SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 18 minutos.)

                -La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a la delegación de la Asociación de Empleados de Estadística y Censo, integrada por los señores Nicolás Kunich, Mauricio Zunino, Diego Robaina, Walter Vitabar y Luis Vázquez, a quienes cedemos el uso de la palabra para que formulen su planteamiento. Si no me equivoco, ya están informados de que disponen de quince minutos para realizar su exposición, al igual que todas las delegaciones.

SEÑOR VÁZQUEZ.- En mi calidad de Secretario de As.E.E.C., gremio que nuclea a los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, quisiera señalar que el motivo de nuestra comparecencia ante esta Comisión es expresar nuestra discrepancia frente a las nuevas formas de contratación que plantea el Poder Ejecutivo en este Presupuesto.

Entendemos que, necesariamente, estas discusiones deberían darse fuera de una ley de estas características, con la activa participación de los sindicatos y en cabal cumplimiento de la ley de negociación colectiva, ya que tenemos mucho para aportar. Las tareas permanentes en el Estado deben ser cumplidas por funcionarios presupuestados. En el INE, de una plantilla de 350 trabajadores, a la fecha 204 son contratados -o sea, el 58%- lo que desvirtúa su condición, pues son contratos zafrales, eventuales o a término, de personal que cumple tareas permanentes, estratégicas y claves para la institución. A saber, en esta situación tenemos compañeros que se desempeñan como crítico-digitadores, encuestadores, supervisores, choferes, analistas técnicos, informáticos y administrativos. En una División específica, como la Sociodemográfica, encargada del estudio socioeconómico más importante del país, la Encuesta Continua de Hogares, de donde se obtienen los datos de nuestra población en relación a la vivienda, atención en salud, educación, trabajo, ocupación e ingresos, estos contratos representan el 95% del total. Esto provoca distintos problemas en la Institución, como por ejemplo la alta rotación del personal por la inestabilidad laboral que generan estas figuras contractuales, con el consiguiente gasto de tiempo y recursos en capacitación permanente. En otras palabras, es difícil retener al personal aun cuando la Institución ha invertido en cursos de formación. A esto se agrega que permanentemente se deben enfrentar  dificultades administrativas debido a la  renovación de los contratos, problema que aparecerá nuevamente cuando expiren estos nuevos contratos temporales a tres años. Lo antedicho viene acompañado de un lento pero inexorable deterioro en la calidad de nuestros funcionarios, que se verá acentuado en caso de prolongarse esta situación, tal como está planteado en este Presupuesto. Somos bien conscientes de que se necesita la temporalidad, pero por supuesto, para aquellos casos que la ameriten, no para tapar baches.

En los ámbitos de diálogo que ha auspiciado este Sindicato con las más altas jerarquías de la Institución, hemos hecho un diagnóstico y logrado un acuerdo, pero los pedidos de la unidad ejecutora -ya no de este Sindicato- no fueron tenidos en cuenta en este proyecto de ley.

Las diferencias, tanto salariales como administrativas, y la ausencia de  derechos laborales como la antigüedad, el cobro de asignaciones familiares y de compensaciones por maternidad, que se evidencian en esta situación, van claramente en contra de los principios republicanos de igualdad que consagra nuestra Constitución. Esto redunda en un deterioro considerable en las condiciones laborales, que atenta contra la calidad de nuestro trabajo y, por consiguiente, de nuestro cometido ante toda la sociedad.

Creemos que tres años para comenzar a ver cómo se procede en estos casos es mucho tiempo, ya que estamos en pleno proceso de una reestructura que no previó esta y otras situaciones.

Todo esto genera un hondo desaliento en nuestra fuerza laboral -por nosotros representada- dada la ausencia de una solución definitiva a este acuciante y creciente problema que no se contempla en este proyecto de ley.

La falta de estudio de las situaciones puntuales en la Administración Central en materia de condiciones de trabajo -en particular, en la forma de contratación- que son acarreadas desde hace ya varios años,  nos parece un error que debería subsanarse. Un Instituto netamente técnico y que requiere la máxima profesionalización de sus cuadros funcionales no debe permitirse el lujo de perder a los trabajadores que ya han demostrado, concurso tras concurso, que son los más aptos para la tarea que vienen desempeñando. Tampoco debe invertir en la capacitación y formación de recursos humanos que luego disfruten otros porque simplemente ofrecen mejores y más estables condiciones laborales.

Queremos destacar aquí la buena relación y el diálogo franco con la Directora del INE, señora Laura Nalbarte. Es menester la aprobación, en el proyecto de ley presupuestal, de los recursos que se adjudican a la unidad ejecutora, pues son necesarios y están plenamente justificados. La coincidencia que ha existido entre nuestro Sindicato y la Dirección en cuanto a los recursos solicitados para nuestra Institución, que no han sido contemplados en este Presupuesto, nos hacen pensar en la justicia y pertinencia de nuestros reclamos. Asimismo, ha evidenciado, a nuestro entender, el desconocimiento total y absoluto de la realidad de la Administración y de sus trabajadores por parte del Poder Ejecutivo, persiguiendo un efecto mediático más que un verdadero intento de reforma.

No está de más recordar esta situación de precariedad que padecemos los orientales, en mayor medida jóvenes y profesionales que apostamos a vivir y a trabajar en nuestro país; que estamos formando aquí a nuestras familias; que hemos pasado hasta por cuatro evaluaciones a padrón abierto en los últimos seis años, simplemente para mantener nuestra fuente de trabajo y ocupar el cargo que veníamos desempeñando satisfactoriamente. Sin embargo, no sabemos en qué momento el Gobierno de turno nos puede despedir sin derecho alguno, o que por tener una mala mañana en un día de evaluación, se nos quite nuestro trabajo. Reclamamos que se abra un ámbito de negociación real que estudie, junto a los jerarcas de cada Inciso y unidad ejecutora y a la representación de los sindicatos, la necesidad de personal para el cabal cumplimiento de las tareas inherentes a cada oficina y que este personal sea de carácter presupuestado, dando por terminada, por fin y de una vez por todas, una época de precarización y desvirtuación contractual de los trabajadores en el Estado que este nuevo contrato temporal no hace más que prolongar en el tiempo.

Hacemos escuchar nuestra voz hoy aquí para expresar que los contratos temporales deben ser para tareas también temporales -y no para quienes todos los días llevamos adelante el trabajo en el Estado- que no deben existir contratos de carácter privado en el Estado bajo ningún concepto y que este proyecto de ley de Presupuesto, tal como está planteado por el Poder Ejecutivo, no contempla en lo más mínimo los reclamos y aspiraciones de los trabajadores y mucho menos satisface la imperiosa reforma del Estado que nos merecemos como sociedad.

Advertimos así a este Cuerpo que este proyecto de ley de Presupuesto fomenta el hecho de que aquellos trabajadores que tienen mejores calificaciones, niveles educativos y, por ende, mejores condiciones de empleabilidad, empiecen a abandonar el Estado para insertarse en la actividad privada o académica, donde las posibilidades de realización personal son mejores, gestándose de esta manera un proceso de elección adversa, camino que no quisiéramos recorrer, pero que tal y como están planteadas las cosas, parece inevitable.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere informar a nuestros visitantes que se incorporarán estas manifestaciones a la deliberación de la Comisión y que les agradecemos el planteo y toda la documentación que nos han entregado.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Muchas gracias. Quisiera hacer una última aclaración.

                En la carpeta que hemos entregado incluimos el planteo con respecto a la aspiración de un articulado que hemos redactado en nuestro sindicato. Gracias nuevamente.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Empleados del Instituto Nacional de Estadística.)

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(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir a la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Arquitectura para realizar un planteo relativo al Presupuesto Quinquenal.

                En primer lugar, quiero aclarar que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda ha designado a esta Subcomisión de Audiencias, donde están representados todos los partidos políticos, para escuchar los planteos correspondientes; no se trata, pues, del  pleno de la Comisión.  Posteriormente vamos a enviar la versión taquigráfica de lo que aquí se exponga a los demás señores Senadores miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

                Tiene la palabra la Arquitecta Barrón.

SEÑORA BARRÓN.- En primer lugar quiero decir que soy arquitecta, hace 31 años que trabajo en la Dirección Nacional de Arquitectura y 22 años que ejerzo mi profesión.

                Quiero decir que siempre he sido excelente en los orales que me han tocado y, en este caso, espero poder expresarme con claridad, porque esto prácticamente puede llegar a ser un oral para mí.

                Comenzaré hablando de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP. Podemos afirmar que en los 80 últimos años no ha existido expresión de la obra edilicia pública nacional que no haya contado con la presencia de nuestra Dirección y, en particular, con el aporte de los profesionales arquitectos y arquitectas que en ella han trabajado, sin desconocer el aporte del resto de los funcionarios que allí cumplen funciones. El propio edificio Artigas, donde hoy estamos reunidos, más conocido como Edificio de las Comisiones, fue en su momento construido por la Dirección Nacional de Arquitectura por contrato de obra pública. Igualmente los ejemplos de edificios construidos por la modalidad de administración directa, es decir, actuando la propia Dirección Nacional como empresa constructora pública, son innumerables y podemos nombrar  desde el proyecto de restauración y reconstrucción de la sede del MERCOSUR, Parque Hotel,  y las intervenciones en la Estancia Presidencial de Anchorena, ambos monumentos históricos, hasta el Plan de Emergencia de todos los locales de escuelas de Montevideo y Canelones que el Presidente Tabaré Vázquez concretó. Sin la participación y compromiso superior de todos los arquitectos de esta Dirección Nacional de Arquitectura no se podría haber ejecutado esa obra con los costos y plazos establecidos.

 Proyectar, construir por la modalidad de administración directa o contrato de obra, asesorar a otras áreas del Estado, al BID o a la propia CND, representa para nuestro ejercicio profesional concebir proyectos con metrajes raramente inferiores a los 500 metros cuadrados, desde la primera línea hasta los planos ejecutivos de obra, con sus cálculos estructurales y de instalaciones, coordinando con actores públicos complejos y diversos. Además, nuestra tarea implica organizar desde la primaria estimación de costos y plazos, siempre contrarreloj por las entendibles presiones políticas, todo el proceso de la licitación pública y posterior Dirección Técnica de Obra y seguimiento de su contrato, para inversiones muchas veces superiores al millón de dólares. También nos corresponde operar la empresa constructora más grande del país, con más de doscientos operarios, lo que implica inversiones, plazos, coordinaciones, supervisión de personal, compras, etcétera.

Además, por la condición misma de ser Dirección Nacional de Arquitectura, manejamos todo el espectro de programas del Estado en todo el territorio nacional. Nombraré sólo cinco ejemplos a este respecto: toda la infraestructura del INAU; edificios hospitalarios, más recientemente los proyectos y obras en ejecución del Hospital Policial y el Plan Director y obras en ejecución de la Colonia Etchepare; edificios de educación, de los cuales los más recientes, construidos desde los cimientos, son el nuevo Liceo de Tacuarembó, el Instituto de Formación Docente de Solymar, en el kilómetro 23, el Liceo 66, Parque Tejano -especialmente reconocido por mí porque me desempeñé allí- el Liceo de Rivera y el Proyecto y Licitación de Obras en Ejecución en la Sede Central del Banco de Seguros del Estado, edificio emblemático del arquitecto Arbeleche, por un monto que supera el millón de dólares. Quiero que los señores Senadores sepan que si bien el Banco de Seguros del Estado  cuenta con una oficina de Arquitectura con sueldos que triplican los de la Dirección Nacional de Arquitectura -en la escala de sueldos, nosotros estamos al mismo nivel que un cocinero- la escala de intervención edilicia requirió de los servicios de nuestra Dirección Nacional.

Por último, quiero mencionar el proceso de licitación con financiamiento parcial del BID y próximo comienzo de obras para la Dirección Nacional de Aduanas, en conjunto con el Ministerio de Defensa y la Intendencia Municipal de Artigas, del edificio Área de Control Integrado de Artigas, Paso de Frontera, obra de interés binacional para el Uruguay y para Brasil.

                Por lo tanto, somos contundentes al expresar que al referirnos al plantel de profesionales de la Dirección Nacional de Arquitectura estamos hablando de un profesional de alta especialización en el área de obras públicas edilicias, plantel que está en capacidad de interactuar en coordinación con ámbitos recientemente ingresados a la gestión de obras edilicias públicas en el marco del Derecho Privado para la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entendamos que esta última sí sustituía las competencias dadas por ley a la Dirección Nacional de Arquitectura en este Estado democrático de Derecho. En forma sistemática los administradores nos han ido relegando al último lugar de la fila y eso es, justamente, lo que hoy nos trae aquí. Creemos en las fortalezas democráticas de la Patria, por lo que queremos trasmitirles esto a los señores Senadores, a efectos de que se reconozcan los derechos que hemos adquirido trabajando -muchos de nosotros por más de 20 años- para la obra pública.

Los administradores se han desentendido del destino laboral de los profesionales de esta querida Dirección Nacional. En particular, en el proceso de regulación presupuestal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del último quinquenio, fuimos inconsultos y obviados, lo que desencadenó -por responsabilidad exclusiva de los administradores en funciones- una serie de errores en la aplicación de la Ley Nº 18.046 y otras que nos han perjudicado. Por tanto, hoy estamos decididos a revertir la situación con la presentación de un articulado -para ser incorporado en el Presupuesto- que, sin generar gasto alguno para el Estado, pondría fin a la problemática que alarma al colectivo funcional y prevendría una serie de conflictos gremiales y judiciales no deseados. En realidad, somos constructores y, por tanto, debemos aportar al futuro.

                A continuación, quisiera que el arquitecto Desalvo, en calidad de Presidente de la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Arquitectura, hiciera uso de la palabra. Él, con diáfana claridad, expondrá la propuesta de legislación que hemos traído.

SEÑOR DESALVO.- Por mi parte, también trabajo en la Dirección Nacional de Arquitectura desde hace más de 25 años. Agradezco a la colega el calificativo de “diáfana claridad” que utilizó al referirse a mi persona y espero poder responder coherentemente a ello.

                La APRODINAR, que es la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Arquitectura, contiene y representa a la casi totalidad de profesionales de la Dirección de Arquitectura y del Departamento de Convenios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A la fecha, comprende 65 profesionales que, en su mayoría, son arquitectos, aunque también hay ingenieros y contadores. A su vez, cuenta con el mayor porcentaje de incorporación en cuanto a los tres gremios que integran la Dirección de Arquitectura, y es la única con personería jurídica representando a los profesionales. Otras asociaciones representan al personal administrativo y semitécnico y al personal de oficios y obrero.

                Como decía la colega, el salario de un profesional de los mencionados   -o sea que estamos hablando de nuestro salario- oscila en los $ 140 por hora. Lejos de que esta situación nos anestesie, cumplimos con el sinnúmero de obligaciones y gestiones anteriormente expuestas, con el compromiso que supone necesariamente desarrollar una tarea cargada de hondo contenido social -en la mayor parte de los casos- y, la mayoría de nosotros, durante muchos años, como ya se mencionó. Si bien nuestra expectativa en esta  instancia era priorizar el concepto de que a igual función, igual remuneración    -teniendo en cuenta que colegas de la función pública perciben el doble, triple y hasta cuádruple que nosotros- nos chocamos ahora con la terrible circunstancia que supone la aplicación de la Ley Nº 18.046 a nuestra realidad. En efecto, la situación escalafonaria y contractual  del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, particularmente, la de la Dirección Nacional de Arquitectura, son un caos. Este escenario es preexistente a la ley y se ha mantenido por décadas, o sea que no se trata de una situación de ahora, sino que se vine arrastrando desde hace muchísimos años y  hace que la aplicación de la ley en ese contexto genere situaciones de honda injusticia e inequidad.

                Tratando de simplificar este complejo panorama, para poder explicarlo hemos resumido la situación en tres escenarios que corresponden a esquemas plasmados en un organigrama -los Senadores cuentan con él- que es el vigente por ley a la fecha.

                El escenario 1 refiere al estado de situación actual del organigrama vigente por ley para el contenido de objetivos de la DNA, y en él se expresa claramente que los profesionales arquitectos ocupan puestos de trabajo que coinciden con el Grado 9 del Escalafón A, por lo que perciben las correspondientes remuneraciones.  Los puestos de jefatura -muchos de ellos acéfalos actualmente- son cubiertos por encargaturas y, en ese caso, también se percibe la remuneración que corresponde. Esa es la situación actual.

                Sin embargo, en el escenario 2 se grafica lo que se supone es la instrumentación de la Ley Presupuestal Nº 18.046. Creemos que, en su espíritu, esa norma busca organizar la carrera administrativa y de méritos de los trabajadores en su vínculo con el Estado pero, lamentablemente, en este caso se aplica sin observar la realidad material de los puestos de trabajo, generando mayores inequidades que las de partida. En efecto, 31 arquitectos   -más del 50% del plantel profesional- fueron ingresados al presupuesto en el Grado 4 del Escalafón A, o sea que fueron degradados cinco lugares a uno no existente o nunca utilizado con anterioridad. Dado que, increíblemente, los concursos para aplicación de los llamados “cargos espejo” no se han concretado aun en esta unidad ejecutora, quedan pendientes 12 ingresos al presupuesto que, de no concluirse los concursos y de aplicarse el artículo 451 del actual proyecto de ley Presupuestal, se incorporarían sin más trámite al Grado 4 del escalafón. En consecuencia, en un escenario canibalista denominado concurso, más de cuarenta profesionales lucharán por esos cargos, sin proponérselo y sin tener nada que ver. Este es un concepto diametralmente opuesto al de “espejo” que supone la aplicación de la ley; dicho de otra manera, muchos de nosotros no vamos a ver nada al mirarnos al espejo. Acá desaparece eso de que uno genera el cargo para sí o porque lo defendió durante veinte o treinta años y se relega a funcionarios a un grado inexistente del escalafón, bajándolos entre cinco y ocho grados.

                Tal estado de situación, verdaderamente desalentador y de caos, es inclusive refrendado por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Concretamente, en expediente del que los señores Senadores tienen un resumen, se expresa que, de entenderlo necesario, en próxima instancia presupuestal podrían regularizarse las situaciones que no se ajusten a la realidad material, admitiendo tácitamente el despropósito y la no contemplación de la realidad funcional y los derechos adquiridos.

                Con respecto al escenario 3 -el último- debemos decir lo siguiente. Ante este estado de situación y con el firme propósito de no resignarse ante el desmembramiento y desintegración de la DNA como estructura de gestión y marco de nuestra acción y trabajo, la APRODINAR ha intervenido solicitando innumerables entrevistas con las autoridades. Sin embargo, increíblemente, no ha obtenido respuesta. Por tanto, consultamos a especialistas en Derecho Administrativo para elaborar y procesar elementos que permitan esbozar un proyecto de ley, cuyos artículos puedan ser incorporados en esta instancia presupuestal. Es así que este escenario 3 resulta de la aplicación de ese proyecto que presentamos ante ustedes y que consta, básicamente, de dos ítems. El ítem A, presentado por nuestro abogado, el doctor Delpiazzo, ante el señor Ministro Pintado como petitorio legal el 4 de julio de 2010 -aun sin respuesta- tiene varios artículos que aclaran y ordenan la distorsión provocada por la desafortunada instrumentación de la Ley Nº 18.046, poniendo fin a la problemática  del colectivo funcional. Como dijo la colega, no se genera incremento del gasto presupuestal y se evita una serie indefinida de conflictos gremiales y acciones judiciales no deseados. Repito: no genera ni un solo peso de aumento y soluciona nuestra situación. El doctor Delpiazzo lo redactó -él sí- con diáfana claridad y está en los documentos.

                En tanto constituimos una asociación gremial cuyo primer objetivo es defender y jerarquizar el desempeño profesional en el marco de la Dirección Nacional de Arquitectura, en el ítem B presentamos los artículos que, a nuestro entender, permiten regularizar la situación de los puestos de trabajo correspondientes a los Grados 10, 12 y 14 del Escalafón A, mediante la reserva presupuestal de los mencionados cargos que, repetimos, hasta hoy son cubiertos en régimen de encargaturas, percibiéndose ya la diferencia de remuneración que el cargo implica. Proponemos que, una vez creados en el Presupuesto, se cubran mediante el régimen de concursos de oposición y méritos, algo inédito en la Dirección Nacional de Arquitectura en tanto que, en los últimos treinta años, ningún arquitecto tuvo la posibilidad de presentar sus méritos ni de concursar para avanzar en la carrera administrativa profesional. Como se dice en los noticieros, voy a decir algo de último momento.

                Nosotros, previamente a concurrir a este ámbito, le pasamos a nuestro nuevo Director -hace aproximadamente una semana que ocupa este cargo- la información que íbamos a traer y, además, lo invitamos a acompañarnos para que conociera la problemática. Él se excusó por no poder asistir a la sesión de la Comisión, pero nos comunicó que iba a haber una instancia de apertura y de diálogo con los profesionales ‑circunstancia que si bien puede parecer obvia, nunca se dio en los últimos cinco años, puesto que nunca pudimos reunirnos con la Dirección- ofrecimiento que agradecemos y que vemos con muy buenos ojos. No obstante, esto no hace que la situación planteada cambie un ápice, independientemente de la orientación u organización que se  pretenda dar a la Dirección Nacional de Arquitectura, que estamos dispuestos a apoyar porque estamos aquí para defender nuestros derechos, que han sido generados durante largos años de carrera administrativa. Desde ya aclaramos que no es nuestra intención interferir  en su organización interna.

                Como podrán apreciar los señores Senadores -con esto termino mi intervención- la propuesta presentada busca dar respuesta material a las funciones que en los hechos estamos cumpliendo los profesionales, en muchos casos desde hace varios años y, a veces, sin un reconocimiento reflejado en la encargatura o en la remuneración. Además, se busca posicionar a la Dirección General de Arquitectura y al Departamento de Convenios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de tal forma que puedan integrarse a la reforma del Estado una vez superadas las inequidades que lesionan los derechos adquiridos en el trabajo por el colectivo profesional. En el convencimiento de que esto es posible -por este motivo adjuntamos los decretos, que por su gran extensión no leeremos- agradecemos a los señores Senadores su atención, comprensión y el tiempo otorgado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradezco por su intervención. ¿Desean realizar otro planteo?

SEÑORA BARRÓN.- Si la señora Presidenta me permite, quisiera redondear algunas ideas.

                Nosotros no vinimos a promocionar ni a defender ningún organigrama porque no cogestionamos la Dirección Nacional de Arquitectura; no es parte de las reglas de juego. En el día de hoy hemos venido a mostrar un organigrama que está vigente por ley, que fue aplicado parcialmente a demanda de la pasada Administración, que no lo respetó. En los hechos, esto significa que los técnicos tengamos que desempeñar cargos por los cuales no estamos siendo remunerados. Nosotros venimos a reclamar por los derechos adquiridos en el trabajo y a tratar de que no se hundan los cimientos de la Dirección Nacional de Arquitectura hasta el fondo del Escalafón A, al Grado 4 -porque si esto ocurriera se lesionaría a los funcionarios que realizan el trabajo cotidiano- y a que se nos reconozca desde el contrato o el contrato eventual,  el Grado 9 del Escalafón. Quiero decir que esto no solamente no significa más dinero sino que, además, no lesiona los derechos adquiridos por ningún otro técnico dentro de la Dirección Nacional de Arquitectura, debido a que solamente hay cuatro excepciones presupuestales con más de diez años en funciones en el cargo. Por lo tanto, debido a su propia antigüedad en el cargo, el ingreso ocurrido este año en el Escalafón A, Grado 9, no significaría lesionar los derechos de ningún arquitecto que ya esté en funciones.

                Quiero recordarles que los  artículos 6º, 38 y  451 del proyecto de ley rescatan en algún punto lo que en este petitorio legal ha planteado el doctor Delpiazzo. Ante todo,  somos uruguayos y por eso creo que debemos tener el espíritu de contribuir y que estos nudos que están destruyendo a la Dirección Nacional de Arquitectura -y que concebimos como una herramienta fundamental para el país- sean resueltos para el bien del colectivo. Nosotros hoy, increíblemente, no estamos reivindicando un solo peso más -aunque sabemos que es necesario para todos los funcionarios, en especial para los arquitectos- aunque el salario será algo por lo que seguiremos luchando, sino que estamos luchando por nuestros derechos adquiridos en el trabajo.

SEÑORA PRESIDENTA.-Les agradecemos su presencia y todo este material que, incluida la versión taquigráfica,  formará parte de nuestra futura deliberación.

(Se retira de Sala la Delegación de la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas)

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(Ingresa a Sala una delegación de funcionarios contratados a término

de  la Dirección Nacional de Aduanas)

-La Comisión de Presupuesto integrada con  Hacienda tiene el agrado de recibir a la delegación de funcionarios contratados a término de la Dirección Nacional de Aduanas. Como ya se les explicó, tienen quince minutos para realizar su planteo.

SEÑOR VIETTRO.- Muy buenos días, señora Presidente, señores Senadores. Quien habla va a hacer la introducción y el cierre del planteo que hemos venido a hacerles, mientras que el compañero Badalá  procederá a su desarrollo.

                Queremos agradecer al Senado y, especialmente, a la Comisión de Presupuesto integrada con  Hacienda por habernos recibido.

                Lo que venimos a plantear es un punto más de la plataforma de nuestro sindicato, AFA, específicamente en lo relativo a los contratados a término. Nuestro compañero Badalá va a comentarles cómo fue nuestro ingreso al organismo y las funciones que desarrollamos.

SEÑOR BADALÁ.- Muy buenos días. En primer lugar, suscribo el agradecimiento planteado por el compañero Viettro.

                En segundo término y a modo de introducción, quienes estamos aquí  representamos al conjunto de contratados a término de la Dirección Nacional de Aduanas. Voy a realizar una breve reseña de nuestro ingreso y los  antecedentes en esta materia.

                A partir del año 2006, la Dirección Nacional de Aduanas comienza un proceso de ingreso de recursos humanos a través de las siguientes figuras contractuales: pasantías y contratos a término. Ello determinó una apertura en cuanto a ingresos de funcionarios a la institución, lo que no se registraba desde hacía décadas, ya que nos debemos remontar al año 1984. Estas nuevas fuerzas de trabajo vinieron a inscribirse en una estructura disfuncional, anacrónica y desconectada de las nuevas realidades y tecnologías imperantes. Esto se debe -entre otras causas y básicamente- al altísimo promedio de edad del funcionariado, lo que ha determinando graves carencias, por ejemplo, por frecuentes ceses por edad, fallecimientos o las repetidas ausencias por enfermedad. En definitiva, esto se traduce en un serio y constante resentimiento del servicio en nuestra unidad ejecutora.

                En cuanto a los antecedentes de nuestro ingreso, debemos decir que los contratos de pasantía de 2007 se inscriben en este marco que venimos desarrollando.

                En el año 2006 la Dirección Nacional de Aduanas realizó un llamado a concurso abierto de oposición y méritos para aspirantes a cubrir setenta  pasantías, tanto en Montevideo como en las distintas oficinas -que son varias- del interior de la República. En su mayoría, los requisitos contenidos en las bases referían a estudiantes de diversas carreras terciarias.

Luego tenemos los contratos a término del año 2009, con posterioridad al ingreso de pasantes en ese mismo año. En enero de ese año la DNA efectuó un llamado a concurso público abierto de oposición y méritos similar al anterior para aspirantes a cumplir contratos a término, tanto en Montevideo como en el interior. Se inscribieron 10.800 personas y se realizó el correspondiente proceso de selección con todas las garantías a través de un tribunal integrado a esos efectos, según las bases, y cumpliéndose, además, con las restantes etapas: sorteo, estudio, evaluación de méritos y prueba de oposición y conocimiento. A través de este concurso ingresaron 35 contratados a término. Con posterioridad a dichos ingresos, y en virtud de varios argumentos que se recogieron en la Resolución de la Presidencia de la República con fecha enero de 2010 -entre los cuales destacamos la persistencia y necesidad de personal capacitado para la realización de tareas en la DNA- se realizó la correspondiente reserva de crédito, se contó con un informe favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil y  se creó una lista de prelación con aquellos postulantes que superaron el puntaje mínimo, contratándose 26 nuevos funcionarios a término y cumpliéndose así el ingreso de 61 funcionarios.

