SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 25 minutos)

                -Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para tratar el proyecto de ley del Presupuesto 2010-2014.  Contamos con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Lorenzo, del economista Borchardt, de la contadora General de la Nación, economista Remersaro, del señor Apezteguía, Director General de Secretaría y de todo el equipo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, representado por la señora Medina, el señor Frugoni y distintos colaboradores, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos este tiempo para hacer la presentación en general. El señor Buonomo aún no ha llegado, pero tengo entendido que va a venir.

                Le damos la palabra al señor Ministro de Economía y Finanzas quien luego, en el transcurso de su presentación, la cederá a quien entienda conveniente.

                Rogaría a las señoras Senadoras y los señores Senadores que no interrumpan esta exposición inicial, porque luego tendremos un intercambio que seguramente va a ser más ordenado una vez presentado el proyecto de ley.

SEÑOR MINISTRO.- En esta intervención inicial vamos a hacer una presentación general y esquemática acerca del contenido del Presupuesto Nacional, tratando de poner el énfasis en tres aspectos que consideramos medulares. En primer lugar, deseamos enmarcar el Presupuesto Nacional dentro de la orientación general de la estrategia económica y social que el Gobierno pretende desarrollar durante los próximos años. Por lo tanto, haremos referencia al contexto político en el que se inscribe el proyecto de ley de Presupuesto, en tanto es una expresión relevante de lo que pretende realizar la Administración durante este período de gobierno.

En segundo término, es importante destacar en la presentación el enfoque general que tiene la política fiscal que el Gobierno desea llevar adelante, en tanto el proyecto de ley de Presupuesto Nacional y toda la normativa presupuestal constituyen herramientas clave para entender la lógica con que el Gobierno quiere manejar este tipo de política.

En tercer lugar, queremos hacer referencia específica a lo que merece ser jerarquizado en términos de las principales asignaciones presupuestales que están contenidas en el Presupuesto. Obviamente -y desde ya es un cuidado que hay que tener- no vamos a hacer una  presentación integral de un proyecto de ley que tiene muchas aristas y dimensiones específicas, que con toda seguridad van a ser parte de análisis y discusión con áreas especializadas del Gobierno.

Por tanto, nos vamos a limitar a realizar una presentación general de tema y a ordenarla en seis partes. En primer lugar, haré unas breves referencias a cuáles son los lineamientos del Presupuesto Nacional. Luego haré una presentación sintética de cuál es el escenario económico previsible que respalda la propuesta presupuestal. En tercer término, quiero hablar y hacer explícitas cuáles son las metas fiscales sobre las que el Presupuesto Nacional se diseña. Como cuarto punto voy a hacer un esfuerzo por explicar el proceso que llevó a la determinación del espacio fiscal disponible que se aplica en el Presupuesto Nacional a lo largo de toda la normativa propuesta, para después entrar en detalle en el aspecto que quizá tenga más implicaciones desde el punto de vista operativo, que son las asignaciones presupuestales en aquellas áreas más prioritarias e importantes. Por último, quisiera hacer una breve referencia al programa financiero y a la estrategia de financiamiento que respalda el Presupuesto Nacional.

¿Cuál es el marco conceptual de este proyecto de ley de Presupuesto? A nuestro entender, el Presupuesto es una expresión económica y financiera del Plan de Gobierno y, en ese sentido, contiene los compromisos asumidos y refleja los lineamientos más importantes de la política económica y social que pretende llevar adelante la Administración. Este ha sido definido como un Presupuesto al servicio de los cambios y este proyecto contiene, a nuestro entender, un conjunto de instrumentos necesarios para la realización de transformaciones que el país necesita. Básicamente, los recursos adicionales se destinan al fortalecimiento de áreas prioritarias y a la puesta en marcha de procesos de cambio, en particular, en diversas instancias de la Administración Pública.

Como decía hace un momento, el Presupuesto es una herramienta fundamental de la política fiscal, y el principio rector de la política que lleva adelante el Gobierno está anclado sobre criterios de responsabilidad fiscal. En ese sentido, necesitamos asegurar que la responsabilidad fiscal efectivamente otorgue bases sólidas al funcionamiento económico del país y sirva de soporte para el conjunto de políticas desplegadas; es necesario que exista coherencia entre el Presupuesto y el Programa Financiero. Esto es esencial desde el momento en que las posibilidades de financiamiento resultan absolutamente fundamentales para asegurar el cumplimiento de las distintas instancias que emergen de la decisión parlamentaria de aprobar el Presupuesto Nacional. Por lo tanto, cualquier inconsistencia que surgiera entre el diseño de la política fiscal expresado en el Presupuesto y las posibilidades de disponer de los recursos financieros para su ejecución, haría inviable la gestión o generaría problemas que creemos absolutamente inconvenientes para el manejo de una política tan importante como la fiscal. En ese sentido, es obvio que el programa financiero actúa necesariamente en una suerte de interacción con las metas fiscales que tiene el Presupuesto; esto es así porque el principio de responsabilidad fiscal hace de las metas fiscales un objetivo pero, al mismo tiempo, da certezas acerca de la orientación de la política y, por ende, ayuda a  que las posibilidades de financiamiento previstas puedan ejecutarse sin sobresaltos.

                En materia de metas fiscales, el objetivo esencial es continuar reduciendo, tanto el peso de la deuda pública en relación al PIB, es decir, al nivel de actividad -a través de este instrumento que, a nuestro juicio, es el más importante de que disponemos- como el proceso de recuperación de márgenes de maniobra de la política fiscal. Solamente sobre una situación de deuda pública manejable, sustentable y reducida, se asegura la existencia de márgenes de maniobra de la política fiscal para poder reaccionar con ella cuando está llamada a cumplir un papel al servicio de objetivos económicos y sociales relevantes para nuestra comunidad.

                Por otra parte, hay que señalar que el proyecto de ley de Presupuesto está basado en proyecciones macroeconómicas prudentes y realistas; creemos que ambas son muy importantes. Tienen que ser prudentes porque no pueden reflejar otra cosa que la trayectoria esperada de las principales variables que influyen en la evolución de la economía y, por ende, en la programación de ingresos fiscales de que se dispone para ejecutar las distintas políticas públicas. Pero, además de prudentes, las proyecciones macroeconómicas deben ser realistas, en el sentido de que tienen que reflejar efectivamente el escenario más probable y no tratar de distorsionarlo en modo alguno reflejando hipótesis optimistas o pesimistas en términos de la evolución esperada de la actividad económica. Creemos que este es un elemento fundamental, que da solidez y transparencia al proceso de elaboración presupuestal.

                Desde el comienzo debemos aclarar que la fuente principal de recursos de que dispone la Administración para llevar adelante este proyecto de ley de Presupuesto Nacional surge del crecimiento del PIB, de la actividad económica, porque asegurará los recursos necesarios para el cumplimiento de las distintas acciones y programas en él contenidos. 

                Los criterios fundamentales que utilizamos para la asignación de recursos en el proyecto de ley, en un marco de crecimiento económico, se apoyan, en primer lugar, en la priorización. Creemos que es absolutamente imperioso explicitar las prioridades. En ese sentido, hacemos dos puntualizaciones: que las prioridades políticas del Gobierno están establecidas en su Plan de Gobierno y que algunas de ellas tienen especial significación en materia presupuestal, transformándose en prioridades presupuestales. En ese sentido, en cuanto a la priorización, cabe aclarar que  en estas instancias estaremos hablando de aquellas que tienen mayor relevancia y jerarquía desde el punto de vista del contenido del proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

                En la medida en que tenemos un ejercicio presupuestal de cinco años, es muy importante introducir principios y criterios de gradualidad, porque es conforme al avance que vaya teniendo la economía y, por tanto, los recursos que genere la Administración como resultado de ese comportamiento, que se irá avanzando poco a poco en cada una de las áreas. De modo que estamos hablando no solo de prioridades, sino también de procesos en los que las políticas se van desplegando a lo largo del período, al impulso y al soporte de los recursos adicionales que van surgiendo.

                Es un objetivo de esta presentación y de todo el proyecto de ley de Presupuesto Nacional ser muy transparentes en cuanto a lo que es el origen y la aplicación de los recursos. Creemos que uno de los aspectos más importantes, que hace creíbles las políticas económica y fiscal -en particular, esta última- es que exista una explicitación clara y transparente de todos los aspectos que tienen que ver con el origen de los recursos y su aplicación; que la discusión jamás esté puesta en la transparencia con la que se trata de proceder en esta materia, sino que podamos discutir sobre aspectos de fondo como, por ejemplo, la conveniencia o los criterios de priorización que se utilizan, pero de ninguna manera, repito, sobre la transparencia.

                Por último, el Presupuesto trata de ser en sí mismo, en su formulación y preparación, un ejercicio que apunta a la mejora de gestión en las políticas fiscal y presupuestal y, en  general, en la administración.

                Es fundamental aclarar que el Presupuesto propone, en primer lugar, garantizar la continuidad de las políticas y programas comprometidos durante el primer Gobierno del Frente Amplio. Esto es importante porque hay políticas  y proyectos en curso cuya financiación debía ser atendida al hacer la programación económica y financiera con la que se diseñó la propuesta presupuestal.

                Además, se atienden prioridades definidas en el Plan de Gobierno; por tanto, las de tipo presupuestal van a ser explicitadas en términos de vivienda, educación, seguridad pública e infraestructura. Cabe señalar que el Gobierno se propone realizar avances en materia distributiva, así como también en la reducción de la pobreza y  eliminación de la indigencia  en el país; entonces, se plantean recursos específicamente orientados al fortalecimiento de la red de protección social y al financiamiento de acciones que tienden al cambio, a la transformación de la Administración.

Queremos referirnos específicamente a varios capítulos del diseño del Presupuesto Nacional que contemplan los acuerdos multipartidarios alcanzados entre todos los partidos sobre temas de seguridad, educación, medio ambiente y energía; esto está especialmente recogido en la formulación presupuestal y, obviamente, en algunos aspectos constituye la orientación general.

                También se introducen cambios en la formulación y evaluación del presupuesto -el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hará referencia a su contenido al final de la exposición- pensando en que se debe viabilizar un camino que el país necesita transitar hacia una gestión de política fiscal apoyada en resultados.

                En segundo lugar, vamos a describir sintéticamente cuál es el escenario macroeconómico que respalda la propuesta presupuestal. Ante todo, decimos que el escenario económico que se toma como referencia parece haber superado los efectos más importantes y relevantes sobre nuestras economías provocados por la crisis internacional iniciada en el año 2008 y que tuvo su epicentro en el 2009. Por tanto, los análisis de que disponemos implican un escenario externo que, en principio, es favorable para el próximo quinquenio. Ni el Ministerio de Economía y Finanzas en general, ni las distintas instituciones estatales, somos productores de predicciones sobre variables internacionales; lo que hemos hecho es compilar información sobre esta materia y seleccionar aquella que nos parece representa de manera más razonable el consenso o las principales opiniones. En particular, estamos aportando información sobre las perspectivas de crecimiento de la economía internacional, la evolución del comercio de bienes específicamente, las tasas de interés y la inflación internacional, pues creemos que estas variables hacen a la discusión presupuestal, ya que condicionan el escenario en el que se va a mover nuestra economía.

                Por tanto, de acuerdo con estas previsiones, desde  este año al 2015 imaginamos un escenario de crecimiento de la economía internacional a tasas superiores al 4% anual.

Estamos asistiendo a la continuidad de un proceso de crecimiento del comercio mundial por encima del de los niveles de actividad. Ello  implica que el proceso de globalización continúa profundizándose, el grado de las aperturas se sigue agudizando y el grado de apertura de las economías continuará en expansión en los próximos años. Estamos imaginando un escenario de tasas de interés que partiendo de los niveles actuales -que son muy bajos en la comparación histórica- constituyen clara respuesta al reflejo de las políticas monetarias de las principales economías avanzadas frente a la crisis internacional. Todos los análisis indican que a lo largo del período vamos a estar asistiendo a un incremento gradual y leve de la tasa de interés. Probablemente el período en el que ocurra esta trayectoria de las tasas de interés esté condicionado a cómo están funcionando las economías y a cómo efectivamente se va consolidando la recuperación económica de las principales economías avanzadas. De cualquier manera, la información disponible sitúa los niveles de tasa de interés durante todo este período -aun aceptando el proceso gradual de crecimiento al que estamos haciendo referencia- en niveles de tasas de interés inferiores al promedio de lo que ocurrió en el quinquenio anterior. Las tasas máximas de interés que estamos proyectando ocurrirían sobre el final del período 2014-2015 y se ubicarían por debajo de lo que han sido las tasas que debió enfrentar nuestra economía como referencias internacionales durante los últimos años. Estamos hablando de niveles de inflación internacional del orden del 3% anual; esta es la inflación internacional de referencia.

                La economía internacional comenzó a recuperarse este año, la crisis fue muy severa, los problemas en las principales economías industrializadas de ninguna manera se han superado, existen cuestionamientos importantes e incertidumbres que todavía persisten pero, sin lugar a dudas, debemos aceptar que estamos en un escenario  de franca recuperación respecto del año pasado y de lo que ocurrió en el último trimestre del año 2008, en el que los niveles de incertidumbre eran mucho más elevados que los que tenemos en este momento. Si se quiere, aquí estamos presentando información en procura de identificar, en las distintas áreas geográficas, cuáles son las perspectivas de crecimiento para identificar, en los años 2010-2011, las regiones que están en dificultades. Obviamente, estas regiones se concentran en los países industrializados, es decir,  los europeos, aquellos que más sufrieron la crisis y los que más cuestionados tienen su crecimiento. La economía internacional tiene todavía en el crecimiento de algunas economías de Asia las tasas de crecimiento más importantes y, quizá por primera vez en muchos años en los procesos de recuperación económica, las economías de la región y del Cono Sur se encuentran entre aquellas que tienen mejores posibilidades de crecimiento durante los años 2010 y 2011. Este proceso ocurre y previsiblemente sucederá  en un contexto de precios de las commodities  que, sin llegar a los precios pico registrados previos a la crisis, se sostendrán y mantendrán tonificados y, por tanto, ofrecerán un escenario favorable para las economías que las producen, en especial -como decíamos hace unos instantes- las vinculadas a los  alimentos.

                En este contexto internacional, las principales proyecciones económicas para Uruguay -que son el soporte del proyecto presupuestal- implican crecimientos del nivel de actividad para cada uno de los años. No obstante,  quisiera referirme a la lógica con la que se realizaron las predicciones.

                Partimos de la base de que en un ejercicio de proyección multianual, cada cinco años -como es el que debemos hacer para preparar el Presupuesto Nacional- claramente  la incertidumbre es diferente y la información de que disponemos para evaluar es distinta, según el horizonte de referencia. Lo cierto es que disponemos de más información, de mayor calidad y capacidad analítica para alcanzar los horizontes cercanos. Por tanto, tenemos información mucho más completa y certera, lo que nos permite elaborar previsiones para el año en curso y para el que viene. A partir de determinado horizonte, que nosotros situamos básicamente a partir de la formulación presupuestal en dieciocho meses, preferimos apoyar la elaboración del presupuesto en las condiciones de crecimiento a largo plazo que hoy tiene la economía uruguaya. En este sentido, creo que a nivel de los profesionales y de los analistas existe un consenso respecto a que la economía uruguaya, con las transformaciones que ha experimentado en los últimos años, está en condiciones de proyectar un crecimiento a largo plazo que es superior al histórico. Podría decir que las estimaciones son muy convergentes en situar el 4% anual como una tasa razonable de crecimiento de la economía uruguaya a largo plazo.

                En cuanto al corto plazo, estamos enfrentando condiciones más favorables que esta y en la formulación presupuestal incluimos una previsión de crecimiento para este año del 6,5% del PIB  y para el próximo del 4,5%. El resto de la información relevante para la elaboración presupuestal no debe entenderse, al igual que lo anterior, como objetivos del Gobierno. En esto quiero ser muy preciso porque cuando nosotros presentamos un cuadro macroeconómico que trata de describir la trayectoria de algunas variables relevantes, no estamos expresando nuestros deseos. Obviamente, aspiramos a que todos los años la economía uruguaya crezca por encima de nuestras proyecciones y queremos que la ocupación supere esos niveles, que los salarios se sitúen por encima de lo que estamos proyectando y que la inflación se modere, si es posible, por debajo de lo que proyectamos. Sin embargo, necesitamos hacer un ejercicio consistente, coherente y realista en este sentido, que ofrezca solidez a la formulación presupuestal y dé credibilidad a las acciones de política que se están impulsando al amparo de estas previsiones de la economía. Entonces, a nuestro entender es importante distinguir entre lo que es el escenario macroeconómico y las metas del Gobierno. Está claro que cualquier gobierno aspira a que a lo largo del período que le toca llevar adelante las acciones de la  Administración, los progresos económicos y sociales sean los máximos y que, además, las trayectorias de las principales variables que son determinantes en el nivel de vida de la población evolucionen favorablemente. Sin embargo, este escenario da coherencia al proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

                En este sentido, quiero hacer un par de aclaraciones que considero son convenientes. Básicamente, nosotros estamos expresando en estas proyecciones dos hipótesis fundamentales. Una de ellas es que el tipo de cambio real, a lo largo del período de presupuestación, permanece constante en los niveles de partida de la programación. Creemos que cualquier otra hipótesis que manejáramos en esta materia sería muy difícil de explicar porque el tipo de cambio real es un valor que el Gobierno no controla y es el resultante de un conjunto de acciones que distan mucho de poder ser manejadas por las políticas públicas. Es por eso que resulta necesario hacer una hipótesis razonable por la cual, teniendo en cuenta que nos encontramos y partimos de situaciones equilibradas -como creemos lo son- se proyecta que esas situaciones equilibradas se mantengan en el futuro. La otra hipótesis, vinculada a la distribución del ingreso, tiene que ver con asegurar que los ingresos salariales de la población evolucionen de forma que no se produzca una erosión de la participación de los salarios en el ingreso. Insisto en que estos no son objetivos del Gobierno sino un marco de coherencia y consistencia de la programación que es imprescindible realizar. Evidentemente, nosotros aspiramos a que los niveles de actividad se expandan considerablemente más de lo que estamos proyectando y que las mejoras distributivas ‑en particular las que tienen que ver con los ingresos salariales- fueran más allá de eso. Reitero que no sería razonable que hiciéramos una programación que estuviera poniendo el énfasis en esos aspectos que considero tienen otras connotaciones e implicancias en términos económicos y políticos.

                En consecuencia, prevemos un crecimiento promedio de la economía uruguaya en el período presupuestal algo superior al 4,5%, lo que nos sitúa aproximadamente en 1,5%  por debajo del crecimiento registrado en el período anterior.

A continuación, quisiera que observaran un gráfico que muestra datos trimestrales de la evolución del índice de volumen físico del PIB estacionalizado de la economía uruguaya desde 1978 hasta el presente. Se observan datos reales y se incluyen las proyecciones a lo largo de todo el período de gobierno. Quisiera mostrar básicamente qué estamos proyectando en relación con lo que ha sido la historia reciente de nuestra economía. En primer lugar, debo señalar que desde 1978 hasta 2001 el crecimiento promedio del PIB per cápita fue fluctuante -pasamos por períodos diferentes de expansión y contracción de la economía- y se situó en un 2% anual. Podríamos decir que esta es una tasa de crecimiento histórica y que, prácticamente, pautó el crecimiento de la economía uruguaya, no solo en este período, sino también en las décadas precedentes. Si tomáramos información de las cuentas nacionales desde que existen estadísticas sistemáticas, es decir, desde 1955 hasta 2001, creo que llegaríamos a una estimación muy similar a esta respecto a la evolución del PIB.

                En el período reciente tuvimos crecimientos del PIB del orden del 6%, pero básicamente lo que estamos proyectando en cuanto a crecimiento a largo plazo es una tasa del orden del 4%. Por tanto, podríamos decir que estamos utilizando unas proyecciones que, en su tendencia, se encuentran claramente por encima de las tasas históricas, pero por debajo de las tasas recientemente registradas en materia de expansión de la actividad económica en nuestro país.

                Quiero expresar que estamos convencidos de que estamos presentando un Presupuesto con proyecciones prudentes y realistas, que se basa en fundamentos sólidos de la economía uruguaya y en un crecimiento armónico que, básicamente, no tiene disparidades sectoriales muy importantes entre el sector que produce bienes comercializables internacionalmente y no comercializables. Estamos asistiendo a un período de expansión generalizada de los sectores, a un crecimiento de la demanda interna y externa también importante y a un pronunciado dinamismo de la inversión productiva. El país todavía tiene mucho por hacer en esta materia, pero estamos en un proceso de recuperación y nos vamos acercando a niveles de inversión que empiezan a ser compatibles con una economía que pretende y puede crecer a niveles como los que estamos pensando. Afortunadamente, nuestra economía hoy tiene un escenario equilibrado en materia macroeconómica, con equilibro en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente del balance de pagos. Hemos reducido notablemente la vulnerabilidad financiera del país, expresado esto, en particular, en la trayectoria de indicadores de deuda pública y, en general, en el posicionamiento de la política fiscal. Estamos en un proceso de diversificación de exportaciones de bienes y servicios y, al respecto, quisiera hacer un comentario. A menudo tenemos información  sobre las exportaciones de bienes y las analizamos con mucho detalle: sin embargo, estamos perdiendo de vista que entre un 25% y un 30% de las exportaciones del país son de servicios que tienen contenido tecnológico y utilizaciones de factores de producción completamente diferentes a las exportaciones de bienes, y eso no siempre lo tenemos debidamente en cuenta. Es una realidad absolutamente fundamental, y para algunos países sería irrelevante porque exportan pocos servicios, pero el Uruguay no es un país que exporte pocos servicios. Es más, puedo decir que han tenido más dinamismo las exportaciones de servicios que las de bienes en múltiples sectores y subsectores que producen servicios que ya se encuentran internacionalizados en nuestra economía.

