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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 9 minutos.)

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a la delegación del Centro de Educación Individualizada, a quienes les recordamos que disponen de 15 minutos para realizar su exposición y luego los señores Senadores formularán las preguntas que consideren pertinentes.

 Como verán, todavía no han llegado algunos de los integrantes de la Comisión, pero no deben preocuparse  porque toda su intervención  quedará registrada en la versión taquigráfica.

SEÑORA ALEMÁN.- Soy maestra Subdirectora del Centro de Educación Individualiza, CEI.

                Nos interesa que los señores Senadores conozcan nuestro Centro y que sepan qué labor desempeñamos, qué  chicos atendemos y cómo trabajamos con ellos.

Nuestro Centro surgió hace 27 años por la necesidad de un grupo reducido de padres, que veían que era imprescindible disponer de  un centro de atención para sus hijos -algunos de ellos siguen asistiendo- debido a que padecen de multidiscapacidad y no tienen acceso a las escuelas especiales comunes ni a centros privados. La mayoría de estos chicos están afectados por parálisis cerebral y otros déficits asociados, en general, discapacidad intelectual.

                Como dije antes, algunos de nuestros alumnos y alumnas padecen parálisis cerebral, que es una patología muy severa, que los priva de movilidad en sus miembros superiores e inferiores, carecen de lenguaje y, por supuesto, usan pañales. En una palabra, son alumnos totalmente dependientes.

                En este momento, atendemos alrededor de 70 alumnos y alumnas. Algunos de ellos llegan por la vía de un convenio con el INAU -concretamente, 40 alumnos- otros por ayudas especiales, y un grupo minoritario accede a nuestro Centro en forma particular. Al momento de ingresar, estos chicos tienen una entrevista con un médico fisiatra -porque nuestro Centro tiene también una clínica de rehabilitación psicomotriz dirigida por este profesional- que los evalúa junto con el Maestro y  técnicos de la clínica.

Luego de ser evaluados, cada uno pasa a formar parte de una clase; en total tenemos siete salitas. Quiere decir que este es un centro educativo terapéutico, donde tratamos de imitar a una escuela, en el que se imparten clases académicas y talleres. A esos efectos, cada maestra elabora un proyecto individual, pues es imposible hacer un proyecto para un grupo, ya que ningún alumno es igual al otro y, en algunos casos, tienen patologías no tan severas. Inclusive, hay chicos con parálisis cerebral que se pueden trasladar, obviamente con ayuda, porque no tienen trastornos motrices tan severos, pero la mayoría son casos severos. Reitero: para el trabajo con estos niños  la maestra,  con apoyo de los técnicos, elabora un proyecto individual.

¿Qué sucede? ¿Por qué venimos a pedir una partida en el Presupuesto? Nosotros apuntamos a la excelencia y tratamos de que nuestros funcionarios y funcionarias concurran en forma continua a especializarse. Es muy difícil trabajar con estos chicos; sin embargo, no disponemos de cursos de especialización, por ejemplo, para trabajar con los alumnos que tienen parálisis cerebral. De todas maneras, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, siempre estamos en contacto con técnicos de otros países especializados en parálisis cerebral. ¿Por qué lo hacemos? Por el bien de los chicos, porque nuestro principal objetivo es mejorar su calidad de vida, tratar de que sean felices, ayudarlos, darles los conocimientos básicos -a aquellos que puedan adquirirlos- para que se desarrollen e integren socialmente. Es decir, entre otras cosas, buscamos que sean felices, se diviertan, y en lo posible que hagan paseos. Eso es lo que queremos y ese es el objetivo principal del CEI.

Sin embargo, hay varios inconvenientes, por ejemplo, la falta de personal. Tal como dice en el memorándum que adjuntamos, somos 15 personas que atendemos de forma continua a 70 chicos, que concurren a las 9 y 30  y se retiran a las 16 y 30 horas, aunque no todos cumplen ese horario porque algunos padecen patologías muy severas y su traslado es más difícil y es imposible que permanezcan en el Centro tantas horas. Se debe tener en cuenta que se trata de  chicos que no se mueven, que para trasladarlos hay que subirlos y ubicarlos en las camionetas -ni hablar del tema de los cinturones y el posicionamiento- después bajarlos, sentarlos en una silla; por supuesto, nuestra institución cuenta con una rampa de accesibilidad. Luego, hay que cambiarlos de silla porque no pueden estar todo el día en la misma. Cuando llegan al comedor, se los ubica bien en otra silla, almuerzan, vuelven  a su sala y otra vez  hay que cambiarlos de silla. Es decir, la tarea es agotadora y poco estimulante, pero tratamos de llevarla adelante con alegría y de dar a los alumnos lo mejor.

Todo este procedimiento hace que debamos disponer de la tecnología adecuada, entre otras cosas, para que estos niños estén bien posicionados en las sillas, las cuales deben ser las apropiadas como para que contengan sus miembros superiores e inferiores. Otra cosa importante que quería mencionar es que la mayoría de nuestros alumnos provienen de zonas carentes de recursos y de familias muy vulnerables. Por eso, el instituto no solo tiene que apoyar a esas familias, sino también continentarlas, contenerlas, estimularlas y, por supuesto, acercarse a los chicos. Obviamente estas familias tienen tantos o más problemas que sus propios hijos.

                Por todo ello estamos muy agradecidos por la partida que se nos asignó en la Cámara de Representantes pero, en verdad, debemos insistir para que en lo posible se nos aumenten los recursos.

SEÑORA FALERO.- Soy la contadora de la institución y haré un resumen de los aspectos más importantes que queremos destacar. Como contadora debo realizar los comentarios pertinentes al presupuesto mensual de la institución y he adjuntado un resumen del mismo en la carpeta que dejaremos a los señores Senadores.

 Dando una lectura al mismo podemos observar que estamos levemente deficitarios, es decir, apenas logramos equilibrar los números para cumplir con nuestras obligaciones hacia el personal y cubrir los mínimos gastos de funcionamiento. Hay importantes necesidades que no se han podido cubrir y para ello, brevemente, debemos repasar lo expuesto por la maestra Subdirectora y hacer alguna puntualización más.

                Se mencionó como objetivo la mejora de la calidad de vida de los alumnos, para lo cual es necesario contratar más personal calificado. Por otra parte, la matrícula es mayor que cuando comenzamos.

SEÑORA ALEMÁN.- Quisiera aclarar algo importantísimo que olvidé decir. Con nuestro presupuesto no podemos dar cumplimiento a pequeños pero significativos proyectos, como por ejemplo la construcción de una mínima piscina para  hidroterapia -sabemos que hay dos instituciones que ya las tienen- lo que significaría una mejora del cien por ciento de la calidad de vida de nuestros alumnos.

SEÑORA FALERO.-  Como decía, la matrícula es mucho mayor que cuando comenzamos hace 27 años y los alumnos provienen de familias con niveles socioeconómicos muy carenciados. Por lo tanto, al ser menores los aportes, no se generan los recursos suficientes para contratar el personal calificado requerido. Otro aspecto puntual que no es atendido por este proyecto de ley de Presupuesto, es el que refiere al mantenimiento y conservación edilicia de nuestro local, que aclaramos se está pagando. Tampoco es posible hacer frente a las urgencias diarias que van surgiendo y que deterioran las instalaciones donde se brindan los servicios. Por ejemplo, actualmente tenemos problemas de hundimiento del piso de algún salón y humedades en los techos por goteras. También sería necesario acondicionar el patio exterior para ampliar las actividades de los niños al aire libre.

                Asimismo, no se generan ingresos por las normas de accesibilidad para destinarlos a la adecuación del local, que sería importante para los niños y niñas que concurren.

                Tampoco se tienen fondos para adquirir materiales a los efectos de realizar mantenimiento, tales como sillas de ruedas, bipedestadores y computadoras, ni para la concreción de ciertos proyectos. Algunos de ellos tienen que ver -como mencionaba la señora Subdirectora- con la construcción de una pileta de hidroterapia, que es muy importante para nuestros alumnos.

                Todos estos aspectos que mencionamos nos llevan a la conclusión de que el presupuesto previsto no nos permite generar ahorros para cubrir los mínimos imprevistos. En este momento particular, está roto el horno de la cocina y no podemos adquirir una nueva. Este es un inconveniente entre otros que surgen a diario y que no se pueden reparar.

                Otro de los ítems que es de gran preocupación en el Centro tiene que ver con el transporte escolar, en primer lugar, por las condiciones en las que se trasladan nuestros niños y, en segundo término, por una razón económica, pues su costo es muy elevado. Desde que el Centro comenzó a funcionar, se ha tratado de conseguir una flota propia que no sólo mejore el servicio, sino que también reduzca costos, pero hasta ahora no se ha logrado ese objetivo.

                También nos parece muy importante destacar lo siguiente. En la parte final de la carpeta, hay una gráfica de los ingresos y egresos mensuales del Centro. Allí se advierte que el 3,5% de los ingresos del CEI se componen de rifas, donaciones y eventos. De ese 3,5%, solamente un 1% corresponde a donaciones de empresas y de otro tipo. Como se advierte, es una contribución mínima en el presupuesto global que tiene el CEI. Por tal motivo, queremos solicitar formalmente ser incluidos como un nuevo literal del artículo 79 del Título IV del Texto Ordenado de 1996 respecto al beneficio fiscal que se otorga a diferentes empresas que realizan donaciones a determinadas instituciones. Al respecto, quiero puntualizar que las empresas que donan a ciertas instituciones incluidas en el artículo de referencia obtienen un marketing  y una publicidad por el sólo hecho de aparecer en las campañas para obtener fondos, con lo que logran sensibilizar a la población y, por ende, reciben donaciones importantes. El CEI, al no tener ese marketing, no consigue esa sensibilización a la hora de obtener donaciones. Pocas personas nos conocen y no en forma masiva. Realmente es una situación que consideramos injusta, porque otros centros tienen a los chicos sólo algunos días y realizan un diagnóstico, pero después son derivados a otros centros; sin embargo, el CEI tiene que brindar servicios a todos los niños durante el año entero.

                En resumen, cabe decir que en 2006 ingresamos en el Capítulo de Subsidios del Presupuesto Nacional, lo que constituyó para nosotros un gran reconocimiento que mucho agradecemos. La partida inicial que se recibió en ese momento fue muy pequeña, de $ 50.000 anuales; actualmente, es de         $ 120.000, o sea, $ 10.000 mensuales.

                Como decía, estamos muy agradecidos y queremos aclarar que esta solicitud que realizamos ya la presentamos en su momento en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Según surge de la página web, se ha propuesto para el CEI un incremento más que importante. Pero si bien lo asignado pasaría de $ 120.000 a $ 320.000 anuales, o sea, de $ 10.000 a $ 26.667 mensuales, por lo antes expuesto y en función de nuestro presupuesto, igual creemos que podríamos aspirar a un incremento mayor a la partida otorgada.

                Como contadora del Centro quiero destacar que el CEI, desde sus inicios, ha funcionado con el esfuerzo de los padres y del personal, quienes siempre tratan de organizar actividades extras como bingos, rifas y eventos, lo que permitió más de una vez que se cubra el presupuesto mensual de la institución.

                Otro punto que me gustaría señalar es la cristalinidad en el manejo de los fondos de esta asociación, que presenta todas las rendiciones de partidas que se reciben del Estado -que son importantes- las cuales corresponden a un 77% de los ingresos que percibe el CEI, sin haber tenido ninguna observación. También se cumple con todas las formalidades y requisitos del Ministerio de Educación y Cultura, del Banco de Previsión Social, de Bomberos, etcétera.

                Por otra parte, la Asociación cumple con todas las formalidades que tienen que ver con el llamado a elecciones cada dos años de las autoridades, reelección de autoridades, confección de balance anual, etcétera.

                Por último, venimos aquí para hacer saber de la existencia de este Centro que ya hace 27 años que está instalado en Montevideo y, básicamente, está dirigido a atender chicos de la capital y no del interior.

                En particular, queremos hacerles dos solicitudes específicas: un incremento mayor en la partida ya asignada en la Cámara de Representantes, que permita hacer frente a algunos de los aspectos antes detallados o que contribuyan a su financiamiento. Y, por otro lado, la inclusión como un nuevo literal del artículo 79, del Título IV del Texto Ordenado 1996, para tener la posibilidad de recibir mayores donaciones.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera formular una puntualización y dos inquietudes.

                Independientemente de que todos queremos pasar de $ 120.000 a         $ 320.000 anuales, eso significaría un esfuerzo importante.

SEÑORA ALEMAN.- Eso lo entendemos y aceptamos.

SEÑOR MICHELINI.- Si ustedes ven el artículo, imaginen que si incrementamos a una de las instituciones, le vamos a tener que sacar a otras.

SEÑORA ALEMAN.- Eso lo sabemos, pero tengan en cuenta que con el presupuesto que tenemos, que es muy magro, atendemos a 70 chicos que están casi todo el día en nuestra Centro. En cambio, en otras instituciones los chicos van menos horas.

SEÑOR AMORÍN.- Quizás no entendí bien el planteo: ¿el aumento de la partida propuesto es de $ 16.000 por mes?

SEÑORA FALERO.- Así es, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero decir que no me gustaría que nuestras invitadas se fueran con la idea de que es fácil corregir ese artículo, porque la manta es corta y no sería bueno que pensaran que este asunto se resuelve simplemente cambiando un renglón por otro. Sí me gustaría, si así lo entienden pertinente, que nos hicieran conocer lo que para la delegación debería ser la modificación del artículo 79 del Título IV del Texto Ordenado 1996, que permitiría que se los incluyera como otra institución más que pudiera recibir aportes.

                Finalmente, quiero preguntar sobre un punto que siempre me ha generado dudas. Este año que no hay Presupuesto, ¿la institución ha seguido cobrando la partida?

SEÑORA ALEMÁN.- Así es, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Por lo tanto, si el incremento es hasta el 2014, en el 2015 la cobrarían igual, porque eso es de práctica corriente y no ha habido dificultades en ese sentido.

SEÑORA ALEMÁN.- Es como lo dice el señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me permito aclarar al señor Senador Michelini que en este caso solo se trata de agregar un literal con el nombre de la institución en el artículo del TOCAF. El texto ya está propuesto en el material.

SEÑOR PENADÉS.- Señora Presidenta: una vez que se retire la delegación y antes de que ingrese la siguiente, me gustaría que nos quedáramos en la Comisión discutiendo un tema interno.

SEÑORA ALEMÁN.- Queremos agradecer a los señores Senadores por habernos recibido y decirles que estamos a las órdenes para cualquier consulta que deseen formular.

                Asimismo, nos gustaría que en algún momento, si así lo desean, pudieran acercarse a nuestra institución a fin de conocer cómo trabajamos y qué chicos atendemos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación la información que nos han brindado y que será analizada posteriormente por la Comisión.

(Se retira de Sala la delegación del Centro de Educación Individualizada)

 

(Ingresa a Sala la Federación Uruguaya de Magisterio. Trabajadores de Educación Primaria FUM-TEP)

-La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el agrado de  recibir a la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) y les concede la palabra.

SEÑOR MACEDO.- Agradecemos a los miembros de la Comisión que nos hayan recibido. Mi nombre es Gustavo Macedo, soy maestro de escuela y pertenezco a la Federación Uruguaya de Magisterio. Hemos resuelto solicitar una entrevista ante esta Comisión por la preocupación que nos genera el tratamiento de este tema. En este caso, no vamos a realizar ningún planteo sobre el tema salarial en virtud del preacuerdo que han firmado la Federación con el Poder Ejecutivo y la ANEP a los efectos de la distribución salarial, que va a comprender un 22,8% de aumento real en el quinquenio. Nos parecen importantes las condiciones de trabajo que se están dando debido al presupuesto que envió la ANEP y a la diferencia con el remitido por el Poder Ejecutivo. Independientemente del mensaje presupuestal que ha enviado la ANEP, es sustancial que el Parlamento resuelva sobre el mejor presupuesto, con mayores recursos y, en este caso, tiene que ver con el de la ANEP, que está hoy a consideración. Queremos plantear un punto de inequidad que no está pensado en el preacuerdo, que establece las horas  de coordinación y que no fue votado por la Cámara de Representantes.  Para nosotros esto es importante porque, por ejemplo, los profesores tienen una Unidad Docente que incorpora las horas de coordinación. El único caso que existe en la Administración, sin horas de coordinación, es el de los maestros. Por lo tanto, solicitamos que en el Presupuesto se considere esta situación. Hay un planteo por parte de las autoridades de la enseñanza de hacerlo de manera progresiva para que en el año 2015 se hayan alcanzado los 18 días de coordinación anual. En ese marco, la Federación denuncia esta situación que tanto nos preocupa, porque sería importante que esa diferencia salarial que también incide en las propuestas educativas y en su mejoramiento, sea tenida en cuenta.

En el caso de las escuelas de contexto y de tiempo completo -dos experiencias que efectivamente están dando resultados importantes en cuanto al aprendizaje- para nosotros es importante dotarlas de recursos. Queremos señalar que estamos de acuerdo con lo planteado por la multipartidaria con respecto al aumento en el número de las escuelas de tiempo completo. Pero lo que la Federación Uruguaya de Magisterio señala es que está de acuerdo con la existencia de escuelas de tiempo completo porque, sin duda, fue un proyecto que la institución en su momento apoyó e impulsó, no solo desde el año 1985 hasta el presente, sino desde su fundación. Incluso, en los documentos de la Federación está plasmado que se consideraba que el tiempo extendido en las escuelas era un elemento importante para mejorar los aprendizajes. Pero lo que planteamos es que no puede existir una escuela de tiempo completo si los niños están siete horas y media con un solo maestro y, apenas, en el mejor de los casos, lo que reciben es un tratamiento en educación física. Estas escuelas deben estar dotadas de infraestructura y de componentes docentes que permitan que en esas cuatro horas se desarrolle la tarea estrictamente técnico-pedagógica, pero que en otro momento y partiendo de otras realidades,  se lleven a cabo tareas educativas que tengan que ver con la educación física, las manualidades, la expresión plástica y no solo con lo relativo estrictamente al aula. Justamente, en este momento hay dificultades en cuanto a la inserción de profesores que desempeñan ese trabajo. Por lo tanto, las escuelas de tiempo completo, desde el punto de vista técnico-pedagógico, hoy no están rindiendo lo que nosotros esperamos.

                Queremos señalar, entonces, que estamos de acuerdo  con lo propuesto por la multipartidaria en el sentido de aumentar el tiempo de permanencia en las escuelas y también con la construcción de las mismas. Sin embargo, queremos advertir, por lo menos desde la Federación, que vemos que probablemente se genere un problema incluso hasta técnico con respecto a la construcción de  80 escuelas en un quinquenio. Si esto no ocurre, damos la bienvenida a la iniciativa y esperamos que en el año 2015  podamos contar con todas las escuelas de tiempo completo que la multipartidaria firmó que se iban a realizar. Hay que tener en cuenta que para lograrlo se necesitan recursos; creemos que lo que se votó en la Cámara de Representantes no es suficiente en lo que tiene que ver con la infraestructura y a los componentes educativos. Por lo tanto, consideramos que es fundamental que se resuelva este tema sobre el presupuesto que envía la ANEP, teniendo claro que hay una rica tradición, desde el año 1985 hasta el presente, en el sentido de que los presupuestos educativos que se votan son los que envía el Poder Ejecutivo, pero que de alguna forma a partir del complemento de lo que propone  la ANEP, se pueda conseguir un presupuesto que efectivamente contemple las necesidades educativas.

                Otro tema importante es el relativo al área rural. En ese sentido, la Federación Uruguaya de Magisterio  ha tenido un compromiso social con el trabajo rural y por ello, a partir de su revista Quehacer educativo ha desarrollado una investigación en esta área. Tenemos documentos de investigación, e incluso hemos dejado algunos ejemplares para que los señores Senadores puedan apreciar el trabajo que se hace desde la Federación, con el esfuerzo de los maestros. En este marco, para nosotros la educación rural es un puntal. Hay cerca de 1.200 escuelas en las cuales efectivamente se desarrollan trabajos de arraigo en el medio rural. Informo a los señores Senadores que tenemos planteada una problemática en, por lo menos, 359 escuelas que no tienen agua potable y en unas 250 que no cuentan con electrificación rural, preocupación que en el mes de agosto comunicamos al señor Presidente de la República. Hemos observado que en ese marco se ha tratado de solucionar estos problemas. De las reuniones mantenidas con los representantes de la UTE y OSE surgió que si bien el problema está encaminado, es importante que la solución se dé en el año 2011, para que todas las escuelas puedan contar con electrificación y agua potable, de forma tal de permitir el desarrollo de la comunidad y, por ende, la posibilidad de extender la conectividad de las computadoras a través del Plan Ceibal. Actualmente, hay lugares en los que, si bien está la computadora, no se puede utilizar porque no está conectada a la red.

                A continuación, quiero desarrollar un punto que para nosotros es trascendente y ha generado un gran impacto a nivel de la opinión pública, sobre todo, en estos últimos días. Me refiero al mantenimiento e infraestructura. Advertimos que en este marco existe un deterioro de por lo menos el 30% de los edificios escolares. Creemos que debe haber una política de mantenimiento y de construcción de nuevas escuelas que permita realizar las reparaciones y generar en forma efectiva que los niños no pierdan horas de clase y no tengan que estar dispersos por otros locales. Si bien lo que hoy aflora estaría dentro de las Escuelas Nº 29 y Nº 30 y la Escuela “Brasil”, en el día de ayer estuvimos en Maldonado y pudimos ver que también hay problemas, como los hay en Flores y en todo el país. Es más, pensamos que aquí hay una especie de contradicción entre la necesidad de reparación y los tiempos en los que ella procede. Hoy la información dice que se estaría llamando a licitación y que estaría siendo adjudicada, en el mejor de los casos y con la mayor de las suertes, a mediados del año 2011. En función de ello, y de no existir una apelación por parte de algunas de las empresas, con suerte en el 2012 se estaría procediendo a la reparación de las escuelas que hoy tienen problemas estructurales. En consecuencia, como nos parece que se está perdiendo un año importante, creemos que desde el Poder Legislativo se deberían buscar algunas soluciones que nos permitieran avanzar en el tema.

                Queremos denunciar algunas situaciones que se han dado en lo que a construcción de escuelas refiere. El procedimiento que se sigue en estas instancias es que a partir de la adjudicación hay que hacer un depósito -cuyo monto no recuerdo a cuánto asciende- para luego proceder a la construcción de la escuela. En algunos casos hemos advertido que los materiales empleados no han sido los adecuados y, por lo tanto, a la empresa que licitó la obra le conviene más perder el depósito efectuado que enfrentar la reparación de la escuela por la utilización de materiales incorrectos. Aquí hay falta de control por parte del Estado y de los organismos dependientes de la ANEP, que no realizan el trabajo correspondiente, así como de las empresas que se presentan a trabajar. Los compañeros del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos nos han trasmitido que sobre este tema han conversado con los representantes de la Cámara de la Construcción y que están tan preocupados como nosotros. Ellos reclaman que las empresas que se presenten a trabajar para la construcción lo hagan en buenas condiciones, que no se presenten y cumplan mal su labor, que no desaparezcan y vuelvan a aparecer. Estas cosas no deberían ocurrir; para nosotros es importante que el tema de la infraestructura y de la construcción se atienda de la mejor forma posible. Pensamos que se debe ubicar la escuela del futuro y, por lo tanto, no nos podemos guiar por lo que se le ocurre a un arquitecto para una escuela en Santa Catalina, en el Cerro o en Bella Unión. La idea es que, a partir de los modelos educativos existentes, sea posible ubicar una escuela del futuro en la que se puedan desarrollar espacios pedagógicos y cuente con una construcción que nos permita a todos su mejor desarrollo.

Los profesores de Educación Física han firmado un convenio con el Ministerio de Turismo y Deporte y con la ANEP y plantean una problemática que observaron en el mensaje y que queríamos dejar sentada en este ámbito, para que los señores Senadores la puedan analizar.

                Muchísimas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos la comparecencia y les informamos que, contando con la versión taquigráfica, analizaremos su planteamiento.

 

(Se retiran de Sala los representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria.)

 

(Ingresa a Sala una delegación de Encargados de Departamento y Sección de la Dirección General Impositiva.)

 

-Damos la bienvenida a los miembros de la delegación de Encargados de Departamento y Sección de la Dirección General Impositiva, integrada por el doctor Juan Pablo Cajarville, la contadora Sylvia Mance, el contador Gustavo Genoni, el señor Luis Guichón y la contadora Miriam Rodríguez.

SEÑOR GENONI.- En primer lugar, agradecemos que nos hayan recibido.

                Lo que vamos a expresar aparece en el memorándum que entregamos a los señores Senadores.

Venimos en nombre de quienes cumplimos la función de Encargados de Departamento y Sección de la Dirección General Impositiva a nivel nacional, es decir, todos los mandos medios de nuestra institución; estamos hablando de unos 180 funcionarios aproximadamente.

                Los artículos que nos atañen van del 286 al 295, y nos referiremos especialmente al 286, antes 271, y al 293, que antes era el 278.

El artículo 286 dice: “Las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General Impositiva serán provistos mediante concursos de oposición y méritos entre los funcionarios pertenecientes a dicho Organismo, salvo las funciones de Encargados de las Asesorías”, etcétera. Leído así, no merece objeciones, y queremos dejar expresa constancia de que estamos absolutamente de acuerdo con los concursos para el ingreso a la función pública, con la implementación de una verdadera carrera administrativa y también con los concursos para los ascensos y para la provisión de las encargaturas. Como las leyes no pueden tener aplicación retroactiva, se entiende que el artículo que acabo de leer plantea este concurso para las vacantes que se produzcan en el futuro. Sin embargo, está previsto, y así se ha dicho expresamente, que la idea es cesar a todos los mandos medios de la Dirección General Impositiva, es decir los que cumplen la función de encargados, y llamar a concurso para proveer esos cargos  que de hecho hoy ya han sido asumidos por nosotros, que accedimos a la función en forma regular, en el marco de la normativa vigente. Esto implica -de acuerdo con lo previsto en el artículo 292- que debemos concursar con todos los que actualmente son nuestros subordinados jerárquicos y también con los superiores.  Corresponde aclarar que el concurso no es para mejorar la situación funcional, sino para mantener la función de encargado a la que accedimos y nos corresponde conforme a derecho.

La normativa vigente es el artículo 110 de la  Ley Nº 15.903, que no prevé el concurso y establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General Impositiva, atribuirá la titularidad de las funciones referidas. La forma en que se realizó la provisión de encargaturas no es imputable a quienes desempeñan esa función, sino a la normativa vigente.

Además, es de destacar que el Decreto Nº 166 de 2005 -que refiere a la exclusividad- establece en su artículo 8º evaluaciones anuales y trianuales, siendo la evaluación insatisfactoria el único motivo  de revocación de la función. Esto, claro está,  a partir de la vigencia  del mencionado Decreto.

                Ante esta situación y luego de plantear  al señor Director las negativas consecuencias para la Administración de esta propuesta y enviar sendos documentos el 27 de julio y el 26 de agosto de 2010 -que se encuentran en la carpeta que entregamos a los señores Senadores- solicitamos una consulta jurídica al doctor Juan Pablo Cajarville -quien no necesita presentaciones, pues es Catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República- para que nos ilustrara sobre las consideraciones jurídicas y también sobre las relacionadas con el tema del principio de buena administración. La respuesta a esta consulta, in extenso, está en el cuarto punto de la carpeta que obra en poder de los señores Senadores.

                A continuación, el doctor Cajarville planteará las consideraciones jurídicas y las que tienen que ver con el principio de buena administración.

SEÑOR CAJARVILLE.- Señora Presidenta y señores Senadores: voy a tratar de insumir el menor tiempo posible a la Comisión, por un lado, porque me parece mucho más importante que los miembros escuchen a quienes están viviendo la situación planteada hoy por hoy en la DGI y, por otro, porque creo que lo mejor que puedo decir ya está expresado en el informe que redacté sobre el punto.

                Me permito empezar recordando a los señores Senadores que en la Dirección General Impositiva todavía rige un régimen creado allá por el año 1975, consistente en la separación de los cargos y las funciones. En la teoría de la organización administrativa que consagra nuestra Constitución, las funciones corresponden a cargos determinados. Por ejemplo, en estos casos en que se trata de Jefatura de Departamento o de Sección, en la concepción de la Constitución deberían existir cargos de Jefe de Departamento o de Jefe de Sección, a los cuales correspondieran justamente las funciones de Jefe de Departamento y Jefe de Sección. Como he dicho, en la Dirección General Impositiva este régimen de separación de cargos y funciones ha subsistido hasta el día de hoy.

Ahora bien, la reglamentación legal se ha ido modificando. Por efecto de determinadas leyes, la propia Dirección General de Rentas encargaba funciones a empleados que ocuparon otros cargos, distintos, dentro del escalafón funcional de la DGI. En otros casos, de acuerdo con el régimen vigente -de no ser así, me corregirán los funcionarios aquí presentes- la adjudicación de funciones es hecha por el propio Ministerio a propuesta de la  Dirección General de Rentas. En los hechos, hasta el día de hoy y de acuerdo a las disposiciones vigentes, esa designación la realiza discrecionalmente  el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo propuesta de la Dirección General de Rentas.

                En las normas originales que rigieron este sistema se establecía que el órgano que correspondiera, según el caso -esto es, la propia Dirección o el Ministerio- tenía la potestad de designar y remover a quienes se hicieran cargo de esas jefaturas. Concretamente, la expresión “serán removidas” desapareció de la ley vigente, pues se establece que el Ministerio, a propuesta, adjudicará las funciones, pero no se dispone que tenga la potestad de removerlas. Obviamente, esto no significa que la asignación de funciones se transforme en vitalicia. El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Nº 166/2005 estableció que el cese en el ejercicio de las funciones ocurriría en virtud de una evaluación anual y trianual de la gestión cumplida por los encargados, de tal manera  que si el funcionario evaluado no lograba un puntaje mínimo dentro del máximo posible, cesaba la encargatura. De manera que esa permanencia dependía de la gestión que el funcionario encargado cumpliera. ¿Qué ha ocurrido en la realidad? Que hasta el día de hoy esas evaluaciones nunca se hicieron.

Hasta aquí me he referido a lo que está vigente.      

¿Qué es lo que se propone en el proyecto del Poder Ejecutivo, que resultó aprobado en la Cámara de Diputados? Que la adjudicación de las funciones -es decir, el régimen de separación de cargos y funciones- se mantenga, con todo lo que ello implica con respecto a vaciamiento, derecho al cargo y derecho a la carrera administrativa, siendo estos últimos, dos derechos que la Constitución consagra a favor del funcionario. Sin embargo, ese no es el tema que se plantea hoy. Aquí se trata de la subsistencia de ese régimen de separación de cargos y funciones, con la modificación -que no vacilo en calificar como “mejora”- en el sentido de que la adjudicación de las últimas ya no se haría discrecionalmente, sino mediante un concurso.