                Más adelante, en diciembre de 2009, se realiza un nuevo llamado a través de un concurso público y abierto, pero distinto al anterior, para nueve contratos a término. Es así que en este período tenemos un total de 70 contratados a término. Cabe destacar que varios de los pasantes del 2007 concursaron para obtener un contrato a término,  acumulando así una experiencia interesante de tres años en el organismo.

                Dicho esto, queremos apuntar al tema de la capacitación porque consideramos fundamental destacar que estos recursos humanos de reciente ingreso recibieron una capacitación bastante fuerte dentro de la DNA, lo que representa una inversión económica muy importante para el organismo. Los contratados a término hemos recibido, por parte del organismo, diversas instancias de capacitación. Paso a citar algunos ejemplos: Curso del Plan Piloto de Gestión Aduanera del Curso Aduanero Integral Interactivo del Banco Interamericano de Desarrollo -podemos decir que el Estado se endeudó para capacitar a estos funcionarios- y Curso Básico Técnico Aduanero, que duró un mes, con una carga horaria de nueve horas y que se aprobaba a través de la rendición de dos exámenes finales. Es decir que fue intensivo, fuerte y bastante importante; ya lo recibió la gran mayoría de funcionarios y en está última etapa lo van a cursar todos. También se dictó un Taller de Inducción a una Nueva Aduana, Conducta Laboral y Valores Institucionales en el Marco del Proyecto de Modernización de la Aduana Uruguaya -que fue dirigido específicamente a los contratados por la DNA- y el Taller Componente 3, Fortalecimiento Institucional y Comunicaciones, para el cual los contratados fueron invitados y la gran mayoría participó. Por lo tanto, y a modo de conclusión, decimos que hay una fuerte apuesta de la DNA en cuanto a capacitar a los funcionarios de reciente ingreso.

                Dicho esto, y luego de haber hecho un análisis de los antecedentes y de la capacitación brindada, doy paso al compañero Matías Viettro para que cierre esta exposición.

SEÑOR VIETTRO.- En la Dirección Nacional de Aduanas persisten graves carencias relativas a la cantidad y a la calidad de sus recursos humanos, que ni siquiera se han visto satisfechas por estos ingresos, sino que solamente se han mitigado.

                Cabe destacar -como ya lo explicó el compañero Badalá- que el último concurso en la Dirección Nacional de Aduanas fue en el año 1984. Un importante número de funcionarios que actualmente desempeñan  funciones en régimen de contrato a término, ingresaron en el organismo en el año 2007 bajo la modalidad de pasantías. Por lo tanto, en estos tres años han acumulado una gran experiencia. El compañero también hizo una reseña sobre la capacitación que ha recibido nuestro colectivo. Tanto unos como otros contratados han venido desempeñando tareas permanentes, estratégicas y propias de un funcionario público, teniendo también una mayor carga horaria e ingresos sensiblemente menores a los presupuestados. Tenemos un régimen de trabajo con una carga horaria de 40 horas semanales. Estamos plenamente integrados a la estructura organizativa de esta unidad ejecutora en áreas de singular importancia, tales como Asesoría Jurídica, Departamento de lo Contencioso, Escribanía, Inspección de Aduanas, Sustentación del Proceso Aduanero, Relaciones Públicas, Centro de Apoyo y Control de la Inteligencia, Operativa Contable, etcétera. Tenemos compañeros contratados que liquidan sueldos y en el interior tenemos compañeros que abren y cierran oficinas. Si esas no son tareas permanentes y estratégicas, ¿que son? 

                Cabe destacar que dentro de los funcionarios contratados hay varios profesionales, licenciados y con estudios terciarios, a saber: abogados, escribanos, contadores, licenciados en Administración y estudiantes de diversas carreras y licenciaturas. Esto determina altos niveles de capacitación y conocimiento dentro de los funcionarios contratados.

                Asimismo, a varios de estos funcionarios contratados se los ha incluido actualmente, mediante resoluciones de la Dirección Nacional, en grupos de trabajo vinculados a diversas temáticas de importancia. Entre ellas podemos destacar la elaboración de un proyecto de base de datos y registro de antecedentes de personas que actúan en las operaciones de comercio exterior, en cumplimiento de la Decisión Nº 26, de 2006, del Consejo del Mercado Común del Sur, incorporada al ordenamiento interno por el Decreto Nº 532, de 2008.

Por otro lado, podemos mencionar la elaboración de un proyecto de decreto que brinde un marco regulatorio a las actas de entrega anticipada. Esto se incluye en el material que hemos entregado a los señores Senadores, aunque igualmente estamos participando en distintos grupos como, por ejemplo, confeccionando proyectos de acta digital del parte de retención, lo que va en consonancia con la modernización y la reforma de la estructura del Estado.

A modo de cierre podemos decir que entendemos que hay una situación de hecho que ha desnaturalizado nuestros contratos, no solo en el tiempo sino también en la función, que fueron pensados como temporales o eventuales. Nos encontramos plenamente asimilados al Organismo y es en ese sentido que reclamamos el reconocimiento genuino de la función pública que venimos cumpliendo a lo largo del tiempo, en razón de las características de nuestras tareas. Afirmamos que una justa solución que zanje las desigualdades y un justo reconocimiento de esta situación no admite otra vía que la de la presupuestación de los funcionarios contratados a término de la Dirección Nacional de Aduanas.

Quisiera agregar dos aspectos, porque no se trata solamente de las actas digitales o del cumplimiento de tareas emanadas de Consejos de órganos del MERCOSUR, sino que en la planificación estratégica que está realizando en este momento la Dirección Nacional de Aduanas, al tocar el tema de los recursos humanos habla del perfil de aquellos con los que necesitaría contar. Es así que se establece que los funcionarios deberán ser íntegros e intransigentes con la corrupción, deberán ser proactivos servidores públicos comprometidos con la Dirección Nacional de Aduanas, motivados y orgullosos, con conocimientos del comercio exterior y en negocios. En consecuencia, creemos entrar en este perfil y que las tareas que desarrollamos son permanentes, estratégicas y propias de un funcionario público.

Hoy en día, la solución que propone el Poder Ejecutivo a través del actual proyecto de ley de Presupuesto, dentro de los cinco vínculos, es el contrato temporal de Derecho Público -si no me equivoco, es el artículo 60- como algo transitorio mientras se hacen las reestructuras. Ese contrato temporal prevé que se pueda contratar hasta tres años, renovable por el mismo término. Entendemos que tres años no suponen una tarea provisoria sino permanente, propia de un funcionario público y debe ser presupuestada.

Queríamos dar un pantallazo de nuestra situación y agradecemos a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por habernos recibido. Quedamos a las órdenes por cualquier duda o consulta que los señores Senadores deseen realizar.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Buenos días a todos.

                Nos acaban de dejar el material, así que lo leeremos con detenimiento.

                De todas formas, recuerdo que en el pasado Presupuesto votamos la creación de setenta cargos de pasantes para la Dirección Nacional de Aduanas y el argumento que se dio en aquel momento fue que tenían que empezar un proceso de reestructura con cambios muy profundos y para salvar el tiempo que ello insumiera era necesario un personal provisorio, por decirlo de alguna manera, pero en términos respetuosos en lo que hace a la persona. Me falta información sobre cuánto se ha avanzado en la reestructura y, por tal razón, me es difícil ver si es necesario mantener este provisoriato como está en su totalidad o se debería incorporar parcialmente en la nueva estructura en la que va a ir desembocando la Aduana; creo que en ahí está el centro del asunto. Digo esto porque hemos visto que en el Estado este problema afecta a varios organismos. 

Creo que es valido que el Estado contrate becarios y  pasantes zafrales para realizar determinadas tareas porque, justamente, necesita ese perfil, pero cuando se utiliza mal la figura, comienzan a aparecer problemas. Quiero señalar que en este caso concreto recuerdo bien tanto lo que establecía el artículo como la fundamentación que se realizó sobre los 70 funcionarios, pero me falta información -cuando comparezca el Ministerio de Economía y Finanzas me comprometo a preguntar sobre este tema- sobre qué tanto avanzó la reestructura para que se produzca la incorporación mencionada. En lo personal, necesito contar con estos datos, porque debo tener una visión de ambos lados.

Quería dejar esta constancia porque el planteamiento que ha realizado la delegación me parece que es válido, pero lo tengo que referenciar al organismo.

SEÑOR PEÑA.- Quería dejar una constancia. El Partido Nacional va a estudiar el tema, pero viéndolo con estricta justicia, nos parece que ya ha transcurrido un tiempo suficiente como para que este planteo sea atendido como corresponde.

SEÑOR VIETTRO.- Quiero plantear dos temas relacionados a lo expresado por la señora Senadora Topolansky y el señor Senador Peña.

                Suscribimos como colectivo y defendemos la figura del pasante y del becario cuando es bien utilizada, es decir, como una primera experiencia laboral o cuando representa una ayuda económica, pero cuando se desvirtúa, es ahí que el Estado tiene que actuar para corregir la situación. En eso estamos totalmente de acuerdo, señora Senadora.

                En cuanto a lo que planteó el señor Senador Peña, quiero dejar una constancia para que quede registrado en la versión taquigráfica. Creemos que la desvirtuación no solamente se da en el tiempo, sino que también se puede dar en la función. Digo esto porque hay quienes pueden estar ocho o nueve meses desempeñando determinadas tareas y quizás ese tiempo no sea suficiente para afirmar que la figura se desvirtuó por el tiempo, sino por la función.

SEÑOR PASQUET.- Me gustaría saber cuántos contratos de estas características ya han vencido por el paso del tiempo, al que el señor Viettro recién aludía.

SEÑOR VIETTRO.- Somos setenta y el vencimiento es al 31 de marzo. Todos los contratos se extendieron y los que se vencían se renovaron.

SEÑORA PRESIDENTA.- En nombre de la Comisión, agradezco a la delegación por la información brindada e informo que la versión taquigráfica  será entregada a todos los señores Senadores y, por supuesto, tomaremos debida nota para el posterior análisis de los artículos referentes al organismo.

SEÑOR VIETTRO.- Muchas gracias por habernos abierto las puertas del Palacio Legislativo para plantear nuestra problemática.

(Se retira de Sala la delegación de contratados a término de la Dirección Nacional de Aduanas)

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(Ingresa a Sala una delegación de funcionarios contratados a término de la Contaduría General de la Nación)

-La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a una delegación de funcionarios contratados a término de la Contaduría General de la Nación.

Informamos a los integrantes de la delegación que esta es una Subcomisión de Audiencias y sus planteos serán entregados, a través de la versión taquigráfica, a todos los integrantes de la Comisión.

SEÑORA PAU.- En primer lugar, quiero señalar que somos funcionarios contratados a término de la Contaduría General de la Nación -en lo que me es personal, me desempeño como contadora- y, en segundo término, deseamos agradecerles por habernos recibido.

Brevemente voy a contar cómo fue que ingresamos a la Contaduría. En un principio éramos becarios; en mayo del 2007 se hizo un llamado abierto y público al que nos presentamos; luego pasamos a un sorteo y,  en la siguiente etapa, ingresamos, por méritos, un grupo de 30 personas. Estuvimos cumpliendo funciones aproximadamente un año y en octubre de 2008 se volvió a hacer otro llamado -abierto y público- para un concurso de oposición y méritos en el que la Oficina Nacional de Servicio Civil aprobó todos los requisitos que debíamos cumplir. El concurso consistió en tres pruebas: informática, contabilidad  y una prueba de texto ordenado que se usa en contabilidad. En esa oportunidad hubo compañeros que eran becarios como nosotros que quedaron afuera del organismo, pues fue un llamado abierto, y también ingresó gente de afuera.

En este momento somos 44 funcionarios contratados a término y nuestro contrato vence en diciembre de este año, pero se está viendo la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de marzo del próximo año.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Como el resto de mis compañeros tengo un contrato a término en la Contaduría General de la Nación y me desempeño en el área administrativa.

Quiero referirme a la capacitación que tuvimos, pues no solo el organismo del cual somos parte invirtió en capacitación formal -a través de cursos de Office Básico y Avanzado, manejo de herramientas de base de datos, marco lógico y talleres- sino que también tenemos una capacitación informal -que tal vez sea la más difícil de aprender y enseñar- que es la que recibimos de parte de nuestros compañeros de la Contaduría. Esta capacitación la recibimos a lo largo de estos tres años y medio que estamos ocupando nuestros puestos de trabajo, tal como señaló la compañera que me precedió en el uso de la palabra. El sector público es un área específica que tiene características distintas a la actividad privada, y quizás esta capacitación informal de la que hablé sea la más importante, la que proviene de nuestros supervisores y compañeros de trabajo y del día a día trabajando en el sector público. También queremos señalar que en el contexto de un plantel de funcionarios cada vez más envejecido y cercano a la edad de retiro, nos parece clave que se mantenga el conocimiento trasmitido de generación en generación para lograr el Estado más eficiente que todos deseamos. En nuestra opinión, no se podría lograr un Estado eficiente con una constante rotación de personal y la consecuente pérdida de los recursos humanos capacitados.  A su vez, desempeñamos tareas de personal presupuestado, pese a ser contratados a término, desde que ingresamos en la Contaduría como becarios hace tres años y medio. Estas tareas son clave y no podrían llevarse adelante sin nosotros, debido a la escasez de personal que tiene el organismo.

A su vez, quisiéramos resaltar que recibimos un trato desigual con respecto a los demás funcionarios, tanto en carga horaria, porque cumplimos ocho horas diarias, como en materia salarial y de derechos laborales, tales como el derecho a una carrera funcional.

                Por todos estos argumentos, solicitamos la regularización de nuestros contratos en este Presupuesto.

SEÑORA NADAL.- Mi nombre es Natalia Nadal y soy abogada. Quería dejar en claro que el llamado del contrato a término fue público, abierto y transparente porque ingresó gente que no se estaba desempeñando como becario. La primera prueba fue eliminatoria y muchos compañeros nuestros que eran becarios, la perdieron, por lo que al vencerse su contrato se tuvieron que ir.

                De las personas que tenemos contratos a término en la Contaduría, hay estudiantes y profesionales que nos fuimos recibiendo a lo largo de estos tres años y medio; hay estudiantes de Economía, de Notariado y de Abogacía. Por ejemplo, podemos decir que hay contadoras, tres abogadas y técnicas en administración.

A medida que nuestros directores dieron buenos informes sobre nuestro desempeño, el Contador General de la época decidió hacer un llamado para ver si podíamos quedar en una mejor condición que la de los becarios. Por eso, en octubre de 2008 realizó un llamado transparente y, como ya lo dijeron mis compañeros, ingresó gente de afuera y algunos compañeros que hacía dos años que estaban trabajando con nosotros, al perder la primera prueba no pudieron continuar. La primera prueba era sobre informática, y las otras, dependiendo de las carreras que seguía cada uno de nosotros, sobre Derecho o Ciencias Económicas.

Como ya lo dijeron nuestros compañeros, nuestras tareas no son de apoyo, sino las mismas de los funcionarios públicos, y si nos tuviéramos que ir, el servicio se vería resentido. Además, nos encontramos trabajando en lugares estratégicos e importantes; por ejemplo, dos compañeros trabajan en la Dirección de Contabilidad, mientras que otros se desempeñan en Presupuesto o en la Asesoría Jurídica. A su vez, nuestro trabajo es muy valorado por nuestros directores y eso hizo que se nos fueran renovando de un año a otro los contratos.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Percibo una diferencia respecto de la situación de ustedes con relación a otras, porque cumplieron un período de becarios y luego concursaron con un contrato a término, y me parece importante dejarlo como constancia. Estuve mirando por arriba el material que ustedes entregaron, porque recién lo recibimos, y vi que señalan que el promedio de edad en la Contaduría General de la Nación es de entre 51 y 60 años, mientras que estos 44 becarios tienen un promedio de edad bastante menor. Me gustaría que abundaran en esa información, a fin de ver cómo bajaría el promedio de edad de la plantilla en la Contaduría. Si bien esto puede parecer menor, para mí tiene mucha importancia en la perspectiva de desarrollo de un organismo.

                Lo otro que quería señalar es lo siguiente. Ustedes dan como un hecho algo que no lo es. No siempre se presupuestó a los contratados y eso depende de la función. Se realizó una gran presupuestación en el Presupuesto pasado porque había gente que llevaba 15 años trabajando como contratado, es decir, durante un período muy prolongado y, entonces, se estableció una lógica nueva. Lo quería señalar porque eso no generó un antecedente.

                Lo que sí me parece importante señalar es que ingresaron como becarios y luego tuvieron que dar un concurso y, del resultado del concurso, ustedes quedaron contratados. Esa es una diferencia que hizo que la plantilla se pudiera ver muy beneficiada.

                Me gustaría conocer, grosso modo, el promedio de edad manejado por ustedes, porque advierto que se trata de profesionales jóvenes.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Del estudio realizado por la Sección “Personal” de la Contaduría General de la Nación, se desprende que de los aproximadamente 400 funcionarios con que cuenta, más de la mitad se ubican en la franja etaria de 51 a 60 años. Nuestro promedio de edad oscila en los 25 años y, en la gran mayoría de los casos, somos estudiantes de Derecho, de Ciencias Económicas, etcétera. En función de esto, y de producirse nuestro ingreso a la Contaduría General de la Nación, el promedio de edad bajaría sensiblemente.

SEÑOR PEÑA.- Simplemente queremos decir que desde el Partido Nacional atenderemos la situación de nuestros visitantes y que, cuando a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda concurran los representantes de la Contaduría General de la Nación, los consultaremos sobre si la idea es terminar con los 44 contratos al 31 de marzo. Por lo tanto, dada la capacitación ya adquirida y el concurso, entendemos de recibo el planteo que ha venido a realizar la delegación, sobre el que trabajaremos en los próximos días.

SEÑOR RUBIO.- Dentro del personal permanente de la Contaduría General de la Nación, ¿cuántos funcionarios hay?

SEÑORA PRESIDENTA.- Son 400 funcionarios, aproximadamente.

SEÑOR RUBIO.- Entonces, los contratos son, más o menos, el 10%.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece a los visitantes el planteo realizado, así como la documentación que han entregado, lo cual será objeto de análisis de la Comisión cuando corresponda.

(Se retiran de Sala los representantes de los contratados a término de la Contaduría General de la Nación)

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(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación Down del Uruguay)

-La Subcomisión de Audiencias tiene sumo agrado en recibir a la delegación de representantes de la Asociación Down del Uruguay, integrada por el arquitecto Sergio Parodi, la señora Cristina Ballesteros, la señora Laura Piñero, la licenciada Jesshie Toledo y la señora María Falciani.

                Cabe aclarar que esta es una Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores y que la versión taquigráfica de los planteos que aquí se realicen será enviada a todos los integrantes de esa Comisión.

Como les habrán adelantado, las delegaciones disponen de quince minutos para hacer su exposición por lo que, sin más trámite, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR PARODI.- En mi calidad de Presidente -por dos años, período 2011-2012- de la Comisión Directiva de la Asociación Down del Uruguay, les agradezco que nos reciban en la mañana de hoy.

                Básicamente, a través de nuestro planteo queremos comunicarles que el año próximo nuestra Asociación cumple 25 años de fundada.  Tenemos nuevos desafíos y propuestas y, para ello, necesitamos un aumento de la partida que tenemos asignada, ya que recibimos un monto fijo desde hace muchos años que, si bien se ha ido ajustando de acuerdo con los índices, no nos alcanza.

                Somos padres voluntarios, pero nuestro trabajo no alcanza. Precisamos técnicos calificados para, justamente, calificar este colectivo, a efectos de que se pueda integrar en la sociedad, en las escuelas y en los ámbitos laborales. Para todo ello se necesita el apoyo de técnicos calificados.  En la Asociación Down del Uruguay recibimos diariamente un gran número de curriculum de gente que se recibe de psicólogo, maestro, entre otros, que llegan a presentar buenos proyectos de trabajo y demuestran que están preparados, pero  lamentablemente no tenemos los medios como para poder incorporarlos. 

                Seguramente la señora Toledo va a refrendar lo que estoy diciendo, pero antes de finalizar me gustaría destacar que este colectivo apunta a ubicarse en  el siglo XXI, pero para eso necesitamos recursos.

Cada quinientos o seiscientos niños, nace uno con Síndrome de Down.  Estos muchachos tienen mucho potencial, claro está, si se los desarrolla o incentiva, tal como se está haciendo lenta y tímidamente,  hasta con cierto temor, en la sociedad. Nosotros tenemos hijos en edad escolar que están integrados en escuelas normales y creemos que de eso se trata, pero se presentan trabas, trancas y miedos por parte de los maestros debido a la falta de formación para el trabajo con estos niños. Justamente, la Asociación se ocupa de brindar apoyo a los maestros y busca tener un cuerpo técnico calificado que pueda ir a las escuelas a efectos de controlar la integración y, si hace falta, ayudar a estos niños.

SEÑORA TOLEDO.- Mi nombre es Jesshie Toledo. Soy Prosecretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Down del Uruguay por segundo período y mamá de Santiago, de cinco años.

Aquí se encuentra presente la Comisión Directiva en pleno, que está integrada por familiares de niños con Síndrome de Down. Queremos agradecerles por recibirnos en el día de hoy y deseamos comentarles que si bien la Asociación Down del Uruguay va a cumplir 25 años de creación -por suerte hubo una generación de papás que comenzó con este proyecto, que ha permitido una gran evolución en la integración y en el desarrollo de las personas con Síndrome de Down- como decía Sergio Parodi, hoy se encuentra en una etapa clave.  Dentro de lo posible, nos hemos abierto y nos hemos contactado con otras asociaciones de Latinoamérica. En el mes de mayo hemos concurrido al Segundo Congreso Iberoamericano celebrado en la ciudad de Granada, España, pero esto lo hemos logrado en base a esfuerzos personales y familiares, estimulados por el interés y la motivación para sacar adelante a nuestros hijos. Esa actividad, diría, nos ha abierto la cabeza y nos ha enseñado que los grados de integración e inclusión en otros países son mayores que los del Uruguay. En este momento estamos muy motivados por reclamar los derechos que por ley tienen nuestros hijos. En efecto, la Ley Nº 18.651, de 9 de marzo, protege integralmente la inclusión de todas las personas con discapacidad, incluidos nuestros hijos, o sea, los niños con Síndrome de Down.

En definitiva, solicitamos que por favor se trabaje en esa ley y que se reglamente, pues tenemos conocimiento de que el plazo correspondiente es de ciento ochenta días. Si se lograra la aplicación de esa ley nuestros hijos estarán más protegidos.

                Con respecto a la discapacidad hay un recurso humano muy importante trabajando, formado por gran cantidad de familias y personal integrado e interesado en el tema. Muchas veces se piensa que cuando nace un niño con discapacidad a nadie le importa, pero no es así porque en el camino se va descubriendo que hay mucha gente que sí está interesada y preparada. Pero es necesario coordinar todos esos recursos humanos que ya están preparados en el trabajo con chicos y personas discapacitadas. La Asociación Down del Uruguay se ha comprometido a lograr la inclusión en todos los sentidos de los niños que padecen esta enfermedad, pero sin recursos,  no es posible. La Comisión Directiva vive a diario estas dificultades cuando debe resolver diferentes problemas y demandas o cuando atiende la preocupación puntual de determinada familia.

                Queremos destacar la importancia, tanto del tema educativo como de la integración laboral. En este momento, además de trabajar en esas áreas, estamos enfrentando un nuevo desafío, que es el de llevar adelante un proyecto de vivienda tutelada. El objetivo y el programa de la Asociación Down se logran a través de la inclusión total y de la estimulación para poder desarrollar la autonomía y la independencia de las personas con Síndrome de Down, para lo cual debemos trabajar mucho. Todos los chicos presentan una discapacidad intelectual y necesitan  apoyo en todas las etapas de su vida. Si bien la familia es el primer pilar de inclusión, no es suficiente; por eso para concretar estos proyectos necesitamos el apoyo de recursos humanos especializados

                Por otro lado, en el Segundo Congreso Iberoamericano celebrado este año, se firmó la integración a la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. La Asociación Down es una de las instituciones latinoamericanas que representa a Uruguay en esa Federación. Estos son nuevos desafíos para nuestra Asociación, es decir, pretendemos seguir creciendo en el trabajo que hacemos en nuestro país, pero también asumir compromisos nuevos más allá del océano. En ese sentido, ya estamos en contacto con todas las familias en España.

SEÑOR PARODI.-  Quisiera agregar que la Asociación Down del Uruguay tiene el desafío de integrar a todas las asociaciones del país. Estamos ubicados en Montevideo, precisamente en las calles Minas y Nicaragua -por cierto, los señores Senadores están invitados  a concurrir cuando lo deseen- pero la idea es formar una gran red con todas las asociaciones  que funcionan en diferentes lugares del interior -a veces,  en la casa de alguna de las familias- para hacer un trabajo conjunto. Una vez más decimos que para lograrlo necesitamos  el apoyo del Estado.

                Por otra parte, quiero agregar también que en este momento la sede de la Federación está en Argentina, pero quizás más adelante podría estar en nuestro país. Nos preocupa el hecho de que no contamos con personal; solamente hay cuatro personas rentadas en la Asociación. En realidad, carecemos de todo tipo de recursos, entre otros, computadoras.

Lo clave para las personas con discapacidad es lograr la autonomía, pero llegar a eso es un gran desafío. Tengo un hijo de nueve años y me da terror pensar que se va a independizar y va a ir a vivir solo. Pero siento temor no solo por él, sino también porque no sé si la sociedad está preparada para  recibirlo. Por tanto, reitero, el desafío es muy grande, entre otras cosas, porque lleva mucho tiempo concientizar a la sociedad en todos los niveles, desde el educativo hasta el laboral. 

SEÑOR PASQUET.- El planteamiento que ustedes realizan nos inspira la más viva simpatía y el propósito de ayudar en todo lo que sea posible.

                Quisiera realizar una pregunta  y disculpen mi ignorancia: ¿cuántas personas aproximadamente existen en el Uruguay que padecen Síndrome de Down?

SEÑOR PARODI.- Agradezco la pregunta, pero en realidad no existe un censo oficial de la  población que padece esta enfermedad. En el año 2000 nuestra Asociación realizó un relevamiento -con la colaboración de El Correo y otras instituciones- y se llegó a la conclusión de  que son entre  2.500 y 3.000 personas. Pero en este momento no hay forma de colocar un espacio o casillero en el próximo censo a fin de identificar las familias en las que hay alguna persona con Síndrome de Down. Eso sería de gran ayuda porque si sabemos qué población tenemos, podemos abordar mejor la problemática. Para tratar bien este tema es necesario desintegrar y conocer la cantidad exacta de personas con este problema.

SEÑOR TAJAM.- Conocemos bien la función social que cumple la Asociación y, en cierta medida, eso se reconoce en el capítulo de subsidios. Cuando el Presupuesto fue tratado en la Cámara de Representantes, se aprobó una partida de $ 50.000. Tal vez nuestros invitados podrían estimar en cuánto más se los podría ayudar.

                Por otra parte, es muy importante lo que se decía con respecto al conocimiento más profundo de esta temática, en cuanto a su volumen y también a su distribución en el territorio uruguayo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a dar la palabra a otros señores Senadores, y posteriormente dejaremos más tiempo disponible para que se tome nota de ellas y se den las respuestas correspondientes.

SEÑOR PEÑA.- Quería referirme al mismo punto que mencionó el señor Senador Tajam. En la Cámara de Representantes se dio un incremento de       $ 50.000, además de otros $ 250.000 que se otorgaron a la Asociación Down de Paysandú, aunque esto último no incide en lo que nos están planteando ahora. De todos modos, me gustaría que se especificara cuánto más se está solicitando o si el planteo simplemente es la confirmación del incremento de      $ 50.000 ya otorgado.