El tipo de cambio real se encuentra ubicado en niveles de equilibrio y disponemos de un régimen de flotación cambiaria que permite amortiguar shocks externos. Creo que la trayectoria exhibida por el tipo de cambio durante el proceso en el que hubo más incertidumbre respecto de la crisis, en circunstancias de cambio del escenario internacional,  mostró la forma en que opera el tipo de cambio flexible. Hubo una respuesta inmediata ante el advenimiento de novedades negativas provenientes del sector internacional. El tipo de cambio creció a finales de 2008, se mantuvo en niveles elevados y empezó a reducirse en momentos en que se despejaban las incertidumbres y el escenario internacional dejaba de presentar dificultades para nuestra economía. Es claro que hoy un régimen de flotación cambiaria para Uruguay es de las mejores opciones que podemos encontrar para amortiguar shocks externos. Afortunadamente, tenemos un sistema bancario sólido, con niveles de capitalización adecuados, una liquidez muy alta, muy bajos niveles de morosidad, una red de protección social fortalecida y estabilidad en las reglas de juego. Creemos que el país ha avanzado mucho en cuanto al clima de negocios y, año tras año, mejora en esa materia. La mirada internacional, que trata de ser transversal, muestra a nuestro país en posiciones destacadas y, además, reitero, mejorando año tras año, luego de haber estado inmerso en procesos de reforma que hacen creíble y sustentable que las proyecciones que estamos presentando puedan ser calificadas como prudentes y realistas.

                El tercer tema al que me quería referir podría titularse: “¿En qué consisten las metas fiscales para el período de gobierno?” En primer lugar, en presentar información sobre qué sucedió con las cuentas públicas en el período más reciente. Podemos apreciar claramente que en los dos últimos años de la   Administración pasada -2008 y 2009- el resultado fiscal se deterioró, como consecuencia, por un lado, de la respuesta fiscal ante la crisis internacional y, por otro, del impacto de la sequía, que incidió en forma bastante importante sobre algunas empresas públicas que continúan siendo un factor trascendente a la hora de leer la trayectoria de las cuentas públicas y de entender el resultado corriente de las empresas.

                Me gustaría puntualizar que esta situación fiscal deteriorada durante los años 2008 y 2009 estuvo alejada de la proyección inicial del Presupuesto quinquenal anterior en menos del 1% de resultado negativo. Si mal no recuerdo, cuando en el año 2005 se formuló el Presupuesto Nacional anterior, se aspiraba a alcanzar un resultado fiscal consolidado del sector público del orden del 0,9% del Producto Interno Bruto, llegando a un resultado del 1,7% en 2009. Si se lo asignamos al efecto de la sequía y cuantificamos el impacto que esta tuvo en ese año, estaremos explicando prácticamente la totalidad de este desvío. Este elemento nos lleva a proponer en este Presupuesto Nacional acciones tendientes a mitigar el efecto que los acontecimientos climáticos tienen sobre el resultado de las cuentas fiscales.

                Asimismo, quiero señalar que durante los años 2008 y 2009 Uruguay fue de los países de la región y del mundo que tuvo menos deterioro de la posición fiscal y, además, el mejor nivel de eficacia de la política fiscal como capacidad de estabilización de la economía. Cualquiera sea el indicador que se quiera tomar sobre el impulso fiscal desplegado y el resultado en materia de estabilización del Producto Interno Bruto, vemos que el Uruguay ocupa una posición destacada en esta materia. Ahora bien; como consecuencia de esta trayectoria fiscal reciente, durante el año 2009 se interrumpió el proceso de reducción del ratio deuda-producto. Este tema ya fue discutido en el ámbito del Senado al inicio de este período de gobierno, en oportunidad de ser convocados por el señor Senador Lacalle Herrera. En esa instancia hicimos una presentación y analizamos en profundidad las razones de este fenómeno. Pero estos hechos nos llevan a continuar jerarquizando el papel que tiene para nuestro país el proseguir con la reducción de la deuda pública, que para nosotros sigue siendo un área de preocupación; y tiene que ser así porque necesitamos despejar toda incertidumbre en esta materia a los efectos de asegurar que, desde el frente financiero y desde el fiscal, no hay otra cosa que contribuciones al proceso de expansión de la economía y de la credibilidad de las políticas macroeconómicas.

                ¿Cuáles son los lineamientos de política fiscal que hoy tenemos en curso y que ya pautan lo que proponemos en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional? Estamos haciendo un manejo muy cuidadoso del gasto público; este año el resultado fiscal está por encima de las previsiones, en parte porque estamos ante una situación climática que contrasta completamente con la de años anteriores. Es más; en mucho tiempo, este es uno de los años en que hay mayor disponibilidad de energía hidráulica. Así como hemos tenido momentos con efectos negativos por la sequía, parte del resultado positivo que estamos observando en las cuentas públicas es consecuencia de esto; así como atribuimos el deterioro a ese fenómeno, cuando ocurren mejoras fiscales que se atribuyen a ello corresponde decirlo y explicarlo: tenemos que expresar claramente que estamos asistiendo a una mejora de las cuentas públicas superior a la esperada, en buena medida, por esto. Eso también debe ser tenido en consideración e incorporado a la programación fiscal del país. A pesar de que el año pasado se había deteriorado mucho y fue el principal factor de desestabilización de la política fiscal, podemos decir que el resultado de las empresas públicas se está recomponiendo. De todas maneras, ahora estamos proponiendo -vamos a pedir autorización al Parlamento- la creación del Fondo de Estabilización Energética, con la idea de que sea una primera contribución para evitar los vaivenes en el resultado fiscal. Somos conscientes de que no es suficiente, pero es un primer paso. Es necesario continuar en esta dirección y, a esos efectos, habrá que instrumentar otras medidas en materia energética, tales como la diversificación de las fuentes de energía y la implementación de acciones que verdaderamente impacten en la eficiencia energética en el país. Hay muchas cosas para hacer, pero en particular debemos abordar aquellos factores que tienen que ver con el clima, sobre los que tenemos que lograr formas de autoasegurarnos, pues la experiencia nos indica que no hay seguros a precios y condiciones razonables para protegernos de estos riesgos. Dicho de otra manera, no existen mercados donde protegerse de estos riesgos, y si nos ofrecen algún instrumento, es muy caro. Una prima de seguro muy cara; es una especie de alerta en términos de cuánto nos tenemos que cuidar y cuánto es imposible cubrirse a través de acciones de mercado.

                Los señores Senadores podrán advertir -pues es un tema muy discutido- que este año hemos introducido una modificación en la operativa de los mercados de cambio y de deuda, lo cual impacta sobre la política fiscal y financiera.

                La trayectoria que esperamos ocurra en materia de resultado fiscal -a partir de los niveles de déficit  que proyectábamos para este año, de apenas el 1,2% del PIB- es que se produzca una reducción gradual a lo largo del quinquenio hasta alcanzar 0,8% de déficit en el 2014, y el 0,7% en el 2015. Debo advertir que en estos datos no está computado el señoreaje. No está computado, es decir, no está registrada una fuente de financiamiento, que es el que se produce  por la propia existencia de la inflación, que haría, por tanto, que lo proyectado para el 2014 sea esencialmente asimilable a una situación de equilibrio fiscal, precisamente en virtud  de esa fuente de financiamiento. Lo más importante es que, en la medida en que hemos proyectado a partir de 2012 tasas de crecimiento en el nivel tendencial o de crecimiento a largo plazo de la economía, los resultados que proponemos se deben interpretar como estructurales. Dicho de otra manera, no hay efectos cíclicos. Cuando se hacen proyecciones durante cuatro o cinco años a la tasa estructural, el resultado al final converge hacia el resultado estructural y no hay ninguna razón para decir que el resultado que hoy estamos proponiendo no está despojado de cualquier comportamiento cíclico que pueda tener el nivel de actividad en nuestra economía.

El cumplimiento de estas metas fiscales conducirá a una reducción de la deuda pública a ratios cercanos al 40% del PIB al final del período de gobierno. La caída más importante de este ratio va a ocurrir este año. Cuando cerremos las cifras del año 2010, asistiremos a una reducción bien importante del ratio deuda-producto con lo que prácticamente casi se verá compensado lo que fue el incremento del año pasado. Cuando explicábamos esto en la sesión del Senado en el mes de marzo decíamos que  esencialmente era el resultado de los problemas vinculados con los movimientos de tipo de cambio y con la evaluación de la deuda. Así como el año pasado la parte más importante del incremento de esta trayectoria fue explicado por el comportamiento del cambio nominal, también este año una parte muy importante integra el resultado. Esto nos indica que tenemos que aprender a seguir la política fiscal y la trayectoria de deuda despojada de estos vaivenes de los tipos de cambio, que lo que hacen es variar el modo de evaluación de la deuda, porque tenemos una deuda que no está evaluada en moneda nacional, ni tampoco lo está totalmente en dólares. Por eso, cualquier movimiento del tipo de cambio real altera la medición de un ratio de deuda con respecto a cualquier magnitud económica que se quiera tener en cuenta.

¿Cómo determinamos el espacio fiscal disponible a ser aplicado en el Presupuesto? Básicamente el esquema es simple: establecimos las metas de resultado que acabamos de expresar; hicimos las proyecciones de ingresos y de los egresos ya comprometidos antes de elaborar el proyecto de ley de Presupuesto. A partir de ello elaboramos el espacio fiscal para cada uno de los años sobre los que opera el Presupuesto Nacional. Es obvio que dentro de las proyecciones de ingresos fiscales entran un conjunto de variables tales como el PIB, los salarios, el empleo, la inflación, el tipo de cambio, el comercio exterior, los precios internacionales, entre otros aspectos en los que no voy a incursionar ahora porque no corresponde hacerlo. De todas maneras, es muy claro que los recursos adicionales provienen de la mayor recaudación de impuestos, de la mayor recaudación por concepto de contribución a la seguridad social, de otros ingresos del Gobierno Central -de escasísima importancia- así como también del resultado primario corriente de las empresas públicas, elemento que fuera recientemente jerarquizado. No hay otra fuente de disponibilidad de recursos contemplada en este proyecto de ley de Presupuesto Nacional; quizá por eso es tan sensible. Como nuestros impuestos son tan sensibles al nivel de actividad, resulta fundamental contar con un escenario realista y prudente en materia de evolución de la economía, máxime ahora que estamos proponiendo utilizar recursos -todavía inciertos de recaudación impositiva que dependen del Producto- para programas y políticas públicas que deberían quedar a resguardo de los vaivenes del nivel de actividad.

Con relación al 2010, para el año 2014 tenemos proyectado incrementar los ingresos  en $ 47.521:000.000 constantes; me refiero a  los que forman parte de los precios que se estipulan en el Presupuesto Nacional. Este es el total de recursos provenientes de estos factores.

                En el transcurso de estos años hemos asistido a una continua mejora de la eficiencia de las oficinas recaudadoras. Desde la Dirección General Impositiva proviene la información sobre los niveles de evasión del principal impuesto del país, o sea, el IVA. En este Impuesto se advierte una considerable reducción de los niveles de evasión, que hoy se encuentran en el entorno del 16,1% de la recaudación potencial. Una información similar podemos aportar sobre los niveles de evasión e informalidad en el mercado de trabajo, en tanto el Banco de Previsión Social ha mejorado notablemente su eficiencia y el nivel de evasión se ha reducido de manera importante, al punto tal que en el año 2009 se ubicó en el orden del 23%.

                Estas mejoras en la eficiencia de las agencias recaudadoras constituyeron una fuente fundamental de recursos, tanto para el Presupuesto proyectado como para la ejecución presupuestal anterior. Verdaderamente, el comportamiento a la baja de la evasión y de la informalidad fue una fuente de financiamiento de recursos tremendamente importante, que nos muestra que los esfuerzos de modernización de instituciones, tales como la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, arrojaron resultados muy favorables para combatir lo que es el impuesto más injusto, es decir, aquel que no se paga. No hay impuesto más injusto que el que se evade y, cuando se reduce la evasión, no se aumenta la presión fiscal de forma generalizada, sino solamente sobre aquellos que eluden los pagos correspondiente. Es importante que este aspecto quede claro porque, a veces, las fluctuaciones de los niveles de recaudación respecto del PIB, cuando las tasas de impuestos no cambian, tienen que ser atribuibles, no a acciones de la política fiscal, sino simplemente a la conducta que adopten nuestras agencias de fiscalización.

                En el transcurso de este período nos proponemos que las medidas de adecuación tributaria -que están comprometidas en el Plan de Gobierno y tienen que ver con las tasas básicas del IVA, con la mejora en las deducciones del IRPF y la eliminación del complemento de la cuota mutual- no impliquen una merma en los recursos disponibles para el Presupuesto, sino que se compensen con incrementos de eficiencia de las agencias recaudadoras. Con relación a la implementación de algunas de estas medidas  quiero hacer una precisión que considero importante. El esfuerzo de reducción de la evasión es muy diferente si los niveles de evasión son elevados o si son mucho más moderados. Ahora bien, cuando queremos avanzar sobre los niveles actuales de evasión, por ejemplo en el IVA, tenemos que dotar a las agencias recaudadoras de herramientas suficientes para que puedan hacer el trabajo y, en este sentido, una de las más importantes, a veces tiene que ver con la propia reducción de alícuotas. Precisamente, parte del estímulo a la evasión y parte de la herramienta de que dispone la Administración para combatir con más eficacia los niveles de evasión, pasa por el nivel de las alícuotas de los impuestos. En función de esto, no hay que ver las adecuaciones impositivas a la baja solo como pérdidas tributarias, pues ellas constituyen oportunidades y herramientas para mejorar la eficiencia de la recaudación. Para no confundir, esto tiene que ser debidamente tenido en cuenta. A veces lo que se escucha es cuánto perdemos de recaudación por bajar dos puntos de IVA, y se hace una reducción mecánica. Quiero aclarar que no comparto este procedimiento, porque esa reducción mecánica de ingresos es la que va a permitir que le pidamos a la DGI que, mediante esas acciones y otras más de las que la dotaremos, compense esa pérdida de recursos a través del combate a la evasión y de la recaudación de impuestos a los que no los están pagando.

Considero que estos son los últimos fundamentos de las acciones y que no hay que realizar cálculos aritméticos; en materia tributaria eso es lo peor que se puede hacer. La única aritmética posible es la que tiene que ver con la eliminación de un impuesto, ya que no se recauda más. Las otras implican, por ejemplo, el efecto de traslación de los impuestos o los impactos de las medidas sobre los precios y, verdaderamente, considero que estas cuestiones requieren debates mucho más cuidadosos.

Luego de determinar cuánto es el conjunto de ingresos del que vamos a disponer, debemos decir cuáles son los egresos que ya tenemos comprometidos. Claramente, el principal egreso comprometido que tiene nuestro Presupuesto es la contribución al cumplimiento de las obligaciones con los pasivos. Señalo que $ 11.018:000.000 en términos constantes será el gasto adicional de pasividades que habrá que asumir, de acuerdo con las trayectorias de las distintas variables incluidas en el Presupuesto Nacional. Estamos hablando de un 21% o 22% aproximadamente del total de los recursos disponibles y generados por todas las vías de recaudación del Estado que en el quinquenio van a atender esto, que ya está comprometido; está comprometido en la Constitución de la República y en el marco legal vigente.

En segundo lugar, la extensión del FONASA, ya aprobada en el Parlamento, implica gastos adicionales en este período. Lo ya aprobado, no las nuevas extensiones de la reforma, representan $ 4.062:000.000. Además, en la programación se incluyen prestaciones activas del Banco de Previsión Social y distintos tipos de transferencias del Gobierno Central, por $ 6.856:000.000. También en la gestión de la deuda pública y con la trayectoria que pretendíamos alcanzar en el período -tal como ya hemos explicado a los señores Senadores- tendremos intereses de deuda pública en 2014, incrementados respecto a los actuales en $ 2.925:000.000. Esto hace que un poco más de la mitad de los recursos adicionales que recibirá la Administración como resultado de recaudaciones de impuestos, es decir, aumento de ingresos, ya estén comprometidos en el marco legal vigente. Por tanto, lo que nos queda por determinar es, más allá de estos compromisos, de cuántos recursos disponemos. 

En esta lámina presentamos de manera ordenada cómo se hace ese cálculo y de qué forma llegamos a los $ 22.261:000.000, que son los recursos adicionales de que dispondremos en 2014, previsiblemente, en relación a 2010; esto es, incremento de 2014 referido a 2010.

A continuación abordaremos el punto más importante, quizás, en materia de asignaciones presupuestales y cómo aplicaremos estos recursos. En primer lugar, debemos decir que el principal componente de las asignaciones adicionales es la educación, porque $ 8.341:000.000 de los $ 22.661:000.000 tienen como destino el incremento al apoyo presupuestal a la educación pública.

En segundo término se encuentra el incremento en el presupuesto de seguridad, que va a representar $ 4.142:000.000.

En tercer lugar está la vivienda, que recibirá incrementos por                  $ 1.778:000.000.

Los incrementos de recursos vinculados a infraestructura son por $ 1.306:000.000, y los nuevos programas de protección social utilizarán $ 1.537:000.000, además de incremento de recursos para salud por                  $ 1.964:000.000. Obsérvese que estos seis componentes que acabo de mencionar representan prácticamente el 85% de las asignaciones presupuestales adicionales. Por lo tanto, de los recursos no comprometidos, las prioridades establecidas por el Gobierno están representando estos guarismos que recién citaba. Obviamente, el total del espacio fiscal se comparte entre un costo incluido entre el articulado y el planillado, de $ 21.606:000.000, y los gastos comprometidos -a los que haré referencia en unos momentos- que no están incluidos en el Presupuesto, pero que computamos, porque utilizan espacio fiscal disponible, como la suba del tope del seguro de enfermedad, el aumento de la jubilación mínima y las pensiones y otras medidas.

SEÑOR HEBER.- No quisiera interrumpir la exposición del señor Ministro, pero observo que en la planilla anterior figura un porcentaje atribuido a “otros”, al que  no se ha hecho referencia, a pesar de que representa una cifra muy importante del espacio fiscal.

SEÑOR MINISTRO.- Traté de explicar que en esta presentación iba a poner el énfasis en las áreas prioritarias, pero hay un 15% de los recursos aplicados que no están vinculados a dichas áreas y, si bien figuran en el articulado y en el planillado, no haré referencia a ellos específicamente. Por ejemplo, aquí no están los incrementos del presupuesto de Defensa Nacional ni los recursos para las políticas vinculadas a recursos humanos en la Administración pública, etcétera. Es decir, hay un conjunto de ítems que están aparte y no voy a referirme a ellos en esta presentación, si bien podemos incursionar más tarde en cada uno de ellos.

                Esta gráfica intenta explicar, en resúmenes y porcentajes, los incrementos presupuestales según áreas programáticas, y está claramente establecido que la educación es el principal componente de las asignaciones presupuestales que estamos proponiendo. Concretamente, el 37% de los recursos adicionales que se incorporan en este Presupuesto Nacional son para educación.

                Ya que la educación es la prioridad, hagamos referencia a ella en primer lugar. Estamos previendo incrementos del Presupuesto para la educación pública del 24% en términos reales a lo largo del período. Estos son los            $ 8.341:000.000 incrementales que tendremos en 2014 en relación a 2010. Nuestra propuesta presupuestal para la educación dista mucho de reproducir la estructura de asignaciones previas que nos encontramos al final del período anterior. En realidad, en sí mismo y dentro de la educación, se establecen prioridades muy claras. En un extremo, damos la máxima prioridad en materia educativa a los Centros CAIF y a algunas acciones que tienen que ver con la educación al más alto nivel, como investigación científica y articulación de esta con la tecnología y la producción de innovaciones en el país. En el otro extremo no estamos previendo, en absoluto, aumentos vinculados al Plan Ceibal, ya que con sus dotaciones presupuestales actuales, es decir, con las que tenía al final de la Administración anterior, no necesita fortalecimiento de recursos, pues está en condiciones de mantener el Programa y extenderlo a todos aquellos a los que está previsto. También figuran asignaciones diversas que hacen que la ANEP reciba un 25% más de presupuesto en términos reales y la Universidad un 20%.

Más allá de hablar de porcentajes, quisiera detenerme un momento para señalar cuáles son las acciones que pretenden ser financiadas con las partidas presupuestales propuestas. Aquí hay algo que es claro: en el Mensaje del Poder Ejecutivo se han priorizado las infraestructuras educativas, que no son solo edilicias, aunque también me referiré a ellas.  En la propuesta están incluidos los avances edilicios en materia de infraestructura y los gastos necesarios para que dichas infraestructuras edilicias se conviertan en productos educativos, es decir, para dotar a dichas infraestructuras de la capacidad de prestar servicios a quienes hay que educar.

                En cuanto al Plan CAIF, nos proponemos construir 100 Centros CAIF nuevos de atención a la infancia y a la familia. Asimismo, se adecuarán los  ya existentes a efectos de lograr dos grupos de ocho horas por Centro. Quiero acotar que este es un cambio muy importante. Además, se apunta a mejorar la calidad del servicio con la incorporación de compromisos de gestión.

                En lo que tiene que ver con los jardines de infantes, se prevé crear 14 jardines comunes y 3 de tiempo completo. Con respecto a las escuelas de tiempo completo, se piensa construir 88 y readecuar 73 escuelas comunes para reconvertirlas en escuelas de tiempo completo. En cuanto a las escuelas comunes urbanas, se prevé construir 6 nuevas y 4 para sustitución de locales que se encuentran muy deteriorados. Asimismo, en materia de escuelas comunes rurales se prevé construir 6 nuevas y otras 6 para sustituir locales deteriorados ya existentes. También se piensa construir tres Escuelas de Educación Especial nuevas.