                Tal como lo explicara el señor Genoni, ni los propios funcionarios actualmente encargados, ni quien habla -en calidad de asesor- tenemos objeción alguna, sino que apoyamos la circunstancia de que la encargatura deje de ser discrecional y se haga mediante un concurso. Lo que ocurre es que, tal como está redactado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fuera aprobado por la Cámara de Representantes, este nuevo régimen de adjudicación no tendría efecto retroactivo. De hecho, no lo tiene, por lo que naturalmente se aplicará a las adjudicaciones de encargatura y de funciones que ocurran a partir de la aprobación de la ley.  

                Por otro lado, en el proyecto se legaliza el régimen de evaluación anual y bianual, que tenía su origen en un decreto y ahora pasaría a tener jerarquía legal.

                Hasta aquí no tenemos nada que objetar.

                Sin embargo, la realidad es que la Dirección General Impositiva, a través de documentos formales -no estamos hablando de rumores, sino de documentos que son detallados en el informe escrito- propone que cesen  las encargaturas que se han hecho hasta el presente y que todas -partiendo de cero- se adjudiquen por concurso. Esto significa aplicar en forma retroactiva la ley que ahora se dicta. Caducarían las adjudicaciones anteriores, en virtud de que no se cumplió con un requisito que rige de ahora en más. De esta manera, se aplicaría a las adjudicaciones pasadas el régimen que se consagraría a partir de ahora. Pero esa forma de implementar el nuevo sistema sería ilegal, puesto que aplicaría retroactivamente una ley que claramente no tiene efecto retroactivo, tal como  surge de la propuesta del Poder Ejecutivo y de la norma aprobada por la Cámara de Representantes.

                Sin perjuicio de esa ilegalidad, considero innecesario señalar a los señores Senadores la falta de razonabilidad de semejante solución, que pretende “barrer de una plumada” a todos los mandos medios de la Dirección General Impositiva. No se puede barrer de golpe casi doscientos mandos medios en una organización tan compleja como es esta Dirección, con la importancia que ella tiene para el Estado y para la sociedad, y sustituirlos a todos “de un plumazo”  por nuevos titulares. En realidad, el hecho de utilizar la expresión “de un plumazo” es solo una manera de decir puesto que, en la práctica, no se podría hacer de ese modo. Pero sí puede hacerse en un papel  -por decirlo así- dejando establecida la sustitución de los encargados de jefaturas por otros designados por concurso. Ese proceso podrá llevar dos o tres años, período en el que prácticamente todas las jefaturas de la Dirección General Impositiva van a estar en régimen de interinato. Se supone que los que están a cargo seguirán actuando durante ese lapso; sin embargo, actuarán en condiciones debilitadas, puesto que ejercerán funciones de jefatura en una situación de interinato, compitiendo con quienes hoy son sus subordinados y también con aquellos que hoy son sus jerarcas superiores. La Dirección General Impositiva se caracteriza por tener todas sus jefaturas sometidas a este régimen y los cargos por encima de las jefaturas son de particular confianza. Los funcionarios que hoy ocupan cargos de particular confianza también van a concursar porque, cuando cesen en los cargos de particular confianza, van a volver a sus cargos y, por lo menos, pretenderán tener una encargatura de jefatura.

Esto está generando en la Dirección General Impositiva una situación que no es exagerado calificar de caótica y, al respecto, creo que  lo mejor es que los señores Senadores escuchen a los propios funcionarios que la están padeciendo. Espero haber dejado en claro las razones de legalidad y conveniencia por las cuales no se puede aplicar estas normas en forma retroactiva.

Para evitar que esto ocurra, en mi informe propongo dos mínimas modificaciones a los artículos aprobados.

El actual artículo 286 establece: “Las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General Impositiva serán provistos mediante concursos”, etcétera.  Mi sugerencia es que  luego de: “Las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General Impositiva”, se agregue: “cuyos actuales titulares cesen en su ejercicio como consecuencia de las evaluaciones previstas en el artículo 293” -que es el número que pasaría a tener ahora- “serán provistos mediante concursos”. De esta forma, no se borran todas las encargaturas, sino que, a medida que van vacando, se proveen mediante concurso, con el nuevo régimen.

La otra modificación, que es menor, tiene que ver con el actual artículo 293 -que consagra el sistema de evaluación- y consiste simplemente en establecer lo que es un principio general en el régimen de ascensos y calificaciones, es decir, que el funcionario que integre el tribunal de evaluación como representante de los funcionarios evaluados sea elegidos por ellos. Esto no fue incorporado en el proyecto de ley, pero es el principio que se aplica siempre en este tipo de cuestiones.

Muchas gracias.

SEÑORA MANCE.-  Queremos plantear ahora las consecuencias negativas para la Dirección General Impositiva y los aspectos vinculados a estas. Como queda claro, todos los problemas que genera este artículo 286 tienen que ver con su aplicación retroactiva. Las consecuencias negativas no se darían si se aplicara, como toda ley, a futuro. Esta propuesta promueve la división y la fragmentación entre los funcionarios. Al respecto, podemos decir que el clima institucional ya se ha visto afectado seriamente y, en caso de prosperar esta propuesta, se prolongará durante años, dado que los concursos están previstos para el 2011, en el caso de Encargado de Departamento, y para el 2012, en el de Encargado de Sección. Esto genera un alejamiento del interés de los funcionarios en el trabajo, enfocándolos hacia ese proceso de fracturación de las estructuras de la organización. Según los datos que tenemos, en principio se pueden presentar todos, pero no sabemos cómo va a terminar esto. Asimismo, las consecuencias se prolongarán más allá de 2012 porque las heridas perdurarán. Ahora, como la situación se ha salido de cauce, se está hablando de adelantar esas fechas. Se podría abundar en lo que sucede en la Comisión Bipartita, donde se formaron seis grupos de intereses distintos, con propuestas diferentes y difícilmente se llegue a un acuerdo por consenso. No lo hacemos por falta de tiempo, pero marcamos que la organización pierde un tiempo valioso en conseguir los recursos que tanto necesita el Estado para su proyecto de país.

                Los artículos que estamos analizando en esta Ley de Presupuesto que está a vuestra consideración, fueron elaborados por una Comisión de cinco personas, tres de las cuales fueron nombradas por la Directiva del gremio         -ninguno de ellos tiene el cargo de Encargado- y dos, por la Dirección. Ahora bien, los mandos medios no fuimos consultados y creemos que tampoco lo fueron varios de los Directores. También solicitamos una reunión a la Directiva del gremio a la que advertimos de las consecuencias negativas, pero no nos escucharon. Obviamente, de prosperar esta propuesta, dadas las consideraciones jurídicas que fueron expresadas, la Administración se va a ver expuesta a una lluvia de recursos, con las consecuencias que ello implica, así como a la pérdida de respeto de los mandos medios, falta de acatamiento de las órdenes impartidas y enfrentamiento entre los funcionarios, lo cual repercutirá profundamente en la búsqueda de los objetivos de la organización, situación que sería aconsejable evitar. Así pensamos quienes cuidamos de los dineros públicos con nuestro trabajo y nuestras acciones.

                La institución trasciende a las personas. Los funcionarios encargados han sido designados por una Dirección General o un Ministerio, conforme a las leyes vigentes, y durante años han edificado una memoria institucional que ha permitido llevar a buen término los objetivos de la organización, en perfecta sintonía con los profundos y sucesivos cambios que se han implementado: decreto de exclusividad, sistema de retribución por cumplimiento de metas o reforma tributaria, entre otros. Los resultados de estos cambios han sido objeto de reconocimientos nacionales e internacionales, por lo que cualquier reforma debe evitar afectar la estructura y el funcionamiento de la organización en su conjunto.

                Desde que se planteó la exclusividad en el año 2005 y se debía tomar la opción, varios compañeros que ya cumplían la función de encargado eligieron quedarse, en función de las reglas de juego existentes, el prestigio y la remuneración. No estaba previsto que siendo eficientes en su función, pudiera haber algún motivo para no permanecer en ella; mucho menos, que tuvieran que participar en un concurso abierto con aquellos que hoy supervisan y que, en algunos casos, ni siquiera eran funcionarios cuando se produjo su nombramiento. Esta propuesta no se ajusta a Derecho por querer aplicar una ley retroactivamente, es inconveniente por los perjuicios que causa y es inoportuna porque se plantea cuando la Dirección General Impositiva viene incrementando notoriamente sus niveles de eficiencia. En la medida en que la propuesta a estudio hace referencia exclusiva a las encargaturas, no implica un abordaje integral de la carrera administrativa; es más, no había ninguna necesidad de tratar este tema en una Ley de Presupuesto, dadas las urgencias que siempre hay con los artículos que verdaderamente refieren al Presupuesto. Se nos ha dicho que no hay dinero para implementar una verdadera carrera administrativa, que no existe en la Dirección  General Impositiva, donde hay funcionarios administrativos y técnicos que hace muchos años no ascienden de grado dentro de su escalafón, pero que han continuado capacitándose, por lo que no tienen el incentivo de ver sus méritos reflejados.

                El doctor Cajarville ya mencionó nuestra solicitud de que se realice una pequeña modificación en dos artículos. Asimismo, solicitamos que se dé cumplimiento al artículo 8º del Decreto Nº 166, respecto a las evaluaciones, a efectos de aplicar las normas vigentes y de que la Administración deje de estar en omisión a este respecto.

                En relación con los agregados, como dijo el doctor Cajarville, solicitamos que al artículo 286 se agregue el texto: “cuyos actuales titulares cesen en su ejercicio como consecuencia de las evaluaciones previstas en el artículo 293”. Por su parte, en el artículo 293 pretendemos que se realice el agregado mencionado anteriormente.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias a ustedes. La Comisión analizará el planteo realizado, así como el informe del doctor Cajarville, y luego nos comunicaremos.

 

(Se retiran de Sala los representantes de los Encargados de Departamento y de Sección de la  Dirección General Impositiva.)

 

(Ingresa a Sala la representante de la Unión de Impedidos de Melo, UDI.)

 

-Damos la bienvenida a la representante de la Unión de Impedidos de Melo, que tiene un planteo para realizar a la Comisión.

 

SEÑORA SÁNCHEZ.- Personalmente soy la funcionaria administrativa de la Asociación y vengo en representación de la Directiva porque, como los señores Senadores comprenderán, son todos discapacitados severos -están todos en sillas de ruedas- y no pudieron concurrir debido a los 400 kilómetros de distancia que separan a Cerro Largo de Montevideo.

                La Unión de Impedidos de Melo -UDI-3 de diciembre- es una asociación que nació en el año 1994 y reúne a personas que, en su gran mayoría, tienen una discapacidad física. Nosotros estamos peleando a pulmón, con ayuda del pueblo y beneficios, para sacar adelante a las personas con discapacidades y tratar de reinsertarlas en la sociedad. La mayoría son discapacitados que tienen secuelas de enfermedades o de accidentes de tránsito, muchas de ellas bastante importantes.

 En este momento, hemos logrado dar un paso muy importante, que es el de tener la casa propia, puesto que hasta ahora estábamos utilizando espacios que nos donaban o alquilando lugares que no fueran muy onerosos. Gracias al apoyo del pueblo, la Embajada de Japón y otras instituciones como la Intendencia Municipal, hemos logrado la casa propia y, en este momento, estamos abocados a conseguir un vehículo para trasladar a estas personas, ya sea a la sede, donde se realizan talleres y reuniones, o a los lugares donde se lleva a cabo su capacitación y rehabilitación. Ahora tenemos en comodato un vehículo de Salud Pública, que ya era obsoleto cuando lo tenían ellos y para cuyo mantenimiento debemos destinar cantidades bastante importantes de dinero. Además, muchas veces nos deja sin poder llevar a los asociados a los talleres o a la rehabilitación.

Como segundo punto, quiero señalar que tenemos la intención de seguir creciendo -en este momento, ayudamos a más de cincuenta personas- y tener un equipo multidisciplinario, que sería imprescindible. Estamos trabajando, sobre todo, con profesores que hacen un trabajo honorario y no contamos con psicólogos ni asistentes sociales. Intentamos lograrlo, pero en base a mucho esfuerzo y voluntad.

Por otra parte, traje a la Comisión un CD en el que se puede ver, sobre todo en fotos, cómo ha crecido la asociación, para que puedan percibir por sí mismos lo que para nosotros es tan importante, que es verlos progresar, aunque muchas veces en forma más lenta que una persona con todas sus capacidades. Nos gustaría que los señores Senadores puedan ver lo difícil que es todo esto, sobre todo en el interior, en un lugar tan distante y con realidades tan distintas a las de Montevideo.

Quiero aclarar que ya contamos con un apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es tremendamente valioso, sobre todo para poder seguir realizando los talleres, que son muy costosos. Concretamente, están funcionando talleres de cerámica, cuero, panadería y rehabilitación física, pero reitero que lo hacemos todo a pulmón.

SEÑOR PEÑA.- Quisiera saber si esto ya fue presentado en la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, ya tiene una partida en la planilla.

                La Comisión va a analizar esta solicitud, pero reitero que ya ha sido aprobada una partida en la Cámara de Representantes.

                Agradecemos su presencia, sobre todo por venir desde tan lejos.

SEÑORA SÁNCHEZ.- Muchas gracias a ustedes.

 

(Se retira de Sala la representante de la Unión de Impedidos de Melo, UDI)

 

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el honor de recibir a la delegación de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, integrada por los doctores Gambini, Caetano, Cancela, Markarian, Valle Lisboa, Guirado y por el ingeniero agrónomo González Idiarte.

                La Subcomisión va a escuchar este planteamiento que luego analizará la Comisión en pleno, cuando discutamos en particular el proyecto de ley de Presupuesto.

SEÑOR MARKARIAN.- Integro la Comisión de Presupuesto de la Universidad de la República.

Podríamos decir que en la delegación que me acompaña tenemos una triple integración, ya que hay dos miembros de la Comisión de Presupuesto, dos miembros de la Dirección del gremio propiamente dicho y tres connotados universitarios, que entendimos tenían que estar presentes por ser firmantes de una carta que está dentro de los   materiales que hemos entregado a los señores Senadores.

Esta carta -aclaro que incluimos las firmas en el repartido- tiene el propósito de manifestar la preocupación del cuerpo docente -en particular, de quienes la firmamos- respecto al trámite que inicialmente tuvo la propuesta del Poder Ejecutivo -que luego, en términos minoritarios, ratificó la Cámara de Representantes- en relación con el sistema educativo público y, en particular, con la Universidad de la República.

Como señala la carta al comienzo, nosotros no somos acólitos de la Universidad sino críticos y, por ende,  no tenemos una actitud complaciente con respecto a la gestión universitaria. Sin embargo,  estamos firmemente comprometidos con la institución. En ese sentido, creemos que el desarrollo de la educación pública del país exige una mayor atención que la que  se le está brindando en este momento.

Algo de esto se señala en el comienzo de la carta. Más adelante, tomando una expresión que se ha hecho común en el país, se dice: “Para ser un país de primera debemos aumentar dramáticamente el número de personas con formación terciaria de calidad, aumentar los servicios de referencia en la salud, en la ingeniería, en las ciencias, entre otros. La Universidad está trabajando seriamente para cambiar, para mejorar, para ser cada vez más útil para el desarrollo integral del país y la propuesta del gobierno parece no reconocer este esfuerzo ya que ofrece menos de la tercera parte del incremento pedido por la Universidad. En muchos casos no avanzar es retroceder”. Esta afirmación responde a que en el pedido universitario se solicita para el quinquenio que ahora va a comenzar el mismo incremento que en el quinquenio anterior. El incremento que tuvo la Universidad entre el año 2005 y 2010 fue, aproximadamente, del 70%, en términos reales, y ahora también  se solicita el 70% para el período 2011-2015. En ese sentido, en muchos casos no avanzar es retroceder, y esto es dramáticamente cierto para la Universidad, en la que no solo es necesario avanzar, sino que debe hacerse en forma sostenida.

El esfuerzo planteado en el período que termina redundará en mejoras perceptibles si se transforma en una política estable y previsible a largo plazo. Después de pocos años de aumento de los fondos destinados a la educación y antes de que los mismos terminen de dar frutos, el proyecto de Presupuesto reduce la parte de Producto Bruto Interno que destinará el país para la educación superior y frustra las perspectivas  de mejora a mediano plazo.

                Mi intervención, básicamente, se refiere a dar algunos números que demuestren lo que acabo de leer. Para ello hay que ver el memorando presentado por esta delegación  -la fecha está indicada arriba- en el que se muestran los números que dicen que, efectivamente, el porcentaje indicado es poco más del 20% de crecimiento para todo el quinquenio por parte de la institución. Además, no satisface esta fundamentación que ya dimos en cuanto a repetir el incremento en términos reales que tuvimos en el Presupuesto anterior y, en particular, observa que diversos rubros -y ello figura en la primera página- que la institución quiere desarrollar, reciben montos cero en el planteamiento del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Representantes. Aquí dice “Proyecto del Poder Ejecutivo”, pero las cifras fueron ratificadas por la Cámara de Representantes.

                Nos interesa destacar que si bien los montos que se destinan a obras en el interior son importantes -particularmente el de obras, que se repite a lo largo del quinquenio en $ 350:000.000 para todos los años- es un hecho que hacer obras y no tener capacidad para hacerlas funcionar adecuadamente -porque no hay dinero para pagar la luz de los edificios- nos parece que es un  defecto que tiene el proyecto presentado y creemos necesario solucionar.

                Más adelante se explica a qué se refieren los programas que aparecen con cifra cero en la propuesta y en lo votado en la Cámara de Representantes. Ellos son los que atienden la demanda creciente de enseñanza universitaria, el refuerzo de la capacidad y dedicación docente en las tareas de investigación, la mejora del apoyo técnico a las funciones universitarias, nuevas iniciativas de investigación, fortalecimiento de la red de extensión -que ha crecido en los últimos años- reestructura de la carrera docente y no docente y la mejora de la gestión. Esos rubros aparecen con rubro cero en la presentación. La Universidad pidió para el primer año -y son las cifras explícitas aquí-                     $ 270:000.000 y creemos necesario solucionar este aspecto de desequilibrio. En una reunión que mantuvimos con el Presidente de la República y ante el Ministro de Economía y Finanzas dijimos que se podría decir que quien mira esto puede decir que este Presupuesto está mal hecho. Creo que esa es la afirmación que se puede hacer si lo mira un universitario o una persona que analiza debidamente el crecimiento de las estructuras, en particular, las universitarias; porque esta es una delegación de docentes.

                En el informe que les presentamos se plasman las tres grandes iniciativas que hay para continuar modificando la estructura docente de la institución. Es sabido que la Institución ha crecido mucho y no solo monetariamente -creció un 70% en cinco años- sino también en el número de alumnos. También lo ha hecho en su capacidad de investigación y en su capacidad de vincularse con la sociedad a través de diversos procedimientos. Estamos interesados en que haya una mejora de la calidad del cuerpo docente y no solo en la cantidad de componentes. La mejora de la calidad se logra evaluando mediante los sistemas normales que la institución tiene y que son respetados para designar y renovar a sus docentes. La Universidad de la República es de las pocas instituciones que tiene cargos necesariamente a término, porque a los cinco años de haber sido nombrados vencen y tenemos que pelear, es decir, defender la renovación ante Comisiones, Consejos de Facultad u otros.

                Ese procedimiento tan bueno y que, obviamente, ratificamos en todas sus formas, merece que el esfuerzo por mejorar la calidad se refleje incrementando el horario promedio del personal docente y que ocupe los grados que le corresponden de acuerdo con las escalas que la institución prevé. Se ha invertido mucho en estos procedimientos en los últimos tres años, pero quiero destacar que se ha hecho a costa del salario de quienes ocupamos esos cargos ahora. Hemos recibido menos aumento de los que se destinaron originalmente para incremento de los funcionarios universitarios en general, porque los docentes cedimos una parte de nuestros aumentos para propiciar estas políticas de incremento de grado y de aumento de dedicación horaria. Independientemente de que después les hagamos llegar las cifras, nos parece importante destacarlo ahora.

                La segunda cuestión a destacar es que una buena universidad como la nuestra tiene la mayor parte de su personal docente en régimen de dedicación total, preocupada esencialmente por cumplir con las variadas funciones de nuestro trabajo, en este caso particular, la tarea de gestión, que según el cogobierno todos los docentes debemos hacerla. De modo que a las tareas de enseñanza directa de investigación y extensión se agregan estas otras, por lo que el interés de que el personal docente ocupe mayoritariamente cargos con régimen de dedicación total, “sin ocupar la cabeza” -entre comillas- en nuestros menesteres intelectuales, afortunadamente se ha fortificado en el último período. Las cifras de 2005 indican que había 530 docentes; por lejos, no es el 7% como se indica en el texto. Las buenas universidades tienen ese porcentaje; en nuestro caso, estamos cerca del 10% por lo que se ha hecho y al final del quinquenio pretendemos llegar al entorno del 14%, pero para eso se necesita un monto importante de dinero, porque la dedicación total implica que no podamos hacer esencialmente trabajo extra remunerado -por más que hay algunas excepciones- pero sí deberíamos tener una mejor retribución.

Las cifras de los porcentajes correspondientes están indicadas en el texto, por lo que no me voy a extender, pues allí se utiliza un lenguaje sencillo y, además, la presentación numérica en detalle la hará la Universidad cuando concurra a esta Comisión la semana próxima.

                Hay un tercer capítulo que es importante destacar. Pese a que en este período los salarios universitarios han crecido y lo reconocemos, nos parece que por el tipo de funciones que la institución realiza y teniendo en cuenta las remuneraciones del mercado laboral nacional, que se han incrementado mucho -sobre todo los sueldos de aquellas personas equiparables a nosotros en cuanto a su compromiso intelectual y a sus obligaciones- y aun a escala internacional son más deficitarias si las comparamos con Brasil y Argentina por estar más cercanos a nosotros, es necesaria una recuperación salarial mayor que la que obtuvimos anteriormente. De un informe del Instituto de la Facultad de Ciencias Económicas surge que la cifra resultante de esos cálculos sería de un 20% a lo largo del quinquenio.

                Por todo esto que acabo de manifestar, según lo previsto hasta al fin del quinquenio, las cifras serían menores que las que pide la institución como tal. Los cálculos que hemos realizado dan que serían necesarios $ 500:000.000 para llevar a cabo las políticas estructurales de que hablamos al principio, y otro tanto o un poco más para destinar a las políticas de incremento salarial, que tienen que ver con los planteos explícitos que hacíamos en términos del personal docente de la institución. Hay algunas cifras referidas al personal no docente, con el que tenemos buenas relaciones y que, por tanto, incluimos en la presentación que hemos hecho.

                Un último punto que quiero mencionar tiene que ver con la financiación de todo esto y se vincula a un tema muy debatido, que está en trámite de discusión a partir de una mesa de diálogo que se abrió desde la Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, que integran el Ministerio de Educación y Cultura a través del Director General de Educación, y tres representantes por cada uno de los grandes organismos autónomos de la Educación. En esa mesa de diálogo se discute mucho sobre los posibles fondos para financiar estos asuntos. La Universidad y la ANEP -por una comunicación que me hizo el señor Rector hoy de mañana- en función de la promesa que se ha realizado en el sentido de destinar el 4,5% del PIB a la educación -entendiendo como tal a la totalidad de las partidas destinadas a algún rubro “educación”, lo que incluye a la militar y a la policial, así como a todo el sistema de enseñanza con computadoras en Primaria y Secundaria y otros- llegan a la conclusión de que la suma no da ese porcentaje del 4,5% y que, por el contrario, alcanza un 4,3% o un 4,2%, dependiendo de cual será el PIB de 2010.  Como todos ustedes saben, los números que hoy se manejan indican que ese valor será superior al 6,5% previsto en el proyecto en consideración elevado por el Poder Ejecutivo.

                Por lo tanto, el reclamo elemental que estamos haciendo con mucha fuerza es que se cumpla con la promesa de dar el 4,5%. En estos días los representantes del Ministerio nos dijeron que no están dispuestos a abrir una discusión sobre la masa de dinero disponible a lo largo del quinquenio para la totalidad del Presupuesto. Pero, por la afirmación que figura en el documento enviado por el Poder Ejecutivo, por declaraciones de todo el Gobierno anterior, como así también por la opinión pública -hay una encuesta que se publicó hace tres o cuatro días en la prensa que indica que el 50% de la población apoya nuestro pedido del 6,5%- decimos que hay que cumplir con la promesa, la cual significa una partida importante. Quizás en el primer año habría que dar el doble de lo que se consideró en la Cámara de Representantes, pero esa sería una cifra superior. Sí está claro que se debería tratar de llegar a ese 4,5%. Las cifras están indicadas en el ítem 2 del documento que hemos presentado, constan también en una resolución tomada por el Consejo Directivo Central de la Universidad y, como ya dije, han sido ratificadas por la ANEP más recientemente. Esto ha llevado a que la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública -integrada, en particular, por representantes del Poder Ejecutivo- declarara entre sus metas -las que he expresado, pero en forma más detallada porque incluyen a la ANEP- exigir una inversión sostenida y mayor que la que está planteada en el proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo para el conjunto de la Educación Pública. Esto ha sido firmado por miembros del actual Poder Ejecutivo.

Desarrollando esa declaración -que fue presentada en la sesión del 27 de octubre- vemos que la Coordinadora -voy a mencionar algunos puntos de la resolución y tengo buen viento en el sentido de que lo que voy a leer fue oficializado en la tarde de ayer por la Coordinadora; esta se reúne y los textos complicados como este llevan tiempo en ser terminados- expresa su disposición a trabajar en el ámbito que se crea necesario para conseguir acuerdos que permitan a la ANEP y a la Universidad asignar recursos, en el marco de sus respectivos presupuestos, de modo tal que les posibilite encarar efectivamente todos los objetivos planteados para el período, destacando su compromiso a promover la elaboración de criterios que permitan, desde el 2011, dar destino a los recursos que se generen debido al crecimiento del Producto Bruto Interno por encima de lo previsto al momento de elaborar el proyecto de ley presupuestal. Esto hace referencia a lo que mencioné en último término.

                En aras de la brevedad -creo que la información está toda contenida con claridad en los documentos que les hemos presentado- voy a terminar mi intervención.

SEÑOR CAETANO.- No voy a hacer comentarios específicos sobre el Presupuesto, simplemente los invito a leer el memo y los documentos que les hemos dejado.

                Muy brevemente quiero decir dos o tres cosas muy específicas. Reafirmo lo que ha señalado el doctor Markarian, en el sentido de que no venimos como acólitos de una institución que no busque transformarse, sino todo lo contrario; venimos a defender el programa de la transformación radical de la Universidad de la República. No venimos aquí desde una lógica corporativa para defender meramente un grupo ajeno, de alguna manera, al reto de pensar, como se piensa en un presupuesto, sobre el desarrollo del país. Venimos a defender aspectos sustantivos de la transformación de la Universidad de la República. Y, por cierto, si venimos a defender aspectos sustantivos de la Universidad de la República, también venimos a defender el rol de la enseñanza, de la investigación y de la innovación como factor crucial del desarrollo. Estoy seguro de que ustedes comparten esto. Lo que ocurre es que en el Presupuesto los objetivos se concretan y, créanme, en este Presupuesto hay señales hacia la Universidad de la República que son adversas. Simplemente voy a referirme a dos de esas señales.

El hecho de que la estimación de incremento del Presupuesto no acompañe las previsiones más moderadas de incremento del Producto en los cinco años, es una señal negativa porque marca la discontinuidad de una postura que, de alguna manera, requería una apuesta fuerte a la reforma universitaria y al rol de la educación -no solo universitaria, pero también la universitaria- en el desarrollo del país. En particular, la previsión de incremento cero para 2011 sobre rubros que son el corazón de la transformación universitaria que está teniendo lugar, indica señales muy negativas para el colectivo universitario. Esto quiere decir que queremos transferir la idea de que la Universidad está en un programa de transformación, que no está a la defensiva y que quiere rendición de cuentas públicas. De alguna manera, la Universidad recupera el sentido de su nombre: es la Universidad de la República y queremos ser motor de transformación dentro del sistema educativo en su conjunto y como factor de desarrollo. En ese sentido, creemos que el Presupuesto debe reformarse en algunos aspectos sustantivos, y en particular en aquellos que a nuestro juicio hacen al corazón de la transformación universitaria.

                Como los señores Senadores han visto, esta es una delegación que incorpora componentes diversos; aquí hay compañeros que son integrantes cotidianos de la Directiva de ADUR, pero también venimos otros universitarios que, de alguna manera, queremos respaldar esta gestión a partir de nuestro rol como investigadores, como integrantes del sistema docente y, en ese sentido, un Presupuesto es muy importante porque, como se sabe, suele ser la ley más importante de toda Legislatura, es un programa de país. Creemos que no estamos solicitando algo corporativo cuando estamos reclamando los incrementos que la Universidad necesita en aspectos sustantivos de su labor, precisamente, para cumplir mejor su función y transformarse.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación su participación y les adelantamos que analizaremos con atención el planteamiento que han formulado cuando llegue el momento de la discusión en Comisión de este Inciso en particular.

 

(Se retira de Sala la delegación de Docentes de la Universidad de la República)

 

(Ingresa a Sala la delegación de Funcionarios Odontológicos de la Dirección Nacional de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte)

 

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Penadés)

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a una delegación de Funcionarios Odontológicos de la Dirección Nacional de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte.

                Con mucho gusto escucharemos su planteo.

SEÑORA OTERO.- Mi nombre es Beatriz Otero y soy odontóloga tratante del Servicio Odontológico de la Dirección Nacional de Deporte, perteneciente al Ministerio de Turismo y Deporte. Este servicio odontológico existe desde hace 40 años prestando una asistencia integral a sus funcionarios, socios docentes y no docentes, y sus familiares directos que acceden a este servicio pagando una mensualidad muy baja, de $ 20 mensuales. Los aranceles odontológicos también son de muy bajo valor porque su única finalidad es abastecer el servicio.

Somos profesionales de la salud pero nuestros sueldos son bajos y, por este motivo, quisiéramos ser equiparados con otros colegas del Estado, eliminando las diferencias entre nuestras remuneraciones. Hasta mediados del año 2002 nuestras remuneraciones se calculaban en base a la cantidad de horas en que éramos convocados pues dependíamos del rubro guardias médicas, éramos convocados permanentes. En ese año se regulariza nuestra situación a través de un contrato de función pública, exigiendo la Oficina Nacional del Servicio Civil que nuestros sueldos sean tomados de la planilla de liquidaciones, tomando como base el mes más favorable para la mayoría de los funcionarios.  Como ya dije, estas remuneraciones eran diferentes porque dependían de la carga horaria en que fuéramos convocados. Pedimos que la remuneración fuese la misma para todos los funcionarios, inclusive, que se hiciera un promedio del año, pero estas peticiones fueron negadas. Entonces, se firmaba esto o nada; de lo contrario, nos quedábamos sin trabajo ya que el rubro guardias médicas desaparecería. Luego de finalizada la regularización pasamos a trabajar más horas, por el mismo sueldo y en el grado más bajo, Grado 4, Escalafón A. A pesar de que la mayoría de los odontólogos teníamos más de 20 años en este servicio -el contrato que firmamos fue de 30 horas- recién fuimos presupuestados en el año 2008 y todavía tenemos grandes diferencias de sueldos que, en algunos casos, llegan a los $ 11.000. 

