíamos necesario- es el desarrollo de elementos tecnológicos que permitan implementar la tarea de otra manera. En ese sentido, en el Presupuesto se ha incorporado la compra de escáneres, un helicóptero y otros elementos que no hacen estrictamente al armamento, sino a la tecnología con la que se va a realizar la tarea. Este aspecto está bastante desarrollado en el articulado;  simplemente menciono los capítulos en los que después se van a detener quienes informen y profundicen en el tema.

                Finalizo esta primera intervención ahora -si bien lo haré nuevamente- para  desarrollar el articulado. Si la señora Presidenta lo autoriza, solicito que haga uso de la palabra el señor Director General de Secretaría, doctor Charles Carrera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el doctor Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Buenos días a todos los señores Senadores. Me gustaría realizar una introducción que considero de rigor. En la construcción del presupuesto de nuestro Inciso se realizó un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la  Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

                Personalmente haré la fundamentación de algunos artículos; el Inspector Guarteche se referirá a la Dirección General contra el Crimen Organizado (INTERPOL), los Oficiales de Enlace, el cargo de Inspector de Escuelas y Cursos y el de Subdirector de la Policía Nacional.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a ir en orden, es decir, artículo por artículo.

                (Dialogados)

                Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Considero que si tratamos artículo por artículo, podríamos hacerlo en forma ordenada, tal como plantea la señora Presidenta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Deseo formular una pregunta que no tiene que ver con el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Siempre que sea sobre la ley de Presupuesto, puede hacerlo con todo gusto, señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Aparentemente lo es, señora Presidenta. Si me habilita, me gustaría formularla.

SEÑORA PRESIDENTA.- Cómo no, señor Senador, ya veremos de qué tema se trata.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Se trata del Ministerio del Interior, señora Presidenta.

                Me gustaría agradecer la presencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior en particular, y de todos sus asesores.

                Mediante el artículo 323, inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, se aprueba la creación del Fondo para la  construcción del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor, que se administrará en el marco del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, en el artículo 324 se establece un mecanismo de financiación.

                Sabido es que la creación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor es un instrumento absolutamente fundamental en la realización de los acuerdos multipartidarios. Si queremos tener una política de prevención, rehabilitación, disuasión y represión -cuando corresponda- en materia de adolescentes infractores, consideramos que el Instituto es prioritario. No puede haber una política de agravamiento de las responsabilidades para los adolescentes infractores si no existe un ámbito físico que se torne, inexorablemente, en una cárcel de adolescentes. Me animo a expresar esto clara y contundentemente, porque no hay otra forma de denominarlo, habida cuenta de las dificultades que todos sabemos que tiene el INAU para retener a los adolescentes infractores.

                En ese sentido, el Partido Nacional presentó un proyecto de ley en ambas Cámaras, que también envió al Poder Ejecutivo. En el marco de los acuerdos multipartidarios, la creación del Instituto resulta prioritaria y fundamental ya que, además, no tendría ninguna lógica que en el día de mañana agraváramos la responsabilidad de los adolescentes infractores y no tuviéramos dónde alojarlos.  Recordemos nuevamente las dificultades que tiene el INAU -que no han surgido ahora sino que, en realidad, datan de muchos años- en cuanto al alojo de los adolescentes infractores, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia.

                Por lo tanto, quisiera escuchar algunas reflexiones del señor Ministro sobre  la creación de dicho Instituto -que fue aprobada en la Cámara de Representantes- ya que tiene que ver con una política de seguridad en la cual los adolescentes infractores cobran una importancia primordial. Según el comparativo que tenemos, este tema no figuraba en el Mensaje del Poder Ejecutivo, sino que fue incluido y aprobado, repito, en la Cámara de Representantes. Como esta iniciativa está vinculada al Ministerio del Interior, quisiéramos saber si el señor Ministro considera que esto es posible mediante los mecanismos que sea, a través de la infraestructura ya existente que se pueda destinar a este Instituto de rehabilitación, a los efectos de tener una de las patas fundamentales que se precisan para una política de lucha contra los delitos y, especialmente, los cometidos por adolescentes infractores. Es claro que nuestra postura no es criminalizar a los menores ni generar una suerte de estigma contra los adolescentes infractores, sino nada más ni nada menos que llevar adelante políticas que nos parecen fundamentales y respecto de las cuales  este Instituto se transforma en una herramienta indispensable. Por todo esto, teniendo en cuenta que se hace difícil mantener a los adolescentes infractores en el INAU y que no se los puede llevar -salvo que haya una baja de la inimputabilidad penal- al COMCAR ni a la cárcel de Canelones ni a la de Las Rosas porque sabemos a qué estarían expuestos en estas cárceles superpobladas, desearíamos escuchar unas reflexiones del señor Ministro. Supongo que, en su momento, el señor Ministro habrá sido consultado en la Cámara de Representantes sobre esta iniciativa y  habrá dado la aprobación correspondiente, por lo que también quisiéramos que nos dijera qué plazos se estarían manejando para esto, porque nos parece que este tema es fundamental en una política de adolescentes infractores.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señalo que el tema de la minoridad infractora lo vamos a considerar cuando venga el INAU. Me parece que no corresponde hablar de este asunto en el Inciso 04, sobre todo, cuando nos referimos a un artículo del Ministerio de Economía y Finanzas que crea recursos, pero no habla de la forma ni de la órbita en que se va a desarrollar este tema. Creo que no corresponde esta discusión y, además, hubiera preferido que hiciéramos las preguntas generales al final del articulado.

                Quiero dejar esta constancia porque, a mi entender, reitero, no corresponde esta discusión en este momento.

SEÑOR LARRAÑAGA.- No sé si corresponde o no esta discusión; creo que en el ámbito de la seguridad ciudadana, la política de adolescentes infractores roza de manera muy fuerte al Ministerio del Interior. No me opongo a que este tema se trate cuando se quiera considerar; simplemente, estoy pidiendo una opinión al Ministro del Interior lo que, a mi entender, es totalmente pertinente. Si el Poder Ejecutivo no la quiere dar, no lo voy a compeler. Quizás también pueda analizarse este tema cuando venga el INAU, pero me parece que el Ministerio del Interior, en un asunto de estas características, frente a requerimientos de la oposición, debe decir algunas palabras. No creo estar fuera de tema; es pertinente y procedente mi planteo en oportunidad de la comparecencia del señor Ministro del Interior.

SEÑOR GALLINAL.- Quiero respaldar plenamente el planteamiento que acaba de hacer el señor Senador Larrañaga. Más aún; aquí está marcada la diferencia más importante que tenemos con el Poder Ejecutivo, desde hace ya un tiempo largo, en un problema que viene desde la Administración anterior y que tiene que ver con que el Poder Ejecutivo se niega a tratar en su conjunto un tema vinculado a la seguridad, como es el de la minoridad infractora. Este no es un tema del INAU, sino que lo es después. Para dar seguridad a la población y prevenir la concreción de delitos planteamos, en más de una oportunidad, un conjunto de modificaciones en materia penal respecto a la responsabilidad de los menores y en cuanto a los lugares donde deben ser alojados cuando están privados de su libertad. En estos casos, la injerencia, la opinión y la acción del Ministerio del Interior son absolutamente fundamentales.

                Entonces, si discutimos en el Presupuesto Nacional qué recursos se piensa dar a este Inciso para ver de qué manera se va a desempeñar en el tema más importante que tiene, que es el de la seguridad, es indudable que tenemos que saber qué opina el señor Ministro al respecto -y lo digo con todo respeto hacia la señora Senadora Topolansky- para conocer hacia dónde va el Ministerio del Interior.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No lo niego; simplemente creo que está mal ubicado el tema.

SEÑOR GALLINAL.- De otra manera, no tendría razón de ser la presencia del Ministerio del Interior, ya no la nuestra.

                Sinceramente, entiendo que se debería reflexionar y admitir que corresponde el tratamiento de un tema de importancia tan señalada y que está tan vinculado a este Inciso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Desde la Mesa quiero señalar que la discusión metodológica, generalmente, lleva más tiempo del que insumiría escuchar la opinión del señor Ministro.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, hay un acuerdo multipartidario para crear un Instituto de la Minoridad Infractora, que está fuera del INAU y del Ministerio del Interior. Existe una iniciativa del Partido Nacional y, además, tengo entendido que el INAU está por presentar un proyecto, que a esta altura no sé si está terminado o no.

                En este caso, se crean fondos y si el señor Ministro quiere adelantar algunas reflexiones, que lo haga y cuando venga el INAU discutiremos con mayor profundidad lo que comenzamos a analizar ahora.

SEÑOR PENADÉS.-  Con relación a algunas de las afirmaciones realizadas por el señor Ministro con respecto al Plan de Inversiones me gustaría que  pudiéramos explayarnos en alguna de ellas, por lo menos en dos que considero importantes: los escáneres para el centro de reclusión  -de lo que ya hemos hablado- y la compra de un helicóptero. Tener un helicóptero es una vieja aspiración de la Policía. Ahora bien, la inversión en materia aeronáutica es gigantesca. Sería necesario comprar dos helicópteros y pensar en su mantenimiento, en los pilotos y en un helipuerto. En realidad, por el tamaño del Estado y la misión que cumple la Fuerza Aérea, no veo que no se pueda derivar una inversión millonaria en dólares para la compra de un helicóptero, a otra inversión que es mucho más urgente.

En tal sentido, quisiera conocer cuál va a ser la política de renovación de unidades que sí se necesitan. La situación siempre es deficitaria y el otro día ello tomó estado público a raíz de una consulta que un Diputado hizo con relación a la cantidad de unidades que tenían las comisarías en el departamento de Montevideo. En algunas le respondieron que no había una sola unidad o que estaba fuera de servicio. Francamente, dirigiría esa inversión hacia la compra de unidades todo terreno, que en algunas zonas son muy necesarias. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona rural del departamento de Montevideo, donde se reclama la presencia de motos, porque con patrulleros no se puede ingresar, y donde en algún momento también se había ideado tener unidades hípicas.

Queremos saber  si el Ministerio del Interior piensa agregar más comisarías en Montevideo. Este  hecho se impone porque, de las 24 comisarías que creo que tiene, algunas abarcan un territorio más amplio y con mayor cantidad de población para atender,  que muchas de las Jefaturas de Policía del interior.

En cuanto a la necesidad de nuevas instalaciones, quisiera conocer el plan de inversiones para la construcción de nuevas comisarías. El ejemplo que más conozco es el de la comisaría ubicada en el departamento de Montevideo, situada sobre Luis Batlle Berres, a la salida de Paso de la Arena -entre Paso de la Arena y Santiago Vázquez- cuando, en realidad, ese es su centro neurálgico y  es una aspiración de los vecinos desde hace mucho tiempo. En ese sentido, señora Presidenta, sería conveniente conocer -o que se explique más detalladamente- cuál es el plan de inversiones en cuanto a armamento, aspecto sobre el  que también se escuchan reclamos. Asimismo, otro tema grave y complicado es el plan de entrenamiento que los efectivos tienen. Hay policías que pasan años sin disparar un tiro. En algún momento, hasta se dijo que cuando hacen la práctica de tiro tienen que pagar de su bolsillo las balas que  utilizan.

                Si bien el Ministro se explayó acerca del plan de inversiones, sería bueno conocer, en ese sentido, cuál va a ser la política del Ministerio del Interior. Recomendaría que se pensara antes de realizar una inversión tan importante, como  la adquisición de una unidad aerotransportadora. La Fuerza Aérea está ubicada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y, además, sus helicópteros -que muchas veces no tienen gran utilidad- han funcionado muy correctamente en una adecuada coordinación con el Ministerio  La asignación de un helicóptero a la Policía Nacional implicaría la creación de un escalafón policial para pilotearlo. Creo que con ello se agregaría un gasto innecesario que, quizás, se debería focalizar en otras urgencias que tiene la Policía y que, si estuvieran previstas, nos gustaría conocer la opinión del señor Ministro del Interior en ese sentido. También nos gustaría saber qué unidades serían mejoradas en el interior del país, esto es, cuántas jefaturas y cuántas comisarías. Además, llevar la Guardia Republicana a un despliegue de carácter territorial nacional quizás implicaría -aunque muchas jefaturas tienen los grupos GEO que son una dependencia de la Guardia Republicana, tal cual lo establece el articulado del proyecto de ley de Presupuesto- una inversión importante en materia edilicia.

                Otro dato que nos gustaría conocer es la inversión del Ministerio del Interior en informática, si bien sabemos que se ha avanzado bastante en la interconexión de todos los servicios. También quisiéramos saber en qué etapa está el plan de los registros y archivos de ADN, la posible inversión en la Policía Técnica o científica, en fin,  qué  pretende priorizar el Ministerio del Interior durante este quinquenio.

SEÑOR MINISTRO.- En realidad, son dos preguntas: una, de carácter general, que se hizo previamente al desarrollo del articulado; y, otra, formulada por el señor Senador Penadés, que tiene que ver con el planillado.

                Con respecto a la adquisición del helicóptero, aclaro que no será  utilizado como transporte de efectivos, sino que se destinará a la vigilancia nocturna. La Fuerza Aérea no lo tiene y su costo es menor al valor que mencionaba el señor Senador pero, de todas maneras, lo explicaremos en el desarrollo del articulado.

                Paso a responder la pregunta realizada por el señor Senador Larrañaga, porque es un tema que nos preocupa efectivamente. Sabido es que hace unos días se generó una discusión y varios señores Legisladores vertieron su opinión sobre cifras, pero sin detenerse a pensar en lo que dijimos, generándose una bola de nieve que fue creciendo. Solamente había dos cifras discordantes entre el Observatorio y la OCIT -que no es privada de la Policía, sino que se trata de la Oficina Central de Información Táctica- y una de ellas está vinculada al número de rapiñas, porque la fuente del Observatorio es la OCIT, pero aquél cierra su información a mes vencido. Entonces, al cierre de setiembre, informó que el aumento de las rapiñas, no de 2010 con respecto a 2008, sino de 2010 con relación a 2009 -porque comparamos 2009 con 2008 y 2010 con 2009- fue de 27,7%. Mientras tanto, la OCIT, que trabaja día a día, cerró los datos al 20 de octubre y, por tanto, veinte días después informa que el aumento de las rapiñas fue del 28,27%, es decir, 0,5% más. Esa es la diferencia que hubo; nosotros informamos la mayor porque era la más actualizada.

                La otra diferencia estuvo dada, precisamente, en lo que pregunta el señor Senador Larrañaga, o sea, en los delitos cometidos por menores. Ahí sí hay una diferencia, no de tiempo en el que se procesan los datos, sino de criterio. El Observatorio toma todos los datos de información policial, menos uno, que son los delitos cometidos por menores y que los recoge del Poder Judicial. Si se comparan los números de todos los delitos que surgen del Poder Judicial -y que informa la Policía- se verá que son muchos menos pues, si no procesa, no se cometió el delito.  En el caso de los menores, también tomamos la información policial. Por eso surgió esa diferencia: eran mucho mayores los datos que dimos nosotros que los que brindó el Observatorio. Es decir que los datos los proporcionamos a partir del momento en que la Policía informa que determinado delito fue cometido por menores. Y, como dice el señor Senador Larrañaga, este tema nos preocupa. Para nosotros, el aumento de las rapiñas cometidas por menores en Montevideo, entre enero y octubre de 2010, es del 46%. Si vemos los datos del Poder Judicial, ese porcentaje va a ser mucho menor.

                A propósito de esto quisiera contarles una anécdota. Hace unos días mis custodias detuvieron a dos mayores -tenían un poco más de 18 años- que estaban rapiñando a una menor con un cuchillo y un pedazo de espejo. Estas personas fueron llevadas a la Seccional y luego al Juez, pero como la menor a la que le habían puesto el cuchillo en la espalda, no vio dicho elemento, los soltaron. En el informe de la Policía figura esa rapiña cometida por mayores; sin embargo, si tomamos el informe del Poder Judicial, ésta no existe. Entonces, si contamos todas las rapiñas, copamientos, homicidios y hurtos registrados por la Policía -porque la fuente de información del Observatorio es la Oficina Central de Información Táctica- nos da determinado número de delitos; pero si luego tomamos la participación de menores por el procesamiento del Juez, el número es mucho menor. De todos modos, a nosotros nos preocupa lo que conocemos, los procesen o no, y sabemos que los delitos fueron cometidos por menores. Nos dicen -y con cierta razón- que hay un margen en donde el denunciante manifiesta que se trataba de un menor, pero puede ser que no lo sea y tenga más de 18 años.

                Los datos que brinda la Policía indican que se han cometido 13.000 delitos por menores y que ha habido 2.000 procesamientos; puede ser que no sean 13.000, pero no son 2.000. Entonces, aquí figura la otra diferencia en las cifras. Las dos diferencias estarían dadas, por un lado, por el tiempo en que se procesaron los datos y, por otro, por los criterios utilizados. Y ahí sí había una diferencia.

                ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de los menores nos preocupa. Ahora bien, en la Comisión multipartidaria se resolvió, por consenso, que hay que construir un Instituto Nacional de Rehabilitación que se haga cargo de la logística y administración de todas las privaciones de libertad, pero que tenga una vía separada para el tratamiento de menores. Sin ir más lejos, esa fue la definición.

                El presupuesto establece la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación en sustitución del Sistema Nacional de Cárceles. Así planteado, es un cambio de nombres. Entonces, el Sistema Nacional de Cárceles, a partir del próximo 1º de enero, pasa a llamarse Instituto Nacional de Rehabilitación.

                En la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, y en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Situación Carcelaria, hemos propuesto crear una Comisión bicameral, con participación del Ministerio del Interior, para elaborar la ley que le dé contenido a ese Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, es ahí donde tenemos que discutir este tema. Sé que hay distintas posiciones, pero lo que aprobó la Comisión multipartidaria, por consenso, fue crear un instituto que tenga la logística y administración -por lo tanto, la seguridad- de todas las privaciones de libertad, y que haya una conducción especializada sobre el tema de los menores.

SEÑOR PASQUET.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro?