                Asimismo, quiero decir que el planteo con respecto al tema del censo es muy importante porque sabemos que en el Uruguay hay mucha gente vinculada pero también la hay que no lo está. Cuando recorremos el país -en lo personal soy del departamento de Canelones- nos encontramos con situaciones que parece que en este siglo no deberían darse. En ese sentido, quiero mencionar que no hace mucho tiempo, en Pinar Norte, me encontré con una casa en la que había gente discapacitada escondida en el fondo sin ningún tipo de atención. Quiere decir que aún sigue siendo verdad en el Uruguay que hay muchísima gente que todavía no está contenida por institución alguna y también hay personas que piensan de una forma muy retrógrada con respecto a la manera de tratar la discapacidad.

                Por consiguiente, saludo la idea planteada y reitero que me gustaría que se fuera más específico con respecto al tema del incremento votado en la Cámara de Representantes.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No voy a repetir lo que dijeron mis compañeros, pero lo comparto totalmente. Sí me gustaría decir que si bien nosotros podemos interceder ante el Poder Ejecutivo para que reglamente la ley correspondiente, es de allí que debe partir la iniciativa. Sabemos que la reglamentación es necesaria porque otras Asociaciones nos han reclamado en ese sentido.

                Por otra parte creo que, efectivamente, podemos hacer un esfuerzo para incorporar esto en el censo; me parece que es una buena idea porque estoy segura de que una cosa es el área metropolitana y otra, la totalidad del país. Así tendríamos los números correspondientes y podríamos instrumentar las posibilidades de llegar a todo el mundo.

Recojo estas dos iniciativas que ha traído la delegación porque me parecen importantes para el funcionamiento de la equidad.

SEÑORA TOLEDO.- Quería preguntar si esos $ 50.000 son el monto de lo asignado por la Cámara de Representantes; no contábamos con esa información. ¿El plus sería de  $ 50.000 anuales?

SEÑOR PEÑA.- Efectivamente; se trata de un incremento de $ 50.000 que se suma a lo que ya tenían asignado.

SEÑORA TOLEDO.- Quiero decir que, en estos momentos, tenemos dos locales funcionando: uno es nuestra sede en la calle Minas y otro es el Centro de Información, que funciona en el Shopping de Tres Cruces, que se trata de una donación de la familia Lecueder. Ellos nos ceden ese espacio para poder brindar información sobre todas las discapacidades, además del Síndrome de Down; no les pagamos ningún alquiler pero sí debemos hacer frente, obviamente, a los gastos internos -de servicio- del local. Además, estamos pagando los honorarios de la funcionaria de allí y de la que tenemos en la sede de la calle Minas.

El gasto fijo mensual de la Asociación Down del Uruguay, al día de hoy, es de aproximadamente $ 45.000 o $ 50.000 entre gastos, honorarios y, por supuesto, los aportes que debemos hacer al Banco de Previsión Social por los funcionarios.

Quiero destacar que la mayoría de los docentes y de las personas que colaboran lo hacen de forma voluntaria, lo que determina que exista una alta rotatividad en cuanto a las propuestas de trabajo con los chicos, lo que tampoco es demasiado favorable para ellos. Obviamente, cuando a las personas que están dándonos una mano les surge alguna otra posibilidad remunerada, se van.

Esta es hoy la realidad que enfrentamos quienes llevamos adelante el proyecto y quiero decir, además, que en el futuro deseamos llevar adelante otras propuestas.

Como decíamos, nosotros partimos de una inclusión total; no queremos tener todo funcionando en la Asociación Down del Uruguay y que los chicos solo estén allí. Pensamos que es necesario que empecemos a generar proyectos que tengan que ver con el acompañamiento de los chicos a distintos lados y con apoyo en las escuelas comunes y en los lugares de trabajo -si lo necesitan- generándoles habilidades sociales como, por ejemplo, transportarse solos.

Para esto es que hoy pedimos más recursos y específicamente, al Ministerio de Economía y Finanzas le habíamos solicitado un monto global que llegaba a triplicar la cifra anual de nuestra Asociación. Concretamente, la solicitud que le cursamos al señor Ministro de Economía y Finanzas rondaba los $ 900.000 porque pensábamos que esos recursos nos iban a permitir avanzar en este proyecto que queremos concretar. Por supuesto que esa cifra surgió de una evaluación nuestra, de acuerdo a las necesidades que tenemos, y no quiere decir que se nos vaya a asignar; simplemente la menciono para guiar a los señores Senadores en la pregunta que nos realizaron recién.

Como decía, ese fue el monto que comunicamos al Ministerio de Economía y Finanzas cuando formulamos la solicitud de aumento de la partida.

Con respecto al censo, quiero decir que es importantísimo conocer cuántas son las personas con Síndrome de Down y también generar una base de datos para saber en qué familias están, qué servicios reciben y a dónde van para conocer bien su realidad. Me refiero a saber a qué escuela van, si no concurren a ninguna, qué grado de alfabetización tienen, si están bien, si les llegan los recursos que les corresponden, etcétera. A priori, pensamos que hay demasiadas personas con Síndrome de  Down que están quedando fuera de los recursos, de los servicios, de la educación y, en definitiva, de un montón de beneficios. Eso genera que no estaríamos respetando derechos humanos -los de esas personas- y que difícilmente se alcancen los objetivos del milenio en Uruguay si estamos dejando a todas las  personas con discapacidad fuera de esos derechos que les corresponden y que deberían estar gozando plenamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación de la Asociación Down del Uruguay que nos ha ilustrado sobre este tema; tendremos en cuenta sus planteos en la deliberación de la Comisión.

(Se retiran de Sala los representantes de la  Asociación Down del Uruguay.)

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(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación Uruguaya de Atención

a la Infancia en Riesgo, AIR.)

 

-La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a la delegación de la Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo, AIR. Contamos con la presencia de su Vicepresidenta, licenciada Ana María Pomi, la Directora Susana Rapalini y, por la Comisión de Apoyo, la doctora Noemí Bognanno, quienes ya nos han hecho entrega de un material.

SEÑORA RAPALINI.- Agradecemos esta oportunidad que se nos brinda.

                Este hogar fue creado en el año 1999, a instancias del licenciado Bonasso -en tiempos en que era Presidente del INAU- para cubrir un espacio no existente hasta ese momento, que era el de la atención a bebés de alto riesgo.

Comenzamos con pocos niños, luego fuimos creciendo y, actualmente, contamos con dos casas porque, si bien el convenio es para niños de 0 a 3 años, hay pequeños que no pueden dejar el hogar porque, en algunos casos, la familia no puede hacerse cargo y, en otros, porque se trata de niños con HIV huérfanos. Trabajamos con una población que está en situación de calle, con trastornos psiquiátricos.

Cabe destacar que en estos últimos años, la pasta base complicó aún más la situación, ya que los bebés ingresan con mucho mayor riesgo. Se hace un trabajo con el niño y la familia; mientras se está visitando, se intenta mejorar el vínculo y, a medida que eso se va logrando, se da al niño en atención en contexto, para ayudarlos a encaminarse.

                El infante ingresa por situaciones de alto riesgo; estamos hablando de abandono en vía pública, maltrato -hasta hemos recibido niños con amputaciones por malos tratos- abuso, desnutrición y HIV. Esto hace que se trate de niños con mayor vulnerabilidad, que necesitan más atención.

                Contamos con mucho personal y el costo es alto, pero quisiera explicar más detalladamente esta situación, ya que no es bien comprendida si no se la conoce.

Tenemos 45 bebés entre 0 y 3 años; la mayor cantidad de ellos tienen entre 0 y 1 año. Los turnos son tres -seis en total, si tenemos en cuenta que son dos casas- ya que los niños viven en el hogar los 365 días del año, atendidos con pautas internacionales que expresan que se debe tener cuatro infantes por adulto. Eso hace que haya 11 educadoras por turno en forma permanente. A esto debemos sumar cuatro  más, que son las que cubren los dos días libres a la semana que tienen las demás. A su vez, contamos con cocineras, limpiadoras, personas que se encargan de la ropa y, por último, debemos tener en cuenta también los traslados a la escuela.

Es importante señalar que intentamos que estos niños tengan las oportunidades que tienen otros. Por ejemplo, ahora nos llegó la invitación, gratuita, para que cuatro niñas aprendan ballet con la Directora del SODRE, y también hay niños que hacen baby fútbol. Quiero destacar que la niña más grande que tenemos está con nosotros desde los 14 meses, terminó Primaria siendo abanderada y hoy tiene una beca en el Colegio Clara Jackson de Heber. Es decir que tratamos de dar al niño lo que necesita y por eso es un servicio caro. En realidad, si se compara la cantidad de personal con la de niños, se puede pensar que esto es el lujo de la pobreza, pero en realidad no es así. El equipo técnico atiende los dos hogares, y si bien hay tres psicólogas, cada una de ellas tiene pocas horas, por lo que cumplen el rol de una de horario completo. Lo mismo sucede con las asistentes sociales. A su vez, hay un médico pediatra en cada hogar y una psiquiatra infantil para los niños más grandes que presentan algún problema.

                En definitiva, ese es el quehacer del hogar.

SEÑORA POMI.- Por mi parte, quiero contar cómo llegamos a esta situación de déficit. Desde la fundación del hogar, en 1999, el INAU -creo que en aquel momento era el INAME- siempre cubrió entre el 70% y el 75% del presupuesto y la Fundación Retoño, con recursos del exterior, cubría el resto. Sin embargo, a raíz de la crisis financiera europea, en noviembre del año pasado la Fundación anunció un recorte de US$ 40.000 para este año y US$ 50.000 para el próximo. Nótese que el aviso de dicho recorte fue dos meses antes de que se produjera. A esto debemos sumar algunos retrasos que muchas veces se producen en los reintegros del INAU por adelantos -que nosotros cubrimos y luego de un trámite logramos reintegrar- lo que genera una pequeña bola de nieve.

Ante esta situación, analizamos las diferentes posibilidades -recibimos asesoramiento para ello- y se nos planteó la alternativa de pedir una subvención o un subsidio vía Parlamento para incluirnos en el Inciso 21 de la Ley de Presupuesto. Asimismo, ya estábamos tramitando ante el Ministerio de Economía y Finanzas la inclusión en el artículo 79, a fin de que las empresas que donen puedan deducir impuestos. Esto se motiva en el hecho de que, cuando vimos el déficit que teníamos, lanzamos un programa de padrinazgo por el cual las empresas pueden hacerse cargo, simbólicamente, del déficit por niño sin ningún tipo de vínculo con los pequeños; pero las empresas plantearon la necesidad de deducir impuestos.

Por nuestra parte, hicimos las dos solicitudes en la Cámara de Representantes. La partida que pedimos es para solventar las pérdidas de este año, porque todo esto que podamos obtener será a partir de 2011 y la realidad es que necesitamos el dinero ahora. Realmente, estamos pedaleando para pagar las cuentas, los sueldos, los aguinaldos, etcétera; por ejemplo, actualmente estamos debiendo el pago de la factura de ANTEL.

Sabemos que la subvención no cubre el déficit -que, según prevemos, para el 2011 podrá ser de $ 2:160.408- y, por eso, también queremos contar con la posibilidad de que las empresas que donen puedan deducir impuestos. En estos once años siempre hemos tenido el mismo criterio y es la primera vez que pedimos dinero al Estado. Nuestra intención es seguir pidiendo dinero a las empresas, pero las donaciones nunca son gratuitas y, por eso, precisamos esa moneda de cambio.

                Por otro lado, en este momento el INAU nos adjudica la máxima partida que está habilitado a dar, que es de 29 unidades reajustables por niño. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo plantea que se puede aumentar el tope de la partida hasta seis unidades reajustables más por niño. Si el INAU mantiene este criterio y nos aumenta el tope, estaríamos empatando el déficit previsto. El déficit será de dos millones  siempre y cuando podamos mantenernos en el Subgrupo laboral 16 porque existe una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  que establece que tenemos que pasar al Subgrupo 20. Como consecuencia de esta resolución, quiero informar que interpusimos un recurso de nulidad y estamos trabajando en él. Cabe agregar que, de manera extraoficial, recibimos información de que el INAU no está de acuerdo con el cambio en la categorización. Nosotros todavía nos encontramos en deuda con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en virtud de que aún no hemos cumplido con la resolución por haber interpuesto el recurso. Si el recurso llegara a ser favorable al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el déficit aumentaría a $ 5:243.640; lo cierto es que no queremos ni pensarlo. Entonces, nos estamos manejando en un escenario en donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no nos pueda cambiar de subgrupo; se mantenga lo que fue votado en la Cámara de Representantes donde se incluye en el artículo 79, Capítulo IV, del Texto Ordenado 1996 que nuestros contribuyentes puedan deducir los impuestos;  con la inclusión en el Inciso 21 de una partida de            $ 500.000 anuales para ayudarnos con el “muerto” que tuvimos este año; y, por último, que INAU mantenga su criterio. Quiero decir que ninguna de las tres herramientas por sí solas nos permiten continuar  el trabajo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradecemos la información.

SEÑOR PEÑA.-Simplemente quiero corroborar lo que dijo recién la invitada, de si son conscientes que en el Presupuesto se les ha asignado $ 500.000 y que el artículo 775 prevé la devolución de impuestos.

SEÑORA POMI.- Esperamos que se mantenga.

SEÑOR PEÑA.- Quiere decir que estaríamos bien si se mantiene lo que ya hemos aprobado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Para nosotros es un gusto recibir a esta delegación.

                Debo decir que no corresponde que haga uso de la palabra en relación a este tema debido a que me encuentro involucrado. Mi hermana, Ema Baráibar   -que ha fallecido- trabajó toda su vida por los niños en instituciones como el INAME y el INAU y estuvo muy vinculada a la Fundación Retoño. En razón de ello, al poco tiempo de su fallecimiento, fui invitado a asistir al reconocimiento que se le hizo al poner a una de las aulas de la institución el nombre de mi hermana: Asistente Social Ema Baráibar. Ese es el motivo por el cual he visitado y permanecido en contacto -actualmente no lo hago con tanta frecuencia como cuando mi hermana trabajaba en la institución- y conozco de cerca el extraordinario trabajo que realizan. Aconsejo a los miembros de la Comisión que visiten la Fundación ubicada en Puntas de Manga porque realmente el trabajo que hacen es admirable.

                La Fundación recibía ayuda de una institución Suiza pero, inevitablemente, la crisis mundial del Primer Mundo los alcanzó -a esto debemos sumar que el valor en pesos de cada dólar o euro que llega es menor- perdiendo una parte de su presupuesto, aunque el INAU realiza un valioso aporte.

                Aprovecho para agradecerles la invitación que me realizaron para visitar los consultorios ambulatorios pero, lamentablemente, el pasado miércoles no pude estar presente allí debido a  mis compromisos laborales en el Senado. Con respecto a los documentos que nos han alcanzado simplemente quiero mencionar que en esa franja de niños que va de 0 a 3 años, la mayoría son de 0 a 1 año.  El 40% de los niños de estas familias -que en realidad no existen, y por eso están internados allí- ha estado en situación de calle; el 18% tiene VIH Sida; el 79% presenta patologías psiquiátricas; y el 65% proveniente de esos “hogares” -digo hogares entre comillas, porque son familia que se han deshecho y por eso, repito, los niños están en estas circunstancias- es adicto a la pasta base. Es una situación realmente impresionante y la tarea que están realizando es muy valiosa. Me alegro de que en la Cámara de Representantes haya habido sensibilidad -si entendí correctamente- y vuestro planteo fuera considerado. Sin duda, la Cámara de Senadores no va a obrar distinto a como lo hizo la otra Cámara en esta materia que nos es  tan sensible.

SEÑORA RAPALINI.- Le agradezco mucho al señor Senador Baráibar sus expresiones, pero quiero hacer una aclaración.

                Es cierto que Ema Baráibar estuvo junto a Bonasso cuando se me pidió abrir el hogar, pero el señor Senador está confundiendo el Hogar del Bebé con el Centro Espigas, que también fue organizado por quien habla. El Hogar del Bebé está ubicado en el Prado, donde se atienden y viven los bebés, mientras que el Centro Espigas es un instituto diurno que cuenta con la atención de los CAIF y del  Club de Niños y Jóvenes. O sea que no son lo mismo, pero en cuanto a calidad, brindan  el mismo tipo de servicio.

SEÑOR BARÁIBAR.- Sabía que eran distintos y conocía la labor cumplida por la señora Rapalini, tarea que unifica en alguna medida el significado de la labor social.

SEÑORA RAPALINI.- Ahora pertenecen al hogar.

SEÑORA POMI.- Quisiera realizar una precisión sobre el material que nosotros les hemos entregado. Toda la información sobre la historia del hogar la recibieron cuando nosotros solicitamos la subvención. En el repartido de la Cámara de Representantes, cuando se votó nuestra inclusión en el Inciso 21, hay un error, está  mal el nombre de la asociación civil. Les ruego, les suplico, que eso se corrija  porque hay otra asociación con un nombre muy parecido -la Asociación de Protección a la  Infancia- y podemos tener dificultades.

                Por otra parte, quiero insistir en que a veces la situación es crítica y muy triste; incluso, en el tema de la pasta base es mucho peor. Por ejemplo, los niños llegan con mutilaciones o quemaduras porque los padres no se dieron cuenta porque estaban “volando”. Si comparamos con otros países y realidades, aquí estamos hablando de 77 niños, que van cambiando, porque el sistema es rotativo. En realidad, desde 1999 son 339 niños; a veces, incluso,  son un poco más. En el Centro 4 -que sería el símil del INAU- hay menos de 50 niños. Ojalá se pueda trabajar con las 150 familias de esos niños. A nosotros nos competen nuestros niños pero no nos podemos olvidar de los otros, los del Centro 4 que, lamentablemente, y duela a quien le duela,  no están en la misma situación que nuestros chicos. Hay que trabajar con las familias de los niños, en el buen sentido de la palabra, como una inversión social. Decimos esto porque cuando hablamos de 77 niños también debemos considerar a las 77 madres -salvo algún fallecimiento- ausentes o presentes, que presentan  una problemática que nos compete a todos.  Entonces, hay que reflexionar que la inversión en un niño, que no tiene culpa ni responsabilidad de lo que pueda estar viviendo, ya valdría por sí misma.  Hay que pensar que nuestro trabajo va más allá de esos 77 niños. El trabajo de los equipos psicosociales, cuando la familia existe y se conoce dónde está, es tratar de restaurar el entramado de esos niños. Es importante tener esa visión: ¿son niños? Sí. ¿Son los más vulnerados? Sí. ¿Son los que más precisan? Sí; y es por ellos que estamos trabajando, aunque nuestra labor no termina en esos 77 niños. Hay que tener en cuenta, repito, que estamos atendiendo a un sector desprotegido y que son los más vulnerables, incluso mucho más que los niños de un asentamiento. Podemos decirlo con propiedad porque también trabajamos en esas zonas y hemos comprobado que siempre hay un tío, un padre, un abuelo, un hermano, una madrina o un vecino que conoce al niño desde pequeño. Sin embargo, estos niños lo tienen pero no lo tienen, se encuentran en una desprotección total y no hay que olvidar que aun en esa situación de desamparo representan a un grupo que entrama nuestra sociedad.

SEÑORA RAPALINI.- Voy a complementar la exposición de mi compañera.

                Hemos trabajado con muchas generaciones en situación de privación. Hace 41 años que trabajo con la población marginal del barrio Lavalleja, donde se encuentra el barrio Cuarenta Semanas; hemos visto la evolución de los niños y puedo decir que hoy algunos están cursando la Facultad. Si atendemos a los niños y les damos una buena alimentación  podemos revertir un poco el padecimiento que han sufrido sus madres. Sabemos que actualmente muchos niños llegan a la escuela y no aprenden, van pasando de año sin aprender y cuando llegan a Secundaria es necesario bajar las exigencias. Sin embargo, estamos comprobando que los nuestros no fracasan en la etapa escolar. Muchas veces, cuando les pregunto cómo les va en la escuela me encuentro con la satisfacción de que me dicen que no tienen problemas. Esto es importante porque la mayoría de los niños que viven en estos ámbitos tienen problemas de aprendizaje. Entonces, a mi me encantaría -si se pudiera- que todos los niños que se encuentran en esta situación -que serían 50 más, así que en total habría un poco  más de 120- pudieran recibir el mismo tratamiento para que salgan de esa situación tan extrema y para que mañana  puedan incursionar en la vida de forma normal.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Topolansky)

SEÑOR PASQUET.- Estoy siguiendo con gran atención el planteo realizado, pero tengo una confusión en cuanto a las cifras. El total de niños que atienden es de 77, pero la psicóloga habló de 50 niños más y no me quedó claro a qué se refirió. También habló de un total de 350 y de lo rotativo. Me gustaría que me aclararan estas dudas.

SEÑORA RAPALINI.- Tenemos un cupo de 77 niños que mañana puede ser de 80 ó 100 si las condiciones lo habilitan. Algunos se van en adopción, egresan o se van con sus familias y otros siguen ingresando, pero el cupo es de 77. A lo largo de estos 11 años pasaron por nuestra Asociación 399 niños. Ahora bien, cuando hablamos de “los otros 50”, nos referimos a los que se encuentran en el hogar de INAU, que es similar al nuestro y del cual, a veces, nos derivan niños. Ellos no tienen las mismas oportunidades porque allí se trabaja distinto. Entonces, si esos niños son los más abandonados porque ni siquiera tienen familia y, por lo tanto, tienen que permanecer institucionalizados durante un tiempo, sería bueno que recibieran una buena atención.

SEÑORA PRESIDENTA (Lucía Topolansky).- Agradecemos  la presencia de la delegación y a la hora de discutir el Presupuesto tendremos en cuenta esta entrevista.

(Se retiran de Sala representantes de la Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo, AIR)

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(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás)

               

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social)

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy buenos días.

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir a la delegación de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, conformada por su Presidente, señor Adolfo Bertoni y un miembro de la Directiva, señor Eduardo Fernández. Agradecemos su presencia y les informamos que esta es una Subcomisión de Audiencias, pero la versión taquigráfica será enviada a todos los miembros de la Comisión. Además, se han dispuesto quince minutos para que puedan realizar su exposición.

SEÑOR BERTONI.- Buenos días.

Agradecemos que se nos haya recibido y esperamos ser lo más concretos posible, aunque con algunos de los señores Senadores ya hemos hablado sobre el tema, ya sea individualmente o en oportunidad de ser recibidos por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, hace aproximadamente un mes y medio.

Concretamente, el tema que queremos plantear es la posibilidad de presupuestar, a partir del 1º de enero de 2011, a los compañeros del Banco de Previsión Social que están trabajando con un contrato de función pública. Todos ellos ingresaron por concurso de oposición y, en algún caso, participaron 89.000 jóvenes uruguayos y uruguayas.

Como los señores Senadores sabrán, desde la vigencia de la Ley Nº 16.713, el Presupuesto del Banco de Previsión Social no viene necesariamente al Parlamento, porque la gestión de su aprobación se realiza entre el Directorio del Banco y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En oportunidad de analizarse el presupuesto había voluntad de lograr esta presupuestación por parte del Directorio del Organismo, pero no fue posible que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo avalara en esas instancias de discusión propia. 

                En la carpeta que el señor Fernández ha preparado podrán observar que estamos hablando de unos 364 compañeros que son de los escalafones, básicamente, profesional, técnico y administrativo, así como también del escalafón especializado.

                En la página 3 figura una planilla donde se registra el total de cargos de  pasantes y becarios. Aclaro que no estamos planteando su presupuestación, sino que la presentamos como una comprobación de que la presupuestación de los compañeros que estamos reclamando indudablemente corresponde a cargos estructurales dentro del Banco de Previsión Social. Hay que precisar que en la mayoría de los casos no hay un costo para la Institución  ni para el Estado, porque  pasarían de ser contratos  de función pública a funcionarios presupuestados con el mismo sueldo.

                Como los señores Senadores podrán observar, presentamos distintas propuestas que fueron surgiendo cuando se analizó el tema en la Cámara de Representantes. En  aquel momento surgió la posibilidad de incorporar el texto como aditivo al artículo 36, que hoy figura como artículo 37. Quiero señalar que, en particular, si tuviéramos que elegir una de las tres propuestas planteadas que figuran en la carpeta que les hemos entregado, nos inclinaríamos por la que figura en la página 5. De todas maneras, es bueno saber que, tal como figura en la página 6, este aditivo posible lo trabajamos en acuerdo con el Director del Banco de Previsión Social, señor Heber Galli, encargado de estos temas.

                Finalmente, manejamos como alternativas, en primer lugar, la posibilidad de incorporar un artículo  nuevo; en segundo término -fue la opción que estuvo a punto de salir en la Cámara de Representantes- que se incorpore como aditivo al artículo 37, que refiere a la presupuestación de los contratos permanentes y, en tercer lugar, manejamos la posibilidad de incorporarlo como aditivo al artículo 837 de la propuesta que en este momento se está estudiando en el Senado. En concreto, dicha disposición refiere específicamente al Banco Central del Uruguay y al Banco de la República Oriental del Uruguay en relación a los contratos a término. Lo que nosotros planteamos es que se agreguen los contratos de función pública del Banco de Previsión Social como aditivo.

                Como podrán observar los señores Senadores, en las tres propuestas que planteamos nos referimos a todos los artículos de los organismos que se rigen por los artículos 220 y 221 de la Constitución porque teníamos dudas si era pertinente que el Parlamento nombrara a texto expreso en un artículo al Banco de Previsión Social. Pero de la lectura surge -incluso lo conversamos con alguno de los señores senadores- que el artículo 837 nombra a los Bancos Central del Uruguay y de la República Oriental del Uruguay, por lo cual pensamos que pueda ser posible que se nombre específicamente al Banco de Previsión Social y que no sea un artículo general que incluya al resto de los compañeros y otros organismos, porque cada sindicato hará su planteo concreto.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- No resta mucho para agregar porque la información está en poder de los señores Senadores y, tal cual  se nos ha pedido, la enviaremos en formato digital así como también todo aquello que se entienda conveniente solicitarnos y que esté a nuestro alcance.

                Queremos señalar que focalizamos nuestro planteo en dos aspectos.  El primero  -que es el prioritario y está en discusión a nivel del Gobierno- tiene que ver con si es necesario o no que haya tantos funcionarios  públicos. Por eso planteamos como ejemplo que la cantidad de pasantías ha ido aumentando en el Banco de Previsión Social a lo largo de estos años. Concretamente, arrancamos en el año 2000 con 250 y hoy, diez años después, estamos en 427; además, se pedirán 65 más para desempeñar una tarea específica por seis meses. Es pertinente señalar que todos estos funcionarios cumplen tareas estructurales en el Banco. Lo que intentamos señalar con esto, en primer lugar, es la necesidad indiscutible que existe de contar con estos puestos, que son estructurales y que  nadie seriamente puede cuestionar porque, de lo contrario, no tendríamos 427 pasantes cumpliendo dichas tareas.

Un segundo aspecto -es una particularidad que el sindicato siempre ha promovido y que se ha logrado en estos dos últimos períodos de Gobierno-  refiere al ingreso a través de contratos públicos y abiertos, donde cualquier ciudadano puede participar.

Un tercer punto apunta al hecho de que estamos un poco anonadados -no sé si es la expresión correcta- al no tener una respuesta -a veces, en una negociación sucede esto cuando la otra parte dice “no” porque no- de la  OPP que, en principio, fue la que negó la regularización de los contratos de función pública y, hasta el día de hoy, no conocemos cuál fue el argumento, máxime     -tal como recién señaló mi compañero- cuando la mayoría de estos casos no implica un costo económico, en el sentido de que como son contratos de función pública, perciben lo mismo que un compañero presupuestado. Entonces, esto provoca una inequidad interna que perjudica el buen relacionamiento entre los propios compañeros cuando tenemos contratos de función pública de personas que ingresaron antes que otros que van a ser presupuestados, con el mismo grado y también por concurso público y abierto. ¡Imagínense la situación si a un compañero que ingresó en 2007 ahora lo presupuestan, y a otro que ingresó en 2005 ó 2006 y desempeña la misma tarea, le dicen: “Después vamos a ver cuándo te presupuestamos”! Realmente esta situación no es entendible. No quiero redundar más en el tema; las propuestas son estas y creemos que la más saludable y que focaliza específicamente el tema es la contenida en la página 5. Obviamente, si el Cuerpo legislativo encuentra otra solución, está bien, y no importa dónde o cómo se escriba o se redacte, si se elabora un aditivo o no, pero insisto que en esa página se contempla frontalmente la situación que también involucra a otras empresas del Estado, aunque en menor cuantía, más allá de que lo que corresponde al área de función pública de COFE, en general, se ha regularizado en cada uno de los Incisos.