                Somos funcionarios presupuestados y, por lo tanto, pertenecemos a los recursos humanos del Estado y no tenemos inconvenientes en desempeñar nuestra función en cualquier otro organismo, percibiendo una remuneración digna, acorde al monto de la canasta básica familiar.

                Finalmente quisiera señalar que 20 es el promedio de años de trabajo de los funcionarios del servicio, aunque en lo personal hace 27 años que desempeño esta función.             

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos tomado nota de su planteo que será analizado en el momento de la consideración del Presupuesto y oportunamente recibirán una respuesta por parte de la Comisión. Les agradecemos su presencia y valoramos la brevedad de la exposición realizada.

 

(Se retira la delegación de Funcionarios Odontológicos de la Dirección Nacional de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte)

 

(Ingresa a Sala la delegación del Hogar del anciano “Valentín Berezan Arenson”. Comisión pro bienestar social del anciano de Young)

 

-La subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de la República tiene el gusto de recibir a representantes del Hogar del anciano “Valentín Berezan Arenson” Comisión pro bienestar social del anciano de Young, departamento de Río Negro. Los recibimos con mucho gusto y les vamos a ceder el uso de la palabra para que en el tiempo estipulado nos hagan su planteo. Posteriormente, la Comisión lo analizará y les comunicaremos la respuesta en el tiempo que lleguen las definiciones del Presupuesto.

SEÑOR VARIETTI.- Soy el Presidente de la Comisión de Fomento del Hogar del Anciano “Valentín Berezan Arenson”, de Young. En primer término, queremos agradecer a los señores Senadores que nos hayan dado esta oportunidad para plantear nuestras inquietudes.

                El motivo por el cual solicitamos a través de una carta esta audiencia, es que necesitamos que nos ayuden porque el Hogar está creciendo a pasos agigantados. Actualmente contamos con 44 residentes. El aporte que cada uno de ellos hace, reglamentariamente, es del 80% de sus ingresos. Hoy en día se nos está haciendo cada vez más difícil -por no decir imposible-  mantenerlo. Reitero que tenemos 44 residentes pero hay varias personas que están esperando la oportunidad de ingresar al Hogar. Esta Comisión ha hecho lo imposible -y lo va a seguir haciendo- pero ahora necesitamos ayuda porque queremos ampliar la cocina para dar mayor comodidad a las 17 funcionarias que allí trabajan -aprovecho para decir que no dan abasto y que, por lo menos, necesitamos que ingresen tres más- y aumentar la capacidad de los baños. Insisto en que decidimos plantear nuestro problema en la Comisión porque para nosotros es casi imposible brindar ese servicio tan necesario para los abuelos. Reitero que nuestro objetivo es dar la mayor comodidad a las funcionarias para que desarrollen sus tareas, pero también queremos ofrecer mayor comodidad a los residentes, ampliando los baños.

                Habría mucho para hablar del Hogar del Anciano, pero creo que los señores Senadores son capaces de captar en pocas palabras lo que significa tener hoy en día 44 ancianos en el Centro. Hay algunos que hace diez, doce y hasta quince años que están residiendo en el Hogar y sus ingresos son de alrededor de $ 4.400. Informo a los señores Senadores que actualmente estamos solicitando $ 7.500 a las personas que ingresan, pero no todas tienen familiares y, por supuesto, no las podemos dejar en la calle. Por esta razón, tenemos que hacer lo posible para que todos se sientan cómodos y el tiempo que tienen por delante lo pasen lo mejor que se pueda.

                Habría mucho más para decir, pero me gustaría que hiciera uso de la palabra la persona que verdaderamente conoce sobre la obra que necesitamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a dar la palabra a la Arquitecta Solari y rogamos que haga un resumen breve de la proyección de obras. Digo esto porque se nos ha entregado una carpeta con el proyecto propuesto para que se ayude a financiar.

SEÑORA SOLARI.- Como bien señaló el señor Presidente, toda la información está en la carpeta que presentamos. El Hogar cuenta, actualmente, con dos cocinas separadas por un patio y los días de lluvia se complica bastante el traslado de la comida de un lado hacia el otro. La idea es ampliar la cocina y unificar en un solo salón todas las actividades. Con respecto a los baños, nuestra intención es construir baños para discapacitados para que los ancianos tengan mayor movilidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Recibida la carpeta y con la introducción que ha realizado el señor Varietti, agradecemos que hayan venido a Montevideo para realizar este planteo, que la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda analizará. Informo que los Diputados por el departamento de Río Negro nos han solicitado que pongamos especial atención en este tema.

 

(Se retira de Sala la delegación del Hogar del Anciano “Valentín Berezan Arenson”)

 

(Ingresa a Sala la Asociación de Informáticos del Poder Judicial)

 

                -La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir a la Asociación de Informáticos del Poder Judicial. En virtud de que ya están en conocimiento del mecanismo de funcionamiento de este Cuerpo y del tiempo de que disponen para realizar la exposición, les cedemos la palabra.

SEÑOR ARAMBILLETE.- Soy ingeniero en informática del Poder Judicial y les agradecemos el tiempo que nos han concedido para plantear nuestras aspiraciones.

                Así como lo han hecho otros trabajadores del Poder Judicial, concurrimos a este ámbito en forma independiente. En esta oportunidad, queremos insistir en una reivindicación que aparece en el inciso B) del artículo 635 del proyecto de ley de Presupuesto, que refiere a la inclusión de la prima por asiduidad para nuestro escalafón.

                Queremos señalar que nuestra Asociación nació hace cuatro años como consecuencia de que en la negociación del pasado quinquenio el Poder Legislativo dispuso un incremento general para todos los funcionarios públicos del entorno del 20,5% y una partida especial para el Poder Judicial que oscilaba en el 33% que, luego con los ajustes, resultó un porcentaje mayor. Cuando el Poder Judicial distribuyó esas partidas, nosotros quedamos no solo fuera de la reestructura, sino también de ese 20,5%, y esto nos llevó a que, de manera independiente, mantuviéramos un conflicto con la institución, es decir, con la Suprema Corte de Justicia, a raíz del cual, desde 2008 a 2010, logramos recuperar un 17,5% de ese 20,5% dispuesto. Esta situación nos llevó a constituirnos como una asociación independiente y a manejar estos reclamos.

                Consideramos importante que los sectores profesionales                         -particularmente los sectores informáticos del Poder Judicial, que son los que defendemos- queden comprendidos dentro de todos los incrementos que se prevean y que se les incluya esta prima por asiduidad, dado que las mejoras tecnológicas que se hacen en el Estado son fundamentales, como lo es la inversión que el Poder Judicial está haciendo en ese sentido.

                Por su parte, apoyamos también las solicitudes hechas por la corporación en general en lo que a incremento de cargos refiere, porque ello permitirá llevar adelante el desarrollo informático en nuestra institución. En los últimos años, el Poder Judicial ha hecho importantes inversiones que lo ha llevado a contar con una red nacional judicial que abarca a todos los Juzgados Letrados, tanto civiles como penales. Además, hay un desarrollo propio en materia informática y está en plena instalación un sistema para los Juzgados Penales. Toda esta tarea es desempeñada por un grupo de 70 funcionarios informáticos. Por lo tanto, consideramos que para mantener el desarrollo informático -que está apoyado en el Rubro 0 e implica un ahorro para el Estado- es necesario contar con la aprobación de los requerimientos hechos por la corporación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos recibido el memorándum, por lo que la Comisión analizará la propuesta y cuando adoptemos resolución, les informaremos. Les agradecemos por la visita y nos mantendremos en contacto.

 

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Informáticos del Poder Judicial)

 

(Ingresan a Sala los representantes de Cinemateca Uruguaya)

 

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a una delegación de Cinemateca Uruguaya, que ha solicitado ser recibida para realizar un planteo.

SEÑORA SANTACREU.- Muchas gracias por recibirnos.

Soy coordinadora de Cinemateca Uruguaya y pedimos ser recibidos para llamar la atención sobre la situación en la que nos encontramos. Como ustedes saben, Cinemateca Uruguaya es el archivo fílmico más grande del país  y viene arrastrando una situación deficitaria desde hace bastante tiempo. Por ese motivo, queríamos nuevamente solicitar -porque no es la primera vez que lo hacemos- que se busque una forma de ayudar de manera sostenida a Cinemateca, que se encuentra operando en solitario desde hace 58 años.

Estamos manteniendo reuniones con el Ministerio de Educación y Cultura y con la Intendencia Municipal de Montevideo a los efectos de obtener una ayuda sostenida por parte del Estado para poder desarrollar nuestra tarea. Imagínense si el Archivo General de la Nación tuviera que solventar sus actividades en solitario; Cinemateca lo viene haciendo, pero creemos necesario un apoyo de parte del Estado más decidido y estructural a esta situación. 

En la actualidad, Cinemateca cuenta con un déficit operativo que asciende, aproximadamente, a US$ 20.000 mensuales y un pasivo que ronda los US$ 100.000, no tiene sala propia, no tiene sede y solventa sus actividades con el aporte mensual de sus socios, que es bajo, porque la cuota  oscila entre $ 150 y $ 200. Con esos ingresos y el de boletería que aporta la gente que no es socia, solventa la manutención del patrimonio fílmico nacional, integrado por más de 20.000 películas. Como dije, esos gastos los solventa en solitario. Estamos hablando de los gastos que se realizan para mantener el archivo y también de los que implica tener un circuito de exhibición propio,  que en estos momentos es inadecuado porque Cinemateca no ha podido ponerse a tiro con los cambios tecnológicos que fueron mejorando la manera de acceder al audiovisual.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás)

-Pretendemos hacer un llamado de atención porque no existe una ley que asegure a Cinemateca una ayuda sostenida que nos permita trabajar de manera más tranquila, sabiendo que parte de las actividades están garantizadas. Creemos que estas actividades son fundamentales para el país, en tanto preservan la memoria, el patrimonio y, además, democratizan el acceso a este acervo que, creemos, es muy valioso.

No sé si los señores Senadores tienen alguna pregunta para formular.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber si están recibiendo algún aporte y a cuánto asciende.

SANTACREU.- En los últimos cinco años, recibimos cuatro partidas: tres de US$ 50.000 y una de US$ 80.000. Son partidas asistemáticas, otorgadas por  el Ministerio de Educación y Cultura. La situación es problemática porque, en general, cuando llega la ayuda estamos tan atrás, que ni siquiera  nos permite pararnos en un lugar más firme, pues ese dinero ya está prácticamente gastado.

SEÑOR MICHELINI.- ¿En la Cámara de Representantes se incorporó una partida?

SEÑORA SANTACREU.- Creo que el señor Senador se está refiriendo a una subvención de $ 200.000 anuales.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Recibían alguna subvención?

SEÑORA SANTACREU.- No, es una partida que se incorporó en esta Rendición de Cuentas. Nos parece que está muy bien y la agradecemos, pero es muy pequeña, prácticamente  simbólica.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación la entrega del material que nos han brindado y les informamos que tomaremos en cuenta su planteo en la discusión propia de la Comisión.

(Se retiran de Sala los representantes de Cinemateca Uruguaya)

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Escuelita Pelota de Trapo de Tranqueras)

 

                -La Subcomisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado da la bienvenida a los representantes de la Escuelita Pelota de Trapo de Tranqueras, a quienes recordamos que disponen de 15 minutos para realizar su planteo.

                Con todo gusto, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR ACOSTA.- Buenos días. Agradecemos a los señores Senadores que nos hayan recibido.

Mi nombre es Matías Acosta y junto a Tabaré Do Prado venimos en representación de la Escuelita Pelota de Trapo de Tranqueras. Como es obvio,  viajamos unos cuantos kilómetros para llegar hasta aquí.

                El motivo de nuestra visita es presentar a la Escuelita,  que ya tiene unos cuantos años funcionando y en la que trabajamos también para lograr la inclusión social de los niños de esa ciudad, teniendo en cuenta la realidad en la que viven.

                En sus comienzos, la Escuelita tuvo una finalidad deportiva, pero en la actualidad cumple un cometido social, pues estamos sacando a muchos niños de la marginación y  haciéndolos practicar deporte. Hace poco tiempo, con mucha alegría, firmamos un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para que aquellos niños que no han tenido la posibilidad de asistir a la escuela, pero que sí  vienen a la Escuelita, puedan aprender computación.

                En términos generales estamos abocados a tener nuestro propio campo de fútbol, y así poder continuar desarrollándonos. Hasta ahora hemos tenido que recurrir a otros campos y practicar en otros lugares, pero hoy por hoy,  mediante un comodato con una institución, se nos ha prestado un campo, y nuestro deseo es cerrarlo para tener allí nuestro propio lugar.

                Cabe destacar que la Escuelita atiende a más de 180 niños, a quienes, no solamente les ofrecemos atención en lo que respecta al deporte, sino también la posibilidad de  hacer viajes, como los que hemos concretado a diferentes lugares. De esta manera, muchos niños que no habían tenido oportunidad de salir de su pueblo, pudieron conocer Tacuarembó y Rivera. Allí organizamos campeonatos de fútbol en los que participaron más de 450 niños. Estas actividades demuestran, entonces, que estamos cumpliendo también una función social.

                Ahora, me gustaría que expusiera mi compañero, Tabaré do Prado, que es un ex futbolista y, un poco, el creador de esta iniciativa.

SEÑOR DO PRADO.- En primer lugar, quiero agradecerles por brindarnos la oportunidad de hablar de nuestro trabajo.

                En un principio, la Escuelita se creó solamente con un fin deportivo, pero después vimos que era necesario que nos ocupáramos de la parte social, sobre todo porque estamos cerca de la frontera y, en cierta forma, eso transforma a la zona en un lugar peligroso, además los padres trabajan todo el día afuera de sus casas, los niños pasan mucho tiempo solos y tenemos el problema de las drogas.

                La primera condición que ponemos a los niños que concurren a la Escuelita es que deben estudiar y por esa razón estamos peleando por conseguir una maestra de apoyo para los más chicos. Asimismo, creemos importante contar con un merendero, porque estamos en una zona muy carenciada.  No debemos olvidar que Tranqueras está un poco olvidada en el mapa y hay dificultades muy grandes para conseguir trabajo lo que hace que  también los niños estén desatendidos. Entonces, lo que tratamos de hacer, dentro de lo posible, es  brindarles una solución a través del deporte, que es lo que a los niños más les gusta y de esa forma obligarlos a estudiar, porque de ello depende su futuro.

Si bien trabajamos con niños de 4 a 15 años  -después van saliendo de la Escuelita porque pasan a integrar clubes- estamos más abocados a atender a los niños más chicos, que son los que viven más dificultades en la ciudad.

Tenemos varios problemas para solucionar. Por ejemplo, no teníamos cancha para practicar y ahora conseguimos un terreno pero debemos acondicionarlo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para lograrlo pero necesitamos golpear algunas puertas para conseguir ayuda y que esos chiquilines tengan un espacio propio  para trabajar tranquilos.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Concretamente, su planteo tiene que ver con la obtención de una partida.

SEÑOR DO PRADO.- Exactamente.

SEÑOR VIERA.-   Quiero dar la bienvenida a los representantes de la Escuelita y señalar que por la cercanía de nuestro departamento con Tranqueras conozco el trabajo que realizan y puedo dar fe de que, además de lo deportivo, brindan una labor social muy importante, por lo que nos parece un planteo muy justo; ahora, todo dependerá de los recursos con que se cuente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos el material que nos han entregado y la Comisión va a analizar en su momento el planteamiento que nos han realizado.

SEÑOR ACOSTA.- Por nuestra parte, les queremos dar las gracias  por la atención que nos brindaron.  Quiero reiterar que realmente cumplimos una tarea social con estos niños que son el futuro. A pesar de estar lejos de la capital, hemos salido adelante con el apoyo de los padres de los niños que asisten a la Escuelita y es algo que agradecemos muchísimo.  Pensamos que vamos por el buen camino por lo que sería bueno contar con el apoyo de esa partida  que, en definitiva, no alcanzaría para cubrir el cien por ciento de lo que tenemos planeado -las aspiraciones son muchas- pero, sumado al que recibimos de cada uno de los padres,  sería un buen apoyo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.

                (Se retira de Sala la delegación de la Escuelita Pelota de Trapo de Tranqueras)

 

(Ingresa a Sala la delegación de  Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales, ADES)

 

-La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a los representantes de la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales (ADES), quienes tendrán el tiempo estipulado para hacer su planteo.

SEÑOR LORIETO.- Buenos días.

                Creo que la mayoría de los señores Senadores debe conocer de qué se trata nuestra organización. De cualquier forma, brevemente, puedo decir que surge a mediados de la década del cincuenta a raíz de algunos trágicos accidentes que sucedieron en esa época. Posteriormente, el hito más importante de nuestra organización fue la adquisición de la primera embarcación de salvamento, “ADES 1”, la que a través de colectas públicas y donaciones privadas se incorpora en el año 1957.

                Cabe destacar que nuestra Asociación se estructura siguiendo un modelo bastante emblemático, de la primera institución de salvamento que existió en el mundo que es la Royal National Lifeboat Institution (RNLI). Se trata de la organización de salvamento de Gran Bretaña que existe desde 1824, con la que ADES tiene una permanente y fluida relación de amistad y reciprocidad.

                Como ustedes saben, ADES es una organización que tiene como objetivo central y primordial la salvaguardia de la vida humana en vicisitudes complicadas en el mar, así como actuar en problemas de desborde de ríos, inundaciones, etcétera.  Sin embargo, también existen otros objetivos que no dejan de ser muy importantes. En este momento creo que tiene una importancia enorme la motivación que esta organización significa para un grupo grande de gente, fundamentalmente jóvenes. Hay voluntarios de todas las edades pero, como podrán imaginar, los tripulantes -o aspirantes a serlo- necesitan buen estado físico para enfrentar las vicisitudes de una tormenta. En todas nuestras bases se acerca un grupo bastante importante de jóvenes, motivados por el voluntariado y por esa tarea que genera mucha adrenalina; en una primera instancia quieren ser aspirantes, por lo que se entrenan y adiestran, para luego incorporarse como tripulantes. Realmente, es muy satisfactorio para ADES percibir la generosidad del voluntariado y apreciamos muchísimo ese gesto.

                Otro rol realmente fundamental de nuestra organización es la salvaguardia y protección del turismo náutico en toda la costa uruguaya. Como saben, se trata sobre todo de argentinos -aunque también están llegando de otras procedencias- que cruzan el Río de la Plata en las temporadas estivales en sus embarcaciones o realizan otro tipo de deportes costeros náuticos, que muchas veces tienen percances. Tal vez la enorme cantidad de argentinos que están involucrados en los deportes náuticos conocen más a ADES que el habitante promedio uruguayo, que no tiene una vocación demasiado náutica, aunque es creciente. Precisamente, en los puertos de Buenos Aires están fuertemente vinculados con ADES e, incluso, muchos de ellos agradecidos porque han sido salvados por nosotros en ciertas vicisitudes.

De más está decir la importancia que tiene para el país contar con una institución que, junto con otras, está cuidando y salvaguardando el turismo náutico en el Río de la Plata, que es una zona que no se caracteriza por su mansedumbre y en la que rápidamente se producen tempestades que sorprenden a turistas que no van con todos los equipos y los medios de  comunicación o la información  imprescindible.

En los países de mayor tradición marítima, fundamentalmente en los europeos -aunque también podríamos incluir a Australia, Sudáfrica y Canadá- la seguridad marítima descansa en este tipo de instituciones, es decir, en organizaciones no gubernamentales. Por supuesto que el apoyo y la coordinación por tierra, por  mar y por aire con otras organizaciones públicas, es fundamental. La importancia que tienen estas ONG deriva no solo de la eficiencia con la que cumplen su cometido sino también del bajísimo costo que poseen en comparación con otro tipo de organizaciones que existen, fundamentalmente públicas, que cumplen tareas en estas áreas. Quizás la RNLI es la institución más antigua y  más grande que funciona en Inglaterra, Irlanda y Escocia,  con un gasto prácticamente inexistente para el Reino Unido.

SEÑOR NATALEVICH.- Deseo subrayar que las ONG u organizaciones sociales, a muy bajo costo -en nuestro caso, tenemos un grupo de 150 voluntarios- logran desarrollar tareas muy importantes que podrían significar una carga trascendente para el Estado. Además, cumplimos una tarea que es significativa para el país, teniendo en cuenta nuestra amplia costa y las dificultades de navegación que presenta el estuario del Río de la Pata, como dijo nuestro compañero.

                Lo concreto que venimos a plantear es que tenemos una subvención que no se reajusta desde hace dos años, por haber sido el  año 2009 período electoral. Nuestra subvención es de alrededor de $ 570.000 anuales, es decir, $ 47.500 por mes.

SEÑORA PRESIDENTA.- En la Cámara de Representantes ya se ha votado un incremento.

SEÑOR NATALEVICH.- En la Cámara de Representantes se votaron $ 50.000 más, o sea que en total serían $ 620.000.

Como dije antes, la partida no se reajusta desde el año 2008, mientras que tenemos un 13, 67% de inflación. Por lo tanto, estamos pidiendo un 30% de aumento que correspondería al aumento real más el 14,38% del ajuste, para poder cubrir nuestros gastos mínimos.

           Cabe agregar que tenemos muchas instituciones que colaboran con nosotros, sobre todo con instrumental, extintores, trajes de agua y también con mecánicos que reparan nuestras embarcaciones. Estamos hablando de unas diez embarcaciones; tenemos cuatro lanchas rápidas y cinco lanchas de porte que requieren un mantenimiento muy oneroso.

                Es lo que queríamos plantear. Si hay alguna pregunta, la responderemos con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.-  No habiendo preguntas de los señores Senadores, les agradecemos su presencia y el material que han entregado, que la Comisión oportunamente discutirá y analizará.

                Muchas gracias.

SEÑOR NATALEVICH.- Buenos días, muchas gracias.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales)

 

                (Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Postales)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios Postales, a cuyos integrantes les da la palabra.

SEÑOR MATTO.- En primer lugar, agradecemos a la Comisión por permitirnos hacer este planteo, que ya pasamos a exponer.

                El Senado tiene una vieja deuda con el gremio del Correo, por lo que haremos un poco de historia.

En 2003, la Cámara de Representantes votó que el reparto de las facturas fuera hecho por el Correo, vieja aspiración del gremio. Transcurrió todo ese año y, en las dos últimas sesiones del Pleno del Senado, cuando se estaba por votar el punto, se inventó que se tenía que tratar un asunto en sesión secreta -por lo que nos invitaron a retirarnos, después de permanecer horas en la Barra- y se lo postergó. Al día siguiente los sectores de ese Cuerpo no hicieron número y el tema quedó sin tratar  hasta ahora.

Debemos reconocer la valentía que tuvo el ex Presidente, doctor Tabaré Vázquez, al resolver que  por lo menos un 15% de las facturas esté siendo repartido por el Correo, como sucede en todas partes del mundo. La factura es una carta comercial que, efectivamente, es repartida por los correos de cada país. Sin embargo, en el Uruguay ese trabajo es hecho por otros quienes, como es sabido, asignan el reparto a parientes y vecinos, mientras ellos están en otras tareas. Distinto es el caso de los compañeros de ANTEL, pues una cantidad importante de ellos se dedica solamente a esa tarea.

Dado que el 11% de las partidas que se asigna a las Intendencias Municipales es para pagar a UTE, ANTEL y OSE, dejándose lamentablemente afuera al Correo, que es el que más precisa, queremos plantear a esta Comisión -luego de haber conversado con representantes de la Bancada de Gobierno- que se agregue un aditivo en ese sentido, porque es lo menos que se puede hacer. También queremos decirles que van a tener en consideración un artículo relativo a que toda la correspondencia oficial -lo dice claramente- hasta 20 kilos, sea repartida por el Correo Uruguayo.

                Por otra parte, señores Senadores: ¿qué está haciendo el Correo Uruguayo bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, con los problemas que tiene la enseñanza? Tenemos información relativa a que el Poder Ejecutivo va a enviar una propuesta al Parlamento sobre este tema. Ningún país del mundo tiene al Correo bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Esto podría incluirse en el Libro Guiness porque lo venimos reclamando desde hace muchos años. Queremos que esto sea votado por todos los sectores políticos. Por tal motivo, vamos a pedir a todos los coordinadores de Bancada que nos reciban, de manera de poder explicarles que el Correo Uruguayo debe pasar a la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, donde están incluidos UTE y ANTEL. El señor Ministro de Educación y Cultura está de acuerdo con este planteo. Ningún Ministro de Educación y Cultura -ni el actual ni los anteriores- prestó atención a los problemas del Correo Uruguayo. Con todos los problemas que tienen con la enseñanza, ¿qué tiempo van a dedicar al Correo Uruguayo, que es la  eterna cenicienta? Por tanto, esperamos que también sea votado que el Correo Uruguayo pase a la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

                El otro compromiso que existe -que estaba acordado con el Gobierno anterior, pero no alcanzó el tiempo para llevarlo a cabo- es que, apenas se termine la Rendición de Cuentas, pase el verano y llegue el último ciclista              -como se dice vulgarmente- se forme una Comisión para tratar, de una vez por todas, la famosa Ley Postal, que contemple al Correo y a todos los operadores posibles. En el año 2003, los técnicos de la URSEC planteaban -tenemos en nuestro poder el recorte de prensa­- que el Correo Uruguayo debía distribuir los recibos. Ya hemos cumplido con un 95% del reparto de esa documentación, pero hay que ajustar algunas cosas. Desde hace más de ocho meses estamos esperando una entrevista con el Secretario de la Presidencia para plantearle lo que dice el Decreto, que establece que la correspondencia que viene no se puede seleccionar. Sin embargo, nos encontramos con que el 60% de la correspondencia se elige y a nosotros nos mandan la que va a los peores lugares. A su vez, estaba acordado que no nos podían mandar correspondencia para las zonas rurales del interior porque el Correo Uruguayo no tiene la infraestructura necesaria para llegar allí.

                Queremos hablar con el Secretario Breccia al respecto. Se iba a citar a todos los integrantes de los Directorios de UTE, ANTEL, OSE y el Correo Uruguayo juntos para ajustar los detalles. Si bien en febrero nos dieron la palabra de que nos iban a recibir, todavía estamos esperando y hemos hecho la solicitud en varias oportunidades.        

Nosotros no planteamos un problema de dinero; sabemos que todo el mundo pide, y con razón, ya que la mayoría de los reclamos que hacen los gremios son justos. En nuestro caso, pedimos dramáticamente que se voten estos artículos; queremos que se reconozca que el Correo Uruguayo puede funcionar. Hace un tiempo mantuvimos una conversación con la señora Senadora Topolansky -no lo digo porque esté aquí presente, pero la verdad es que se ha ocupado de este tema, al igual que algún otro señor Senador- y le manifestamos la necesidad que tiene el Correo de una infraestructura adecuada.

Hay un negocio que el Correo no está aprovechando, que es el de la paquetería.  Esa área no la puede sustituir el teléfono ni toda la tecnología que existe; los paquetes no entran por la computadora, los tiene que repartir el Correo, pero para eso se necesitan camiones y una infraestructura adecuada. La única vez que se nos invitó, fuimos a España y allí pudimos saber que El Corte Inglés, que es una de las tiendas más importantes de ese país, pidió al Correo español que trabajara con ellos en el tema de la paquetería.

Todo lo señalado tiene que estar incluido en una ley. El Gobierno anterior había asumido un compromiso, pero no tuvo tiempo de resolverlo. Ese compromiso se mantiene con esta Administración. La palabra está dada y sabemos que, a veces, en política surgen problemas que impiden concretar ciertos compromisos. Por nuestra parte, hemos esperado con ardiente paciencia, como decía Benedetti, pero adelanto que vamos a seguir trabajando sobre este tema. Vamos a esperar que pase el verano y que empiece a funcionar el Senado, porque sabemos que después de la instancia del Presupuesto, más allá de que el Parlamento tiene una Comisión que trabaja durante el receso, todo se hace más difícil por la forma como funciona este país en esa época.

                Finalmente, en nombre de nuestro gremio, quiero agradecer que nos hayan recibido para realizar nuestro planteo.

SEÑOR MEDINA.- Como Secretario General de nuestro sindicato, quiero agradecer a los señores Senadores por habernos recibido. Mi compañero ha sido muy sintético y preciso en el planteamiento que queríamos realizar, pero quiero destacar que el Correo tiene un compromiso con la sociedad y debe ser una empresa moderna y eficiente, lo que en los últimos años ha sido prácticamente imposible. Creo que ya es hora de que el Gobierno se preocupe por el Correo Uruguayo. Aclaro que no hemos venido a reclamar salario ni nada por el estilo; simplemente, queremos manifestar que nuestro objetivo es mantener la fuente de trabajo. Para lograr eso, es necesario contar con una ley postal -el ciudadano de este país necesita que así sea- y que la URSEC cumpla con el cometido que se le encomendó, que es regular el mercado postal. Asimismo, pensamos que debe haber una franja monopólica, de reserva para el Correo, como existe en todas partes del mundo. Concretamente, se debe establecer cierto peso para que lo reparta el Correo y, de esa manera, proteger al organismo, que es el único que cumple con el servicio postal universal, que no implica solo llevar una carta a la esquina, sino hacer llegar la correspondencia hasta el lugar más alejado del país.

                Por último, quiero agradecer a los señores Senadores por habernos recibido y solicito, en nombre de todos los funcionarios postales, que se tenga un poco de criterio y se demuestre preocupación por este tema, que es muy importante para el país.

SEÑORA GONZÁLEZ.- No ocupo un cargo dentro del sindicato y soy parte de la minoría, pero quería dejar alguna constancia. El agradecimiento por parte del sindicato ya se ha expresado, pero queremos dar a nuestra intervención un enfoque diferente al que le han dado nuestros compañeros.

                Creemos que, lamentablemente, ha existido -lo decimos con todo respeto- una especie de política residual en el tratamiento de esta materia, en vez de haberse aplicado una verdadera política postal en nuestro país. En definitiva, no se ha tratado al Correo Uruguayo en función de una política pública en el marco de un país productivo con desarrollo social y, fundamentalmente, en un ámbito de mayor y mejor democracia. ¿Qué queremos decir con esto? La política del sistema capitalista es que aquel que paga es quien tiene, en una lógica de lucro. Por nuestra parte, como clase trabajadora y  delegados de los trabajadores postales, queremos decir que todo ciudadano y toda ciudadana tienen derecho a recibir su correspondencia, porque es un derecho humano inalienable que forma parte de una gama de derechos.  En ese sentido, lamentablemente, se han dejado de tomar medidas consecuentes para enmarcar al Correo en ese marco productivo. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Tenemos un Correo totalmente deficitario y debemos decirlo claramente. Durante mucho tiempo el cargo de Director de Correo           -quizás es muy fuerte decirlo- era ejercido por quienes no conocían del correo más que una estampita. Es decir que esto no ha tenido un carácter serio en la medida necesaria para que una empresa funcione, más allá del tema de la paquetería.