SEÑOR MINISTRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PASQUET.- Quisiera que el señor Ministro nos aclare el tema de las cifras de 13.000 delitos cometidos por menores. ¿De qué período estamos hablando? ¿En qué ámbito territorial se ubican? ¿De qué tipo de delitos se trata? Registré las cifras que mencionó el señor Ministro: 13.000 informa la Policía y 2.000 el Poder Judicial. Si dio otros datos, no los pude escuchar.

SEÑOR MINISTRO.- No mencioné otros datos ni los voy a dar porque no los tengo en este momento. De todos modos, me comprometo a hacerlos llegar.

SEÑOR PASQUET.- Se lo voy a agradecer.

SEÑOR MINISTRO.- En realidad, no tengo mucho más para agregar.

                El camino que vamos a tomar en ese sentido y que fue planteado ante las dos Comisiones antes citadas -y ambas lo encontraron de recibo- es crear una Comisión bicameral, con participación del Ministerio del Interior, para que estudie cómo debe ser ese Instituto Nacional de Rehabilitación, convocando a todos los organismos del Estado que tienen que ver con esta temática a fin de elaborar el proyecto: Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, y de Salud Pública, como así también el INAU. Sin dudas, no se trata de una discusión sencilla. En un principio, entendimos que había tres caminos. Uno de ellos era que el Ministerio elaborara la iniciativa y, desde el Poder Ejecutivo, la enviara al Parlamento para su discusión y, eventualmente, la modificara. La otra opción era enviar los criterios generales a los efectos de que el texto se redactara en el Poder Legislativo y, por último, estaba la alternativa de una solución mixta. Precisamente, nos inclinamos por esta, es decir, la integración de una Comisión bicameral, con participación del Ministerio del Interior. Reitero que en la Comisión Multipartidaria acordamos  que la logística y la administración de la privación de libertad esté en un Instituto Nacional de Rehabilitación con una Dirección especializada. Allí caben las dos posibilidades: que sea totalmente autónomo del INAU o que se trate de una dependencia del propio Instituto, pero sin funcionar junto con el resto del Directorio. Lo que se planteó a nivel de la Comisión Multipatidaria sobre este aspecto, fue que el Instituto saliera de la Policía, se mantuviera por un tiempo en el Ministerio del Interior y en algún momento, cuando hubiera procesado esa posibilidad, se transformara en un organismo desconcentrado que tuviera como referencia a dicha Cartera, pero sin depender de ella. ¿Por qué? Porque hoy el Sistema Nacional de Cárceles tiene a su cargo cuatro o cinco establecimientos penitenciarios y todos los demás dependen de las jefaturas de policía departamentales. Es muy difícil que una ley establezca que todos dependan de un solo organismo, ya que es necesario procesar el cambio. A nuestro juicio, éste debe procesarse de dos formas. Una de ellas es la organizativa que tiene que ver con la regionalización o unificación, de modo que las cárceles departamentales pasen a depender de un organismo regional o zonal, relacionado con el organismo central pero sin que sea este el que directamente tenga la dirección sino, más bien, la coordinación, hasta que asuma esa función totalmente.

Por otro lado, tenemos el aspecto presupuestal. En la actualidad, la inmensa mayoría de quienes trabajan en las cárceles, más allá de que en 1985 se estableció el Escalafón Penitenciario, no están en este escalafón sino en el policial. La idea es que los 1.600 nuevos funcionarios que habilitó la Ley de Emergencia y que también incluye el Presupuesto, ingresen en el Escalafón Penitenciario, a la vez que las vacantes que se vayan creando en el Escalafón Policial sean llenadas en aquél. De ese modo, cuando haya una evolución suficiente se hará la sustitución. Esos son los tiempos del proceso. Está claro que podemos establecer los caminos pero no los tiempos y es por ese motivo que en la Comisión Multipartidaria se previó que trascendiera la gestión de un Gobierno y que debiera ser continuado por el siguiente. Se trata de un rumbo establecido a los efectos de que pueda continuar a pesar de que cambien los Gobiernos.

                Es cuanto puedo decir en el camino de discusión que plantea el señor Senador Larrañaga, pero lo cierto es que se trata de un tema que efectivamente nos preocupa y entendemos que hay que resolver.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 204.

SEÑOR CARRERA.- El primer artículo de nuestro Inciso refiere a uno de los problemas estructurales que tenemos en el Instituto Policial, será uno de los cambios en lo que es la gestión y el desarrollo humano de la Policía Nacion al y está vinculado con el Servicio Extraordinario 222. 

El artículo 204 debe ser leído en conjunto con  el 205 y el 206, que prevén los aumentos salariales. En la primera disposición que proponemos se plantea una reducción gradual del Servicio 222 dado que en la actualidad el tope de horas que puede realizar un funcionario policial es de 200, lo que implica jornadas de 16 horas de trabajo, es decir, 8 de servicio ordinario y 8 de servicio extraordinario. Por lo tanto, repito, sugerimos una disminución gradual para no causar inconvenientes en la seguridad pública y que para el año 2011 estemos hablando de 150 horas, en el 2012 de 120, en el 2013 de 100, en el 2014 de 80 y en el 2015 de 50 horas.

Hoy en día existe una gran distorsión de los servicios 222, y por ello es usual ver a policías, en cualquier Banco u oficina pública o privada, cumpliendo funciones en informes, ascensores u otros. En virtud de ello, el Ministerio del Interior va a seguir atendiendo ciertos  servicios relacionados directamente con la seguridad pública como, por ejemplo, la custodia de valores, bancos, la enseñanza y, en principio, los espectáculos deportivos, pero en el último artículo de nuestro Inciso establecimos una incompatibilidad con las tareas de seguridad pública. Por lo tanto, los funcionarios policiales que cumplan funciones en el Ministerio del Interior no podrán realizar tareas de vigilancia en la actividad privada. Hoy en día muchos funcionarios policiales trabajan en la policía y, a su vez, en empresas privadas de seguridad y nosotros creemos que no es conveniente. Nos basamos, primero, en que nuestro régimen jurídico nos habilita a establecer este régimen de incompatibilidad y, en segundo lugar, en que se si  está dando un considerable aumento a los funcionarios policiales, se puede evitar este tipo de distorsiones. Insisto, si desde el Poder Ejecutivo se está llevando adelante una gran inversión para que los funcionarios trabajen 8 horas más 50 de 222, lo que nos preocupa es que no se pierda ese propósito y que realmente sea de esa manera. Si un funcionario policial quiere realizar tareas en otras actividades que no sean de seguridad, lo puede hacer porque la prohibición sería sólo para ello.

SEÑOR MARTÍNEZ.- En cuanto a la disminución de horas y con respecto a que los funcionarios que ingresen deben comenzar con un máximo de 50 horas, acerca de la diferenciación entre los que llegan y los que están, ¿no se manejó realizar la misma escala? Lo consulto para evitar, repito, distorsiones de diferentes situaciones entre policías que ya estaban en funciones antes de que entrara en vigencia esta ley el 1º de enero y los que lo van a hacer posteriormente.

SEÑOR CARRERA.- Analizamos la situación y, en realidad, los ingresos genuinos a la policía en la Ley de Presupuesto van a ser unos 1600. Quizá sean algunos más pero después, a medida que vayamos avanzando en el análisis del articulado, iremos dando la cifra exacta.

                Nosotros venimos con una disminución del Servicio 222 desde el período anterior. Con los cargos que se crearon en la ley de Presupuesto anterior, el tope eran 120 horas. Nuestra idea es ir hacia la eliminación y que haya un cambio cultural en la Policía. Si los funcionarios que ingresen el año que viene ya comienzan a hacer ocho horas de servicio ordinario y les habilitamos seis horas más, en realidad, no habrá tiempo para la capacitación y la profesionalización. En principio, esa sería la clave de trabajo: no queremos que se produzca la gran distorsión actual  que implica, por ejemplo, que haya funcionarios que trabajen en el Servicio 222 en Carrasco de 8 a 14 horas y también a las 14 deban ingresar a realizar el servicio ordinario, corriendo de un lado para el otro, ya que, en definitiva, lo que sucede es que se incumplen ambos servicios. Por lo tanto, queremos que los que vayan ingresando puedan hacer un máximo de 50 horas. Ese es el cambio cultural que queremos.

                Volviendo al articulado, debo decir que el artículo 204 debe ser considerado junto con los artículos 205 y 206, que son los que fijan las partidas de aumento. El artículo 205 establece los aumentos fijos que van a recibir todos los funcionarios policiales y el 206 establece los denominados compromisos de gestión o incentivos.

Los aumentos serán diferenciales de acuerdo al grado. Concretamente, del Grado 1 al 6 tendrán un aumento fijo del 36%; el Grado de Suboficial Mayor tendrá un aumento del 36%; el de Oficial Subayudante, del 31%; los Grados 7 a 9, que son Oficial Ayudante y Principal, del 31%;  los de Comisario y Comisario Inspector, del 20%; y los Oficiales Superiores, que son Inspector Mayor, Principal y General, del 14%. Este sería el aumento fijo a los funcionarios policiales.

A su vez, proponemos que en el Inciso 04 haya ingreso de funcionarios civiles, que se van a regir por la Administración Central. Se trata de profesionales universitarios que van a desarrollar tareas en el nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación -quienes tendrán un aumento del 14%- y de profesionales civiles que se incorporarán a la Secretaría, es decir adonde estamos nosotros, que es la Unidad 01.

Por otra parte, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil, entendimos conveniente que una parte del aumento funcione como un incentivo. Es decir que el Poder Ejecutivo va a fijar ciertas metas y si el funcionario policial las cumple, va a recibir esa partida, que comienza en un 4,5% y, dependiendo del grado, podrá llegar a ser de 14%.

Para el próximo año, esas metas son muy sencillas: presentismo y asiduidad. A su vez, estamos trabajando en la incorporación de 400 relojes biométricos en las principales unidades policiales del país, que serán muy importantes como medida de control. También van a ser muy útiles, por ejemplo, para que el Comisario -que es el titular de la unidad básica- pueda gestionar de una mejor manera sus recursos humanos, ya que a través de la computadora podrá saber con cuántos Oficiales cuenta y cómo puede desarrollar la tarea.

Para el año 2012 tenemos compromisos de gestión institucionales más ambiciosos. Por ejemplo, debemos aplicar sistemas de compras centralizados. Pero también estamos trabajando en que ese compromiso de gestión para los policías esté también relacionado con los cursos de capacitación. Es decir que si el policía realiza tareas de capacitación, puede recibir ese incentivo. Esta es una política que se ha aplicado en otros países y que es muy positiva; hay ejemplos muy buenos en ese sentido.

SEÑOR PENADÉS.- ¿Se tiene pensado entender como compromiso de gestión que alguna unidad específica aumente sensiblemente sus éxitos en el combate contra el delito? Estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que se recuperen más autos robados, que se decomise una cantidad mayor de estupefacientes, que haya más eficiencia en el combate al abigeato, etcétera. En definitiva, la pregunta es si el compromiso de gestión está solamente relacionado con la mejora de la gestión burocrática o también con los resultados en beneficio directo de la comunidad.

SEÑOR GUARTECHE.- Efectivamente, como dice el señor Senador, creemos que es prioritario establecer un sistema de medición de gestión de cada una de las unidades policiales y fijar metas concretas. Incluso, hemos estado estudiando situaciones similares de otros países, donde se trabaja de esa forma. Nosotros queremos modernizar la policía y establecer indicadores claros que nos permitan visualizar -no solamente a los policías, sino también a los señores Legisladores- cuáles son los avances y los compromisos en todas las áreas. Por eso, cuando hablamos de estadísticas, no estamos hablando solamente de estadísticas globales, sino también de particulares, de modo tal que podamos tener una dimensión exacta de la realidad. A modo de ejemplo, puedo decir que uno de los objetivos que nos proponemos es circunscribir la tarea de la Policía a determinadas áreas territoriales. Hoy en Montevideo hay zonas que administran las ocho comisarías, pero controlan exclusivamente el trabajo administrativo. Nosotros queremos bajar el trabajo que hacen las Jefaturas de Policía y establecer tres planos en una misma jurisdicción. El primero de ellos es la comisaría, que atiende al vecino y es una especie de puerta de emergencia de un hospital. Allí va a funcionar todo lo relacionado con la prevención y la policía comunitaria. La idea es que cada una de nuestras comisarías trabaje en planes de gestión de calidad; como experiencia piloto, ya hay cuatro comisarías en el país que califican en ese sentido con las normas ISO 9000. Esto es lo que refiere al plano de la prevención y el relacionamiento directo con el vecino. El segundo plano es el de la respuesta, es decir, todo lo que tiene que ver con las unidades que deben responder ante una emergencia policial. Y el tercer plano, sobre el mismo territorio, es el de la investigación de los hechos que ocurren en esta área. Cada uno de estos tres planos tiene una especialización diferente y nosotros queremos no solamente hacerlo, sino también establecer sistemas para poder medir el rendimiento de cada una de las unidades.

SEÑOR PENADÉS.- Compartimos lo que dice el señor Inspector General y nos parece una muy buena idea, pero lo cierto es que implica también una inversión en cuanto a infraestructura. En ese sentido, el señor Ministro, ante una pregunta que le formulé con relación al tema, me respondió que iba a ir contestando con el articulado y el planillado. Como, lamentablemente, no se abre el planillado para que se conozcan los detalles, sino que solamente se dan los montos generales, sería bueno que en el correr de la exposición pudiéramos ir avanzando sobre esas preguntas para que no queden sin responder. Por ejemplo, en la medida en que no se realice una ampliación de algunas comisarías -conozco la situación fundamentalmente en Montevideo, pero sé que también se da en el interior- creo que va a ser muy difícil implementar muchas de estas ideas. Y me gustaría, además, que el señor Director de la Policía Nacional nos dijera cuáles son las cuatro comisarías que ya tienen capacidad para certificarse con las normas ISO 9000.

SEÑOR GUARTECHE.- Comenzando por la última pregunta, señalo que este sistema está funcionando en la Seccional Policial de Santa Lucía, en la 1ª de Canelones y en las dos urbanas de Artigas.

Con respecto a la otra interrogante formulada por el señor Senador, quizás omití decir que estamos empezando por analizar si actualmente las comisarías están bien ubicadas. A mi criterio, no lo están, porque hubo una explosión demográfica y crecimientos desiguales tanto en el área urbana como en el interior. Entonces, tenemos que revisar los límites de las seccionales. Sin duda, tenemos un gran problema de infraestructura edilicia que constituye uno de los principales escollos en nuestra gestión. Solo a modo de ejemplo               -seguramente hablaremos de esto más adelante- hoy día la Guardia Republicana está funcionando en tres lugares diferentes: el Comando, la Metropolitana y Coraceros. Esto implica más burocracia y mayor cantidad de servidumbre, por lo cual vamos a trasladar todo adonde está el emplazamiento de la guardia de Coraceros, lugar donde va a funcionar todo el regimiento, como una manera de solucionar el problema edilicio y de tener, además, una adecuada administración de los recursos económicos y del personal que tiene la unidad.

SEÑOR CARRERA.- Vamos a responder a la pregunta que se nos formulara acerca de las obras que planificamos realizar. Por ejemplo, en Canelones proponemos construir tres nuevas Comisarías: una en Solymar, otra en Colonia Nicolich y una tercera en Toledo. El único inconveniente es que tendrían que estar funcionado en enero del año próximo porque, como los señores Senadores saben, se están creando 338 cargos para la Jefatura de Policía de Canelones. Entonces, estamos buscando alguna técnica constructiva que nos permita que en enero del año que viene estén funcionando estas Comisarías, por lo menos en esas tres localidades donde son muy necesarias.

                Estamos proponiendo la construcción de muchísimas obras porque hemos efectuado una muy buena planificación para todo el quinquenio. Algo de lo que nos proponemos ya está siendo llevado a cabo; por ejemplo, la Jefatura de Policía de Artigas nos pedía tres pozos de agua en tres localidades donde no había. Estas son obras nuevas que están siendo realizadas este año porque no podemos tener policías en localidades que no tengan agua; podrán no tener luz, pero agua tienen que tener.

                En lo que respecta a la Guardia Republicana de Montevideo -como bien dijo el Inspector Guarteche- pedimos un refuerzo de rubro, pero como la estamos creando a través de la Ley de Presupuesto, hablamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y con Presidencia de la República y ya estamos en las etapas finales de una licitación para adecuar el local que ocupa la Guardia de Coraceros. La idea es eliminar esa dispersión, de que hablaba el Inspector Guarteche, del Regimiento de la Guardia Republicana y tratar de concentrarla en un solo lugar, para evitar las servidumbres y disponer de más funcionarios policiales para otras tareas.

                Con relación a las obras nuevas, en Montevideo estamos trabajando con la Corporación Nacional para el Desarrollo para que, cuando se sancione la ley que permite acuerdos entre públicos y privados, se pueda construir una nueva Jefatura de Policía y un nuevo Cuartel de Bomberos. Como bien saben los señores Senadores, la Jefatura de Policía de Montevideo no tiene una infraestructura adecuada, no es acorde a una Jefatura de Policía. Asimismo, hay planificadas obras para la Seccional 9ª y para la Guardia Nacional, reformas y reciclajes para las Seccionales 6ª, 12ª y 17ª. Por otra parte, se propone una adecuación del proyecto para la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, una reestructura zonal de la Jefatura de Policía de Montevideo y otras obras, por ejemplo, en Tacuarembó.

Francamente, los señores Senadores tienen razón cuando dicen que la infraestructura edilicia no es adecuada. Por eso es que los procesos de gestión de calidad nos llevan a construir edificios adecuados. Cualquier persona que concurra a la Seccional Policial 1ª de la ciudad de Canelones podrá darse cuenta de que esa Comisaría no se puede comparar con las otras; y ese es nuestro objetivo: incorporar los conceptos de gestión de calidad.

                En otro orden de cosas, está prevista la construcción de nuevas obras: por ejemplo, en Salto, se piensa llevar a cabo la construcción de las Seccionales 5ª y 8ª y, en San José,  la Seccional 2ª, correspondiente a Delta del Tigre.