SEÑOR BERTONI.- Además de este planteo específico que realizamos, hay un artículo que nos ha preocupado mucho desde su ingreso en la Cámara de Representantes y que, producto de las negociaciones que hubo en ese ámbito, se mejoró, pero aún mantiene una zona de preocupación para todos los funcionarios públicos y también para los jubilados y pensionistas de todas las cajas. Me refiero al famoso artículo 4º. Creemos que el artículo original era peor que el que aprobó la Cámara de Representantes o, dicho de otra manera, la disposición que ahora están considerando es mejor que la contenida en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. No logramos entender -si leemos el conjunto del artículo observamos que luego de esa negociación, que en principio sería para intercambiar información, en caso de que la inflación supere el 10% se habilita expresamente al Poder Ejecutivo para que otorgue ajustes semestrales- por qué no se deja el gatillo pronto para que si efectivamente la inflación supera el 10%, se dé ese tipo de ajuste automático cada seis meses. En este sentido, nuestra intención como trabajadores de la seguridad social, en la medida en que ustedes entiendan conveniente, es ayudar    -enviamos algunas notas a integrantes del Gobierno y de esta Cámara- porque observamos que sigue siendo uno de los puntos cuestionados por otros compañeros del Estado. No estamos tan lejos de lograrlo y creo que se podría hacer un esfuerzo para mejorar el artículo.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, recién estoy ingresando en el estudio del tema de los funcionarios en general, pero seguramente dentro de unos días vamos a estar más interiorizados en la problemática.

Cabe señalar que una de las políticas instrumentadas por la Administración anterior fue la de tratar que los contratos de la función pública de la Administración Central pasaran a tener carácter de presupuestados. Este proceso se llevó adelante con una serie de mecanismos -por ejemplo, se aplicaban tribunales- y en algunos casos culminó, mientras que en otros no. El problema radica en que esas disposiciones no abarcan a los Entes de los artículos 221 y 220, ¿no es así?

SEÑOR BERTONI.- En el caso del Banco de Previsión Social, el último ingreso masivo se produjo por concursos dados en el año 2007, y mediante el presupuesto del año 2008 se previó que se ingresaba como contrato de función pública y a los tres años, previa evaluación del organismo, se pasaba a ser presupuestado. De esos compañeros, unos 267 cumplen los tres años en diciembre, por lo que van ser presupuestados. A su vez, hay otra tanda de compañeros -los que ganaron el concurso al que se presentaron unas 99.000 personas- que deberían ser presupuestados en marzo de 2011 y otros en octubre de 2011, de acuerdo con esa política de la Administración anterior y con el presupuesto del Banco de Previsión Social del año 2008. Lo que estamos planteando es que todos sean presupuestados a partir del 1º de enero -incluidos los que serían presupuestados en marzo y en octubre- para que tengan la posibilidad de una carrera administrativa porque, al no ser presupuestados, no pueden concursar. Luego quedarían unos 150 compañeros que tienen contrato de función pública desde hace más de tres años, pero que no están contemplados en esa situación que hace que a los tres años pasen a ser presupuestados. No sé si he sido claro en la explicación.

SEÑOR RUBIO.- Habría que ver cuál es el panorama en el resto de los Entes Autónomos para saber -teniendo en cuenta la propuesta que figura en la página 5 del repartido que nos entregaron- de qué dimensiones estamos hablando, pero eso lo podemos averiguar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puedo asegurar que hay casos en otros Entes, aunque no conocemos los números.

SEÑOR RUBIO.- Lo podemos averiguar el lunes cuando concurra la delegación de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación su presencia y le informamos que integraremos sus propuestas al análisis del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal.

(Se retira de Sala la delegación de la

Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social)

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(Ingresa a Sala la delegación de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública)

-En nombre de la Subcomisión de Audiencias doy la bienvenida a los representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, cuya delegación está integrada por los señores Alejandro Laner, Luis Esteves, la señora Gabriela García y el señor Marcelo Spósito.

                La Presidencia comunica a nuestros visitantes que la versión taquigráfica de esta Subcomisión de Audiencias será enviada a todos los señores Senadores, miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, para su análisis. Además, se les recuerda que disponen de quince minutos para realizar su planteamiento.     

SEÑOR LANER.- Muy buenos días.

                En la negociación bipartita celebrada entre el Directorio de ASSE y la Federación de Salud Pública, se aplicó la Ley Nº 15.508, de Negociación Colectiva, que el año pasado constituyó un logro de los trabajadores. Fue en ese marco que comenzaron a existir los ámbitos de negociación que, de alguna manera, se ven plasmados -tal como lo podrán ver en el informe que dejaremos en poder de la Comisión- en algunos artículos del Inciso 29, aunque no en otros, por lo que deberíamos definir si necesitan de una norma presupuestal o el Directorio del Ente descentralizado tiene potestades para resolver por sí solo sin la correspondiente venia del Senado.

                Con respecto al artículo 46 del proyecto de ley de Presupuesto, estamos planteando que los funcionarios de ASSE también queden comprendidos en la excepción que allí se hace, en virtud de que dentro del organismo existe una enorme cantidad de funcionarios que han celebrado un doble contrato con el Estado, con ASSE: por un lado, como funcionarios presupuestados, o funcionarios “410” y, por otro, al amparo del Patronato del Psicópata o de la Comisión de Apoyo. En este caso, no todos son funcionarios profesionales, dado que a nivel nacional hay muchas dificultades para conseguir algunas licenciaturas o personal especializado para block quirúrgico, banco de sangre u otros servicios, porque cuando se hicieron los llamados, los propios compañeros presupuestados se presentaron al amparo de la Comisión de Apoyo realizando otras seis horas.

                Ahora bien, más allá de la eliminación progresiva de la Comisión de Apoyo -punto sobre el que la Federación ha peleado durante muchos años y, en su primera instancia, contó con el voto del Parlamento- a la que se llegó por entender que el ingreso al Estado, por lo menos en ASSE, debe ser igual, con recursos presupuestales genuinos mediante la vía que sea, y del proceso de tres años en el que se va a presupuestar a casi 7.700 trabajadores, que hoy están bajo el amparo de la Comisión de Apoyo, va a quedar un grupo muy grande de compañeros que hoy cumplen la doble función.

                Entonces, si el artículo no permite que los funcionarios quedemos comprendidos en esa excepción, nos generará inconvenientes, en primer lugar, porque ello puede dar lugar a una demanda laboral y, en segundo término, porque hasta que no exista algún proceso o mecanismo que permita que las personas -que no son solo trabajadores médicos- dejen de pertenecer a la Comisión de Apoyo, en algunos servicios existe carencia de personal para cubrir esos cargos.

                Es por lo expuesto que planteamos que dentro de las excepciones se comprenda tanto a los funcionarios del Inciso 12, “Ministerio de Salud Pública”, como a los del Inciso 29, “ASSE”, en virtud de que nosotros, como Federación de Salud Pública, representamos gremialmente a ambos Incisos.

                En cuanto al artículo 51, queremos plantear que donde dice: “Los profesionales de la salud”, se establezca: “Los trabajadores de la salud”, porque en la salud se trabaja como equipo multidisciplinario de salud y el término “profesionales”, a veces, se entiende como personal médico. Es más actualmente, en el Escalafón A de ASSE, los profesionales incluyen también a todos los licenciados, en nutrición, en laboratorio, en enfermería, en imagenología, en fisioterapia, etcétera. Pretendemos que esta norma presupuestal incluya a todos los trabajadores de la salud a efectos de que tengan la posibilidad de hacer la acumulación de salarios que precisamente plantea el artículo 51.

                En función del tiempo de que disponemos, no vamos a enumerar todos los artículos, pero sí vamos a hacer un planteo general. El artículo 703 de la Ley de Presupuesto expresa: “Decláranse inaplicables a la Administración de los Servicios de Salud del Estado todas las normas vigentes que atribuyen cometidos, facultades, derechos y deberes al Inciso 12”; en este sentido, nosotros insistimos en la creación del Estatuto Único de los Funcionarios de ASSE.  Esto está fundamentado, señora Presidenta, en el hecho de que, a diferencia del Inciso 12, básicamente somos áreas asistenciales. Luego de que se produjo la descentralización de ASSE, el Ministerio de Salud Pública ya no presta más los servicios de las áreas asistenciales. Por lo tanto, los estatutos y las normas aplicables -más allá de las normas contenidas en el Derecho nacional- se miden de diferente forma dependiendo de si se prestan servicios asistenciales o si se brindan servicios de contralor y fiscalización, como ocurre a nivel del Ministerio de Salud Pública y como está estipulado en la nueva normativa a partir de la instrumentación del Sistema Nacional Integrado de Salud.

                En el artículo 705 se contempla la presupuestación de los compañeros de las Comisiones de Apoyo,  tema por el que tantos planteos hemos realizado. Dicha norma expresa que ASSE “reglamentará las condiciones de presupuestación del personal”. Entendemos que a la hora de aplicarse la mencionada disposición,  los compañeros y compañeras de las Comisiones de Apoyo ya habrán cumplido un mínimo de tres años en sus funciones en la Administración de los Servicios de Salud del Estado y, como están bajo el régimen del Derecho Privado, si a los noventa días no hay un informe negativo del jerarca, el contrato se prorroga y la persona queda prácticamente contratada por la Comisión de Apoyo. Por lo tanto, creemos que el término “reglamentará” puede dar determinada discrecionalidad a los jerarcas, fundamentalmente de los hospitales, para que dejen sin trabajo a algún compañero por cualquier falta cometida, pero a la hora de que se comience a aplicar en el año 2011 el derecho de presupuestación, la evaluación ya estará hecha. Por cierto, son prácticamente ochocientos cargos que están esperando ser presupuestados desde el año 2005.  Cuando se llegue al número de 4.500 presupuestados en el año 2012, habrán pasado más de tres años desde que esos funcionarios están revistiendo tareas en el Estado.

Como esas personas no tienen derecho al sumario administrativo, lo máximo que pueden llegar a generar es alguna falta o algún día de suspensión, lo que no amerita que el funcionario haya cumplido una tarea acorde a lo que el servicio requiere, evaluación mediante. Por lo tanto, pretendemos que la presupuestación se realice sin más trámite, porque los mecanismos de evaluación ya han sido aplicados.

SEÑOR RUBIO.- Me gustaría clarificar una situación que nunca logré comprender, debido a la complejidad que existe a nivel del Ministerio de Salud Pública y de ASSE. En verdad, es un sector muy complejo, obviamente, por razones que ustedes podrán imaginar.

                Si no recuerdo mal, en la Ley de Presupuesto del año 2005, se autorizó la presupuestación de 5.700 cargos de Comisiones de Apoyo. Luego, en las Rendiciones de Cuenta posteriores, se amplió ese marco. Cuando corroboré los números del Ministerio de Salud Pública versus los del Ministerio más ASSE, advertí que el crecimiento que se dio es de alrededor de 2.000 funcionarios.

                Por otro lado, en esta Ley de Presupuesto se autoriza la presupuestación en las Comisiones de Apoyo de alrededor de 8.000 personas que precisamente prestan servicios contratados en dichas Comisiones. Me pregunto qué ha sucedido en el proceso. ¿Se aplicó la legislación anterior o solo se la utilizó en parte  y ahora se reitera la solicitud. ¿Hubo algún tipo de aplicación distinta? ¿O hubo alguna dificultad práctica dado que la presupuestación podía implicar pérdidas o un resultado de esta naturaleza? Sé que en el interior del país se dan situaciones diferentes a las de Montevideo. Me gustaría tener un poco más claro el panorama.

SEÑOR LANER.- Como muy bien señala el señor Senador Rubio, la Ley de Presupuesto de 2005 creó cerca de 5.000 cargos asistenciales de Comisiones de Apoyo. ¿Qué pasó entonces? Cuando en aquel entonces se hace la transferencia de los dineros de Comisiones de Apoyo al Rubro 0, no se previó, aunque sí se prevé en esta ley, la diferencia entre el aporte patronal del 15% que paga la Comisión de Apoyo y el aporte patronal que paga el Estado que, incluido luego al del FONASA, es un 25%.

Al principio negociamos con el entonces Director General de Secretaría, economista Daniel Olesker, quien nos dijo que no había recursos para el financiamiento de esta medida. A pesar de que el ex Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en el año 2006 solicitó que se agilizara la situación, nunca se pudo solucionar el problema de la diferencia de dinero. La Federación lo planteó en la Rendición de Cuentas del año 2006, en la del 2007 y lo volvió a plantear en el año 2008, pero ya ahí el Ministerio de Salud Pública había trasladado todo a un Directorio de ASSE conformado de una manera muy especial que no tuvo voluntad política, porque no negoció con la Federación y tampoco planteó la posibilidad de conseguir los dineros para poder financiar esa diferencia. Por este motivo, los primeros 800 cargos que se presupuestan son los que están esperando desde el año 2006, a pesar de ya  habían firmado y aceptado que serían presupuestados. Esta es la razón por la cual se crean 5.000 cargos. Además, en estos 5.000 cargos también por extensión de la Ley de Rendición de Cuentas de 2006, regularizamos cerca de 900 correspondientes a las famosas Comisiones de Apoyo locales de los hospitales, que habían contratado  un 80% del personal pero en los hechos trabajaba en negro y cobraba mucho menos de la mitad de un salario normal dentro de Salud Pública. Por ejemplo, en Caraguatá,  departamento de Tacuarembó, en una policlínica había auxiliares de enfermería que cobraban     $ 800 por mes; pero esa remuneración era pagada por la Comisión de Vecinos y en parte por la Comisión de Apoyo Local del Hospital de Tacuarembó, situación que también se dio en Cardona y en otros lugares. Esos 900 cargos en un principio pasaron a ser de la Comisión de Apoyo y luego, felizmente, pasaron a ser presupuestados. Sin embargo, los que estaban marcados por la ley no los pudieron presupuestar por  falta de dinero. Esto se debió a que no hubo voluntad política de parte del Directorio.

SENADOR RUBIO.- Eso quiere decir que los créditos presupuestarios que se autorizaron en el Presupuesto anterior y se ampliaron después, no pudieron ser usados en su mayoría por esta dificultad. O sea, cuando hablamos de 8.000 cargos, ¿se agregarían a los que aparecían en el Presupuesto anterior o no?

SEÑOR PARODI.- Sinceramente, no podemos responder esa pregunta.

SEÑOR RUBIO.- En el caso de que se apruebe el artículo 51 -como ustedes lo están planteando en este momento- lo que se dispone se aplicaría para aquellos funcionarios que trabajan como contratados de las Comisiones de Apoyo y, al mismo tiempo, cumplen funciones en Salud Pública. En definitiva, esta situación correría para aquellos que no se presupuesten, que trabajan como presupuestados pero que al mismo tiempo persisten como contratados por las Comisiones de Apoyo.

SEÑORA GARCÍA.- Quiero hacer una pequeña aclaración sobre lo que manifestaba el señor Senador Rubio. En realidad, no hubo una partida presupuestal, lo que sí existió fue una transferencia de fondos del Patronato del Psicópata hacia ASSE o Ministerio de Salud Pública, pero reitero que no hubo partida presupuestal. A partir de allí es que surge la diferencia del aporte patronal que la Federación reivindicaba en todas las Rendiciones de Cuentas para lograr el objetivo.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera saber si lo que se ha dicho significa que termina en el período la situación de los contratos a las Comisiones de Apoyo.

SEÑORA GARCÍA.- Como dice el proyecto de Presupuesto quinquenal, se terminaría la Comisión de Apoyo y el Patronato, quedando solo las excepciones que mencionó el compañero Laner.

SEÑOR RUBIO.- Se refiere a las que aparecen en el artículo 51.

SEÑORA GARCÍA.- Otra aclaración que queríamos hacer por parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública es que no vemos reflejada ninguna partida presupuestal para la reestructura. Si bien se nos manifiesta que ASSE puede hacer la reestructura escalafonaria y de funciones, no vemos esa intención reflejada en una partida presupuestaria. Quiere decir que si bien ASSE tiene la voluntad de hacer esa reestructura no cuenta con el dinero necesario para ello.

SEÑOR SPÓSITO.- Queremos agradecer a la Comisión por habernos recibido y dejar una constancia final. Así como al principio manifestamos que hubo aplicación del ámbito de la Ley de Negociación Colectiva en el inciso 29, lamentamos tener que decir que en el inciso 12 esa situación no se vio reflejada y, por lo tanto, todo el articulado incluido en el proyecto de ley de Presupuesto no fue tratado por los trabajadores del inciso 12.

SEÑOR LANER.- Quiero decir algo más, si se me permite.

                Compartimos totalmente el articulado que tiene que ver con la profundización de ASSE en cuanto a la atención primaria de salud en todo el país. Sin embargo, se está generando un problema fundamentalmente en el interior del país; estamos haciendo referencia al artículo 709, que comienza diciendo: “Suprímense en el Inciso 29 ‘Administración de los Servicios de Salud del Estado’ las siguientes unidades ejecutoras” y después, en el siguiente artículo, se habla de la creación de otras unidades ejecutoras.

                La palabra “suprímense” ha sido malinterpretada en el interior del país y ha generado conflictos porque los usuarios del interior, cuando se refieren a un centro de salud o a un centro auxiliar hablan de “mi hospital” o de “mi centro de salud”, y esa palabra -“suprímense”- ha creado la impresión de que se va a  cerrar todo y crear algo nuevo.

                Entonces, nosotros nos tomamos el atrevimiento de plantear si ese término “suprímense” no podría sustituirse por un “modifícanse”, de forma tal que no suene tan grueso a la hora de ser utilizado por la prensa. Digo esto porque han sucedido algunos hechos de agresiones a las autoridades de ASSE, por ejemplo, en Minas de Corrales, producto de “manija” -voy a decirlo así- de alguna prensa sectorizada dirigida a una población que conocemos que siempre ha colaborado con ese Centro Auxiliar.

                Esa palabra ha generado todo un efecto en el ámbito político del interior. Aclaro que estamos completamente de acuerdo con el propósito que tiene ASSE de fortalecer la atención primaria de salud como forma de profundizar el sistema, pero creemos que esa palabrita ha sido muy mal utilizada y ello ha generado conflicto. Estamos tratando de ayudar -en este caso, conjuntamente con el Directorio de ASSE- hablando con la gente y explicándole que acá no se va a cerrar nada sino que habrá una transformación. No obstante, consultamos a los señores Senadores para que, de pronto, se cambie ese término por otro que no sea tan grueso a la hora de plantear este artículo.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de  Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia de los representantes de la Federación de Funcionarios de la Salud.

(Se retira de Sala la delegación de la Federación de Funcionarios de la Salud.)

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(Ingresa a Sala la delegación del Hogar Valdense El Sarandí.)

 

-La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gran placer de recibir a la delegación del Hogar Valdense El Sarandí, integrada por el señor Raúl Ariel Pérez, Milton Ferla, Margarita Delmonte y Alma Malán.

                Quisiera aclarar que si bien ésta es una Subcomisión de audiencias, la versión taquigráfica de esta sesión será enviada a todos los señores Senadores que integran la Comisión.

SEÑOR PÉREZ.- Buenos días. Soy integrante de la Comisión Directiva del Hogar El Sarandí y la delegación que me acompaña está compuesta por la Directora Malán, la Trabajadora Social Delmonte y el padre de uno de los internos, señor Ferla.

                Nuestro Hogar funciona desde 1971 y está destinado a internos con discapacidades intelectuales severas que, muchas veces, derivan en discapacidades físicas. En este momento, luego de muchas etapas de crecimiento sostenido, tenemos una dotación de 42 internos, con características muy especiales. Casi el 70% del presupuesto  general del Hogar es destinado al rubro sueldos, porque la atención de discapacitados de este tipo es prácticamente personal, es decir, casi de uno a uno. Esto nos deja muy poco margen para hacer mantenimiento y mejoras en la parte edilicia o en el equipamiento general del Hogar, y esa es una de las razones por las que hoy estamos aquí.

                Cabe destacar que el Hogar depende de la Iglesia Evangélica Valdense, institución sin fines de lucro y abierta a todo credo, por lo que los internos pueden tener cualquier creencia, o ninguna; no hay discriminación a ese respecto. El Hogar funciona en las afueras de Colonia Valdense, en la zona rural. Contamos con una dotación de cuatro casitas o pabellones, cada uno de los cuales apunta a una discapacidad distinta, o a distintos grados de discapacidades. También están los espacios comunes, que son los talleres y la parte de dirección. En estos momentos, estamos abocados a armar un picadero de equinoterapia, que es un complemento muy bueno para este tipo de internos.

                Concretamente, nuestra solicitud consta de dos partes. Una de ellas tiene que ver con poder ser incluidos en el Texto Ordenado de 1996, Título IV, Capítulo 13, artículos 78 y 79, que refiere a las donaciones especiales, a los efectos de que se nos permita recibir donaciones de empresas de la zona, pues sabemos que hay algunas que están interesadas en hacerlo.

                La otra parte de nuestra solicitud es una partida fija -es la primera vez que la solicitamos en 39 años de funcionamiento- que responde al desfase que se da al tener un costo operativo por interno superior a los $ 20.000. Cabe destacar que muchos de los internos no tienen capacidad económica para acceder a la cuota total, por lo que se produce un desfase de los ingresos. Muchos de ellos son cubiertos por un impuesto ‑llamado “Ocho por mil”- que el Gobierno de Italia -o la Iglesia- destina para este tipo de obras, pero nos vemos en la necesidad de buscar otro tipo de recursos, porque este está prácticamente agotado. Cabe destacar que este dinero lo necesitamos no solamente para el funcionamiento que ya describí, sino también para poder introducir las mejoras que se nos ha indicado como casi imprescindibles.

                Concretamente, estamos solicitando una partida anual de $ 1:100.000, que eliminaría el desfase actual -ya hemos presentado los balances anuales hechos por la Contadora que nos asiste en Colonia- y permitiría cubrir el presupuesto sin demasiados problemas.

SEÑORA DELMONTE.- Fundamentalmente, me parece importante recalcar que, salvo algunas excepciones, este tipo de servicio no existe en nuestro país, menos en el interior. Además, pensamos que tenemos algo que nos diferencia; nos referimos a esta vocación de servicio -que intentamos aplicar como parte de la Iglesia- para que las personas que lo necesitan, en este caso los discapacitados y las familias, puedan tener una vida digna.

                Desde que se abrió el centro, hemos atendido a unas 250 personas y, si bien el número puede parecer poco significativo, no hay que olvidar que hay un núcleo familiar por detrás  que muchas veces se ve recargado por lo que implica la atención diaria de una persona con una discapacidad severa.

SEÑOR PEÑA.- Por mi parte, simplemente quiero informar que en la Cámara de Representantes ya se les adjudicó la suma de $ 250.000.

SEÑORA DELMONTE.- Oficialmente no sabemos nada.

SEÑOR PEÑA.- De todos modos, ya han sido adjudicados. Obviamente, hay que votarlo en esta Cámara, pero ya hay media sanción.

SEÑORA DELMONTE.- Agradecemos mucho la buena noticia. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Alguna vez teníamos que tener buenas noticias.

SEÑORA MALÁN.- Como Directora de la Institución  y junto con la Comisión Directiva, agradecemos desde ya esta adjudicación.

                Nuestra intención es defender los derechos de las personas discapacitadas severas y sus familias. Este es un camino emprendido hace cuarenta años, por otras generaciones,  en una época en que el discapacitado estaba escondido y relegado a su núcleo familiar. En ese sentido, creemos que el Grupo Sarandí ha marcado un antes y un después a nivel del país.

                Hemos recibido y recibimos a familias que vienen con una gran cuota de angustia, de desazón, y queremos que este servicio llegue a todo el que lo necesite, no sólo a aquel que pueda pagarlo. Somos conscientes de nuestros límites -sólo atendemos 42 internos- pero también de los límites que ellos tienen en su vida por patologías asociadas a la discapacidad. Entonces, por esa atención democrática que hemos defendido, hay un tercio de los internados que no llega a cubrir la cuota, a pesar de que  muchas familias dejan su vida para sostener a su familiar discapacitado. Por tanto, apelamos a un Gobierno que vemos sensible a esta temática de la discapacidad; personalmente, me animo a decir esto porque de parte de los Ministerios se ha dicho que la atención en salud de los discapacitados debe ser un derecho no solo del que lo pueda pagar, sino de todos. Tal vez parezcan cosas pequeñas, pero todo suma a este trabajo para que la persona discapacitada pueda tener una vida digna. Son muchas las personas que trabajan; somos conscientes de que contamos con lo justo para realizarlo y por eso apelamos a conseguir este apoyo. En esa línea vamos. También deben saber que detrás de los cuarenta y dos discapacitados están sus familias a las que hay que defender. Hay otras familias que esperan la atención diurna -que constituye otro de los grandes desafíos o metas que nos hemos propuesto- pero para llevarla a cabo se necesita que trabaje más gente.

                Agradecemos desde ya la partida que ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, lo cual  habla de la sensibilidad a la que hice referencia.

SEÑOR PÉREZ.- Quiero hacer notar la altísima incidencia que puede tener una cuota de $ 22.400 en el ingreso de un núcleo familiar tipo uruguayo, cifra que representa solamente los costos. Esto hace que muchas veces se ponga de manifiesto la solidaridad familiar cuando hemos recurrido a hermanos, padres o parientes cercanos para llegar a cubrir este presupuesto. En muchos casos hay chicos que no tienen parientes vivos y hemos apelado a tutores que regulen su patrimonio, sus papeles y la convivencia dentro del hogar.

SEÑOR PRESIDENTA.- Si no se va a hacer alguna otra consideración, les agradecemos su presencia y tomaremos este material como parte del análisis de la Comisión de Presupuesto.

(Se retira de Sala la delegación del Hogar Valdense El Sarandí.)

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(Ingresa a Sala la delegación del Grupo de Amigos del Centro Oftalmológico Hospital de Ojos “José Martí”, integrada por ONAJPU, DAECPU, jubilados de AEBU, PIT-CNT, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, UNOT, usuarios del Hospital.)

 

-Tenemos el agrado de recibir a la delegación del Grupo de Amigos del Centro Oftalmológico Hospital de Ojos “José Martí” integrada por representantes de ONAJPU, DAECPU, jubilados de AEBU, PIT-CNT, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, UNOT, usuarios del hospital.

Les adelanto que esta es una Subcomisión y que la versión taquigráfica de sus palabras será enviada a todos los Senadores que hoy no están presentes. Debo señalar que los invitados cuentan con quince minutos para realizar su exposición.

SEÑORA ARIAS.- Represento al Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada.

                Lo que venimos a solicitar es la creación de una  unidad especialidad o  unidad ejecutora del Hospital de Ojos. Como todos saben, en el 2007 se inauguró el Hospital de Ojos y en el 2008 fue cuando se comenzaron realizar  operaciones. Se trata de un centro de referencia nacional y regional en oftalmología y, por tal motivo, ya llevamos realizadas 20.000 operaciones de cataratas.  El hecho es que el Hospital no tiene presupuesto propio y no contamos con  mantenimiento para los aparatos allí utilizados, que son muy costosos. Por ejemplo, uno de los aparatos más costosos -hay otros de menor valor- se ubica en  US$ 500.000. Reitero, el Hospital no tiene  presupuesto ni mantenimiento para estos aparatos. El costo o cálculo que se ha hecho de este mantenimiento es de US$ 45.000 anuales.

Por otra parte, como  el Hospital no es  una unidad ejecutora, no cuenta con una comisión de apoyo. En el Gobierno pasado se nombró una comisión de obras, pero al no ser una unidad ejecutora y no manejar fondos, no pudo funcionar y no hay manera de sacar adelante al Hospital.