En el período anterior, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tomó el tema de la trazabilidad y utiliza al Correo para que llegue a los productores rurales de este país el tema de la caravana. ¡Vaya si fue eficiente el sistema con que el Correo repartió las caravanas! Entonces, ahí lograron enmarcar en un sistema productivo el servicio que un correo puede dar. Nos parece que ello sirvió de muestra, pero estamos convencidos de que como empresa tenemos un abanico de posibilidades, que abarcarían las ventas por Internet, con ANTEL, con UTE y con un sistema de trenes eficiente con el desarrollo que estamos tratando de lograr.

                La clase trabajadora uruguaya ha sido partícipe y siempre tiene propuestas para el desarrollo del país. No estamos de acuerdo con la postura que dice que los trabajadores y las trabajadoras hemos fundido las empresas públicas del país. Entendemos que aquí hay responsabilidades políticas de las que se deben hacer cargo. En la década del noventa esto se estaba fundiendo y fueron precisamente los trabajadores quienes consiguieron como principal cliente al Banco de Previsión Social, que es un organismo con el que hoy tenemos un cien por ciento de satisfacción en la entrega y en la recepción de los productos que nos mandan. Por lo tanto, no solo tenemos propuestas, sino que hemos demostrado que podemos y sabemos hacerlo.

                Estamos seguros del compromiso y la responsabilidad que tenemos para que el Correo Uruguayo siga siendo parte de este Estado, en el que la lógica indica que es más y mejor democracia en un marco de un mayor desarrollo público.

SEÑOR RUBIO.- Durante años seguimos el tema del conflicto que, en parte, se daba entre los trabajadores, sobre la distribución de correspondencia entre las empresas públicas y el correo. Ahora se tomó la decisión del Presidente de ir al 15%. Quisiera saber qué efecto tuvo eso, si produjo un salto importante y si en materia de déficit del Correo impactó de alguna manera. Desearíamos tener una idea del tema, porque aquí la propuesta es llevarlo al 100%.

SEÑOR MATTO.- Cuando se nos habló de un 50%, en una primera instancia dijimos que con la infraestructura que tenía el correo no iba a poder cumplir. En el interior se está reclamando por el ingreso de 200 funcionarios, porque la plantilla del Correo a nivel de clasificadores y carteros es de edad bastante avanzada. Entonces, apenas esto empiece a caminar tenemos el compromiso de comenzar con un 10% más. Además, como decía la compañera, el Correo reparte el Impuesto de Primaria, lo de las Cajas Profesionales, todo lo del BPS, no solo las jubilaciones, sino también todo lo referente a las empleadas domésticas o empresas y lo relativo a las AFAP. Hace muchos años que estamos trabajando de esta manera. El Correo empezó en  el Banco de Previsión Social con 5.000 envíos y ahora tenemos el 100% de ellos. Aclaro que si no hubiéramos cumplido con nuestro trabajo el Banco se lo hubiera asignado a otra empresa; el tema es que se necesita infraestructura. Y con respecto a lo que acaba de expresar el señor Senador, ha ayudado, pero no alcanza, porque hay un déficit grande; el Ministerio de Economía y Finanzas envía entre $ 18:000:000 y $ 20:000.000 al Correo para pagar  sueldos.

SEÑORA PRESIDENTA.- En nombre de la Subcomisión, damos las gracias a la delegación por la información brindada. Trataremos el tema cuando analicemos  los artículos correspondientes.

                (Se retira de Sala la delegación de Funcionarios Postales)

 

                (Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

Esta  Subcomisión  tiene el agrado de recibir a la Asociación de Funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

SEÑOR DI RUOCCO.- Integro la delegación designada por los funcionarios. Queremos señalar que hay dos proyectos de presupuesto: uno presentado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otro por el Poder Ejecutivo. Por este último, el Ministerio de Economía y Finanzas designa una partida de            $ 12:000.000 para ser distribuidos en el presupuesto que se presentó, primero en la Cámara de Representantes y, luego, en la Cámara de Senadores. De esos $ 12:000.000, $ 2:000.000  fueron asignados a gastos e inversiones y el resto fue destinado a dos artículos -los artículos 656 y 657- que benefician a diez o quince asesores técnicos de los Ministros, pero para los técnicos contratados y los 80 funcionarios que integramos el  Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no hay asignado ningún artículo en materia salarial.

                En cuanto al tema de contrataciones del Tribunal, queremos señalar que actualmente los Ministros tienen diez Asesores Letrados contratados con carácter de  full time con un sueldo de $ 52.000. Lo que plantea el Tribunal -y hace lugar la Cámara de Representantes- en los artículos, es que se deroguen las contrataciones anteriores de los diez Secretarios para contratar nuevamente la cantidad que consideren necesaria, de acuerdo con la partida que está fijada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que es de alrededor de $ 3:500.000. Los Ministros tienen, a través de estas erogaciones, la posibilidad de contratar la cantidad de Secretarios que ellos consideren necesaria. Planteamos esto porque el artículo 657 establece que se van a contratar cinco Secretarios más, de carácter permanente, a la orden del Tribunal. En función de ello, los Asesores Letrados no estarían a la orden de los Ministros, sino del Tribunal.

                En este momento, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene un Departamento Jurídico, con abogados, escribanos y tres actuarios. Por lo tanto, consideramos que es innecesaria la contratación de cinco Secretarios más para el organismo, porque ya cuenta con diez Secretarios, esto es, dos por cada uno de los Ministros. Además, con este artículo aprobado por la Cámara de Representantes, el Tribunal tiene la posibilidad de derogar lo que hay y contratar, no sólo a cinco, diez, sino quince Secretarios, si lo considera necesario. ¿Por qué? Porque hay una partida asignada por el Poder Ejecutivo, concretamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, a tal efecto.

                En definitiva, consideramos innecesario este artículo, al igual que el anterior, entre otras razones porque, de acuerdo con la documentación que hemos presentado, el número de 600 ó 700 sentencias que el Tribunal admite por año, no ha variado en los últimos años y esta tarea la ha desempeñado con la cantidad de Secretarios que posee actualmente. En realidad, no vemos cuál es la necesidad de derogar estos artículos y contratar mayor número de Secretarios, cuando el Tribunal viene funcionando de esta forma desde hace mucho tiempo.

                Por otro lado, como esta partida de $ 10:000.000 ya fue determinada por el Poder Ejecutivo y asignada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aspiramos a que parte de ella pueda llegar a los funcionarios. ¿Por qué? Porque el Tribunal trabaja con los funcionarios -no con los cargos de confianza- desde que se presenta el escrito en la mesa de entrada y comienza a recorrer las distintas secciones hasta llegar a la última etapa, la de los Ministros, de dictado de la sentencia.

                En todo Presupuesto, además de los gastos de inversiones, tiene que haber una parte destinada a los funcionarios y eso no está previsto en este proyecto de ley.

                Concretamente, pretendemos que en el Rubro 0 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se asigne una partida anual de $ 1:632.756 para incrementar de forma equitativa la compensación establecida en el artículo 390 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 560 de la Ley Nº 16.736, de 12 de enero de 1996. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

                En definitiva, si bien los señores Ministros tienen toda la potestad para poder asignar partidas para sus Secretarios de particular confianza, también debería haber una partida para los funcionarios porque, como dije, el proyecto de ley de Presupuesto está basado en gastos de inversiones y en partidas para los funcionarios, y acá eso no existe. Por tanto, estamos refiriéndonos a la partida de $ 1:632.756, dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas  y que está dentro del rubro que fue votado para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que este planteo no tendría costos. Me parece que esto es algo importante, pues saldrá de estos artículos que nosotros solicitamos que no se tomen en cuenta en esta etapa del análisis del Presupuesto Nacional en el Senado.

SEÑOR CARRASCO.- He venido en varias oportunidades a hablar con los señores Senadores  y debo decir que realmente me siento contrariado, ya que pensé  que este año no íbamos a tener que venir porque había algunos convenios salariales y, sin embargo, los Ministros no tuvieron en consideración eso. A pesar de que hablaron con algunas delegadas nuestras, nunca se llegó a un acuerdo y, por tanto, el proyecto de Presupuesto fue hecho solamente por los Ministros y así está reflejado. En el proyecto primario del Tribunal solo había un artículo que favorecía, en algo, a los funcionarios en general, mientras que el restante 90 % era para diez, doce o quince  personas. Si cuando se va a construir un edificio solamente se contratan arquitectos e ingenieros y no albañiles, seguramente el edificio no se lleve a cabo. Los obreros del Tribunal son los funcionarios presupuestados, aquellos que recibimos a diario todos los expedientes en las distintas secciones y, sin embargo, en una ley presupuestal, que es para un quinquenio, el Tribunal tuvo la deshonestidad de no solicitar nada para sus funcionarios. Me parece que esta situación es caótica y no debería ser así. Nadie pide de más y nadie pide regalías, sino equidad, justicia y justeza.

SEÑOR DI RUOCCO.- Además, el que ahora pasó a ser el artículo 650,  que refiere a una reestructura, está fijado a partir del año 2012 y nosotros estaríamos planteando que se adelantara al año 2011. Con las partidas  que se establecen en los dos artículos que aspiramos que no se tomen en cuenta, se podría cubrir perfectamente el adelanto de la reestructura y además, de esa partida también saldría este artículo que estamos pidiendo de $ 1.632.000         -muchísimo menos de lo que plantea el Tribunal- y llegaría a los ochenta funcionarios. Como bien dijo el compañero, esos $ 10:000.000 serían asignados a cargos de particular confianza, que son part-time y, por tanto, estaríamos hablando de gente que concurre los días que hay sesiones del Tribunal, es decir, dos veces a la semana. Creo que ese es un hecho a tomar en cuenta, porque no son funcionarios presupuestados, sino contratados. Además, esta partida al lado de la que plantea el Tribunal para sus asesores, podría decirse que es prácticamente insignificante. Reitero que esta suma que estamos proponiendo a nivel presupuestal es casi inexistente, porque las partidas que normalmente se fijan son de algunos millones de dólares y acá hablamos de  $ 1:632.000 que, como dije, ya fueron asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas dentro del Presupuesto que envía el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que el artículo que planteamos ya estaría costeado. A su vez, si no se toman en cuenta estos dos artículos, tal como los funcionarios lo están solicitando,  el Poder Ejecutivo se estaría ahorrando cerca de $ 7:000.000 u      $ 8:000.000.

SEÑOR CARRASCO.- Quería informar a la Comisión -por si no están enterados- que estamos hablando de dos artículos que se votarían para estos asistentes técnicos, aunque esperamos que eso no suceda.

Por otra parte, del total de sentencias que aparecen en la gráfica -de que disponen los señores Senadores- que ha bajado mucho entre el año 2000 y 2009, a los asistentes técnicos solamente les llega el 20% ó el 25%, porque se trata de las sentencias interlocutorias. En las restantes, que son cuatrocientas o quinientas, no trabajan porque no tienen cabida. En definitiva, lo mejor que podría hacerse es que el Tribunal, en lugar de tener más asistentes técnicos, en algún momento tuviera más Ministros.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión agradece la exposición realizada y la tendrá en cuenta durante el análisis del articulado.

                (Se retira de Sala la delegación de funcionarios  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

 

                (Ingresan a Sala, los representantes de la Asociación de  Magistrados del Uruguay)

 

La Comisión  da la bienvenida a los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay -que ha asistido para realizar sus planteamientos-  y les cede el uso de la palabra.

SEÑORA DAMASCO.- Muchas Gracias. Soy Presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay y voy a leer mi exposición para ser lo más breve posible. Hemos hecho llegar una copia a la Comisión, que esperamos que ya esté en manos de los señores  Senadores aquí presentes.

                En representación del 95% de las juezas y los jueces de la República, agradecemos la oportunidad de exponer estas consideraciones con relación al Presupuesto Quinquenal 2010-2014.

                En primer lugar, con respecto a la creación de cargos, el Mensaje del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Representantes recoge gran parte de las propuestas que contiene el Mensaje presentado por la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su iniciativa constitucional, artículo 220. La especialización se ha extendido al interior de nuestro país, como debe ser, porque sus ciudadanos no merecen otro tipo de justicia diferente al que pueden acceder los de la capital. Ello exige, naturalmente, más sedes letradas, más recursos humanos, más jueces, más defensores, etcétera.

                Las reformas relativas a la violencia doméstica, así como  al Código de la Niñez y la Adolescencia, a la Ley de Abreviación de Juicios Laborales, la modificación del artículo 113 del Código del Proceso Penal y otras pendientes, exigen y exigirán un refuerzo  superior de los recursos destinados a la administración de justicia. Es derecho de todos y también de los encargados de ese servicio esencial del Estado. En ese sentido, nos congratula que se hayan incorporado en la Cámara de Representantes algunas creaciones proyectadas por la Suprema Corte de Justicia, particularmente las destinadas a instalar un nuevo Tribunal de Apelaciones en lo Penal, que redundará a corto, mediano y largo plazo, en una menor cantidad de presos sin condenas. Es un claro ejemplo de que invertir en la justicia es invertir para el país.

En lo inmediato, están pendientes de aprobación otras creaciones como el Tribunal de Apelaciones de Trabajo, otros juzgados en el interior del país, defensores, etcétera, que la Suprema Corte de Justicia proyectó y que el Poder Ejecutivo no incorporó en su Mensaje en función de la reserva financiera que habría destinado el Ministerio de Economía y Finanzas, al fortalecimiento del Poder Judicial.

En lo referente a las retribuciones, queremos decir que compartimos, en primer lugar, la propuesta de incremento de hasta un 23,5% al final del quinquenio, para todos los escalafones del Poder Judicial -es decir, jueces, actuarios, defensores, funcionarios y peritos- contenida en el artículo 1º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia.

                Esa es la propuesta salarial del Poder Judicial que los jueces suscriben. El Senado debe dirimir entre ese techo y el piso que propuso el Poder Ejecutivo y recogió la Cámara de Representantes. El Ministerio de Economía y Finanzas objetó la propuesta salarial de la Suprema Corte de Justicia,  antes que por su costo, por considerar que un aumento igual para todos los escalafones del Poder Judicial, no  estaría en línea con su política de retribuir eficiencia, a pesar de reconocer las dificultades de medir ese valor en la gestión judicial. Pretendiendo ajustar las retribuciones a esa objeción, el actual artículo 635 asigna $ 100:000.000 -incluidos aguinaldos y cargas sociales- con los siguientes objetivos: a) incrementar la retribución adicional por incompatibilidad absoluta para alcanzar, en 2014, un máximo del 6%; b) incrementar la partida de asiduidad de los escalafones II a VI también en un 6% al final del período y otorgar partida de asiduidad a la defensa pública y al escalafón R, de un 10% el 1º de enero de 2011, para alcanzar un 16% al final del quinquenio.

                Las partidas asignadas por el Poder Ejecutivo en su costeo no son suficientes siquiera para cubrir el piso que aprobó la Cámara de Representantes. De acuerdo con las partidas anuales asignadas en la norma aprobada en la Cámara de Representantes, los jueces percibirían un incremento de un 1,20% por año, que de acuerdo a los técnicos de la Suprema Corte de Justicia sería, en realidad, de 0,6% por año.

                Para el caso de que los señores Senadores opten por esta iniciativa, que los jueces consideran insuficiente, sería necesario desglosar el artículo 635 en dos partes. Una que refiera a las asignaciones anuales con destino a incrementar la partida de incompatibilidad absoluta y otra para la asignación de la partida de asiduidad a los escalafones que hoy no la perciben y el incremento para los que la perciben, así como incremento de retribuciones variables que los jueces no tienen, vinculables con metas.

Finalidades diversas fueron contempladas con la creación de ambas partidas: la incompatibilidad de acuerdo al artículo 388 de la ley de Presupuesto pasado y el artículo 317 de la Ley Nº 16.226, en cuanto a la asiduidad. Nada justifica que ahora se contemple su incremento en forma conjunta.

En cada instancia presupuestal, los jueces se han acostumbrado a escuchar  hablar de inequidades y de que sus salarios son privilegiados. Ese discurso desconoce los sacrificios que impone la carrera judicial, el desarraigo familiar que conlleva y las rigurosas condiciones de un estatuto que hacen cada vez menos atractivo ser Juez en nuestro país.

Las retribuciones son diversas, dependiendo de las múltiples categorías que componen la carrera judicial. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son cinco profesionales que acceden a tan alta responsabilidad luego de toda una vida dedicada al servicio de la Justicia, designados por la Asamblea General, y con más de treinta años de carrera en la mayoría de los casos.

Los Ministros del Tribunal de Apelaciones somos cuarenta y cinco y a ese cargo se accede con venia del Senado luego de décadas de servicio en el interior del país desde los grados más bajos del escalafón.

Los Jueces Letrados de la capital -especializados en cada una de las materias-  que son ciento ocho; los Jueces Letrados del interior, que son ciento cinco; los Jueces de de Paz Departamentales de la capital, que son cuarenta y cuatro; los Jueces de Paz Departamentales del Interior, que también son cuarenta y cuatro y los Jueces de Paz de ciudades, villas y pueblos, que son cincuenta y siete en total, constituyen el grueso de los recursos humanos de un Poder Judicial cuya confiabilidad se reconoce como una ventaja comparativa para invertir en el país en beneficio de todos sus habitantes.

Difícilmente las prioridades de cualquier presupuesto, sea seguridad pública, sea seguridad jurídica, sea recaudación tributaria, puedan lograrse prescindiendo de un Poder Judicial cuyo presupuesto se estaría incrementando en un porcentaje que no se compadece con esa realidad.

Presentamos como opción, si el Senado opta por acoger la propuesta del Poder Ejecutivo y no la de la Suprema Corte de Justicia, una alternativa de redacción del actual artículo 635, que refiere al reparto de las dos partidas. Esto figura en la hoja que hemos presentado y que dice opción 1 y opción 2. De lo que se trata es de repartir en dos artículos cada una de las finalidades: las partidas ya asignadas por el Poder Ejecutivo y el aumento del 6% a partir del 1º de enero de 2011 en cualquiera de los dos casos.

Nuestra modificación tiene que ver, obviamente, con el artículo 635, que es el único que comprende a todos los Magistrados, puesto que el 635 bis comprende a todos los restantes escalafones del Poder Judicial, que no son Jueces.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.-  ¿Los señores Senadores desean realizar alguna pregunta o consideración?

SEÑOR RUBIO.- Tenemos que estudiar el comparativo entre lo que venía y la propuesta, a fin de apreciar con mayor claridad dónde está la diferencia.

SEÑORA DAMASCO.- Esta propuesta la conversamos, de alguna manera, también con el Poder Ejecutivo. Esta es nuestra alternativa; por lo menos, no hay un motivo para no separarlos. Esa es la última respuesta que recibimos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no de todo el Poder Ejecutivo.

 SEÑOR RUBIO.- Para no separar…

SEÑORA DAMASCO.- Las dos finalidades. O sea, los literales contemplados en el artículo.

                Cabe aclarar que cometimos un error aquí, porque es el 624 original del Poder Ejecutivo y pusimos 623, pero actualmente, el que ustedes tienen a estudio es el 635.  Nosotros, lo que proponemos es que los literales A) y B) del artículo 635 se separen en dos artículos y que uno refiera a incrementar la retribución por incompatibilidad y el otro premie la asiduidad y el presentismo de los demás escalafones.

Lo que nos resulta a todas luces insuficiente son los números obtenidos que ustedes podrán corroborar con la Suprema Corte de Justicia y con el Ministerio de Economía y Finanzas, que sabe que no se alcanza siquiera al 6% al final del período. Por lo tanto, necesitamos que se modifiquen dos cosas. Por un lado, que se separe el artículo, porque no podemos ir al interior del Poder Judicial a ver qué les toca a los Magistrados y a los otros funcionarios porque, así como está planteado, no alcanza para nadie. Por otro, creemos que un aumento del 6% el 1º de enero de 2011 no es algo que vaya a desmantelar las economías ni las paridades financieras del Poder Ejecutivo ni mucho menos, sobre todo si tenemos en cuenta que, en realidad, hay Jueces -por eso el relato con su enumeración fue tan extenso-  de todas las categorías y escalafones y, por lo tanto, habrá que ver cuánto representa ese 6% en cada caso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presentación hecha y vamos a analizar el tema con el material que nos han entregado.

                Muchas gracias.

                (Se retira de Sala la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay.)

                (Ingresa a Sala la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas.)

La Comisión  da la bienvenida a la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas para que realice su planteo acerca del Presupuesto Nacional.

SEÑORA SANTINELLI.- Soy la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas y, en primer lugar, queremos agradecer a los miembros de la Comisión por habernos recibido porque, para los funcionarios, es muy importante que los Legisladores escuchen no solamente lo que tenemos para decir con respecto al Presupuesto sino, también, con relación al tema institucional y la importancia que tiene el Tribunal de Cuentas.

                Para hacer un poco de historia, la Asamblea General del 7 de julio de este año aprobó la nueva integración del Tribunal de Cuentas con el beneplácito y estímulo de todos los sectores políticos. Hubo intervenciones muy importantes de Legisladores que integran esta Comisión, como los señores Senadores Rubio, Pasquet y Heber. También hizo uso de la palabra el señor Representante Posada y el propio Vicepresidente de la República, Danilo Astori, y estuvo presente el Presidente de la República, José Mujica.

                Al respecto, me gustaría leer algunas versiones taquigráficas de las manifestaciones de estos Legisladores. Por ejemplo, el señor Legislador Pasquet, refiriéndose al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral expresó: “Por eso decimos que la jornada de hoy tiene enorme trascendencia, ya que esas Instituciones no valen solamente porque la Constitución de la República prevea su existencia y establezca sus funciones, sino que, al igual que el resto, valen lo que valen en la medida en que una Nación, consciente de su derecho y dignidad como sujeto titular de la soberanía, las respalde”.

                El Legislador Posada expresó: “Asimismo, les advierto que no estarán solos en esa tarea, que esta Asamblea General también debe asumir un compromiso en la futura instancia presupuestal para fortalecer la gestión de estos órganos, pues es prioritario que tanto la Corte Electoral como el Tribunal de Cuentas cuenten con los recursos necesarios para cumplir una tarea que todos en este recinto juzgamos de vital importancia en el funcionamiento de la República”.

                Por último, queremos traer a colación lo manifestado por el señor Vicepresidente de la República, Contador Danilo Astori, con relación al Tribunal de Cuentas: “Cien años después se instauró el Tribunal de Cuentas de la República, que hoy estamos renovando con las mismas intenciones: confirmarlo, fortalecerlo, revitalizarlo y ayudarlo a cumplir cabalmente con su función de transparencia en la gestión pública”.

                Nos parece esencial que el compromiso que todos los integrantes de la Asamblea General asumieron al momento de cambiar la integración del Tribunal de Cuentas, después de quince años, permita contar con una línea de coordinación en este Presupuesto quinquenal que para la institución es tan importante.

                A fin de continuar un poco con la historia de lo que es nuestro proyecto de Presupuesto, debo decir que cuando asumieron los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas tuvieron escaso tiempo para la presentación de esta iniciativa, aunque de todas formas la armaron con algunas mejoras tecnológicas y edilicias, así como con un estímulo para los recursos humanos. A pesar de que dicho estímulo es austero, cuenta con el compromiso de la presentación, en la próxima Rendición de Cuentas, de una reestructura organizacional enmarcada en un préstamo de fortalecimiento que estamos llevando a cabo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que también abarca a otros organismos que están en el área de control como, por ejemplo, la Contaduría General de la Nación, la Auditoría Interna de la Nación y la Unidad de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata de un préstamo de fortalecimiento para los organismos de control en las distintas áreas que este se ejerce. No estamos solos en esto, sino coordinados con todos los organismos que he mencionado.

                La Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas trabajó en un proyecto de Presupuesto que fue presentado a los nuevos miembros; fue estudiado por ellos y, a pesar de que incorporaron varios de los artículos proyectados por la Asociación, no se recogió la totalidad de nuestra iniciativa. De todas formas, al Parlamento llegaron ambos proyectos: el presentado por el Tribunal de Cuentas y el que tuvo iniciativa en el Poder Ejecutivo. Cabe acotar que en su Mensaje, el Poder Ejecutivo recortó sustancialmente el proyecto del Tribunal de Cuentas en la parte de mejoras para los recursos humanos. Si bien el tema edilicio y el que tiene que ver con recursos para informática y mejoras tecnológicas fue tomado en cuenta, así como la presupuestación de los funcionarios contratados, se contemplaron, en forma mínima, los requerimientos para la mejora de los recursos humanos. Todos los funcionarios estamos convencidos de que el producto del Tribunal de Cuentas sale, esencialmente, de sus recursos humanos, por supuesto que ayudados por la tecnología, pero si no la tuviéramos el producto se obtendría de cualquier forma. La Cámara de Representantes dio media sanción al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, pero no al del Tribunal de Cuentas.

                Por lo tanto, lo que pretende la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas es exhortar al Parlamento a respetar el Mensaje que presentó el Tribunal de Cuentas tal cual está. Entendemos que la Cámara de Senadores debe rever este proyecto, ya que consideramos insuficiente la iniciativa del Poder Ejecutivo para cumplir con las metas y objetivos que el Tribunal presentó en su propio presupuesto y que son muy interesantes. Intentamos realizar la auditoría de gestión y afianzar otras áreas donde podemos aportar mucho a la administración financiera; además, el Presupuesto que el Tribunal de Cuentas remitió también fue acompañado por el gremio -que decidió dar su respaldo en una asamblea- dado que es el que más se aproxima al que nuestra Asociación había propuesto.

                Por último, aunque parezca reiterativo, quiero decir algo que es muy importante, sobre todo, porque ustedes representan a la Nación y son el máximo órgano de control de todo el país. El Tribunal de Cuentas tiene una gran importancia institucional; es el máximo órgano de contralor externo previsto constitucionalmente y su gestión, sus auditorías, sus productos, brindan transparencia en la utilización de los recursos públicos. Concretamente, informa a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos públicos y trata de apoyar a los administradores de esos recursos con sus recomendaciones a efectos de que la gestión sea cada vez mejor. Por ende, estas  acciones forman una base segura para afianzar la institucionalidad democrática.

Por estas razones, pensamos que el presupuesto que se asigna al Tribunal de Cuentas no puede ser considerado como un gasto para el país, sino una inversión. Si el Tribunal de Cuentas funciona mejor, si logra hacer mejores auditorías, si apoya más a los administradores de fondos públicos, podrá contribuir al ahorro de dichos fondos y al logro de una administración con más transparencia.

Esto es cuanto queríamos decir y agradecemos mucho que nos hayan recibido, porque es muy importante para nosotros que  se nos escuche en este ámbito.

SEÑORA PRESIDENTA.- Fue bastante clara la exposición. Agradecemos mucho también que hayan acudido a esta sesión y desde ya les adelantamos que tomaremos en cuenta tanto la exposición realizada como el material que nos entregaron.

                (Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas.)

                (Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario.)

La Comisión  tiene el gusto de recibir a la delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Plan Agropecuario, que asiste para hacer su exposición acerca del Presupuesto nacional, Periodo 2010 - 2015.

SEÑOR MOLINA.- Somos representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto  Plan Agropecuario, que es una institución pública no estatal financiada principalmente por aportes de Rentas Generales. Quiero aclarar que nosotros somos representantes de los trabajadores y no de la institución.

                Considerando que no todo el mundo tiene por qué saber cuál es la actividad del Plan Agropecuario, vamos a contar en forma breve a qué se dedica esta institución, que es la oficina que actúa como una extensión pública  para los productores agropecuarios.

                Nuestra idea era presentar un PowerPoint, pero dado que no fue posible, lo imprimimos para entregárselo junto con una revista, que es una publicación trimestral que tiene el Instituto Plan Agropecuario, y un libro en el que se resume cuál es el eje de esta actividad, en la que felizmente desempeñamos el cargo de técnicos.

Como todos sabemos, el grueso de la población rural de nuestro país está compuesta por pequeños y medianos productores ganaderos. Más allá de que este Instituto realiza una actividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y de la economía del país, fundamentalmente, su objetivo de trabajo se centra en los pequeños y medianos productores ganaderos del Uruguay; estos productores no son  dueños de las vacas ni de la tierra, sino que, reitero, conforman el grueso de la población de nuestra campaña., y ese es el foco de nuestra actividad.

                El Plan Agropecuario es una institución muy pequeña integrada por 24 funcionarios técnicos y 11 empleados administrativos, organizada en cuatro oficinas regionales estratégicamente ubicadas en el territorio ganadero. Por eso, tenemos una gran vinculación con organizaciones y grupos de productores, así como con pequeñas gremiales locales de los distintos departamentos, distribuidas en el territorio del país.

                La Junta que dirige la institución está integrada por representantes de las cuatro gremiales de productores, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural del Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural y las Cooperativas Agrarias Federadas, y un delegado del Poder Ejecutivo,  designado  por el  Ministerio.

                En este momento está a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado una modificación de la ley que gobierna a esta institución, pero ese no es el punto que hoy nos convoca, sino el presupuesto que se nos asignó.

                En cuanto a lo que es nuestra actividad, hoy decía que nuestro foco no es el ganado, porque no trabajamos con los dueños de las vacas ni con los de las tierras, sino que nuestro principal interés es la familia ganadera; por eso no nos abocamos a estudiar el comportamiento del ganado, de los cultivos ni el sector ganadero, sino que nuestro foco se centra en la familia ganadera, rural, que vive en el territorio ganadero.

                Las actividades del Instituto, fundamentalmente, son la capacitación e información para que estos productores puedan tomar  mejores decisiones en un mundo cada vez más competitivo. Dicho de otra manera, hacemos una fuerte apuesta a la capacitación de los productores y colaboradores y a las mujeres e hijos de los productores, teniendo en cuenta que las posibilidades de acceder a nuevos conocimientos son bastante escasas para ellos, sobre todo, por el lugar donde viven.

                De modo que nuestro interés principal, repito,  es la familia ganadera.

                El Instituto Plan Agropecuario diseñó una planificación estratégica en el año 2007 y la puso en práctica en el año 2008. Es una institución pequeña pero moderna, en la que se puede palpar la reforma del Estado, en términos tangibles. Hemos realizado una fuerte renovación metodológica para llegar a estos productores, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación -TICS- que, a nuestro entender, facilitan bastante el acceso a estos productores que están bastante dispersos en el Uruguay profundo. En ese marco, hemos implementado un programa de educación a distancia pionero, que  está en marcha.

La modernización del Instituto también se puede visualizar en lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño de los técnicos y de los funcionarios administrativos, con contrato de metas por objetivos y con evaluaciones anuales de cumplimiento.