SEÑOR PENADÉS.- Creo que sería muy útil que dejaran en la Comisión ese listado de nuevas obras, en primer lugar, como forma de ahorrar tiempo y, en segundo término, para poder conocerlas en profundidad y llevar adelante su seguimiento.

                Aprovecho la ocasión para sugerir a los representantes del Ministerio del Interior que si tienen la idea de hacer nuevas obras, tengan en cuenta las unidades prefabricadas, que tanto éxito han tenido en varios lugares; quizá esa podría ser la mejor de las inversiones. Seguramente conocerán las unidades militares ubicadas en el Cerro de Montevideo; precisamente, las navales, son unidades prefabricadas que han dado muy buenos resultados en su construcción.

SEÑOR PASQUET.- Con relación al tema en cuestión, quiero consultar sobre el equipo de alta tecnología que se compró a China hace algunos años para mejorar las comunicaciones y el funcionamiento del Servicio 911. Tengo entendido que ello aún no ha sido puesto en funcionamiento y me gustaría conocer en qué situación nos encontramos al respecto.

SEÑOR CARRERA.- El equipo ZTE está funcionando a nivel del Centro de Comando Unificado, concretamente en el Sistema de Videovigilancia. Con este Sistema, por ejemplo, entre otros puntos que son cubiertos por la Policía Turística, se cubre también la vigilancia del Estadio. Cabe aclarar que en este proyecto de ley de Presupuesto proponemos la  creación de 200 cargos con destino a la Jefatura de Policía de Montevideo, con la finalidad de desarrollar tareas en el Centro de Comando Unificado. Con relación a este tema, asimismo, estamos trabajando para mejorar el sistema de comunicación  ya que en estos momentos presenta problemas, pero consideramos que en enero próximo estará funcionando al cien por ciento.

                De todas formas, queremos dejar claro que el Centro de Comando Unificado actualmente está en marcha.

SEÑOR MINISTRO.- El Centro de Comando Unificado está funcionando, pero de manera limitada. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo se trabaja en los países muy desarrollados donde consultamos cómo se llevan adelante las tareas carácter preventivo, pero nos encontramos con que en algunos lugares se ha desarrollado muy poco, a pesar de que podría ser un trabajo muy útil para estudiar cómo se cometen los delitos e, incluso, para identificar a las personas. En nuestro caso, podemos decir que funciona, pero no con carácter de respuesta rápida; justamente este es el problema que estamos tratando de resolver.

Por ejemplo, cuando se produjo el incendio del Cilindro Municipal, se presentó la primera duda de qué ocurrió primero, es decir, ¿el derrumbe o el incendio? Del monitoreo surgió que primero fue el incendio y después el derrumbe. En muchos países se pueden analizar este tipo de situaciones, e incluso las relacionadas con la comisión de  delitos pero, a nuestro juicio, eso no es suficiente. En realidad, sería necesario incorporar otro tipo de programas que permitieran trabajar mejor desde el punto de vista preventivo y operativo. Esto es lo que nos está faltando en este momento y lo estamos tratando de incorporar lo más rápido posible.

SEÑOR PASQUET.- Sin embargo, tengo la impresión de que lo que está faltando aquí no es simplemente un aspecto menor o de detalle porque, según tengo entendido -pido que me corrijan si estoy equivocado- ese equipo que se adquirió en China por un monto de US$ 12:000.000, iba a servir para el buen funcionamiento del Servicio 911.

                Ahora bien,  hace unos días se informó a la población que el Servicio 911 había colapsado y hace poco también el Diputado Garino protagonizó un episodio muy curioso, en el que persiguió durante más de una hora a alguien que había robado un auto, pero no consiguió que  llegara nadie en ese lapso y el primer móvil policial que se presentó en el lugar de los hechos, lo hizo muchísimo después. Esto significa que el Diputado Garino hubiese podido perder la pista, porque el móvil llegó bastante después de haberse iniciado la persecución. Esto me hace pensar que el Servicio 911 no está funcionando bien, y como recuerdo que hace algunos años se compró un equipo que costó mucho dinero, quisiera saber si eso es lo que va a empezar a funcionar bien a partir del 1º de enero.

SEÑOR CARRERA.- Este proyecto tiene varios subsistemas y uno de ellos es el Servicio 911. En el caso específico de ese Servicio, ha habido un problema con el software del Centro de Comando Unificado, pero se está solucionando. Por eso consideramos que a partir de enero el Servicio 911 va a comenzar  a funcionar donde está el Centro de Comando Unificado, en la calle Mercedes. Hoy por hoy está instalado en la Jefatura de Policía de Montevideo pero, como dije antes, lamentablemente hace unos días hubo un problema con uno de sus servidores lo que hizo que el Servicio se siguiera brindando, pero en forma manual.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto al Servicio 911 hay otro problema que se produce a partir de quienes lo quieren hacer colapsar, realizando una multitud de llamadas falsas para que no funcione. Se dice que no se responde al Servicio, pero hay que tener presente que la inmensa mayoría de las llamadas son falsas, lo que crea un grave problema que solo se puede  solucionar con nueva tecnología, tal como lo planteó el doctor Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Aproximadamente el 80% de las llamadas son falsas y eso hace que colapse el sistema.

SEÑOR RUBIO.- ¿Qué se entiende por llamadas falsas?

SEÑOR CARRERA.- Cuando una persona denuncia un delito que no es tal o no obedece a la emergencia por la que se llama. A pesar de eso, hay que atender esa llamada y enviar un vehículo; eso es lo que muchas veces hace colapsar el sistema.

Las personas encargadas del Centro de Comando Unificado nos enviaron una propuesta por la que se solicita que, cuando haya más de diez llamadas de un mismo celular,  el Ministerio tenga la facultad de comunicarse con la URSEC para que ésta disponga el bloqueo de ese celular. Como sabrán los señores Senadores, aunque un teléfono móvil no tenga crédito, está habilitado para hacer determinadas llamadas, entre ellas,   al   Servicio   911.  Nuestra aspiración era que se incluyera en el Presupuesto una norma sobre este punto pero, obviamente, ello no corresponde. Lo cierto es que se debe resolver este tema cuanto antes, pues ese tipo de llamadas hacen que colapse el sistema. Por eso, más allá de que tengamos el mejor sistema de comunicación y los mejores vehículos, no hay forma de atender las  demandas,  porque son miles y miles de  llamadas.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Me quedó claro que el nuevo software incluye rastreo de llamadas e inteligencia, por tanto, la pregunta que iba a hacer quedó indirectamente contestada. 

SEÑOR PASQUET.- Me llama la atención que haya un 80% de llamadas falsas. Me pregunto cuál es la interpretación que hace el Ministerio de eso. ¿Simplemente es gente desinformada o equivocada que llama al Servicio 911 por un problema médico o por un incendio en vez de llamar a la emergencia o a los bomberos, o les parece que hay un propósito deliberado, de algún grupo o sector, de generar ese perjuicio y esa perturbación en el funcionamiento de un Servicio que es de enorme importancia para la población para combatir el delito? Obviamente, quien advierte que cerca de su casa o en la calle se está cometiendo un delito, atina a llamar al 911, pero si ese Servicio -que es importantísimo- está expuesto a una especie de sabotaje, se va a ver impedido de funcionar. ¿Cómo interpretan esa situación?

SEÑOR AMORÍN.-  Me preocupa este problema, pues al parecer no existe una solución para resolverlo. Si se mejora la tecnología, el software y todo está bien, igual se seguiría recibiendo una cantidad de llamadas falsas que hay que contestar porque,  en definitiva, eso se comprueba luego de llegar al lugar y advertir que no pasó nada. El problema, entonces, es mucho más complicado que mejorar el software, en realidad, depende de la conducta de la población.

Reitero: al parecer no existe solución, por eso es  que me preocupa mucho.

SEÑOR HEBER.- Estoy escuchando con atención las expresiones vertidas sobre esta situación.

                El señor Senador Haedo se preguntaba cómo funciona este sistema en otros países. ¿Sucede lo mismo o es una particularidad nuestra? Me da la sensación de que en otros lugares, si un mecanismo tan necesario para la población como lo es el Servicio 911 se utiliza para molestar, se aplica una pena grande. Entiendo que la penalización es muy  grande, justamente, porque las consecuencias son graves. Quizás sea eso  lo que esta faltando en nuestro país, y no sólo la identificación y el rastreo de las llamadas. Si mañana nos encontramos con que las llamadas las hace un niño, en ese caso, los padres son responsables. La línea 911 es parte de nuestra protección, por eso considero que el uso indebido se debería penalizar fuertemente. En nuestro caso parece que se  toma el pelo,  que no hay temor, pero en otros países  no se juega con la Policía  y, a diferencia de lo que ocurre acá, se tiene miedo a la sanción. La Policía está para ayudar a la población. No me imagino que en ninguno de los países desarrollados se juegue con el 911 y la Policía compruebe que es una broma. Si se tratara de un menor, ello traería consecuencias en la familia, en la casa o en los padres. Me parece que el tema va por ahí.

SEÑOR GUARTECHE.- En cuanto a lo que están mencionando, puedo decir lo siguiente.

Dentro de las áreas estratégicas, tenemos a consideración una legislación eficaz que  incluya la penalización de ese tipo de conductas. Esto para nosotros es importantísimo porque puede suceder un hecho grave y que no estemos en el lugar por estar atendiendo un llamado “basura”, como sucede habitualmente. Me traiciona la memoria, pero me parece que alcanzan a más del 80%. Hemos identificado algunos teléfonos entre los que se hicieron 8.000 llamadas al Servicio 911. En ese sentido, estamos trabajando con algunos Jueces, porque estos hechos pueden suceder por distintas cosas, por ejemplo,  puede ser que haya personas afectadas psiquiátricamente que estén tomando el 911 por alguna causa que desconocemos. Puedo contarles a los señores Senadores un caso que conozco realmente, vinculado con el Servicio de Gestión Personalizada 0800 2121 relativo a las drogas. Ese número recibe 33.000 llamadas por año, de las cuales 3.000 efectivamente son llamadas de vecinos denunciando algún hecho que conocen, mientras que las restantes corresponden a llamadas molestas para insultar a los policías que atienden ese Servicio. Pero, además, esas llamadas coinciden  con la hora de salida de los jóvenes del liceo. Esto nos preocupa muchísimo porque hay un núcleo importante de jóvenes que se dedica exclusivamente a llamar. Es más; antes de que el Servicio fuera habilitado públicamente ya  teníamos 7.000 llamadas molestas. Se sabía que existía el Servicio y estaban llamando. En verdad, es un problema grave que distorsiona el buen funcionamiento del Sistema y, además,  no tenemos forma de explicarle a aquel ciudadano que tuvo una larga espera, que estábamos atendiendo otra cosa que, en definitiva, no era real.

SEÑOR MINISTRO.- El señor Senador preguntaba si esto que sucedía era responsabilidad de la población. Las llamadas provienen de la población y la inmensa mayoría distorsionan, pero eso no depende del mecanismo, sino de una actitud, pues a veces esas llamadas son realizadas intencionalmente por quienes cometen los delitos o gente asociada. Ese es el problema.

SEÑOR HEBER.- Quería hacer un breve comentario, porque creo que nos estamos encerrando mucho en  esto.

                Me parece que se trata de asunto muy importante y que se debería presentar cuanto antes un proyecto de  ley. Por supuesto, estamos dispuestos a votarlo y a apoyar al Ministerio, porque en esto nos va la vida a todos. El Servicio  911 no puede ser tomado en broma. Por eso, solicitaría que cuanto antes enviaran una norma, porque -insisto- estamos dispuestos a votarla rápidamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 207.

SEÑOR CARRERA.-  Este artículo prevé el otorgamiento de una prima prevento-represiva y se concederá únicamente a los funcionarios que realicen tareas de seguridad pública. Serían policías ejecutivos que realizan este tipo de tareas en las comisarías, en la Dirección de Bomberos, en la Policía Caminera y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es decir, aquellos que realizan tareas en cárceles.

                Se trata de una prima que -según los sistemas de información que tenemos- se otorgaría a unos 16.000 funcionarios policiales y oscilaría entre los $ 850 y los $ 1.000. Cabe destacar que el equipo que está trabajando en la implementación del Presupuesto, está realizando el relevamiento correspondiente para ponerlo en práctica. De esta manera se busca premiar al policía que realiza tareas de seguridad pública, es decir, tareas de riesgo.

SEÑORA MOREIRA.- La Ley Nº 18.362 otorgaba una prima de $ 178,76. Con esta nueva redacción ¿a cuánto ascendería ese monto?

SEÑOR CARRERA.- Lo que hicimos fue dejar sin efecto la prima que se creó a través de esta ley -que es de $ 178 aproximadamente- y la sustituimos por ésta, que será de entre $ 850 y $ 1.000.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 208.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo refiere a transformación de cargos. Se realizó a solicitud de las unidades ejecutoras para mejorar, mediante transformaciones mínimas, la gestión humana de esas Unidades.

                En este caso específico se trata de la Caja de la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, que está realizando un proceso muy interesante de informatización y de cambio de gestión en lo que tiene que ver con los retiros policiales. Debemos decir que esta transformación se realizó a pedido de ellos y también para incentivar la carrera profesional, puesto que algunos funcionarios tenían su carrera obstaculizada por determinado motivo.

SEÑORA MOREIRA.-  ¿Las transformaciones de cargos a que refieren los artículos 208 y 209 no generan costos?

SEÑOR CARRERA.- No, no los generan.

SEÑORA PRESIDENTA.-  En consideración el artículo 209.

 SEÑOR CARRERA.- Este artículo también refiere a transformaciones de cargos, y a través de él se busca cumplir con una mejor función.

SEÑORA PRESIDENTA.-  En consideración el artículo 210.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo tiene que ver con el artículo 21 de la Ley Nº 16.736.

Se trata de dar cumplimiento a una ley, -y al respecto debo decir que hay un expediente administrativo- por la que se transforma el cargo de Comisario en Comisario Inspector para que cuando ese funcionario se jubile, el cargo vuelva a ser de Comisario, tal como establece la ley.

SEÑORA PRESIDENTA.-  En consideración el artículo 211.

SEÑOR CARRERA.- Mediante este artículo se suprimen algunos cargos para contar con una mejor política de gestión de los recursos humanos y para no tener crédito ocioso.

                Luego, en otro artículo verán que se suprimen cargos aquí y se crean otros, debido a las limitaciones presupuestales que tenemos.

SEÑORA PRESIDENTA.-  En consideración el artículo 212.

SEÑOR CARRERA.- Cuando se puso en funcionamiento el sistema de gestión humana, se describió mal un cargo. Al cargo que debía ser de Contador, se lo describió como de Escribano. Lo que aquí se busca es solucionar ese problema, sustituyendo el término “Escribano” por “Contador”.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 213.

SEÑOR CARRERA.- La fundamentación del artículo 213 -que también tiene que ver con una serie de supresión de cargos- surge a partir de un estudio pormenorizado de la División Desarrollo Institucional del Inciso, en el que se efectuó una proyección de la carrera de los diferentes funcionarios, arribándose a la conclusión de que estos cargos estaban vacantes y no se pueden ocupar a lo largo de este quinquenio. Nuestra lógica es, justamente, no tener crédito ocioso sino aprovecharlo en la creación posterior de algunos cargos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 214.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 214 refiere a la creación de cargos. Nosotros tenemos ese problema estructural, como decíamos, en el Servicio 222, pero en la discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas y las oficinas mencionadas tuvimos que definir entre aumento de salarios o creación de cargos. Entonces, lo que buscamos fue crear cargos únicamente donde son estrictamente necesarios y donde hay problemas reales de seguridad o existe una relación  policía-habitante que se encuentra por debajo de un cierto estándar. Esto sucede, por ejemplo, en Canelones, donde creamos 338 cargos de Agente de Segunda, porque hay toda una zona en la costa que necesita funcionarios policiales. A la vez, las tres comisarías que se van a crear en Canelones necesitan tener personal.

                Básicamente, a grandes rasgos, los cargos que se  crearon son: 160 Agentes de Segunda de la Guardia Republicana, 292 Agentes Ejecutivos para la Jefatura de Policía de Montevideo, 100 Policías Administrativos para la Jefatura de Policía de Montevideo, 338 Agentes Ejecutivos para la Jefatura de Policía de Canelones, 300 Bomberos para la Dirección Nacional de Bomberos, 73 Agentes de Segunda para la Policía Caminera, 54 Agentes Administrativos para la Dirección Nacional de Migraciones y 40 cargos para la Dirección Nacional de Identificación Civil. Estos serían los cargos creados para la Policía Ejecutiva.

SEÑOR PASQUET.- Quisiera saber cómo se vinculan estas creaciones de cargos, ya sea en este o en otros artículos, con los creados en la Ley de Emergencia Carcelaria. Es decir, me gustaría saber si estos cargos se suman a los otros o, en realidad, estamos hablando de los mismos.

SEÑOR CARRERA.- Cuando trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas concluimos en que estos cargos se suman a los creados en la Ley de Emergencia Carcelaria. Como es sabido, la ley lo que hizo fue habilitar el crédito presupuestal. Actualmente, en la Dirección Nacional de Cárceles estamos en un proceso de formación de policías y, dados los tiempos y la duración de los cursos, estamos formando unos 350 policías. En realidad, estos cargos se sumarían a los creados. Es decir, aprovechamos la oportunidad para poner en funcionamiento el Escalafón S, como dijo el Ministro, que es el escalafón penitenciario que fue creado en 1986, creando 1.128 cargos de operadores penitenciarios y 360 cargos de profesionales universitarios,  psicólogos, psiquiatras, maestros, etcétera;  de todos modos, llegado el momento desarrollaré más este punto.

SEÑOR PASQUET.- Cuando votamos la Ley de Emergencia Carcelaria se decía -creo que algún artículo lo establece expresamente- que esos cargos se regularizarían en ocasión de la ley de Presupuesto. Entonces, ¿esto sucede aquí, en esta Ley de Presupuesto, en otra disposición?