                En lo que tiene que ver con la UTU, se está promoviendo la construcción de 5 campus en el interior, así como también la construcción de 5 Centros Politécnicos.

                En cuanto a la Enseñanza Secundaria Básica, se prevé  la construcción de 21 liceos nuevos, 21 liceos para la sustitución de locales existentes que están deteriorados y 74 aulas para la ampliación de liceos ya existentes.

                En lo que se refiere a la ANEP en la enseñanza terciaria, estamos promoviendo la creación del ITS y del IUDE.

                Por otro lado, en lo que tiene que ver con la Universidad de la República, se está promoviendo la construcción de edificios para los Centros Universitarios Regionales del Este, Noroeste y Noreste, y la mejora de la infraestructura existente en Montevideo como, por ejemplo,  todo lo relativo a la relocalización de la Facultad de Veterinaria.

                Todos estos avances están contenidos, en primer lugar, en las aspiraciones presupuestales que tienen los organismos de la educación; en segundo término, en su inmensa mayoría, en el Plan de Gobierno del Frente Amplio y, en tercer lugar, en los acuerdos multipartidarios logrados en esta materia.

                Asimismo, estamos proponiendo crear un Fondo de Infraestructura Educativa que se destinará a cumplir con estos cometidos en materia de ampliaciones de Centros CAIF, escuelas de tiempo completo y liceos. Con esta estrategia, se aspira a pasar de 135 escuelas de tiempo completo a 246, de 265 liceos a 307, y de 346 Centros CAIF a 426.

                En cuanto a la Universidad de la República -quiero hacer esta precisión especialmente- dado que el programa de infraestructura que presentó dicha Institución era muy ambicioso y a diez años, entendimos que en cuanto a las partidas referentes a la educación pública, la Universidad debía tener una participación mucho más importante que la que había tenido en el pasado. Por esta razón, nuestra propuesta le asigna  un 40%  del Fondo de Infraestructura, lo cual implica que durante el año 2011 la Universidad será la institución de la educación que reciba más incremento salarial de todas las existentes. Reitero que no habrá otra institución que como producto del esfuerzo de infraestructura  logre un incremento más importante que este. Este plan de  infraestructuras está ideado para apoyar esfuerzos que deben dar resultados sociales.  Con esto aspiramos a que se integren más niños y adolescentes al sistema educativo. Asimismo, estamos asegurando la universalización del acceso a niños de cuatro años y la ampliación de la cobertura en dos y tres años. Además, se incorporarán 30.000 niños, que viven en contextos más desfavorables, a escuelas de tiempo completo y se retendrá  en la educación media  aproximadamente el 40% de los jóvenes que no trabajan ni estudian. En definitiva, esta estrategia apunta a aumentar las oportunidades de acceso a la educación y, en particular también tiende a promover el acceso a la educación universitaria para las personas del interior del país.

En materia salarial, logramos  realizar un acuerdo con las autoridades de la educación y con los trabajadores organizados de la ANEP: suscribimos un acuerdo para todo el período de Gobierno basado, básicamente, en un aumento general de salarios para los educadores de la ANEP de 8,6% entre  2011 y 2014. Pero, además, estamos previendo un incremento de la masa salarial de 9,8% en el período destinado, específicamente, a políticas educativas; no es un aumento general, sino que está promoviendo cambios al interior de los procesos educativos. De ese incremento de 9,8%, un 6,9% se destinará para financiar mejoras en la carrera docente, estímulos para la concentración de horas en centros educativos, aumento de la compensación por docencia en escuelas de tiempo completo y avances hacia la equiparación de salarios docentes con los correspondientes a los del Segundo Ciclo. Un 0,3% se volcará para atender otras situaciones de inequidades que fueron planteadas a lo largo de las negociaciones. Finalmente, un 2,4% se invertirá para la creación de un componente salarial de naturaleza variable. Estamos promoviendo este tipo de estructuras salariales en las ramas que suscriben el acuerdo. Además, en este convenio estamos comprometiéndonos a otorgar un aumento por decreto en enero de 2015.

                En materia de seguridad pública, nuevamente hubo acuerdos multipartidarios y, por tanto, buena parte del contenido de la propuesta que estamos realizando está inspirada en esos acuerdos. En términos reales estamos realizando un incremento del 42% del total de los recursos disponibles para el Ministerio del Interior. Las políticas que se están priorizando con este incremento son: la disminución gradual de las horas del Servicio 222; un aumento salarial general y, por compromiso de gestión institucional -están en curso y se está trabajando en ellos- un incentivo económico especial para funcionarios que cumplen actividades preventivas y represivas, así como la creación de más de 3.200 cambios en los distintos cuerpos policiales.

                Estamos presentando esta información para reflejar cuál es el contenido principal de los aumentos salariales propuestos en el quinquenio. En ella consta el salario que va a recibir un Agente de 2ª, Personal Ejecutivo, que reviste en la Policía. Básicamente, estamos hablando de incrementos reales de un 62%, y si le sumamos los aumentos por protección de inflación hacia el final del período, los salarios nominales del personal policial se duplicarán -tal como se había anunciado oportunamente- en relación con lo que percibían al inicio de esta Administración. Hay incrementos mayores para el personal subalterno y, además, primas para funcionarios de calle, cárceles, bomberos y Policía Caminera que realizan  actividades preventivas y represivas.

                Este Presupuesto trata de atacar un problema que es consensual a nivel de diagnóstico sobre el funcionamiento del Servicio 222, pues hay un problema estructural que no permite una correcta gestión de los recursos humanos.  Aportamos esta información para justificar las medidas que el Ministerio del Interior propone y que el Gobierno se compromete a llevar adelante. Un 30% del personal que realiza tareas en el Servicio 222 cumple entre 140 y 200 horas mensuales; otro 36% cumple entre 90 y 130 horas mensuales. Estos datos reflejan que dos tercios del personal cumple más de 90 horas y un máximo de 200 horas mensuales y que para la cantidad de horas y jornadas laborales, estas 200 horas equivalen a más que duplicar la jornada de trabajo que está financiada a cargo del salario base. Evidentemente, esto es un anacronismo y trae problemas para el funcionamiento del Servicio, para la seguridad pública y para la vida de los funcionarios policiales que, como se darán cuenta los señores Senadores, con estos esfuerzos y compromisos en materia laboral, difícilmente puedan hacer otra cosa en su vida que trabajar y dormir, porque no creo que dispongan de más tiempo si cumplen efectivamente estas horas.

                Básicamente, nos proponemos atacar este problema gradualmente y pretendemos reducir considerablemente la participación del ingreso de los funcionarios originado en la realización del Servicio 222, desde los niveles actuales, del orden del 40%, hasta que represente apenas un 17% del salario. Esto significa una disminución gradual de horas: en 2011 se reducen a 150 horas, en 2012 se llega a 120, hasta alcanzar las 50 horas en el 2015, que estimamos es razonable y configura una estructura nueva que ofrece mejores oportunidades para la eficacia y la eficiencia del servicio. Además, vamos a promover un control centralizado del Servicio 222, exclusividad del personal       -obviamente- capacitación pedagógica y física y calificación de los efectivos.

                En materia de  cargos, se crean 1.000  para el mantenimiento del orden público, para personal de Jefatura y para la Guardia Republicana; 1.580 cargos para el Sistema Penitenciario y 600 cargos para Bomberos, Policía Caminera, Policía Técnica e Identificación Civil, entre otros. Se crea la Guardia Republicana, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección General contra el Crimen Organizado, Interpol.

                En el INAU se crean 200 cargos en el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción, para atender situaciones de privación de libertad ambulatoria. Se propone, además, un incremento de la compensación por guardia perimetral al personal del Ministerio de Defensa Nacional que colabore en esta tarea. Si había personal de ese Ministerio que era utilizado en actividades de seguridad, no había razón para que no recibieran las remuneraciones que percibiría por esas funciones el personal policial. Por lo tanto, se toman esas previsiones.

                En materia de vivienda, podemos decir que es el Inciso del Poder Ejecutivo que tiene más aumento porcentual. A lo largo de este período estaremos ejecutando $ 19.200:000.000 contra $ 9.200:000.000 ejecutados en el período anterior. Además, estaríamos asegurando para este año al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente los recursos provenientes del saldo de activos del Fondo Nacional de Vivienda. De modo que una vez aprobado el Presupuesto Nacional, se transferiría al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la totalidad del saldo no ejecutado de aquel Fondo para que pueda dar un impulso inicial más importante a las políticas de vivienda que son, como señalaba antes, una prioridad fundamental. La idea es que el conjunto de asignaciones que estamos previendo pueda resolver el doble de soluciones habitacionales que en el período anterior, alcanzando un máximo histórico. Cabe destacar que en materia de vivienda no nos quedamos con las asignaciones presupuestales sino que estamos impulsando -a través de la transformación del Banco Hipotecario del Uruguay- nuevas operaciones vinculadas a préstamos para refacción de viviendas, créditos para personas jurídicas -que hasta el momento no estaban previstos- y créditos hipotecarios individuales. Además, se está sumando al mercado, afortunadamente, la participación del sistema bancario público -por medio del BROU- y el privado. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha suscrito convenios con instituciones financieras para interactuar y combinar los subsidios que se dan a las familias con oportunidades de crédito, más allá de la banca pública y del Banco Hipotecario del Uruguay. Por otro lado, está siendo remitida al Parlamento una nueva iniciativa que entendemos es muy importante y que implica la promoción de construcción de viviendas, con exoneraciones fiscales para la construcción de viviendas de interés social. Estimamos que cada 10.000 viviendas promovidas, hay un estímulo fiscal adicional a lo proyectado de $ 1.600:000.000. El esfuerzo presupuestal en materia de vivienda incorpora, además, el desarrollo del Plan Juntos, cuya dotación presupuestal no es importante, ya que implica $ 105:000.000 anuales. Básicamente, el Programa acompañará el desarrollo de las políticas de vivienda en áreas que tienen que ver con el desarrollo de intervenciones integrales de mejora de la calidad de vida de personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social, y la promoción de solidaridad material y de trabajo voluntario, fundamentalmente. Por cierto, se promueve la participación de los beneficiarios a través de la autoconstrucción , labores comunitarias y otras contrapartidas.

                En materia de infraestructuras, estamos actuando en tres niveles: primero incrementando las inversiones presupuestales; segundo, incrementando las inversiones que realizan las empresas públicas -más tarde daremos información al respecto-; y por último, promoviendo una ley de asociación público-privada que va a permitir la participación del sector privado en determinadas obras y proyectos.

Básicamente, en ese período vamos a realizar una fuerte inversión en red vial. La experiencia de la Corporación Vial del Uruguay ha mostrado su eficacia para solucionar algunos problemas. Nos proponemos utilizar otros instrumentos adicionales a los que emplea esta Corporación, en la misma lógica pero con esquemas que no necesariamente se apoyan en sistemas de concesión, sino en otras formas contractuales con el sector privado, que aseguren básicamente la reparación  y el mantenimiento de una parte de la infraestructura vial durante 15 años. Es decir, se harán contratos por 15 años. De esta forma, nos proponemos realizar un avance muy sustantivo en esta materia utilizando la experiencia que ya ha generado la Corporación Vial. Esperamos que en el período ocurra  una mejora sustancial de las rutas; hay una parte importante del nivel vial del país que se encuentra en buenas condiciones, pero hay que mantenerla y es caro. Como incorporar y rehabilitar nuevos ejes viales y mantenerlos  es igual de oneroso, tenemos el compromiso de avanzar sólida y permanentemente en estas materias.

                Además, hay un compromiso muy claro en cuanto a desarrollar la red ferroviaria. Ya se inició el proceso de recuperación de vías y próximamente estaremos presentando  iniciativas concretas para que el modo ferroviario se encuentre activo y contribuya a la brevedad con el desarrollo del país.

                En materia de inversiones de las empresas públicas, la información          -referida en millones de dólares- muestra cuántas inversiones se pretenden realizar durante este período. Además, hay información comparativa, tanto con el período anterior como con  otros.  Estaremos impulsando desde las empresas públicas un programa de inversiones que prácticamente duplica los niveles de inversión referidos al período anterior, que no había sido un período de baja inversión en ese sentido, ni mucho menos. Por tanto, todo ello es compatible con el resultado de empresas públicas que proyectamos.

                La presentación va a quedar a disposición de los señores Senadores, así como también algunos de los proyectos de cada una de las empresas y de los sectores, para aclarar aún más en qué consisten las iniciativas que desarrollarán en los próximos cinco años.

                En materia de protección social, queremos dar continuidad al sistema implementado en la Administración anterior y mantener un enfoque transversal e integrado en políticas de educación, salud, seguridad social, alimentaria y habitacional;  además, queremos profundizar la coordinación de las demás instituciones en el territorio, algo muy importante para la eficacia de estas políticas. Obviamente, si tenemos objetivos específicos y focalizados sobre la pobreza y la indigencia, no tenemos otra forma de concentrar los programas en aquellos colectivos que deben estar priorizados en estas acciones.

                En cuanto a las acciones sobre la protección y seguridad social, está previsto ampliar la cobertura de las asignaciones familiares hasta alcanzar la meta que ya fijó la ley. Planteamos la duplicación del monto de la tarjeta alimentaria para hogares con ingresos inferiores a 1,25 por persona, y de las canastas básicas alimentarias. Aquí van a encontrar información acerca de cómo impactaría esto sobre los distintos tipos de hogares.

                El Presupuesto del Mides, en su conjunto, se incrementa en 33%. Algunos aumentos tienen que ver con estos programas y otros se vinculan a otro tipo de Programas, tales como “Uruguay Trabaja”, “Apoyo a Emprendimientos Productivos” y “Colegios Abiertos”.

                Como dije anteriormente, además de lo contenido en el articulado, hay otras medidas de protección social no incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, pero que deben ser contempladas porque utilizan recursos. Algunas de ellas ya fueron aprobadas en el Parlamento o por el Poder Ejecutivo y otras serán sometidas a consideración parlamentaria en el futuro. Concretamente, algunas tienen que ver con la jubilación mínima y otras con el subsidio por enfermedad, pero también están las vinculadas a la extensión del FONASA para hijos de desocupados. Diría que se trata de un conjunto de medidas que ya han sido presentadas oportunamente y que forman parte de esta nueva red de protección social que estamos impulsando.

                Cabe comentar que el Poder Ejecutivo se siente muy satisfecho de haber alcanzado nuevamente un acuerdo con los Gobiernos Departamentales, en el marco de lo que establece el artículo 214 de la Constitución de la República, por el que se les viabiliza una transferencia de 3,33% de todos los ingresos públicos. El acuerdo incluye compromisos de gestión y, básicamente, ajustes de los recursos vinculados al Fondo de Desarrollo del Interior y al Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión Municipal. Asimismo, se mantienen dos Programas que tienen especial interés para los Gobiernos Departamentales, como son los de las áreas de caminería y forestal, así como también el subsidio de alumbrado público.

                Finalizando mi presentación, aclaro que, junto con este proyecto de ley de Presupuesto Nacional, quisimos aportar una programación financiera completa -que incluye, básicamente, toda la explicación de los ingresos y gastos año por año como porcentajes del PIB- observándose que la evolución prevista del gasto a lo largo del período es absolutamente compatible con el crecimiento a largo plazo de la economía uruguaya. En definitiva, esto es parte de la solidez de la política fiscal; es sólida porque el incremento del gasto que se está proponiendo es compatible con el crecimiento a largo plazo. Adviértase que los incrementos que estamos proponiendo año tras año son más que coherentes con las condiciones de crecimiento de la economía a largo plazo, situada en torno al 4% anual a que aludía hace un momento. Obviamente, esto implica explicitar cuál es el flujo esperado en materia de usos y fuentes de recursos, así como aportar información para el año 2010 y hasta el 2014 sobre lo que sería el esquema general de la estrategia de financiamiento del sector público. Estamos convencidos de que, en buena medida, la eficacia de la política financiera redundará positivamente sobre la política fiscal, la ejecución presupuestal y la reducción de vulnerabilidades que debe mejorar la economía uruguaya. Aspiramos a que en este período de Gobierno el país recobre el grado inversor y que la política financiera tenga un desahogo de lo que, muchas veces, ha sido un injusto tratamiento que nuestro país ha recibido de las calificadoras de riesgo.

                Esta ha sido la presentación general del proyecto de ley de Presupuesto Nacional. Pediría autorización a la señora Presidenta de la Comisión para ceder la palabra al Director de la OPP, economista Frugoni, para referirse a los temas que tienen que ver con la lógica de su formulación, tanto en términos de áreas programáticas como de su vinculación con la gestión por resultados.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el economista Frugoni.

SEÑOR FRUGONI.- Señora Presidenta: como ya se manifestó en la presentación que hizo el señor Ministro, en la formulación y evaluación de este proyecto de ley de Presupuesto Nacional se introducen algunos cambios que permiten ir avanzando hacia una gestión por resultados, hacia la que estamos dando los primeros pasos. Dichos cambios responden, básicamente, a tres necesidades: mejorar el proceso de asignación de recursos asociados a las prioridades del Gobierno, contribuir al monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la toma de decisiones y dar respuesta a la ciudadanía sobre los resultados que se obtienen del uso de los recursos públicos. 

Básicamente, el marco conceptual -que comienza en este cambio, en esta  innovación y evolución- es elaborar un Presupuesto Nacional partiendo de la identificación de las áreas prioritarias que representan las funciones del Estado -más allá de un período de Gobierno- en diecisiete áreas prográmaticas.

                La impronta de la política del Gobierno se refleja a través de una nueva definición de programas que, en su mayoría, son transversales y que, en casos como el de la educación, por ejemplo, tiene doce programas, mientras que en otros tiene ocho, cinco o cuatro. Cabe acotar que antes había prácticamente un programa por Inciso.

                Otro concepto importante es que la asignación de recursos se realiza en función de estos programas, definidos según la priorización de las áreas. En definitiva, lo que aquí se hace, teniendo en cuenta las prioridades presupuestales -que, como se advirtió, estaban fundamentalmente en seis áreas- es colgar -por decirlo de alguna manera- los Ministerios y los Incisos, y luego los programas obligan de alguna forma a coordinar las políticas entre ellos. Repito que en muchos casos se tiene la participación de varios programas por áreas programáticas, lo que hace que el Presupuesto pueda comenzar a verse de una forma transversal; a la vez, puede observarse por programa, desde el punto de vista presupuestal, cuánto corresponde de asignación presupuestal, hasta los objetivos que tienen.

                Por otra parte, los Incisos y unidades ejecutoras definirán sus objetivos en función de los programas, obteniéndose metas en sus dos niveles. Básicamente, el alcance y los elementos clave de este cambio son: el Plan de Gobierno, en principio -en general en el Presupuesto y en particular en la definición de los programas- la priorización presupuestal, la planificación de la gestión y la coordinación interinstitucional con áreas de acciones comunes y complementarias. Este último punto es importante porque, de alguna forma, fue estructurado en comunicación permanente con todos los Incisos; es decir que se fueron coordinando todas las áreas políticas de cada uno de los Incisos y de las unidades ejecutoras en cada programa. Allí se dieron los pasos iniciales para la confección de los primeros indicadores de esas áreas priorizadas.

En el tomo II del Presupuesto se verá que, en algunos casos, comienza a haber algunos indicadores y lo fundamental es comenzar a relacionar el Presupuesto con esos resultados. Esto permitirá evaluar políticas, pero a la vez se comenzará a tener nuevas líneas de base -que en algunos casos no se tenían- y a realizar un seguimiento de esos indicadores. Por lo tanto, repito, se podrá ir evaluando las políticas. Creemos que todos estos elementos son clave en el fortalecimiento institucional y consideramos que constituyen parte de los cambios en la dirección de la reforma de la Administración. A la hora de priorizar las asignaciones presupuestales, los seguimientos y las evaluaciones son herramientas muy útiles.

                Este es el contexto conceptual de la nueva formulación. Tenemos 82 programas colgados de las 17 áreas programáticas que figuran en el tomo II de este Presupuesto; allí se enumeran el plan, los programas y los primeros elementos para la evaluación. Evidentemente, se seguirá avanzando en esto que, finalmente, constituirá un componente fundamental de cada una de las Rendiciones de Cuentas; de esa manera, se irán enriqueciendo, tanto los indicadores como las metas que se vayan introduciendo en las unidades ejecutoras y en los Incisos.

                Básicamente, era lo que quería manifestar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado la presentación del equipo económico. Tenemos una lista de Senadores que se han anotado para hacer preguntas o consideraciones políticas.

SEÑOR HEBER.- Es un gusto contar con la presencia del señor Ministro en esta Comisión. Generalmente se agradece la visita de los representantes de los Ministerios cuando, en realidad, pienso que no debemos hacerlo porque es parte de la obligación democrática concurrir aquí a tratar el Presupuesto Nacional, ya que es parte de la esencia parlamentaria. En esta Comisión fiscalizamos, preguntamos y se nos informa en qué y cómo se gastan los dineros del pueblo. Pero, ya que estamos, sí quiero agradecer al señor Ministro su deferencia al estar presente en una reunión de Bancada dado que, en ese caso, no tenía obligación de concurrir. La Bancada del Partido Nacional invitó al economista Lorenzo para que nos adelantara las pautas del Presupuesto Nacional  y si bien, repito, no tenía compromiso de hacerlo, concurrió con mucho agrado. Fue una buena reunión y en ella tuvimos alguna idea acerca de cómo estábamos o cómo debíamos encarar el Presupuesto Nacional.