Como dije antes, es una institución pequeña pero eficiente y moderna,  por eso consideramos que allí se puede ver en forma tangible la reforma del Estado.

Decíamos también que dentro de nuestros objetivos está la capacitación a productores jóvenes, a asalariados rurales y a mujeres, a través de jornadas, giras, cursos presenciales y a distancia, utilizando distintas estrategias. Por tanto, las actividades centrales de la institución son la capacitación y la extensión, entendiendo por extensión todo lo que tiene que ver con el aporte de conocimiento e información para lograr un mejor manejo de los recursos y  una mejor calidad de vida de los pobladores de nuestra campaña.

A modo de síntesis, quiero decir que la participación de los productores ha sido bastante importante en nuestras actividades y, como se podrá apreciar en la gráfica que incluimos en el repartido,  el año pasado -el último año que se ha cerrado- suscribieron esta propuesta aproximadamente 11.000 productores, quienes realizaron giras, jornadas o cursos de capacitación.

Como expresamos antes, no somos representantes de la institución, sino de sus trabajadores. En consecuencia, lo que hoy nos convoca y nos preocupa son los recursos que se asignan en el Presupuesto al Instituto Plan Agropecuario, que está incluido en el Inciso 21, “Subsidios y Subvenciones”, que en el Mensaje original del Poder Ejecutivo, figuraba en el artículo 709, pero ahora es el número 737. Si uno mira el Presupuesto asignado al Instituto Plan Agropecuario y lo compara con lo que tenía antes, podrá advertir que  hoy se le otorga algo así como $ 33:000.000 y antes tenía $ 9:000.000 hasta el Presupuesto anterior. El punto es que este Presupuesto en pesos no se actualizaba desde el año 2000, es decir, que hace diez años que estaba congelado y trajo aparejado un sinnúmero de dificultades. La primera, obviamente, es que generó un déficit muy importante y que hasta este año fue financiado por ahorros realizados por el Instituto por la ejecución de algunos proyectos del Banco Mundial, allá por el año 1998. Ese colchón -como le llamábamos en la interna- se terminó y hoy apenas es un almohadón que no alcanza para cubrir más déficits. Valoramos profundamente el incremento que hay en el mensaje presupuestal y entendemos que significa un importante esfuerzo por parte de la sociedad para aumentar los recursos,  y pasar de         $ 9:000.000 a $ 33:000.000 sin duda es importante, pero creemos que el esfuerzo se queda corto. Ese incremento presupuestal alcanza apenas para cubrir el déficit que se venía generando.

                En uno de los cuadros que les presentamos, pueden apreciar que el déficit generado era aproximadamente de entre $ 7:000.000 y $ 8:000.000 por año. Eso se cubre con este incremento presupuestal que también sirve para cubrir algunas demandas de técnicos que se capacitaron en áreas específicas como campo natural y cambio climático, y que en estos momentos están dedicando gran parte de su tiempo a tareas de apoyo directas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, se cubren esos  cargos  con  el  ingreso   de   dos   técnicos   más  y de ahí se llega a algo así como                   $ 33: 000.000. Pero, repito, eso no permite más que cubrir el déficit.

                Por otro lado, queremos contarles que en la crisis financiera del año 2002, vimos disminuido incluso nuestros salarios entre el 5% y el 8%,  y no se volvió a recuperar. Tampoco sucedió en este Gobierno y, sobre todo, en los últimos cinco años del anterior. Los trabajadores privados y públicos recuperaron salario -algunos en mayor y otros en menor medida- pero nosotros no tuvimos esa suerte debido a esta importante problemática presupuestal a la que estamos enfrentados. Con un presupuesto con déficit, los incrementos salariales anuales que recibíamos eran para cubrir la inflación pasada, nunca para recuperar salario y menos aún para recuperar el salario perdido en los años 2001 y 2002.

                Reitero que valoramos el esfuerzo de ayudarnos a reflotar la institución y dejarla sin déficit, pero como trabajadores aspiramos a un incremento de presupuesto, para  así potenciar los recursos y, al menos, empezar un camino de recuperación salarial. No pretendemos recuperar el salario para el próximo año, pero sí para el próximo quinquenio; creemos que en el Presupuesto eso es posible y por eso estamos aquí. Nos preocupa que una institución de extensión pública del país esté en esta situación, y sus funcionarios perciban un salario poco sustentable y precario.

 Por una parte, no creemos que estar incluidos en el Inciso 21 del Presupuesto sea el lugar más adecuado para ubicar a una institución de extensión pública; y por otra, en un contexto de país productivo hay una brecha tecnológica muy importante entre la generación de conocimiento que hace la investigación nacional y la aplicación de conocimiento  que hacen los productores. Esa brecha tecnológica puede ser cubierta por la extensión pública y eso es lo que intenta hacer el Instituto. Es decir, cubrir esa brecha para que los productores se posicionen mejor y tengan un manejo más sustentable de los recursos y, además, logren ingresos más dignos para sus familias. Desde nuestra visión esa brecha se debe a que los recursos que tiene la extensión pública para llevar esos conocimientos a los productores son  escasos.

                Por otra parte, aclaro que cada cinco años nos hemos venido enfrentando, con poco éxito, a este problema que nos afecta como trabajadores y a nuestras familias, porque en cada una de esas instancias no sabemos qué va a ocurrir con el presupuesto de la institución en que trabajamos. Las otras instituciones parecidas a la nuestra, como por ejemplo el INIA, el INAC, el INASE y el INAVI, se financian con el porcentaje de algún impuesto. No es el caso del Plan Agropecuario, porque se financia con lo que el Poder Ejecutivo entiende debe funcionar en los años siguientes. Además, como está en el Inciso 21, hasta ahora esas partidas no se habían visto ajustadas, ni siquiera las que se destinan a los salarios -ni que hablar de funcionamiento- como ha sucedido en los últimos diez años. Sin duda, esto nos afecta terriblemente como trabajadores y, reitero, a las familias que están detrás.

                Creemos que es fundamental la revalorización de la extensión pública que se está visualizando, que podría estar acompañada de una buena señal, con un presupuesto acorde a la importancia de la actividad. En el contexto de país productivo, que está poblado con pequeños productores ganaderos, entendemos que la extensión y la capacitación son una herramienta y una estrategia bien interesantes e importantes, que permite que los productores permanezcan en sus campos. También pretendemos evitar la incertidumbre que se genera cada cinco años en la discusión del Presupuesto de la institución, porque no sabemos qué va a suceder con nuestra fuente de trabajo.

SEÑOR RUBIO.- Desde que se produjo el cambio institucional por el que el Instituto Plan Agropecuario se convirtió en una persona pública no estatal, ¿cuál ha sido la evolución del número de funcionarios?

SEÑOR MOLINA.- Desde que se creó el Instituto Plan Agropecuario como figura pública no estatal en 1996, la reducción de funcionarios ha sido importante, sobre todo cuando se produjo la crisis, porque hubo compañeros que no aceptaron la rebaja salarial y se fueron. En los últimos cuatro o cinco años, con la nueva Junta Directiva ha ingresado algún técnico más, pero hoy  somos menos que los que había cuando se creó la institución.

SEÑOR RUBIO.- ¿Cuántos son en la actualidad?

SEÑOR MOLINA.- En la actualidad, somos veinticuatro técnicos y once administrativos.

SEÑOR RUBIO.- Gracias por la información.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas que realizar, simplemente decimos que ha quedado clara la exposición y que en la deliberación posterior de la Comisión vamos a tomar en consideración el material de la presentación.

SEÑOR MOLINA.- En nombre de los funcionarios del Instituto Plan Agropecuario, agradecemos el espacio que nos han dado para hacer nuestro planteo.

                (Se retira la delegación de funcionarios del Instituto Plan Agropecuario.)

 

                (Ingresan a Sala representantes de la Asociación Uruguaya de Fibromialgia.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión  da la bienvenida a los representantes de la Asociación Uruguaya de Fibromialgia. Como sabrán, cuentan con quince minutos para hacer su planteamiento.

                Tienen la palabra.

SEÑOR CARRERAS.- Buenos días. Quien habla es Presidente de la Asociación Uruguaya de Fibromialgia. Me acompañan varias integrantes de la Comisión Directiva, todas mujeres enfermas de fibromialgia; yo no soy enfermo.

                Brevemente quiero darles una idea de la situación en que está el enfermo de fibromialgia en el Uruguay y, para ello, les hemos entregado una carpeta con un resumen sobre la enfermedad, los enfermos, la situación asistencial en el Uruguay y en el mundo, y lo que estamos necesitando.

                Es la primera vez que concurrimos a una entidad del Estado para solicitar algo, y hoy lo hacemos porque no podemos más.

                En el año 2000, cuando el INRU comenzó a investigar el tema de la fibromialgia, se creó allí la Policlínica de Fibromialgia y se la empezó a diagnosticar. Entonces, se encontró que en el Uruguay la prevalencia de la enfermedad es igual que en todo el mundo, o sea, entre el 1% y el 4% de las mujeres -y de los hombres también- la padecen. Eso significa que en el Uruguay deben existir, más o menos, 70.000 mujeres enfermas de fibromialgia. Es una enfermedad invisible porque no aparece en exámenes de sangre ni de orina, como tampoco en las radiografías. Su diagnóstico es solamente clínico; muy pocos médicos lo pueden hacer, es decir, solamente los especialistas. Además, se trata de una enfermedad muy compleja porque es un síndrome, o sea, tiene una cantidad de elementos que afectan la calidad de vida de las personas. Afecta, especialmente, a mujeres entre 30 y 50 años -en la etapa útil de la vida- pero también a los niños.

                El grupo médico que creó el INRU también nos ayudó, a los enfermos y familiares, a entender la enfermedad.

                Es una enfermedad reumática de las partes blandas, que causa un dolor frecuente músculo-esquelético generalizado.

                Antes de ingresar a Sala, conversábamos con el señor Senador Amorín y le decíamos que una mujer enferma de fibromialgia es como si tuviera una gripe con fiebre alta todo el tiempo. Esa es la sensación que tienen los enfermos de fibromialgia.

                Le etiología de la enfermedad es desconocida y por eso tampoco hay un tratamiento en el mundo que sea considerado cierto y definitivo. La realidad es que causa dolor crónico generalizado, fatiga, alteraciones del sueño, parestesia de los miembros, rigidez, cefaleas, depresión, colon irritable, pérdida de memoria, ataques de pánico. Todo esto lo puede contar cualquiera de estas enfermas que están aquí. Es la segunda enfermedad reumática después de la artrosis y representa el 20% de las consultas reumatológicas. Sus características son: dolor, que está presente en el cien por ciento de los pacientes y del tiempo; siempre tienen dolor -mi esposa tiene esta enfermedad desde hace 20 años; yo convivo con ella y sé lo que sufre todos los días y todo el día, a veces más y a veces menos-;  fatiga o cansancio; trastornos del sueño -la mitad de la semana no duermen bien-; rigidez matinal -hay que esperar hasta dos horas para que puedan levantarse de la cama-; síntomas sensoriales como parestesia de miembros; hipersensibilidad al ruido y a la luz; contracturas; calambres; temblores y bruxismo. Sobre este último síntoma, puedo decir que mi esposa ha perdido toda la dentadura, que era muy sana. Además, tienen sensación de hinchazón en diversas partes del cuerpo, vértigo, hipersudorización, disterminas, sequedad de boca, palpitaciones, opresión precordial, taquicardia, colon irritable, vejiga irritable, vulvodinia, dificultad de memoria reciente, concentración, ansiedad, alteraciones de ánimo, angustia y depresión.

                Como se puede ver, es una enfermedad muy compleja y por eso hemos llegado a la conclusión, como miembros de la Asociación y como enfermos, que a los médicos no les interesa tratar esta enfermedad porque es muy compleja y no tiene remedio. Por esa razón, la suelen derivar a los psiquiatras, quienes simplemente las medican como enfermas psiquiátricas y es así que terminan locas o suicidándose, lo que no es un caso extraño.

                Generalmente, al no ser diagnosticadas y no recibir atención, estas pacientes van perdiendo calidad de vida, relaciones, trabajo, movimiento y descanso. Es una enfermedad invisible, fantasma, porque no aparece en ningún lado; si uno observa a estas enfermas las ve sanas pero, por ejemplo, hoy faltaron dos porque no pudieron levantarse.

                Por otra parte, se trata de un problema social y del entorno; la familia y el entorno familiar las rechaza porque las considera haraganas, que no tienen ganas de hacer nada. Algunas tienen hijos y otras trabajan, pero hay días en que no se pueden mover o tienen apatía, lo cual es normal en estos casos. Brevemente esas son las características de la enfermedad. Hay muchas otras cosas de las que podríamos hablar, pero lo más importante es que la atención de la fibromialgia en el Uruguay, que se conoce desde el año 1998, a través del INRU, es cada vez menor. Tan así es que en la última reforma de ASSE en el INRU se despidió a los reumatólogos especializados en fibromialgia que estaban trabajando en forma honoraria  hasta ahora en esa enfermedad.

                Ahora nos ha pasado -en realidad le pasó a mi esposa- que fue a una consulta con un reumatólogo y este médico le dijo que hacía lo que podía, porque no sabía nada de fibromialgia.

                En este tema, las mutualistas también se han puesto al margen, porque el tratamiento es caro, es interdisciplinario y necesita una combinación de reumatólogo, fisiatra, psiquiatra, psicólogo, asistentes sociales y todo eso la mutualista no lo da. En algunos hospitales, como el Saint Bois, hay un apoyo que si bien no es específico, por lo menos es un apoyo. La única unidad privada donde se atendía esta enfermedad era la de Pando; el doctor Carlos Uboldi, que escribió el único libro que hay sobre la enfermedad en el Uruguay, atendió 500 enfermos con éxito. Pero el programa que él llevaba adelante acaba de ser paralizado, porque a CAAMEPA ya no le interesa más, porque es costoso y la Caja de Auxilio, al parecer, no aporta el dinero que requería el programa. Quiere decir que hay 500 enfermos, solamente de la ciudad de Pando, que nos están llamando desesperados.

                Los señores Senadores podrán pensar muchas cosas, pero quiero ser breve y decir que la Asociación es el único rincón donde los enfermos tienen cierto apoyo, aunque no les podemos dar nada, porque ni siquiera tenemos un asesor médico. La Sociedad Uruguaya de Reumatología nos ha negado un médico para consultas. El Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado no consideran esta enfermedad como algo serio. Las mujeres trabajadoras que la padecen, o son despedidas o no pueden seguir trabajando más y nunca reciben compensación, jubilación ni nada. Aquí, entre nosotros, hay una persona enferma que ha sido jubilada por discapacidad y no por fibromialgia, porque esta dolencia viene acompañada por males como artrosis y diabetes, entre otros. Inclusive, hay personas que sufren hasta siete enfermedades; es por eso que la fibromialgia se escuda debajo de ellas y los médicos también.

Pedimos al Estado que se preocupe por la formación de los médicos, a fin de que se especialicen en la enfermedad, en su diagnóstico y atención primaria; asimismo, solicitamos que se creen unidades de especialidad para tratarla.

No hay remedios y la razón se debe a que los laboratorios no pueden hacer dinero con este mal. Pfizer es el único laboratorio que nos da una mano porque elabora un medicamento llamado Pregabalina, que ni siquiera está autorizado en todo el mundo, pero a algunas personas las calma.

Necesitamos apoyo para dar información a los enfermos, facilitarles la realización de hidroterapia, yoga, tai chi u otro tipo de terapias alternativas. A su vez, requerimos que se haga un censo de aquellas entidades que traten la enfermedad y que, al menos por una vez, los médicos nos escuchen.  Las mutualistas tendrían que dedicar una parte de su presupuesto a estos enfermos que son ignorados o sistemáticamente derivados a otros médicos; en ese sentido, existe el caso de una persona que durante cinco años fue derivada a distintos médicos. A su vez, algunas clínicas que realizan su publicidad por televisión proporcionan a los enfermos, a cambio de dinero -muchos dólares- una mejoría de su situación, pero apenas por unos pocos días.

Por todo esto, proponemos que se elabore un proyecto de ley que considere a estos enfermos dentro de una categoría especial, como ocurre con otras enfermedades.

Asimismo, solicitamos por primera y única vez un subsidio mensual de   $ 25.000, que nos permitiría llevar adelante nuestro plan de trabajo, es decir, un programa de apoyo a los enfermos.

                A continuación, quisiera que la señora Vilma García, que es nuestra Secretaria y también padece esta enfermedad, brindara el resto de la información.

SEÑORA GARCÍA.- Hace diez años me diagnosticaron esta enfermedad y durante todo este tiempo he pasado por muchos momentos difíciles. La Asociación Uruguaya de Fibromialgia ha sido un referente para mí y para muchos pacientes.

Como ya lo manifestó nuestro compañero, no contamos con recursos de ningún tipo, y es justamente eso lo que hoy venimos a pedir. Desde Salud Pública y también desde entidades privadas se derivan pacientes a nuestra Asociación, pero si no tenemos médicos o psicólogos, no los podemos ayudar.

Otra cosa que quiero recalcar es la depresión que se genera a causa de esta enfermedad. Como no tenemos ayuda psicológica, nos contenemos entre nosotros, porque es la única manera en que podemos salir adelante. Pero realmente necesitamos la ayuda de médicos de distintas especialidades, como reumatólogos, psicólogos, fisiatras, etcétera. Además, actividades como el hidromasaje son muy buenas para mejorar y aliviar la enfermedad, pero no todos podemos pagar estos tratamientos y la medicación. Por eso, el subsidio que estamos pidiendo es bastante acotado para lo que necesitamos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos su presencia y tomaremos en cuenta el memorándum que se nos ha acercado cuando la Comisión analice estos temas.

Los señores Senadores quedan convocados  para las 15 horas del día de hoy, a efectos de continuar con las audiencias.

La Comisión pasa a cuarto intermedio.

                (Es la hora 13 y 14 minutos)

SEÑORA PRESIDENTA.- Finalizado el cuarto intermedio continúa la sesión.

(Es la hora 15 y 25 minutos)

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda creó esta Subcomisión con el fin de recibir a quienes lo soliciten. En esta ocasión tiene el agrado de recibir a los representantes de los Funcionarios Presupuestados del escalafón A del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR BENÍTEZ.- Buenas tardes.

Mi nombre es Julio Benítez y soy asesor de la Cancillería desde hace 38 años. Me acompañan la doctora Susana Rivero, también asesora desde hace unos cuantos años -por gentileza para con las damas, no decimos cuántos- y el contador Roberto Touriño, quien hace tiempo está trabajando en la Cancillería.

Antes de comenzar puntualmente con el tema, queremos agradecer a los señores Senadores porque han sabido hacerse un momento para escucharnos. Nos vamos a ajustar al horario que nos han otorgado para atender algo que es muy personal en la temática del país y del Poder Legislativo en este momento. Somos conscientes de que nuestro planteamiento radica en una pequeña solicitud de ocho funcionarios, que entendemos que tenemos derechos adquiridos en lo que ha sido nuestra carrera administrativa dentro de la Cancillería. De buenas a primeras nos encontramos con el artículo 343 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional aprobado en la Cámara de Representantes y luego remitido a la de Senadores, por el cual se nos quita la posibilidad de salir al exterior en las condiciones en que lo podíamos hacer anteriormente, estableciendo un régimen mucho más restringido. Obviamente, concurrimos a esta Comisión a hablar por nosotros mismos y, aunque somos ocho los involucrados, esta tarde hemos venido tres porque los otros cinco que están en la misma categoría se encuentran ocupando cargos en el exterior.

El régimen de salida al exterior dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de la dinámica, la temática, la tarea, las obligaciones y las responsabilidades de quienes estamos trabajando ahí y se remonta al año 1964, cuando en el artículo 123 de la Ley Nº 13.318 de Ordenamiento Financiero se autorizó por primera vez en forma continuada que la Administración pudiera disponer, si así lo deseaba, la salida al exterior, en aquel momento de los Asesores Letrados, y luego de los técnicos profesionales AaA, es decir, contadores y demás profesiones universitarias. Posteriormente, en el Decreto-Ley Nº 14.206 de 1974 se crea el Estatuto del Servicio Exterior y se establecen todas las normas acerca de cómo debería funcionar la Cancillería. Se consagra que pueden seguir siendo destinados al exterior, con un rango mínimo de Ministro Consejero. En el año 1987, la Cancillería se fue profesionalizando y avanzando; los funcionarios comenzaron a entrar por concurso con condiciones tan profesionales como las nuestras y una muy buena capacitación, y aún continúan desempeñando funciones. Pero se dijo: “Bueno, no va más. Los que entraron antes del 31 de diciembre de 1985 tienen determinados derechos”. Esto se refería a nosotros, en términos tangueros: “la guardia vieja” de la Cancillería. Somos los últimos ocho que quedamos de aquel sistema. De aquí en más, las personas que salgan, lo harán de acuerdo con estas normas. Esta medida fue tomada por la  Administración, por lo tanto, el señor Canciller sabrá cómo resolver esta situación. Sorpresivamente, nos encontramos con un nuevo artículo a través del cual se da un carácter inferior a nuestra categoría. Automáticamente se deroga el artículo 44 del Decreto-Ley Nº 14.206 -con una redacción dada por una ley posterior- y quedamos fuera de un sistema que hasta ahora nos había amparado.

                Es de destacar que formalmente solicitamos audiencia con el señor Canciller -consideramos que este tipo de cosas se arreglan en la propia casa- quien por el momento está ocupado con otros temas más trascendentes y todavía no nos recibió. Asimismo, dialogamos francamente con algunos jerarcas de la Cancillería y ellos nos manifestaron que no existía ninguna intención de perjudicarnos.

                En definitiva, esta es la situación en  que nos encontramos. Si comparamos el régimen actual con el que se aplicaría a los nuevos funcionarios técnico profesionales, podemos apreciar lo siguiente. Nosotros nos encontramos amparados por una ley que dice “serán destinados”, mientras que el proyecto de ley dice “podrán ser destinados”. A su vez, nosotros salimos con una categoría mínima de Ministro Consejero, mientras que en el proyecto de ley dice que podrán salir con tareas de asesoramiento técnico en condición de “Consejero o Primer Secretario”, es decir que se encuentran en un nivel inferior. A su vez, por nuestra propia gestión, antigüedad y antecedentes, la  Administración nos confirió responsabilidades de Ministros o Embajadores que estuvimos desempeñando tanto en el exterior como en Montevideo, y solo al final de nuestra carrera podríamos llegar a tareas de asesoramiento técnico con retribución de Consejero o Primer Secretario. Esto quiere decir que nos degradan automáticamente y nos quitan un derecho adquirido. Por otro lado, de acuerdo con el régimen actual, salimos al exterior por un período de cinco años, mientras que, según el proyecto de ley, ese lapso de tiempo saldríamos por tres años. Por último, el período de adscripción de dos años que tenemos actualmente pasaría a ser de, por lo menos, cinco años.

                De más está decir que respetamos a la Cancillería, a la Administración y también a los señores Legisladores, que podrán determinar qué es lo que desean para nuestra institución. Nos ceñimos a señalar respetuosamente que sentimos que, de buenas a primeras y sin ningún análisis previo con nosotros, se nos quitan los derechos que teníamos. 

No sé si mis colegas quieren realizar alguna ampliación sobre el tema o si los señores Legisladores desean hacer algún comentario o pregunta.

                Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Quiero realizar una sola pregunta a efectos de clarificar un  aspecto. La situación que plantean comprende a ocho funcionarios. Quiere decir que cuando estos funcionarios se retiren, no quedará nadie en estas condiciones. Esta situación se daría hasta el momento en que ustedes se retiren, que ojalá suceda dentro de muchos años.

SEÑOR BENÍTEZ.- Así es, señor Senador.

                Quisiéramos dejar en claro que no venimos a solicitar que nos den nada, ni un peso ni un derecho más de los que ya tenemos; respetuosamente reivindicamos los derechos que actualmente tenemos y que nuestro régimen jurídico viene avalando desde el año 1964 en la Ley de Ordenamiento Financiero. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Está bastante clara la reivindicación y, además, nos han entregado documentos, por lo cual, en su momento, analizaremos el planteo realizado.

                Muchas gracias por haber venido.

SEÑOR BENÍTEZ.-  Muy amables; gracias a ustedes.

(Se retira de Sala la delegación de Funcionarios Presupuestados del escalafón A del Ministerio de Relaciones Exteriores)

(Ingresa a Sala la delegación del Movimiento de la Juventud Agraria)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación del Movimiento de la Juventud Agraria, que está integrada por el señor Oscar García, el señor Elmer Rodríguez, la señora Silvana Gómez, el señor Freddy Martínez y el señor Gastón Casa.

SEÑOR GARCÍA.- En primer lugar, quiero agradecer que nos hayan recibido.

                Nosotros integramos el Movimiento de la Juventud Agraria, una institución que hace 65 años viene trabajando en el medio rural en pos de la capacitación y el desarrollo del joven y de la familia rural. Hace más de cincuenta años que recibimos un subsidio para realizar esta actividad, que apunta al desarrollo de los jóvenes y de la familia rural a través de la capacitación y todo lo que tiene que ver con lo social, cultural, deportivo, recreativo y productivo, por medio de planes de desarrollo. Si bien en algún momento se trabajó a nivel de todo el país, luego, debido a los escasos recursos que recibimos, nos hemos limitado a hacerlo del Río Negro hacia el sur. En realidad, tenemos una demanda muy importante en otros departamentos en los que se requiere nuestra presencia para la capacitación, el desarrollo y el fomento del trabajo de los jóvenes en el medio rural pero, al no contar con los recursos necesarios, se nos hace imposible.

                En estos 65 años el Movimiento ha tenido un destaque muy importante en rubros como, por ejemplo, la avicultura -fue uno de los creadores de esta actividad- que hoy tiene una fuerza muy importante en el santoral de Canelones. A su vez, inició la actividad apícola en el país, creando el primer banco apícola y haciendo las primeras exportaciones de miel al exterior. También tuvo mucho que ver con el desarrollo de las primeras semillas híbridas que llegaron al país, los concursos de maíz híbrido y las primeras importaciones de semilla de papa, en un trabajo que se hizo con Alemania.

                En definitiva, nuestro Movimiento ha tenido un impacto muy importante en la sociedad del interior del país, principalmente, en la formación de los jóvenes rurales. Es un trabajo que básicamente se concentra en el apoyo a las escuelas rurales, ya que estas son el centro que nuclea a las familias en el medio rural. Al día de hoy estamos desarrollando planes productivos que ayudan al desarrollo del país. Las últimas encuestas que se realizaron sobre ovinos reflejan que hace diez años teníamos 26:000.000 y, actualmente, son 7:000.000. Esto provoca que estemos fomentando en zonas que no tenían características ovinas, el trabajo de la cría de dos razas, tanto de carne como de leche y lana. Entonces, para seguir desarrollándonos, creciendo y dando cumplimiento -acorde con lo que exigen los nuevos tiempos- necesitamos redoblar el apoyo que tenemos a través de esta partida.

                Cuando llegamos a un lugar para instalar un club agrario juvenil brindamos todo nuestro apoyo -en forma permanente con el extensionista en cada departamento- así como asistencia profesional de todo tipo para que el joven se radique en el medio rural y cuente con todas las condiciones para quedarse allí con su familia. Me gustaría que alguno de mis compañeros expusieran algún concepto más sobre qué es la institución en desarrollo para poder recibir, de alguna manera, un apoyo más amplio -el doble de lo que hoy estamos percibiendo- que permita cumplir con toda la actividad y seguir manteniendo a la gente del campo en el medio rural, principalmente, a los jóvenes que son a los que nosotros apuntamos.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Me voy a referir específicamente a la partida que percibimos actualmente. Estamos percibiendo, a través del presupuesto vigente, una partida de $ 1:200.000 anuales que, inicialmente, era de $ 1:116.000. En 2007 se ajustó un 7,52% y no hemos recibido más ajustes durante todo el Período. Por lo tanto, en términos reales ya hemos tenido una pérdida porque el IPC durante el período 2005-2009 fue aproximadamente de un 34%. El pedido de aumento de partida lo fundamentamos, en primer lugar, en esa pérdida real que hemos tenido por el IPC y, en segundo término, para  poder desarrollar actividades en departamentos que nos la han solicitado y que por escasez de recursos no hemos podido cumplir. Concretamente, me refiero al departamento de Maldonado en donde tenemos un convenio vigente con la Intendencia, pero que está sin ejecutar porque no tenemos recursos para acceder a ese lugar. También tenemos pedidos del norte de Río Negro, en los departamentos de Paysandú y Artigas, donde tampoco podemos llegar por falta de recursos. Aclaro que no es falta de voluntad, sino de recursos y no queremos concurrir una vez, generar expectativas y después no poder cumplir.

SEÑOR CASA.- Como sociólogo apoyo al Movimiento en las áreas de comunicación y fortalecimiento institucional. Quisiera llamar la atención, en forma muy breve, sobre dos puntos.

Por un lado, hacer énfasis en la trayectoria de transparencia que tiene el Movimiento a lo largo de sus 65 años de vida en cuanto a rendir cuentas sobre los fondos que recibe del Estado. En alguna oportunidad hemos sido halagados por algunos miembros de la Comisión de Presupuesto, pues nos han dicho que somos de las pocas instituciones que rinde prolijamente cuenta de los fondos que recibe e, indudablemente, para nosotros eso representa un orgullo muy grande.

                El otro punto sobre el que quiero llamar la atención -asumo que quizás sea por deformación profesional- es que el Movimiento se orienta expresamente hacia la permanencia de los jóvenes rurales en su ámbito natural, en el campo. Los que somos montevideanos permanentemente percibimos los efectos desastrosos que causa la migración de la gente del interior hacia Montevideo pues muchas veces llegan a la capital con grandes expectativas y se terminan enfrentando a una realidad en donde sus habilidades y capacidades no siempre pueden ser aplicadas y valorizadas adecuadamente. Entonces, es común que se termine engrosando los cinturones de pobreza, los asentamientos, etcétera, cuando lo ideal es que la gente de campo, con sus conocimientos y con los haberes acumulados, permanezca en ese medio, siendo productivos para el país y para ellos mismos.

                Por último, el  Movimiento  se enfoca,  indudablemente, en   los  jóvenes -por eso constituimos el Movimiento de la Juventud Agraria- y, por extensión,  en el desarrollo de la familia rural, sobre todo, de la mujer rural, como eje y núcleo de la gente de campo.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si ningún señor Senador desea formular preguntas, la Presidencia se permite señalar que ha sido muy clara la reivindicación formulada, que contamos con  documentación al respecto y que será analizada en el momento en que la Comisión considere cada uno de los planteos formulados.

                Les agradecemos vuestra presencia.

(Se retira de Sala la delegación del Movimiento de la Juventud Agraria)

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Judiciales)

                La Subcomisión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir a representantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales a fin de escuchar su planteamiento. Como ustedes sabrán, cuentan con quince minutos para realizar su exposición y una vez finalizada la misma, eventualmente, podrá haber preguntas de parte de los señores Senadores.