SEÑOR CARRERA.- Sí, efectivamente.

SEÑOR PASQUET.- Entiendo; entonces, el señor Carrera lo señalará cuando analicemos el artículo que tiene relación con este punto.

SEÑOR MINISTRO.- El doctor Carrera mencionó que estábamos formando 350 policías para cárceles y yo agrego que estamos formando 350 funcionarios para cárceles en el Escalafón  S  Penitenciario.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Dónde está la estimación del costo de la creación de estos cargos?

SEÑOR CARRERA.- Está en el planillado y en cada artículo. Este trabajo fue realizado junto con el Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 215.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo refiere a funciones contratadas de técnicos y especialistas que fueron solicitados por las diferentes unidades ejecutoras a los efectos de cubrir las mínimas e imprescindibles necesidades para su funcionamiento. Básicamente, se trata de policías especializados o técnicos, ya que son Ingenieros, Licenciados en Psicología, Peritos Dactilóscopos, Oficiales Albañiles, Sanitarios, Técnicos Electricistas, Ingenieros de Sistemas, etcétera.

                El artículo 216 refiere a la creación de algunos cargos de técnicos profesionales en la Secretaría. Se crean noventa cargos de profesionales: nueve  en informática, uno en seguridad de la información, un Ingeniero en Telecomunicaciones, dieciocho Abogados Grado 5; cinco Abogados Grado 12, cinco Arquitectos, dieciséis Contadores Públicos Grado 7, cuatro Grado 12, dos Grado 13 y uno Grado 14, Licenciados en Administración, Escribanos, Técnicos en Relaciones Laborales, Analistas Programadores y Ayudantes de Arquitecto. En la Secretaría de Estado -que es donde estamos nosotros- tenemos a 28.000 funcionarios y allí debemos gestionar y colaborar con treinta y tres unidades ejecutoras, que están por debajo de nosotros. En ese sentido, estos técnicos son imprescindibles para desarrollar una buena gestión. Como decía hoy el señor Senador Penadés, en este caso estamos creando cargos de ingenieros para que colaboren con el Centro de Comando Unificado y con el armado de la nueva sala de servidores, en lo que ya estamos trabajando. Es necesario que un Ministerio del Interior, un Ministerio de la seguridad pública, cuente con estos técnicos para desarrollar su gestión.

SEÑOR PASQUET.- Respecto al artículo 216 quiero hacer una pregunta que es propia de un neófito en esta materia. Veo que por un lado están los sueldos -que serán los que rigen para el escalafón civil, de acuerdo con la Ley                Nº 18.172- y por otro, las compensaciones. ¿Por qué van sueldos por un lado y compensaciones por otro? ¿Hay un régimen jurídico distinto, una finalidad diferente? No comprendo lo que aquí se establece.

SEÑOR ASTOR.- La tabla de sueldos que figura en el inciso primero corresponde a la del escalafón civil, de acuerdo con el instructivo de la Contaduría General de la Nación de enero de 2010.

                En cada Inciso hay sueldos diferentes, según se trate de los escalafones A, B o C. Esto en lo que respecta al total de haberes. La tabla sí es uniforme y, por eso, en el apartado que refiere a la tabla de sueldos, para el escalafón civil, se presenta una tabla uniforme para todos los incisos. Por otro lado, en la partida para compensaciones se determina el sueldo específico que van a ganar, en definitiva, en el Ministerio del Interior, que vendría a ser una diferencia de tablas.

SEÑOR PASQUET.- Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 217 se refiere a la supresión de la Dirección Nacional de Cárceles, lo que tiene relación con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Como muy bien expuso el señor Ministro, uno de los compromisos que surgió de la multipartidaria es que debe haber un Instituto Nacional de Rehabilitación que gestione todas las cárceles del país. En ese sentido, proponemos poner en funcionamiento  este Instituto -que sale de la órbita policial y pasa a depender, en primera instancia, del señor Ministro- para lo cual se crean cargos del Escalafón S, y cargos de profesionales universitarios.

SEÑOR MINISTRO.- Solamente quería aclarar -y el otro día lo hicimos en la Comisión especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria- que salir de la órbita policial no significa hacerlo inmediatamente. Tenemos previsto nombrar a un Director con dos áreas de trabajo fundamentalmente:  el área metropolitana y el interior; asimismo, poner policías incluso con el grado más alto, pero no civiles. Este es un proceso y no necesariamente implica que de entrada esté manejado por civiles, porque hoy en día en las cárceles hay una complicación muy grande, unificar no es sencillo y gestionar con los problemas que existen tampoco. Por lo tanto, la Dirección que prevemos será policial, pero habrá mayor cantidad de civiles en los cargos técnicos.

SEÑOR PENADÉS.- Al dejarse sin efecto una institución y crearse otra, pienso que habría que establecer un artículo que transfiriese todo el patrimonio de esa institución.

SEÑOR CARRERA.-  Está incluido, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.-  Encuentro creaciones de cargos en el programa descrito en artículos anteriores, como el artículo que se refiere a la prevención y que trataría de policía ejecutiva. El artículo 463 refiere a seguridad vial y caminera. En relación al programa 461 referido a “Gestión de la Privación de la Libertad”, no interpreté con claridad en cuál artículo se explica. ¿Está más adelante?

SEÑOR CARRERA.-  Así es. Los artículos van en forma compacta. Mencioné con anterioridad que son 1128 cargos de personal penitenciario y 380 cargos de profesionales universitarios, aspecto que desarrollaremos más adelante.

                El artículo 218 refiere a que, en virtud de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, se suprime el cargo de particular confianza que correspondía al Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. Y en el próximo artículo, el 219, se crea en el Inciso 04, Programa 461 “Gestión de la Privación de Libertad” la Unidad Ejecutora 026, “Instituto Nacional de Rehabilitación”. Esta unidad tendrá jurisdicción nacional y dependerá directamente del Ministro. De allí surge que sus cometidos serán la organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias que se encuentren en todo el país, la rehabilitación de los procesados y penados, y la administración de las medidas sustitutivas a la privación de  libertad.

                El próximo inciso refiere que todas las atribuciones y cometidos que le correspondían al Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación pasan al nuevo Instituto. Y el último inciso establece “Transfiéranse a esta unidad ejecutora, los recursos humanos y materiales afectados a las actividades y dependencias de la unidad ejecutora 026 “Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación”.

                El artículo 220 está relacionado y crea el cargo de Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, que será designado por el Poder Ejecutivo, debiendo recaer la designación en una persona con específica capacitación en la materia y estará comprendido en el literal c) del artículo 9º de la Ley            Nº 15.809, es decir,  será un cargo de particular confianza. Luego describe los cometidos que serán: ejecutar la política carcelaria, realizar el seguimiento de la gestión y efectuar la planificación, evaluación y control del sistema penitenciario. Estos serían los tres artículos que estarían relacionados con ese nuevo Instituto que creamos a través de esta ley, que tendría competencia específica en materia carcelaria. 

                En el artículo 221, como el Instituto Nacional de Rehabilitación es nuevo, se crean cien cargos de Administrativo grado 5 en el escalafón C, para llevar adelante la tarea de esa Unidad Ejecutora 026. 

                En el artículo 222, dado que en la política carcelaria que nos proponemos llevar adelante, a los efectos de la rehabilitación es muy importante la reeducación en el trabajo, se habilita una partida anual de              $ 14:869.687, con destino a realizar contratos zafrales. Por ejemplo, en la Cárcel Departamental de Paysandú es necesario dictar cursos de zapatero; a esos efectos, se contrata a una persona con esa especialidad para que forme a los presos en esa tarea. Después de cumplir el ciclo correspondiente, la partida puede ser utilizada en Rivera para dar cursos de alambradores. Esa es la dinámica que nos propusimos y la fundamentación del artículo 222, es decir, tener esos ochenta contratos zafrales posibles a los efectos de brindar trabajo, rehabilitación y, sobre todo, formación.

SEÑORA MOREIRA.- Simplemente, quiero preguntar hasta qué punto esos contratos serán zafrales. Entiendo que serán los contratos temporales de Derecho Público, incorporados en la Sección II del Capítulo “Del funcionario”, pero dado que las capacitaciones serán permanentes, me pregunto hasta qué punto esos contratos serán zafrales; ¿no será necesario integrar un cuerpo de capacitadores permanentes que roten por los distintos establecimientos?

SEÑOR RUBIO.- Mi interpretación es distinta de la que hizo la señora Senadora Moreira, pues entiendo que no se utiliza la figura del contrato temporal de Derecho Público, sino la del contrato laboral de Derecho Privado por el carácter zafral que tiene. Es decir: la función puede ser permanente, pero la persona que la desempeñe sería variable, pues se haría en distintos departamentos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- La necesidad es variable.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que la señora Senadora Moreira estaba haciendo una sugerencia.

SEÑORA MOREIRA.- Así es, señora Presidenta.

SEÑOR CARRERA.- En realidad, son dos temas diferentes. Por un lado, están los contratos zafrales de Derecho Laboral, que recién están en etapa de implementación, porque advertimos que en las chacras policiales había una necesidad de formación que queremos desarrollar. A esos efectos es preciso contratar a una persona de la zona que tenga cierta especialidad -por ejemplo, de zapatero o de alambrador, como dije hace un momento- para que dicte el curso y después ese dinero pueda ser utilizado para impartir cursos de electricidad o de lo que fuera en otra cárcel.

                Por otro lado, en los cargos que pretendemos presupuestar tenemos un cuerpo estable de capacitadores.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero desarrollar un poco más este tema, porque estamos previendo dar mucha importancia al trabajo en las cárceles, tanto del área metropolitana como del interior. En estas últimas, la idea es trasladar hacia las chacras las cárceles situadas en el centro de la capital departamental. Pero no esperamos la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto Nacional para hacerlo, porque ya estamos trabajando en el desarrollo de las chacras con mayor capacidad locativa. Hasta hace poco tiempo las chacras tenían trabajando  entre 10 y 15 presos; actualmente, en Lavalleja, en un proceso que comenzó con el Jefe de Policía anterior y que sigue con el actual, hay 48 presos trabajando en la Chacra de Campanero, y además de hacer trabajos de chacra están construyendo el celdario para 160 presos. Se trata de cuatro módulos de 40 celdas cada uno, con distinto tipo de seguridad y con movilidad dentro del celdario y hacia la chacra. Allí han elaborado los materiales, están trabajando en todo lo que tiene que ver con la construcción del celdario, y pretendemos que vayan a ese lugar cada vez más presos, hasta que se traslade toda la cárcel.

                En ese lugar hay requerimientos de trabajos de determinado tipo y estamos previendo hacer lo mismo -de hecho, ya se comenzó- en primer lugar, en Rocha y, en segundo término, en Soriano. Queremos sacar del centro de la capital departamental todas las cárceles, trasladándolas a las chacras.

                Ahora bien, en las cárceles del área metropolitana tenemos la idea -para lo cual ya estamos hablando con diversas empresas- de que se instalen compañías para encargarse de la labor que los presos no pueden realizar, pero contratando presos para el resto de los trabajos. Por ejemplo, estamos tratando de que el uniforme y el calzado policial se hagan en las cárceles, lo cual ahorra costos, ayuda a financiar las cárceles y les da ingresos a los presos. Pero el artículo que estamos analizando en este momento es la preparación para otro tipo de trabajo. Lo que buscamos es que sea permanente el trabajo pero no la capacitación. Entonces, se usarían los contratos para tener gente que los preparara para diversos trabajos, por un tiempo determinado, y en distintos lugares. De esa manera se complementa lo que está planteado como forma central, con aspectos parciales que pueden ser cambiados según la situación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 223.

SEÑOR CARRERA.- Lo que hace el artículo 223 es incorporar el Centro Nacional de Rehabilitación y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación.

                La fundamentación de esta propuesta es que, en el contexto del proyecto de reestructura del sistema carcelario, proponemos mejorar su estructura y organización con el objetivo de ordenar y unificar las diferentes instituciones que en este momento están dispersas y tienen competencia en la materia. Entonces, dentro del Inciso 04, se propone que estén bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 224.

SEÑOR CARRERA.- Como estamos poniendo en funcionamiento el Escalafón S -que es un nuevo escalafón creado en una Ley de 1986- entendemos conveniente instrumentar la estructura de diferentes grados que figuran en este artículo. Se trata de los siguientes cargos: Prefecto, Grado 10; Sub Prefecto, Grado 9; Alcaide Mayor, Grado 8; Alcaide, Grado 7; Subalcaide, Grado 6; Supervisor Penitenciario, Grado 5; Operador Penitenciario IV, Grado 4; Operador Penitenciario III, Grado 3; Operador Penitenciario II, Grado 2; Operador Penitenciario I, Grado 1. Lo que hicimos fue estudiar la experiencia internacional y, más o menos, esta es la nomenclatura que existe en el Derecho comparado. Por tanto, esta es la estructura organizativa que estamos proponiendo. Como ustedes saben, hay un equipo que está trabajando en la puesta en práctica del Presupuesto, por lo que luego habrá un decreto que defina, concretamente, lo que son las tareas que va a desarrollar cada uno de estos funcionarios.

                El artículo 225, que está específicamente relacionado con esto, tiene que ver con el lugar donde se crean los cargos. Se trata de los siguientes cargos: 929 Operador Penitenciario I, Grado 1; 180 Operador Penitenciario III, Grado 3; y 20 Supervisor Penitenciario, Grado 5. En concreto, se trata de la creación de 1.128 cargos del Escalafón S.

                El artículo 226 también tiene relación con este tema y se vincula con la creación de cargos en los Escalafones A y B; son los profesionales universitarios que desarrollarán tareas en el nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación, dentro del escalafón civil: Licenciados en Psicología, en Trabajo Social, en Sociología, en Educación, en Información de Sistemas, en Comunicación, Abogados, Médicos Psiquiatras, Contadores y Educadores Sociales. Hablamos, en total, de 380 cargos. En el penúltimo inciso, como es de estilo, se establece que se aplicará la tabla de sueldos de la Administración Central, mientras que en el último se crea la partida que servirá para el pago de los salarios.

                Con relación al artículo 227, podemos decir que se trata de una norma que marca nuestras obligaciones. En un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo deberá establecer el cronograma que determine el pasaje de las cárceles departamentales a la órbita del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación.

SEÑOR PASQUET.- Antes de abandonar la temática del Instituto Nacional de Rehabilitación, quería preguntar si existe alguna previsión de fondos en materia de prevención de incendios, que permita adoptar las medidas necesarias           -edilicias y del tipo que fuere- para, justamente, prevenir esos siniestros o combatirlos en su caso. Obviamente, formulo esta interrogante a propósito de lo sucedido en la Cárcel de Rocha hace unos meses, pero también porque advierto que en el artículo 227 se prevé el pasaje de las cárceles departamentales al Instituto Nacional de Rehabilitación. De pronto esta es la oportunidad para plantear la cuestión.

SEÑOR CARRERA.- En realidad, después de la desgracia que vivimos, tomamos algunas medidas. Concretamente, a través de la Ley de Emergencia Carcelaria comenzamos a trabajar en la adecuación eléctrica de ocho establecimientos carcelarios en el interior del país y ya cumplimos con todo lo que refiere a los sistemas de prevención de incendios. Además, se dio instrucciones a la Dirección Nacional de Bomberos para que adiestrara en esa materia a los funcionarios de los diferentes establecimientos carcelarios.

En resumen, esa es la línea de trabajo que estamos desarrollando.

SEÑOR PASQUET.- ¿En cuánto tiempo se estima que concluirán esas tareas?

SEÑOR CARRERA.- En la cárcel de Rocha ya quedó lista la instalación eléctrica y en la de Salto, que tenía un problema muy grave, prevemos que se terminará en el correr de noviembre. A su vez, hicimos un llamado a precios       -podría decirse que un pequeño procedimientos licitatorio- para reparar la instalación eléctrica de las otras seis cárceles, que están en una situación bastante crítica. En cuanto a la cárcel de Salto, por ejemplo, había una nota de UTE advirtiendo que, dados los problemas existentes, era imperioso tomar medidas; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas no nos notificó la urgencia en la contratación directa de las empresas. Por ese motivo, hablamos con UTE y realizamos la contratación directa de una empresa para solucionar el problema de esa cárcel y también el de la de Rocha. Para el resto, debimos cumplir con los procedimientos legales y dar todos los pasos que establece el TOCAF para una compra directa con llamado de precios. De cualquier forma, pensamos que en este año esas ocho cárceles quedarán con la instalación eléctrica a nuevo.

En cuanto a los sistemas de prevención de incendios, podemos decir que están operativos en todas las cárceles del país.

SEÑOR PASQUET.- Dentro de todas esas cárceles, ¿está incluida la de Las Rosas, del departamento de Maldonado?

SEÑOR CARRERA.- Sí, señor Senador; y es de destacar que el problema más grave que tenemos es la iluminación perimetral. Cabe agregar que en ese departamento, además de realizarse la ampliación de dicha cárcel, se nos está por entregar un establecimiento nuevo, que está prácticamente pronto.

SEÑOR PENADÉS.- El cuadro que figura en el artículo 226 y que tenemos ante nuestra vista refiere a la denominación de los cargos y al grado de los mismos, pero si bien se hace mención al total de los cargos -380- no se alude a la cantidad correspondiente a cada uno de ellos; por ejemplo, ¿de cuántos Licenciados en Psicología se trata?

SEÑOR CARRERA.- Concretamente, hay 15 Grado 8, 15 Grado 9, 8 Grado 10, 7 Grado 11, 8 Grado 12, etcétera.

SEÑOR PENADÉS.- Quiere decir que el número 15, por ejemplo, representa la cantidad que son en cada Grado.

SEÑOR CARRERA.- Así es, señor Senador. Se trata, por ejemplo, de 15 Psicólogos Grado 8.

SEÑOR PENADÉS.- Perfecto. Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.-  Para tener una idea más general del proyecto, quisiera saber cuántos cargos nuevos -no me refiero a las transformaciones- se crean en total, y qué porcentaje se destina a tareas penitenciarias.