                Tenemos una sana envidia de lo que es una Administración cuando el país crece, se desarrolla, se administra lo que se tiene y no la escasez, como lamentablemente sucedió en otros gobiernos. Hoy estamos ante un crecimiento del Producto Bruto Interno realmente envidiable y ello sinceramente nos alegra -creo que el concierto internacional nos está ayudando notoriamente- nos complace tanto por el país como por el Gobierno, porque nada más difícil  que optar en la escasez a quién le damos de lo poco que se tiene. Ahora estamos en una instancia en la que se cuenta con lo suficiente como para cumplir ciertos objetivos. Considero que en este caso no puede haber dos opiniones; cuando se habla del carácter social de estos objetivos, creo que en Uruguay no hay dos opiniones, y quizá podamos concentrar nuestras discrepancias en temas muy puntuales y concretos. Ahora bien -le pido disculpas al señor Ministro porque no soy economista, aunque me he asesorado con algunos profesionales- deseo formularle algunas preguntas.

                La diferencia esencial radica en cómo se proyecta el futuro. Si bien es muy difícil determinarlo y no sabemos lo que puede pasar, el señor Ministro está obligado a decir -porque se trata de un plan quinquenal- cuáles son sus proyecciones, qué piensa que puede suceder en la economía y en función de eso cuáles son sus prioridades. En este caso, no es que el Partido Nacional y quien  habla cuestionen los números, pero nos gustaría hurgar en ellos para saber qué es lo que los llevó a hacer ese tipo de suposiciones para estar seguros de que ese escenario, por lo menos dentro de lo probable, es factible.  En esto se centra la discusión. El Gobierno dice: “pensamos crecer en estos años entre un 25% y un 27%”. Bueno, es un crecimiento muy importante. ¡Ojalá que así sea! Ahora bien, nuestros economistas afirman que el crecimiento histórico en la región del Producto por habitante se ubicó siempre, promedialmente, entre el de Argentina y Brasil, quizá más cercano al de Argentina. Para ser más claros, la proyección del Gobierno es que creceremos un 27%, Argentina lo hará un 11% y  Brasil  casi un 20%. Evidentemente, en lo personal anhelo que el señor Ministro tenga razón y que el crecimiento sea el que menciona, pero ante las previsiones que se hacen, me gustaría plantear la pregunta de si se cree que vamos a crecer más que Brasil y Argentina, cuando históricamente nuestra tasa de crecimiento ha estado en el medio de ambos o, lamentablemente, más cerca de Argentina. Quizás el señor Ministro esté más cerca de la realidad cuando hace una comparación con el crecimiento mundial, pero no podemos olvidar que la región ha incidido fuertemente en nuestra economía y, a veces, en forma negativa.

                El señor Ministro habla de metas, pero no lo escuchamos hacer mención ‑reconozco que tal vez se deba a que en algún momento desatendimos su exposición- a la inflación. ¿Por qué nos preocupa este tema? Porque el Banco Central estableció  metas que se fijó a sí mismo y que no ha podido cumplir. Sabemos que las tuvo que corregir como consecuencia de situaciones de crisis como, por ejemplo, la energética que, tal como dijo el señor Ministro, golpeó a esa institución. Lo cierto es que el Banco Central estableció metas y en la realidad no se ha dado lo que se preveía. Hoy se prevé un mínimo del 6,2% y un máximo de 7,5%, por lo que aparentemente estamos por encima del techo del 7%. Entonces, concretamente la pregunta que quiero formular al señor Ministro es cómo piensa el Gobierno compatibilizar el objetivo de la inflación con el tipo de cambio y a qué le dará prioridad. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque realmente no entendemos el artículo 4º de este proyecto de ley de Presupuesto Nacional, que busca salir del sistema de gatillo salarial que existe desde hace muchos años, por el cual si mañana la inflación superara el 10%, se pasaría a aumentos semestrales. Entiendo el temor  de la Administración  de no llegar o de pasarse de ese 10%, para no  tener que aplicar medidas que no generaran la inflación que determinaría el ajuste semestral de los salarios de los funcionarios públicos. Sin embargo ahora, con esta iniciativa presupuestal, esto se cambia. Sabemos que COFE  ha planteado sus protestas y que hay movilizaciones en ese sentido, por lo que queremos preguntar al señor Ministro para qué se introduce este cambio y si esto a veces  no operaba como un revólver martillado sobre la Administración para no llegar a ese 10%. ¿Esto no era una espada de Damocles que podía caer sobre el Gobierno en  caso de que las cuentas se fueran de las manos y que al perder la Administración el control se tuviera aún menos control? Lo cierto es que en el articulado esto se sustituye con una suerte de Consejo de Salarios, que supongo tiene como finalidad contar con un ámbito para acordar con los trabajadores el no pago del IPC en el caso de que se supere ese 10%. Aparentemente, esta sería una instancia de diálogo, pero de todos modos insisto en que no entendemos la razón del artículo 4º y del cambio de este gatillo que de alguna manera era una obligación y un temor de la Administración para no llegar a ese 10%. Digo esto porque el tema de la inflación preocupa a todas las administraciones y, en especial, a esta.

                En los cuadros del señor Ministro relativos al aumento del Producto Bruto Interno aparece -recuerdo que explicó claramente que no se trata de presión fiscal sino de mayor eficiencia en el cobro de los impuestos combatiendo a los que eluden y evaden- un cálculo del 27,7% del PIB de presión fiscal.  A su vez, termina diciendo que en el PIB del año 2014, esa presión fiscal que se dará por un combate a la evasión y a la elusión, pasará a ser de un 29,6%, o sea, casi un 30%. Aclaro que estos son los números que nos acercó el señor Ministro. Por tanto, me pregunto si vamos a crecer en el combate a la evasión y a la elusión fiscal todo esto, además del crecimiento del PIB que es de un 25% en el período. ¿Se piensa que los impuestos van a crecer de un 27% a un 30%? A mí me gusta ser optimista y quiero serlo con respecto al país, pero estamos hablando de un Producto que va a crecer muchísimo y aquí tengo las cifras en millones de dólares. Realmente es un tema muy trascendente, porque se proyecta que se va a crecer un 30%, además del crecimiento del PIB, que será de un 25%. De ahí surge el famoso espacio fiscal -una nueva terminología que  estamos aprendiendo a entender y a utilizar- que se compromete a generar US$ 1.000:000.000 en el período. Insisto en preguntar si vamos a crecer del 27% de presión fiscal -que, según dijo el Ministro, será producto del combate a la evasión y a la elusión fiscal- hasta un 29,6% o un 30% para hablar en números redondos. ¿Va a crecer ese porcentaje el PIB en estos cinco años? Realmente se espera una gran recaudación y ¡ojalá que se obtenga! Pero podría existir el inconveniente de entender que el tema puede admitir prueba en contrario o, por lo menos, una duda de que este escenario se pueda dar a lo largo del período.

                En cuanto al tema del crecimiento, que es algo que tenemos que analizar, el señor Ministro termina sus palabras diciendo que es fundamental llegar al grado inversor, que es uno de los objetivos del Gobierno y, naturalmente, lo compartimos porque eso nos significaría beneficios en materia crediticia, en materia de tasa de interés y una mayor inversión. Por supuesto que, en ese sentido, estamos colaborando porque no hay dos opiniones. Ahora bien, cuando el señor Ministro se reunió con la Bancada del Partido Nacional dijo algo sobre lo cual, a mi juicio, se debe reflexionar. Él manifestó que la vulnerabilidad que tiene el país -y creo que lo reiteró acá- es el nivel de autoendeudamiento público, que se ubica en un 69% del Producto en el año 2009 y que se pretende llevar a una cifra por encima del 40%, de modo de alcanzar ese grado inversor, pero en esto, ¿no existe una contradicción? El señor Ministro nos dice: queremos llegar al grado inversor, pero se va a gastar todo el espacio fiscal. Entonces, si el objetivo es el grado inversor para pagar menos intereses y gastarnos la plata en función del ahorro de intereses que tenemos, ¿por qué, señora Presidenta y señor Ministro, vamos a gastar todo ese espacio fiscal que genera una situación deficitaria del 0,8% hasta el último día? Todos queremos gastar, pero de una forma mejor. Yo también quiero gastar y tengo los mismos objetivos que el señor Ministro o diría que aún más, porque tengo para hacer algunos cuestionamientos que a continuación voy a manifestar acerca de ciertos gastos que está realizando esta Administración y que entiendo que no se deberían hacer. Después se entrará en una discusión acerca de todo el gasto durante la consideración de este Presupuesto, pero no la tendremos con el señor Ministro y por ello quisiera adelantar algún titular.

                Concretamente pregunto: si el objetivo es gastar mejor, pagar menos intereses y tener más inversión para que crezca el Producto Interno Bruto, ¿por qué mantenemos una situación deficitaria? ¿No sería mejor tratar de generar un superávit cuanto antes, de manera de obtener ese grado inversor, en lugar de mantener una situación deficitaria hasta el último día? El señor Ministro me podrá responder que piensa hacer las dos cosas: gastar y, al mismo tiempo, conseguir el grado inversor. No sé si eso se puede lograr; es un partido a jugar. Si tenemos las cuentas claras y con algún pequeño superávit -no estoy hablando de grandes cifras- seguramente el grado inversor lo podremos conseguir antes y el ahorro en tasas de interés y en intereses de nuestra deuda podremos gastarlo en este período y cuanto antes. De esa manera, a mi juicio, estaríamos utilizando mejor el dinero que si gastamos el espacio fiscal, tal como se dice.

                Estas son las primeras interrogantes que planteamos; seguramente, mis compañeros de Partido agregarán muchas otras. En esta situación, no digo de holgura económica pero sí de poder establecer prioridades de gasto -que me alegro que estemos viviendo- hay dos aspectos en los que vamos a hacer hincapié a lo largo del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto Nacional y de futuras instancias de Rendición de Cuentas. El primero de ellos es que de ninguna manera se puede justificar el gasto que este proyecto de ley de Presupuesto propone en materia de cargos de confianza. Según nuestros cálculos, lo que se gasta en contrataciones, más el dinero del que van a tener libre disponibilidad los señores Ministros y sus secretarías, más los cargos de confianza -llámense coordinadores, coordinadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, contratos, nombramientos o como se quiera- totaliza una cifra de US$ 114:000.000 en todo el período. A nuestro juicio, es mucha plata y, por más situación de alivio y de crecimiento en que nos encontremos -que nos alegra- creo que tenemos muchas otras prioridades para atender antes que generar asesoramientos de Ministros, coordinadores y ainda mais. Vamos a discutir sobre eso en estos días; no pretendemos hacerlo ahora con el señor Ministro, aunque sí le queríamos dar el titular de que nos vamos a enfrentar por este gasto, en función de que no nos parece justificable de ninguna manera.

Para nosotros esta es una gran oportunidad para generar un alivio fiscal, una reducción de impuestos a la gente. El señor Ministro anunció en su presentación -y lo dijo claramente- que si había una mejora en estos números, iba a ser trasladada a una rebaja del IVA -a lo que el Gobierno viene comprometiéndose- y a reducciones en el IRPF, o sea, a establecer alivios de estas características, que son bienvenidos por parte de la oposición. Pero el cuestionamiento está en que creemos que no debemos supeditar estas medidas a si hay o no mejores números, porque en este momento estamos en condiciones de bajar la presión fiscal; ahora es el momento de hacerlo. ¿Tenemos gastos que son imprescindibles? Sí, señor. ¿En educación? Sí, señor. Me gustaría mucho más que, de una vez por todas, tomáramos el desafío que nos ha planteado el señor Representante Gandini al presentar un proyecto de ley -que seguramente traeré a consideración de esta Comisión- que refiere al Presupuesto por resultados. Muchas veces con plata no se arreglan los temas, sino que hay un problema de gestión que no se ve, teniendo en cuenta el dinero que estamos gastando en las áreas prioritarias. Creo que esta idea del señor Representante Gandini es formidable y estimo que, en algún momento, la tendremos que considerar, porque tiene que haber responsabilidad sobre los resultados y no sobre los gastos. Gastar es fácil, pero obtener el resultado esperado, no. Esto nos pasa, en gran medida, en materia de educación y de seguridad. No sé si con más plata podremos tener mayor seguridad y mejor educación, pero, en todo caso, eso lo podremos discutir en su oportunidad con los señores Ministros del ramo.

Sobre el tema del alivio fiscal, en mi opinión estábamos en condiciones de empezar a dar una señal, sobre todo a una clase media que viene siendo castigada en su consumo y en sus ingresos con la aplicación del IRPF. Diría que es hasta una obligación moral, señora Presidenta, levantar el mínimo imponible, que ronda los  $ 14.000. Considero que es  inmoral cobrar a partir de esa cifra, porque quienes perciben esos ingresos no llegan a fin de mes. Los requerimientos, son los requerimientos. Pero no debemos olvidar que estamos en un momento en que las cuentas están dando bien; por tanto, sería una buena señal levantar ese piso como para poder generar ese alivio, que tanta gente y tantos trabajadores están esperando hoy como una señal del Gobierno.

En síntesis, hay gastos que no se deberían realizar en esta instancia. Coincidimos con el señor Ministro sobre los anuncios futuros, pero nos gustaría que en esta instancia presupuestal se instrumentara una medida tendiente al alivio fiscal.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Señora Presidenta: me sumo a la bienvenida planteada por el señor Senador Heber al equipo económico en esta primera presentación del Presupuesto Nacional, el cual nos va a demandar, seguramente, un intenso trabajo en los próximos 45 días.

                A la luz de la presentación que ha hecho el señor Ministro y también del material que hemos recibido durante todos estos días, en el que se fundamentan los objetivos que se ha planteado el Gobierno para los próximos cinco años, quiero hacer referencia a dos temas que considero de enorme importancia. Uno de ellos es el endeudamiento y, el otro, tiene relación con las inversiones.

                El señor Ministro ha dicho, con muy buen criterio -y es algo que compartimos- que le preocupa enormemente la responsabilidad fiscal y que, de la misma manera, se ha planteado como objetivo reducir la vulnerabilidad. En materia de endeudamiento he visto con mucha atención el cuadro que se nos presenta con respecto a la deuda bruta del sector público, y me sorprendió no ver el mismo cuadro referido a la deuda neta, aunque si invertimos el cuadro la vamos a obtener, pero la gráfica va a cambiar su inclinación; quizás allí esté la explicación de por qué no figura en las transparencias.

                ¿Por qué digo esto? El resultado presupuestario proyectado que se presenta en el tomo I, cuadro tercero, del proyecto de Presupuesto Nacional para el período 2010-2014 es deficitario en todos los años. Si sumamos los déficit proyectados de los cinco años ‑repito, con los datos del cuadro presentado por el propio Gobierno- nos da US$ 5.510:000.000. Esto quiere decir que la deuda neta del sector público -que de acuerdo a la información que dio el Banco Central al 31 de diciembre de 2009 era de US$ 11.123:000.000- al 31 de diciembre de 2014, con el incremento de los US$ 5.510:000.000 a que hice referencia, alcanzará la suma  de US$ 16.633:000.000.

En el cuadro relativo a la deuda prevista, se puede observar que el incremento  para el Ejercicio 2010 será de US$ 760:000.000; para el 2011, de US$ 1.280:000.000; para el 2012, de US$ 1.235:000.000; para el 2013, de   US$ 1.165:000.000 y para el 2014, de US$ 1.070:000.000, lo que arroja un total de US$ 5.510:000.000.

                Advierto que el señor Ministro está consultando a uno de sus asesores. No obstante ello, quiero señalar que estos datos me sorprenden porque, cuando tuve oportunidad de convocar al entonces Ministro de Economía y Finanzas que culminó el mandato de la Administración del doctor Vázquez, y yo hablaba en términos de deuda bruta, se me decía que lo importante era la deuda neta; pero ahora los conceptos han cambiado. Dicho de otra manera: cuando yo hablaba de deuda neta, se me decía que había que tener en cuenta la deuda bruta; ahora se habla de deuda bruta y no se hace referencia a la deuda neta. Al final, terminamos en la misma situación que se nos endilga a los abogados, pues parecería que también existen dos bibliotecas para la explicación de estos temas y dos gráficas para analizar otros. Por cierto, el tema no deja de ser enormemente preocupante.

                En primer lugar, me gustaría preguntar al señor Ministro si no cree que ha llegado la hora de que por lo menos no se continúe aumentando la deuda neta del sector público y, de ese modo, se disminuya en el transcurso de los próximos cinco años.

                En segundo término, y en función de estos elementos, consulto al señor Ministro si no considera que el dólar, más tarde o más temprano, podría llegar a tener una recuperación frente al resto de las monedas, en particular, frente a la nuestra. Planteo esta inquietud porque, de darse esta situación, si la deuda continúa incrementándose,  se hará extremadamente difícil sobrellevar ese peso. Repito que si nos atenemos a las proyecciones que hace el propio Gobierno, vamos a tener un incremento de la deuda neta de                         US$ 5.510:000.000, por lo que en estos años que tenemos por delante pasaría de US$ 11.000:000.000 a US$ 16.000:000.000. 

La tercera interrogante que planteo es para saber qué plan de contingencia se ha previsto para la eventualidad de que ocurra esta circunstancia, es decir, que la recaudación disminuya y cambie la coyuntura externa para hacer frente al pago de esa deuda.

                 Por otro lado, quiero hacer una consulta -porque no lo he visto en la presentación- sobre la necesidad de aplicar una regla fiscal para controlar, tal como lo hizo el gobierno chileno y le dio tan buenos resultados.

Aclaro que todas estas inquietudes refieren al endeudamiento, que sigue siendo un tema de enorme preocupación -incluso para el equipo económico- porque todos sabemos el enorme peso que tiene el valor de la moneda al momento de medir el Producto y compararlo con la deuda. Si bien hoy la proporción es una,  de producirse esa recuperación del dólar -sobre todo lo que tiene que ver con la apreciación de nuestra moneda- mañana los términos podrían cambiar en forma sustancial; sin embargo, en esta propuesta no advertimos una proyección en ese sentido.

El segundo tema que quiero abordar es el de las inversiones.

En el cuadro 6.1 del tomo I del Presupuesto vigente, proyectado para el período 2010-2014, figura un incremento de gastos para el quinquenio de US$ 8.445:000.000 que, prácticamente, equivale a un año entero de presupuesto, ya que en el año 2010, el presupuesto fue de US$ 9.102:000.000. Ahora bien, cuando empezamos a desglosar ese gasto de US$ 8.445:000.000, advertimos que solamente US$ 398:000.000 se destinan a inversiones. Cabe destacar que eso surge de los tomos que nos ha aportado el equipo económico; no son datos míos. Allí se dice que en US$ 8.445:000.000 se incrementa el gasto en cinco años, de los cuales US$ 398:000.000 se destinan a inversión. Si vamos a los términos porcentuales respecto a las inversiones proyectadas, veremos que en el período 2010 - 2014 estas inversiones van disminuyendo de un 9,5% en 2010 a un 8,3% en 2014.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Senador, el señor Ministro solicita hacer una aclaración. ¿Es posible que la haga?

SEÑOR MINISTRO.- No me doy cuenta a qué tomo y a qué cuadro se está refiriendo, y me resulta difícil seguir su exposición, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Es en el tomo 1, cuadro 6º, guión 1, páginas 3 y 5. Se trata del cuadro comparativo entre el  Presupuesto vigente y el proyectado entre 2010 y 2014.

                Lo que me preocupa, señor Ministro, es que estos niveles de inversión son menores a los de reposición. En ese sentido, las preguntas que deseo formular al señor Ministro son las siguientes. Con estos niveles de inversión pública, proyectados a niveles de reposición, ¿cómo cree el señor Ministro que va a realizar las inversiones adicionales a las que nos ha hecho referencia, especialmente en escuelas de tiempo completo, liceos, hospitales, viviendas, cárceles, infraestructura, carreteras?

                En segundo lugar, si acaso la respuesta va a ser por medio de inversión privada o asociación público-privada -porque me imagino que por ahí va a venir parte de la respuesta, haciendo referencia a lo que se destina a la Corporación Nacional para el Desarrollo para que ejecute esa inversión- la pregunta obvia es ¿qué costo va a tener para el Estado y cómo se va a pagar? ¿Qué beneficios obtendrán los privados? Porque ellos no van a hacer una obra de beneficencia, sino que seguramente querrán obtener un lucro como consecuencia de esa inversión.

                También me gustaría saber qué estudios y evaluaciones se han hecho, por parte del señor Ministro, para priorizar gastos de funcionamiento en el Presupuesto, en detrimento de las inversiones en obras públicas que realizaron los privados con utilidades y beneficios que pagaremos todos, además de la carga tributaria que este Presupuesto tiene.

                Es preocupante que en esos niveles de inversión pública estemos por debajo de los niveles de reposición. Asimismo, es preocupante -pero lo dejaremos para otro capítulo- ver de qué manera -aun cuando podamos coincidir en lo que en términos generales se puede definir como una privatización de la inversión- empieza a escapar, cada vez más, un porcentaje amplio de los recursos que recibe el Estado al control del propio Estado, al del Presupuesto Nacional y al del Tribunal de Cuentas, por tener un destino de esas características. En mi opinión, deberían incluir -aunque lo vamos a discutir en ocasión del tratamiento de la iniciativa de inversión público-privada- un conjunto mayor de garantías en ese sentido para poder ejercer los controles correspondientes. 

Se imaginará el señor Ministro que este tema hoy nos preocupa como oposición, pero creo que cualquier Gobierno debe tener en cuenta que, si bien es bueno dar mayor eficiencia a la utilización de los recursos porque el uso de instrumentos de privatización lo facilitan, también es bueno que se puedan ejercer los contralores correspondientes sobre la forma en que se utilizan dichos recursos. Además, nos consta que el CODICEN está por hacer un planteamiento en el sentido de que no le convence que, de alguna manera, se le obligue a destinar todos sus recursos de inversión a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El CODICEN aspiraría a que se le diera  la opción de utilizar el instrumento de la Corporación Nacional para el Desarrollo u otros mecanismos, algunos tradicionales y otros no, mediante los cuantiosos recursos que se le adjudican.

SEÑOR PEÑA.- Antes que nada, dejo constancia de que le pedí permiso al señor Senador Michelini para hacer uso de la palabra.