SEÑOR VÁZQUEZ.- En primera instancia, queremos agradecer a la Comisión por recibir a los trabajadores. Pensamos que es bastante difícil abordar los temas de la Justicia en quince minutos pero, de todos modos, trataremos de atenernos a los tiempos estipulados por la Comisión.

                Debo decir que representamos al 75% de los trabajadores de la Justicia de este país, ya que son 3.500 los afiliados a nuestro sindicato, una organización con trayectoria y responsabilidad, que no sólo pelea por los problemas netamente salariales, sino también por qué Justicia necesita nuestro país. Prueba de ello es que los días 11 y 12, en nuestro sindicato se realizará el 3er Foro de Justicia, dando insumos académicos, sindicales y políticos para el mejoramiento general de la Justicia.

                Por otra parte, queremos señalar que no tuvimos ámbito de negociación con la Suprema Corte de Justicia. Más allá del espíritu que tuvieron los Legisladores al aprobar la Ley N° 18.508, de negociación colectiva, la Suprema Corte de Justicia se arroga el derecho de sostener que como la ley no habla expresamente de “presupuesto” ni “salario”, no discute sobre salarios y presupuestos con los trabajadores. Me parece que esa no fue la voluntad del Poder Legislativo al aprobar la Ley de Negociación Colectiva y, seguramente, esa sea una de las cosas que debemos empezar a cambiar en la Justicia. Esto ha hecho que el único ámbito de discusión que tuvimos haya sido el Poder Ejecutivo, a través del Prosecretario y del Secretario del Presidente de la República, a quienes transmitimos nuestra propuesta que tenía que ver con los criterios que el mismo poder Ejecutivo había manejado en el sentido de comenzar a romper las iniquidades salariales de los trabajadores del Estado en general y de los funcionarios judiciales en particular. En virtud de eso, hicimos un planteo general e integral que no solamente abarca a los compañeros que están afiliados a nuestro sindicato, sino a otros gremios y actores de la Justicia. Lo aprobado en la Cámara de Representantes es más de lo mismo; es igual al planteo del Poder Judicial -me refiero a un 23,5% para todos- con menos dinero para repartir. Este no es el espíritu de nuestro sindicato y pensábamos que tampoco era el del Partido de Gobierno que decía que había que empezar a recorrer el camino de las inequidades salariales dentro del Estado. A veces tenemos la impresión de que los funcionarios judiciales no pertenecemos al Estado, sino que somos una isla y que estamos en una situación a la que nadie quiere meterle el diente -como se dice vulgarmente- por lo tanto, terminamos acá, en este recinto, tratando de que los señores Senadores -que, según nos informaron, son quienes van a decidir sobre el Presupuesto- nos escuchen y esperando obtener resultados de nuestras gestiones.

                En esta breve alocución no queremos dejar pasar por alto algunos artículos que ya fueron aprobados en la Cámara de Representantes y que el Poder Ejecutivo acompañó a través de su Ministerio de Economía y Finanzas.

                El Inciso 16 del Poder Judicial comienza con el artículo 616 que se refiere al otorgamiento de la dedicación total parcial para cierta cantidad de cargos jerárquicos, lo que significa un 60% más de salario -esto se vincula con las iniquidades-y en muchos casos implica no menos de $ 14.000 de aumento, pedido y aprobado en la Cámara de Representantes, y que regirá a partir del 1º de enero de 2011. Además, y no es un hecho menor, de los nueve directivos de nuestro sindicato, tres son Directores de Departamento y están implicados directamente en este aumento. Ellos se oponen en forma unánime, puesto que los dirigentes de nuestro sindicato buscan el beneficio colectivo y les sobra ética y moral para rechazar de plano este punto.

                El artículo 618, asigna a determinados cargos -algunos definidos y otros no- compensaciones del 30% adicional por permanencia a la orden sin razones funcionales de ningún tipo, como tantas que tiene ahora el Poder Judicial y con las que no estamos de acuerdo.

Más adelante, en los artículos referidos a la creación de cargos -a partir del artículo 626, si no me equivoco- se proponen cuatro nuevos cargos de Actuarios y doce cargos de Actuarios Adjuntos. Es importante para nosotros mencionar la inconsistencia en el tratamiento de los recursos humanos del Poder Judicial y la falta de un estudio serio y responsable en el escalafón administrativo, donde se atiende baranda, hacemos oficios o cedulones, y en el que trabajan 28 abogados, 3 escribanos, 27 procuradores, 3 médicos y 18 psicólogos. Pero también tenemos otros cargos de  profesionales que no están tan directamente vinculados con la función judicial como, por ejemplo, ingenieros agrónomos, quienes seguramente sacarán el polvo de los expedientes. Esa es otra parte de la inconsistencia a la que nos referimos; y esa solicitud de “recorto y pego” que hace la Suprema Corte de Justicia planteando la creación de cargos, cargos, y más cargos, no se justifica si tomamos en cuenta esta inconsistencia.   Esto es lo que sucede en los Juzgados Penales -si hay algún Abogado Penalista lo podrá corroborar- donde en cada uno hay 5 Actuarios Escribanos -o sea que son 35- 15 en la Ejecución de Sentencia -lo que totaliza 50- cuando alcanzaría con la mitad de ellos -y digo “la mitad” porque soy muy benevolente- para hacer funcionar esas Sedes en las que, seguramente, no se necesitan escribanos.

                Nuestro planteamiento apunta, entonces, a una estructura salarial diferente, a que el sueldo base de los trabajadores sea el mayor componente, pero que no esté constituido por partidas porcentuales “enganchadas” a la nada, como sucede en este momento, que estamos “enganchados” al Subdirector de Servicios Administrativos, mientras que se siguen pidiendo partidas en forma permanente para otros cargos. Nuestra propuesta continúa siendo abarcadora e integral, y estamos dispuestos a  discutir estos temas, pero hasta ahora  no hemos tenido oportunidad.

                Hoy, los trabajadores estamos en conflicto. Ayer realizamos un paro por 24 horas, y en este momento se está llevando a cabo una asamblea en nuestro local sindical; por eso es tan exigua la participación de nuestros dirigentes, es decir, el resto de los integrantes de la Dirección Ejecutiva  está en el sindicato.

Cabe agregar que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes significa $ 500 en cinco años para los trabajadores comunes, y para otros, como los Directores de Departamento, unos $ 14.000; para nosotros esto es una absoluta vergüenza.

                En el quinquenio anterior concurrimos con todas las gremiales del Poder Judicial y peleamos un presupuesto conjunto. Así fue que se logró que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia que ganaba $ 70.000 pasara a cobrar $ 125.000, que un Actuario pasara a percibir una remuneración de entre $ 40.000 y $ 50.000, y que los Defensores tuvieran un aumento durante el quinquenio  de $ 16.000. Todos los trabajadores tenemos derecho a tener una vida digna, pero para ello hace falta modificar esta estructura perversa que tiene el Poder Judicial, que es lo que queremos hacer, conversando y negociando, oportunidad que hasta ahora no hemos tenido.

SEÑOR SIGNORELLI.- También soy integrante de la Dirección Ejecutiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales.

Con respecto a lo que acaba de señalar el señor Vázquez en torno, fundamentalmente, a la situación económica del Poder Judicial, creemos que detrás de todo esto hay un planteo y un modelo de justicia. Para nosotros, el quinquenio pasado fue el que tuvo el mejor presupuesto en la historia del Poder Judicial, en todos los rubros y en todas las ejecuciones, desde la aplicación de la reestructura a la aplicación a los fondos en el  Rubro 0, en Rubro Gastos, en Rubro Inversiones y demás. Estos cinco años de experiencia han generado que el Poder Judicial, como administrador de Justicia en el país, continúe siendo pésimo. Este es un balance de lo que han sido los últimos cinco años, pero un balance que no tiene que ver efectivamente con la ejecución de créditos presupuestales, sino con lo que ha sido la administración del Poder Judicial. Y lo decimos sin que nos duela nada. Cuando las autoridades de la Suprema Corte de Justicia vienen a decir que, comparativamente, es la menos corrupta de América Latina, no dice que en realidad  va a contrapelo en lo que tiene que ver con la descentralización y con la necesidad del acceso a la Justicia de los sectores más pobres. No se refiere a cómo funciona el sistema de Defensoría Pública, mejor dicho, cómo no funciona el sistema de Defensoría Pública y de Oficio. Tampoco dice cómo el Poder Judicial se arroga la potestad de decir que tal vez eso sea constitucional, pero en ese punto tenemos algún bemol porque somos viejos funcionarios judiciales, conscientes de lo que implica la autonomía de la Suprema Corte de Justicia establecida en la Constitución de la República y sabemos que tiene limitaciones. Algunas de ellas tienen relación con quién forma a los Jueces; cómo ingresan, de qué forma se imparte justicia -o sea, si centralizadamente o no-; cómo se atiende en los Juzgados de Paz, que son los que atienden la problemática de los niveles más bajos de la población; cómo se brinda el servicio a través de la Defensoría o cómo se redistribuye una sección en el interior del país dejando 100 kilómetros a la redonda sin un Juzgado que permita resolver, nada más ni nada menos, el trámite para casarse, cómo registrar el nacimiento de un hijo, o simplemente plantear el problema de que la vaca se pasó  de la linda.  Sé que, planteados en estos términos, quizás pueden parecer problemas menores, pero son los que tiene nuestra gente, los que tiene el propio Poder Judicial que no da respuesta a nada. Por ejemplo, hace 20 años nuestra Asociación propuso un plan piloto, en el que se incluían cinco centros de mediación en zonas rojas; los mejores porcentajes; la mejor forma y realización del trabajo social, pues también corresponde que se ocupe de ello.

Por todas estas razones, nosotros sentimos que el Poder Judicial no va de acuerdo con el Presupuesto Nacional ni con los tiempos políticos del país. Cuando señalamos esto último, queremos decir que la Suprema Corte de Justicia sigue siendo la isla  que se arroga la potestad de decir, por ejemplo, que el IRPF no debe gravar la partida de vivienda de los Magistrados, pero sí la de los trabajadores; se arroga también el Derecho de decir que la Ley Nº 18.508 no los afecta en la negociación colectiva porque a texto expreso no dice que en ese caso se deba negociar salario y presupuesto. Acá nadie es tonto. ¿Se propone una negociación colectiva sin salario y presupuesto? ¿De qué hablamos?

Podría aburrir un rato a los señores Senadores  hablando de estas y otras potestades que tiene la Suprema Corte de Justicia, que son comprobables, tangibles, que no son inventos ni cosas que se nos puedan ocurrir; son cosas reales, que pasan todos los días, entre otras, que los Juzgados de Paz siguen centralizados en los locales de 18 de Julio y Roxlo y en el edificio de la Cooperativa Ba ncaria. Pero nadie puede plantear esto a la Suprema Corte de Justicia  porque, en realidad, no le interesa que esos Juzgados vuelvan a los barrios, como tampoco le interesa mejorar el sistema de la Defensoría de Oficio.

                En realidad, venimos al Parlamento, casi decepcionados, a pedir un último esfuerzo para cambiar lo que tiene que ver con la administración de Justicia y con el Poder Judicial. Queremos dejar bien claro que esta Asociación  quiere una reforma del Estado en el Poder Judicial, una reforma a favor de los más pobres en cuanto a cómo se accede a la Justicia en este país, no al derecho.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Desde ya adelantamos que tomaremos en cuenta la documentación que nos aportaron y que será analizada en la Comisión.

(Se retiran de Sala los representantes  de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial)

(Ingresa a Sala la representación de la Sociedad Apícola Uruguaya)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Sociedad Apícola Uruguaya; con mucho gusto escucharemos sus planteos. Queremos informar a nuestros visitantes que la versión taquigráfica de sus expresiones será entregada a todos los señores Senadores integrantes de la Comisión.

SEÑOR GUERRERO.- Buenas tardes.

 En primer lugar, queremos agradecer la deferencia que han tenido en recibirnos y nos presentamos: mi nombre es Álvaro Guerrero y me acompañan algunos integrantes de la Sociedad Apícola Uruguaya, a saber, su Secretario, el señor Sebastián Blanco, el señor Mario Torres y el doctor Rubén Riera, socios, y el señor Freddy Fraque,  colaborador adjunto de la Comisión Directiva.

                Soy apicultor, trabajador rural familiar y vivo en un predio rural en Canelones, ubicado entre Toledo y Sauce. Hemos concurrido con un falso expediente de la documentación entregada y, para que queden registrados en la versión taquigráfica, voy a mencionar algunos puntos sencillos.

                El motivo de nuestra solicitud de audiencia es trasmitir información sobre la necesidad de fondos para la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y la importancia de su función y, a su vez, realizar algunas apreciaciones sobre el artículo 358 del proyecto de ley de Presupuesto 2010.

Concretamente, solicitamos que se modifique el mencionado artículo del Presupuesto 2010. En principio, pedimos que no se derogue el literal D) del artículo 5º de la Ley Nº 17.115, de 21 de junio de 1999, en la redacción dada por el artículo 222 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008. La apreciación que queremos hacer es que si esto se aceptara, el sector productor quedaría aportando un 0,5% del importe de la primera venta de miel.

                Como segundo punto, queremos que los recursos destinados por este artículo 358 al Fondo de Desarrollo Apícola con financiamiento de Rentas Generales, sean iguales a lo aportado por el sector. Si esto se entendiera así, se trataría de una contrapartida igual a la aportada por el sector productivo y, en tal caso, el Fondo de Desarrollo Apícola -administrado por la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola- contaría con el equivalente a un 1% de la primera venta de miel tanto del mercado interno como del de exportación. Si ponemos el ejemplo de este año, donde se produjeron y exportaron 7:300.000 kilos de miel -es decir, 7.300 toneladas- con un promedio de US$ 2,30, el país tuvo un ingreso de divisas de US$ 16:790.000, lo que en pesos uruguayos -tomando el dólar a $ 20- equivale a $ 335:800.000. El 0,5% de esta cifra, que es lo que solicitamos  sea  aportado  por  los  apicultores,  ascendería  a  $ 1:679.000, y una contrapartida igual es la que pedimos sea aportada por el Estado. A este respecto,   cabe  agregar  que  en  el  artículo  358,  el  Estado  había  asignado  una  partida  de  $ 1:000.000 para la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola.

                En el documento que entregamos a los señores Senadores figura un resumen del proceso por el que se llega a este pedido. En el año 1999 se aprobó la Ley Nº 17.115, que en su artículo 5º crea el Fondo de Desarrollo Apícola integrado con tres literales con distintos montos: las sumas que se asignen por ley, los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos y los legados que reciba. El señor Representante Yanes -asesorado por algunos apicultores, entre los que me encontraba yo- presentó un proyecto que modificaba la Ley Nº 17.115 en varios aspectos que el sector productivo y los apicultores organizados entendíamos que era relevante cambiar. Uno de ellos refería a que en la Ley Nº 17.115 estaban nominadas las instituciones gremiales representativas del sector. Por ejemplo, la Sociedad Apícola estaba nominada para ser integrante de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. Nosotros entendimos, en aras de poder lograr la participación de los productores y tomar en cuenta todas las instituciones, que en realidad no tenían que estar nominadas las instituciones sino que éstas debían presentar su calidad de representantes del sector. Es decir, de manera metafórica, sacar el tornillo al asiento y dejar que cada institución, al momento de constituirse el órgano asesor del Poder Ejecutivo, presentara las razones por las cuales debería integrarlo, es decir, su carácter nacional, la cantidad de socios, su personería jurídica, etcétera.

Otra de las cosas que propone este proyecto de ley es que la Comisión no sea más honoraria y se conforme en algo así como un INAPI, un Instituto de Apicultura. Al principio, la validez de los institutos y su oportunidad estratégica se vieron controvertidas por ciertas políticas del Gobierno, y entonces pensamos en una Comisión de Desarrollo Apícola. Debemos resaltar que, históricamente, desde su creación, la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola nunca tuvo fondos y es la primera vez que se le asignan en una Ley de Presupuesto. Por lo tanto, aparte de nuestro pedido, queremos dejar explícito el reconocimiento de ese hecho. Quiero decir, además, que nunca habíamos contado con fondos de ese tipo, a pesar  de que se había laudado, en la interna del sector privado, aportar un 0,5% como forma de negociar con el Gobierno para que nos aportara una cifra similar a los efectos de poder desarrollar el sector.

Por otra parte, quiero decir que el sector apícola está en una profunda crisis. Por distintos motivos que no voy a exponer acá, en años normales se cosechaban 12.000 toneladas, mientras que ahora llegamos a 7.300. En años normales, representamos el 0,5% del Producto Bruto Interno y para que los señores Senadores tengan una idea, podemos hacer una comparación, por ejemplo, con los vinos, que son un referente y representan el 0,2%. Además, hay que destacar que el sector apícola exporta más que el ovino, cuya producción representa el 0,4% del Producto. Somos un sector netamente exportador, ya que a ello se destina el 95% de nuestra producción, y queda en el debe promover el consumo interno, en nuestras escuelas y hospitales, de los productos derivados de la colmena. Es decir que en lo interno existe un gran potencial, desde la industria farmacéutica hasta el área de la alimentación y demás.

                En la Ley de Presupuesto Nº 18.362 se toman algunos artículos del proyecto de ley que luego es archivado -los artículos 221, 222 y 223- pero el que nos interesa, porque refiere al tema, es el artículo 222. Este artículo incorpora al artículo 5º de la Ley Nº 17.115 un literal: "D) El aporte de la cadena apícola será del 0,5% por cada kilogramo de miel comercializado, actuando como agentes de retención los envasadores y los exportadores que deberán volcarlo a la cuenta especial: “Fondo de Desarrollo Apícola’ del Banco de la República Oriental del Uruguay".

                De acuerdo con el Decreto Nº 59/010, del Poder Ejecutivo, se reglamenta la Ley Nº 18.362 en lo que a estos tres artículos refiere. En realidad, se crea el Consejo Asesor Apícola y se realizan los cambios que ya he mencionado, pero lo que nos interesa es el Capítulo II de este Decreto, de aportes para el Fondo de Desarrollo Apícola, que trata lo referente a los artículos 5º al 11. En definitiva, se reglamentó lo que estaba previsto, pero cuando se trata de recaudar, la Dirección General Impositiva estima que es más caro este impuesto que toda la operativa. En realidad, omitimos hacer notar que este impuesto podía recaudarse junto con el IMEBA; es decir que la infraestructura ya estaba. Se tomaba como un nuevo impuesto, pero no se necesitaba logística para recaudarlo porque se incluía en el IMEBA. De todas maneras, el sector está realizando trámites con autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para conseguir la rebaja de este impuesto, que es del 1,5%. No olvidemos que existen estrategias de rebaja de la carga impositiva para los sectores agropecuarios que utilizan mucho combustible, y el nuestro es uno de ellos; por eso pretendemos solicitar esta rebaja.

                En definitiva, se trata de derogar este Decreto con otro, el Nº 150/010, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sin embargo, se falló en la redacción y se derogaron los artículos 5º y 11, cuando se debió derogar los artículos que van del 5º al 11; por lo tanto se hace un Decreto definitivo, el Nº 213/010, por el cual queda derogado todo el literal D) que se agregaba con relación a la parte recaudatoria.

                Esta es la constancia respecto de la documentación que queríamos dejar en la versión taquigráfica. De más está decir que se trata de un sector que está en profunda crisis, pero no tiene límites en cuanto a su techo productivo y es una herramienta de desarrollo rural, porque está compuesto por un 70% de productores pequeños. Me han dado el honor de ser el Presidente de la Sociedad Apícola, vivo en el medio rural, pero soy un productor que  tiene  ochenta  colmenas,  mientras  que  hay  otros  compañeros -como el Presidente saliente, presente en esta reunión- que son productores importantes y cuentan con más de mil colmenas. Sin embargo, hemos logrado la fortaleza en el acuerdo privado-privado y vamos adelante entre todos; se trata de un rubro suplementario para muchos productores rurales.

                Si la señora Presidenta lo permite, el señor Riera -anterior Presidente de la Sociedad Apícola- desea hacer algunas apreciaciones. De todas formas, quisiera agregar que imponer un impuesto nuevo, sobre todo cuando fue solicitado por nosotros mismos, tiene en el sector un costo político y de decisión, más allá de lo acordado. Es algo bastante atípico y asumimos la responsabilidad de haberlo hecho en el entendido de que el Estado solo no puede participar en todo esto.  Pero también pedimos que haya una contrapartida del Estado equivalente. Digo esto porque ustedes podrían considerar aumentar ese millón de pesos que no nos permite cubrir el presupuesto administrativo mínimo de la Comisión Honoraria, derogando el 05. En realidad, no quisiéramos llegar a una propuesta del propio sector sin la contrapartida correspondiente.

SEÑOR RIERA.- Quiero destacar que esta Comisión Honoraria, con diferentes nombres, tiene 72 años de historia, pues se fundó en 1938 como unidad asesora del Poder Ejecutivo. Desde esa fecha integra la Sociedad Apícola y la hemos llevado adelante, durante décadas, sin ningún recurso. A lo largo de estos años hemos seguido luchando y a partir de 1999, con la aprobación de la Ley Nº 17.115, parecía que iba a cristalizar nuestro esfuerzo y que íbamos a contar con un apoyo para sostener a esta Comisión Honoraria. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no se ha dado y ahora parecería que, por primera vez en nuestra historia como Sociedad Apícola, vamos a tener recursos para esta Comisión Honoraria. Los apicultores fuimos conscientes, hace once años, de que requeríamos una suma mínima para mantener la estructura administrativa y para que nuestro trabajo fuera eficaz. De nada sirve tener una estructura administrativa si no se puede proyectar y promover el desarrollo de la apicultura. Por eso es que hoy estamos aquí, buscando que ese aporte a la Comisión Honoraria realmente sea válido porque, de lo contrario, se malgastaría en una inversión para una estructura que no va a tener capacidad de funcionamiento.

                Por otro lado, quiero destacar algo que los señores Senadores conocen muy bien y que hemos mencionado en más de una oportunidad. La apicultura no es simplemente los doce millones de kilos de miel que ha producido en los últimos años; es muchísimo más en lo que tiene que ver con los efectos secundarios de la polinización. Hoy por hoy, comenzaron a aparecer las primeras señales de la gravedad del problema. Los productores de semillas finas y los hortifruticultores están dándose cuenta de la dificultad que hoy implica conseguir abejas para polinizar los cultivos. Es evidente que en un plazo de no muchos años esto va a repercutir en el potencial productivo agropecuario de este país. Por lo tanto, ya que muchas veces se ha mencionado desde filas legislativas y ejecutivas la importancia de la apicultura, ahora existe la oportunidad de reconocer ese hecho.

                Por último, quiero decir que a esto se suma algo que no es de menor trascendencia. Va a ser muy difícil sostener el adjetivo de “Uruguay Natural” si nuestras abejas están muriendo como consecuencia del modelo agropecuario que se está instaurando. En realidad, no estamos contra ese modelo, sino que apelamos a buscar medidas que protejan a las abejas, ya que eso coadyuva a la protección de todo el medio ambiente. Entonces, si  no tenemos recursos para sostener esta Comisión Honoraria para el desarrollo apícola, va a ser muy difícil trabajar mancomunadamente en todo el país.

                Ésta sería, entonces, la posición de la Sociedad Apícola Uruguaya.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quería avisarles a nuestros visitantes que el artículo 358 pasó a ser el 378 en la versión actual.

                Corresponde ahora a la Comisión analizar todo este material que han expuesto y que también han dejado en nuestro poder.

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia a los representantes de la Sociedad Apícola Uruguaya.

SEÑOR GUERRERO.- Agradecemos a los miembros de la Comisión que nos hayan recibido.

(Se retira de Sala la delegación de la Sociedad Apícola Uruguaya)

(Ingresa a Sala la delegación de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, que está representada por el señor Walter Zunino, Presidente, y por el señor Manuel Oroño, Secretario General.

SEÑOR OROÑO.- En primer lugar, agradecemos que nos hayan recibido.

                Entregamos a la Secretaría dos documentos en los que se hace un análisis sintético de las propuestas del Consejo Directivo Central de la ANEP y de lo que se votó en la Cámara de Representantes.

Cuando estuvimos en la Comisión de la otra Cámara expresamos que en el Presupuesto elaborado por el CODICEN hubo una amplia participación de todos los interesados, es decir, los docentes, trabajadores no docentes, las Asambleas Técnico-Docentes y las autoridades de cada uno de los Consejos. Por lo tanto, recoge los planteos que lograron un acuerdo en las reuniones de trabajo.

Para nosotros es muy importante esto porque en Presupuestos anteriores asistimos a elaboraciones exclusivas del Ente Autónomo, sin la participación y la opinión de los sindicatos. Resaltamos esto porque llevar adelante lo que está planteado en el Presupuesto tiene que ver con el involucramiento de todos y si partimos de la base de que esta propuesta fue construida entre todos, ponerla en práctica va a ser mucho más fácil.

El proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo deja la sensación, por un lado, de escasez en los recursos y, por otro lado, parece que pretende imponer algunas políticas educativas que están por encima del Ente Autónomo ANEP. Por lo tanto, pensamos que no atiende la educación pública tal como  nosotros aspiramos a que se haga y. suponemos. es el deseo de toda la población.

En particular, queremos resaltar que en la Cámara de Representantes no fue aprobado el artículo 3º referido a la ANEP, que recoge lo que es necesario para el funcionamiento actual del CODICEN. Hay unas cuantas partidas que, usualmente, en los Presupuestos no se otorgan y que después repercuten a lo largo de los años. Por ejemplo, la partida para los pasajes de grado, por antigüedad, de los docentes, en general, no se otorga en los Presupuestos. Normalmente, eso se saca del dinero que se retiene por el ausentismo docente o de otras partidas que se generan en el organismo. Ese cambio de grado que implica, por supuesto, un mayor salario, no se contempla. Tampoco se toman en cuenta las partidas por antigüedad a los 25, 28 y 32 años así como tampoco se consideran las partidas necesarias para presupuestar los cargos que se llenaron por proyectos educativos o proyectos de inversión. Como saben los señores Senadores, en el Presupuesto anterior, a partir de una Rendición de Cuentas, se otorgaron partidas presupuestales para la Universidad de la República y para la ANEP que no eran ejecutadas vía programas del CODICEN, sino a través de proyectos educativos. Quiere decir que el CODICEN tenía que presentar distintos proyectos educativos o de inversión y luego se le otorgaban esas partidas. El problema es que con la escasez de funcionarios que contaba y cuenta ANEP  -en particular en Educación Secundaria- muchos de esos proyectos educativos o de inversión que tenían rubro cero, eran para cargos permanentes, por ejemplo, adscriptos, profesores orientadores bibliográficos o auxiliares administrativos o de servicio. En esa condición en ANEP tenemos alrededor de 5.000 trabajadores y en Secundaria alrededor de 2.000. Esos cargos nunca fueron presupuestados y siguen estando bajo la égida de los proyectos de inversión y, por lo tanto, entendemos que es necesario blanquear la situación, presupuestarlos y, por lo tanto, otorgar las partidas.

                Si se lleva adelante un proyecto educativo que pretende ser evaluado y, por lo tanto, no va ser permanente pero se designan cargos que van a serlo porque se necesitan por el motivo que sea, habrá unos cuantos trabajadores que no tendrán los derechos del resto. Y no estamos hablando de cargos especiales sino, por ejemplo, de auxiliares de servicio. Por lo tanto entendemos que es importante que el artículo 3º de la ANEP sea analizado, revisado y discutido por los señores Senadores a los efectos de ver si es posible revertir esa situación. Evidentemente también hay otras disposiciones que son importantes y que tienen que ver con políticas educativas y que tampoco fueron contemplados en Cámara de Representantes. Me refiero a políticas que tienen que ver con profesionalización docente, con mayor permanencia de los docentes en los liceos o con las horas de coordinación de los maestros en Educación Primaria.

                En definitiva, creemos que hubo un desbalance entre el planteo general propuesto entre el Poder Ejecutivo y lo planteado por ANEP en sus mensajes.  Queremos ver qué posibilidades hay de analizar esa situación y para ello les dejamos cierta documentación y quedamos a vuestras órdenes para cualquier duda al respecto.

SEÑOR ZUNINO.- Hay algunos artículos que, tal como dijo el señor Oroño, no fueron contemplados en la Cámara de Representantes.

                Creemos que es importante el artículo 7º de ANEP, que refiere al financiamiento de los costos adicionales asociados a la implementación de nuevas carreras. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en esto? Existen carreras, tanto para Secundaria como para la Universidad del Trabajo, donde se implementan estos cursos de profesorado a nivel del interior. Entendemos que esto es sumamente importante por la famosa descentralización, bandera de mucha gente pero que, a la hora de aplicarla, surgen muchos escollos. Creemos sumamente importante que se implementen tanto carreras universitarias como de profesorado a nivel del interior ya que significaría un aporte a la descentralización.

                Otro de los temas que no ha sido contemplado es la creación de cargos. Deseo hacer hincapié, fundamentalmente, en los de porteros y conserjes porque están asociados a la seguridad que es un tema sumamente importante en lo que tiene que ver con la educación media, tanto en Secundaria como en UTU. Entendemos que contribuir a la seguridad no es solamente aportar más recursos al Ministerio del Interior o crear más cargos de efectivos policiales, sino que se puede alcanzar por otros medios y tenemos  fe de que los señores Senadores entenderán estos motivos.

                También pretendemos que se presupuesten los cargos que corresponden a los asistentes sociales y a los psicólogos. En este momento, nos encontramos con una educación que tiende a la inclusión, pero necesitamos, también, tener los elementos necesarios para poder manejarla. Asimismo, necesitamos una mayor cantidad de técnicos en estas áreas para atender a chicos y adolescentes con una problemática social muy importante, que los docentes no estamos en condiciones de resolver ni atender porque carecemos de la preparación adecuada para ello. Por lo tanto, se hace imprescindible que en estas áreas se creen nuevos cargos para atender todos estos casos.

                Otro de los temas que consideramos importante plantear a los señores Senadores tiene que ver con lo votado en el artículo 657 que se refiere, fundamentalmente, a las remuneraciones y al aumento salarial. Precisamente, en ese artículo se estipula un incremento salarial real en el quinquenio del 22.8%. Entendemos que este aumento es absolutamente insuficiente -a pesar de que se haya firmado un preacuerdo- porque los salarios de todos los trabajadores de la educación son absolutamente bajos, lo que va en detrimento de la calidad de la misma. Esta situación fomenta el multiempleo que es una de las características que padece el sistema educativo y que, sin duda, repercute en el real aprendizaje de nuestros muchachos. En este aspecto, consideramos que este 22.8% de aumento real para el quinquenio fue calculado sobre las bases de las proyecciones del Ministerio de Educación y Cultura en cuanto al crecimiento del PBI que, para el año 2010 lo situaba, en primera instancia, en un 5.2%. Después fue corregido al 6.5% y actualmente, tanto los operadores privados como los públicos, están indicando que este crecimiento de la economía real del país está situado por encima del 8% para el 2010, con lo cual los salarios de los trabajadores de la educación están quedando sumamente rezagados.