SEÑOR CARRERA.- En total se crean unos 3.200 cargos, de los cuales 1.590 se destinarían a tareas penitenciarias y 1.660 a tareas de seguridad públicas. En realidad, estamos hablando de poco más de 3.200 cargos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa al artículo 228.

SEÑOR CARRERA.- Según lo acordado en la Comisión Multipartidaria y de acuerdo con la promulgación de la presente ley, cuando un cargo del Escalafón L -es decir, un cargo policial- quede vacante en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se transformará en un cargo de ingreso del Escalafón S.

 Esta sería, más o menos, la fundamentación del artículo 228. Cabe resaltar que fue muy bueno el aporte que se nos ha hecho; la verdad es que es correcto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 229.

SEÑOR GUARTECHE.- En lo que tiene que ver con los distintos niveles de trabajo policial en áreas específicas, cabe señalar que existen algunos de tipo superior, que abarcan toda la República como jurisdicción; allí tenemos a las unidades especializadas en inteligencia o en investigaciones especiales. Necesitamos contar, también, con una Guardia Republicana que en cualquier parte del país tenga capacidad para responder ante un evento o un nivel de peligrosidad mayor al que normalmente manejan las unidades territoriales. Como por razones presupuestales no nos es posible tener totalmente unificado el Regimiento en cada Jefatura, los grupos especiales de operaciones de cada una de ellas responderán técnicamente a la Guardia Republicana, pero administrativamente estarán bajo el mando de los Jefes. Todo lo que sea entrenamiento y capacitación será brindado por la Guardia Republicana, pero habitualmente trabajarán con sus Jefes.

                Estamos previendo -de hecho, ya ha sucedido así- distintos niveles de respuesta y, en ese sentido, hay procedimientos a cargo de los distintos grupos especiales de cada una de las Jefaturas.  Cuando ocurre un evento que los supera, inmediatamente responde el grupo más cercano y si la situación es aún más compleja, se hace desplazamiento de personal desde Montevideo al área que corresponda.

Como decía hoy, vamos a unificar físicamente el Regimiento en un solo emplazamiento, y a agregarle, no solo personal presupuestado, sino también eventual. Queremos que el Regimiento tenga a su cargo toda la seguridad bancaria -tenemos personal especializado para responder a un evento en esos lugares- y, además, la de eventos públicos de fin de semana como el fútbol, ya que esta actividad es muy importante en la idiosincrasia del pueblo uruguayo y es necesario hacer un control específico de ella. Dicho personal trabajaría de lunes a viernes, y el sábado o domingo -descansaría uno de los dos días- se dedicaría a esas tareas específicas. En definitiva, pensamos que vamos a tener más de 1.000 funcionarios de personal subalterno trabajando en el Regimiento.

SEÑOR RUBIO.- ¿Cuántos serían los efectivos de la Guardia Republicana?

SEÑOR GUARTECHE.- Va a crecer hasta más de 1.000 funcionarios. En este momento hay 896 funcionarios y se prevén ingresos, además de los eventuales. Por lo tanto, crecerá a bastante más de 1.000.

SEÑOR RUBIO.- O sea que va a ser un cuerpo con cerca de 2.000 efectivos.

SEÑOR GUARTECHE.- Algo que omití decir es que, si es necesario, las unidades del interior pueden ser convocadas a Montevideo para formar parte de la Guardia Republicana.

SEÑOR PENADÉS.- En primer lugar, queremos saludar esta iniciativa, que es un viejo reclamo, ya que creemos que se logra dar un gran paso al llevar la jurisdicción de la Guardia Republicana a nivel nacional.

                Por otra parte, por lo que entendí de la exposición del Director de la Policía Nacional, las Jefaturas que hoy tienen grupos especiales de operaciones van a seguir teniéndolos. A su vez, el entrenamiento de esos grupos va a estar a cargo de la Guardia Republicana, pero no sé quién será el encargado de la coordinación. Pregunto si no sería más conveniente que esos grupos se incorporaran a la Guardia Republicana y tuvieran un único mando. A su vez, ¿los Oficiales de esos grupos -que también son unidades militarizadas- van a pertenecer a escalafones diferentes a los de la Guardia Republicana o estarán dentro de su Escalafón? Quizás lo saludable sería unificar todo bajo un mismo mando y aprovechar el despliegue territorial que esas unidades tienen para responder a la centralidad y no a una diversidad que llevaría a que esos grupos sigan dependiendo, fundamentalmente, de los Jefes de Policía de cada departamento y no de una unidad de mando de carácter nacional. Tal vez sería mejor hacer al revés, es decir, unificar todas las unidades dentro de la Guardia Republicana, aprovechar el despliegue y el personal y tener oficiales al frente que se integren al mismo escalafón. De lo contrario, me parece que se estaría haciendo una duplicación.

SEÑOR GUARTECHE.- El problema es que la mayor parte del tiempo las unidades especiales del interior hacen trabajos específicos del área departamental y solo en algunos casos participan en tareas especiales. No sucede lo mismo en Montevideo, que se necesitan a diario.

                La idea es que dependan de la Jefatura para tener un control específico en el área y que no sean unidades independientes controladas por un superior del área específica. Lo que menciona el señor Senador Penadés puede ser atendible, pero nosotros lo hemos visto desde este punto de vista.

SEÑOR RUBIO.- Desde el punto de vista operativo, si son requeridas para tareas especiales de nivel central, pasan a tener una dependencia operativa en esa situación, pero siguen estando bajo la subordinación del Jefe de Policía departamental.

SEÑOR GUARTECHE.- Cuando sucede eso pasan a cumplir órdenes de la Guardia Republicana, porque estamos hablando de un nivel de requerimiento o de misión muy importante y específico. En esos casos, dejan de trabajar en la Jefatura y pasan en comisión al Regimiento.

SEÑOR PENADÉS.- Estos grupos fueron creados para operaciones especiales en cada una de las Jefaturas, siguiendo el sueño de tener su propia Guardia Republicana. Al no tener la Guardia Republicana una jurisdicción de carácter nacional y depender del Jefe de Policía de Montevideo, se imitó en varios departamentos la creación de estas unidades, que pretenden tener una similitud con ella e, incluso, utilizan el mismo uniforme. Si no tenemos un despliegue de carácter territorial de la Guardia Republicana -por lo menos, lo más amplio que se pueda- corremos el riesgo de que siga siendo de carácter montevideano. Por ejemplo, si la Guardia Republicana tuviera la infraestructura que tienen estos Grupos GEO en todas las Jefaturas donde existen -no sé cuántas son, pero son muchas- estaríamos concretando el despliegue territorial que se pretende. De la otra manera, sucede al revés. En el día de mañana, ante cualquier eventualidad que lleve a la necesidad de aplicar medidas extraordinarias que impliquen la movilización de la Guardia Republicana, en una primera escala se utilizarían estos Grupos GEO como Guardia Republicana, pero sin tener una centralidad en el mando ni oficiales que pertenezcan al mismo Escalafón y a la misma coordinación de servicio. Por lo tanto, me parece que va a haber una duplicación. Otra cosa sería que estos Oficiales, que hoy dependen del Jefe de Policía, pasaran a la Guardia Republicana para responder a una igualdad de procedimientos, parámetros, prácticas, aplicación de la instrumentación del manual de tareas, etcétera, de tal manera que hubiera una sincronización que, de otro modo, sería difícil de lograr. En definitiva, son opiniones.

SEÑOR GUARTECHE.- En realidad, no estamos inventando nada; de hecho, hay muchas dependencias que funcionan así, con esos criterios. Por ejemplo, las Direcciones de Investigaciones dependen administrativamente del Jefe de Policía, pero en muchos otros aspectos -por ejemplo, técnicamente- tienen relaciones con Policía Técnica o Policía Científica, con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, y hasta ahora no hemos tenido inconvenientes con respecto a ese tipo de funcionamiento.

La realidad es que nos resulta imposible disponer de presupuesto para poder manejarnos de una manera más independiente. Incluso, en Montevideo la Guardia Republicana va a tener que hacerse cargo de tareas específicas que no va a desarrollar la Jefatura, como la custodia de los Bancos, la participación en eventos masivos, la represión de manifestaciones o de hechos que salgan de la normalidad, etcétera. Es decir que no vamos a crear en Montevideo un Grupo GEO. La Guardia Republicana va a estar emplazada aquí y tendrá esa función; de la misma manera, va a poder tenerla en cualquier otra parte de la República si se dan las circunstancias para ello.

SEÑOR MINISTRO.- Apartándome del tema exclusivo de la Guardia Republicana, voy a hacer una referencia general de otros temas que vendrán después.

En estos días, se anunciaba en un programa de televisión la vinculación de la disminución del Servicio 222 con la seguridad privada. Esa referencia es incorrecta; nosotros no estamos planteando eso. El señor Inspector mencionó el tema de los eventuales. Esto surge de una ley del año 1957, anterior a la creación del Servicio 222, que permite que organismos del Estado contraten eventuales que revistan en la Policía, son entrenados por esta, tienen uniforme y armamento policial y responden a los mandos de la Policía, pero son pagos por quien los contrata.

                En el caso de la seguridad bancaria, hemos hablado con representantes del Banco de la República, quienes nos manifestaron que están dispuestos a realizar esta contratación, lo que haría que aumentaran los efectivos de la Guardia Republicana. En otros casos podrían aumentar otros efectivos, ya que este sistema se puede manejar para empresas del Estado o para liceos públicos, por ejemplo. Y en este proyecto de ley hay un artículo que posibilita su utilización, también, por parte de los Gobiernos Departamentales.

                El mecanismo del eventual podría sustituir, en muchos casos, el del Servicio 222. La ventaja para el organismo que lo contrata es que se asegura que la persona va a trabajar ocho horas y no va a ser contratada luego de haber cumplido esas horas de trabajo. Además, el contratante paga el salario tal como lo cobran los funcionarios policiales. Esto no solo está previsto para el caso de la Guardia Republicana, sino también para otros.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 230.

SEÑOR PENADÉS.- Voy a formular dos preguntas con respecto a este artículo.

                En primer lugar, me gustaría saber si el Ministerio del Interior no ha considerado que el Grado de Mayor para quien va a estar al frente de la Guardia Republicana no es demasiado bajo. Tratándose de una unidad militarizada, ¿no debería pensarse, quizás, en designar a alguien que tenga un Grado más alto para tener a su mando y a su servicio a miles de hombres?

                En segundo término, en la planilla que se incluye en el mismo artículo figura el cargo de Comisario del Subescalafón Ejecutivo. Quisiera saber por qué, dentro de una estructura que utiliza otros términos para sus designaciones, se incluye el cargo de Comisario. ¿No se están mezclando nombres de cargos y escalafones que no deberían mezclarse, justamente porque los términos utilizados para la designación de los Oficiales y del personal de la Guardia Republicana responden a una terminología distinta?

SEÑOR GUARTECHE.- Respondiendo a la primera pregunta formulada por el señor Senador, debo decir que los cargos aquí mencionados son específicamente de la Guardia Republicana, y todos los cargos superiores a estos están incluidos en un escalafón que es de carácter nacional. Lo que tenemos previsto en el Reglamento es que sea un Inspector General el que esté a cargo de la Guardia.

SEÑOR CARRERA.- En cuanto a la segunda interrogante planteada por el señor Senador, el Director de la Banda que tiene asiento en el Regimiento de la Guardia Republicana, es un Comisario. Aparentemente, esto responde a un error administrativo del sistema de gestión humana que pretendemos solucionar en cuanto podamos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 232.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo se fundamenta en el hecho de que es una política del Poder Ejecutivo crear unidades de auditoría interna que dependan, desde el punto de vista técnico, de la Auditoría Interna de la Nación y del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que pretendemos con este artículo es crear una unidad de auditoría interna dentro de nuestro Inciso, con 90 funcionarios que van a ocupar los cargos civiles que se crearon, de Contadores y Abogados. Esta creación se debe a que la gestión debe ser desarrollada con controles, tanto de nuestros funcionarios como de nosotros, los jerarcas. A su vez, esto también va a contribuir a una mejora de los procesos.

Cabe acotar que existe un Decreto del año 2007 mediante el cual se crearon las Unidades de Auditoría Interna en los diferentes Ministerios; lamentablemente, en nuestro caso no se hizo así y por eso ahora lo estamos incorporando en el proyecto de ley, para dar un rango específico y para colaborar con la Dirección de Asuntos Internos y con la División Instrucciones Sumariales.  Actualmente, cuando muchas veces necesitamos hacer una auditoría, recurrimos a la Auditoría Interna de la Nación o al Tribunal de Cuentas; ahora, de aprobarse esta disposición, estaremos contando con un equipo estable de auditoría, que tendrá la formación técnica de la Auditoría Interna de la Nación, que son los profesionales en la materia. Esta sería la fundamentación de esta norma.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa al artículo 233.

SEÑOR CARRERA.- Como todos saben, hay un delito que nos preocupa muchísimo, que es el de la violencia doméstica. A este nuevo delito estamos procurando darle un estatuto. Si bien por instrucción de la Dirección Nacional de Policía ya existe en la nomenclatura común, creemos que a nivel nacional deberían existir las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica a las que, a través de las normas contenidas en este proyecto de ley, estaríamos dotando de recursos.

Fue así que, en aras de atender ese delito que tanto nos preocupa, hace pocos días se logró dar fuerza de decreto a un protocolo sobre violencia doméstica. El Ministerio del Interior pretende trabajar de cara a combatir todo tipo de crímenes, pero es consciente de que los delitos vinculados a la violencia doméstica constituyen una problemática real a erradicar. Por eso, es esencial contar con recursos humanos y materiales dedicados a la atención de las víctimas, a la investigación de estos actos delictivos y, sobre todo, a su prevención. Si bien el Ministerio asume un concepto integral de la violencia doméstica según el marco legal existente, entendemos que es fundamental priorizar la labor de las Unidades Especializadas poniendo en práctica una adecuada política transversal de género y de derechos humanos. Como dije, ya estamos trabajando en este sentido. Es más, el 25 de noviembre, fecha en la que se conmemorará el “Día de la Lucha contra la Violencia Doméstica”, se lanzará un decreto y se harán públicas -como tradicionalmente ocurre- las cifras de los homicidios. Será una actividad hacia la interna de nuestra Institución, en la que estarán presentes los jerarcas, los Jefes de Policía, los Directores de Investigaciones, los Directores de las diferentes unidades especializadas en violencia doméstica y los docentes de las escuelas departamentales.

En definitiva, se trata de dar este nuevo marco a la violencia doméstica.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero dar un aviso al pasar, porque ha estado de moda manejar las cifras mencionadas en la conferencia de prensa -no se trataba de mostrar las cifras sino las políticas, apoyadas en ciertas cifras- y se ha dicho que no dimos los números correspondientes a violencia doméstica, que era el segundo delito más fuerte. Frente a esto, queremos decir que toda esta información la reservamos, como bien indicó el Director General Carrera, para el 25 de noviembre, oportunidad en la que realizaremos una presentación exclusiva de cifras sobre el tema.

SEÑORA MOREIRA.- Voy a formular una pregunta y a hacer una consideración.

                Me gustaría saber cuáles son los costos estimados de esta jerarquización de las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica.

                Dado que el número de denuncias sobre este delito que afecta tan especialmente a la sociedad uruguaya ha crecido -no sabemos si también lo ha hecho el delito en sí mismo- en el marco de un presupuesto para el Ministerio del Interior en el que muchos de los artículos especifican los rubros, los cargos y el personal asignado, me pregunto por qué en la redacción de las normas correspondientes a la violencia doméstica no aparece más que una expresión muy general, como es la de “jerarquizar las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica”. En lo personal, me gustaría que estuviera prevista una dotación específica de recursos humanos y financieros. Realizo este planteamiento porque quizá ello está contemplado en otro lado y no lo advertí.

SEÑOR PASQUET.-  Quería dejar sentado que en el inciso segundo hay un problema de redacción evidente, por lo que creo que el Ministerio podrá proponer una redacción que supere los inconvenientes de esta.

SEÑOR CARRERA.- ¿Lo podría señalar, señor Senador?

SEÑOR PASQUET.- El inciso segundo del artículo 233 dice: “Se dispondrá de una misma nomenclatura a nivel de todo el país, las que pasarán a denominarse de la misma forma en todas las unidades ejecutoras”. Como se ve, hay una incongruencia entre la primera parte de la frase y la segunda, aunque tal vez solo hubo un problema de digitación. La parte final de la frase debería ir a continuación del inciso primero quedando redactado, por ejemplo, de la siguiente manera: ...“para jerarquizar las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica, las que pasarán a denominarse de la misma forma en todas las unidades ejecutoras.”, porque tal como está redactado, no tiene sentido.

SEÑORA PRESIDENTA.- En estos casos solicitamos que el Ministerio elabore una redacción alternativa y nos la haga llegar.

SEÑOR CARRERA.- Este es un artículo solicitado por las organizaciones sociales que trabajan en la materia que, además, cuenta con nuestra iniciativa. Antes había un protocolo en lo que es la atención de las víctimas de violencia doméstica, pero nosotros le queremos dar un rango superior, relacionándola con la Ley de Procedimiento Policial, que es un decreto. Hoy existen unidades especializadas que atienden esta problemática, que cuentan con funcionarios y policías con jerarquías, como ser comisarios. Lo que nosotros queremos es que haya una nomenclatura común, que sean unidades, y que todas cuenten con los mismos protocolos de trabajo. Además, estamos tomando los recaudos para poder cuantificar lo que se invierte en las unidades de violencia doméstica y en estas políticas. Lamentablemente, nuestros sistemas de información no son tan buenos, pero estamos tomando los recaudos a partir de ahora y con la Ley de Presupuesto, para poder cuantificarlo. Las estamos jerarquizando porque dependen del Jefe de Policía y queremos que haya una política única. Por eso queremos realizar esta actividad el día 25, dando pautas muy claras, aunque ya se han dado. Ahora existe una nomenclatura común que antes no se tenía, porque estaba la Comisaría de la Mujer y la Comisaría de la Familia, la Mujer y el Niño. Además, ya hay recursos destinados a ese fin.