Quería saludar al señor Ministro y hacer algunas apreciaciones muy breves.

                Sin duda, nos afiliamos a la palabra de nuestros compañeros de Partido en los principales temas planteados. Por mi parte, deseo agregar  un par de preguntas más sobre algunos artículos en particular. Quisiera refrendar -más allá de que el señor Senador Heber lo planteó en su alocución- y dejar clara nuestra posición, sobre todo con respecto al artículo 4º del Presupuesto. En la Cámara de Representantes el Partido Nacional votó en Comisión favorablemente este artículo, en base a que se había anunciado por parte del Gobierno la concreción de un acuerdo con COFE. Sin embargo, luego esto fue desmentido y hoy continuamos en la misma situación. Entonces, nos gustaría saber si el Gobierno mantiene la posición de eliminar la cláusula gatillo y si hay avances nuevamente con COFE en base a este artículo, pues consideramos que ello representa uno de los principales esquemas de retroceso, sobre todo en lo que son las relaciones laborales con los empleados públicos.

                Por otra parte, también queríamos mencionar el artículo 70, que refiere al aumento de salarios de los Ministros y cargos de confianza. A priori, podríamos haber estado de acuerdo en lo que es el gasto en aumentos a Ministros de Estado. Ahora bien, esta situación se complejiza, dado que el propio Presidente de la República -quien firma este artículo del Presupuesto- al tratarse estos temas, dijo a la prensa -tenemos aquí distintas versiones de medios de prensa- que su idea era reducir un 15% el salario de los Ministros y de los cargos de confianza. Obviamente, nosotros no comprendemos cuál es exactamente la idea del Gobierno y, en ese sentido, quisiera preguntar al señor Ministro si lo que se pretende es mantener esto que estamos votando en Comisión -que no es ninguna rebaja ni para Ministros ni para cargos de confianza sino, por el contrario, se trata de un aumento excesivo- a efectos de que la población se entere del tema. Nos interesa dejar claro esto, porque no podemos votar en Comisión aumentos excesivos, o algunos otros, que cada cual catalogará como entienda que corresponde. Digo esto porque en esta Sala votamos sobre cuestiones que quizás a la población no le gustaría demasiado que lo hiciéramos, teniendo en cuenta que el propio Presidente de la República dijo que su idea era bajar los sueldos de los  Ministros y de los cargos de confianza en un entorno del 15%. Expreso esto porque tal vez hoy la población esté pensando que en esta Sala estamos bajando estos sueldos y está ocurriendo todo lo contrario. Entonces, si la idea del Gobierno es, en corto plazo, cambiar este artículo, nos gustaría saberlo o, de lo contrario, si esta es la idea final que el Gobierno tiene con respecto al aumento de sueldos de Ministros y cargos de confianza, que se diga claramente.

                La última pregunta que quisiera realizar tiene que ver con el artículo 853, que llegó prácticamente cuando estábamos finalizando el tratamiento del Presupuesto en la Cámara de Representantes y no tuvimos la opinión  específica del señor Ministro de Economía y Finanzas. Esta disposición concretamente establece que como consecuencia del crecimiento del  Producto Bruto Interno, si aumenta la recaudación fiscal, se lleven al 4,5% los créditos presupuestales con destino a la educación, teniendo en cuenta las necesidades de incremento de las remuneraciones y de los gastos de funcionamiento. Obviamente que, cuando hablamos de remuneraciones, si después hay cambios, es difícil luego dar marcha atrás, sobre todo en lo que tiene que ver con ellas. Insisto en que nos gustaría conocer la opinión del  Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema, ya que en la anterior oportunidad no pudimos lograrlo.

SEÑOR AMORÍN.- Es un gusto contar con la presencia del señor Ministro y su equipo, así como también  de las  funcionarias -con las que hemos trabajado durante tanto tiempo- del Parlamento, de la OPP y de la Contaduría General de la Nación, llevando adelante este trabajo que nos va a insumir unos cuantos días.

                Varias de las inquietudes que teníamos  las han trasmitido los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, pero hay un punto sobre el cual me gustaría tener la visión del Ministro. Concretamente me refiero al tema que planteó el señor Senador Heber relativo a la inflación y al tipo de cambio. Creo que  la temática de la inflación debe ser una de las principales preocupaciones que  debería tener  el Ministerio, y estoy seguro de que es así. En cuanto al tipo de cambio, está muy ligado a la inflación y es otra inquietud que tenemos todos. Por tal razón, me gustaría saber qué opinión tiene la Cartera, así como también cuál es su proyección.

                Creo que, en lo que tiene que ver con la proyección del crecimiento, los números que ha dado el Ministerio son prudentes, porque hablar del 4% anual de crecimiento del PIB hoy me parece razonable. Como todos sabemos, es muy difícil predecir qué va a pasar en el futuro y, por supuesto, que no le vamos a reprochar al Ministro -ni a su equipo- si estas predicciones no se dan, porque el mundo va cambiando, de un día para otro pasa algo y las cosas se modifican rápidamente. Entonces, me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno si el crecimiento es mayor o qué va a hacer si el crecimiento es menor. Planteo esto porque hay una serie de elementos previstos para un país que proyecta su crecimiento en un 4% -algo que es razonable, que lo debía hacer el Gobierno y así lo hizo- y, reitero, me gustaría saber qué es lo que sucedería si crece más o si crece menos de esa previsión.

Hay algunas preguntas concretas que quiero hacer en relación con este tema. Me pareció entender de la exposición del señor Ministro que tanto la rebaja de dos puntos del IVA como la mejora de las deducciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, básicamente dependían de un tema de eficiencia en la recaudación, es decir, de la gestión de los organismos recaudadores. Si el PBI aumenta en forma importante, es obvio que la recaudación también lo hará, por lo que ha dicho el señor Ministro y por lo que  todos sabemos: si aumentan los negocios en la economía, si el PBI aumenta, también lo hace  la recaudación. Entonces, en caso de que suceda esto, el Gobierno puede seguir utilizando esos espacios fiscales que se crean para gastar más -como lo ha hecho hasta ahora- o puede avanzar en el tema de reducir deuda, crear un fondo o reducir impuestos. El señor Ministro sabe que no me gusta el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas; a esta altura del partido todos lo saben. Insisto en este tema: creo que si la recaudación aumenta en virtud de un incremento mayor al previsto por el Gobierno, me parece que se podría hacer un esfuerzo importante para elevar el nivel que tiene hoy el mínimo no imponible en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y llegar a cifras razonables. En lo personal, me gustaría eliminar este impuesto pero como sé que el Gobierno no lo va a hacer, por lo menos creo que en vez de que el mínimo no imponible sea alrededor de $ 14.000, podría pasar al doble. Me parece que esta sería una medida clara y utilizaríamos ese crecimiento excesivo -ojalá se dé, pues todos estamos deseando que el país, en vez de crecer un 4%, crezca un 6% o más- o superior al previsto para beneficiar a la gente que hoy está bancando gran parte de la situación del país. Si el crecimiento fuera menor al 4% -que podría ocurrir, aunque ojalá que no- según el artículo 86 -con este número se aprobó en la Cámara de Representantes, no sé a cuál correspondía en el proyecto original- a partir de 2012 el crecimiento estará supeditado al cumplimiento de las predicciones de crecimiento del Producto Bruto. La pregunta es cómo va a operar este artículo 86 si el país no llega a ese crecimiento, si la recaudación es menos de la esperada. No sé cómo entienden este artículo 86 pero, en lo personal, no me resulta claro. Estos son apuntes sobre el tema nada más, pero podríamos dialogar un rato largo.

                Me parece que todo el mundo quiere que la educación funcione mejor y todos hemos visto en el quinquenio anterior que más presupuesto no siempre significa mejor funcionamiento, aspecto este sobre el que me da la impresión que el Gobierno está tomando algunas medidas que están bien y pueden ser interesantes como para asegurar gastos de infraestructura. Creo que hay unanimidad en el diagnóstico en el sentido de que uno de los problemas más serios que tiene la educación media es la cantidad de clases que no se dictan   -son más del 30%- algunas por dificultades organizativas y otras porque los profesores faltan. En lo personal, considero que la enorme mayoría de los profesores y profesoras no faltan, asisten a sus clases, pero hay demasiados que se ausentan. Esto lleva a que la educación  pública uruguaya a nivel medio tenga enormes dificultades. Está muy bien que los maestros y los profesores ganen todo lo que se pueda porque cumplen una función fundamental para el país. Ahora bien, quiero saber si se ha previsto algún incentivo para aquellos profesores que no faltan, que cumplen y que van a dictar todas sus clases con responsabilidad, tanto en los liceos públicos como en la UTU, es decir, que no privilegian a la educación privada dejando de lado algunas clases. ¿Se ha previsto algo en materia de remuneración, de incentivos para esos profesores y profesoras que cumplen?

                Básicamente, esas son las inquietudes que quería plantear.

SEÑOR PASQUET.- Me sumo a las expresiones de bienvenida al señor Ministro y su calificado equipo.

                Paso inmediatamente a plantear algunas inquietudes y comentarios que quiero hacer en la forma más breve posible, para que otros señores Senadores también puedan hacer lo propio, si lo entienden pertinente.

                En primer lugar, quiero dejar constancia de que comparto lo que acaba de plantear el señor Senador Amorín en cuanto a la aspiración de llegar al aumento sustancial del mínimo no imponible del IRPF. Es un tema sobre el cual el Partido Colorado se ha expresado extensamente en varias oportunidades; es conocida nuestra posición y la reiteramos ahora. Pensamos que así como en momentos de dificultades es lógico que se le pida a la población un mayor esfuerzo y se acuda a la manida frase de “ajustarse el cinturón”, cuando la economía crece y cuando las circunstancias son favorables y propicias, corresponde pensar en esa gente que hace un gran esfuerzo en su vida personal y familiar, aliviándole la carga que soporta. Sobre esto habremos de trabajar, seguramente en las semanas que tenemos por delante.

                En materia de gasto público en remuneraciones y en gastos de funcionamiento, según el cuadro que está en la página 39 del Mensaje y Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo, en el 2014 se estará gastando el doble de lo que se gastará en remuneraciones en el 2011, y lo mismo sucede en los gastos de funcionamiento respecto a esos mismos años. Entonces, va a haber un aumento importante del gasto en estos rubros en momentos en que se plantea como una preocupación central del Gobierno y de este Presupuesto la reforma del Estado, que refiere al fortalecimiento institucional de algunos sectores, al compromiso de gestión en otros casos, etcétera. Quisiera saber cómo ha operado la reforma del Estado en estas cuentas públicas. ¿La reforma se ha traducido en un gasto mayor del que hubiese existido sin ella o implica un gasto menor del que se hubiera producido sin la reforma? ¿Cuál es el impacto de la reforma del Estado proyectada en estos gastos que van a crecer en la forma que se señala en el cuadro de la página 39?

                Finalmente, quiero referirme a algo que no tiene que ver con ningún área programática en particular -eso, en todo caso, tendremos que plantearlo cuando vengan los responsables de esas áreas- pero que está relacionado con la conexión de dos de ellas. Me parece que la cuestión de la articulación de las áreas programáticas que, en definitiva, está vinculada a la coherencia interna del Presupuesto, corresponde que sea planteada en esta instancia.

                Advertimos que una de las prioridades del Gobierno -que es una de las prioridades del país o la prioridad fundamental- es el gasto en seguridad pública para atender los requerimientos que todos conocemos. En ese sentido, se proyecta un aumento del gasto del Ministerio del Interior en un 42% para el final del período. Se trata de un aumento importante y sustancial, sobre el que descuento que todos estamos de acuerdo porque satisface necesidades muy importantes. No obstante, señalo  que la actuación policial luego se va a traducir en la necesidad de la actuación judicial. No se puede trasladar esquemáticamente lo que se gasta en el Ministerio del Interior a lo que se gasta en el Poder Judicial, pero hay una conexión, porque si la acción policial va a ser más intensa y eficaz, habrá más gente sometida a la administración de Justicia. Es lógico que sea así y debe ser así. El aumento previsto para el Poder Judicial es del 14% y para el Ministerio del Interior es del 42%. Los cargos que se crean en el Poder Judicial  no contemplan un aumento en cuanto a la carga en el trabajo de la Justicia Penal específicamente. Este aumento de trabajo no se va a distribuir homogéneamente en todo el territorio, sino que se va a concentrar en Montevideo, que es donde hay más delincuencia. Se prevé la creación de cargos de Juez en el interior del país y cargos de Juez en materia de trabajo y violencia doméstica en Montevideo. Asimismo, se prevé la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal que, como sabemos, también tiene competencia nacional y sede en Montevideo. Pero para la primera línea de acción al delito, es decir, la Justicia Penal, no veo aquí previsiones específicas. Encuentro alguna en el área de la defensa pública, pero lo que allí se hace es transformar cargos de defensores adjuntos en cargos de defensores titulares, lo cual está muy bien y es de estricta justicia porque la tarea que cumplen los defensores adjuntos es, desde hace tiempo, igual a la de los defensores titulares. Pero estamos hablando de tener la misma dotación de defensores públicos para hacer frente a lo que será el aumento de las personas sometidas a la Justicia Penal como consecuencia del previsible y esperado aumento de intensidad y eficacia en la acción policial.

No tengo una cifra igual de precisa para referirme a los aumentos previstos para el Ministerio Público y Fiscal -no la he encontrado, pero debe estar en alguna parte de este inmenso volumen de papeles que tenemos- pero por lo que he conversado con algunos integrantes de este Ministerio, tampoco hay un aumento que guarde la necesaria proporción con  el aumento importante en la dotación de recursos para el Ministerio del Interior. Quiero dejar planteada esta inquietud porque me parece que se nos puede  crear un desequilibrio entre el fortalecimiento de un área -como el  Ministerio del Interior- y el fortalecimiento no equiparable, ni similar siquiera por aproximación, a lo que son Poder Judicial y los servicios conexos necesarios para el cabal funcionamiento de la Justicia Penal.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Señora Presidenta: la inmensa mayoría de las preguntas que quería plantearle al señor Ministro ya las formularon los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra. Sin embargo, hay algunas inquietudes que quisiera que me aclarara. En el Mensaje del Poder Ejecutivo se nos presenta un cuadro de resultado del sector público, en porcentajes del Producto Bruto Interno, y la proyección del resultado global que se hace es para años ya pasados, por lo que creo debe haber un error. El error puede radicar en que la proyección que se realiza es para años futuros y dice lo siguiente: para 2005, -0,4%; para 2006, -0,5% y para 2007, 0,0%. En ese sentido, quisiéramos saber si se trata de un error o si son cifras proyectadas para futuros ejercicios. De ser así, mi primera inquietud es la siguiente: de acuerdo a este cuadro y salvo para el quinquenio, el Gobierno figuraría con un Presupuesto equilibrado solo para el tercer año y en los demás sería deficitario. En tal sentido, déficit de Presupuesto es sinónimo de un aumento de la deuda para pagar o aumento de la presión tributaria.

Frente a un Presupuesto tan generoso como el que se nos presenta, queremos saber si el Gobierno ha pensado buscar el equilibrio en las cuentas fiscales para lograr, entre otras cosas, estudiar la posibilidad de disminuir la presión tributaria. Hago esta puntualización porque, en la página 21 del Mensaje del Poder Ejecutivo, en el cuadro “Resultado Sector Público - En % del PIB” y, concretamente, en “Ingresos Sector Público No Financiero”, se proyecta que para 2010 la presión fiscal será del 29,0%, mientras que en 2009 fue de 27,7%. En ese sentido, queremos saber si para el equipo económico esto implica un aumento de la presión fiscal sobre el contribuyente, en cuyo caso manifestaríamos nuestra preocupación. Quizás esté asociado a un proyectado crecimiento de la economía pero, de no ser así, estaríamos hablando de un aumento de la presión fiscal sobre la población de 1,2% para el año próximo.

                Según el mismo cuadro y también en el de la página 23, se espera un aumento del resultado de las empresas públicas, por lo que quisiera saber -me gustaría escuchar la opinión del señor Ministro en ese sentido- si se convertirán en un elemento de recaudación para cumplir no solo con sus fines, sino también para verter a Rentas Generales una parte importante de sus ganancias. Así lo establece el Gobierno en el Capítulo VI, en el punto 1, cuando afirma: “El resultado de las Empresas Públicas constituye un componente fundamental de las cuentas públicas y, por tanto, también es tenido en cuenta a la hora de determinar la capacidad de gasto. Las políticas de ingresos y gastos de las Empresas Públicas condicionan el espacio fiscal disponible para la concreción de las prioridades del Plan de Gobierno. Por lo tanto, resulta esencial que las mismas asuman compromisos firmes, creíbles y compatibles con la programación económica y financiera que sirve de base al Presupuesto Nacional”. Entonces, pregunto si las empresas públicas seguirán siendo -de acuerdo con lo que resalta el Mensaje del Poder Ejecutivo- una vertiente fundamental de recursos a Rentas Generales.

A su vez, quisiera saber si el Gobierno ha pensado en que, si volviera a ocurrir lo que sucedió en el pasado con muchas de estas empresas, por ejemplo con el ente petrolero frente a un crecimiento del precio internacional del barril de petróleo -ojalá que no suceda; me estoy refiriendo a algo eventual- o si se viviera otra crisis energética como la que se vivió no hace mucho tiempo -el señor Ministro acaba de informar que este año no ha habido déficit hídrico y, por ende, afortunadamente las represas hidroeléctricas han podido hacer frente a la necesidad de mayor consumo de la población- quizás el hecho de verter esos recursos a Rentas Generales implicaría una disminución y afectaría en algo el Presupuesto, por lo que se produciría un aumento del déficit.

                Por otra parte, el señor Ministro se ha comprometido a bajar la tasa del IVA; a su vez, frente a la necesidad de la rebaja del IRPF reclamada por los partidos políticos de la oposición -el Partido Nacional, particularmente Alianza Nacional, ha insistido en ese reclamo- nos gustaría que explicara cómo piensa hacerlo. Se nos plantea la interrogante puesto que él confía en que hay margen para aumentar la recaudación, pero estima un nivel de evasión del 16%. Todos sabemos que las mejores administraciones tributarias no logran bajar el nivel de evasión a menos de un 10%. Entonces, reitero la pregunta al señor Ministro: ¿cómo se plantea reducir la tasa del IVA? ¿Cómo se refinanciará su rebaja, cuando no se tiene pensado lograr una disminución del gasto público, sino todo lo contrario?

                Por último, queremos trasmitir nuestra preocupación por la situación en que se encuentra el Banco Hipotecario del Uruguay. Hace un momento, el señor Senador Lacalle Herrera hizo acuerdo en el sentido de cómo se pretende manejar las deudas y ante la posibilidad de que muchas de ellas, que implican enfrentar situaciones judiciales bastante comprometidas con el futuro del Banco, resultaran desfavorables para la Administración en este quinquenio. Muchas de esas situaciones podrían llegar a comprometer a la mitad de lo que el Gobierno denomina espacio fiscal; entonces, quisiéramos saber cómo se piensa atenderlas.             

                Estas son las preguntas que quería formular.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a tratar de contestar las preguntas en el orden en que fueron planteadas por los señores Senadores, pero hay temas que están conexos y vinculados, e incluso consideraciones que quizás me adelante  a responder  porque  corresponden a algunos de los temas expuestos.

                Quisiera hacer un comentario a raíz de algo que señaló el señor Senador Heber al inicio de su intervención. Concretamente, él decía cuánto más fácil es hacer un presupuesto cuando no se administra escasez. En realidad, siempre se administra escasez; no hay ninguna circunstancia en que el Presupuesto no sea así ya que, por definición, la restricción presupuestal está definida de esa manera. Por tanto, podemos hablar de qué tan severa es la escasez en relación a las aspiraciones de la sociedad y de quienes esperan ser contemplados en las partidas presupuestales, pero -insisto- siempre hablamos de escasez, mucho más aún cuando el presupuesto del Gobierno asume la prudencia y la disciplina fiscal como ancla fundamental de la política económica. Es decir que, si por definición esto es así, estamos en un mundo de escasez de recursos; de lo contrario, no lo definiríamos de esa manera, sino de otra.

                El señor Senador Heber preguntó cómo se proyecta el futuro. Creo que la única forma de hacerlo  sobre una realidad que uno conoce, es con fundamentos y, en este sentido, claramente pienso que las proyecciones contempladas en el Presupuesto Nacional -fundamentalmente las que tienen que ver con el nivel de actividad- tienen muy buenos fundamentos. Aclaro que no me amparo en ellos al referirme a los consensos de opiniones entre expertos; en realidad, creo que hay hechos que explican algunas cosas muy importantes. Ante todo, que el Uruguay, a diferencia de lo ocurrido en el pasado -y durante mucho tiempo- en este año 2010 va a registrar siete años consecutivos de crecimiento por encima del promedio de la región. En general, no me gusta hablar de economía con números -a pesar de que trabajo con ellos- porque creo que los órdenes de magnitud y las diferencias cualitativas en este sentido ponen en evidencia ciertas cosas. ¿Por qué una economía que durante décadas creció por debajo del promedio de la región y que no es un dechado de virtudes en materia de crecimiento económico, como es el caso de Uruguay, a esta altura cumplirá siete años consecutivos de crecimiento? Es porque han ocurrido en el pasado y siguen ocurriendo en el presente hechos y transformaciones económicas que hacen que este crecimiento sea fundamental. Se han hecho reformas muy importantes, se han consolidado niveles de internacionalización y ha habido una apertura de nuestra economía. Creo que la microeconomía de este país -de la que a veces se habla distinguiéndola de la macroeconomía- acompaña los buenos fundamentos macroeconómicos. Hoy tenemos empresas, mejores relaciones laborales, situaciones financieras -quienes tienen deudas en el sector financiero- y niveles de cambios tecnológicos en procesos productivos fundamentales del país, que están transformando nuestra realidad productiva como nunca antes. Hoy estamos asistiendo a un proceso de expansión tecnológica, de modernización y aumento de productividad en la base competitiva del país, que no tiene precedentes. Me parece que debemos remontarnos mucho tiempo atrás para que la base competitiva del país esté registrando los niveles de aumento de productividad. La transformación que hay, particularmente en las actividades agropecuarias, es formidable. El incremento en la inversión productiva que se está registrando nos alienta a pensar que se ha recobrado por parte de los empresarios la noción de que la inversión es la única palanca posible para el aumento del bienestar y del progreso. En el sistema  financiero hoy contamos con un instrumento de regulaciones y estímulos más sólido que en el pasado y los uruguayos hemos hecho de la estabilidad macroeconómica algo incuestionable. Lo cierto es que me alegro mucho cuando la discusión sobre inflación radica en si tenemos un punto más o uno menos -del 5 al 6 o del 6 al 7-  porque en este país no fue esta la historia macroeconómica de los últimos cincuenta años donde, incluso, se llegaron a hacer afirmaciones de que inflaciones muy elevadas como las que teníamos eran hechos que debían ser considerados como intrascendentes. Me satisface que discutamos si en la actualidad el déficit fiscal es superior a 0,9% o 0,5% cuando en el pasado tuvimos déficit crónicos del 4% y 5% del PIB y nada se dijo al respecto.