La demanda de pacientes desde todos los rincones del Uruguay es muy importante. Entre operaciones y consultas, por día atendemos a alrededor de 950 personas. También puedo mencionar el alojamiento Tarará -que depende del Hospital de Ojos- que es donde se aloja la gente que viene del interior de la República y  donde se hace, transcurridas 24 horas, el posoperatorio de los pacientes operados.

El Hospital necesita un área de materiales, un área blanca,  y un departamento de enfermería propio dado que se trata de una especialidad para la cual se preparan los enfermeros y los técnicos. Como el Hospital de Ojos no tiene el mando, es el Hospital del Norte el que cambia el personal. De hecho, siempre se está capacitando gente y, por ello, siempre estamos en  empezar. Lo que planteamos es que el personal que se dedique al Hospital de Ojos sea de la especialidad, tal como ocurre con las restantes en  Uruguay.

Tampoco contamos con un área de registros médicos que sea solamente del Hospital de Ojos de manera que pueda manejar una base de datos y realizar el seguimiento de los pacientes. Con un seguimiento  se podría  saber, por ejemplo, por qué no concurrió al control, cómo sigue el tratamiento, etcétera, hasta darle el alta.

Nos encontramos con las manos atadas. Se han pedido insumos, y la demora para contar con el material ha llegado a ser de ocho meses. Cuando se hace una solicitud, esta pasa al Centro Hospitalario del Norte, que es el que toma la decisión. Como dije, hemos tenido demoras de hasta ocho meses para contar con los materiales. Estoy hablando de lentillas intraoculares para las operaciones de refractiva o del viscoelástico, que es lo que se usa para la lentilla. Reitero, se demoran las compras y también el arreglo del Hospital. Desde hace mucho tiempo el block quirúrgico tiene problemas de humedad y filtración de agua;  desde el Hospital del Norte lo único que se nos dice es que se puede arreglar o remendar, pero al otro día tenemos nuevamente humedad. De todas maneras, no ha habido quejas de que haya infecciones o problemas de asepsia en el Hospital. Estamos atentos a este tema, pero hay un block quirúrgico que está constantemente cerrado porque tiene humedad, y  no contamos con un presupuesto para poder arreglar este tema de raíz.

Por lo tanto, apelamos a que se tome en consideración este planteo de manera de ver cómo podemos independizar al Hospital para que tenga su propio presupuesto y pueda manejarse lo más correctamente posible.

SEÑOR SOROA.- Dentro de la Comisión “Grupo de Amigos del Centro Oftalmológico, Hospital de Ojos José Martí” represento a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Hemos formado esta Comisión para ayudar al Hospital ante la falta de implementos que son imprescindibles para su funcionamiento, como ser insumos y nuevos equipamientos para poder atender otras patologías, hasta  lentillas, es decir, lo que se usa diariamente. Somos beneficiarios del Hospital por un acuerdo con el Banco de Previsión Social, y de las 20.000 operaciones de cataratas que se han llevado a cabo, 19.000 aproximadamente son de jubilados y pensionistas. Todas las organizaciones que tienen acuerdo con el Hospital de Ojos nos preocupamos por la situación y formamos esta Comisión de Amigos; estamos tratando de generar recursos para poder ayudar a esta obra que ha sido, en el ámbito de la medicina, lo más grande que se ha visto en el Uruguay en los últimos años y queremos que continúe por el bien de todos los uruguayos. Todavía queda muchísima gente para atender; sabemos que en el interior hay alrededor de 600 personas que no han podido ser operadas. Además, este es un problema que siempre va a existir porque todos llegamos a mayores. Entonces, con esta Comisión apoyamos esta maravillosa obra del pueblo cubano -cuyos médicos vienen a trabajar gratuitamente- y devolvemos un poco la solidaridad que ellos nos han brindado.

                Creo que técnicamente la compañera ya explicó todo. A través de nuestra organización pensamos seguir colaborando, porque estamos muy preocupados por la situación que se ha dado.

                Muchas gracias.

SEÑOR DÍAZ.- Represento al Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de la Asociación de Bancarios del Uruguay. Va a hacer un año que firmamos un convenio con el Hospital de Ojos. Fue un convenio innovador y nuestra Asociación ha brindado total apoyo a esta Comisión, al Hospital y a la obra que se está llevando adelante. Vemos que este Hospital ha superado todo lo pensado, porque el hecho de haber llegado a 20.000 operaciones de cataratas en un término de tres años es un acontecimiento inédito. Es  por esa razón que apoyamos la iniciativa que se está tomando en cuanto que se considere a este Hospital como una unidad ejecutora para que pueda seguir cumpliendo con este servicio.

SEÑORA ORSERO.- Soy representante de ONAJPU y quiero informar que hemos lanzado una gran campaña, porque el Hospital tiene la necesidad de comprar un tomógrafo que cuesta alrededor de US$ 100.000. Entonces, nuestro proyecto comenzó por ahí, por la necesidad de comprar un tomógrafo. Para ello hemos contratado un 0900 y DAECPU -la gente de carnaval- nos está ayudando con una gran campaña que se va a llevar a cabo a través de Canal 5 y de Canal 4 para ver si podemos lograr nuestro objetivo. De ahí queremos partir.

                Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PEÑA.- Quisiera saber si es la primera vez que realizan este pedido o ya lo habían presentado en oportunidad de tratarse el Presupuesto en la Cámara de Representantes.

SEÑORA ARIAS.- Es la primera vez, señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos mucho el habernos ilustrado sobre este tema y lo tomaremos en consideración cuando se haga el análisis del proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

(Se retira la delegación del Grupo de amigos del Centro Oftalmológico, Hospital de Ojos “José Martí”, integrada por ONAJPU, DAECPU, jubilados de AEBU, PIT-CNT, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, UNOT, usuarios del hospital.)

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(Ingresan los representantes de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay.)

-La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene sumo agrado en recibir a la delegación de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, integrada por las Doctoras Silvia Sturla y Sandra Pardías y el Doctor Diego Moreira. Como saben, esta es una Subcomisión de Audiencias, pero la versión taquigráfica será enviada a los demás señores Senadores. Asimismo, hemos dispuesto un término de quince minutos para que realicen su planteo.

SEÑORA STURLA.- Buenos días, gracias a la Comisión por recibirnos. Mi nombre es Silvia Sturla y soy Presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay.

                A efectos de aclarar la situación de los Defensores, queremos decir que en la Defensoría Pública somos 210 personas para atender 250.000 casos al año. Se ofrece un servicio integral en todas las materias y en ese sentido cabe destacar que somos un ejemplo para América del Sur y también fuimos pioneros. De todas maneras, es obvio que el número de Defensores es insuficiente porque reitero que somos 210 para atender 250.000 casos al año; los números saltan a la vista.

                Por estas razones, pretendemos apoyar todos los artículos que ya han sido aprobados por la Cámara de Representantes y contienen la creación y transformación de cargos.  A su vez, el proyecto de la  Suprema Corte expresa que los cargos que solicita son en todas las  materias, excepto la penal, y queremos dejar bien claro que no estamos de acuerdo con esto. Reitero, la Suprema Corte solicita esos cargos, excepto en materia penal. A la vez, tiene la esperanza -todos la tenemos- de que se apruebe el nuevo Código del Proceso Penal -de ser así se van a necesitar, obviamente, muchos más cargos de Defensores Penales- pero como no sabemos si se va a aprobar -ojalá que así sea- ni cuándo, consideramos que deben reverse los cargos que ya se aprobaron en la Cámara de Representantes y, en caso de que también se apruebe lo mismo en esta Cámara, sería pertinente que no se excluyera a la materia penal porque se estaría coartando el trabajo de los Defensores Penales, que llevamos más del 95% de las causas penales de todo el país. Por  esta razón, el número de Defensores Penales tiene que ser reforzado.

Tampoco estamos de acuerdo con otra solicitud de la Suprema Corte de Justicia que también fuera aprobada en la Cámara de Representantes. Concretamente, me refiero a la aprobación de la creación de un cargo de Defensor por Juzgado nuevo. Los Defensores trabajamos como mínimo de a dos en cada Juzgado. Por ejemplo, en materia de Familia se necesita un Defensor para el actor, uno para el demandado y otro para los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en una situación en que deben  presentarse ante el Juzgado. Entonces, tendrían que ser dos como mínimo; mejor aún si fueran tres. Pensamos que el hecho de aprobar la creación de un solo cargo de Defensor por Juzgado retrasa el funcionamiento de todo el sistema de Justicia de cada Juzgado, ciudad o pueblo, dependiendo del lugar en donde se trabaja. Por lo tanto, a nuestro juicio, reitero, se necesitan por lo menos dos Defensores públicos en cada Juzgado. Sin duda que, en materia de Familia se necesitan tres Defensores por cada audiencia. Entonces, es imposible que el sistema de Justicia pueda funcionar bien al votarse la creación de un solo cargo de Defensor para cada Juzgado. Digo esto porque mientras un Juez esté trabajando con un Fiscal y tres Defensores, habrá otros dos Jueces que estarán esperando a los Defensores para poder realizar sus audiencias. Insisto que consideramos que esto debe reverse y que nadie mejor que nosotros, que formamos parte de la Defensoría Pública y que sabemos cómo funciona, estamos en condiciones de hacérselos conocer.

Como hemos venido manifestando, los defensores públicos, desde hace cinco años, hemos sido excluidos de los aumentos salariales que se otorgaron al Poder Judicial en el quinquenio anterior. Además, fuimos los únicos funcionarios del Poder Judicial que no  se nos incluyó en la reestructura de cargos y funciones. Concretamente, esta reestructura trajo como consecuencia que todos los funcionarios cobraran  como mínimo en el quinquenio, un aumento del 40%. Asimismo, en el mismo período, se otorgó una partida del 33% por incompatibilidad absoluta para los Magistrados y cargos de particular confianza. Quiero señalar que nosotros,  los Defensores Públicos full time -la gran mayoría- tenemos la misma incompatibilidad que ellos -siempre decimos que no podemos vender ni un caramelo en la puerta de nuestras casas, porque no estamos autorizados para ello- pero no cobramos esa partida y nos gustaría que en algún momento se nos otorgara.

Por su parte, el artículo 454 de la Ley Nº 17.930, otorgó una recuperación de los salarios reales públicos -estamos hablando del quinquenio pasado- con excepción del Inciso 6, Poder Judicial -decía la norma- en virtud de que  el mismo ya había realizado su propia reestructura que incluía la recuperación salarial de los funcionarios. Pero dicha recuperación salarial -que representó en el quinquenio un 19,5%- tampoco la recibimos los defensores públicos porque no fuimos incluidos en la reestructura de cargos y funciones que hizo el Poder Judicial. Quiere decir que como nosotros no fuimos contemplados en la reestructura, tampoco nos incluyeron en la recuperación salarial y terminamos siendo los únicos funcionarios del Estado -o por lo menos eso es lo que nosotros creemos- que no la cobramos. Recordemos que la norma dice algo así como que ningún funcionario público podrá cobrar en el quinquenio menos que la recuperación salarial del quinquenio anterior. En nuestro caso se contravino la propia norma, porque no la cobramos. En este momento estamos en juicio con la Suprema Corte de Justicia para poder, por lo menos, cobrar esa recuperación salarial.

                En la Rendición de Cuentas de 2006 el Parlamento, advirtiendo todos los hechos que habían sucedido, nos otorgó una partida por perfeccionamiento académico sólo a quienes cumplíamos funciones full time que, en ese momento, equivalía aproximadamente al 10% de nuestros salarios; partida que subsanó en parte  aquel 40% que no se nos había otorgado. Esto ocurrió en el año 2006, y esa fue la única y  última partida especial que recibimos. Posteriormente a esta situación, la Suprema Corte de Justicia reconoció la injusticia y en las dos Rendiciones de Cuentas siguientes solicitó al Parlamento que nos otorgara el aumento producto de la recuperación salarial del quinquenio anterior, pero el Parlamento ya había entregado a la Suprema Corte los dineros de nuestros salarios y esta ya había hecho la reestructura. La respuesta del Parlamento fue que el dinero ya había sido entregado a la Suprema Corte de Justicia, la que a su vez  no lo tenía porque, repito, ya lo había distribuido, por lo que quedamos como rehenes de esta situación.

Si bien deseamos ser breves -la mayoría de los Senadores que se encuentran presentes ya nos conocen porque hace años que venimos planteando este problema- hay temas que no podemos evitar mencionar. Queremos señalar que los Defensores Públicos necesitamos que se nos apruebe un aumento diferencial. La Suprema Corte de Justicia solicita en el anteproyecto que se apruebe un aumento del 23,5% para todos los funcionarios. Por lo que hemos escuchado creemos que va ser imposible que se nos otorgue esta cantidad, pero habiendo iniciativa de la Suprema Corte de Justicia solicitamos que se nos dé un aumento diferencial por todo lo que hemos atravesado en estos años. Si el aumento fuera del 23,5%, sería maravilloso; tenemos la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y si se nos otorgara ese aumento diferencial subsanaría esta injusticia que se ha venido dando a lo largo de todo este tiempo. Además, los Defensores Públicos somos de los pocos funcionarios  que no cobramos la prima por asiduidad. En la Cámara de Representantes se aprobó el literal B) del artículo 624 del Mensaje del Poder Ejecutivo que solicita la prima por asiduidad para todo el Escalafón del Poder Judicial que contiene a los defensores y a los procuradores. Quiero aclarar que los procuradores también quedaron excluidos de todos estos reclamos que venimos manifestando. Como dije, este artículo 624 ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y sería muy bueno para nosotros que también se aprobara aquí.

                Por último, queremos manifestar que debe tenerse en cuenta que el acceso igualitario a la justicia es un derecho de la población y un deber del Estado democrático de Derecho que actúa como garantía de la real efectivización de los derechos humanos fundamentales. Y la defensa pública es un instrumento que posee el Estado para  cumplir con la obligación de asegurar el acceso igualitario a la Justicia, permitiendo que los derechos constitucionalmente establecidos puedan ser reconocidos y ejercidos efectivamente por todos los ciudadanos. Esto parece un discurso pero es verdad, venimos hablando de ello desde hace muchos años y trabajamos en estos temas tanto en la esfera nacional como internacional. En otros países como Argentina y Brasil la defensoría pública está reconocida y tiene una jerarquización con la que no contamos aquí. Es importante jerarquizar la defensa pública pues implica jerarquizar a las personas más vulnerables, que son las que necesitan de estos servicios. Una defensa pública débil significa dejar fuera del ámbito de la Justicia a los más necesitados y si queremos un acceso a la Justicia para todos, si queremos democratizar la Justicia, en ese caso, necesitamos fortalecer la defensa pública, a los efectos de que el acceso a la misma de los más vulnerables de nuestra sociedad no recaiga sólo en el esfuerzo personal de los defensores públicos y, en definitiva, sea una política de Estado. De esa forma entre todos haremos las cosas mucho mejor y nuestros asistidos serán los más beneficiados que es a lo que todos aspiramos.

                Es cuanto teníamos para decir y quedamos a las órdenes para responder cualquier pregunta que se nos quiera formular.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera dejar constancia de que tengo la misma preocupación, pues considero que los Defensores de Oficio son estratégicos, entre otras cosas, para la tranquilidad de las cárceles. Por tanto, vamos a analizar el tema para ver si podemos llegar a alguna solución. Como saben, el Poder Judicial es un poder autónomo y nosotros podemos ir hasta determinada instancia.

                Recuerdo bien que en el Presupuesto pasado discutimos mucho sobre el tema con la Suprema Corte de Justicia y tuvimos puntos de vista encontrados en algunos aspectos. Entendemos la pertinencia del reclamo y estamos de acuerdo con él. Recorriendo las cárceles percibimos la inquietud -que es parte de las distorsiones que existen allí dentro- en cuanto al apoyo porque la gente se siente realmente defendida en sus causas y ve que hay un horizonte delante, que es lo que le da cierta tranquilidad a quien está preso. Lo que nosotros notamos y vemos muchas veces es que la gente no va a la Defensoría de Oficio porque siente que no es fácil acceder a ese servicio y tiene que esperar mucho. Entonces, a veces realiza esfuerzos fuera de las posibilidades familiares para poder solucionar su problema. Eso lo tenemos registrado y, por eso, vamos a trabajar en el tema. Por todo lo dicho, queríamos dejar sentada esta constancia.

SEÑOR PEÑA.- Por mi parte, también quería dejar una constancia y analizar una situación que, en general, se va a dar en este Presupuesto con el Poder Judicial y no solo con los Defensores de Oficio, que realizan un reclamo que realmente es justo. Ya que se va a incrementar muchísimo el presupuesto, básicamente del Ministerio del Interior y en áreas que, sin duda, van a repercutir en el Poder Judicial, si el efecto que busca el Gobierno -y que buscamos todos- es la mejora de la seguridad pública, hay algunos organismos que no son específicamente del Ministerio del Interior y algunos actores del sistema, como es básicamente el Poder Judicial y quienes hoy están participando en esta Comisión, que van a ver incrementado muchísimo el trabajo por los efectos de ese aumento de presupuesto. Por ello, creo que el Poder Judicial y quienes estén en ese entorno, deberían ser acompañados de la misma forma que, en particular, se va a atacar el tema de la seguridad. Conociendo cuál es el problema al que nos vamos a enfrentar a corto plazo -ustedes no sólo tienen el problema de hoy, sino que seguramente mañana se acrecentará porque se estará ante una situación diferente, si dan resultado los mecanismos que, a través del Gobierno, se implementarán con el incremento del presupuesto en seguridad- les puedo adelantar que desde el Partido Nacional estaremos trabajando para intentar adecuar este presupuesto en la medida de lo posible.

SEÑOR PASQUET.- Precisamente, en el día de ayer tuvimos ocasión de plantear estos hechos -que acaba de señalar el señor Senador Peña- a los integrantes del equipo económico de Gobierno. Dado el importante fortalecimiento previsto para el Ministerio del Interior, cuyas asignaciones presupuestales aumentarán un 42% en el período, si no se fortalece de manera proporcional o en línea al Poder Judicial -en lo que tiene que ver con los Jueces, los Defensores Públicos y los Fiscales- creemos que se producirá un desbalance muy fuerte entre las personas sometidas a la Justicia Penal y la estructura penal, que será la que deberá recibir todo eso.

                Consideramos que en el curso de los treinta y cinco días que nos quedan de análisis, este tema tendrá que ser elaborado y digerido, tanto por el Gobierno como por la Suprema Corte de Justicia, de forma tal de tomar las previsiones del caso porque, de lo contrario, la situación desbordará las estructuras, ya hoy sobrecargadas, con las cuales el sistema penal tiene que recibir a las personas sometidas a su autoridad por la acción policial.

                Además, quiero decir que conozco -seguramente a nuestros visitantes les consta- la situación de la defensa pública, y comparto lo que han dicho acerca de la pertinencia y justicia de sus reclamos. Por lo tanto, esperamos que en diálogo con los representantes de la Suprema Corte de Justicia y del equipo económico, de aquí en más esta situación pueda ser atendida y corregida, pues se arrastra desde hace muchos años.

SEÑORA MOREIRA.- Según tengo entendido, ustedes están solicitando un aumento en el número de funcionarios, así como de salario; en ese sentido, me gustaría saber si tienen alguna cuantificación al respecto. Dicho de otra manera: quisiera conocer la cuantificación, tanto del aumento del número de Defensores Públicos como la erogación que tendría que hacer el Estado para cumplir con el aumento requerido, no solo por la incorporación de la asiduidad, sino por una eventual incorporación a las partidas especiales.

                Por otro lado, advierto que en el documento que nos han entregado figura que no quieren ser incorporados en la reestructura de la Asociación de Funcionarios.

SEÑORA STURLA.- Con respecto a este último punto, quiero decir que la Asociación de Funcionarios Judiciales está solicitando una reestructura de cargos y funciones en la que estaría incluyendo a los defensores públicos, y nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con esa medida. Durante meses, y dentro del ámbito del Poder Judicial -en lo que es la intergremial, que nuclea a los gremios de funcionarios, Jueces, Actuarios, peritos y Defensores- tuvimos ocasión de reunirnos con los representantes de la Suprema Corte de Justicia para negociar el presupuesto y manifestamos nuestra negativa a esa reestructura de funcionarios en la parte que nos compete. Nos parece que si ellos quieren hacer la reestructura y no involucran a los Defensores, no habría problema; nosotros jamás nos metimos en los ámbitos privados de los funcionarios y no vamos a permitir que lo hagan con nosotros, topeándonos los salarios y demás.

                En lo personal, siempre fui socia de AFJU. Antes de ser Defensores, todos fuimos funcionarios judiciales y nunca se nos ocurrió entrar a discutir sobre los destinos económicos de otros ámbitos o gremios. Así como nosotros no actuamos de esta manera con los funcionarios, no permitimos que lo hagan con nosotros. Esa reestructura nos perjudica; anteriormente salimos perjudicados y no queremos que la situación se repita.

                Insistimos en nuestra oposición a la reestructura en lo que incumbe a nuestro escalafón; sobre lo que decidan hacer ellos con los escalafones que integran la AFJU, no nos corresponde opinar.

                Con respecto a la primera inquietud de la señora Senadora, quiero manifestar que en este momento no disponemos de los números, pero se los podemos hacer llegar.

SEÑORA MOREIRA.- Serán muy bienvenidos.

SEÑORA STURLA.- Entonces, recopilaremos los números de la partida de asiduidad y de lo que correspondería al aumento que estamos solicitando. Basándonos en el 23,5% que pide el Poder Judicial -sabemos que es necesaria la iniciativa del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo- pensamos que si se nos puede conceder  ese porcentaje diferencial sería una forma de paliar la situación. En realidad, tendríamos que solicitar el 40%, porque ese fue el porcentaje que concedió como mínimo a todos los demás integrantes. En todo caso, podríamos tomar como base el 23,5% y después el Parlamento decidirá qué puede hacer; nosotros estaremos encantados de que nos puedan ayudar.

SEÑOR BARÁIBAR.-  Simplemente deseo subrayar algo, porque anteriormente los señores Senadores Pasquet y Topolansky ya habían referido el papel estratégico que tienen los Defensores de Oficio. He podido comprobar que en otros países la actuación de los Defensores de Oficio es de mucha jerarquía y significación en el ámbito de sus sociedades. En la medida en que el presupuesto en seguridad se va a ver incrementado, es evidente que ello va a tener muchas consecuencias en el área de la Justicia, y específicamente en la de los Defensores de Oficio.

                Más de una vez hemos recibido ciudadanos que vienen a plantearnos problemas de carácter jurídico, pero nos encontramos con que no conocen  la institución de los Defensores de Oficio,  y nosotros tampoco sabemos quiénes, cuándo y dónde atienden para poder derivarlos para que sean atendidos. Por ello, subrayo a los Defensores de Oficio y, por supuesto,  a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia la necesidad de publicitar en alguna medida dónde se cumple este servicio, aunque más no sea a través de un folleto explicativo, a efectos de que los ciudadanos tomen conocimiento de este servicio. Me parece que  es un servicio  elemental y, por tanto,  su mejora  va a redundar en un avance en la calidad de la Justicia y del papel que ustedes desempeñan, lo que en definitiva también fortalece la calidad de la democracia, que siempre tenemos que preocuparnos por perfeccionar. 

SEÑORA STURLA.- Lo que expresa el señor Senador Baráibar es real y eso demuestra que todos los temas están enrabados, porque el planteo tiene que ver con lo que hablábamos acerca de la jerarquización y de la falta de recursos de la defensa. El señor Senador hacía referencia a lo que ocurre en otros países, tema que también mencioné anteriormente. A modo de ejemplo, podemos hablar de los folletos que tienen nuestros colegas argentinos o brasileños, con los que llegan a toda la población. Inclusive, en Brasil se hace propaganda de la Defensoría por la televisión. Nosotros no pretendemos tanto, pero sí hacemos hincapié en dos aspectos fundamentales. Aspiramos que exista publicidad acerca de qué es la Defensoría, que todo el mundo tenga un acceso efectivo a ella y que haya más Defensores de Oficio, para que todo el que se acerque a pedir ayuda no tenga que hacer cola desde las cinco de la mañana. Precisamente, en la Defensoría de Oficio de Las Piedras, donde trabajo, la gente llega a hacer cola desde muy temprano, porque nosotros tenemos que atender público, ir a las audiencias y hacer los escritos en el correr de la tarde. Cabe precisar que las audiencias se extienden hasta las 18 horas, aunque a veces se prorrogan hasta las 19 o 20 horas. Por eso, la gente tiene que esperar durante mucho rato. Esto nos hace  preguntarnos por qué el que no tiene medios para acceder a la Justicia tiene que quedarse en la calle esperando horas y horas para ser atendido, y el que sí dispone de recursos puede dirigirse a un abogado cuando quiere y a la hora que desee. Estas son  cosas que hasta nos dan rabia porque, además, se podría resolver fundamentalmente con la contratación de un mayor número de Defensores de Oficio particularmente, en mi Defensoría, acaban de sacar otro Defensor de Oficio de Familia. Sé que todos tenemos ejemplos para dar, pero este es el más cercano que tengo. Es muy difícil trabajar en estas condiciones  y lograr que la gente se encuentre bien. Uno ve en esas colas a personas mayores, madres que vienen con sus niños en cochecitos.

Señores Senadores: están todos invitados a visitar la Defensoría de Oficio de Las Piedras para ver realmente cómo ocurren las cosas. ¡Ni hablar de las condiciones de la casa en que trabajamos! En verdad, la casa se está por derrumbar y en cualquier momento ‑ojalá que me equivoque- puede morir alguien. Sin embargo, no nos dan la posibilidad de mudarnos ni nos arreglan la casa y se nos dice que la situación no es importante, que las rajaduras se deben a que el inmueble es del siglo XIX, es muy viejo y se mueve. Realmente las paredes, las puertas, en fin, todo se cae a pedazos.  Es mucho lo que tenemos que mejorar.

Agradecemos a los señores Senadores los aportes que han realizado. Nos retiramos de esta Sala contentos de haber sido escuchados y sabiendo que se va a realizar todo lo que sea posible y de que hay buena voluntad de parte de todos los partidos políticos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Los agradecidos somos nosotros por la comparecencia de ustedes. La versión taquigráfica será enviada a los demás integrantes de la Comisión y será tomada en cuenta en el análisis del proyecto de ley.

                Muchas gracias.

(Se retira de Sala la delegación representante de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay.)

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(Ingresa a Sala la delegación representante del Museo sin fronteras de Rivera)

 

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Tajam)

SEÑOR PRESIDENTE (Héctor Tajam).- Recibimos al representante del Museo sin Fronteras de Rivera, señor Antonio María Boero, a quien solicitamos que en un término de quince minutos exponga los motivos por los cuales ha solicitado audiencia.

SEÑOR BOERO.- Mi nombre es Antonio María Boero. Soy Licenciado en Antropología, Arqueólogo, realicé la orientación de Asia y África I y me gradué en la República Argentina, en Rosario, Santa Fe.

                El Museo sin Frontera de Rivera inició sus actividades unas semanas antes del año 1979, cuando junto con la Intendencia Municipal de Rivera realizó su primera exposición en los salones del ex Banco Mercantil de Rivera, ubicado en la calle Sarandí entre Paysandú y Figueroa. Esa exposición, dedicada al indio y al gaucho, que  posteriormente fuera llevada a todo el interior, fue visitada en un período de veinte días por aproximadamente 9.500 niños. A solicitud de distintos centros docentes,  se reiteró en setiembre del mismo año, volviendo a ser visitada por una cantidad similar de personas.