SEÑORA PRESIDENTA.- Faltaría cuantificarlos.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera hacer un comentario de carácter general. En el mes de mayo visité cárceles españolas en Madrid y Barcelona. Se trata de cárceles muy avanzadas, con un sistema de progresividad marcado, y donde se disponen trabajos. Estuve hablando con el Ministro de Justicia, del que dependen las cárceles a nivel nacional, y con la Consejera de Justicia de Cataluña y les pregunté cuál era el índice de reincidencia, a lo que me contestaron que estaba por arriba del 40%. Les comenté que para ese tipo de cárceles me parecía un porcentaje alto y me dijeron que el promedio  era elevado por la reincidencia en delitos de violencia doméstica. Por más que la legislación española es muy dura -mucho más que la nuestra- y continuamente se está enviando gente a la cárcel por violencia doméstica, se sale de la cárcel y se reincide, porque es un tema cultural, que no pasa solo por reprimir el delito. Eso mismo sucede acá, donde la legislación no es tan dura. Combatir ese delito no solo implica actuación policial, sino muchas otras cosas que deben ser consideradas desde varios puntos de vista. Incluso, la violencia doméstica es un tema que incluye a toda la sociedad y uno de los lugares donde más se vive es en la propia Policía. Por lo tanto, ahí tenemos un problema e, insisto, no se soluciona solo con la actuación policial, sino que tiene que haber otros componentes que confluyan.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa al artículo 234.

SEÑOR PASQUET.- Quiero pedir alguna aclaración acerca del significado de este artículo, que parece realmente muy amplio. Se habla de destinar recursos humanos y financieros para el cumplimiento del Plan Nacional Permanente Integrado de Operaciones contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos, pero no sabemos a qué recursos se refiere y si hay algún tope para su afectación. Me parece que el artículo es de una gran amplitud, pero la redacción nos impide conocer el alcance exacto de la disposición.

SEÑOR CARRERA.- La fundamentación de este artículo está en un pedido de la Junta Nacional de Drogas y consiste en que todos los Incisos que participan en el Plan Nacional Permanente Integrado de Operaciones contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos, tengan en claro esta norma. Se puede analizar a qué corresponde. En nuestro caso, tenemos gastos de funcionamiento, porque cuando la Junta Nacional de Drogas hace un operativo, los viáticos surgen de lo previsto en este artículo. Esa es la razón. El Poder Ejecutivo desarrolla un Plan a través de la Junta Nacional de Drogas y es ésta quién solicita que se cree esta disposición.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Digamos que es la cuota parte del Ministerio del Interior en ese Plan.

SEÑOR PASQUET.- No me queda claro de dónde salen esos recursos humanos y financieros. ¿Cuáles son los recursos que se afectarán al cumplimiento de este Plan? Esta autorización legal genérica, ¿significa que al amparo de lo dispuesto por el artículo 234, el Ministerio del Interior puede tomar recursos afectados a otros destinos y decidir volcarlos a determinado Plan nacional? Lo planteo porque el artículo 234 autoriza a hacerlo. Si es así ¿se estarían sacando recursos de la Guardia Republicana o del Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿De dónde van a salir? Esa es mi duda. En definitiva, ¿cuál es el origen de estos recursos que luego se afectarán al cumplimiento de ese Plan? ¿Cuál es su cuantía? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuánto estamos destinando a este Plan de operaciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero?

SEÑOR MICHELINI.- Habría que circunscribir, porque se trata de una autorización. Me parece que después de la frase “recursos humanos y financieros” deberíamos agregar la palabra “propios”, de tal manera que se autoriza al Ministerio, dentro de su propio presupuesto, a destinar los recursos para que ese Plan se cumpla. Después le corresponderá al Parlamento controlar el Plan, y al Ministerio equilibrar y determinar, en caso de que se destinen más dineros, si hay otras prioridades y si esa autorización no se usa.

SEÑOR PENADÉS.- La solución no es esa, justamente porque en el Presupuesto se deben establecer las partidas. Aquí no se puede dar una habilitación genérica, nada más ni nada menos que hacia el Plan Nacional Permanente Integrado de Operaciones contra el Narcotráfico y Lavado de Activos -que sin duda reconocemos como fundamental- sin saber cuántos son los recursos humanos y financieros que se necesitan. Esta habilitación genérica debería responder a un monto, producto de los planes que se tienen y de la relación de la ejecución de los mismos. De otra manera, estaríamos ante la situación que planteaba el señor Senador Pasquet: podría estipularse una transferencia de rubros, de un lado hacia otro -cuando ya tienen sus respectivas asignaciones- y el Parlamento desconocería cuál es el monto total que el Poder Ejecutivo pretende destinar al mencionado Plan. De esa manera, en las sucesivas Rendiciones de Cuentas que el Poder Ejecutivo remitiera al Parlamento Nacional, no podríamos controlar que se hubiera ejecutado lo que corresponde.

                Para no discutir más el tema, considero que deberíamos pedir al Ministerio que nos remitiera las cifras en un nuevo artículo; de esa manera, con mucho gusto las votaremos. Es interés de todos dotar al Ministerio de las mayores herramientas posibles para que pueda llevar adelante un plan que combata el narcotráfico y el lavado de activos.

SEÑOR MARTÍNEZ.- ¿Existe un plan general de lucha contra la droga? ¿Está el correlativo del apoyo o el trabajo del Ministerio del Interior? Tal vez eso está más adelante y, en consecuencia, se solucionaría llevando a números lo que el Plan Nacional de lucha contra la droga requiere del Ministerio del Interior.

SEÑORA VALVERDE.- El cometido de este artículo es explicitar el compromiso del Ministerio del Interior, estableciendo -tal como decía la señora Presidenta- la cuota parte de aporte que hace al Plan Nacional. En el Plan están incluidos muchos organismos, Institutos y Ministerios. En el Ministerio del Interior, a priori, hay una Dirección General de represión contra el tráfico ilícito de drogas. Eso ya es una forma de trabajo y un aporte a este Plan, como lo son los recursos humanos y materiales en él involucrados. Sin embargo, si eventualmente resulta necesario para el Plan Nacional -que involucra a varios organismos- que el Ministerio del Interior asigne recursos propios a alguna actividad específica, el Ministerio pondrá estos recursos a disposición de la interinstitucionalidad del Plan Nacional contra el narcotráfico y el lavado de activos. 

Lo que aquí se establece no son recursos adicionales, sino algunos otros -que pueden ser humanos o materiales- con la finalidad de que se pueda cumplir eficientemente con este Plan, que puede involucrar los propios recursos del Ministerio del Interior, más allá de los que ya están, de la Dirección General.

Cabe destacar que este Plan ya está diseñado desde hace más de un año y fue presentado públicamente por las instituciones correspondientes.

SEÑOR PASQUET.- Considero que seguimos en la misma situación, es decir, no sabemos de cuánto hablamos. Una cosa es decir que el Ministerio podrá disponer de $ 1:000.000, $ 10:000.000, $ 20:000.000 o los que fuere, pero con la redacción actual no lo sabemos. Queda una especie de signo de interrogación que dice que se autoriza a gastar con tal destino, pero no se sabe cuánto es lo que se autoriza.

                Por supuesto que hablamos siempre de recursos del Ministerio del Interior; no se me ocurriría pensar que este Ministerio pudiera disponer de los recursos de otro Inciso.

                Mi pregunta refiere a cuál es el monto de que se trata y de qué partida va a salir ese dinero.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: si este artículo no se votara, de todas formas el Ministerio del Interior, en función de esas competencias, tendría que asistir. Por ejemplo, si se hace un procedimiento y los recursos financieros y humanos no alcanzaran para realizarlo, el Ministerio, en su lucha contra el delito, tendría que apoyar esa rama de combate al narcotráfico.

                Lo que aquí se está explicitando es una cuestión programática de compromiso. Como la redacción quizás no sea la más feliz, parece que se podría estar apelando a recursos extra del Presupuesto del Ministerio del Interior. Es por esa razón que yo incluía la palabra “propios”. Hay una rama del Ministerio del Interior que se dedica a la lucha contra el narcotráfico, dentro de un Plan que es más amplio. Si se necesitaran recursos para la materia específica del Ministerio del Interior, como dice al final, esté o no esté artículo, la Cartera deberá cumplir en su lucha contra el delito y el narcotráfico. Lo que acá se está expresando es ese compromiso. Si no se incluye la palabra “propios”, puede generarse la confusión en cuanto a que aquí habría una especie de cheque en blanco dentro del Presupuesto Nacional, que no es la idea.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me parece que lo que crea la confusión sobre el hecho de que pueda tratarse de recursos más allá de los que hoy tiene el Ministerio del Interior es la palabra “autorízase”. Creo que si se trata de un compromiso, en realidad podríamos eliminar esa palabra y poner simplemente que el Ministerio del Interior “destinará” los recursos humanos y financieros necesarios. Esta sería una manera de involucrar los recursos que hoy ya tiene, pues no se trata de una autorización extra. De esa manera, estaremos tranquilos en cuanto a que las partidas que estamos asignando al Ministerio del Interior no van a variar. Además, hay que tener en cuenta que esto resulta bastante imprevisible en cuanto a recursos humanos y financieros.

SEÑOR MICHELINI.- Como usted dice, señora Presidenta.

SEÑOR RUBIO.- Hay un Plan Nacional que tiene una coordinación a nivel de Presidencia de la República, en cuya ejecución, planificación y conducción coparticipan un conjunto de unidades institucionales diferentes. En lo que respecta al Ministerio del Interior, entiendo que el Programa 460 “prevención y represión del delito” es el que da los recursos humanos y materiales para poder participar en este Plan. Lo que no está estimado -quizás sea imposible hacerlo- es el monto que asignaría a este cometido, dentro de este Programa, el Ministerio del Interior. En todo caso, en el curso de esta discusión podríamos hacer una convocatoria para que se nos exponga el Plan y, de esa manera, visualizaríamos un poco cuál es la participación de la Cartera en términos generales. Ahora bien, en lo que refiere al articulado, no sé si esta disposición no es un poco redundante, pues de hecho ya existe la autorización.

SEÑOR PENADÉS.- Totalmente.

SEÑORA PRESIDENTA.- El problema es que alguien va a recorrer el Presupuesto para ver si intervienen los Ministerios en ese Programa y luego esa persona querrá visualizar en qué artículo, dentro de cada Inciso, se trata ese punto. Entonces, creo que se trata de una forma de marcar el compromiso.

SEÑOR PENADÉS.- Este artículo es absolutamente declarativo y, por ende, innecesario -aunque algunos de los integrantes de la delegación del Ministerio me dicen que no- porque ninguno de los otros Ministerios que, al igual que el Ministerio del Interior, participan en este Programa, lo agregó. En todo caso, habría que pedir a los otros Organismos que participan del Programa que agreguen la sugerencia que plantea la asesora del Ministerio del Interior. Como decía, ni Presidencia de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni ningún otro Organismo incluyó una disposición de este tipo, porque dan por hecho que si el Ministerio del Interior tiene una Dirección Nacional encargada del combate al delito de narcotráfico, no es necesario incluir un artículo de carácter general en el que se diga que se autoriza al Ministerio del Interior la transferencia de recursos para este fin. En realidad, en otra parte del Presupuesto se hace referencia a los recursos que el propio Ministerio del Interior ha entendido necesarios para combatir el narcotráfico y el lavado de activos.  Llama mucho la atención  que otros Ministerios, que también participan en esta cuestión interinstitucional, no incluyeron este artículo. Supongo que habrá partidas que figuran en las planillas o artículos específicos que determinan los recursos, pero no se puede plantear al Parlamento nacional una autorización genérica para realizar un gasto que luego no puede controlar. Como se trata de un artículo absolutamente declarativo,  en tanto reafirma la misión  del Ministerio del Interior -que  está obligado a cumplir, porque así lo dispone la ley- lo consideramos innecesario.

Pienso que esta disposición es confusa y, además, no estoy de acuerdo en otorgar una autorización genérica, tomando en cuenta que en otras partes del planillado relativo a este Inciso se prevén los recursos para cumplir con esta misión. De todas maneras, se podría especificar la cantidad a que ascienden esos recursos, porque cuando se habla de la Guardia Republicana o de otros temas relativos al Ministerio del Interior, no se dice que se autoriza a pasar los recursos que sean necesarios para el aumento de salarios, sino que se establecen claramente cuáles son los montos y el destino a cumplir.

                En ese sentido, considero que este artículo no agrega nada más que un compromiso que es claro que tienen las autoridades, el Gobierno y el Ministerio en cuanto al combate del narcotráfico y el lavado de activos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Diría que la idea no es debatir estos temas sino sugerir que el equipo del Ministerio del Interior y el señor Ministro discutan si vale la pena hacer una redacción alternativa y  enviarla.

SEÑOR MICHELINI.- Vale la pena, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En todo caso, estoy sugiriendo una idea. Después veremos en la Comisión cómo resolvemos  este tema.

                Continuamos con el artículo 235.

SEÑOR CARRERA.- Esta disposición es una nueva redacción al artículo 148 de la Ley Nº 16.170. Como a través de la Ley de Presupuesto se crean nuevas Direcciones Nacionales, aprovechamos la oportunidad para adecuar la compensación que perciben los encargados de las unidades a que refiere el artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 236.

SEÑOR CARRERA.- Respecto de este artículo podemos decir que como la carrera policial se vuelve atractiva para la población en general, se permite el ingreso de una franja etaria mayor para los cargos que se crean en esta Ley de Presupuesto y es así que habilitamos el ingreso hasta los 45 años.

SEÑOR MICHELINI.- ¿De qué edad estamos pasando hasta llegar a los 45 años? ¿No debería ser proporcional? A lo mejor, no hay que establecerlo en la ley.

SEÑOR CARRERA.- La edad de ingreso está entre 30 y 35 años. En los cargos que se crean en el Presupuesto se aumenta la franja hasta los 45 años de edad.

SEÑOR MICHELINI.- ¿La idea es que haya una proporción de gente que pueda estar hasta los 45 años o se van a fijar los 40 ó 45 años para todos los cargos que se están creando?

SEÑOR CARRERA.- Los nuevos funcionarios policiales van a ingresar por concurso. Por este artículo se habilita a los ciudadanos de hasta 45 años de edad a que se puedan presentar a esos concursos, porque hoy les está impedido. Como la carrera policial, a partir de ahora, va a tener un sueldo que va a ser atractivo, nuestra idea es habilitar a que haya mayores ingresos de profesionales universitarios, personal penitenciario, ingenieros, etcétera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 237.

SEÑOR CARRERA.- Por esta disposición se faculta al Ministerio del Interior a que autorice el reingreso de hasta diez policías jubilados. Actualmente, la Ley del Servicio de Retiro y Pensiones Policiales establece la prohibición de que los funcionarios  retirados vuelvan a prestar tareas en el Ministerio del Interior. Más adelante el Inspector Guarteche se referirá a este tema, pero puedo adelantar que la idea que tenemos es crear una Junta Asesora en materia policial y permitir que, en virtud de su experiencia, ingresen policías retirados a prestar tareas en esta Junta que consideramos muy importante.  La compensación que recibirían sería la que se propone en el artículo 148. 

 SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 238.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 238 es una norma en la que se suprimen algunos cargos del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones, que no fueron llenados en su momento. Después nos enteramos de que existe una norma más general, en el capítulo de la Administración Central, que refiere a la supresión de estos cargos, por tanto, si los señores Senadores entienden que es mejor suprimir este artículo, no tenemos inconveniente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 239.

SEÑOR CARRERA.- Refiere a una partida que cobran los funcionarios de Sanidad Policial y parte de la aplicación de una política que proviene de la Administración anterior, por la que los funcionarios de la salud, en todos los hospitales públicos, tendrían que cobrar el mismo salario. Esta compensación se creó porque no se había cubierto a todos los funcionarios. En síntesis, la idea es resolver una situación de inequidad existente y habilitar la ampliación de los créditos para todos los funcionarios que prestan tareas en el área de la salud de nuestro Inciso.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Pasamos al artículo 240.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo plantea la aplicación del régimen de Simplificación y Categorización de Conceptos Retributivos en nuestro Inciso. En el salario de un funcionario policial  figuran una serie de rubros y partidas; la idea es simplificar y juntar aquellas que sean de la misma naturaleza, lo que, por cierto, evitará posibles complicaciones o juicios.

De aprobarse este artículo, se contemplaría un pedido de la organización que nuclea a los funcionarios. Cabe aclarar que ya hemos conversado con las autoridades de la Contaduría General de la Nación y se puede realizar. Nuestra intención es que este tema quede resuelto en el año 2012.

 SEÑOR RUBIO.- ¿No habían sido abarcados o exceptuados en la Simplificación y Categorización de Conceptos  Retributivos que se aplicó en los otros Ministerios?

SEÑOR CARRERA.- Sí, lamentablemente siempre ha existido la lógica de que a los escalafones L, K y M se nos excluía de todas las reformas, incluso de esa, que consideramos una buena reforma. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Pasamos al artículo 241.

SEÑOR CARRERA.-  Ese artículo va a ser fundamentado por el Inspector Guarteche.

SEÑOR GUARTECHE.- A veces el articulado quizás no permite ver la vertebración que tienen las modificaciones que tratamos de establecer. Existe una situación de hecho muy particular, relacionada con los delitos transnacionales, que reviste una particular gravedad para nuestro país, del mismo modo que en aquellos países en los que se ha instalado, donde se puede visualizar una severa acción de la delincuencia internacional. Esto podemos apreciarlo a diario y, aunque por supuesto nosotros tenemos una situación diferente en ese sentido, queremos anticiparnos para no sufrir problemas que ya están padeciendo otros países.