                Tengo la impresión de que existe un conjunto de muy buenos fundamentos para decir que Uruguay está en condiciones de crecer más de lo que lo ha hecho en el pasado. Fíjense los señores Senadores que no me he basado en el argumento preferido por todos para justificar si estas predicciones que estoy haciendo son razonables o no.  Me refiero a aquel que dice que todo proviene del exterior. En general,  el argumento se basa  en si las tendencias internacionales nos acompañan o no, pero en lo personal hice referencia a un conjunto de transformaciones que son obra del trabajo y del esfuerzo de los uruguayos. Por supuesto que es muy bueno que nuestro trabajo esté alentado por el mejor comportamiento de los mercados con los que nos relacionamos y de la economía internacional de la que somos parte. Por lo tanto, creo que las proyecciones macroeconómicas tienen muy buenos fundamentos y que el consenso de los analistas internacionales respecto a que Uruguay es hoy una de las economías que está en condiciones de avanzar más en materia de prosperidad, es un elemento que en nuestra economía y sociedad tiene buenos fundamentos. Esta es mi opinión.

Entonces, a la pregunta de cómo hicimos respondo que actuamos debidamente fundados. Se cuenta con más información de lo que está sucediendo actualmente y de lo que va a ocurrir inmediatamente después y eso hace que podamos ampararnos en argumentos distintos para sostener la prudencia, la adecuación y la razonabilidad de las proyecciones que estamos presentando. Pero, en todo caso, podríamos decir que en las dos perspectivas, en el horizonte que tenemos más información y en aquel que tenemos solo tendencias de largo plazo, hay sólidos fundamentos para creer que la economía uruguaya está en condiciones de crecer en la actualidad a una tasa que dobla la que históricamente se venía dando. Pienso que las transformaciones que dan lugar a estas nuevas realidades son el resultado de un trabajo de muchos años y de varias capas de sedimentación de esfuerzos que finalmente hacen que la realidad sea como es. Por ende, si vamos a discutir sobre los argumentos sin atribuirle a nadie en particular tener el patrimonio absoluto, ser el dueño, de los buenos fundamentos, lo que tenemos que hacer es diagnosticar que los tenemos y hacer lo posible porque se mantengan. Esa es la labor de este Presupuesto que está presentado para hacer una contribución a la continuidad de ese proceso. Esta es nuestra opinión y fundamento.

                En cuanto a la referencia al promedio entre Argentina y Brasil podemos decir que si nosotros estamos creciendo por encima del promedio y estos países no lo están haciendo, eso quiere decir que hay regularidades empíricas que están cambiando. Sinceramente, creo que atarnos a regularidades empíricas y pretéritas que orientaron y caracterizaron el funcionamiento de la economía en determinadas circunstancias, puede ser un pésimo elemento para predecir el futuro. Es más: yo no lo haría. Esto no implica subestimar la importancia que tienen Argentina y Brasil -sobre todo Brasil en este momento- en la trayectoria de nuestra economía, porque una de las cosas que debemos tener en cuenta en este tipo de instancias es determinar cuál es para nosotros el mundo de referencia. Está claro que ese punto de referencia no es la economía mundial, porque es muy grande y abarcativa, y si bien da señales relevantes a todos, cada uno tiene su mundo de referencia. Nosotros debemos especificar cuál es el  nuestro; debemos tenerlo en cuenta y saber mucho más de él y no de las cosas que a veces recibimos como resultado de análisis internacionales de realidades que luego, al intentar trasladarlas a la nuestra, dan señales equívocas. En parte, la reacción de la economía uruguaya en 2009 y el comportamiento diferencial respecto a otras economías de la región y del mundo, es el producto de haber internalizado demasiado tendencias internacionales y no leer las especificidades de lo que estaba ocurriendo en nuestra economía. Creo que nosotros debemos valorar la comprensión de nuestros problemas y nuestras acciones para luego poder decir cómo nos va a ir. En mi opinión, no hay nada peor que sostener que todo lo bueno y lo malo proviene de afuera; es  muy malo para el esfuerzo colectivo, para cualquier sociedad u organización, decir que lo que sucederá es solo el resultado de lo que ocurre fuera de su área de control. Si algo hemos hecho es lograr la recuperación de la confianza en este país,  en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad de hacer. Este también es el fundamento de las proyecciones que estamos presentando.

                En cuanto a la inflación, quiero hacer un par de comentarios porque se hicieron varias consideraciones. Cumplir con el rango meta establecido por el Comité de Coordinación Macroeconómico es un compromiso. Ese rango meta de inflación, que hoy está establecido entre el 3% y el 7% -y que fue corregido para colocarlo a partir de mediados del año que viene en el entorno del 4% al 6%- es un compromiso, es la guía y el ancla de la estabilidad en materia de precios. Respecto a esto  permítanme hacer una corrección y decir que creo que el año pasado se cumplió el rango meta y que este año también se está cumpliendo. Lo cierto es que en nuestro país, en los últimos 24 meses, no se ha producido incumplimiento alguno del rango meta; siempre estuvimos dentro de él. Creo que no hay que verificar si un mes o dos no estamos dentro de él;  lo que hay que controlar es qué tanto orienta  las acciones de la política económica. Esto no es algo mecánico,  el Gobierno no maneja la inflación a su antojo y la política monetaria tiene eficacia relativa. A su vez, la política fiscal hace contribuciones específicas pero reitero que no es mecánico y que no se trata de la economía del ascensor en la que se aprieta un botón y se va al segundo piso y si se aprieta otro se baja al subsuelo. En general, la política monetaria y la política  macroeconómica actúan sobre la realidad y a veces lo hacen con desfases temporales muy importantes. Eso es lo que debe ser tenido en cuenta. Por otro lado, sí tiene que quedar claro cuál es el compromiso en este caso: el rango meta. Entonces, cuando no se cumple con él se espera que las instituciones que tienen que hacer la custodia de cumplir con ese objetivo, es decir, el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas, tomen las medidas para que eso se reencauce. Esa es la guía, la orientación y el compromiso. Este compromiso es firme porque de lo contrario no sería creíble y no permitiría anclar también la política monetaria sobre objetivos sólidos.

                En cuanto al artículo 4º del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, propondría separar el tema en dos partes. Por un lado, lo que tiene que ver con la mecánica del artículo, que discutiremos oportunamente cuando hagamos su presentación en profundidad y, por otro, despejar una incertidumbre que considero debe quedar superada en el día de hoy. La redacción actual del artículo 4º, tal como está propuesto, no implica de parte del Poder Ejecutivo ningún relajamiento respecto a su política en materia de inflación. Esto sí debe ser dicho hoy y, si lo desean, el otro aspecto lo discutimos en detalle en este momento o podemos hacerlo en la próxima oportunidad en que estemos aquí, cuando pensamos fundamentar en profundidad  por qué entendemos que la formulación de esta parte de la política se lleva adelante mucho mejor por medio de esta norma que ahora proponemos. Esto es lo que creemos, y podemos entrar en detalle al respecto.

Creo que parte de la argumentación esgrimida por el señor Senador Heber tenía que ver con la posibilidad de que esta formulación reduzca y alivie el compromiso con la inflación. A eso respondo que de ninguna manera esto es así, y queremos aclarar el punto. Pensamos que hay reglas que se impusieron en algún momento de la historia que son perfectibles y que la formulación actual del artículo 4º es mucho mejor que la regla existente que simplemente juega como una suerte de amenaza y de espada de Damocles sobre la política económica, vinculada a un número arbitrario. Hoy, con esta propuesta, se genera un mecanismo institucional, una forma de proceder y de encarar los temas que, en el marco de la negociación, ofrece un menú de soluciones para salir de las dificultades. Quiero aclarar que soy muy partidario de solo preservar los automatismos cuando el piloto automático tiene sentido y buen fundamento, pero cuando hay mejores soluciones, como en este caso, prefiero una formulación como la que estamos presentando. Me animo a decir que, desde el punto de vista de la gestión de la política fiscal y de los intereses de los propios trabajadores, esta formulación es mucho mejor que la anterior. Pero insisto: sobre ese punto podríamos debatir en profundidad, no en una discusión general, sino cuando estemos considerando específicamente este artículo, que para nosotros tiene un enorme contenido porque confirma un modo de razonamiento y de actuación del Poder Ejecutivo en materia de remuneraciones a sus trabajadores, al menos en lo que tiene que ver con la protección de la inflación.

En definitiva -lo voy a reiterar una vez más- creemos que este artículo 4º tiene una formulación mucho mejor que otras anteriores.

Con relación a la presión fiscal, tengo un problema de combinación de  información diversa, proveniente de distintas fuentes. Por lo tanto, voy a referirme simplemente a una parte de esa información.

Si acordamos que el indicador general de presión fiscal de la economía es la proporción de ingresos del sector público no financiero sobre el Producto Interno Bruto, lo que vamos a obtener, básicamente, a lo largo del período es una estabilidad absoluta, salvo la recaudación del Banco de Previsión Social que aumenta, en parte porque se incrementan las contribuciones al FONASA debido a la introducción de los cónyuges en el Sistema Nacional Integrado de Salud. En la proyección de la presión fiscal tal como está, no hay cambios formales, no se computó ningún incremento de impuestos ni las ganancias de eficiencia. Quiero que esto quede claro: en nuestras proyecciones no se computa ninguna ganancia de eficiencia de las administraciones, solo computamos los ingresos fiscales correspondientes al crecimiento económico y a la recomposición del resultado de las empresas públicas. Es evidente que la situación que vivimos en los años 2008 y 2009 generó enormes perjuicios para el resultado de las empresas públicas, en virtud de que las tarifas se mantuvieron en niveles que originaron pérdidas cuantiosas. Cuando la situación vuelve a la normalidad, se restablece el resultado normal de las empresas públicas. A propósito de esto, hay que tener claro que las empresas públicas utilizan un capital que es de la sociedad, por lo cual esta tiene derecho a tener un rendimiento por ese capital, que se transforme en utilidades que pueda recibir como remuneración de la inversión que hizo en esas empresas. Entonces, sería lógico que tuvieran un resultado operativo razonable. Ahora bien; el hecho de que el resultado sea razonable o no, tiene que ver, básicamente, con el tipo de patrimonio que tienen las empresas y las condiciones de rentabilizarlo. Creo que sería bueno tener un buen debate en torno a cuáles son los niveles patrimoniales de las empresas y las tasas de rendimiento de capital que los uruguayos deberíamos pedir al uso del capital social. Lo otro, que es recomponer el resultado corriente de las empresas públicas, debe hacerse como consecuencia de que, durante el año pasado y el anterior, lo deterioramos por mantener tarifas que no cubrían los costos de producción. Es tan simple como eso; no hay ningún aumento de presión fiscal por ese motivo. Sinceramente, para no tener los vaivenes que estoy mencionando, creo que como indicador de presión fiscal es mucho mejor considerar los egresos del sector público, porque son los que, en realidad, hay que financiar. En última instancia, los egresos constituyen el mejor indicador de presión fiscal. Cuando hay déficit, ¿cuál es la mejor medida de la presión fiscal: los ingresos o los egresos? Lo que hoy son egresos no financiados, mañana serán impuestos, porque el  sector público no dispone de otra herramienta para financiarse que no sean formas coercitivas de financiamiento. El sector público no es una empresa que vende productos; el sector público pone impuestos y los impuestos implican -tal como reza el término- imposiciones. Obviamente, nadie quisiera pagar impuestos; todos quisiéramos pagar menos de lo que pagamos por concepto de impuestos. Ya vimos lo que ocurre si consideramos como indicador de la presión fiscal a los ingresos, entonces, propongo               -simplemente como una alternativa- tomar como indicador a los egresos. ¿Qué sucede? Hay estabilidad en el período y las fluctuaciones son explicables, estrictamente, por razones que no tienen que ver con la política tributaria ni con la intención de ampliar la presión fiscal en el país.

En síntesis, esa es la orientación general que hemos manejado en torno a la política fiscal.

SEÑOR PASQUET.- Estamos siguiendo la intervención del señor Ministro con la atención que corresponde.

                Seguramente el señor Ministro sabe que está circulando un estudio de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay que dice que, definiendo la presión fiscal en la forma como se acaba de expresar, es decir, considerando la totalidad del gasto del sector público, incluyendo al Banco de Previsión Social y a las Intendencias, y dividiendo eso entre el Producto Interno Bruto, la presión fiscal va a subir del 30% ‑valor que tendría actualmente-  a un 34% en 2014. Agradecería los comentarios del señor Ministro a ese respecto.

SEÑOR MINISTRO.- No conozco ese estudio y no me voy a manifestar al respecto. Si me guío por los antecedentes de algún trabajo que se presentó el año pasado, por ejemplo, con estimaciones de informalidad, sinceramente tendría mis dudas. Me gustaría leer con mucha atención la línea argumental, porque la que observé el año pasado sobre la informalidad me pareció de muy baja e imprecisa calidad. Creo que, después de leer el estudio, no hay dos opiniones técnicas que se puedan tener respecto de que ese tipo de trabajo no puede ser fundamento de una opinión seria. Quisiera que me enviaran el trabajo que menciona el señor Senador y reitero que ahora no me voy a manifestar sobre él. Aquí estoy presentando el corazón de la política fiscal del país y, por tanto, de la presión fiscal. Dudo de que nos estemos “comiendo” cuatro o cinco puntos del Producto de presión fiscal cuando no conocemos las razones que los podrían generar. ¿Dónde estaría el fundamento? ¿Qué ocurre para que pase de un nivel a otro? Alguien podría decir que hay un mecanismo no tributario para reducir a cero la evasión; ese mecanismo podría ser con las alícuotas actuales. Dentro de un momento vamos a hablar sobre eso, porque hubo consultas sobre la posibilidad de reducir la evasión, pero de ninguna manera creo que exista alguna acción que el Gobierno haya emprendido, desde marzo hasta la fecha, que pueda justificar el aumento de la presión fiscal en cinco puntos del Producto. Los ajustes fiscales más grandes de la historia del país involucraron, aproximadamente, dos puntos del PIB. Si uno pensara que se están proponiendo medidas que implican un ajuste de cinco puntos del PIB, estaríamos ante una discusión que, sinceramente, no sería para esta instancia ni en estas circunstancias.

                A cuenta de informarme sobre ese estudio, permítanme apoyarme en las cifras que tengo y manejo, que creo son el corazón de la política fiscal y de la política tributaria del país.

SEÑOR HEBER.- Quisiera aclarar que las cifras que manejé sobre la presión tributaria son las que figuran en la exposición de motivos que el señor Ministro ha firmado. Quizás haya que explicar algo sobre esas cifras, pero quería formular esta aclaración.

SEÑOR MINISTRO.- Efectivamente, todos los números que el señor Senador mencionó están en diversas partes de la documentación, pero no son comparables unos con otros. El cuadro que tiene la información comparable es el que representa a la totalidad del sector público no financiero. Este empieza con niveles de proporción de egresos primarios del sector público no financiero en 27,3% y termina en 27,6%. En cuanto a los ingresos, hay un 29,0% en 2010 y 29,6% en 2015. La explicación entera de la diferencia son cinco décimas de punto del PIB -la mitad de un punto- que es el incremento de la recaudación del Banco de Previsión Social. No hay ningún cambio en las alícuotas respecto a lo que el Parlamento ya autorizó y fijó. No hay nada más y los números son los que figuran aquí. Si en algún momento se hace referencia a otros números, hay que tener en cuenta que la serie que estoy mencionando es la comparable y, tómese una u otra, las dos pueden ser indicadores diferentes de la presión fiscal. No estoy diciendo cuál es mejor, pero prefiero el de egresos. Con toda sinceridad, los egresos totales del sector público son un mejor indicador. Pero insisto: esta es una preferencia porque como los egresos, lo que se gasta, tarde o temprano debe ser financiado, son un indicador mucho mejor los egresos que los ingresos.

                Sobre el grado inversor y la contribución que tiene que hacer la política financiera, debo expresar que el Uruguay, con la forma de resolución que encontró para atravesar la crisis del 2002, generó una pesada carga para las generaciones futuras, porque la deuda pública trepó mucho, y cuando se incrementa la deuda pública en un país -sobre todo, con respecto al PIB- lo que se está haciendo es trasladar a las generaciones futuras el pago de esa factura. En estos últimos años -y continuaremos en la misma línea- hemos reducido el peso de esa factura.

Ahora bien, se nos consulta sobre el nivel compatible con el grado inversor. Sinceramente, creo que Uruguay tiene condiciones -los mercados así lo aceptan- como para que se reconozca su grado inversor; sin embargo, las calificadoras de riesgo continúan insistiendo con los niveles de vulnerabilidad de nuestro endeudamiento. Si somos responsables, si somos conscientes de  que tenemos que convencer a los otros -no a nosotros mismos- deberemos trabajar para confirmar nuestras fortalezas, más allá de que este sea un punto de vulnerabilidad potencial y un factor por el cual se nos trata mal por parte de las calificadoras de riesgo, algunas de las cuales nos ponen calificaciones crediticias que resultan inexplicables en términos de lo que es nuestra trayectoria. En la actualidad nuestro país está transitando una etapa de buen rendimiento de mercado y ha ganado, con mucho sacrificio, el derecho a dejar bien claro que ha cumplido con sus obligaciones todas las veces que las ha asumido. Por lo tanto, creo que lo que estamos impulsando, junto con la reducción de la deuda, es algo que indefectiblemente tenemos que continuar.

A propósito de este punto, quiero realizar un comentario sobre el planteo del señor Senador Gallinal. La razón por la que no presentamos la deuda neta fue para que la trayectoria de mejora en el período no quedara nítidamente manifestada. Por eso presentamos la deuda bruta. Además, es allí donde queda en evidencia la vulnerabilidad. Ahora bien, cuando nosotros llevamos el argumento de deuda neta a las calificadoras de riesgo, que es mucho más fuerte, no lo admiten porque consideran que la deuda bruta es muy alta. No importa tener mucha liquidez, tener una fortaleza muy grande a corto plazo, ni tener un perfil de vencimientos como el que nos caracteriza, porque lo que  anteponen es el nivel global del endeudamiento bruto. Sinceramente, frente a estas situaciones no nos queda otra opción que exhibir lo que resulta más vulnerable. Si presentáramos el dato de deuda neta sería mucho mejor, pues al final del período nos estaría dando resultados claramente más favorables de los que teníamos antes de la crisis del año 2002. Esa sería la situación, pero no quiero profundizar más el análisis de ese punto.

Por otro lado, en la suma que hace el señor Senador de los resultados operativos a lo largo de los años, que luego transforma en potenciales creadores de deuda neta -que en su oportunidad traté de explicar- se olvida del señoreaje, que a pesar de que es el principal componente, no está registrado en ningún lado. Por lo tanto, cuando observemos la trayectoria de la deuda neta, si aspiramos tener 40 puntos de PIB al final del período -es decir, al 2015- nos encontraremos con que tendremos aproximadamente 20 puntos de deuda neta. Si fuera necesario, aportaríamos esta información, pero  lo que importa en términos de vulnerabilidad, que es lo que evalúan los interlocutores, no es la deuda neta. Hoy por hoy, querríamos que se nos exigiera ese dato, pero lamentablemente no es así y nos ubican en base al indicador más elevado, en comparación con los países del mismo desarrollo económico que el nuestro. Si observaran la deuda neta, advertirían que la situación de Uruguay es mejor que la de muchos países que actualmente cuentan con el grado inversor. De todas formas, los juicios son los juicios y las opiniones son las opiniones. Permítaseme decir que las dimensiones que toman en cuenta las calificadoras de riesgo no necesariamente responden a una evaluación de riesgos, lo que desde el punto de vista técnico se podría compartir en muchas circunstancias. Pero, ¡cuidado! ¡Las evaluaciones técnicas se equivocan tanto para un lado como para el otro! No debemos pensar  que hoy estamos siendo maltratados porque, quizás, en algún momento fuimos mejor tratados de lo que merecíamos.