                El Museo sin Fronteras, sin un lugar fijo y con un acervo histórico cultural que esperaba para ser expuesto, durante muchísimos años visitó incesantemente escuela por escuela y liceo por liceo en forma totalmente gratuita, como lo demuestran las constancias  otorgadas por las distintas instituciones. Recién en marzo de 2003 el Museo pudo alquilar un local en la calle Sarandí 743, donde expuso para el público en general y en forma gratuita 600 piezas de su acervo particular. El 2 de mayo del mismo año, por la Resolución Nº 2.617 del Ejecutivo departamental, su actividad fue declarada  de interés para el departamento. En mayo de 2007 el Museo abrió sus puertas en Avenida Italia 2394, donde realiza periódicamente exposiciones y actividades culturales. En abril de 2009, el proyecto “El Museo va a la Escuela” fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y cultura del Uruguay y el 4 de marzo de 2010 volvió a ser declarado de interés, junto con el proyecto presentado por el Museo sin Fronteras denominado “A los 175 años de la Revolución Farroupilha”, creado en honor a los hermanos brasileños y, especialmente, a los riograndenses. En junio de 2005, el Museo recibió el Diploma del “Cuarto Regimiento del Carro de Combate”, con asiento en la ciudad de Rosario, Río Grande del Sur, Brasil, por haber apoyado la creación del  Museo de Paso del Rosario de Ituzaingó, iniciativa que nunca logramos concretar en Uruguay. En el 2007 el Museo recibió el diploma “Amigos del Séptimo Regimiento” en Santana do Livramento, por haber creado el Séptimo Regimiento de Caballería Federal Brasileña.

                El Museo realizó un total de 520 exposiciones en liceos, escuelas, centros educativos, unidades militares de Brasil y de Uruguay, centros de discapacitados y al INAU, al cual nos dedicamos mucho y de ello tenemos las constancias correspondientes. Hemos visitado escuelas de Rivera, Livramento y toda la región, y también hemos participado en distintas actividades en Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo.

                En el año 2008, junto con el Consulado de Brasil en Rivera, en el hall de la Intendencia Municipal se realizó la exposición “Brasil - Uruguay, la historia que nos une”, donde concurrieron a lo largo de veinte días un promedio de 3.500 escolares, porque el Museo sin Fronteras se dedica fundamentalmente a estudiantes y, en forma particular, a escolares, así como a público en general. Lo mismo se repitió en el departamento de Tacuarembó en el 2010, y también se realizaron junto con el Consulado de Brasil en Rivera dos muestras históricas en el evento cultural denominado “Patria Gaucha”, en el departamento de Tacuarembó, en los años 2009 y 2010.

                Como complemento de la actividad cultural que realiza el Museo, hemos publicado los siguientes libros o álbumes fotográficos, dedicados fundamentalmente a Primaria: “Rivera - Livramento I”, declarado de interés departamental; “1904, Campo de Masoller”, declarado de interés departamental; “La Guerra del Paraguay”, declarado de interés departamental; “Rivera - Livramento II”, declarado también de interés departamental y “Conceptos Básicos de la Prehistoria”, dedicado a los primitivos habitantes. Ahora en junio, para la visita de los señores Presidentes, el Museo sin Fronteras confeccionó para Itamaratí, con fondos de Itamaratí, el libro que fue entregado a las autoridades de ambos países.

                En lo que va del año, el Museo sin Fronteras trabajó con un promedio de 4.800 escolares en forma totalmente gratuita, recibiéndolos en el Museo o, si la escuela está muy alejada, a través del proyecto “El Museo va a la escuela”. En la Semana del Patrimonio, por solicitud de la Intendencia de Tacuarembó, se trabajó con 780 alumnos, de forma totalmente gratuita.

                El Museo sin Fronteras solicita en este momento un apoyo mensual para gastos de mantenimiento, luz, limpieza, teléfono y personal, ya que la cantidad de alumnos que quiere visitar supera sus posibilidades de brindar la atención que en forma gratuita realiza al trabajar con más de 6.000 niños al año, como así lo demuestra la constancia otorgada por la Inspección Departamental de Rivera, cuya copia hemos adjuntado.

 En la actualidad, el Museo está trabajando con el tema “A los 200 años de la Gesta Artiguista”, visitando escuela por escuela con el proyecto “El Museo va a la escuela”, que como ya dije fue declarado de interés nacional.

                Las actividades agendadas para realizar por parte del Museo, a partir de este año y para el año que viene, si se concreta algún apoyo económico solicitado, son las siguientes: “Artigas y los Indios” -esto ya lo estamos haciendo en forma gratuita en las escuelas- “Artigas y los Gauchos”, “Purificación: Historia de un Pueblo”, “Batallas Artiguistas” y “Las Banderas  Federales”. Asimismo, quiero decir que en el año 2005 logramos interesar al Ejército para que se haga en Paso del Rosario, donde se produjo la Batalla de Ituzaingó, el Museo de Paso del Rosario o de Ituzaingó.

                Cuando fueron la BBC y la Red O Globo a filmar la réplica de la Batalla, también logramos  -a través del Comandante Ramallo, que infelizmente murió en un accidente aéreo- una participación de la mujer oriental, y es algo que quería comentar aquí.

                Aparte de la solicitud económica, el gran proyecto que estamos manejando en relación al Museo es una exposición sobre la mujer oriental, que ha estado totalmente olvidada. Todos pueden ver una cantidad de exposiciones sobre hechos en los que hemos participado los hombres pero, como dije, la mujer ha estado totalmente olvidada, sin embargo, a ella le corresponde el 70% del proceso de la independencia nacional. Fue la que se quedaba en la casa, atendía al marido -si volvía; a veces lo hacía totalmente imposibilitado- criaba a los hijos, araba, cercaba, etcétera. Es decir que todo caía sobre ellas cuando los hombres partían para la revolución. Hay que tener en cuenta que este ha sido un país de revoluciones; tan es así que Richard F. Burton, enviado de la Reina de Inglaterra a la Guerra del Paraguay, dijo que nunca había visto, en tan poco tiempo, tantas revoluciones. Pero, ¿quién pagaba las consecuencias de esas revoluciones? Sin lugar a dudas, la mujer.

                En consecuencia, creo que a los doscientos años de la Gesta Artiguista nosotros -Museo sin Fronteras, el Senado de la República y el pueblo uruguayo- tendríamos que rendir un homenaje a la mujer.

                Otra idea que tengo -también un homenaje- es la de trabajar con niños, con escolares, en cuanto a lo que sería una linda exposición sobre el Uruguay indígena, que nunca se hizo, pero a estos efectos debemos contar con un apoyo económico.

Quiero aclarar que nosotros trabajamos con todos los niños, no seleccionamos a nadie y felizmente mantengo un vínculo con el ejército de Brasil, colaboro con él. Me prestan un ómnibus y llevo a niños de Rivera a Brasil pero, desgraciadamente no he podido llevar nunca niños estatales, que son los más necesitados, y ¿saben por qué? Porque me cuesta mucho cruzar la frontera. Sin embargo, desde Brasil los escolares nos visitan constantemente.

En lo personal, como antropólogo y arqueólogo trabajé para una empresa americana, Weyerhaeuser, y para hacer un reconocimiento del suelo, en los años 2005 y 2006, pedí como condición, que me permitiesen montar un “museíto” en los locales de Colonvade, en Rivera y los americanos aceptaron. Me concedieron dos días para coordinar esto y, durante dos años, recibí dos grupos de niños por la mañana y dos por la tarde. Créanme, señores Senadores -tengo pruebas a este respecto- que en una oportunidad llegaron los cinco niños de una escuelita y, cuando les dimos el almuerzo, se “dieron vuelta” para comer.

Como orientales, considero que, por encima de toda dificultad, debemos llegar a todos los lugares y eso tiene un costo. Sería lindo poder hacer esto constantemente, pero no podemos, ya nuestra camioneta “Pampa” está liquidada. Reitero que tengo constancias de todo lo que estoy diciendo y se puede preguntar directamente en Rivera.

Vine solo, señores Senadores, pero sepan que detrás de mí hay 20.000 niños y 40.000 padres que me están acompañando espiritualmente.

SEÑOR PRESIDENTE (Héctor Tajam).- Agradecemos la fundamentación efectuada por el representante de “Museo sin Fronteras”.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quería preguntar cuál es el monto de lo que se nos solicita, para después manejar los números correspondientes.

SEÑOR BOERO.- Estamos hablando, aproximadamente, de un monto de        $ 30.000 $ 35.000 para mantenimiento. Queremos contar con el apoyo de los señores Senadores para avanzar, no solamente estamos hablando de Rivera, sino también de Tacuarembó, Cerro Largo, Paysandú, etcétera. He visitado casi todas sus escuelitas -muy lindas todas- pero pensamos que los niños, a veces, necesitan otro tipo de apoyo que sus maestros no les pueden dar.

                Los señores Senadores que se interesen pueden, para mayor información, ingresar en nuestra página web.

SEÑOR BARÁIBAR.- Quisiera hacer una pregunta; quizás nuestro invitado ya lo dijo, pero no lo registré.

                Concretamente, quisiera saber si reciben alguna colaboración de la Intendencia Municipal de Rivera.

SEÑOR BOERO.- Para realizar algunas actividades para la Intendencia Municipal de Rivera recibimos de ella $ 8.000, de los que debemos descontar el IVA y la Caja, por lo que quedan $ 3.500, que igualmente vienen bien. No obstante, debo decir que siempre que hemos solicitado apoyo a la Intendencia lo hemos recibido, ha colaborado en todas nuestras actividades y no solo ella sino también el Ejército, la Policía y todas las instituciones públicas; aprovecho para manifestar mi agradecimiento a este respecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Héctor Tajam).- El Inciso “Subsidios y subvenciones” acuerda partidas anuales, pero aquí se ha presentado un presupuesto mensual.

SEÑOR BOERO.- Sí, esa es la forma como nos manejamos. Por último, quería comentar que en el Museo contamos con 135 imágenes, por lo que se trata del más grande museo de este tipo, no solo de Uruguay, sino de Río Grande del Sur.

SEÑOR PRESIDENTE (Héctor Tajam).- Tendremos en cuenta su solicitud y su fundamentación, que será estudiada por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

 

(Se retira de Sala el representante del Museo Sin Fronteras de Rivera.)

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(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Magistrados del

Ministerio Público y Fiscal)

-La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, compuesta por el doctor Araújo, Presidente de la Asociación, la doctora Guianze, Fiscal Letrada Nacional en lo Penal, el doctor Negro, Fiscal Letrado Departamental de Las Piedras, la doctora Nípoli, Fiscal Letrada Adjunta, y el doctor Palomeque, Secretario Letrado de Fiscalías Penales.

SEÑOR ARAÚJO.- Soy Fiscal Nacional en lo Civil de 11º Turno.

                Junto a los compañeros de la Asociación hemos venido a plantear las reivindicaciones que consideramos justas en esta instancia presupuestal. Aquí están representados todos los peldaños de la escalera que compone el organismo, ya que están presentes desde el Asesor, doctor Palomeque, hasta los Fiscales Nacionales, que son la doctora Guianze -que no necesita presentación- y quien habla.

SEÑORA GUIANZE.- Soy Fiscal Penal de 2º Turno. En este momento no integro la Comisión Directiva, pero sí la Comisión de Presupuesto y, en ese sentido, estoy colaborando con los compañeros, ya que en cada instancia de Presupuesto y de Rendición de Cuentas hemos venido a este ámbito a plantear nuestras reivindicaciones que, desde 1985 a la fecha, han sido siempre las mismas.

                De acuerdo a nuestra Ley Orgánica, establecida en el Decreto-Ley       Nº 15.355, estamos equiparados a los Magistrados del Poder Judicial por todo concepto, es decir, en la carrera, dotación, jubilación y retiro. Esta Ley Orgánica está vigente, por lo que tenemos un Estatuto que nos ampara en cuanto a la equiparación, pero en los Presupuestos no se prevén las partidas que corresponden a efectos de que contemos con esa equiparación en forma operativa.  No sabemos si esto ocurre debido a nuestra ubicación institucional   -estamos incluidos en el Ministerio de Educación y Cultura- que no permite que se nos dé un tratamiento diferencial. A continuación, mis compañeros se referirán a la forma en que solicitamos que esas partidas sean incorporadas al Presupuesto.

La otra reivindicación que creemos muy importante es la creación de Fiscalías. Los señores Senadores saben que se crean Juzgados de violencia doméstica, pero eso no se ve acompasado con la creación de Fiscalías, lo que volvería a aquellos inoperantes. Entonces, pedimos que se creen una o dos Fiscalías de violencia doméstica.

SEÑOR NEGRO.- Siguiendo el razonamiento de la doctora Guianze, venimos a pedir a los señores Senadores su atención a un tema que para nosotros es de fundamental importancia: la equiparación salarial con los funcionarios técnicos del Poder Judicial. En ese sentido, proponemos una única disposición que consta de tres incisos. En primer lugar, incluye la norma de equiparación genérica, plasmada ya en anteriores Leyes de Presupuesto -la que viene del año 1986, como dijo la doctora Guianze, y la que está en la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal- pero, a su vez, en el segundo inciso, la baja a tierra -por decirlo de algún modo- porque habilita a la Contaduría General de la Nación a dar los créditos presupuestales necesarios. Sin esa habilitación, que hoy está omitida en el proyecto de Presupuesto enviado por el Ministerio de Educación y Cultura, nos quedamos con el derecho a la equiparación pero sin los rubros, es decir, sin que eso se plasme en la realidad.

Concretamente, en el tema práctico salarial de los funcionarios del Ministerio Público, esta realidad de la equiparación se manifiesta de dos maneras. Ante todo, a través de la llamada Partida de Incompatibilidad Absoluta, creada por la Ley de Presupuesto anterior, Nº 17.930, donde se concedió a los Jueces un aumento del 33% en el quinquenio. Vale señalar que ese aumento también fue otorgado al Ministerio Público, en virtud de que en esa oportunidad sí se incluyó una cláusula que habilitaba a la Contaduría General de la Nación a darnos los créditos necesarios. Sin embargo, hoy no sucede lo mismo con el 6% que se prevé en el artículo 633 del actual proyecto de Presupuesto. En esa disposición se otorga dicho aumento en el quinquenio, pero nada se dice respecto de los funcionarios del Ministerio Público y Fiscal ni de los Magistrados  -como bien dijo el doctor Araújo, están todos representados acá- que van desde el Fiscal Nacional hasta el Secretario Letrado, detentando hoy este último la calidad de magistrado.

                Básicamente, esa es la primera parte del planteamiento de equiparación, que refiere a la mencionada Partida de Incompatibilidad Absoluta.

                La segunda parte será desarrollada por mi compañero el doctor Palomeque. Sin embargo, no quiero terminar esta breve exposición sin pedir que, por favor, se ponga especial atención en el Ministerio Público, porque está llamado a ser, dentro de poco tiempo, uno de los ejes de la reforma del sistema procesal penal. Por nuestra parte, estamos dispuestos a asumir esa gran responsabilidad pero, para poder desarrollarla en forma digna y eficiente, debemos tener la categoría que la función merece.

                Muchas gracias.

SEÑOR PALOMEQUE.- Participo de la Asociación de Fiscales en representación de los Secretarios Letrados. Ante todo, quiero hacer una breve acotación a lo que acaba de mencionar el doctor Negro sobre la Partida de Incompatibilidad Absoluta.

En el memorándum que hemos proporcionado está incluido el costo quinquenal que significaría ese aumento para 240 funcionarios; creemos que es imprescindible que los señores Senadores cuenten con esa información.  Voy a ingresar al análisis de lo que se ha denominado “partida de perfeccionamiento académico”.

                En el año 2001, a través de la Ley Nº 17.296, se creó esta partida de perfeccionamiento académico -que representa el caso más evidente de que no se está respetando debidamente el principio de equiparación- para el Poder Judicial, que tiene un mecanismo propio de actualización de su rubro salarial. En el artículo 330 se crea una partida de perfeccionamiento académico también para los Fiscales y técnicos del Ministerio Público, pero se asignó a gastos de funcionamiento. Esto significa que en el primer año del quinquenio no hay diferencia con los cargos a los que estamos equiparados del Poder Judicial, según el detalle que figura en el memorando que ustedes tienen. En promedio, la diferencia entre cada cargo es de $ 700 u $ 800  -también se ha hecho  un costeo en el quinquenio- pero en los años subsiguientes se va a operar un desajuste porque, en nuestro caso, como la partida corresponde a gastos de funcionamiento, se pierde valor respecto de los cargos del Poder Judicial. Esperamos que en el memorando estén suficientemente claras las diferencias mensuales actuales, por ser el último año del quinquenio. Además, les hemos hecho llegar un costeo de lo que significa el pasaje de esta partida de perfeccionamiento al rubro que corresponde -es decir, si se la sacara del rubro de gastos de funcionamiento- porque si continúa como hasta ahora, la diferencia va a persistir. Tengan presente que en el Inciso 11, artículo 510 -que vino de la Cámara de Representantes- el Ministro de Educación y Cultura prevé para la Fiscalía de Corte un incremento en gastos de funcionamiento donde está incluida la partida de perfeccionamiento.

Básicamente, es todo lo que tengo para comentar. Muchas gracias.

SEÑORA NÍPOLI.- Mi nombre es Silvia Nípoli y soy  Fiscal Adjunta en lo Penal.

                Lo que venimos a solicitar es la creación de dos Fiscalías más especializadas en violencia doméstica porque en el nuevo proyecto de ley se prevé la existencia de cuatro Juzgados. Quiero explicar a los señores Senadores que debido al manejo de distintas situaciones de la problemática infantil nos vemos obligados a estar todo el tiempo haciendo este trabajo y para ello necesitamos mucho desempeño de tareas.

SEÑOR ARAÚJO.-Para terminar, quiero hacer hincapié en lo que ha dicho la doctora Guianze y, finalmente, la doctora Nípoli en cuanto a la fórmula espejo acerca de la creación de las dos Fiscalías especializadas en violencia doméstica. Este es un tema crucial y los que ocupamos antes los Juzgados Civiles y ahora los especializados, nos encontramos en la imposibilidad de atender una problemática que está en permanente crecimiento y que integra todo un entorno muchísimo más amplio, porque no nos estamos refiriendo a datos aislados. En este sentido, ponemos el foco en la creación al menos de una Fiscalía para mantener esa fórmula espejo que teníamos hasta el momento con cuatro Juzgados, dos Fiscalías. Lo ideal sería la creación de dos Fiscalías para salvar la brecha y rendir en la medida de las exigencias, dando una ayuda efectiva que por más que esta sea nuestra  intención, en la actualidad  no estamos logrando.

                Quiero agradecer enormemente la atención que han tenido hacia nuestros predicamentos y esperamos que, en la medida de sus posibilidades, sean acogidos los que los señores Senadores entiendan pertinentes. Estas son nuestras propuestas, nuestros postulados; luego vendrá otro grupo de compañeros del Ministerio Público y Fiscal que plantearán sus reclamos.

SEÑOR PRESIDENTE (Héctor Tajam).- No tenga dudas que sus propuestas van a ser estudiadas.

SEÑORA MOREIRA.- Adelanto que he estado reunida con nuestros visitantes. Me parece que hay dos demandas que son muy atendibles. Una de ellas está dentro de la normativa vigente: la equiparación con los salarios de los Jueces. Quiere decir que  hay un conjunto de medidas para que ello efectivamente se cumpla y que ya están amparados por una normativa más general.

                Creo que hay que  prestar especial  atención a este tema porque en los últimos años se ha dado un crecimiento astronómico de denuncias por violencia doméstica. Entonces, todas las medidas que el Estado pueda tomar para acompasar las que se adopten a nivel judicial, como la creación de nuevas fiscalías, están dentro de las políticas que el Gobierno está siguiendo adelante con relación a este fenómeno de la violencia doméstica, lo cual me parece es la segunda parte -diría,  muy importante- de la exposición de nuestros visitantes.

SEÑOR PASQUET.- Yo también he conversado con anterioridad con los representantes de la Asociación de Fiscales. Conozco los temas que nos han planteado y creo que sus reclamos son justos y bien fundados.

                También me parece pertinente lo que plantean con relación a la creación de cargos para la atención de los nuevos Juzgados de violencia doméstica. A su vez, como efectivamente están llamados a cumplir un papel trascendente en el nuevo ordenamiento procesal penal -que, si todo va bien, esperamos sancionar el año que viene- sería de prudencia empezar a fortalecer desde ya el Ministerio Público porque va a ser más fácil hacerlo gradualmente que en forma brusca cuando entre en vigencia la nueva normativa. Pero, además, hay una razón adicional, que hemos venido señalando aquí -por lo que  va a sonar repetitivo para los colegas que nos escuchan- y que ahora  plantearemos para conocimiento de nuestros invitados, y es que al producirse -como así sucederá- un fortalecimiento importante del Ministerio del Interior, eso se traducirá en una mayor eficacia policial, por lo que habrá más personas sometidas a la administración de la Justicia Penal. Por tanto, es importante prever esa situación y dotar al Ministerio Público de los recursos necesarios para enfrentar ese hecho en forma adecuada. De manera que esperamos que todo esto esté presente en el Plenario a la hora de tomar decisiones,  que confiamos redunden en el necesario fortalecimiento de la Justicia penal en todos sus aspectos, entre ellos, en lo que tiene que ver con el Ministerio Público.

SEÑOR NEGRO.- Quiero pedirles a las señoras Senadoras y señores Senadores que recuerden que va a concurrir  el señor Ministro de Educación y Cultura, quien habló con nosotros y está familiarizado con nuestra problemática. Además, él es sensible al planteo que hemos realizado y nos manifestó su legitimidad y su conformidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Héctor Tajam).- Cuando comparezcan los representantes del Ministerio de Educación y Cultura seguramente vamos a tener en cuenta sus planteos.

                Muchas gracias.

 

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de

Magistrados del Ministerio Público y Fiscal.)

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(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás.)

 

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación de Fiscales Adjuntos del Ministerio Público y Fiscal.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda tiene el agrado de recibir a representantes de la Asociación de Fiscales Adjuntos del Ministerio Público y Fiscal. Queremos aclarar que la versión taquigráfica será enviada a los demás señores Senadores que no integran esta Subcomisión de Audiencia, pero sí la de Presupuesto Integrada con Hacienda.

SEÑORA PUIG.- Somos Fiscales Adjuntos del Ministerio Público y  Fiscal. La Ley Nº 15.365 es la que regula este Ministerio y en su artículo 1º establece que el Ministerio Público constituye un cuerpo técnico administrativo y jerarquizado al Poder Ejecutivo. En la actualidad, y desde larga data, integra el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. A los efectos de la carrera, antigüedad, dotación, jubilación y retiro, las funciones de este Ministerio se encuentran equiparadas a la judicatura, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 24 de la citada ley. A su vez, esta Ley Orgánica establece que al Ministerio Público se ingresa por el cargo jerárquicamente inferior que es el que nosotros ejercemos. Así lo dispone el artículo 31 que, en concordancia con el artículo 4º, establece la estructura orgánica del Ministerio Público.

En el caso de los Fiscales Adjuntos tenemos incompatibilidades propias de los Magistrados y, en este sentido, no podemos ejercer la profesión, el comercio, ni ninguna otra función pública retribuida con excepción de la docencia a nivel de la educación superior. Además de las incompatibilidades propias, necesitamos venia del Senado a los efectos de acceder a este cargo.

                El Fiscal Adjunto es adscripto al despacho de un Fiscal Nacional, ya sea en materia civil, de menores, penal, de hacienda o de violencia doméstica. Somos Magistrados que ejercemos funciones en las Fiscalías Letradas Nacionales, únicamente, de Montevideo. En este momento somos 38 Fiscales Adjuntos.

                En la actualidad nuestra función reviste especial relevancia y jerarquización, fundamentalmente porque a través de los años la complejidad y el volumen de trabajo de la Fiscalías Letradas Nacionales se ha ido incrementado notoriamente.

                De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica, el Fiscal Adjunto es adscripto -como dije- a los Fiscales Letrados nacionales y la función específica que establece este artículo para ellos es, concretamente, la cooperación con el Fiscal Nacional en todas las tareas de carácter técnico necesarias para el cumplimiento del servicio. Cabe destacar que este cometido es fundamental, desde que el Fiscal Nacional cumple y desempeña su tarea en forma coordinada con el Adjunto, a los efectos del debido y fiel cumplimiento del servicio en tiempo y forma.

                Por otra parte, también debe tenerse presente que los intereses que defiende el Ministerio Público son importantísimos y superiores, dado que se está defendiendo a los menores, a los incapaces, a las víctimas de violencia doméstica, y en otros casos se promueve la acción penal. Asimismo, se defiende el interés y la causa pública, es decir que son tareas sumamente delicadas e importantes que el Fiscal Nacional ejerce directamente con la cooperación del Fiscal Adjunto.

SEÑORA FAGIANI.- Buenas tardes a todos y muchas gracias por recibirnos, soy la doctora Sonia Fagiani, Fiscal Adjunta de Menores de Primer Turno.

                 Mi actividad como Fiscal Adjunta se desarrolla en la Fiscalía de Menores de Primer Turno desde 1994. Como ustedes sabrán, en Montevideo funcionan tres Fiscalías Letradas de Menores, integradas por tres miembros: un Fiscal titular, un Fiscal Adjunto y un técnico. El régimen de turnos es rotativo, semanal cada quince días, y nos encargamos de todas las infracciones cometidas a la ley penal por menores de 18 años, en el período en el cual actuamos.

                Como es de público conocimiento, el Derecho Penal juvenil es una materia sumamente delicada y la comisión de hechos ilícitos violentos cometidos por menores se ha incrementado en los últimos años, afectando a la sociedad en su conjunto. Nuestra labor como Fiscales es defender los intereses de la sociedad con los elementos que tenemos a nuestro alcance, es decir, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Penal, el Código General del Proceso, convenios internacionales y organismos que actúan conjuntamente, sobre todo el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay         -INAU- diversas ONG y otros.

                La actuación específica del Fiscal Adjunto se puede dividir en dos partes. La primera refiere a la actividad desarrollada en la Fiscalía u oficina donde colabora con el Fiscal Titular en la realización de vistas, recursos, licencias o acusaciones donde se establece la medida socio educativa a aplicar a los menores infractores. Dichas medidas comprenden desde la internación -como último recurso- hasta trabajos comunitarios o libertad asistida, etcétera, todo de acuerdo con la valoración que cada uno de nosotros realiza y con todos los elementos -hecho delictivo, antecedentes, personalidad del menor, su evolución, etcétera- a tener en cuenta.

                En cuanto a la actividad realizada en la sede judicial, el Fiscal Adjunto al igual que su equipo -Fiscal Titular y técnico- se desempeñan en los turnos en toda la etapa indagatoria que comprende: declaración de damnificados, testigos, funcionarios aprehensores, actas de reconocimiento y declaración de menores con presencia de su familia y de la Defensa, dejando constancia de que su presencia es preceptiva en todas las etapas procesales, so pena de nulidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 69 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia.

                Culminada la instrucción, el Fiscal Adjunto actuante solicita al Juez el inicio del procedimiento, en su caso, o el archivo del expediente si no encontrara mérito suficiente, así como la medida cautelar que considere pertinente aplicar al joven de autos, que varía desde la internación o el arresto domiciliario hasta la concurrencia a la sede a fin de tener entrevistas con el equipo técnico; todo esto bajo su firma y responsabilidad, ya que en muchas oportunidades actuamos solos, sin la presencia del Fiscal titular.  Asimismo, fuera del turno, o concomitantemente, el Fiscal también debe estar presente en la lectura de sentencia, audiencia de sustitución de medidas de reencuadre, audiencias de prueba, etcétera.

                Por último, me gustaría mencionar el principio de inmediación, por el cual estamos en contacto directo con el menor infractor y su familia. Esto favorece la óptica del Fiscal Adjunto como operador del Derecho pero, también, muchas veces nos hemos visto expuestos en lo que hace a nuestra integridad física. Digo esto porque en varias oportunidades se han producido hechos de violencia o amenazas contra los que allí nos encontrábamos.

                Espero que con esta breve reseña -aunque por su brevedad, quizás no dé una visión global- haya sido útil para ilustrar a los señores Senadores sobre nuestro desempeño y, fundamentalmente, sobre el porqué de nuestras aspiraciones en este momento.

SEÑORA BEROIS.- Soy la doctora María del Carmen Berois, Fiscal Adjunta en lo Civil. En primer lugar, quiero agradecer a los señores Senadores por habernos recibido.