                Es importante que tengamos presentes estos datos porque el salario docente, el salario de los trabajadores de la educación, es fundamental para que se pueda atender de la mejor manera posible a todos los adolescentes y niños del país. Sin duda que este tema es crucial -lo venimos planteando en forma permanente- y es la forma de lograr una disminución del multiempleo que es absolutamente perjudicial para toda la educación pública.

                En definitiva, creo que estos son los principales planteos que queríamos realizar y que estas partidas o estos artículos que hemos mencionado -que corresponden al mensaje de la ANEP- se incorporen y sean votados en la Cámara de Senadores.

                De esta forma, estaríamos aumentado el presupuesto de la educación en un entorno aproximado a los U$S 418:000.000 que creemos que es absolutamente necesario y viable porque es lo que elaboró el CODICEN de la ANEP, entendiendo que son las reales necesidades que tiene el sistema educativo actual. Como lo ha manifestado el compañero Oroño, nosotros hemos participado en esa elaboración y creemos que, aun teniendo diferencias con este mensaje presupuestal, es lo más adecuado para la educación pública en el momento  que estamos viviendo.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber, a efectos de que conste en la versión taquigráfica, cuánto estaría ganando un profesor recién recibido que tenga veinte horas, con un año o dos de antigüedad, y cuánto estaría ganando un profesor que trabaje en alguna localidad que, por haber menos profesores, tuviera más horas, por ejemplo, cuarenta horas.

SEÑOR OROÑO.- Por ejemplo, el salario de un Grado I con veinte horas es de $12.300.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Y con cuarenta horas?

SEÑOR OROÑO.- Estaría ganando el doble.

SEÑOR MICHELINI.- Es decir, que es proporcional.

SEÑOR ZUNINO.- Es importante recalcar que, en la medida de lo posible, para lograr un salario digno, los docentes van acumulando horas. Entonces, es habitual que trabajen cuarenta horas o, incluso, cincuenta o sesenta.

SEÑOR MICHELINI.- Pero ¿esto no sucede al principio?

SEÑOR OROÑO.- Depende de la asignatura.

SEÑOR ZUNINO.- No todas las asignaturas tienen un déficit importante de horas que permita a los docentes tomar más de veinte.

SEÑORA  PRESIDENTA.- Muchas gracias por su presentación y luego la Comisión analizará la versión taquigráfica.

(Se retira de Sala la  delegación de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria - FENAPES)

(Ingresa a Sala la delegación de la Mesa Coordinadora de Cajas de Auxilio)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a la delegación de la Mesa Coordinadora de Cajas de Auxilio y Seguros de Enfermedad para hacer su planteamiento acerca de la ley presupuestal.

SEÑOR FIGUEIRAS.- En primer lugar, como Presidente de la Mesa Coordinadora, quiero agradecer a la señora Presidenta y a los señores Legisladores por habernos recibido en unos momentos tan complejos para las cajas de seguro de enfermedad. Los tiempos están muy justos y lamentablemente no se ha resuelto nada, por lo que les queremos decir que hemos comenzado a pedir una prórroga y aspiramos al diálogo porque no tenemos en nuestras manos una propuesta concreta de solución para el  conjunto de las cajas. Se trata de 50 cajas, 200 empresas vinculadas, 50.000 aportantes, 200.000 beneficiarios y 150 puestos de trabajo.

                Reitero que nuestro planteo se refiere a la prórroga, al diálogo, a la inserción dentro del Sistema Integrado de Salud, y aspiramos que esto tenga una pronta solución o respuesta concreta.

SEÑOR ÁLVEZ.-  Solicitamos comparecer ante esta Comisión que estudia el proyecto de Presupuesto para el presente Período de Gobierno, dado que algunos artículos propuestos contienen referencias a las Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales de Enfermedad, modificando las respectivas normas de la Ley N° 18.083 del nuevo régimen tributario, en lo referente al cómputo de las prestaciones por salud y enfermedad para el IRPF de los beneficiarios de los seguros convencionales.

                Los artículos a los que nos referimos son  el 744 y el 757, numeración correspondiente a la versión original que vino del Poder Ejecutivo. Ahora, según tenemos entendido, de acuerdo al texto aprobado por la Cámara de Representantes, estos artículos pasaron a ser el 790 y creo que el 777 ó 796.

                En primer lugar, el original artículo 744 del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes agrega un inciso al artículo 30 del Título VII del Texto Ordenado en 1996. Según estudios de especialistas tributarios que  han sido publicados en la prensa e, inclusive, en algunos cursos que se llevaron a cabo sobre modificaciones tributarias en el proyecto de ley de Presupuesto se entiende que, en caso de aprobarse tal como están los mencionados artículos  incluidos en este proyecto, muchos beneficios otorgados por las Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales que hoy no están comprendidos por el IRPF, quedarían gravados a diferencia de otros beneficios similares prestados por otras instituciones. Esto es así porque la nueva redacción del artículo 30 del Título VII dada por esta iniciativa, dice que no constituirán rentas gravadas: a) las prestaciones de salud otorgadas por el FONASA; b) las prestaciones de salud a que se refiere el literal anterior, otorgadas por las Cajas de Auxilios o Seguros Convencionales; c) las prestaciones de salud otorgadas a los beneficiarios del sistema de cobertura del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Sanidad Policial; d) en el caso de que otras prestaciones de salud sean de cargo del empleador, etcétera. En particular, queremos referirnos al literal b). Este literal exonera las prestaciones de las Cajas de Auxilio  y expresa “a que se refiere el literal anterior”, que es el literal a), y que dice “las prestaciones de salud otorgadas por el FONASA”. En tanto, el literal c) -que menciona los servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Sanidad Policial- se refiere a las prestaciones de salud de manera genérica. De esta diferenciación se desprende  que en el caso de las Cajas de Auxilio es más restrictiva la exoneración y sólo comprende la equivalente al FONASA, es decir, la cápita, mientras que en las otras entidades exonera toda la prestación. Las Cajas de Auxilio, si bien poseen diversos sistemas de cobertura de asistencia médica, en general, pagan cuotas mutuales por montos que se acuerdan según convenios colectivos con las IAMC a los que se les agrega el IVA. Entonces,  los valores que efectivamente se pagan al sistema mutual superan en promedio a la cápita del FONASA, que no está gravada con el IVA. De prosperar este texto sin variantes, parte de la cuota de salud de los afiliados a las Cajas de Auxilio quedará gravada por el IRPF, propósito que sabemos no está en la filosofía de la norma tributaria.  Para despejar la duda de si lo exonerado es exclusivamente el valor de la cápita, proponemos que en ese artículo se quite la expresión “a que refiere el literal anterior”, dejando una redacción similar a la del literal c), o sea, que diga: las prestaciones de salud otorgadas por las Cajas de Auxilio, etcétera. De esta manera el literal b) diría lo siguiente: “las prestaciones de salud otorgadas por las Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales” -artículos 41 y 51 del Decreto ley N° 14. 407, de 22 de julio de 1975- y el literal c), como está ahora: “las prestaciones de salud otorgadas a los beneficiarios del sistema de cobertura del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Sanidad Policial”. Esto equipararía la carga tributaria de diversos servicios que cumplen con las mismas prestaciones.

                En segundo lugar, nos referimos al artículo que originalmente era el 757 que sustituye el literal c) del artículo 2° del Título VIII del Texto Ordenado del año 1996 que dice que no se encuentran comprendidas las partidas correspondientes a los subsidios establecidos en el Decreto Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981: seguros por desempleo, Decreto Ley N° 14.407, de 22 de julio de1975; seguros por enfermedad, artículos 11 y siguientes del Decreto Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980; subsidios por maternidad y los Capítulos II a V de la Ley N° 16. 074 de 10 de octubre de 1989, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Tampoco se consideran rentas comprendidas en las mismas condiciones los subsidios de similar naturaleza servidos por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o la Caja Notarial de Seguridad Social y las prestaciones otorgadas en el marco de la Ley N° 18.596, de 18 de setiembre de 2009. En esta redacción, directamente, no aparecen mencionadas las Cajas de Auxilio y dado que se agrega ahora al texto original de la Ley N° 18.083 el inciso segundo, que contempla a las demás instituciones de seguridad social, estatales y paraestatales, que aparte del Banco de Previsión Social otorguen subsidios por enfermedad, entendemos conveniente que se especifique en este inciso que también están comprendidas las Cajas de Auxilio. Si bien con la redacción original puede interpretarse que por estar las Cajas de Auxilio reglamentadas por el Decreto Ley N° 14.407, los subsidios que otorguen se amparan en el inciso primero, consideramos que eso debe especificarse en la norma legal sin quedar librado a la interpretación de la administración fiscal. Se agregaría a las Cajas de Auxilio en la mención taxativa del inciso segundo. Todas estas instituciones de seguridad social quedarían, así, en pie de igualdad en el tratamiento tributario. Proponemos agregar un inciso que se refiera a las Cajas de Auxilio con la siguiente redacción. El inciso que comienza diciendo “No se encuentran comprendidas las partidas correspondientes a los subsidios establecidos en el Decreto‑Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981…” quedaría tal como está. Luego se modificaría el segundo inciso que diría: “Tampoco se encuentran comprendidas las partidas correspondientes a los subsidios servidos por las cajas de auxilio y servicios convencionales de enfermedad comprendidos en los artículos 41 a 48 del Decreto Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975”. El tercer inciso quedaría tal como está redactado, esto es: “Tampoco se consideran rentas comprendidas, en las mismas condiciones, los subsidios de similar naturaleza servidos por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o la Caja Notarial de Seguridad Social; ni las prestaciones otorgadas en el marco de la Ley Nº 18.596, de 18 de setiembre de 2009". Queremos agregar, como información, que los subsidios por enfermedad que actualmente otorgan las Cajas de Auxilio ya se encuentran en una situación más gravosa en cuanto a las aportaciones a la seguridad social, que los complementos que otorgan a sus trabajadores las empresas que no tienen cajas de auxilio o, mismo, que los subsidios que otorgan todas estas instituciones, en la medida en que los subsidios que otorgan las cajas de auxilio pagan aportes al Banco de Previsión Social. Los complementos de subsidio pagados por una empresa que no tenga Caja de Auxilio no aportan al Banco de Previsión Social porque así lo dispone el inciso segundo del artículo 160 de la Ley N° 16.713, mientras que los subsidios que pagan las Cajas de Auxilio se encuentran gravados porque así lo disponen los artículos 21 y 22 del Decreto Ley N° 14.407. Por lo tanto, de prosperar -tal como vinieron- estos artículos en el proyecto de ley de Presupuesto, las prestaciones pagadas por las Cajas de Auxilio se encontrarían gravadas por ambos tributos, IRPF y aportes al Banco de Previsión Social, situación en la que no se encuentra ninguna otra prestación de seguridad social. Queremos aclarar que el Ministerio de Salud Pública ha manifestado, en contactos mantenidos con representantes del PIT-CNT sobre el destino de las Cajas de Auxilio, que no es voluntad de Poder Ejecutivo gravar las prestaciones de las Cajas de Auxilio con IRPF y que en un proyecto de ley que eventualmente se enviará para modificar el estatus jurídico de las cajas se incluiría la exoneración de todas sus prestaciones. Creemos que ante la posibilidad de que no se apruebe esa norma a la brevedad o que se postergue la entrada en vigencia del artículo  69 de la Ley N° 18.211, es necesario que se modifique el proyecto de ley de Presupuesto en el sentido que venimos a proponer.

                Finalmente, queremos referirnos a un artículo del proyecto de ley que no sólo afecta a los afiliados a las Cajas de Auxilio, sino a todos los trabajadores de la actividad privada afiliados al Banco de Previsión Social. Es el artículo 44 del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes -que originalmente era el 45, según tengo entendido-  que sustituye al artículo 12 de la Ley N° 16.104, de 23 de enero de 1990 y reglamenta los plazos máximos de percepción del subsidio por enfermedad de los trabajadores estatales. Establece que los plazos máximos de percepción de la licencia por enfermedad serán de dos períodos de 18 meses, es decir, un total de 36 meses, antes de la destitución y el pasaje al Banco de Previsión Social para que se dictamine sobre si puede ampararse al instituto jubilatorio, en particular al subsidio transitorio por incapacidad parcial, según el artículo 22 de la Ley N° 16.713. Como todos sabemos, los trabajadores de la actividad privada tienen un régimen de percepción de subsidio por enfermedad que contempla dos períodos máximos de 12 meses, o sea, 24 en total. Quiere decir que ya están discriminados de acuerdo con estos 36 meses que se proponen. Pero como si esta discriminación no fuera suficiente, el décimo inciso del artículo 44 dispone que en los casos en que el funcionario no tuviera derecho a percibir la jubilación, el Banco de Previsión Social le servirá una indemnización equivalente a tantos sueldos de actividad como años de servicio hubiera tenido en la Administración. Esta situación privilegiada contrasta con el régimen previsto por el Decreto-ley Nº14.407 -que no ha sido modificado desde 1975 a la fecha- por el cual el trabajador de la actividad privada, al final de los plazos máximos de percepción del subsidio por enfermedad -que son 24 meses, como dijimos anteriormente- puede ser desvinculado de la empresa sin derecho a indemnización por despido; y si no se puede jubilar porque no le alcanza el baremo o por cualquier otra causa, no cuenta con ningún subsidio especial, quedándose sin trabajo y sin jubilación. Esta discriminación en contra del trabajador de la actividad privada debería ser corregida en aras de la igualdad de derechos ante situaciones iguales.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Les agradecemos su presencia en la tarde de hoy.

(Se retiran de Sala los representantes de la Mesa Coordinadora de la Caja de Auxilio)

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional)

La Sub-Comisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional y les ofrece la palabra.

SEÑORA PANDIKIAN.- Como se ha dicho, somos una delegación de la Biblioteca Nacional y, concretamente, venimos a pedir que se modifique un artículo que, en la versión original, figuraba con el número 504. Debemos decir que hay una omisión de parte nuestra, porque no sabemos con qué número figura actualmente.

SEÑOR MICHELNI.- Es el artículo 506.

SEÑORA PANDIKIAN.- Gracias, señor Senador.

En el memo que trajimos -que es bastante ilustrativo- explicamos la salarización de proventos y economías, por la cual los funcionarios de la Biblioteca cobrarían una compensación de $ 3.500.  Por nuestra parte, pretendemos  que la redacción original sea modificada. Concretamente, en la redacción original se establece a quién se le debe pagar esa compensación especial, diciéndose: “a cada funcionario que preste efectivamente funciones en dicha unidad”. Por nuestra parte, queremos que el texto sea más específico. La Contadora Susana Díaz, del Ministerio de Economía y Finanzas, nos recomendó una nueva redacción, que diría: “aquellos funcionarios de la Biblioteca Nacional que presten efectivamente funciones en dicha Institución”.

Actualmente somos 107 funcionarios. Según las cuentas que hemos hecho, la partida es de $ 6:091.243 y cubriría a los 107 funcionarios, pero queremos estar más seguros. El tema de la redacción fue conversado con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y, dado que llegamos a un acuerdo, no creemos que en esto haya problema alguno.

Quizás se podría considerar la posibilidad de establecer en el artículo lo que estamos planteando, a los efectos de que no haya ningún malentendido porque en la Biblioteca somos más de 107 funcionarios. Hay personas que están haciendo uso de pases en comisión, por lo que no son funcionarios de allí, sino de otras unidades ejecutoras, e incluso algunas se desempeñan fuera de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

                En lo que tiene que ver con la partida de $ 6:091.243, que permite incrementar en $ 3.500 el sueldo de cada funcionario, querríamos que a medida que los trabajadores se fueran retirando de la Institución -ya sea por renuncia o por pasar a retiro- ese remanente fuera redistribuido entre aquellos que efectivamente presten funciones allí, o sea, entre los que queden. Así pues, hemos traído una redacción alternativa que contempla nuestro planteamiento y, como se habla de la derogación de algunas leyes, hemos incluido también los textos correspondientes de las mismas. 

SEÑORA BARRETO.- Con relación al segundo punto, quiero aclarar que uno de los objetivos es que ese dinero no se pierda. En realidad, sería algo así como una suerte de ajuste de esos $ 3.500, que van a poder ser redistribuidos a medida que los funcionarios se vayan jubilando. Obviamente, esto no tendría ningún costo, ya que el monto de la partida sería exactamente la misma.

SEÑORA PANDIKIÁN.- Tal como ha dicho mi compañera, nuestro planteo no implica un aumento de la partida; por supuesto que sí va a estar sujeta a los aumentos normales correspondientes, pero no va a haber una erogación de caja. El dinero será exactamente el mismo; lo único que queremos es que sea redistribuido entre los funcionarios que permanezcan trabajando en la Institución.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Sub-Comisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia de la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios  de la Biblioteca Nacional)

(Ingresa a Sala la delegación de Procuradores de las Defensorías Públicas del Poder Judicial)

La Sub-Comisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación de Procuradores de las Defensorías Públicas del Poder Judicial, a cuyos integrantes les damos la palabra.

SEÑOR HELANDER.-  Representamos a los Procuradores de las Defensorías Públicas del Poder Judicial. Agradecemos la invitación y, por sobre todas las cosas, queremos dejar en claro en qué consiste nuestro trabajo.

Formamos parte del Servicio de Defensoría Pública que se desarrolla en todo el país y trabajamos en equipo con los Defensores Públicos. Nuestra función, básicamente en calidad de abogados y escribanos, consiste en asesorar, redactar escritos, concurrir a audiencias, atender público, una serie de tareas que realizamos en conjunto con los Defensores Públicos. Somos 62 funcionarios, que atendemos aproximadamente 250.000 casos por año en las 37 Defensorías que existen.

                Nuestra labor pasa por el relacionamiento con personas de bajos ingresos y carenciadas, ya que en las Defensorías existe un sistema por el cual se topea la asistencia y solo son atendidos quienes están por debajo de determinada cantidad de ingresos. De esa manera, cumplimos una función eminentemente social con todo un público que no tiene otra forma de recibir asistencia letrada. Como recién señalé, somos 62 personas que, básicamente, desempeñamos la función mencionada, estando expresamente autorizados por la Suprema Corte de Justicia a concurrir a las audiencias en caso de que los Defensores de Oficio no puedan hacerlo por falta de tiempo u otra imposibilidad.

                Este es el marco general de nuestro trabajo y de la actividad que desempeñamos.

SEÑORA FIGUEIREDO.- En nombre de todos mis compañeros, quiero agradecer a la Comisión que haya tenido a bien recibirnos en esta nueva oportunidad. Digo así porque hace varias Legislaturas que concurrimos a este ámbito -por lo que somos conocidos por varios de los Legisladores- y, lamentablemente, hoy hemos venido una vez más para referirnos al tema que nos ocupa, que es el salarial. 

Desde hace varios años sufrimos la postergación de nuestro salario, a raíz de que nuestro sueldo quedó congelado, paralizado. Los distintos funcionarios del Poder Judicial recibieron incrementos, pero nosotros fuimos excluidos.

                Voy a hacer referencia a la Ley de Presupuesto Nº 17.930 -o sea la anterior-, en la que se otorgó al Poder Judicial una partida para hacer su tan anhelada reestructura escalafonaria. Ahora bien, los Procuradores fuimos excluidos, es decir que no recibimos ningún aumento por reestructura. Se armó la nueva escala salarial y a nosotros nos sacaron del escalafón al que pertenecíamos para ingresar a uno nuevo, el VII “Defensa Pública”. No tuvimos injerencia o participación en esa decisión aunque, ciertamente, ella tenía un objetivo: que todos los actores de la Defensa Pública estuviéramos integrados en un mismo escalafón ya que, como dijo mi compañero, trabajamos en conjunto con los Defensores de Oficio.

                Por tanto -reitero- se nos integra en ese escalafón VII de la Defensa Pública, se nos margina de la reestructura escalafonaria y no recibimos ningún aumento por ese concepto.

                A esto se suma que la recuperación salarial que recibían todos los funcionarios del Estado tampoco nos llegaba, puesto que estábamos expresamente excluidos por el artículo Nº 454 de la mencionada ley, en la medida en que los funcionarios del Poder Judicial ya habían sido contemplados a través de la reestructura. 

                Es decir que esto termina en que no recibimos aumento por reestructura ni tampoco por recuperación salarial, como sucedió con el resto de los funcionarios del Estado. En todo el quinquenio recibimos un mínimo de 6,95%; a partir del 2006 se nos da un 2% y así sucesivamente terminando, como decía, en ese porcentaje total en todo el quinquenio. 

                Aquí voy a hacer un paréntesis porque queremos dejar en claro que consideramos merecidos los aumentos que recibieron todos los funcionarios del Poder Judicial; obviamente, nunca nos opusimos ni hicimos ninguna gestión en contra, pero también queremos decir que para quienes recibieron menos por concepto de recuperación salarial,  ello significó en su salario un 40% de aumento y de ahí en adelante. Hubo otros tantos cargos que recibieron un 100% y hasta porcentajes mayores; por ejemplo y para citar un caso, puedo decir que en el escalafón administrativo, en su grado superior que es el de Alguacil, se otorgó un 167% de aumento. Vuelvo a decir que esto es merecido, porque todos los sueldos del Poder Judicial eran en ese momento lamentables.

                Ahora bien, como dije, no recibimos por reestructura y lo hicimos mínimamente por recuperación, siendo que para los funcionarios del Estado la recuperación se había pautado en un 19,5%; ese porcentaje está muy distante de lo poco que nosotros recibimos.

                Agrego otro elemento importante: nosotros tampoco cobramos una partida -llamada “partida de perfeccionamiento académico”- que reciben prácticamente todos los profesionales del Poder Judicial e, incluso, algunos técnicos. O sea que  también estamos excluidos del cobro de esa partida desde su creación, en el año 2001. Ahora, en el Mensaje de Presupuesto que envió la Suprema Corte de Justicia, se incluyó un artículo por el cual se nos contempla en cuanto al cobro de esta partida de perfeccionamiento académico. Vale aclarar que se trata de una partida que está destinada a la necesaria actualización del conocimiento que debemos tener todos los profesionales. A modo ilustrativo, podemos decir a los señores Senadores que se ha aprobado un gran número de leyes -sobre todo en la materia social en la que nosotros trabajamos- y que a ese respecto debemos aggionarnos por nuestra propia cuenta y cargo. No disponemos de rubros para esos fines y, por lo tanto, debemos comprar el material -códigos, leyes, etcétera- por nuestra cuenta, ya que no recibimos nada del propio Poder Judicial.

                Cuando planteamos esto a la Suprema Corte de Justicia, sus Ministros nos manifestaron que no hallaban fundamento para que nosotros no cobráramos esta partida y, consecuentemente con ese pensamiento, incluyeron el artículo en su Mensaje de Presupuesto que fue enviado para su consideración. Pero, lamentablemente, no resultó aprobado con esa redacción en la Cámara de Representantes porque el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no lo recogía en todo su contenido, ya que la palabra “procuradores” había sido eliminada.

SEÑOR MICHELINI.- ¿De qué artículo del proyecto de Presupuesto aprobado por la  Cámara de Representantes estamos hablando?

SEÑORA FIGUEIREDO.- Nos referimos al artículo 619 aprobado por la  Cámara de Representantes. Como podrán observar, esta norma habla solamente de los profesionales del escalafón II, pero antes decía que también se les otorgaba a los Procuradores, y lamentablemente fuimos eliminados. Es interesante destacar el monto de este artículo y lo que implica para nosotros. En nuestro caso, el costo de este artículo sería de $ 691.729  y significaría en nuestro sueldo un aumento de un poco más de $ 800, por lo que no estamos hablando de una cifra demasiado abultada. Sinceramente queremos decir que tampoco esto soluciona nuestra situación actual, pero creemos que es un tema de dignidad, puesto que todos los demás profesionales cobran y no hay razón -como dijeron los  Ministros- para que nosotros, que ejercemos la abogacía, no lo percibamos.

                Para resumir la situación en la que nos encontramos, que es bastante acuciante, quiero señalar que en el quinquenio anterior no recibimos ningún aumento por reestructura y tuvimos nada más que un 6%  por concepto de  recuperación salarial.  Quiero enfatizar que eso nos crea un trato desigual, por un lado, con el resto de los funcionarios públicos, que tuvieron una recuperación salarial de hasta un 19,5% y, por otro, con el resto de los funcionarios judiciales, porque todos fueron reestructurados y tuvieron un incremento salarial de un mínimo del 40%. Dentro del escalafón también nos crea una diferencia con los Defensores de Oficio, con quienes compartimos el escalafón y mantenemos una muy buena relación. Ellos también sufrieron la falta de reestructura, pero corrieron mejor suerte que nosotros con otras cosas porque, por ejemplo, perciben la partida de perfeccionamiento académico y en la Rendición de Cuentas del año 2006 hubo un incremento en la  partida para los defensores full time. Nosotros no cobramos esa partida y, por lo tanto, no recibimos esos incrementos.

                Por último, si bien se incluye un artículo que refiere a la prima por asiduidad -que fue aprobado en la Cámara de Representantes- ello significa un pequeño incremento para nosotros, porque estamos hablando de un 6% en el quinquenio, lo que equivaldría, con suerte, a un aumento de menos de $ 200.  Quiero decir que  nosotros cobramos esa partida pero ahora se incluye ese incremento de hasta un 6%.

                Por otra parte, voy a  resaltar un punto señalado por el compañero: nosotros cumplimos una tarea que es netamente social, atendemos a los sectores más carenciados  y creemos que la democratización del acceso a la Justicia es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado. Por lo tanto, nos parece que debería atenderse la situación salarial que estamos planteando porque, sinceramente, consideramos que es acuciante.  No podemos seguir cobrando lo que percibimos hasta ahora. Entre nuestros compañeros hay quienes pagan un alquiler y  como todos saben, no se pueden pagar alquileres de $ 10.000 con lo que cobramos -no hay familia que subsista- y también hay mujeres jefas de hogar. Tenemos una variedad de casos que nos hacen pedirles que, por favor, atiendan nuestra situación. Esperamos tener eco en nuestro planteo y que en este Presupuesto se incluya  el aumento diferencial, para todos los funcionarios, de un 23,5%,  que viene en el Mensaje  de la Suprema Corte de Justicia. Esto que estamos pidiendo, si bien no es lo que deberíamos haber recibido, en cierta forma podría paliar la situación. A su vez, planteamos que eso comenzara con un mínimo de un 19,5% en el año 2011, que es lo que recibirán el resto de los funcionarios de la Administración. Esta sería la principal aspiración para comenzar a salir de nuestro ahogo salarial y a ello se sumaría  la prima de perfeccionamiento académico, que no fue votada pero estaba contemplada en el artículo 619.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera realizar tres preguntas breves porque el tiempo es tirano.

                En promedio, ¿cuánto gana un Procurador?

                Por otro lado, ¿los Abogados de Oficio perciben la prima por especialización?

                En último lugar, ¿la Corte dio alguna explicación acerca de por qué los Abogados de Oficio y los Procuradores no recibían una cifra mayor de aumento en este quinquenio?

SEÑORA FIGUEIREDO.- Nuestro salario, en promedio, alcanza los $ 20.000 aproximadamente. Quienes estamos aquí -no sé si se nota- tenemos más de veinte, veinticinco y treinta años de trabajo, por lo que la prima por antigüedad nos permite percibir alrededor de $ 2.000 más. Los compañeros que ingresaron hace poco no tienen ni eso, es decir que cobran mucho menos.

                Por otro lado, con respecto a la partida de perfeccionamiento académico, debo decir que los Abogados de Oficio sí la cobran. Es más, en la Rendición de Cuentas se incluyó un incremento para los Defensores part time.

                En cuanto a la decisión de la Corte respecto de los Abogados de Oficio y los Procuradores -no sé qué opinan mis compañeros- creo que se manejó la pauta salarial proveniente del Poder Ejecutivo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Según lo que informaron los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión, la pauta era otorgar aumentos diferenciales -no dieron una cifra- en todos los organismos. No sé si el señor Senador Michelini se refería a eso, porque se podría haber priorizado a uno u otro sector.

SEÑORA FIGUEIREDO.- La verdad es que desconozco si ese es el fundamento, pero sé que en el proyecto de ley -artículo 1º del Mensaje de la Corte- se incluye un 23,5% para todos los funcionarios. Esto es lo que planteamos, en la medida en que hay iniciativa tanto en ese aspecto como en lo que tiene que ver con la prima.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por su presentación. Tomaremos en cuenta la versión taquigráfica de lo que se ha expuesto aquí para nuestra discusión posterior.

(Se retira de Sala la delegación de los Procuradores de las Defensorías Públicas del Poder Judicial)

(Ingresa a Sala la delegación del Plenario del Ministerio de Economía y Finanzas)

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación del Plenario del Ministerio de Economía y Finanzas, representado por el señor Leonel Revelese, la señora Gabriela Esquerre, el señor Guzmán Lajuni, el señor Daniel Berruti y la doctora Claudia Rivero.

SEÑORA RIVERO.- Antes que nada, agradecemos que nos hayan recibido.

                Queremos dejar constancia de que, en lo que refiere a las normas generales de los funcionarios, adherimos totalmente a la exposición que hará COFE, que es la siguiente delegación.

                Previo al análisis del articulado relativo al Inciso 05, queríamos referirnos al procesamiento de este Presupuesto. La Contaduría General de la Nación tiene, por ley, el cometido de elaborar este Presupuesto pues es el órgano responsable del sistema presupuestario nacional en la parte técnica y operativa. Ese cometido no fue cumplido en esta oportunidad porque se creó una Unidad de Presupuesto a nivel de la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas y, por esa razón, los funcionarios de la Contaduría General de la Nación tuvimos una escasa participación. Por eso queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ya que, según la valoración que hicimos los trabajadores, este es el Presupuesto más pobre de los últimos veinte años desde el punto de vista técnico. Vamos a entregar a los integrantes de la Comisión un análisis que hizo la Contaduría a este respecto. Incluso, en el repartido que les vamos a dejar está incluida una evaluación de la Dirección General, de la economista Remersaro, en la que se admite que han existido problemas en la elaboración.

                Por otra parte, queremos aclarar que el conflicto que mantuvimos consistió en tres horas de paro -no corridas- y, en realidad, se suscitó debido a que la jerarca no asumió la competencia que, por ley, tenía asignada.