                El Oficial de Enlace es una figura muy conocida en el mundo en cuanto a tareas de Inteligencia y policiales se refiere, y adquiere relevancia sobre todo en aquellos países cuya realidad delictiva afecta la nuestra. No pretendemos instituir la figura del Oficial de Enlace para el MERCOSUR, sino que buscamos tener  la libertad de  que se traslade hacia otros países de América Latina. Por ejemplo, quisiéramos ubicar un Oficial de Enlace en Colombia, donde funciona AMERIPOL -Comunidad de Policías de América- y existen muchísimas posibilidades de conectarse con otros países que están allí representados, debido a la naturaleza de la delincuencia colombiana; situación  por todos conocida. Una de  las ventajas que tendríamos, pues, no solo sería conocer de primera mano la información, sino también -y más importante para nosotros- establecer relaciones de confianza y conocer cómo trabaja nuestra contraparte en cada uno de los países, para saber en quién podemos confiar y en quién no. Nos resulta fundamental tener Oficiales de Enlace, como para cualquiera de los países avanzados. En nuestro país ya existen. En realidad, como se considera que no tenemos una delincuencia organizada, muchas veces están asentados en Buenos Aires o en algunos otros países cercanos, pero no en el nuestro. Por ejemplo, Brasil ya los tiene en el Uruguay y trabajan muy bien, incrementando notoriamente las relaciones de confianza y la operatividad entre ambos países. 

                Esa es la razón por la que queremos tener Oficiales de Enlace.

SEÑOR PENADÉS.- Me parece razonable contar con Oficiales de Enlace en otros países y, por tanto, miramos este artículo con cierto grado de simpatía. No obstante, haré algunas preguntas sobre los cargos que se crean.

                En primer lugar, se está hablando de que en las Embajadas a determinar existirían Agregados Policiales, que serían funcionarios diplomáticos acreditados ante el Gobierno del país que se acuerde. Quisiera saber qué retribución percibiría y si serían uno o varios que habría por delegación, o sea, por país.

La segunda pregunta que quería realizar me la contestó el Inspector Guarteche al decir que esa medida no se pondría en práctica solamente en el MERCOSUR. Me parece bien que no sea solamente en ese ámbito, pues allí hay instancias en las cuales la relación entre los Ministros y los diferentes organismos de coordinación de la Dirección de Inteligencia Policial es buena y bastante efectiva. Ahora bien, quisiera saber en qué países puntuales se está pensando instalar estos Agregados Policiales. También me gustaría conocer si se piensa enviar un Agregado Policial a los Estados Unidos, no tanto por la cantidad de delitos, sino producto del volumen de información y de cooperación. No sé si la Policía lo tiene, pero de no ser así, me gustaría saber si está pensando en contar con un Agregado Policial en las Naciones Unidas, en virtud de las Misiones de Paz, para otras mucho más inclusivas y no solo de carácter militar. ¿El Uruguay participa con personal policial en algunas Misiones de Paz?

Quisiéramos tener mayor información con respecto a este artículo.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, me parece que algunas de las interrogantes están contestadas por el artículo, pues allí se habla de hasta cinco funcionarios. Me parece que quizás habría que suprimir la referencia geográfica específica, porque puede ser muy variable  y, además, ataría al Ministerio.

SEÑOR PENADÉS.- Habría que modificar ese punto.

SEÑOR RUBIO.- Sí, porque como dijo el señor Senador, puede ser en Estados Unidos o en el sudeste asiático, en donde hay una triangulación muy importante.

SEÑOR CARRERA.- En primer lugar, aclaro que no serían agregados diplomáticos, sino Oficiales de Enlace, en virtud del acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas

SEÑOR PENADÉS.- Disculpe que lo interrumpa, pero hay que tener presente que cuando se acreditan funcionarios en el exterior, no se hace en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finazas del país, sino con el estatus que le reconoce el país de acogida. O sea, el funcionario que va al otro país debe tener un estatus: si es diplomático, tendrá una jerarquía; de no serlo, no será de la misma jerarquía.  Hay personal que va en misiones esporádicas cumpliendo tareas de inteligencia; en el Uruguay hay funcionarios acreditados por varias Embajadas que cumplen esas misiones. O sea que no es con relación al acuerdo que se obtenga con el Ministerio de Economía y Finanzas. Como consecuencia de esa acreditación en el país destinatario, hay convenciones internacionales que regulan, entre otras cosas, los salarios que esas personas van a percibir. Por ese motivo es que realizamos las preguntas.

SEÑOR CARRERA.- Y el segundo punto, como dice el propio artículo, el Poder Ejecutivo reglamentará la disposición en un plazo de 180 días. Aquí hay que ver todo lo atinente a la remuneración.

                Como dice la norma, se trata de cinco funcionarios. Cuando planteamos el tema al Ministerio de Economía y Finanzas -este tema lo puede desarrollar el Inspector Guarteche- hablamos de los países del Cono Sur o Mercado Común del Sur, porque nuestra idea era que fueran a Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia. En principio, esto fue lo que nos propusimos. Ojalá pudiéramos hacerlo en todos los países, pero hay prioridades y necesidades que no lo permiten.

SEÑOR GUARTECHE.-  En principio fuimos más ambiciosos; entendemos que por representación diplomática de nuestro país en el exterior tienen que haber por lo menos dos funcionarios.

                Si bien es verdad que trabajamos con cierto grado de comodidad, en algunas áreas todavía es incierto cuál puede ser el resultado de determinado trabajo.

                Sí es cierto que existen muchísimos ámbitos generados por otras instituciones internacionales donde, por ejemplo, los Directores de Drogas tienen oportunidad de reunirse, capacitarse y, lo más importante, conocerse, que es el principio básico sobre el cual después empieza a existir una relación de confianza, lo cual ha permitido algunos resultados que todos conocemos.

                Pero es necesario que tengamos una oficina de enlace en la Argentina porque no solamente tenemos un ingreso masivo de pasta base proveniente de ese país -porque es donde se hace el acopio- sino que hay muchísimos otros delitos que están afectando muy duramente al Uruguay.

                Por ejemplo, tenemos tráfico de armas. Sobre este tema quiero pasar el aviso de que este delito no está tipificado en nuestro país. Si una persona hoy es detenida puede ser procesada por contrabando, receptación o cualquier otro delito, pero no por tráfico de armas, lo cual es una gran carencia que tenemos.

                Por otra parte hay 1.800 compatriotas presos en cárceles argentinas y, por lo tanto, hay una enorme necesidad de brindar una serie de servicios como, por ejemplo, la identificación, que es una función policial. Estamos hablando de una importante masa de ciudadanos que se estima en más de 350.000. Por supuesto que en un grado menor tenemos presos en Brasil, Paraguay y  Bolivia. Reitero que nos interesa específicamente Colombia, donde existen mafias muy estructuradas y organizadas,  porque allí tenemos un grave problema de relacionamiento. Posiblemente a corto plazo podremos tener este relacionamiento con México. Al respecto, hay algunos grupos organizados mexicanos cuyos miembros están presos acá. Se podría pensar que no siguen operando, pero creo que sí lo siguen haciendo.

Por otro lado, Paraguay es un área estratégica porque tiene algunas particularidades -las que no voy a expresar aquí, pero los señores Senadores ya conocen- por las cuales es necesario tener a alguien con quien relacionarse específicamente. Se trata de un enclave en donde se origina una serie de delitos transnacionales muy importantes, como la falsificación de marcas, el tráfico de armas, de marihuana, y el pasaje de cocaína.

Con Bolivia, más que nunca necesitamos tener un relacionamiento -que no lo tenemos- porque la pasta base -que tanto nos afecta- proviene de ese país. En principio, necesitamos tener oficiales en estos lugares, los que van a trabajar en la práctica. Este trabajo va a dar mucho resultado a nuestro país porque estos oficiales van a tener un intercambio y flujo de información muchísimo más activo que el que tenemos ahora.  Actualmente dependemos de si cada una de estas naciones tiene interés en pasar la información al Uruguay; generalmente lo hacen cuando se sienten afectadas. Luego de aprobada esta norma la situación será diferente. Por ejemplo, en Brasil es muy importante el tema del idioma. Si bien parecería que los brasileños nos entendieran en todo, en áreas como la vigilancia electrónica no comprenden todas las palabras y modalidades del idioma. Esa es una razón más para contar con los oficiales de enlace. Obviamente, quisiera que, por lo menos, fueran dos porque ya sabemos que en Argentina no será suficiente con uno por la enorme cantidad de trabajo que tendrá. Se me ocurre que también debería enviarse un personal subalterno calificado. De cualquier forma, esto es lo que salió del Ministerio de Economía y Finanzas.

                Por otro lado, hay dos países de Europa, por lo menos, que exigirían la presencia de un oficial de policía. Me refiero a Italia y España, con quienes hay un viejo relacionamiento sobre tráfico de drogas y  trata de personas. Insisto en que, de todos modos, hasta ahora se nos ha concedido lo que figura en el proyecto de ley.

                A su vez, pediría que se cambiara la denominación de “Mercosur” a fin de que nos quede la libertad de enviar una delegación a algún otro lugar que también sea necesario. Por ejemplo, tenemos importante tráfico de drogas con Perú, pero en este caso priorizamos estos otros destinos porque estimamos que era de mayor necesidad para nuestra policía y para nuestro país.

SEÑOR PASQUET.- Retomo lo que acaba de decir el Inspector Guarteche. He escuchado más de una referencia a la necesidad de que, por ejemplo, haya un oficial de enlace en Colombia. Es obvio, entonces, que no cabe la expresión “Mercado Común del Sur”. En tanto es el Poder Ejecutivo el que propone la norma, le corresponde plantear la redacción alternativa. En lo personal, solo queremos dejar sentada la incongruencia entre los propósitos y esta denominación del ámbito geográfico en el que quedaría circunscripta la designación.

SEÑOR PENADÉS.- Aunque no es algo que deba incorporarse a la ley, después me gustaría conocer el decreto reglamentario. Digo esto para irnos curando en salud. Descarto la buena intención de la creación de estos cargos que, además, creo que son importantes y dan a la Policía una herramienta necesaria. No obstante, deberemos ser muy exigentes a la hora de definir quiénes cumplirán estas tareas. Debemos evitar que esto se transforme -como, lamentablemente, ocurrió en otra dependencia del Estado donde terminaron derivando las agregadurías- en una especie de premio retiro, consuelo, etcétera. Voy a poner un ejemplo casi tonto pero, por desgracia, en el Uruguay hay muchos ejemplos en esta materia: es indispensable que quien vaya a Brasil sepa hablar portugués o, quien vaya a Estados Unidos, domine el inglés. Lo digo como algo básico porque, insisto, en el pasado esto no se ha cumplido y eso originó que a los cargos no se los aprovechara debidamente. Es en ese sentido que dejo mi constancia.

                Por otro lado, también soy partidario de eliminar la mención al MERCOSUR. Además, hay otros lugares en los cuales podemos avanzar en esta materia. El Inspector Guarteche no me respondió si en las Naciones Unidas hay un agregado policial y creo que en algún momento hubo un funcionario relacionado con el Ministerio del Interior. Ese es un lugar fundamental para tener presencia. Anteriormente hice mención a Estados Unidos y a México porque creo que también se abren posibilidades en lo que hace a la capacitación de personal que muchas veces estos países, como así también los de Europa, nos brindan.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si nadie más hace uso de la palabra, pasamos a considerar el artículo 242.

SEÑOR CARRERA.- Como estamos estableciendo el concepto de exclusividad, pasaría de ser un cargo que hoy está comprendido en el literal D) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, a estar comprendido en el literal C) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809.

                Esta es la fundamentación por la que estamos exigiendo exclusividad a la Dirección de Asuntos Internos por el artículo 242.

                El artículo 243 refiere a la gestión de los recursos humanos y la idea es que los cargos vacantes del personal de servicios se transformen en  personal administrativo del Subescalafón de apoyo personal administrativo.

                El artículo 244, que refiere a la creación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, lo va a fundamentar el doctor Guarteche.

SEÑOR GUARTECHE.- En este momento la Dirección de INTERPOL cuenta, por su función, con  dos grandes áreas básicas: las relaciones internacionales y el crimen organizado. Entonces, con este artículo lo que estamos haciendo es establecer una denominación para dar mayor fuerza al hecho de que estamos realmente preocupados por el crimen organizado. Vamos a destinar su personal a la lucha contra todas las formas del crimen organizado, excepto drogas y terrorismo que van a estar a cargo de otra Unidad. ¿Por qué? Porque requieren de una especificidad mayor y porque no queremos que se concentre en un solo núcleo la lucha contra toda la criminalidad organizada. Esta es parte de la argumentación de por qué estamos creando esta Unidad y con este rango.

Además, estamos teniendo en cuenta la realidad, que nos está avisando que existen una serie de problemas que, evidentemente, nos están poniendo en alerta. La Justicia se especializó, solicitó los juzgados entendidos en el tema y nos planteó muchas veces que estaban trabajando sobre varios temas específicos y, sin embargo, no contaban con una contraparte, en la Policía, que se encargara de luchar contra las mismas cosas. También por este motivo estamos creando esta Unidad así como por planteos internacionales. Se nos requirió, por parte de otros países, que contáramos con una Unidad específica que trabajara en esta área. Ahora se creó, existe, está trabajando y creo que muy bien, sobre todo en el área de la corrupción pública. Esto para nosotros es muy importante porque entendemos que combatir la corrupción pública es combatir el antecedente sobre el cual luego se desplaza el crimen organizado. No hay posibilidades de que éste crezca si no hay corrupción pública que lo apañe.

SEÑOR MINISTRO.-  Más allá de la fundamentación realizada por el señor Inspector -que creo suficiente- consideramos conveniente poder reunirnos con cada Bancada para conversar sobre cómo vemos que está funcionando el crimen organizado en nuestro país. Por lo tanto, hacemos este planteo más allá de la instancia presupuestal.

SEÑOR PENADÉS.-  Estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el señor Ministro en cuanto a conversar respecto de los temas relacionados con el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia y cuáles son los planes para llevar adelante el combate contra el delito organizado. Y agrego algo más que, si bien nada tiene que ver con esta Comisión, es de suma importancia. Creo que en el futuro vamos a tener que pensar en la creación de una Comisión Especial en el Senado que se dedique al estudio de estos temas. Pienso que estamos en falta dado que no contamos con una Comisión que se relacione directamente con el Ministerio del Interior para tratar temas tan delicados como estos, que merecen la atención y el control parlamentario.

SEÑOR GUARTECHE.- La concepción que tenemos de la inteligencia es que es el volumen de conocimiento que permite a las autoridades de cualquier índole tomar decisiones con el menor grado de incertidumbre posible.

                Por su parte, ¿cuáles son los asuntos estratégicos para tratar a la inteligencia? Son todos aquellos que hacen a la normalidad de la vida corriente del país. Esta es la visión que tenemos al respecto.

Cuando hablamos de las cosas que hacen a la normalidad de la vida corriente, hacemos referencia a aquellas cosas que son de todos los días y que hacen que el país funcione. Por ejemplo, hace unos días estuvimos en una conferencia en Rusia, en la que se habló de un ataque cibernético realizado contra un país de Europa, presumiblemente por parte de otro país. En ese caso, colapsó durante un mes el sistema eléctrico, pero también el de distribución de agua potable, el bancario y el financiero. Es decir que es un ataque gravísimo en el que no hay que mover un soldado, ocupar ninguna tierra ni derramar una gota de sangre y, sin embargo, puede colapsar totalmente un país. Es justamente de ese tipo de asuntos de los que se tiene que ocupar Inteligencia, tratando de ver cuáles son los puntos vulnerables que tenemos, si la distribución de agua, el fluido eléctrico o, incluso, la producción. Presumimos que, en su momento, la aftosa vino de afuera, pero eso es algo que debe ser investigado por Inteligencia Policial, para luego brindar la información necesaria a las autoridades políticas a fin de que puedan tomar decisiones con el menor grado de incertidumbre posible. 

Un principio básico en el que hay que profundizar es que tenemos la necesidad de trabajar con todos los países en aquellas cosas que sean de nuestro interés, ya sea el agua, la energía o el medio ambiente; estamos hablando de cosas que hacen a la vida corriente, pero que son básicas para que un país pueda funcionar.

                Por otro lado, existe una Junta Asesora de Servicios Policiales que, en algún momento, fue el destino para aquellos oficiales que no lo tenían; en otra oportunidad,  fue integrada por oficiales que ya estaban al mando de unidades y que,  por tanto, no podían ocuparse efectivamente de este trabajo. Junto con otros artículos que se prevén en este proyecto, esta norma pretende arropar a la Dirección de la Policía, que en este momento está siendo ejercida por quien les habla pero sin contar con una estructura que lo ayude en el manejo de tantos temas, especialmente en un período de tantos cambios. La idea es utilizar la experiencia de Oficiales retirados para que ellos -como un consejo de sabios- ayuden a la hora de tratar temas estratégicos que tengan que ver con el rumbo o la dirección que la Policía está tomando. La idea es darles trabajos específicos para que produzcan informes y nos digan si estamos yendo en la dirección correcta con respecto a las decisiones que se adoptan.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 246 se incluye a los efectos de dar cumplimiento a la Ley Nº 16.736. Se trata de la transformación de un cargo, porque existe un expediente administrativo que viene de la Administración anterior. Entonces, se transforma el cargo y cuando queda vacante vuelve al estado originario. 

                En el artículo 247 se crea una tasa por la expedición del carné de habilitación para el personal que presta servicios en la actividad privada, cuyo destino es el de gastos de funcionamiento de este Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada. Como se trata de una cuestión de seguridad pública, la idea es tener una base de datos con información de todos los funcionarios que prestan tareas en la seguridad privada.