                Concretamente, voy a plantear el tema presupuestal. Los Fiscales Adjuntos estamos en una situación de desprotección salarial. Somos Magistrados y, por tanto, como ya lo han mencionado mis compañeras, no podemos ejercer ninguna otra actividad, salvo la enseñanza terciaria a nivel superior y público. Contamos con un ingreso que creemos que no está de acuerdo a la responsabilidad y a la jerarquización  que el cargo tiene. Digo esto porque somos Magistrados y para ser designados como tales necesitamos la venia del Senado y tenemos las mismas responsabilidades que los Fiscales Letrados Nacionales. Quiero aclarar que esto último no lo decimos nosotros, sino que como bien lo señaló mi compañera, está fundamentado por lo que establece  el artículo 18 de la ley del Ministerio Público, Nº 15.365. Por lo tanto, podemos decir que, con el paso de los años, las funciones del Fiscal Adjunto han aumentado. En ese sentido, hay muchas Fiscalías que están vacantes, razón por la cual el Fiscal Adjunto tiene que asumir la responsabilidad de llevar adelante el trabajo del Fiscal titular y, en las que no están vacantes, trabaja codo a codo con él. Podemos decir que el Fiscal Adjunto sería algo así como un secretario, una persona de confianza del Fiscal nacional. Por todas estas razones, solicitamos una mejora salarial. Digo esto porque en los últimos años se ha abierto una gran brecha entre lo que gana un Fiscal nacional titular y un Fiscal Adjunto. Hace unos años la diferencia salarial entre ambos cargos era de $ 10.000 pero, actualmente, es de más de $ 30.000. Informo a los señores Senadores que esto lo podrán corroborar en los recibos de sueldo que adjuntamos y que tan amablemente mi Fiscal nacional me concedió.

                Quiero señalar que muchas veces nos vemos desbordados de trabajo, tenemos muchas responsabilidades y, además, hay muchas Fiscalías en las que el cargo de Fiscal  titular está vacante y es el Fiscal Adjunto el que tiene que estar al frente de ellas. Por todas estas razones, creemos que es justo y necesario que obtengamos una mejora económica. Para citar un caso notorio, podemos mencionar la Fiscalía del doctor Möller, que desde el 2004 está vacante, salvo en el año 2008, cuando durante un año y tres meses se hizo cargo un Fiscal, pero luego ha sido el Fiscal Adjunto el que ha estado al frente de la Fiscalía. Pero, insistimos, como esta, existen muchas Fiscalías que están vacantes.

                Quiero que quede claro que estamos hablando de treinta y ocho Fiscales Adjuntos, porque este cargo existe solo para Montevideo; no existe en el interior del país. Asimismo, en el memorandum que entregamos a los señores Senadores, adjuntamos lo que significaría para el Estado nuestro reclamo, mensual y anualmente, a los efectos de facilitarles, en estos momentos, la comprensión.

                Es cuanto tenía para manifestar, y quedamos a las órdenes para responder cualquier pregunta.

SEÑOR BARÁIBAR.- Tengo en mi poder las liquidaciones de sueldos y, sin duda, puedo advertir que la diferencia entre unos y otros es bien importante.

Me gustaría saber en qué año la diferencia entre ustedes, que ahora pasa a ser de de $ 30.000, era de $ 10.000. A grandes rasgos, también quiero saber cuáles fueron las instancias presupuestales o de Rendición de Cuentas en las que esa brecha se fue ampliando. Por último, quiero saber si esa brecha que se fue ampliando se debió a que en algún momento hubo un salto salarial grande para los Fiscales nacionales o a que en alguna medida se produjo un congelamiento en la remuneración de los Fiscales Adjuntos.

SEÑORA BEROIS.- En el año 1994 -año en el que ingresé como Magistrado en el Ministerio Público y Fiscal- la diferencia con los Fiscales nacionales era de $ 10.000. La diferencia con los Secretarios Letrados -que, si bien integran el Ministerio Público, no están comprendidos dentro de la Ley Orgánica- Adjuntos y Fiscales Letrados nacionales era de $ 10.000. Concretamente, no sabría decir en cuánto se ha aumentado esa brecha en los últimos años. Pido disculpas porque es la primera vez que los Fiscales Letrados Adjuntos reclamamos algo, porque siempre venimos en representación de la asociación que integramos. Así como los Secretarios hicieron una serie de reclamos, nos vimos en la obligación ante nuestros compañeros -alguien tenía que asumir esta responsabilidad- de decir que hay una brecha salarial importante; prácticamente cumplimos las mismas funciones y, a igual función, igual remuneración. De todos modos -queremos que esto quede claro- no pretendemos ganar igual que los Fiscales Letrados nacionales que recorrieron toda la República, sino acercarnos. Reitero que no sé cuál fue el momento en el que se disparó esa diferencia, pero puedo averiguarlo.

SEÑOR PASQUET.- Me parece que si queremos comparar los sueldos de ahora con los del año 1994 tenemos que tener en cuenta la depreciación de  la  moneda,  pues  los $ 10.000 de aquellos años no son lo mismo que ahora, aunque es un tema secundario.

                Quería preguntarles si ustedes están de algún modo “enganchados”       -disculpen la expresión tan usual- de Derecho y “desenganchados” de hecho con los Fiscales Letrados, tal como les ocurre a los Fiscales con los Jueces. Quiero saber si el problema viene por ahí o si no hay alguna clase de “enganche”. En tercer lugar, me gustaría saber cuántas vacantes hay en las Fiscalías titulares.

SEÑORA BEROIS.- Somos Magistrados y tenemos Categoría N), por lo que estamos asimilados a Magistrados y equiparados a un Juez de Paz de Montevideo, de la misma forma que el Fiscal Letrado nacional está equiparado a un Ministro de tribunal.

SEÑOR PASQUET.- Entonces, la remuneración que ustedes perciben no es la misma que la de un Juez de Paz de la capital.

SEÑORA BEROIS.- No, señor Senador, porque a ellos se les liquida diferente el IRPF y la partida por perfeccionamiento académico subió para ellos y para  nosotros no.

Con respecto a las vacantes,  puedo decir que desde el año 2004, la Fiscalía en lo Civil de 4º Turno, que era ocupada por el doctor Möller, se encuentra sin titular. En el año 2008, durante un año y tres meses, se designó un Fiscal titular, el doctor Cancela, pero desde hace tres años quedó nuevamente vacante. A su vez, la Fiscalía en lo Civil de 7º Turno también está vacante. El mes que viene quedará vacante la Fiscalía en lo Civil de 8º Turno de la que soy adjunta y, próximamente, en Penal van a quedar muchas vacantes, como ser la Fiscalía de la doctora Machado y la del doctor Fernández Dovat. Asimismo, en Civil el año que viene se va a producir una vacante en la Fiscalía del doctor Hernández. También estuvo vacante, durante mucho tiempo, la Fiscalía de la doctora Fajardo. En esos casos, es el Fiscal Adjunto quien ha tenido que llevar a cabo la tarea y la responsabilidad porque, si bien sabemos que hay un subrogante que es quien firma y pone todo su empeño, este tiene su Fiscalía, en los hechos, entonces, la cara visible es la del Fiscal Adjunto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera saber si esas vacantes se produjeron por edad, es decir porque los Magistrados llegan a la edad de retiro, y si no se suplen con rapidez.

SEÑORA BEROIS.- Si, se producen por un tema de edad y no se cubren rápidamente. Prueba de ello es que la Fiscalía en lo Civil de 7º Turno va a ser un año que está vacante. Recién ahora va a ingresar el pedido de venia para un Fiscal en una Fiscalía de 7º Turno, pero creo que aún no lo ha hecho. Por tanto, suponemos que para que se ocupen las vacantes que próximamente se van a producir, tendremos que esperar un año o un año y medio más si todo sigue igual, aunque esperamos que no suceda eso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradecemos a la delegación su comparecencia ante la Comisión y le informamos que basándonos en la versión taquigráfica de lo expuesto, analizaremos cada una de las propuestas planteadas.

SEÑORA BEROIS.- Señora Presidenta y señores Senadores, muchas gracias por recibirnos.

(Se retira de Sala la delegación de Fiscales Adjuntos del Ministerio Público y Fiscal.)

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(Ingresa a Sala la delegación de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias tiene el agrado de recibir a la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, integrada por el señor Julio Esperanza y la señora Gimena Urrutia.

Antes que nada, aprovechamos la ocasión para pedirles excusa por el atraso en recibirlos, que suponemos es normal si tenemos en cuenta que estamos desde las 9 horas concediendo audiencias.  A la vez, queremos comunicarles que formamos parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, por lo que la versión taquigráfica de lo aquí manifestado será remitida al resto de los señores Senadores a efectos de que tomen el debido conocimiento de la situación que vienen a plantearnos. Asimismo, les recordamos que disponen de quince minutos para realizar la exposición.

SEÑOR ESPERANZA.- Soy Julio Esperanza, Presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, cargo que ocupo desde marzo de 2009, aunque durante el período 2004-2009, fui el Tesorero de la Institución.

                Agradecemos  mucho que nos hayan recibido porque lo que venimos a exponer -parte de lo cual está en el material que hicimos entrega a la Comisión- es de vital importancia para la marcha de nuestra Institución.

                La Unión Nacional de Ciegos fue fundada en el año 1950, y atravesó diversos períodos. En la primera época, lógicamente con la falta absoluta de legislación sobre las discapacidades, sobre todo de la ceguera, tuvo una participación muy activa en lo que a los derechos de las personas con discapacidad visual refiere. Formó parte de las fuerzas que lograron la primera aula para ciegos, en 1956 -en una escuela ubicada en la calle Piedra Alta-; integró el Instituto Cachón -que es el instituto oficial de rehabilitación para ciegos-; y promovió la capacitación en el exterior del doctor Homero De Gregorio, primer Director del Instituto Cachón. Todo esto dio lugar a que por muchos  años, se constituyera en un instituto de referencia para toda América Latina en lo que tiene que ver con la discapacidad visual.

                En 1978 se desgajó de nuestra institución lo que hoy es la Fundación Braille. A través de la imprenta de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay se hacían las publicaciones, no solo para el país, sino para el resto de América Latina, servicio que le permitía gozar de cierta holgura económica. En 1978, reitero, se creó la Fundación Braille, la imprenta pasó a su cargo y se instauró el servicio denominado “libro hablado”.A partir de la pérdida de financiación, nuestra Institución pasó por un período de relativo oscurecimiento, a tal punto que en el año 2002, por medio de una comisión provisoria, retomamos su desarrollo y a partir de 2004 hemos llegado a posicionarla nuevamente dentro del ámbito nacional e internacional. En el ámbito nacional, nuestra Institución sigue siendo la única que representa los intereses de los ciegos de todo el Uruguay.

En lo que tiene que ver con el ámbito internacional, podemos señalar que dentro de las instalaciones de nuestra Institución funciona la Oficina Permanente de la Unión Latinoamericana de Ciegos, que es llevada adelante por una joven licenciada en Ciencias Políticas, Natalia Guala, quien formó parte de la Comisión Directiva hasta que ocupara el cargo en la Unión Latinoamericana de Ciegos. Eso significa un orgullo para nuestra Institución y creemos que también lo es para todo el país; me refiero al hecho de que una persona integrante de una institución uruguaya haya sido designada dentro del concierto latinoamericano para establecer la oficina permanente de esta Institución, Unión Latinoamericana de Ciegos, que a su vez forma parte de la Unión Mundial de Ciegos.  Les contamos esta pequeña historia, a efectos de que los señores Senadores puedan luego tomar contacto con nuestras solicitudes. 

                Hasta el momento, nuestra Institución ha venido desarrollando distintos programas referentes a la educación de las personas con discapacidad visual y a la inserción laboral. La gran mayoría de estos programas proviene del exterior. Este año recién hemos tenido aporte económico del Ministerio de Educación y Cultura para financiar a un funcionario dedicado a la producción del material accesible para personas con discapacidad visual. Desde el año 2006 contamos con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no en dinero aunque sí en la habilitación de una oficina, y del pago de los gastos correspondientes, que funciona en la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Allí funciona nuestro programa de inserción laboral. 

                En este año nos hemos reunido con el señor Pablo Álvarez, Director General de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, y nos enteramos de que existía la posibilidad de que el Estado uruguayo colaborara con nuestras instituciones a fin de garantizar un funcionamiento básico, de manera que nosotros pudiéramos destinar los dineros que vienen para los distintos programas específicamente en ellos y no en el desarrollo basal de la Institución.  A partir de ese conocimiento -que lamentablemente fue un poco tardío- ingresamos un pedido de colaboración en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde llegamos fuera de fecha.  Por tal motivo, la Secretaría del Representante Nacional Ibarra nos sugirió que actuáramos de igual forma frente a esta Subcomisión de Audiencias, a efectos de solicitar que se incluya en el Presupuesto quinquenal una colaboración económica para garantizar que nuestra Institución pueda mantener sus puertas abiertas y pagar los gastos mínimos de trabajo a los funcionarios que corresponden a la Secretaría y a la Administración. De esta forma, podremos desempeñar con más soltura todas las ejecuciones de los programas que figuran en la carpeta que les hemos entregado a los señores Senadores.

                Nuestra aspiración es que la Institución sea tenida en cuenta en dos aspectos. En primer lugar, representa a todos los ciegos del Uruguay, y lo hace en forma legal a través de personas allegadas a la organización que están en permanente contacto con el Poder Legislativo. En este momento, ese mismo compañero está asistiendo a una reunión celebrada en Antigua, Guatemala,  donde se está estudiando la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Uruguay suscribiera en el año 2008. A su vez, esa persona integra parte de un organismo denominado Observatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ya ha mantenido reuniones con varios Legisladores e integrantes de las fuerzas políticas del país para poner en marcha y lograr que se apruebe el Protocolo Facultativo de  la mencionada Convención. Quiere decir que estamos teniendo acciones en el aspecto legal y estamos en contacto directo con el ámbito legislativo de nuestro país.

Por otro lado, nuestra Institución lleva adelante trabajos de colaboración con educación primaria y en la permanencia de los jóvenes en edad secundaria en las instituciones educativas, que es donde se produce la mayor deserción no solo de las personas con discapacidad, sino -como es sabido- por parte de todos los jóvenes del país que en gran porcentaje abandonan los cursos al pasar a secundaria o al segundo ciclo.

Asimismo, estamos implementando un programa de inserción laboral que por el momento está financiado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles a través de la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL. Esta fundación nos pide permanentemente que tratemos de ampliar la cooperación por parte de nuestro país. Si bien no nos van a quitar su apoyo, la idea es que la cooperación de Uruguay pase a formar parte de un poquito más del 50% del total del financiamiento de ese programa.

En definitiva, solicitamos a la Subcomisión de Audiencias -y por su intermedio al resto de los señores Legisladores que tengan que ver con el tema- que nos brinde apoyo económico. Si bien no determinamos la cantidad de dinero que necesitamos, pretendemos que en el momento de que esta se  fije, se tenga en cuenta que nuestra institución brinda a sus beneficiarios todos los servicios en forma totalmente gratuita. En nuestra Institución no se cobra absolutamente nada, se recibe a todo el mundo, sean o no socios para lo cual abonan por mes la suma de $ 33.

Todos los meses se realizan actividades culturales. Por ejemplo, hoy tenemos una representación de radio teatro -desde ya están todos invitados- con catorce actores puestos en escena como en los viejos tiempos. Nuestros grupos, además se integran a otros grupos como el de tango del INJU, entre otros.

Por otro lado, nuestra Institución está formando replicadores del manejo del lector de pantalla que es de vital trascendencia para que los jóvenes con discapacidad visual puedan completar sus estudios secundarios y terciarios. Todos estos servicios que brindamos son absolutamente gratuitos y son producto del dinero proporcionado por los programas que financian nuestros proyectos.

Solicito nuevamente que en el momento en que esta Comisión proponga otorgarnos un determinado aporte económico, lo haga teniendo en cuenta que a diferencia de otras instituciones que también trabajan con ciegos, cobran absolutamente todos los servicios que brindan a sus usuarios. Hasta el momento, no tenemos aportes del BPS ni de ningún otro organismo para llevar adelante nuestros proyectos.

Me gustaría que los señores Senadores que traten este tema tengan conocimiento de que República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay financian y colaboran con las instituciones de ciegos de su país. Un ejemplo máximo -que no pretendo sea el que se lleve a cabo aquí- sería el de Cuba, donde el Estado financia desde la compra del local hasta el mantenimiento y adaptación del mismo para las instituciones de ciegos. En Ecuador, el Estado financia los costos de equipamiento, computadoras y docentes. En el resto de los países que mencioné, los aportes son un poco menores, pero todos los gobiernos financian las instituciones de ciegos de sus respectivos países.

Es un hecho que nuestra institución existe y no por obra del Estado ni de las instituciones privadas con fines de lucro. Esta es la razón por la cual estamos hoy aquí. Formo parte de una Comisión Directiva  -lógicamente honoraria- y si bien estoy imposibilitado de verlos, ustedes sí pueden apreciar que no estoy en edad de ganarme la vida. Afortunadamente, pude generar una jubilación de la cual vivo y estoy trabajando en esta Institución por el bien de los que me siguen y para que la vida de los ciegos transcurra de la mejor manera posible.

No quiero insumir más tiempo. Creo que hemos dado un pantallazo sintético de lo que es nuestra Institución. En las carpetas que los señores Senadores han recibido figuran teléfonos, direcciones de correo electrónico y material para que puedan interiorizarse acerca de qué se trata. Tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran visitarnos y ver cómo funcionan las cosas adentro.

                Si los señores Senadores desean hacer algunas preguntas, estamos a las órdenes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.

SEÑOR PASQUET.-  Pertenezco al Partido Colorado y quisiera saber cuántas personas, aproximadamente, reciben los servicios que se prestan.

SEÑOR ESPERANZA.-  En nuestra Institución se imparten clases de informática para poder manejar el lector de pantalla en forma adecuada y culminar sus estudios. Se realizan alrededor de 15 ó 16 cursos por año, con 5 asistentes cada uno. Hay que tener en cuenta que a través de nuestra Institución, por intermedio del Programa de Inserción Laboral, aproximadamente unas 40 personas consiguen empleo. Además, por medio del proyecto Red Mate, por la producción de materiales accesibles lo mismo que por el apoyo educativo a los jóvenes, en este momento tenemos entre 50 y 60 alumnos que para el estudio dependen del material que nuestra institución les entrega en formato Braille, digital, audio Mp3 o en macro tipo.  No hice la cuenta total de personas pero, más o menos, esos son los números. Justamente, uno de los objetivos más grandes que tienen todas las Instituciones -por lo cual tenemos necesidad de cierto apoyo- es ubicar a las personas de discapacidad visual dentro del país. Lamentablemente, eso se hace yendo al interior, conectándose con la sociedad y con las Intendencias que, afortunadamente, nos han apoyado mucho hasta ahora.

SEÑOR PASQUET.- Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.-  Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos.

Creo haber escuchado decir que en algún momento habían tenido relación con la Fundación Braille -pregunto esto porque esa Institución está dentro del financiamiento del Inciso “Subsidios y Subvenciones”- y el Instituto Nacional de Ciegos. Simplemente, quiero tener un panorama concreto a fin de ver cómo podemos ayudar.

SEÑOR ESPERANZA.-  El Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas”, organismo sin fines de lucro, fue fundado en 1914. Se creó para dar hogar y estadía a las personas ciegas del interior que vinieran aquí para tratamiento, estudio y, eventualmente, para trabajar. Funcionó bajo el derecho de ONG hasta  el año 1976, momento en que fue intervenida -discúlpenme, pero no me quiero sonreír, porque queda feo- hasta el día de hoy. Se dice de esa Institución -no tengo certeza con respecto a esto- que ha recibido infinidad de donaciones en base a herencias como apartamentos, casas, estancias y  dinero. Hace poco tiempo estuve en contacto con el interventor, quien me dijo que en este momento a la Institución apenas le queda dinero para mantener los empleados que tiene. Allí viven 15 ciegos y, según creo, hay 30 funcionarios. Ese es el Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas”, que fue creado para los ciegos y donde hoy no tenemos poder, conocimiento ni influencia; esta es la opinión de nuestra Institución y lo que decimos puede ser verificado por los señores Senadores.

                Por otra parte -y como ya dije- nuestra institución tenía una imprenta que fue la primera del Uruguay y una de las primeras de Latinoamérica. En el año 1978, el Director de la imprenta de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, que era el señor Elizalde, creó la Fundación Braille del Uruguay. Aunque a los señores  Senadores les parezca mentira, estuve “escarbando” en el tema, pero no lo tengo totalmente claro. Estamos hablando de un proceso muy tumultuoso en la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, con asambleas en las que, incluso, hubo golpes y todo tipo de improperios. A partir de esas asambleas se creó la Fundación Braille, que se llevó de nuestra institución la imprenta y la mitad del valor del inmueble que existía en ese momento en la calle 21 de Setiembre 2268, que era propiedad de la Unión Nacional de Ciegos.

                Desde ese entonces, la Fundación Braille comenzó a crecer en manos del señor Elizalde, un individuo muy inteligente, que concretó varios convenios con el exterior. Se trabajó correctísimamente hasta hace unos cuantos años cuando, por diversas razones, la Fundación fue perdiendo protagonismo y poderío económico. Como dije hace un rato, a partir de ese desgajamiento, nuestra institución perdió todo apoyo económico y se constituyó en un ente prácticamente hueco. Recién a partir del año 2004 nuestra Directiva -de la cual participé como Tesorero- logró empezar a levantar nuevamente a la institución.

                Creemos realmente que la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, fundada en abril de 1950, es la institución que debe regir los destinos de las personas con discapacidad visual. Concretamente, se trabaja tanto en el aspecto legal de la situación de los ciegos, como en lo moral, intelectual y económico, porque pensamos que si un ciego no se gana el dinero necesario para vivir, de una forma correcta, competitiva y basada en su esfuerzo, no puede aspirar a tener una vida libre, política, cultural y religiosamente hablando. No puede tener su familia cuando su ingreso no es ganado por su propia mano, sino que lo debe a pensiones y demás prestaciones,

                En este momento, la Fundación Braille está funcionando muy cerca de nosotros -a la vuelta- y tratamos de tener el mejor relacionamiento posible, pero estamos  hablando de cosas totalmente distintas. Dicha Fundación presta asistencia a los chicos con ceguera de nacimiento -cuenta con una unidad de atención temprana en ese sentido- pero lo hace a través del pago que el Banco de Previsión Social realiza para estos fines. Además, presta libros en un sistema que se llama “Libro hablado”, para lo cual hay que pagar una asignación anual; a esto hay que agregar los servicios para unidades de rehabilitación visual, para lo que también hay que pagar. A partir de todo esto, edita unas revistas en sistema Braille que se distribuyen por todo el país; sin embargo, en realidad, esto dista mucho de los servicios que brindamos nosotros.

En nuestra Institución jamás se le pregunta a una persona si es socia o no, si paga o no. Lo único que vendemos y cobramos -a precios de costo- son los bastones, las calculadoras, los parlamentos y cosas por el estilo, porque no tenemos presupuesto como para comprar y regalar este tipo de elementos; pero los cursos y el material de estudio son totalmente gratuitos para los usuarios. Los recursos surgen de los  proyectos que llevamos adelante.

Estas son, de manera resumida, las diferencias que tenemos. No sé si el señor Senador Tajam ha quedado conforme con la respuesta.

SEÑOR TAJAM.- Sí, gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quisiera hacer solo un agregado, porque la exposición de la delegación ha sido muy clara.

                Ya nos ha pasado con otras delegaciones, como con esta, que no hay datos estadísticos bien relevados con respecto a algunos problemas. Entonces, así como en el caso de otra discapacidad recibimos la sugerencia de incorporar el requerimiento de esta información en el Censo Nacional, se me ocurre que, tratándose de los ciegos, se podría hacer lo mismo, es decir, incorporar estos datos, de manera que el país en general tenga una noción clara de cuántos son, dónde están y qué grado de atención tienen. Planteo esto porque, de alguna manera, nos permitiría hacer otro tipo de planificación.

                Quería hacer este agregado que me parece  puede ser de ayuda.

SEÑOR ESPERANZA.- Lógicamente que, en lo que tiene que ver con todos estos programas de financiamiento del exterior, muy frecuentemente se nos hace esta pregunta. Nosotros nos manejamos con la última Encuesta Continua de Hogares que culminó en  2006, en la que se hablaba de 52.000 personas con discapacidad visual, de las cuales aproximadamente 13.000 eran ciegos totales. Ahora bien,  la inmensa mayoría de esos 13.000 ciegos totales son  personas adultas que, debido a glaucoma -que es la segunda causa de ceguera en el mundo- y a diabetes adquirieron la ceguera en el transcurso de sus vidas. Yo no desprecio a esas personas y las atendemos, pero lo que más nos preocupa son los ciegos de nacimiento, que pasan su infancia y su formación en esta situación de discapacidad. A nosotros nos encantaría poder llegar a lo que la Senadora propone, por lo que ese punto estaría dentro de la meta de trabajo permanente, aunque a veces se nos pasa el tiempo. Debo decir que eso estaría muy bien, ya que nos permitiría enfrentar las cosas de otra manera completamente distinta. Por lo tanto, agradezco su intervención y su propuesta. Nosotros trataremos de ponernos en contacto con la oficina correspondiente.

SEÑOR BARÁIBAR.- Puedo observar que, dentro de las asignaciones, figura una para el Instituto Nacional de Ciegos, de $ 50.000 al año, y otra de              $ 500.000 anuales para la Fundación Braille, que es de las organizaciones que más recursos recibe; en realidad, hay solo otra organización que recibe ese mismo  monto. En el caso de ustedes, están haciendo por primera vez una solicitud.

                Creo que el señor Esperanza ha planteado este tema con mucha cautela y prudencia pero evidentemente ha existido una situación de crisis, de ruptura, luego de la cual alguna parte de las organizaciones se ha quedado con lo más rentable. Concretamente, pienso que la Fundación Braille se ha quedado con la parte más rentable; es la que ha vendido mejor los servicios que ofrece. Incluso, no solo se financia, sino que puede generar réditos especiales. La mayoría de las organizaciones acuden aquí luego de pedir una entrevista, pero en el caso de la Fundación Braille  no sé si nosotros mismos no deberíamos citarlos, porque evidentemente la cifra que se le asigna es muy importante. La descripción que se hizo, con mucha cautela, como dije, por parte del señor Esperanza da para pensar mucho sobre este tema. En definitiva, si bien el objetivo principal es ayudar a los ciegos del Uruguay, creo que se dan determinadas circunstancias que permiten que algunas personas -que no son ciegas- puedan llevar a cabo una actividad lucrativa.

SEÑOR PEÑA.- Quisiera hacer una pregunta en forma muy breve, a efectos de que también se responda en pocos minutos ya que estamos excedidos del tiempo previsto.

                Quisiera saber cuál es la aspiración en cuanto a recursos de la organización, a efectos de que nosotros podamos saber qué números estaríamos manejando. 

SEÑOR ESPERANZA.- Voy a decir cuáles son nuestras aspiraciones, aunque no creo que sea lo que ustedes nos puedan otorgar.

                Nuestra Institución necesita un local, pero no se los voy a pedir. Si bien, como dije, nuestra Institución está generando servicios gratuitos en base a la ejecución de proyectos,  no puedo establecer  una cantidad determinada de dinero.

SEÑOR PEÑA.- Lo que pido al señor Esperanza es que nos dé una cifra exacta, para que nosotros sepamos a qué atenernos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- No es necesario que haga un cálculo de costos en este momento, sino que puede enviar los datos para que los tengamos en cuenta a la hora de analizar el tema.

SEÑOR ESPERANZA.- De cualquier manera, quiero decir que nuestra institución tiene una directiva totalmente honoraria mientras que  en la Fundación Braille ‑perdonen la referencia- todos cobran sueldo. Entonces, si el Gobierno asigna a esa Fundación $500.000, aspiro a que por lo menos nos den lo mismo, ya que cumplimos la misma función pero dirigida a personas con menor capacidad de pago y de contextos socioeconómicos mucho más desfavorables.