                Con respecto al articulado, observamos que en el artículo 273 se prevé el incremento de partidas para la contratación de personal. Por nuestra parte, rechazamos este artículo y, en principio, consideramos que hay que regularizar a todos los contratados precarios que hay en el Estado. En realidad, a esta altura del partido, el Estado ya ha hecho una erogación importante con todos esos contratados en cuanto a su capacitación. Actualmente, se trata de personal calificado que desarrolla sus tareas adecuadamente. Por lo tanto, consideramos que hay que analizar la estructura de los puestos de trabajo que necesita cada unidad ejecutora, completarla con los funcionarios que hoy están presupuestados y regularizar a los contratados. Eventualmente, si luego se necesitara algo más, estaríamos en condiciones de contratar personal aleatorio, temporal, como se está planteando ahora. Pero si uno analiza la estructura que tiene hoy, con sus vacantes y las creaciones de cargos previstas en esta Ley de Presupuesto Nacional, vemos que perfectamente se podría regularizar la situación de las personas con las que contamos hoy con un costo prácticamente nulo o utilizando muy poco dinero de lo que está previsto en este artículo. Esto es a nivel del Inciso 05. En definitiva, dejamos esta propuesta a los señores Senadores para que la analicen.

                En cuanto al artículo 274, fue aprobado por el Plenario del Ministerio de Economía y Finanzas, en acuerdo con el Director General de Secretaría de la Cartera. Nosotros estábamos dispuestos a que esta facultad se llevara a cabo para salarizar esta partida, pero habíamos firmado un acta -que también consta en el repartido que les dejamos- en la cual se decía que esa facultad iba a ser utilizada siempre y cuando hubiera acuerdo con los trabajadores en la reglamentación. Esta partida, para muchos funcionarios, significa un importante porcentaje de su salario. Lamentablemente, no se expresa nada con respecto al acuerdo con los trabajadores.

                En el inciso primero, proponemos una modificación -que figura en el repartido- y decimos expresamente que se reglamentará en acuerdo con los trabajadores.

                En el inciso segundo del mismo artículo también planteamos una modificación con respecto al crédito y, en ese sentido, entendemos que debe ser el del Ejercicio 2010.

                En el inciso cuarto, por su parte, se dice que las diferencias generadas por esta partida se pondrán en una compensación personal. Quisiéramos que esto quedara a texto expreso y que esta compensación personal no fuera absorbida por los ascensos. Sabemos que esto está en contraposición con la norma genérica de este Presupuesto. De cualquier manera, pensamos que las compensaciones personales que se absorben con los ascensos van en detrimento del estímulo al funcionario porque cuando uno asciende, la diferencia entre grado y grado es muy poca y el resto lo estaríamos financiando con estas compensaciones personales que se generan. Por lo tanto, al funcionario le va a dar lo mismo dar un concurso, estudiar o capacitarse lo que, en definitiva, también va en detrimento del Estado al que le sirve tener mejores funcionarios y bien capacitados, para que puedan cumplir adecuadamente con todos sus cometidos.

                Entonces, solicitamos que se agregue esto a texto expreso y en el repartido dejamos claro cómo nos gustaría que quedara la redacción de este artículo.

                El artículo 276 se relaciona con la facultad que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de crear una fundación. Cuando uno lee este artículo, le rechina en un primer momento. Si bien no estamos de acuerdo con la fundación, en caso de que no se encontrara una mejor solución a nivel genérico, la aceptaríamos. En realidad, hoy existe el Jardín y trabajan allí -contando también a la cantina- alrededor de 40 personas bajo el régimen de empresas unipersonales. Algunas de estas personas tienen más de 20 años de trabajo y como unipersonales no tienen derecho a licencia, ni  aguinaldo, ni  ninguna otra cosa. Durante todos estos años, han usado uniformes del Estado y marcado tarjeta, con lo que quiero decir que tienen una clara relación laboral que, a esta altura, está totalmente desnaturalizada. Entendemos que hay que solucionar esta situación.

                Por otro lado, queremos mencionar otro problema. Cuando se cerró el Jardín en el Ministerio de Educación y Cultura, esos niños los absorbimos nosotros y, como no había norma que habilitara la transferencia de dinero, se nos pidió a algunos padres que formáramos una Asociación Civil. Entonces, se dio una triangulación de dinero para poder pagar el salario de ese personal. Entendemos que tanto el personal que está contratado por las unidades ejecutoras como por esa Asociación Civil, trabaja para el Estado, máxime teniendo en cuenta la Ley de Tercerización.

                En este sistema también está incluido el comedor y la cantina. La fundación no estaría contemplando a esta gente y, en caso de no existir una mejor solución, pretendemos que se las incluya porque estas personas también tienen empresas unipersonales de larga data.

Por otro lado, tanto en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas como en la Dirección Nacional de Aduanas, en lo que refiere a las cantinas y comedores, la triangulación del dinero se da a través del sindicato, de forma que el Estado le da la plata y luego, como si fuera un patrón, paga a los empleados. En esos casos, no se trata de unipersonales, están en planilla y tienen derecho a licencia y aguinaldo. En la propuesta solicitamos, a texto expreso, que se incluya el comedor y la cantina, pero que se excluya a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Por lo tanto, en la fundación quedaría la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría del Ministerio, la Contaduría, la Tesorería y la Dirección Nacional de Catastro.

                En el artículo 281 se crean 40 cargos. La Contadora General nos dijo que con estos cargos se pretende hacer una política de shock para paliar la situación de déficit de personal. Entendemos que estos cargos -sobre todo, los de ingreso- deben ser parte de la propuesta de regularización que planteamos en el artículo 1º. Por lo tanto, estaríamos solucionando este problema con gente que ya está capacitada y que conoce la tarea.

                En el artículo 282 se plantea la pérdida de la titularidad de la recaudación del Servicio de Garantía de Alquileres. Hoy ese Servicio está percibiendo $ 140:000.000, aproximadamente, por año, y el crédito asignado para la Contaduría General de la Nación es de $ 80:000.000. Sin embargo, cuando se redactó este artículo el crédito previsto por Rentas Generales resulta mucho menor al que teníamos otorgado. Pretendemos que el crédito sea el mismo que se tenía extrapresupuestalmente.

                Dentro de este artículo se prevé también el pago a los funcionarios de una partida por presentismo que existía antes de que este dinero pasara a Rentas Generales; es más, fue uno de los motivos por los cuales tuvimos el conflicto con la contadora, en oportunidad del Presupuesto, y llevamos adelante tres horas de paro. En realidad levantamos la medida porque ella nos llamó y nos señaló que íbamos a negociar nuevamente un dinero que consta por planillado -asignado también en este artículo- comprometiéndose a que íbamos a conversar acerca de las condiciones de otorgamiento de estos recursos, ya que lo que no queremos es que se otorgue “a dedo”. Lo cierto es que, lamentablemente, cuando accedimos al texto del artículo nos dimos cuenta de que, en realidad, no está previsto nada de lo que se nos dijo sobre negociar con los trabajadores. Lo que se prevé es la propuesta de la contadora general avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo tanto, solicitamos que se recabe, también a texto expreso, el acuerdo de los trabajadores.

SEÑORA ESQUERRE.- Buenas tardes.

                Por el artículo 306 se crea un fondo para todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, estableciendo un porcentaje de las multas por infracciones aduaneras con el fin de cumplir ciertas metas. Entendemos que esto va a generar una rebaja en los ingresos de todos los funcionarios  porque un 40%   de ese porcentaje que se está utilizando en base a las multas se destina al funcionario denunciante y un 30% al resto. No sabemos a cuánto ascienden esas metas y, a su vez, sabemos que en ese marco, en las aduanas más modernas, se tienden a aplicar sanciones más fuertes para desalentar la violación de la normativa aduanera. Esto va a provocar que los ingresos por multas e infracciones se reduzcan y, por lo tanto, los ingresos de los funcionarios que van a tener la responsabilidad de generar  recursos para ese fondo, también se van a ver reducidos. Pensamos que cualquier tipo de modificación en las remuneraciones de los funcionarios de Aduanas frente a una reforma como la que se está planteando, se tendría que estudiar dentro de ese marco y no con un artículo independiente dentro de la ley de presupuesto.

                Por otra parte, en ese artículo se plantea el tope de la llamada Ley Especial Nº 7, artículo 105 en el que se establece un tope para los salarios de los funcionarios aduaneros. Esto no incentiva a los funcionarios dado que hay un grupo muy reducido que, por decreto, fue destopeado cumpliendo las mismas funciones que los demás.

                Por último vemos que, paradójicamente, en este artículo se sigue manteniendo la figura del funcionario público paraaduanero. Se trata de funcionarios que ingresan en comisión para cumplir funciones aduaneras sin ningún tipo de conocimiento previo, situación que nos resulta extraña porque con todas las tareas que realiza la aduana vinculadas con comercio exterior, se necesita importante capacitación y durante años. Incluso, estas personas que, insisto, ingresan con total desconocimiento, pasan a cumplir funciones técnicas aduaneras y hemos tenido experiencias bastante negativas. Por lo tanto, lo que pretendemos es modificar este artículo. Asimismo, queremos dejar claro que en una mesa tripartita con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Dirección Nacional de Aduanas hemos acordado ciertas modificaciones a esta norma que no se vieron reflejadas en la que fue votada por la Cámara de Representantes. Queremos recalcar, también, que el acta se encuentra en el repartido presentado.

SEÑOR REVELESE.- A efectos de ir culminando la presentación relativa a nuestro Inciso, queremos hacer referencia a los artículos 311 y 312.

                El artículo 311 no cuenta con la posición favorable de nuestro sindicato. Nos oponemos terminantemente a la redacción que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento en la medida en que habla de condiciones de empleo que, lamentablemente, no fueron negociadas ni discutidas con el sindicato.

A los efectos de ilustrar a los señores Senadores, es preciso señalar que el Cuerpo de Niños Cantores ha estado regulado hasta el día de hoy por el artículo 246 del Decreto Ley N° 14.189. Allí se recoge una vieja aspiración dispuesta en una norma del año 1951, por la cual se faculta al INAU a poder elevar al Ministerio de Hacienda una nómina de aspirantes a ingresar a ese Cuerpo, que muchas veces se cumplió y otras no. Sin embargo, en la última etapa, a partir del año 2005, se celebró un convenio entre las instituciones de Economía, Loterías e INAU, que hizo que los chicos ingresaran a un régimen de altísima rotatividad y de enorme precariedad laboral, lo que lleva a que permanentemente, cada uno o dos años, la integración del Cuerpo de Niños Cantores cambie. Asimismo, tanto el sindicato como las jerarquías de la institución, hemos observado que, a raíz de esta precariedad y dado que los chicos provienen de familias con gran índice de conflictividad -por lo general, los menores que vienen del INAU- a los pocos meses de ingresar y, fundamentalmente, en el último tiempo, antes de expirar el plazo contractual, dejan de asistir. Por lo tanto, tenemos enormes problemas en materia de personal. 

Consideramos que este sistema no ha generado buenas condiciones de trabajo y, además, se agrava con lo dispuesto por este artículo en la medida en que los chicos del INAU que estaban contratados en forma permanente y luego pasaron a estarlo de forma eventual, con una partida que se pagaba a través del artículo 539 de la  Ley  Nº  13.640 -que ahora se derogaría, de aprobarse esta Ley de Presupuesto-, pasarían de eventuales a becarios, con un sueldo que sería la mitad de lo que están ganando ahora. De esta forma, persistiría un régimen de altísima rotatividad y flexibilidad laboral sobre el que, a nuestro juicio y a juicio de las jerarquías del Departamento de Escribanía y de Personal, tenemos una posición sumamente crítica.

Solicitamos al Senado de la República que analice el tema y atienda nuestra postura de anular el artículo 311.

Por otra parte, el inciso segundo del artículo 312 refiere a una retribución permanente que nosotros recibimos y que tiene que ver con el origen de un provento. Lamentablemente, tuvimos ciertas dificultades en el tratamiento de este tema; incluso, generó un conflicto a fines del año pasado. Labramos un acta en el seno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la participación de COFE, del PIT-CNT, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y se nos comunicó que modificar esto requería una previa discusión. Al analizar el articulado que se elaboró, vimos que se corrigieron determinados aspectos de la redacción acordada, también sin la participación del sindicato. Entonces, nos declaramos nuevamente en conflicto y, por suerte -porque la conducta del sindicato es tratar los temas con seriedad- pudimos lograr un ámbito al menos importante para esa etapa. Es así que el 27 de setiembre de 2010, en el seno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nuevamente con la participación del PIT-CNT, COFE y el Ministerio de Economía y Finanzas -representado por el señor Apezteguía y la Contadora Susana Díaz- logramos formalizar una redacción acorde a las partes. Sin embargo, vemos que la Cámara de Representantes no corrige totalmente el error. Tal como figura en el acta que acompaña a los ejemplares que tienen los señores Senadores, se quita la palabra “sorteos” y la expresión “control y fiscalización” y se agrega “contralor”, por lo que hablamos con altas jerarquías del Ministerio de Economía y Finanzas y nos dijeron que fue un error de tipografía -no tenemos por qué dudar de eso- y que el Senado de la República introduciría, a través de los Legisladores del Partido de Gobierno, el mismo texto acordado que está entre comillas. Reitero que hubo un conflicto a fin de año y el 27 de setiembre se acordó que la Cámara de Representantes corregiría el error, pero se hizo en parte. Entonces, confiamos en que haya sido un error y que el Senado, una vez escuchado nuestro planteo, lo subsane porque, de lo contrario, el clima que se generaría no sería positivo dado que entraríamos en una disputa que  no es buena para el sistema en su conjunto.

                Por último, queremos decir que estamos de acuerdo en instalar un ámbito bipartito de discusión para analizar, en una futura ley de Rendición de Cuentas, estas partidas de carácter variable que se cobran por generación de proventos.

Por tanto, confiamos en que pueda corregirse este “error” -entre comillas- y se apruebe el texto acordado con el Poder Ejecutivo en su oportunidad.

Muchas gracias.

SEÑOR BERRUTTI.- Como Plenario, queremos solicitar que en este Presupuesto se prevea la reestructura de la Dirección Nacional de Catastro y de la Dirección Nacional de Comercio. La primera estaba muy avanzada, al punto tal que ya había sido prácticamente aprobada por la Oficina Nacional del Servicio Civil pero, al haber quedado excluido el Inciso del plan piloto, fue echada para atrás. Es muy necesario que se implementen estas reestructuras, fundamentalmente, por la falta de personal técnico de las oficinas del interior. Contamos con veinte oficinas en todo el país, de las cuales solo en siete hay técnicos presupuestados, siendo el resto funcionarios contratados. Incluso, en algunas de ellas ni siquiera tenemos personal y tienen que ir de una a otra, desatendiendo el servicio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por haber participado en la sesión de hoy. Obviamente, vamos a repartir a los miembros de la Comisión todos los documentos entregados, que luego serán utilizados a la hora de definir estos temas en el Plenario.

(Se retira de Sala la delegación del Plenario del Ministerio de Economía y Finanzas)

(Ingresa a Sala la delegación representante de COFE)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Confederación de Funcionarios del Estado.

SEÑOR BASANO.- Agradecemos a los señores Senadores y a la señora Presidenta la amabilidad de recibirnos en este ámbito.

                La primera aclaración que queremos hacer respecto al proyecto de ley presupuestal que está en discusión es que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento sin cumplir con los requisitos previstos en la Ley Nº 18.508, relativa a la negociación colectiva en el sector público. Esta Ley, que es una conquista del movimiento sindical y uno de los más importantes logros obtenidos en la Administración pasada, en el literal A) de su artículo 6° establece que, a los efectos de la de la negociación colectiva, los trabajadores deberán ser informados sobre los avances de los proyectos de Presupuestos y Rendición de Cuentas y Balances de Ejecución Presupuestal. En este caso concreto, queremos señalar que tomamos contacto con el proyecto de ley presupuestal después de que fuera enviado al Parlamento, el 31 de agosto pasado. 

En el artículo 4° de la misma ley se define claramente lo que es materia de negociación. El proyecto de ley presupuestal abarca varios temas relacionados, justamente, con lo que debió ser materia de negociación colectiva, particularmente,  el proceso de reforma de la gestión del Estado, así como las condiciones de trabajo que afectan directamente a los funcionarios públicos. Por lo tanto, consideramos que no se cumplió con la Ley porque  esta iniciativa se envió al Parlamento sin haber sido negociada con los trabajadores.

No obstante, después de que el proyecto de Presupuesto ingresara al Parlamento, y en función de  gestiones efectuadas por algunos representantes, tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones con el Poder Ejecutivo. Concretamente, el 30 de setiembre participamos en una reunión de negociación colectiva en la DINATRA, ocasión en la que planteamos una serie de opiniones respecto al contenido de este proyecto de ley. En esa oportunidad, estábamos expectantes de que, efectivamente, algunas de las propuestas realizadas por la Confederación fueran tenidas en cuenta, pero lo cierto es que todavía estamos esperando una devolución pues nunca se concretó una reunión para que el Poder Ejecutivo nos diera su respuesta.

                Después de hacer esta aclaración y reiterando que en ningún momento hubo una negociación real y, mucho menos, un acuerdo con el Poder Ejecutivo en torno a las disposiciones contenidas en el proyecto de ley, vamos a hacer algunos planteos concretos. Consideramos que toda la Sección II, que tiene que ver con las normas vinculadas a los funcionarios públicos, debería ser retirada. Este planteo, incluso, fue suscrito por el propio PIT-CNT, organización en la que se sostiene que esta iniciativa debería haber sido discutida y negociada con más tiempo, calma y tranquilidad, recogiendo la opinión de los trabajadores. Como eso no pudo ser así,  redujimos nuestra propuesta y planteamos varias modificaciones a algunos de los artículos que consideramos medulares o neurálgicos dentro del proyecto. 

En primer lugar, nos vamos a referir  al artículo 4º, que tiene que ver con la periodicidad de los ajustes salariales. Más allá de que algunos de los elementos contenidos en dicha disposición pueden ser rescatables -como, por ejemplo, el hecho de que se nos garantiza el salario real o el poder adquisitivo de nuestro sueldo- pensamos que las modificaciones que se introducen a la ley vigente, N° 16.903, no son beneficiosas para los trabajadores ni para los jubilados y pensionistas quienes, en función del artículo 67 de la Constitución de la República, ajustan sus haberes en la misma oportunidad que los funcionarios públicos. En este caso concreto, proponemos modificar el artículo 4º e incluir un párrafo que establezca que, en el caso de que la inflación anual, medida en año móvil, supere el 10%, se registre un ajuste semestral en el siguiente período. El texto actual establece: “Si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público previsto en el artículo 11 de la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009, a los efectos de compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar”.  Para nosotros es fundamental que se incluya la posibilidad de que los ajustes se realicen en períodos más cortos en el año en el escenario de una inflación disparada.

                En lo que tiene que ver con la Sección II, relativa a las normas para los funcionarios públicos, adelanto que los compañeros harán referencia a los artículos allí contenidos. De todas formas, quiero subrayar una de nuestras preocupaciones que tiene que ver con la necesidad de atender la regularización de cientos y miles de contratos precarios que tenemos en el Estado. En el Presupuesto de 2005 logramos, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, que efectivamente se incluyera una norma -que fue aprobada por el Parlamento- que contemplaba la posibilidad de regularizar una serie de situaciones que se venían arrastrando de períodos pasados. Lamentablemente, después de aprobada la disposición el Poder Ejecutivo volvió a caer en el mismo error y apeló a distintas formas de contratación para suplir las contrataciones que había en materia de recursos humanos en la Administración Pública. Así fue como proliferaron, nuevamente,  contratos a término, becarios, pasantías, eventuales, zafrales, tercerizados, etcétera. De esta manera se reclutó a trabajadores que realizan las mismas tareas que un  funcionario público permanente pero tienen la precariedad de un contrato. A fin de atender esta situación, planteamos algunas alternativas que pueden estar vinculadas a sustitutivos del artículo 37 del actual proyecto de ley, relativo a la presupuestación de contratos de función permanente. Nuestra máxima aspiración, obviamente, sería lograr la presupuestación de todos aquellos que realizan tareas propias de un funcionario público. De cualquier forma, para el caso de que esto no sea contemplado por los señores Senadores, plantearemos algunas alternativas, como pueden ser modificaciones al artículo 59. Asimismo, tenemos la propuesta de un aditivo que contempla la situación de algunos cientos de becarios y pasantes que hoy están trabajando para el Estado cumpliendo tareas propias de un funcionario público; incluso, podríamos decir que son insustituibles porque de ellos depende, en muchos casos,  la continuidad de la prestación de los servicios a la sociedad, sin embargo, cumplen funciones como  pasantes y becarios que tienen previsto el cese de sus contratos a corto plazo. Es más, se dan situaciones en las cuales la relación contractual con el Estado ha sido desvirtuada no solamente en el contenido -porque están haciendo tareas que no son propias de un becario o un pasante- sino incluso en los plazos legales previstos por la ley. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenemos alrededor de cien becarios, que ya tendrían que haber cesado en el mes de mayo y, sin embargo, se les ha renovado el contrato y siguen trabajando para el Estado en función de las necesidades del propio organismo. Por lo tanto, pensamos que debe atenderse la situación de todos estos contratos precarios, que son alrededor de 4.280 en la Administración Central -no creemos que sean tantos- y en la mayoría de los casos son imprescindibles -como ya dije- para asegurar la prestación de los servicios en los distintos Ministerios.

                Los artículos que, de alguna manera, queremos que sean modificados y, en algún caso, eliminados, van a ser explicados por los compañeros de la delegación.

SEÑOR BENTOS.- Soy Secretario de Prensa y Propaganda de COFE.

Quiero explicar brevemente la carpeta que le hicimos llegar a los señores Senadores para que sea un insumo más fácil de utilizar. En la primera parte, donde aparece el logo de COFE, van a encontrar un documento con fecha 5 de noviembre que trata sobre el planteo que estamos realizando hoy en esta Comisión, con respecto a las modificaciones a los artículos de proyecto de ley de Presupuesto.

A continuación, van a encontrar, con fecha 20 de octubre -fecha antojadiza, simplemente para diferenciar esta etapa de la otra- una recopilación histórica de todo el planteo de COFE, que tiene que ver con reivindicaciones de carácter salarial, de condiciones de trabajo, de reestructuras y de reformas del Estado. Aclaro esto porque en algún momento de la discusión -y esto fortalece el anterior planteo del compañero Basano- se adujo que tuvimos la posibilidad, en algún ámbito, de hacer planteos en el marco de la negociación colectiva. Todos estos documentos que están recopilados al final de la carpeta fueron realizados por COFE hace muchos meses. Nosotros solicitamos audiencia antes de las últimas elecciones con los actores políticos que todavía no eran parte del Gobierno.

En todo este material está la base filosófica que sustentan, fundamentalmente, todas las modificaciones que nosotros pedimos ahora -que no son tantas, son mucho menos de las que originalmente existían- y que tienden a recomponer la situación de salvaguardar la vigencia de la Ley de Negociación Colectiva.

Brevemente, voy a hacer un resumen de las consideraciones que hoy nos merece el proyecto de ley y las modificaciones que queremos para los artículos 4º, 18, 21, 27, 37, 59, 60, 62 y un aditivo, que son los que aparecen en la primera página de la carpeta. Además, les hemos entregado un disco compacto con todos los documentos para que puedan consultar los artículos.

Con respecto al artículo 4º -que ya mencionó el compañero Basano- pretendemos que se agreguen al texto original de los artículos las frases coloreadas en rojo. El artículo 18 se refiere a la declaración de excedencia. En particular, solicitamos que se elimine una frase del primer inciso que dice: “así como en caso de reasignación de funcionarios de acuerdo con su perfil”. Esto está casado con una modificación que planteamos al final del artículo 21. Allí,  sujetamos toda una operativa, mediante la cual la Oficina Nacional del Servicio Civil establece una redistribución, a la voluntad del trabajador. Toda la expectativa que tiene esta Oficina de redistribuir, de asignar perfiles y de recapacitar funcionarios, inclusive con la posibilidad de cambiarlos de escalafón, creemos que merece, por lo menos,  la consulta o la expresión de voluntad de estos. Lo que solicitamos se elimine del artículo 18 se relaciona con ello, y al final de ese mismo artículo, queremos que se sustituya el término “comportamiento” por el de “desempeño”. Para nosotros, este concepto es mucho más claro y está más sujeto a una evaluación de gestión, de las capacidades, de la voluntad de trabajo y de los ítems que en general se toman en cuenta para calificar y juzgar el desempeño laboral.

                En el artículo 27, al final del primer inciso, proponemos la eliminación de la frase que dice: “sin percibir las compensaciones propias de la oficina de destino”. Luego de producida una redistribución de un funcionario, hay un período de pase anticipado en el que todavía no es absorbido por la oficina de destino y continúa siendo funcionario de la oficina de origen. En este artículo se le respeta el salario de la oficina de origen pero, al mismo tiempo, si el plazo de incorporación a la oficina de destino excede los 60 días, se le cercena la posibilidad de acceder a las compensaciones o al salario de la oficina de destino. Entonces, lo que planteamos es eliminar la última parte del inciso -que ya mencioné- con la salvedad de que esto podría permitir que el jerarca resolviera el tema a los efectos de facilitar que ese trabajador -que seguramente vaya a quedar efectivizado en la oficina de destino- pueda acceder a un salario similar al que perciben sus compañeros en la oficina de destino.

                El artículo 37 tiene que ver con la reparación o presupuestación de trabajadores que originalmente habían ingresado mediante contrato de función pública. Entendemos que el problema que planteó Basano con relación al tema de la regularización de los trabajadores precarios podría terminarse si se aceptara que la modificación de este artículo no implica una solución idéntica a la que propusimos en el Presupuesto pasado a través del artículo 7º -que nos daba la posibilidad de naturalizar o presupuestar en forma indiscriminada a prácticamente todos los trabajadores que estaban contratados desde hacía años- pero sí nos permitiría, por lo menos, discutir en torno a cuáles de estos trabajadores -que no tienen contratos de función pública, sino de precariedad- desempeñan tareas de carácter permanente, que son las que, según la Constitución y la ley, deben ser llenadas por concurso y por funcionarios públicos. Como se puede observar, la modificación que planteamos es establecer que el carácter permanente implique que no importe el tipo contractual mediante el cual hayan ingresado a trabajar. También proponemos la eliminación del párrafo que mencionaba algunos mecanismos legales, que es el que permitiría tomar en cuenta el tipo contractual por el que han ingresado. Además, agregamos un párrafo -que figura en color rojo- que dice: “De conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, se instalará en cada Inciso una Comisión Paritaria que tendrá el cometido de dictaminar respecto de las personas alcanzadas por la presente norma”, reafirmando que estamos hablando de trabajadores que realmente desempeñan tareas de carácter permanente y no de aquellos que fueron contratados de cualquier forma; o sea que nos referimos a quienes están trabajando con contratos sui generis pero realizando tareas de carácter permanente, de  presupuestación. Asimismo, en el inciso final agregamos una frase que dice: “sin que ello implique costo presupuestal ni de caja”.

                El artículo 59  se refiere a  los nuevos contratos o contratos temporales de Derecho Público. Solicitamos que al final del primer inciso se elimine “y una prórroga única por única vez por hasta el mismo plazo” y  se sustituya por “pudiendo ser renovado”. El fundamento de esta modificación no es para consolidar este contrato como una herramienta definitiva, sino para facilitar la flexibilidad necesaria  para que la continuidad de estos trabajadores en estas tareas no implique un perjuicio al servicio. De esta forma la Oficina Nacional del Servicio Civil, e inclusive las oficinas, podrían contar con estos trabajadores a pesar de que no estuvieran prontas las reestructuras o que la regularización de la parte estructural del organismo no estuviera del todo lista.

                En el segundo inciso solicitamos que se elimine la palabra “indefectiblemente”,  lo que permitiría la modificación del primer inciso.

                El artículo 60 hace referencia a la creación de los contratos laborales regidos por el Derecho Privado, y COFE plantea directamente que este artículo sea eliminado del Proyecto de Presupuesto. No es necesario que expliquemos demasiado por qué no estamos filosóficamente de acuerdo con los contratos de Derecho Privado en la Administración Pública. Además, hay material al respecto que sustenta el hecho de que incluirlos podría estar violando normas constitucionales.

                En el artículo 62 solicitamos  que se elimine la última parte del inciso primero. Este artículo plantea la eliminación de cargos de alta conducción del SIRO, pero a la vez también las vacantes de Director de División y Jefe de Departamento pertenecientes al sistema escalafonario de la Ley Nº15.809. En este momento hay organismos que tienen reestructuras en proceso que fueron aprobadas y que están por llamar a concurso para llenar esas vacantes. Probablemente este proceso termine el año que viene pero si esta ley entra en vigencia el 1º de enero, todos esos proyectos de reestructura quedarían truncos. El último artículo, el aditivo que planteaba el señor Basano, no es una modificación de ningún artículo sino una nueva propuesta -por eso lo marcamos en rojo- que tiene que ver con los becarios y pasantes, y estamos pidiendo que se incluya en el proyecto de Presupuesto.

                Con estas aclaraciones -que no son lo suficientemente extensas pues necesitaríamos mucho más tiempo para explicar cada punto- creemos que resumimos la voluntad de ajustar nuestros reclamos al hecho de que en este proyecto de Presupuesto -que ya se está discutiendo y que cuenta con media sanción- es muy difícil que nosotros podamos volver atrás para debatir filosóficamente su sustento. Reducir la cantidad de propuestas desde los planteos históricos, que aparecen al final de la carpeta, hasta los presentes, tiene una justificación: es lo que podemos modificar sin cambiar el sentido o el destino final de este proyecto de Presupuesto, rescatando necesariamente la voluntad compartida, tanto del Gobierno como de los trabajadores, de incluir la discusión de estos temas en el marco de la negociación colectiva.  Estas modificaciones nos permitirían, en todos casos, discutir en ámbitos de negociación colectiva soluciones a estos problemas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a los representantes de COFE este material -muy completo y claro- que nos han acercado, asegurándoles que será repartido a todos los señores Senadores integrantes de la Comisión a los efectos de ser analizado en el momento que debamos adoptar decisiones a este respecto.

SEÑOR BENTOS.- Lamentamos no haber sido más claros u ordenados, pero queremos que se tenga en cuenta que nuestra convocatoria era para la semana próxima; quiere decir que nos adelantaron una semana la cita, por lo que debimos armar de apuro todo el material. Además, no todos los compañeros que querían estar aquí han podido hacerlo.

                Pedimos las disculpas correspondientes.

SEÑORA PRESIDENTA.- La disculpa es nuestra porque tuvo lugar una demora importante; eso se debió a que cada vez hay más delegaciones e intentamos recibir a todas, con equidad. De todas maneras, si algún señor Senador tiene alguna consulta para efectuar, supongo que podrá dirigirse a la Confederación a los efectos de realizarla.

SEÑOR BENTOS.- Los teléfonos de nuestra  Confederación figuran en el material que entregamos; no obstante, con mucho gusto podemos dejárselos a los Secretarios de la Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.

                La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia de los representantes de COFE.

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18 y 26 minutos)

 

 

Material adjuntado por las delegaciones.1)

Material adjuntado por las delegaciones.2)

Material adjuntado por las delegaciones.3)

Material adjuntado por las delegaciones.4)

Material adjuntado por las delegaciones.5)

Material adjuntado por las delegaciones.6)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.