                El artículo 248, por su parte, alude a la creación de un paréntesis en la Secretaría del Ministerio del Interior, que refiere a “Especialidades Varias”. Actualmente, en la Secretaría tenemos un número elevado de paréntesis con pocos funcionarios, que tienen reducidas posibilidades de tener una carrera administrativa. Esto ha generado confusiones y reclamaciones de los funcionarios, por lo cual, para alcanzar una mejor estructura funcional y organizativa de la Unidad Ejecutora, se realiza esta modificación que apunta a agrupar todos los paréntesis en “Especialidades Varias“. Como los señores Senadores pueden apreciar, en el artículo 248 se agrupan “Jefe de importación”, “Periodista”, “Analista”, etcétera. Con esto se procura mejorar la gestión administrativa de la Secretaría.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Me parece que aquí hay un problema de redacción, porque se dice: “Créase en el Inciso 04 ‘Ministerio del Interior’, unidad ejecutora 001 ‘Secretaría del Ministerio del Interior’, escalafón L ‘Personal Policial’, subescalafón Especializado, el paréntesis ‘Especialidades Varias’, en el que se incluirán los siguientes paréntesis/grupos, que se suprimen”. Es decir que la supresión está mezclada con la creación, y cuando se lee por primera vez, la idea no queda clara. Por eso creo que habría que mejorar la redacción.

SEÑOR PASQUET.- Coincido con la señora Senadora Topolansky. Me parece que este es uno de esos artículos típicos de los Presupuestos que después despiertan comentarios de la prensa, porque se trata de una disposición por la cual los “sin paréntesis” -por decirlo así-  pasan a estar dentro de un paréntesis.

SEÑOR CARRERA.- Los señores Senadores tienen razón; la redacción es un poco engorrosa y hay que analizarla. Pero ocurre que, en realidad, hoy tenemos todos estos paréntesis; la idea es que haya uno solo, para que todos los funcionarios tengan su carrera administrativa, porque actualmente hay personas que están con su carrera trancada desde hace muchos años.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 249.

SEÑOR GUARTECHE.- Si algún señor Senador no conoce el significado de la expresión “soledad del mando” puede pasar por mi despacho y se lo explico. Es humanamente imposible poder atender todos los problemas cuando una persona tiene a su cargo 33 unidades y está sola. En mi caso, tengo algunos ayudantes, pero no hay nadie que me suplante, y tampoco tengo con quien compartir el trabajo administrativo. Es más, el volumen de trabajo impide que el Director de la Policía pueda estar con los jefes, visitar las unidades, alentar, ayudar o solucionar problemas. Los señores Senadores pueden imaginar que, solamente con que cada Unidad me traslade un problema por día, es prácticamente imposible hacer frente a la situación. Hay otras policías en la región que tienen tres subdirectores: uno para el área logística, uno para el área de trabajo operativo y otro para el área administrativa.

Entonces, simplemente estoy pidiendo un cargo, para que haya una persona que me ayude a procesar el trabajo, ya que actualmente no es posible realizarlo de la manera como entiendo que se debe hacer. Pero me parece que hay que redactar el artículo de una manera diferente, porque hay que crear el cargo.

SEÑOR CARRERA.- La idea es elaborar un nuevo texto en ese sentido porque, efectivamente, la norma quedó mal redactada. El artículo actual dice: ‘Será secundado por el Subdirector de la Policía Nacional elegido entre los Oficiales Superiores en actividad o retiro’.

SEÑOR PENADÉS.- Además, no se elige, sino que se designa.

SEÑOR CARRERA.- Sí claro, señor Senador.

El artículo 250, por su parte, se redactó a pedido de la Dirección Nacional de Bomberos. Lo que hacemos es suprimir cargos de Ingeniero que estaban en el Grado 6, correspondiente a Oficial Subayudante, y pasarlos al Grado de Inspector Mayor, para que sean más atractivos. De esta manera, vamos a poder llenar estos cargos, que realmente son muy necesarios para la Dirección Nacional de Bomberos, ya que se precisa contar con un Ingeniero Químico, un Ingeniero Civil, un Ingeniero de Sistemas y un Ingeniero Electrónico.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 251.

SEÑOR CARRERA.- Para nosotros este artículo debería incluirse dentro del capítulo referido al Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que establece: “El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de ciento ochenta días, a partir de la vigencia de la presente ley, los aspectos referidos al ingreso a los cargos del escalafón S ‘Personal Penitenciario’ y, la carrera administrativa”.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tenemos oportunidad de reubicar el artículo y asignarle otro número.

                Pasamos a considerar el artículo 252.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo refiere a la creación del paréntesis TIC’s  “Tecnología de la Información y la Comunicación”. La idea es que, a los efectos de una mejor gestión de los recursos humanos, se junten los funcionarios           -policías o técnicos- destinados a la comunicación informática en un mismo paréntesis.

                El señor Ministro me acota que tiene el mismo problema de redacción que mencionamos antes, pero quiero aclarar que los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas nos sugirieron -con razón- que comprimiéramos el articulado porque eran muchas disposiciones, de manera de juntar aquellas que referían a la misma temática.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que no nos resulta muy familiar es el vocablo “paréntesis”, por lo menos en lo que hace a la materia presupuestal.

SEÑOR CARRERA.- Es un término que se utiliza en el Inciso 04 para referirse a lo que en otros escalafones o Incisos llaman “serie”. El señor Ministro me acota que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también se utiliza el término “paréntesis” con ese propósito.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 253.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo refiere al cargo de Inspector de Escuelas y Cursos y lo va a fundamentar el Inspector Guarteche.

SEÑOR GUARTECHE.- Para nosotros, el núcleo central de la Policía tiene que ser la capacitación, porque es la única manera de poder avanzar como organización y hacer los cambios que necesitamos.

                Para ello contamos con la Escuela Nacional de Policía y las Escuelas Departamentales, que se encargan de la educación formal -por llamarla de alguna manera- y de lo que tiene que ver con los ascensos del personal policial superior y subalterno. Sin embargo, hay una enorme cantidad de cursos, seminarios y formas de capacitación que deben encararse de una manera distinta. Por ejemplo, algunos de nuestros Oficiales que fueron capacitados en el exterior han dictado cursos en diversas áreas, la última de las cuales se refería a la custodia de personas importantes.

En nuestra opinión, ese Inspector de Escuelas y Cursos debe estar por encima de todos los órganos de capacitación para dar una dirección exacta a esa formación. Aunque ya nos encontramos trabajando en esto, algo importante que aún debemos hacer es dar a conocer, a quienes están trabajando en esta Comisión, cuál es la situación delictiva que, entendemos, existe hoy en el país. Asimismo, vamos a ponerlos en conocimiento de cuál es la situación delictiva que prevemos para los próximos diez años, porque ellos tienen que definir la enseñanza en base a esos dos parámetros y determinar las necesidades que vamos a tener en la Policía y los Oficiales que necesitamos para enfrentar la delincuencia de ese momento.

Por lo tanto, entendemos que es fundamental tener un Inspector de Escuelas y Cursos que se encargue de organizar y dar una dirección a todo lo relacionado con la enseñanza policial.

SEÑORA MOREIRA.- A diferencia del artículo 254, en el que se habla de un cargo de particular confianza, quería saber cómo es el proceso de designación del Inspector de Escuelas y Cursos. ¿Se hace mediante concurso? ¿Qué características reviste este cargo?

SEÑOR GUARTECHE.- Como el cargo ya existe, solicitamos que pueda ser ocupado también por un Oficial Superior en retiro. En este caso, hemos seleccionado a un Inspector General en situación de retiro que fue Director de la Escuela Nacional de Policía.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Solo necesitan que se cree el cargo?

SEÑOR CARRERA.- Sería un cargo de particular confianza.

SEÑORA MOREIRA.- Este es un cargo de particular confianza en el que, de hecho, ya se ha hecho la designación. ¿Falta solo la creación del cargo?

SEÑOR GUARTECHE.- Se trata del Inspector General Perdomo, que fue Director Nacional de Bomberos y Director de la Escuela Nacional de Policía.

SEÑOR CARRERA.- En realidad, esta persona ha sido contratada por una de las modalidades contractuales que nos brindan las figuras del Estado. El cargo ya existe; ahora estamos procurando crear el cargo como de particular confianza para que pueda ser ocupado por personal en actividad o en retiro.

                En el artículo 254 proponemos cambiar las características para el acceso al cargo de Director Nacional de Sanidad Policial. Como los señores Senadores podrán advertir, entre los requisitos que se van a exigir para ocupar ese cargo figuran: el tener título universitario en el área de la salud, posgrado en Administración de Servicios de Salud en la Universidad de la República u otras instituciones terciarias aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura; por actuación documentada o competencia notoria, y experiencia debidamente acreditada en la administración de servicios de salud por un período no inferior a tres años y con evaluación satisfactoria otorgada por autoridad competente. Dado que en el país existen muchos profesionales de la salud que cuentan con formación específica en lo que es la administración de servicios de salud, en aras de profesionalizar todo lo relativo a la salud, aspiramos a que el Director Nacional de Sanidad Policial sea una persona versada en la materia.

                Los artículos 255, 256, 257, 258 y 259 refieren a Sanidad Policial.

                Actualmente, en esta área muchos funcionarios prestan funciones como empresas unipersonales que cobran a través de facturas. En esta oportunidad presupuestal pretendemos corregir esa situación por medio de la creación del Subescalafón “Sanidad Policial”.

                En el artículo 256 se crean una serie de funciones contratadas, que corresponderían a contratos policiales del Subescalafón “Sanidad Policial”. Esto no implicará costo alguno para el Estado porque, por el artículo 259, el Ministerio del Interior se compromete a solventar la creación de estos cargos. Así pues, en el año 2012 se volcará un 36% para ello; en el 2013, un 37% y en el 2014, un 39%. Un hospital no puede ser llevado adelante por personas que no tengan un vínculo laboral estable. Como esto genera muchas carencias, aprovechamos esta instancia presupuestal para subsanar la situación a través del compromiso asumido por el Ministerio del Interior de hacerse cargo del costo de esta creación.

                Los artículos 257 y 258 tienen que ver con los compromisos de gestión. Aquí se sigue la misma lógica, en el sentido de que parte de la retribución constituya un incentivo.

                El artículo 260 prevé que no se vuelvan a dar ciertas situaciones con las contrataciones de médicos, de empresas unipersonales, etcétera.  Para ello se apunta a prohibir que, mediante esa modalidad, la contratación supere el 10%. Acá hay una partida fija mediante la cual el Director de Sanidad Policial puede contratar. Son necesarios los contratos con empresas unipersonales, por ejemplo, para cubrir las licencias, pero en este artículo se estipula un monto específico y se establece que no puede superar el 10% de los contratos. Cuando se consideró en la Cámara de Representantes se hablaba de un 10%, pero luego se cambió por un monto específico a pedido de los Diputados.

                Ahora voy a referirme al artículo 261. Hoy no existe normativa legal que habilite la exoneración de la tasa que se abona en la Dirección Nacional de Identificación Civil por los pasaportes. Lo que se pretende con este artículo es que el Director Nacional de Identificación Civil, en ciertas situaciones, pueda exonerar la tasa de pasaporte, porque muchas veces, desde escuelas o liceos del interior nos hacen el pedido porque tienen que viajar al exterior, pero no hay una norma que habilite a ello.

SEÑOR PASQUET.- Se deslizó un error en el literal A) del artículo 261 porque dice: “Cuando hayan motivos”, pero debería decir “Cuando haya motivos”.

SEÑORA PRESIDENTA.- Seguramente se deban realizar muchas precisiones de ese tipo, pero las haremos cuando votemos artículo por artículo en la Comisión.

SEÑOR PENADÉS.- Estoy de acuerdo con este artículo, pero creo que el grave problema con el que nos enfrentamos es la discrecionalidad de establecer qué o para quién. Por eso, diría que el Ministerio del Interior lo tendría que pensar mejor. Hay que tener cuidado con dejar abierta la puerta, porque hay una enorme cantidad de gente que puede justificar no estar en condiciones de pagar el pasaporte y eso podría llevarnos a que una unidad superavitaria pasara a ser deficitaria. Por eso, creo que cuanto más acotado esté -podría abarcar instituciones de enseñanza y personas que  prueben la imposibilidad de hacer frente al pago del pasaporte- sería mejor. Pienso que se debería ser muy estricto en los requerimientos, no para frenar el objetivo del artículo, sino para centrarlo únicamente en las personas que abarca. Dejarlo a la discreción de una persona no es lo más conveniente, ya que la discreción es una tentación demasiado grande en la mano de cualquier ser humano.

SEÑORA PRESIDENTA.- Seguramente será reglamentado.

SEÑORA TOPOLANSKY.-  El literal B) refiere específicamente a quiénes serían los destinatarios. Se trata de los casos en los que tenemos más problemas y, a veces, llegan al Parlamento.

SEÑOR PENADÉS.- Ya nos ha pasado.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pienso que con la reglamentación se puede acotar.

SEÑOR ASTOR.- El artículo 262 responde a una necesidad de racionalizar las pensiones graciables que hoy se liquidan en distintas Jefaturas de Policía a beneficiarios de policías fallecidos en actos de servicio.  Las personas que perciben esas pensiones graciables, a veces son pensionistas de la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial. Entonces, se da la circunstancia de que una cantidad de gente a la que se le liquidan pensiones graciables en todas las unidades ejecutoras perciben, además, pensiones en la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial. Con este artículo pretendemos centralizar los créditos en la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial para que allí se liquiden todos los beneficios, y de esa manera, sacaríamos trabajo administrativo de las Jefaturas de Policía.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a los artículos 263, 264, 265, 266, 267 y 268.

SEÑOR CARRERA.- El artículo 263 refiere a la transferencia de rubros que hoy están destinados a la Jefatura de Policía de Montevideo y que pasarán a la Guardia Republicana. Como saben los señores Senadores, tal como lo explicamos, el Regimiento pertenece a la Jefatura de Policía de Montevideo. Esa es la fundamentación.

                El artículo 264 corresponde a la transformación de un cargo del Subescalafón Especializado,  función contratada de Sargento PE CP grado 4, en una función contratada de Subcomisario PE CP grado 9. Se trata de la situación del un semiólogo -el único que se desempeña en el Ministerio- que está contratado con un grado muy bajo, que hizo una petición administrativa y la idea es reconocer su profesión.

                El artículo 265 refiere a otra transformación de una función contratada de Inspector Mayor PT CP grado 12 "Ingeniero de Sistemas" en una función contratada de Inspector Mayor PT CP grado 12 "Abogado”. Nos pareció mejor transformarlo en el cargo de abogado, porque  estábamos creando muchos cargos de ingeniero.

                La fundamentación del artículo 266 se basa en la situación de tres personas que ocupan cargos de Comisario grado 10, que están cobrando la totalidad de la compensación por permanencia en el cargo, cuya carrera está obstaculizada desde hace más de diez años, que se transformarían en tres cargos de Comisario Inspector grado 11.

                El artículo 267, dice lo siguiente: “Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar o disponer derechos sobre los bienes inmuebles del Estado, que se encuentren bajo la administración del Inciso 04 "Ministerio del Interior". El producido de las enajenaciones será utilizado para proyectos de inversión de las distintas unidades ejecutoras del Inciso. De lo actuado se dará cuenta a la Asamblea General”. Como decía el señor Ministro, actualmente estamos en el proceso de realojo de las cárceles departamentales a las chacras. Por tanto, cuando pasemos la cárcel de Rocha a una chacra, a través de este artículo tendremos la posibilidad de enajenar ese bien -la cárcel actual- a través de todos los procedimientos que marca el TOCAF, como la licitación pública, y luego dar cuenta. La idea es utilizar esos recursos en la construcción de las chacras.

                El artículo 268 tiene que ver con un viejo proyecto que se viene hablando desde la Administración anterior y refiere al predio de Guayuvirá, que desde el año 1905 está siendo ocupado por diversas familias. La idea es cederlo al Instituto Nacional de Colonización para que este analice la situación. Entonces, aquellos que son colonos, es decir, que viven ahí y cumplen con los requisitos, pasarían a tener estatuto jurídico colono y, los que no, se podrían enajenar. El producido de la enajenación pasará al Ministerio del Interior. Según los compañeros que están en MEVIR, en el Instituto Nacional de Colonización y en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hay chacras muy valiosas y no queremos dejarlas, sino enajenarlas a las personas que las quieran. Actualmente están otorgadas en un comodato precario, autorizado en leyes del año 1900. La idea es solucionar una situación compleja.

SEÑOR PASQUET.- El artículo 268 refiere a un caso particular del artículo 267, porque  establece lo mismo pero aplicado a un determinado padrón. Me parece muy bien y creo que es preferible esta forma de designación de los inmuebles a enajenar, que la previsión tan genérica del artículo anterior.

SEÑOR CARRERA.- Creo que ahora se soluciona definitivamente, ya que se le cede al Instituto Nacional de Colonización.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 269.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo refiere a lo que hoy mencionaba el señor Ministro con  relación a los policías eventuales. Hace unos instantes él comentó que surgió un artículo en la Cámara de Representantes según el cual habría que ampliar la ley de 1957 para que los gobiernos departamentales también puedan sumarse a los policías eventuales.

SEÑORA MOREIRA.- Comparando el artículo 269 con la ley de 1957, ¿los gobiernos departamentales no pueden pedir ahora estos servicios?

SEÑOR CARRERA.- Actualmente no; la idea es habilitar a los gobiernos departamentales para que puedan pedirlos.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 270.

SEÑOR CARRERA.- Este artículo fue solicitado por los tres Diputados, es decir, los representantes del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado.

                En Rivera existen solamente dos cargos de Comisario Inspector y más de ochocientos policías.  Es por esa razón que consideramos correcto que, de acuerdo a esa cantidad de efectivos, se creen dos cargos. En realidad, se crean dos cargos de Comisario Inspector mediante la supresión de otros cargos que están vacantes.

SEÑOR PENADÉS.- Reitero que agradecería muchísimo que el Ministerio del Interior nos haga llegar el plan de inversiones en infraestructura, en la compra de armamentos, de chalecos antibalas y de vehículos para, de esta forma, tenerlo en el momento de analizar el Presupuesto del Ministerio del Interior.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado agradece la presencia del señor Ministro del Interior, del Inspector Guarteche y del doctor Carrera en particular, así como de los demás asesores.   

                Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 13 y 57 minutos.)