                Agradezco infinitamente que nos hayan recibido y las preguntas formuladas, porque me han permitido clarificar muchos aspectos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por la información brindada.

 

(Se retira de Sala la delegación de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay.)

- - -

-Quiero comunicar que me acaba de llamar el Secretario de la Presidencia de la República para informarme que el próximo lunes va a ser citado el Consejo de Ministros, es decir que se cambió la agenda. Entonces, dado que no estamos en condiciones de suspender sesiones de la Comisión, por un tema de plazos, deberíamos cambiar su hora de comienzo y, en este sentido, estoy proponiendo que la reunión se celebre a las 14 horas. 

(Ingresa a Sala la delegación de la Coordinadora de Sindicatos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.)

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda le da la bienvenida a la Coordinadora de Sindicatos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pido disculpas en nombre de la Comisión por nuestro atraso a la hora de recibirlos. En principio, está establecido que para realizar las exposiciones se disponga de un plazo de quince minutos, más allá de las preguntas que se puedan formular.

SEÑOR CABRERA.- Agradecemos a los señores Senadores que nos hayan recibido en la Comisión. Mi nombre es Uruguay Cabrera e integro el Sindicato de AFUSEC, Secretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

                En la carpeta que les hemos entregado adelantamos las razones que nos impulsaron a venir a la Comisión,  muchas de ellas ya las conocen desde hace mucho tiempo por haber estado incluidas en otras instancias de Rendición de Cuentas y Presupuesto por parte de nuestra Coordinadora, y también por la propia Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, puesto que los problemas de nuestra Confederación nos son comunes a nosotros, de forma tal que creemos que los señores Senadores de igual manera que los señores Diputados están al tanto de nuestros reclamos. Voy a describir en forma breve, los tres o cuatro problemas que, en este momento, son los más importantes.

                En primer lugar, tal como figura en la carpeta voy a hacer referencia a la desesperante situación de nuestro personal que está en un régimen de contrato precario, -me refiero a los becarios, los contratos a término y los eventuales- que suman alrededor de cuatrocientas personas. Sabemos que estos contratos son temporales, pero sería congruente que estos cesaran si la labor a la que se dedican también tuviera ese carácter. Lamentablemente, por la vía de los hechos, estos contratos aplicados a tareas de carácter permanente, han derivado en remendar baches dejados por la administración. La carpeta contiene una presentación que hizo COFE en el año 2006 y por lo tanto no vamos a reiterar los argumentos, pero sí tenemos un antecedente recientemente generado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referido a la instrumentación, a partir del 7 de octubre de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011, de alrededor de sesenta contratos a término. Esta es una resolución del Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la refrendación del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde en el Resultando III se especifica que Chuy, Paysandú, Salto, Rivera, Río Branco, Aceguá, Fray Bentos, Bella Unión, Artigas, San Carlos, Río Negro y Montevideo son los lugares de trabajo donde se necesita este personal para desempeñar tareas en puestos de control, estaciones de pesaje y en ruta. En el Resultando V, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas indica que existen importantes carencias de personal por lo que resulta imperioso contar con el apoyo de los funcionarios que se proponen contratar. En esta resolución están más que explicitadas las carencias de funcionarios, la necesidad de personal nuevo. Por lo tanto, solicitamos a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda -como ya lo hicimos en otros ámbitos del Parlamento- que tenga muy en cuenta nuestra petición respecto de estos 400 funcionarios, más allá de que COFE hará lo propio a nivel general, porque son necesarios para el cumplimiento de tareas permanentes.

                A su vez, en la carpeta que entregamos hacemos referencia a otros temas que tienen que ver con el artículo 462 del proyecto de ley de Presupuesto, relativo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el cual las compensaciones especiales quedarán atadas a los compromisos de gestión. No nos negamos a discutir compromisos de gestión porque consideramos que corresponde hablar sobre criterios de eficacia y eficiencia. Sin embargo, advertimos que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas las compensaciones especiales, desde larga data, han derivado en complementos salariales, en muchos casos para salarios muy pequeños. Por ejemplo, en aquellos de $ 14.000 o $ 15.000 representan prácticamente la mitad. A nuestro juicio, los compromisos de gestión deben atarse a compensaciones que estén por encima, por ejemplo, a una escala de referencia que nosotros manejamos, que es la tabla salarial de COFE. Si bien aún no hemos podido negociarla con el Gobierno, de cualquier manera para nosotros sigue siendo válida y es por ello que la incluimos en el material que contiene la carpeta.

                A continuación, quisiéramos brindar algunas cifras. De los 3.938 funcionarios que figuran en el último padrón salarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ‑que nos fuera proporcionado por la Administración un mes atrás- el 61%, 2.408, percibe menos de $ 14.400 sin tener en cuenta la antigüedad y los beneficios sociales; el 22%, 860, cobra entre $ 14.400 y $ 20.000; mientras que el 17% restante, 670, obtiene una remuneración de entre $ 20.000 y $ 72.000. Entendemos que hay cientos y miles de casos en los que el compromiso de gestión debe ser negociado por los sindicatos porque esas compensaciones especiales no son, en realidad, beneficios, prerrogativas ni privilegios que se les ha dado a los trabajadores sino que se otorgaron a fin de compensar una carencia de los salarios base que tenemos en nuestro Ministerio. En consecuencia, lo único que queremos es que en ese artículo se haga una mención a la Ley de Negociación Colectiva y que el compromiso de gestión quede sujeto a la negociación con los sindicatos.

                Respecto de los fondos que son vertidos por los comitentes que contratan con la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que en este momento van a volver a Rentas Generales, a los efectos de ir corrigiendo situaciones como las que acabamos de plantear, para desarrollar políticas de seguridad, de capacitación y para atender el ingreso de personal -que el propio Ministerio reconoce que necesita- pedimos que el Senado modifique ese artículo a los efectos de que dichos fondos permanezcan en esta Cartera.

                Finalmente -ya termino para que, si da el tiempo, otros compañeros puedan hacer uso de la palabra- queremos señalar que estamos llevando adelante una lucha en contra de las tercerizaciones que se están dando en nuestro Ministerio. Es así que hoy hay cientos de compañeros manifestando pacíficamente en la calle, con gran expectativa por nuestra comparecencia ante ustedes para procurar soluciones para ellos. En ese grupo de compañeros hay quienes tienen contratos a término, precarios y permanentes. En la Dirección Nacional de Vialidad -esto pueden explicarlo mejor los compañeros del sector- se está instalando un fenómeno que consiste en contratar ONG para integrarlas a cuadrillas de vialidad, que se componen de funcionarios públicos. Esta situación nos crea problemas porque hay diferentes tipos de contratos, beneficios y salarios.

Asimismo, otro tema en cuestión -quizás de menor entidad pero que es  importante para nuestros compañeros- es el referido a los servicios vacacionales de nuestro Ministerio, que serían tercerizados por un artículo del proyecto de ley. Solicitamos que esos servicios vacacionales continúen en la órbita del Ministerio y, a esos efectos, hemos dejado planteada en la carpeta una redacción alternativa, por la cual se habilita a la Cartera a disponer de esos fondos y a utilizarlos bajo las formas legales y de contralor que indica la ley.

                Este es, en general, nuestro planteo ante los señores Senadores.

SEÑOR LARROSA.- Soy Presidente de la Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Queremos expresar -tal cual lo ha planteado COFE en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes- que ninguno de los artículos referentes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue discutido con los trabajadores, tal como lo indica la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público. Además, nos interesa clarificar que recién el 24 de agosto el Director General nos permitió conocer -aclaro que fue en forma verbal- los artículos que se iban a introducir en el proyecto de ley de Presupuesto y no tuvimos ninguna posibilidad de negociar. Es por esa razón que venimos a plantear ante esta Comisión algunas de las cuestiones que nos habría gustado discutir, más allá de haber llegado a un acuerdo.

Tal como lo dijo el compañero, en principio, venimos a plantear una discrepancia con respecto al artículo 60 que en la Cámara de Representantes quedó igual, referida al contrato temporal bajo el Derecho Privado. Pretendemos que ese artículo sea eliminado, porque en él se plantea la pérdida de los puestos de trabajo de los funcionarios eventuales y zafrales, que en el Ministerio tenemos unos cuantos. El artículo no dice que van a pasar a algún otro tipo de contrato. Este tema para nosotros es fundamental, ya que     -como bien dijo el compañero-  están ingresando trabajadores con contrato a término porque el Ministerio necesita personal. Entonces, vemos que hay una contradicción porque, por un lado, por estos días se toma personal con contrato a término y, por otro, se quiere eliminar a los eventuales. Ellos realizan una tarea sumamente importante en la Dirección de Vialidad con respecto al tema de las rutas. Asimismo, los trabajadores de la Dirección de Arquitectura son obreros de la construcción y están dedicados a obras de alto contenido social. Podemos dar muchísimos ejemplos, porque hay todo un trabajo social que se va a realizar a partir de ahora en muchísimas escuelas rurales de todo el país y que, claramente, no es beneficioso para ninguna empresa. Sin embargo, la Dirección de Arquitectura del Ministerio se va a dedicar en buena parte a esos trabajos. Por lo tanto, entendemos que es necesaria la regularización de estos funcionarios que trabajan para el Estado, que tienen dependencia con él y que cumplen una tarea social sumamente importante.

Por otro lado, queremos plantear que el dinero que se cobra por parte del Ministerio a los comitentes por mano de obra, se va a volcar a Rentas Generales y a partir del 1º de enero, tal cual se establece en el Presupuesto, el salario mínimo de $ 14.400 por 40 horas  -que es el régimen general para el Ministerio- va a pasar a $ 17.280 por 48 horas. Eso traerá como consecuencia que desde el peón al capataz ganen exactamente lo mismo, debido a los bajos salarios que hay en el Ministerio, y tal situación va a generar dificultades en el futuro inmediato porque nadie va a querer asumir ninguna responsabilidad desde el momento en que ganará lo mismo que aquel que no la tiene. Entendemos que la plata está y, en vez de volcarla a Rentas Generales, se debería utilizar para corregir esas inequidades, para no tener que sacar dinero extra del propio presupuesto del Ministerio.

                Por otro lado hay una cuestión que valoramos y entendemos como totalmente necesaria, que es la capacitación del personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya sea en la parte obrera, en la administrativa, en la técnica y en la relativa a seguridad. No hay que olvidar que la gran mayoría de los trabajadores del Ministerio se desempeñan como obreros de la construcción privada, tema en el cual también tenemos dificultades. Por eso entendemos que ese dinero debería volcarse en estas tres áreas y no pasar a Rentas Generales, para que se pueda reutilizar en el propio Ministerio.

                Era cuanto queríamos plantear.

                Muchas gracias.

SEÑOR SUÁREZ.- Mi nombre es Daniel Suárez y soy Presidente de la Federación Uruguaya de Trabajadores Viales e integrante de esta coordinadora.

                No vamos a abundar en lo que ya han dicho los compañeros, pero puntualmente queremos plantear una situación que se está dando en la Dirección Nacional de Vialidad. No nos opusimos a que se abrieran las licitaciones para el mantenimiento y corte de pasto en las fajas laterales de las rutas -porque hay empresas que no lo hacen- y una serie de actividades que realiza una ONG. Sin embargo, sí nos oponemos a que trabajen junto a los compañeros, en las mismas cuadrillas, cuando están realizando tareas de mantenimiento en las rutas, en lo que hace al bacheo. En estos días hemos detectado en Dolores y en El Tala que, después de haber habido un llamado a licitación, las ONG están reforzando las cuadrillas de Vialidad, cuando  sabemos que ganan $ 4.000 o $ 5.000, la tercera parte de lo que percibe un funcionario permanente. Lo cierto es que están realizando tareas permanentes y trabajando en conjunto con nuestros compañeros. Por supuesto que los tratamos como compañeros, pero no creemos correcto que realicen esta tarea.

                Queríamos dejar constancia de esta denuncia porque habíamos llegado a un acuerdo con el señor Pablo Ferrer, Director General del Ministerio. Sin embargo, aunque hace ocho meses que esta Administración está al frente de la Cartera, el ingeniero Luis Lasso -que es el Director Nacional de Vialidad y está llevando adelante esta política junto con los jefes regionales de las distintas zonas del interior- no ha recibido al sindicato.

                Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.- Simplemente quiero plantear una duda que me surge de la lectura del artículo 452, respecto a los compromisos de gestión.

                Al final de ese artículo ustedes proponen un texto que dice: “El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reglamentará los compromisos de gestión en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009”. Entretanto, en el artículo que la Cámara de Representantes votó, se expresa: “Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a reglamentar la forma en que se establecerán los compromisos de gestión a que refiere el inciso anterior, así como el proceso de evaluación respectivo”.

                En realidad, no encuentro las diferencias, pero quizás me lo puedan explicar.

SEÑOR CABRERA.- El artículo que conocimos originalmente y que luego tal vez haya sufrido algún cambio en la Cámara de Representantes, decía: “El Ministerio acordará”. El tema era que para nosotros eso no era suficiente, porque se puede acordar con un funcionario en forma particular o con un grupo, pero nosotros entendemos que quienes mejor representan a los trabajadores en general son las organizaciones sindicales porque, además, sus logros y beneficios, luego se vuelcan a aquellos que, incluso, no estén afiliados. Subrayo esto porque, en otros países, los beneficios logrados con los acuerdos de los sindicatos solo tienen alcance para los afiliados pero en nuestro caso -y por suerte- también quienes no lo están pueden acceder a los beneficios logrados por una negociación.

El planteamiento de este texto tiene que ver con que no se establezca  una discrecionalidad  por la cual el Ministerio pueda acordar con cualquiera; por el contrario, lo que buscamos es que tenga la obligación de hablar con las organizaciones sindicales a los efectos de poder negociar estas cuestiones. Por supuesto, negociar no supone acordar,  eso lo tenemos claro.

SEÑOR BARÁIBAR.- Es un tema muy complejo y con muchas puntas. Quisiera saber si han realizado un planteo como este en la Cámara de Representantes o si es una propuesta novedosa.

SEÑOR CABRERA.- Lamentablemente, cuando solicitamos audiencia en la Cámara de Representantes ya estaba cerrada la nómina debido a que había gran cantidad de organizaciones que requerían ser recibidas. Por esa razón no pudimos realizar el planteo que hoy estamos presentando en este ámbito.

SEÑORA PRESIDENTA.-  En nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, agradecemos a la delegación por la información brindada y estaremos en contacto.

(Se retiran de Sala los representantes de la Coordinadora de Sindicatos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.)

- - - -

(Ingresa a Sala el Grupo de Apoyo Continuidad y Trabajo de ex Trabajadores de Salto Grande.)

-En nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, damos la bienvenida a la delegación de ex trabajadores de Salto Grande, a quienes recordamos que disponen de 15 minutos para hacer su planteo.

SEÑOR NIZ.- Integramos un grupo de compañeros que venimos en representación de los ex trabajadores de Salto Grande. Estamos aquí reclamando una vieja reivindicación, en virtud de que se han perjudicado y cercenado nuestros derechos durante el Gobierno de la dictadura militar. Estamos aquí para reivindicar beneficios que no se pagaron a los trabajadores uruguayos, aunque sí a los argentinos y de otras nacionalidades con documentación argentina, porque entendemos que es de legítimo derecho que se reconozcan esos beneficios. Esta lucha se inició hace largos años y dejó por el camino a varios compañeros; no queremos que sigan falleciendo a la espera de concretar el sueño de cobrar lo que legítimamente les corresponde.

 En principio, esta Comisión era dirigida por un grupo de trabajadores pero  ahora conformamos otro, para continuar con esta lucha. Creemos que tenemos que apelar a la sensibilidad de nuestros políticos, de nuestros representantes, en quienes depositamos nuestra confianza, porque entendemos que esta situación se puede solucionar con una decisión política. Nuestra misión es sensibilizar a los integrantes de esta Comisión del Senado, tal como lo hicimos anteriormente  ante la respectiva Comisión de la Cámara de Representantes.  Apelamos a la sensibilidad, al sentimiento patriótico de nuestros representantes para encontrar una solución política que permita concretar lo que tanto anhelamos. Entendemos que hay varias vías para efectivizar este resarcimiento económico. Una de ellas podría ser mediante un proyecto de ley, en cuyo caso lo más conveniente sería que el Poder Ejecutivo enviara la iniciativa a ambas Cámaras y se votara,  dado que este reclamo lleva muchos años sin que se haya adoptado una resolución. Pero es necesario encontrar una solución urgente, rápida y concreta, porque es lamentable ver como están desapareciendo los compañeros sin que se reparen sus  legítimos derechos. Por estos motivos solicitamos a todo el sistema político                         -Representantes, Senadores, Ministros, Poder Ejecutivo y Presidente de la República- su comprensión, sensibilidad y su apoyo en esta lucha.

SEÑOR PRADO.- Para ser más explícito voy a leer una nota que escribí que dice lo siguiente.

En el primer Gobierno después de la dictadura, en las sesiones iniciales de la Cámara de Representantes,  se presentó un pedido de reparación económica que no tuvo andamiento, pues la Cámara quedó sin quórum. Luego, por medio del SUNCA se siguió otro intento de reparación que tampoco tuvo andamiento. En las carpetas que en estos momentos entregamos a esta Comisión están sintetizados todos los trámites. Estos reclamos o reparaciones se definen por voluntad política; por eso estamos acá: buscando que reconozcan nuestros derechos cercenados por la dictadura.

En el año 1981 un abogado consiguió una retroactividad de reparación para los obreros argentinos, pero solo a aquellos que tuvieran un contrato CGC1, correspondiente a la constructora de Salto Grande. La ley que la democracia puso en vigencia fue para exiliados, destituidos y presos políticos y nosotros quedamos afuera por no entrar en ninguna de esas categorías. Sin embargo, fuimos perseguidos laboralmente  y esa podría ser una de las vías de reparación de las que hablaron nuestros compañeros. Existe el antecedente  del Frigorífico Nacional y el de una planta de envasados de Fray Bentos, que no tenía plaza de matanza, pero empaquetaba carne: esos obreros fueron reparados por el Gobierno. Nosotros tenemos características similares y desde hace mucho tiempo -más aún en los últimos cuatro años- venimos bregando porque se reconozcan nuestros derechos adquiridos, porque si bien no nos fuimos del país, no estuvimos presos -aunque nos llevaron al cuartel varias veces por realizar reclamos laborales y allí recibimos culatazos en los tobillos y en la espalda- ni fuimos destituidos -algunos lo fueron por integrar listas de algún partido contrario al gobierno de facto- estuvimos realizando la obra más grande del país, la que aporta más del 50% de la energía que ahora nos está alumbrando. Sabiendo que solo nos podemos amparar con una resolución política, es que estamos acá, tratando de concientizar y sensibilizar al sistema político -y en este caso a esta Comisión- respecto de esta injusticia que se está cometiendo con los ex obreros de Salto Grande. Hemos tocado todas las puertas, incluso la del Banco de Previsión Social donde el Director Murro solucionó todos los problemas reajustando las jubilaciones de los compañeros de la construcción y luego salió la ley correspondiente.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Mi nombre es Francisco Pablo Fernández y, como decimos en Salto, estoy para lo que gusten servir.

                Señora Presidenta y señores Senadores: en ustedes está la mayor experiencia política que tiene el país. Además, cada uno de ustedes posee algo que se va logrando con el transcurso de los años, que es sabiduría y discernimiento. Como lo dijo el compañero, nosotros estamos representando a una porción del pueblo, a 2.568 ex trabajadores de Salto Grande que volvemos a poner la esperanza en políticos que, como pueblo, hemos elegido. La dictadura nos robó y aunque esa palabra suene mal, constata una realidad. Nos quitaron un derecho generado por ley y la democracia -los gobiernos que nosotros elegimos- a 25 años de lograda, aún no nos ha reconocido este derecho. Como decían los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, se necesita voluntad política para que haya una decisión política que, más temprano que tarde,  procure darle una solución a lo que nosotros reclamamos. En el proyecto de ley de Presupuesto, enviado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, no hay ni siquiera un párrafo en este sentido. A pesar de que hemos visitado a los Diputados por este reclamo -al igual que lo hicimos con el Poder Ejecutivo- nos han ignorado. Por primera vez desde 1979 llegamos al Senado para pedir apoyo y justicia, en un derecho generado por ley. Voluntad y decisión política es lo que necesitamos de ustedes, señoras y señores Senadores, para que a nivel personal y familiar podamos mejorar nuestra calidad de vida.

                Si se me permite, señora Presidenta, quisiera citar algunos hechos de la historia. La historia es gran docente, nos proporciona lecturas para asimilar  y quisiera citar dos casos de la historia más reciente. El 12 de agosto de 2000 desaparece  el submarino Kursk en el Mar de Barents, el mundo se entera y tres países ofrecen personal técnico para el rescate, pero el gobierno ruso no lo acepta; no tiene la voluntad de que 118 tripulantes continúen con vida y puedan mejorarla.

                El otro caso se remonta al 5 de agosto pasado -podríamos decir que todavía está “calentito”- en el que, como se sabe, un accidente sepultó a treinta y tres mineros y durante diecisiete días nunca se supo nada de ellos. El Gobierno y el pueblo chileno se fijaron una sola idea: rescatarlos con vida. Luego, con una sonda para aquí y para allá, se los ubicó. Se taladró la piedra y, fíjense, señores Senadores, que  hay corazones más duros que las piedras y Gobiernos más duros que los corazones. Además, obsérvese el detalle de que los de arriba rescataron a los de abajo. Hoy están vivos y mejoraron su calidad de vida.

Depende de ustedes si en pocas palabras entienden cuál camino tomar: o el criterio putinista -que nos viene de Vladimir Putin- que es matar la vida, o el criterio latinoamericanista: mantener la vida y mejorar su calidad.

Señora Presidenta: además de sabiduría y discernimiento como Senadora, en usted hay otros elementos logrados en el accionar de su proficua vida docente, gremial y política, que fundamentan su ser: el primero es que es mujer y, el segundo que, como tal, ejercita su corazón.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Quiero agregar dos cosas.

                Tal vez esta Subcomisión pueda contemplar en algún artículo del proyecto de ley de Presupuesto la creación de una Comisión para que, con integrantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Banco de Previsión Social, de UTE, de la CTM y de los trabajadores -previo estudio de la documentación- se puedan sacar de los fondos de Salto Grande y de Palmar     -que es por donde pasan los reclamos de los obreros- los dineros para poder hacer esa reparación que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que está muy bien documentada desde el período de gobierno anterior. 

                Fuimos nosotros los que hicimos las dos obras más grandes del país: Salto Grande, que  genera US$ 100:000.000 anuales, y Palmar, que genera aproximadamente US$ 20:000.000. Quizá se podría tomar una pequeña parte de esos dineros de Salto Grande -que antes se invertían en la zona- para reparar esa deuda de alrededor de seis mil trabajadores con sus respectivas familias. En realidad, serían alrededor de dieciocho mil o veinte mil personas las que se verían beneficiadas con estas reparaciones.

                La documentación está; la solución queda en vuestras manos. Además, queremos decir que el hecho de crear una Comisión mediante la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de Presupuesto no estaría significando erogación alguna.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia comunica a nuestros visitantes que la versión taquigráfica de lo manifestado en el día de hoy será remitida a cada uno de los señores Senadores y analizada por la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda.

SEÑOR PEÑA.- Simplemente quiero dejar constancia de algunos puntos.

                No es mi intención incursionar en el fondo del asunto, porque es un caso de extrema justicia y data de mucho tiempo.

Particularmente, en dos períodos anteriores me tocó estar presente en el caso del Frigorífico Nacional, y duele ver un grupo de compañeros que, en un comienzo, estaba integrado por setenta personas y que luego, al momento del resarcimiento, no llegaba a nueve.  Estas son las cosas que lamentablemente ocurren cuando pasa el tiempo y no se toman las decisiones en tiempo y forma. Ahora bien, creo que sí hubo intenciones en este sentido, pues en el período pasado se elevaron dos minutas de comunicación al Poder Ejecutivo a nivel de la Cámara de Diputados. Por ello, creo que no es tan cierto que hayan sido ignorados por esa Cámara. Asimismo, el señor Rodrigo Goñi, Representante Nacional por el departamento de Salto, presentó un proyecto de ley y ha trabajado sobre el tema. Entonces, creo que hay intenciones por parte del Partido Nacional y de quien habla, máxime teniendo en cuenta que esta es una de las preocupaciones que -reitero- Rodrigo Goñi ha traído al seno del Parlamento.

En definitiva, se trata de un tema que es de estricta justicia reparar, pues todos los trabajadores del Uruguay deben tener los mismos derechos.

                Simplemente, he querido dejar constancia de las acciones que el Parlamento ha desarrollado con respecto a este tema y también de que la voluntad sigue intacta.

SEÑOR BARÁIBAR.-  Quisiera saber si el planteo que ustedes realizan -que, por supuesto, tiene más de veinte años- fue efectuado en instancias presupuestales anteriores. En caso de ser así, me gustaría conocer qué respuestas recibieron, pues por lo menos han pasado cuatro o cinco Presupuestos de otros Gobiernos.

                Por otro lado, consulto si nuestros invitados tienen idea de a qué monto, en cifras globales, correspondería la reparación.

SEÑOR MOREIRA.-  En cuanto al planteo, debemos decir que no se había realizado.

                Por otro lado, sí tenemos los datos correspondientes a los montos y a los tiempos que han transcurrido.

En la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se entregó la documentación correspondiente e, inclusive, asistimos a la Comisión de Seguridad Social. Nos reunimos con el señor Ministro y con la asesora de Presidencia y los compañeros hicieron lo propio con la señora Senadora Topolansky.  El tema está presente y la documentación fue entregada; en realidad, es tanto el material que hay, que se nos ha pedido no traer más.  

En esta oportunidad, dejamos a los señores Senadores un listado donde figuran los tiempos estimados y  los montos correspondientes a cada una de las cosas que estamos reclamando. El monto total sería de alrededor de US$ 50:000.000, pero hay que tener en cuenta que se trata de 6.000 personas. Luego habría que rever la documentación, porque hay personas que se repiten en Palmar y en Salto Grande. Hay gente que trabajaba en Salto Grande y después se fue a Palmar, por lo que seguramente el monto es algo menor. Y, además, hay que tener en cuenta que la empresa pagó los despidos hasta el año 1978, pero después no lo siguió haciendo. Según averiguaciones de un Representante Nacional realizadas en el período pasado, esos fondos habían sido depositados; a su vez, un abogado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dijo que había una ley según la cual las empresas deberían depositar un fondo laboral o algo por el estilo a los efectos del despido. Al ser consultado el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de esa época, señaló que, efectivamente, los fondos habían sido derivados a Rentas Generales. Cabe aclarar que a nosotros nunca llegaron, aunque los argentinos cobraron al igual que el personal de otras nacionalidades. Cuando reclamamos -la historia ya fue contada en la Cámara de Representantes- fuimos a parar a la Seccional 7ª. Por vía judicial se entabló un reclamo caratulado “Andrada Ojeda contra Salto Grande”, que se tuvo que abandonar. Todo lo que estoy manifestando está documentado y lo dejo en poder de la Mesa.

SEÑOR NIZ.- Quisiéramos manifestar nuevamente nuestro agradecimiento por ser recibidos por esta Comisión.

(Se retira de Sala la delegación del Grupo de Apoyo Continuidad y
Trabajo de ex-trabajadores de Salto Grande.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más delegaciones esperando ser recibidas, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 15 y 10 minutos.)

 

Material adjuntado por las delegaciones. Presupuesto Nacional. Período 2010-2014)

Material adjuntado por las delegaciones Nº2. Presupuesto Nacional. Período 2010-2014)

Material adjuntado por las delegaciones Nº 3. Presupuesto Nacional. Período 2010-2014)

Material adjuntado por las delegaciones Nº 4. Presupuesto Nacional. Período 2010-2014)

Material adjuntado por las delegaciones Nº 5. Presupuesto Nacional. Período 2010-2014)