Quiero hacer algunas consideraciones sobre varias de las intervenciones realizadas. La primera fue la del señor Senador Heber. De sus palabras se desprende que en mi exposición condicioné los ajustes impositivos y las adecuaciones impositivas, con los que estamos comprometidos, a la reducción de la evasión. Pero es exactamente a la inversa. Más de una vez lo hemos planteado en el Parlamento, por lo tanto, es público y notorio nuestro anuncio de que en el año 2011 llevaremos a cabo las medidas de adecuación impositiva, de acuerdo con el compromiso y el Plan de Gobierno del Frente Amplio. Estamos trabajando en este tema y desde ya adelantamos que en el año 2011 vamos a proponer las medidas de adecuación, y que nos aseguraremos que ellas sean compatibles con las agencias de recaudación, en el sentido de que estén en condiciones de reducir la evasión como consecuencia de los aportes que vamos a hacer. El compromiso es claro. Si de mis  palabras se malinterpretó que condicionaba los ajustes impositivos a que se redujera la evasión, aclaro que no es así. Lo que dije fue que los ajustes impositivos van a permitir y coadyuvar a reducir el estímulo a la evasión y a facilitar el trabajo a nuestras agencias recaudadoras en esta materia; esa es la política, y es lo que pensamos hacer.

                En lo que refiere a los cargos de particular confianza, creo que el próximo lunes concurrirán a esta Comisión los representantes de la Presidencia de la República, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En mi opinión, esa sería una muy buena oportunidad para entrar en detalles sobre este tema. No obstante, puedo asegurar al señor Senador que, desde mi punto de vista, el costo adicional o total de los cargos de particular confianza en el país no va a ser de US$ 100:000.000.  En esa cifra están incluidas muchas cosas, entre otras,  todos los ajustes relacionados con los funcionarios. Me animo a decir  que  esos US$ 100:000.000 no está contenidos en el proyecto de ley de Presupuesto para cargos de particular confianza.

                En cuanto a la segunda intervención, que fue la del señor Senador Gallinal y que tiene que ver con la deuda,  en parte ya la respondí; sin embargo, quisiera agregar dos o tres elementos.

En primer lugar, el hecho de tener una deuda en dos monedas significa que somos muy sensibles en la evolución de nuestros indicadores de deuda y, en definitiva, en nuestra vulnerabilidad financiera, depende del tipo de cambio real. La única forma que tenemos para reducir y mitigar este riesgo es contribuir -tal como lo hemos hecho en este período, pero debemos hacerlo mucho más- a la desdolarización de la deuda; eso es muy claro. Probablemente esta sea la oportunidad más importante que tengamos para continuar y dar un salto trascendente en materia de desdolarización de la deuda. Quizás en algún momento se nos podrá decir que ahora pagamos más intereses, pero ese es el precio del seguro de tener la deuda en la moneda en que se recauda. La trayectoria que tuvimos en el pasado, que se  caracterizaba por explosiones del tipo de cambio real y por crisis financieras y fiscales fue el resultado de estar desprotegidos. Estamos en ese trabajo. Créanme  señores Senadores, esto es como el tango: se necesitan dos personas para bailarlo. En el caso  que nos ocupa, por un lado estamos nosotros, que lo queremos hacer y, por otro, los inversores que acepten los procesos de avance en esta materia.

El señor Senador Gallinal realizó algunas consideraciones con relación a los temas vinculados a las contingencias macroeconómicas y, en caso de presentarse, la forma en que reaccionaría el Gobierno. Al respecto, debo decir que tenemos herramientas para reaccionar ante determinadas contingencias macroeconómicas que puedan ocurrir. Permítanme decir que tenemos herramientas para reaccionar, y  que son suficientes para los niveles de riesgo previsibles. Esto no debe ser interpretado, de ninguna manera, como que estamos blindados, asegurados, ni que podemos enfrentar cualquier contingencia. La posición del Gobierno dista mucho de creer que estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de contingencia. No podemos pedir a ninguna organización, y mucho menos al Estado, que prepare planes para todo tipo de contingencias que puedan ocurrir. Lo que hay que hacer es tomar recaudos para el escenario más probable y tener herramientas para enfrentar desvíos previsibles. Ahora bien, si ocurren desvíos de determinada magnitud a los que hoy le asignamos baja probabilidad, en esas circunstancias volveremos al Parlamento para discutir y analizar cuáles serían las mejores medidas que podríamos llevar adelante y qué es lo que el Poder Ejecutivo plantea al respecto. En ninguna parte del mundo se hace una explicitación de los planes ante toda contingencia o, incluso, ante contingencias no ocurridas. Sinceramente, debo decir que esto no es de práctica habitual en el debate presupuestal ni en ninguna organización. Cuando se hace un ejercicio de planificación estratégica en una empresa u organización, se someten los escenarios y se prepara la organización para saber cómo reaccionaría en esas circunstancias. Pero  cuando se elabora el Presupuesto de un país, se hace solamente uno, no uno para cada contingencia. No conozco ninguna experiencia de aprobación de Presupuesto de ningún gobierno en el mundo que contenga un curso de acción para cada contingencia, ni siquiera para aquellas que tienen más probabilidad de ocurrir; esas se diagnostican en el transcurso de un período, se incorporan en la  propuesta al Parlamento y a esos efectos se instrumentan las herramientas necesarias para reaccionar. Eso es lo que hemos hecho; eso es lo que tenemos.

                En cuanto a reglas fiscales, en principio no tengo opinión adversa en cuanto a la utilidad de manejar la política fiscal y la ayuda que puede significar. Ahora bien, dudo de la suficiencia del instrumento, porque si algo nos enseñaron los episodios recientes, especialmente los de Chile, es que cuando hay que hacer jugar las reglas fiscales, eso no se puede hacer. Esto es así porque en circunstancias excepcionales ninguna democracia aceptaría que la respuesta a la política fiscal ante tamaños problemas fuera la de que hay que seguir la regla. No es así porque, en situaciones especiales, hay que ir más allá de la regla. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que todo el pacto de estabilidad monetaria y fiscal en Europa fue violado flagrantemente por todas las economías, debido a que enfrentaron una dificultad no prevista. Actualmente, hay más de una decena de países de Europa violando el pacto de estabilidad; es más, la tolerancia de los niveles de déficit era 3% del PIB y, sin embargo, ahora hay países con más de 10% y con impulsos de política fiscal formidables. Entonces, lo único que da la garantía a una economía como la uruguaya de que la política fiscal pueda ser una contribución a la estabilidad, es el compromiso firme de los gobernantes con la prudencia fiscal y con el recurso de herramientas compensatorias, cuando las circunstancias así lo ameriten. Las reglas sirven, sobre todo, para disciplinar acontecimientos normales, pero no para enfrentar dificultades que muchas veces preocupan a la opinión pública. Esta es mi opinión y la he dado en otras oportunidades en el Senado. Por tanto, lo único que estoy haciendo ahora es reafirmar mi posición en cuanto a que no dudo de la utilidad de estas herramientas, pero sí de que sea imprescindible tenerlas cuando uno cuenta con una política fiscal tan bien aceitada como la que tiene Uruguay en la actualidad.

                En lo que tiene que ver con las inversiones, debo decir que tengo dudas sobre algunas cuestiones. En primer lugar, no sé de dónde obtiene la información el señor Senador en cuanto a que los niveles de inversión pública que estamos registrando en empresas y en la Administración no alcanzan a reponer la depreciación del capital. Cabe aclarar que el Estado no tiene contabilidad patrimonial, por lo que ni siquiera conocemos el valor económico del patrimonio y mucho menos tenemos estimaciones de depreciación de ese capital. Por tanto, no sabría decir de dónde proviene la información que dice que no se hace la reposición. Sí puedo afirmar que, a la luz de diversos indicadores que sí se pueden tener para empresas públicas, las inversiones proyectadas de estas van mucho más allá de los niveles de depreciación, porque en ese caso sí se pueden cuantificar los bienes de equipo, su duración y, además, las tasas de depreciación son conocidas, pues forman parte de las contabilidades habituales. Pero  la Administración no tiene esa contabilidad. Por ejemplo, en cuanto al patrimonio de carreteras, no sabemos cuánto vale el stock puesto que eso no está contabilizado en ningún lado, y ese es uno de los aspectos en los que debemos avanzar. Ahora bien, con respecto a las inversiones que se están realizando, puedo decir que es visible que las partes que se han acondicionado y se están manteniendo están mucho mejor que un tiempo atrás. Pero esto que estoy diciendo sería muy especulativo, en términos de reposición de capital. Repito que no conozco qué fundamentos tiene la información que se vertía. En realidad, me gustaría tener estimaciones de depreciación de determinados patrimonios públicos, pero lamentablemente no los tenemos.

                Con respecto al recurso a las asociaciones público-privadas, antes que nada quiero decir que el Gobierno incorporó en el Presupuesto Nacional y en los Presupuestos de las empresas públicas el máximo esfuerzo de inversión que está en condiciones de ser solventado con recursos presupuestales o a cuenta del resultado fiscal consolidado de la Administración. Eso es lo que nosotros podemos hacer. En definitiva, lo que estamos haciendo es ampliar, con un instrumento adicional, la posibilidad de que haya proyectos de infraestructura que cuenten con asociación público-privada. El proyecto que vamos a remitir al Parlamento tiene controles del Tribunal de Cuentas de la República, al igual que todo el resto. Al menos yo no conozco un solo proyecto en el que haya un mecanismo de recurrir a las asociaciones público-privadas que sea de elusión de controles. Personalmente no enviaría al Parlamento una iniciativa de ese tipo, tampoco contaría con mi apoyo  y, por tanto, no la defendería. Ahora bien, ¿qué deben tener estos proyectos para que merezcan el apoyo de nuestra parte? Digo esto porque se va a necesitar el apoyo, en particular, del Ministerio de Economía y Finanzas, que va a ser un actor en el tema. ¿Qué se debe hacer? Se tiene que justificar que la opción de llevar adelante el proyecto en la forma de asociación público-privada tiene más valor para la sociedad que si lo hace el Estado solo. Eso es lo que se debe demostrar y para ello se realizan estudios de valor por dinero. Estos son ingredientes fundamentales para que tomemos la decisión  de que los proyectos sean viabilizados con estos instrumentos o no. Aclaro que no estamos poniendo a consideración del Parlamento una iniciativa para hacer cualquier cosa y de cualquier manera; esto no lo haríamos nunca. Es más, somos responsables, sabemos que las asociaciones público-privadas generan contingencias fiscales, y por ello las tenemos que tratar con el mismo rigor y cuidado con que lo hacemos con cualquier otra contratación de deuda; esa es nuestra opinión. Por lo tanto, difícilmente podríamos aceptar que fuera bueno para el país  que se  aprobara un proyecto que redujera y relajara los controles del Tribunal de Cuentas o de la propia disciplina fiscal. Digo esto porque, si algo sabemos de estos proyectos, es que pueden ser muy beneficiosos para la sociedad, pero si algo sale mal, la factura también la paga la sociedad, y de eso somos conscientes. Y como nos preciamos de serlo, no vamos a hacer de esto un jolgorio. Aclaro que tampoco estamos promoviendo esta propuesta porque haya  restricciones fiscales, sino porque creemos que el país tiene la madurez suficiente como para  desarrollar este tipo de iniciativas, así como también porque los beneficios que se pueden obtener al aplicar estos instrumentos los puede aprovechar la sociedad. Es por eso que lo estamos haciendo. Creemos que la experiencia  que tenemos hasta ahora -que ha sido mucha y buena- ley a ley y proyecto a proyecto, ha sido demasiado pesada y estamos en condiciones de tener un marco conceptual general jurídico que habilite a la Administración a proceder con responsabilidad. Insisto en que no podríamos permitir que estos proyectos se convirtieran en un factor de desestabilización de las finanzas públicas y mucho menos que fueran la fuente de la ausencia de transparencia. Al fin de cuentas, como se trata de contratos en los cuales el Estado contrata con un particular, las obligaciones que asume el Estado se parecen a un endeudamiento un poco peculiar.  Para poner un ejemplo, cada vez que la empresa eléctrica asume un contrato  en firme con un proveedor privado, estamos hablando de  un contrato de asociación público-privada que genera obligaciones a la Administración, y si en algún momento surge un problema, hay contingencias, ya sea por incumplimiento del contrato o por desvíos respecto a esas cuestiones. De eso se trata; hay aspectos sobre los cuales tenemos experiencia y los hemos resuelto bien, y otros no tan bien, pero hay que aprovechar tanto lo uno como lo otro. Lo que estamos proponiendo es una figura jurídica nueva -el contrato de asociación público-privada- que no trata de revisar nada de la preexistente y se podrá discutir sobre ella sin modificar para nada el TOCAF ni los mecanismos de contratación establecidos en la ley; además, nadie tendrá la obligación de utilizar este procedimiento. Quiero que quede claro que este procedimiento estará lleno de garantías, y me atrevo a asegurarlo porque es el compromiso  que hemos asumido.

SEÑOR GALLINAL.- En primer lugar, convengamos que podríamos estar en igualdad de condiciones para llevar adelante esta discusión si hubieran remitido el proyecto de ley de asociaciones público-privadas con anterioridad o simultáneamente con el Presupuesto Nacional.

SEÑOR MINISTRO.- Disculpe, señor Senador, pero solo incursioné en el tema porque usted hizo referencia; de lo contrario, no hubiera hecho ninguna consideración.

SEÑOR GALLINAL.- No tengo otra alternativa que hacer referencia a la asociación público-privada porque el Gobierno ha decidido utilizar ese instrumento a través del Presupuesto Nacional y una buena parte de los recursos que tradicionalmente se han ejecutado a través de los propios Incisos  o de los organismos a los que se adjudican, en esta oportunidad de antemano está decidido que no van a recorrer la vía tradicional, sino que van por una nueva. Adelanto que, en principio, hasta tanto conozca en  detalle el proyecto, desde ya  estoy adhiriendo.  Pero agrego que -y en eso también tenemos una diferencia- hay organismos como, por ejemplo, el CODICEN, que no están de acuerdo con el Presupuesto Nacional que se aprobó en la Cámara de Representantes  porque no les dan la opción de elegir entre uno u otro, sino que se les impone esa decisión. Quería saber si hay alguna disposición por parte del equipo económico -que sé que va a estar detrás de todos estos temas, como no puede ser de otra manera- para dar esa opción. Me parece que por lo que acaba de expresar el señor Ministro, es así.

                En tercer lugar, quiero decir que la fuerza política a la que pertenece el señor Ministro ha cambiado totalmente su opinión respecto de estos temas -ello no es su responsabilidad- porque cuando antes hablábamos de que para hacer más eficiente el gasto se podían utilizar mecanismos -ya sean de tercerización o de concesión- de la misma característica a la que hoy estamos refiriendo, ponían el grito en el cielo y decían que prácticamente estábamos privatizando el país, en un concepto neoliberal que terminaba enajenando el patrimonio nacional. Aclaro que no he dicho al señor Ministro que maneja un concepto neoliberal ni que está enajenando o regalando ni entregando el patrimonio nacional, sino que me parece muy sano el criterio, aunque no conozco cuáles son las garantías que existen atrás de ello.

SEÑOR BARÁIBAR.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro?

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera poder recuperar el uso de la palabra porque si la sigo derivando, no puedo responder exactamente a lo planteado por el señor Senador Gallinal. Me gustaría terminar de responder sobre este punto para poder aclarar mi posición, y después sí le concedería una interrupción al señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa comparte el criterio del señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero aclarar que respondí a una parte que creí entender estaba vinculada a la referencia que realicé sobre las asociaciones público-privadas y solamente señalé que vamos a remitir una iniciativa y vertí opiniones sobre lo que no acompañaría de este proyecto hipotético que, de tener esas características,  reitero, no lo apoyaría.

                Paso a considerar específicamente el tema que tiene implicancia presupuestal, pues el que mencioné anteriormente no las tiene, ya que no hay ningún artículo del Presupuesto Nacional que condicione o esté condicionado a las asociaciones público-privadas. Creo que a lo que hace referencia el señor Senador Gallinal es a la propuesta del Poder Ejecutivo de constituir un Fondo en la Corporación Nacional para el Desarrollo para la mejora de las infraestructuras que el Poder Ejecutivo quiere apoyar, pues quiere asegurar que se desarrollen las infraestructuras y ofrece a esta Corporación como un posible administrador del Fondo bajo mandato de las organizaciones. Además, para que este Fondo tenga algunas virtudes -más adelante las vamos a discutir- como la posibilidad de escaparnos de la lógica anual presupuestal, de tal manera que las organizaciones que van a ser beneficiarias de este Fondo puedan trasladar y ejecutar el gasto para la contabilidad pública durante el año corriente y hacer las obras en la cadencia que estas requieren, ello solo es posible si creamos un fondo externo. Propusimos esta alternativa para proteger las inversiones y facilitar la vida a los ejecutores del gasto, sobre todo en los primeros años, porque como se sabe, es difícil poner en marcha programas de inversión. Esta fue nuestra motivación y si hay alguna institución de la educación que no esté de acuerdo con esta idea, realizará los planteos pertinentes. La opinión que tengo sobre el CODICEN es diferente a la del señor Senador Gallinal, pero esto es producto de una reunión que mantuvimos hace 48 horas con las autoridades de dicho Consejo, que nos señalaron eso. De todos modos, así como en la Cámara de Representantes se mejoró el proyecto de Presupuesto en algunos aspectos, aquí en el Senado se contemplarán las mejores soluciones para estas cuestiones. Tiene que quedar claro que nada tiene que ver el Fondo de Desarrollo de Infraestructuras y lo que ello implica para las instituciones de la educación con las asociaciones público-privadas; son temas totalmente perpendiculares. La motivación es otra: ayudar a las instituciones de la educación con el mandato del Parlamento para realizar las obras que hay que hacer y, segundo, proteger sus presupuestos para que la lógica de que el crédito es anual no termine comiéndoles parte de esos recursos y generando dificultades para la concreción de los proyectos. Esto es lo que nosotros propusimos, y si hay comprensión o incomprensión de nuestra voluntad u opinión distinta respecto a la eficacia de lo que estamos proponiendo, el encargado de realizar los ajustes es el Parlamento de la República.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Quién va a ejecutar estas obras? Las van a ejecutar privados. Entonces, hay un grado importante de vinculación con la asociación público-privada; al menos, en ese sentido entendimos la propuesta y la compartimos. ¿Con qué propósito se crea el Fondo? ¿Quiénes van a ser los agentes que van a realizar la obra final que va a decidir el CODICEN, en este caso?

SEÑOR MINISTRO.- Es probable que una parte de esas obras -no sé cuál- se realice en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La otra parte -como sucede habitualmente en la ANEP- se realiza contratando a empresas que proveen las refacciones y construcciones de escuelas. Nada cambia eso ni se modifica en absoluto la intervención del Tribunal de Cuentas ni ningún procedimiento de adjudicación. Sigo insistiendo en que esto no tiene vinculación con las asociaciones público-privadas, que son un tipo de contrato. Si la ANEP quisiera recurrir a algún tipo de esos contratos en una parte de sus políticas, es algo que no estamos proponiendo en este Presupuesto. La ANEP está autorizada a desarrollar ese tipo de estrategias así como el resto de las agencias gubernamentales pero, repito, nosotros no lo estamos proponiendo. En lo personal, no creo que las asociaciones público-privadas sean el instrumento adecuado para esto. Quizás lo sean para algún segmento; no lo sé.

SEÑOR BARÁIBAR.- Ya discutiremos este tema  en forma más extensa y por eso de ninguna manera quisiera discutirlo ahora, pero sí quiero aclarar mis ideas en relación a  las políticas que se están proponiendo.

                Creo que esta asociación público-privada está referida, básicamente, a proyectos a realizar, a construir. No se refiere -como ocurría en la Ley de Empresas Públicas del año 1992- a la asociación público-privada con empresas públicas existentes e incluso particularmente exitosas. Me parece que esa diferencia es muy importante. Entonces, mi pregunta concreta es si  la asociación público-privada tiene que ver con proyectos a construir y no con proyectos realizados.

SEÑOR MINISTRO.- Cuando propongamos el proyecto no vamos a particularizar las condiciones y las circunstancias específicas en las que se recurra al instrumento. Lo que vamos a precisar son los criterios con los que se va a mover la Administración para aceptar que un proyecto pueda adoptar esta modalidad. Son condiciones que están firmemente asentadas en buenos fundamentos, porque no cualquier proyecto, por el hecho de ser rentable y de que un privado lo puede hacer, respeta las condiciones para que sea conveniente que el Estado utilice este tipo de contrato. Hay mucha experiencia internacional sobre lo que es una no limitación del uso del instrumento  a los efectos de no encuadrarlo, insisto,  dentro de lo que son los estudios de valor por dinero. Tenemos que justificar que hay buenas razones para recurrir al instrumento y que ello da a la sociedad más valor que lo que la sociedad deja de hacer por no utilizar otros procedimientos que el de la inversión pública.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Estoy totalmente de acuerdo con el alcance que se le han dado a las asociaciones público-privadas y, en ese sentido, me parece correcto que haya criterios, porque no cualquier asociación público-privada, en cualquier área, puede ser conveniente para el país.

                En cuanto al tema de AFE -todos estamos de acuerdo en que requiere un impulso y una inversión muy importante- en el Presupuesto no veía reserva, por lo menos para inversión. Por lo tanto, deduzco que se trata de una apuesta a futuro. Quizá se esté pensando en una alternativa realmente viable -debe haber ciertas condicionantes para que al país le sirva una alianza público-privada- y si esto no se consigue, me pregunto en qué situación quedamos. De repente se está pensando un esquema determinado y hay certeza de que se va a conseguir, pero si no funciona, porque no hay ninguna empresa que cumpla los criterios, no tendremos los dineros previstos en el Presupuesto.

SEÑOR MINISTRO.- En este momento estamos trabajando para perfeccionar una propuesta para rehabilitar el modo ferroviario y para que este contribuya al desarrollo del país. En este sentido, se presentan dos temas distintos. Si pensamos en el uso de instrumentos, quizá la única respuesta que tenga para brindarle al señor Senador es que una cosa es el refacción y mantenimiento de la estructura de rieles y otra el negocio logístico y de carga. Sinceramente, creo que no habría muchas oportunidades de recurrir a contratos de asociación público-privada para la primera parte. Entonces, ¿dónde está el corazón de esto? Está en distribuir riesgos semejantes, de forma que el privado asuma un conjunto de riesgos suficientes, pero mi temor es que en este caso va a ser muy difícil transferir a los privados la cantidad de riesgos suficiente. Tengo la impresión de que vamos a terminar en una estructura de contrato de refacción y mantenimiento más tradicional.

En cuanto al otro punto, estamos trabajando y no sabría adelantar cuál es la solución. Tenemos el firme compromiso de reestablecer el modo ferroviario, porque creemos que el país lo necesita para su desarrollo económico y social, para el equilibrio territorial y la ecuación de costos de mantenimiento de la infraestructura vial.  Considero que es muy importante para el país y debemos  lograrlo.

SEÑOR HEBER.- Quisiera aclarar algo en relación a una cifra que se mencionó. En cuanto a la presión fiscal, me referí al cuadro de la página 49 y tomé las cifras del 2009, que todavía no terminó; es decir que se trata de una proyección. Quizás lo que llama la atención es que del 2009 al 2010, la presión o los ingresos del sector público no financiero saltan del 27% al 29%.De ahí surge nuestra discrepancia con los números.     

Por otro lado, cuando me referí a los US$ 116:000.000, equivalentes a $ 2.320:000.000, estaba hablando de la suma de los nuevos cargos de confianza, es decir, los adscriptos nuevos y los imprescindibles. Lo menciono simplemente para que lo sepa el señor Ministro y para ser precisos en las cifras.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Penadés.)

SEÑOR MINISTRO.- Señor Presidente: efectivamente, comencé la consideración refiriéndome al 2010. El año 2009 es enteramente recomposición del resultado de las empresas públicas. Está referido a lo que dije a continuación, es decir que lo diferente entre 2009 y 2010 es estrictamente relativo a la recuperación de resultados de empresas públicas. En 2009 tuvimos menos ingresos, porque -utilizando un lenguaje que no me gusta, pero lo haré en este caso para explicar el tema- hubo un gran subsidio a los usuarios de los servicios públicos, pues el costo de la energía fue muy alto. Los precios y las lluvias registradas el año pasado no permitieron compensar el costo.

                A continuación, haré tres comentarios más para responder las preguntas que se nos hicieron.

                En primer lugar, señalo que propondremos ajustes y adecuaciones tributarias, de acuerdo con lo establecido por nuestro programa de Gobierno. En esta materia, sabemos que hay diferencias filosóficas que no saldaremos. En nuestra opinión, hoy tenemos una estructura tributaria mejor que la del pasado, pero nuevamente haremos las adecuaciones tributarias que prometimos llevar a cabo. No vamos a saldar el tema filosófico, político o ideológico, porque estamos muy convencidos de nuestra posición y creemos en las bondades de lo que proponemos en todas las circunstancias, pues de lo contrario no lo haríamos, así como presumimos que las opiniones de la oposición o de alguien que no piense igual que nosotros también tienen sus fundamentos y valoraciones. Las que sostenemos son las nuestras y sobre impuestos, que yo sepa, no hay consensos aquí ni en ninguna parte del mundo. Si los hubiera, se llamarían contribuciones voluntarias,  y no impuestos. Se denominan impuestos porque son imposiciones por las que se obliga a unos y no a otros. Es tan simple como eso e implica valoraciones sobre la equidad. Creo que a todos nos asiste el derecho de tener nuestra propia idea acerca de qué es justo o no. Consideramos que lo que estamos haciendo es muy justo, y por ello seguiremos adelante por ese camino.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa debe informar que la Comisión está sesionando sin número, por lo que seguiremos escuchando al señor Ministro, pero hacemos esa salvedad para que quede constancia en la versión taquigráfica.

                Puede proseguir, señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- En la intervención del señor Senador Pasquet hubo consideraciones sobre temas referidos a la seguridad pública y a su articulación con el Poder Judicial, así como a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. En lo que concierne a la propuesta del Poder Ejecutivo, nos hacemos cargo de las que tienen que ver con la seguridad pública. Nos reunimos con representantes del Poder Judicial y entendimos determinados planteos que hicieron sobre sus necesidades, y acompañamos aquellos que podíamos respaldar desde el Mensaje del Poder Ejecutivo. Obviamente, esto está a estudio del Parlamento, por lo que si hubiera consideraciones diferentes acerca de equilibrios o no en estas otras asignaciones, nos haremos cargo de la propuesta que hicimos. Insisto en que la de seguridad pública fue diseñada en el Poder Ejecutivo y, en lo que refiere al Poder Judicial, tratamos de acompañar algunos puntos pero no lo hicimos en otros. Por lo tanto, me parece que esta es una discusión a mantener con las autoridades del Poder Judicial y, eventualmente, con el Ministerio de Educación y Cultura en lo que concierne a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, porque es donde están radicados sus servicios. No tengo otra información para dar sobre este tema.

                Con respecto a los aumentos salariales, el señor Senador Pasquet hizo una consideración referida a la duplicación de salarios entre el 2011 y 2014. En el cuadro de la página 39 de la exposición de motivos aparecen los incrementos por año. Está claro que en 2011 el incremento es la mitad de la que habrá en todo el período. Reitero que son incrementos de remuneraciones y no una duplicación de la masa salarial  Por tanto, cuando vemos la cifra 11.446 del 2011 y la otra, que es 21.606, quiere decir que del total de 21.606, hay 11.446 que ocurren el primer año, pero no es una duplicación de la masa salarial. Quizás el título del cuadro no está claro, pero esa es la idea. Lo que está marcando es la cadencia de los aumentos y lo que se constata es que, efectivamente, un poco más de la mitad de los aumentos que están previstos se consolidan porque se están impulsando procesos de reforma que se inician en el 2011 y que tienen composición salarial. Obviamente, los procesos de reforma en la Administración tienen componentes salariales importantes. Buena parte de lo que discutimos sobre la reforma de la Administración y transformamos en costos, lo veremos reflejado en primera instancia en discusiones sobre componentes salariales, obviamente, masa salarial en su conjunto.

SEÑOR AMORÍN.- Una de las preguntas que realicé se refería al artículo 86.

SEÑOR MINISTRO.- Así es, señor Senador. Creí haberla respondido con cierta extracción cuando dije que uno no tiene que explicar todos los planes contingentes.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Podría el señor Ministro ser más concreto?

SEÑOR MINISTRO.- Amparándome en mi línea argumental, quiero decir que                   disponemos de herramientas suficientes para poder reaccionar y comunicar que, hoy por hoy, todo dependerá de las características del desvío respecto a lo proyectado, es decir, de su magnitud. Debe quedar claro que, cuando el Gobierno presenta sus proyecciones macroeconómicas, trata de actuar ante todo con prudencia y realismo, y cree que es el mejor escenario. De cualquier manera, hay que estar tranquilos porque la siguiente vez que haya algún desvío de esto, el Parlamento será el lugar donde recibiremos la autorización para desviarnos o no de lo establecido. Adelantarme a señalar ahora cómo reaccionaríamos en tal escenario, me parece algo así como un tipo de cuestionario en donde podría agregar mil preguntas a cualquier gobernante, en cualquier circunstancia y por cualquier evento; sinceramente, creo que de esa forma no construiríamos nada útil. ¿Cómo se reaccionaría si el PIB creciera el doble de lo que está creciendo durante los próximos 20 años? ¿Qué posibilidad de ocurrencia tiene? No lo sé. ¿Qué pasa si en lugar de un 4% de crecimiento, tenemos una crisis sin precedentes? Francamente, hoy es un evento de baja probabilidad; entonces, lo único que haríamos discutiendo sobre eso sería incursionar en áreas que nos alejan del centro de la cuestión presupuestal, que es si es sensato o no el esquema que se está proponiendo, dado el escenario más probable o sus variantes. 

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás.)

SEÑOR AMORÍN.- Obviamente, no pretendo que el señor Ministro me diga qué es lo que va a pasar en cada circunstancia, y por supuesto que nadie sabe cuál va a ser el futuro. Incluso, en mi última  intervención dije que me parecía razonable haber informado sobre  el incremento del PIB que plantea el Gobierno.

Si votamos el artículo 86, el Poder Ejecutivo de alguna manera condicionará el incremento de las erogaciones presupuestales autorizadas, dado que está supeditado a que realmente crezca un 4%. Por supuesto que existe alguna posibilidad de que esto no ocurra así.

Entonces, si no entendí mal, en el cuadro que el señor Ministro acaba de comentar al señor Senador Pasquet, existen aumentos salariales por año que dependerán del incremento del 4% del PIB. Ahora bien; si no aumenta un 4%, si están en riesgo las inversiones, los aumentos salariales y demás ¿cómo se va a reaccionar? Seguramente esto ya está pensado y por supuesto que pretendo una respuesta en grueso, no de trazo fino.

SEÑOR MINISTRO.- Señor Senador: permítame responder de la forma más precisa que pueda.

                Si en el año 2012 la economía crece un 3% y después crece al 4%, no pasa nada; ahora bien, si en el 2012 cae 5 puntos del PIB y se mantiene, obviamente estaremos ante una circunstancia en la que, antes de aplicar este artículo, estaremos conversando con todos los que aquí estamos para ver cuál será la forma de enfrentar ese tipo de problemas. No tengo mejor respuesta para dar. Me coloco en dos escenarios: uno infinitesimal y otro de un tamaño suficientemente grande como para que pasen ciertas cosas. En el medio están las decisiones políticas. Es lo único que puedo decir hoy.

SEÑOR AMORIN.- Bien.

SEÑOR MINISTRO.- En cuanto a la consulta que realizó el señor Senador Peña acerca del artículo 4°, insisto en que, si le parece, lo podemos conversar oportunamente y en detalle cuando vengamos a presentarlo. En todo caso, el lunes los señores Senadores contarán con la presencia de Presidencia, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina Nacional del Servicio Civil. Quiere decir que estamos a dos días de que los formuladores de cada una de las normas y quienes han trabajado en ellas les pueden responder de la forma más precisa posible.

                A continuación, quiero referirme al artículo 853.

Ante todo, esta disposición condensa un compromiso que el Gobierno ya había hecho suyo. Concretamente, trata de dar certezas respecto a que la voluntad política es que, si hay desvíos al alza en el comportamiento del PIB, la educación reciba los recursos correspondientes. Y nuestra voluntad es que así sea. Ahora bien; como en la formulación original hemos priorizado infraestructuras, y no es una hipótesis mínima sino que está acorde a las exigencias que el país se puede plantear con mucha aspiración y énfasis, es lógico que las futuras dotaciones de recursos vayan a parar a otros componentes de los presupuestos de las instituciones públicas, porque son otras las cosas que habrá que fortalecer. Se hace esta estructura de formulación para materializar el compromiso político y expresar que, en materia de infraestructura -digámoslo así- los organismos de la educación entienden que lo que el Poder Ejecutivo ya propuso está razonablemente bien. Apoyamos completamente esta norma.

SEÑOR PEÑA.- También solicité la opinión del señor Ministro sobre el artículo 70, que refiere al incremento de los salarios. E insisto en que me gustaría que hiciera alguna consideración personal acerca del artículo 4º.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 4° compromete al Gobierno a una forma de intervención cuando ocurran acontecimientos excepcionales. Materializa y da contenido de negociación en el ámbito en que ocurren las cosas, es decir, en el Consejo Superior de Salarios del Sector Público.  De esta forma, da ubicación institucional a una discusión que se puede saldar de muchas maneras. Entre las distintas opciones está reaccionar como dice la norma hoy: procediendo a un aumento del salario en ese momento, aunque sin poner en tela de juicio la forma en que se va a actuar de ahí para adelante, en un plazo superior a un año. Lo que hay que hacer es encarar los problemas cuando ocurren, resolverlos de forma negociada y con esa decisión no condicionar el futuro. Ese es el objeto de la disposición.  Nuevamente quiero aclarar que este es un tema de reglas que se fijaron y que disparan mecanismos que quizás sean absolutamente errados. Estamos hablando de una circunstancia especial, de un momento en el que sucedió algo y que se proyecta hacia el futuro hasta que eso se termine. Quizás esa no es la mejor solución; en lo personal, no creo que lo sea. Quiero manifestar claramente que considero que este artículo es mucho mejor para los trabajadores públicos, para la sociedad uruguaya y para la política fiscal. Entonces, cuando llego a la conclusión de que solo hay beneficios no puedo más que decir que es un muy buen artículo, que lo comparto y que deseo que el Parlamento le dé su apoyo.

                En cuanto al artículo relativo a los sueldos, reitero que el lunes se hará su presentación. Si la discusión se  basa en si el Poder Ejecutivo plantea el artículo tal como está, aclaro que no dije que la idea era retirarlo y, por tanto, como representante de ese Poder lo estoy defendiendo tal como ha sido presentado. No tengo más que decir salvo que el artículo es el que propusimos y que creemos debería ser aprobado. Si se cree que hay que entrar en otras discusiones, habrá que hacerlo, pero en lo personal sólo puedo dar mi opinión al respecto.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia sugiere que este intercambio no se convierta en un diálogo permanente.

SEÑOR PEÑA.- Esta es mi última intervención porque simplemente pretendía constatar la posición del Poder Ejecutivo sobre esto porque, como imaginará el señor Ministro, la palabra del Presidente de la República es importante. Entonces, cuando  en pleno tratamiento del Presupuesto sale a decir a la opinión pública que su idea es reducir los salarios de los principales cargos y ahora aparece este artículo en el Presupuesto, ello nos genera una sorpresa grande. Por tanto, es bueno que por medio de las palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas la población tenga claro que esa aspiración del Presidente de la República expresada públicamente no se ajusta a la verdad y que la posición del Gobierno es la de aumentar los sueldos y no reducirlos en un 15%. Quizás el señor Ministro no escuchó las palabras del señor Presidente de la República, por lo que  ofrezco hacerle llegar las versiones de lo dicho a la prensa.  Para nosotros es bueno que esto quede claro y saber qué estamos haciendo cuando analizamos el Presupuesto Nacional.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero aclarar que no dije que alguien faltara a la verdad o que alguien estuviera diciendo algo falso. Sí destaco que la posición del Poder Ejecutivo es la que está en la norma y que otras discusiones podrán darse en otro ámbito pero no amparándose en que quien habla dijo tal o cual cosa. Reitero que no dije nada de lo que acaba de expresar el señor Senador Peña  sino que el Poder Ejecutivo está presentando esta norma al Parlamento. El día lunes esta Comisión recibirá a una delegación de Presidencia de la República que podrá explicar institucionalmente lo que crea conveniente. Hoy mi posición es la misma que hemos planteado y  por algo lo presentamos en el Presupuesto.

SEÑOR PEÑA.- En ningún momento expresé que el señor Ministro hubiera dicho eso, pero sí digo que el Presidente de la República habló públicamente de una decisión que no es la que expresa el Economista Lorenzo. Está claro que el señor Ministro dijo lo mismo desde que empezó hasta que terminó, pero reitero que públicamente  el señor Presidente de la República se refirió a la aspiración de reducir los salarios de los principales cargos y eso no es lo que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento. Vuelvo a decir que esto no lo dijo el señor Ministro sino el Presidente de la República y por eso queremos aclarar la situación.  Es importante hablar de esto porque la opinión pública escuchó palabras del Presidente explicando que su aspiración era reducir los salarios de los cargos de particular confianza, pero cuando comenzamos a analizar el Presupuesto nos enfrentamos a este artículo, por lo que sería bueno tener clara la posición del Poder Ejecutivo. Ahora bien, el señor Ministro indicó claramente -no ha dicho lo contrario en ninguna parte de su alocución- que la idea del Gobierno no es disminuir en un 15% los salarios de los cargos de particular confianza ni los de los Ministros, tal como expresó el señor Presidente de la República según versiones de prensa.

                Simplemente quería dejar esa constancia y aclarar que en ningún momento dije que el señor Ministro haya manifestado otra cosa.

SEÑOR MINISTRO.- En este tema importan mucho las precisiones. Hay cargos de particular confianza que no están contemplados en el artículo que  citó el señor Senador. Por tanto, quiero precisar muy bien el alcance de la norma a la que me referí. Si existen propuestas específicas en torno a otros cargos de particular confianza, entonces no tienen que ver con el artículo del Poder Ejecutivo al cual me referí, que sostiene lo que estoy diciendo. Los cargos de particular confianza que figuran allí no son los únicos; entonces, no mezclemos todo porque si no vamos a terminar haciendo mucho barullo.

SEÑOR PEÑA.- ¡Son ciento y pico de cargos!

SEÑOR MINISTRO.- Estos no son todos los cargos de particular confianza de la Administración; hay muchos más.

SEÑORA BERAMENDI.- Durante el período anterior todos quienes estamos aquí hemos ido construyendo algunas políticas cuyo tema objeto radica en la desigualdad de género que viven las mujeres en nuestro país. Y ello se ha constituido en el objeto de las políticas en la medida en que Uruguay ha comprometido metas y objetivos enmarcados en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que se extiende hasta el año 2011. Esta desigualdad que sufren las mujeres en nuestro país dio lugar al planteamiento de una serie de metas que el conjunto de organismos del Gobierno tiene que llevar adelante para poder revertirla.

                Por otra parte, me parece importante encuadrar en este marco que cualquier hecho que genere la dificultad de incorporar al desarrollo de una nación a la totalidad de sus integrantes, constituye un factor de ineficiencia en términos de país.

Esto, que puede llevarnos a una discusión más conceptual, hoy quiere circunscribirse a plantear explícitamente al señor Ministro la preocupación de ver cómo, en el entramado del Presupuesto que se va construyendo, se ubican -de alguna manera- estas metas que los Secretarios de Estado comprometieron y se van incorporando a los objetivos de cada Inciso. Tal como el señor Ministro ha planteado, es evidente que estos objetivos -teniendo en cuenta hacia dónde se tiende- deben expresarse en términos de metas y de productos, para lo cual se hace necesario la construcción de indicadores de gestión y de impacto. Debido a nuestra activa participación durante el período anterior, sabemos que existió la voluntad, tanto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas como del organismo que entonces llevaba adelante estas políticas a nivel del Gobierno, de construir una lógica de Presupuesto con perspectivas de género. Para ello se construyó un espacio con el Ministerio de Economía y Finanzas que nos facilitó la tarea aportando recursos que permitieron la realización de estudios por parte del Instituto de Economía junto con el Instituto Nacional de las Mujeres para ver cómo se podía construir esa lógica de Presupuesto con perspectivas de género.

 El primer paso de este proceso de construcción tiene que ver con cómo se identifica de manera clara -así está planteado en el propio Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos- el impacto diferenciado que los programas logran en hombres y en mujeres. Pero para ello,  hay que dilucidar de qué manera  reconocemos si existe un impacto no diferenciado para poder identificar metas de igualdad de oportunidades en los Incisos.

Concretamente, lo que quiero plantear al señor Ministro y al equipo económico en su conjunto es que, a mi entender, tenemos una oportunidad realmente importante, considerando el diseño que se propone en este momento, para elaborar esta lógica, que es compleja y que tiene líneas de base complicadas para poder construir indicadores. Sin embargo, creemos que esta lógica debe estar plasmada en el propio diseño; incluso, me hubiera gustado que se reflejara en la formulación del proyecto de ley de Presupuesto Nacional. De pronto figura y no tuve oportunidad de verlo de manera desagregada. En la intervención del equipo económico escuché referencias a la equidad en general, pero no específicamente sobre este tema, que se constituyó en un compromiso importante. A nuestro juicio, además de lo que tiene de justicia, este planteo puede contribuir como un factor de mayor eficiencia en términos de utilización de los recursos. En todos los países en que se ha aplicado la herramienta de los presupuestos con perspectiva de género, ha sido un elemento muy importante de contribución cuando se pide a los organismos de un Inciso que demuestren cómo impacta esto y que reconozcan los déficit en materia de información que muchas veces tienen. También hace una contribución en esta dirección y me parece que sería importante que en este período avanzáramos en la construcción de esta lógica.

Quería dejar planteada esta preocupación o inquietud al señor Ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO.- Para hacer algunas consideraciones sobre este punto, solicito autorización para que haga uso de la palabra el economista Frugoni.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el economista Frugoni.

SEÑOR FRUGONI.- En cuanto al tema de género, estamos trabajando y se están dando los primeros pasos en este Presupuesto. No se trata de algo sencillo, pero hay que seguir trabajando en profundidad.

                En el proyecto de ley de Presupuesto, dentro del área programática “Protección y Seguridad Social” -página 169- bajo el Programa Nº 400 “Políticas transversales de Desarrollo Social”, se establece que el objetivo es desarrollar estrategias y planes de integración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados, adultos mayores en las políticas sociales con un enfoque de género. Evidentemente, se está comenzando a trabajar en el tema y eso está demostrando la transversalidad con que se está manejando el tema. Por ejemplo, en este Programa están participando el Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

                El desafío que tenemos es seguir trabajando durante todo este período sobre este tipo de programas transversales, en los que hay un enfoque de género en toda la problemática que allí se plantea.

SEÑOR GALLINAL.- Quiero plantear al señor Ministro que, si es posible, cuando tratemos el Inciso “Ministerio de Economía y Finanzas”, concurra acompañado por el Director General de Casinos. En su momento hice un planteamiento en el Senado y supongo que habrá llegado a conocimiento del señor Ministro. Si no es así, en estos días le va a llegar dicho planteo porque la Secretaría envía la versión taquigráfica correspondiente. Hacemos esta solicitud porque queremos formular algunas preguntas sobre los temas vinculados a la Dirección General de Casinos.

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra, agradecemos profundamente al señor Ministro y a su equipo de asesores por la tan pormenorizada presentación y la contestación de todas nuestras inquietudes.

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 13 y 28 minutos.)

Presentación del Ministerio de Economía y Finanzas. Presupuesto Nacional Período 2010-2014