SEÑOR PRESIDENTE-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos.)

                La Comisión de Educación y Cultura tiene el gusto de recibir a la delegación del Consejo de Rectores de Universidades Privadas integrada por el doctor Santiago Pérez del Castillo, Rector de la Universidad de Montevideo, el padre Eduardo Casarotti, Rector de la Universidad Católica, el doctor Jorge Grünberg, Rector de la Universidad ORT, el contador Roberto Brezzo, Rector de la Universidad de la Empresa -UDE- el ingeniero Julio Fernández, asesor de la ORT, el doctor Pablo Landoni, asesor de la Universidad Católica del Uruguay y el doctor Mariano Brito, miembro del Consejo Superior de la Universidad de Montevideo.  

                El propósito de la invitación realizada por la Comisión al Consejo de Rectores de  Universidades Privadas es el de comenzar el tratamiento del proyecto de ley de creación de la Agencia para el Aseguramiento y Promoción de la Calidad de Educación Terciaria, APACET, elevado por el Poder Ejecutivo.

                En consecuencia, les cedemos el uso de la palabra para conocer sus puntos de vista acerca de esta iniciativa y luego abrimos un espacio para que los señores Senadores puedan formular las preguntas y observaciones que estimen pertinentes.

SEÑOR PÉREZ DEL CASTILLO.-  Antes que nada, queremos agradecer la invitación a comparecer ante esta Comisión a fin de dar nuestra opinión acerca de esta iniciativa; sabemos que ya lo han hecho el señor Ministro de Educación y Cultura, el Subrecretario y el Director de Educación.  

                Considero que el Consejo de Rectores de Universidades Privadas es uno de los actores principales en este tema -me animaría a decir que sería como Forlán-  porque, en buena medida, la Agencia está diseñada básicamente para regular a las Universidades Privadas. Creo que es un avance muy positivo que en el Uruguay se esté dando esta discusión,  que el Gobierno haya enviado un proyecto de ley de esta índole para regular esta situación y que la sociedad civil se haya hecho cargo de poner sobre la mesa la importancia de la educación superior.

                Personalmente, comencé haciendo uso de la palabra porque soy el Secretario Pro Témpore  del Consejo de Rectores. Cabe aclarar que se trata de una entidad muy democrática y ese cargo se renueva trimestralmente, por lo que se está agotando el período que me corresponde.

                El Consejo de Rectores, que participó en la elaboración de los antecedentes de este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo  -el Rector Casarotti hará referencia luego a esa historia previa- está empeñado en contar con un sistema universitario de mayor calidad, más dinámico e innovador; está empeñado en tener  un sistema universitario con mayor vinculación con la empresa, con la industria, con los problemas sociales y con la educación; y está empeñado en poseer una mayor navegabilidad para que, usando el sistema de créditos académicos, se agilicen las reválidas de materias o carreras cursadas en otra entidad nacional o extranjera, cuando no las considere automáticas; a este tema se refirió el señor Ministro en esta Comisión. También está empeñado en tener  un sistema universitario integrado por entidades que sepan dar cuenta a la sociedad de sus resultados a través de mecanismos exigentes y transparentes. Básicamente, de esto último es de lo que trata el proyecto de ley. La iniciativa no aborda el sistema de la educación superior en general -en otros países hay muchas otras cosas que son materia de una ley de educación superior o de otro tipo de normas- sino que refiere a tres puntos que, de alguna forma, son los cometidos actuales del Consejo Consultivo para la Educación Terciaria Privada, creado en su momento por el Presidente Sanguinetti y el Ministro Lichtenstein, en el Decreto Nº 308 de 1995.  Básicamente, se trata de la autorización a las instituciones para hacer universidades y  el reconocimiento de sus carreras o programas. Además, este proyecto de ley agrega la evaluación de la calidad de las instituciones universitarias, lo que no figuraba en el decreto original, actualmente vigente. Esa es la novedad temática de este proyecto de ley, aun cuando no es demasiado amplio en su desarrollo. En casi todos los países del mundo, estos tres aspectos -sobre todo lo relativo a la autorización por parte del Estado para impartir títulos universitarios y la evaluación de instituciones académicas- existen en organismos separados. El primer punto, generalmente suele estar ubicado en el marco de un órgano central estatal y los otros se encuentran en entidades descentralizadas, incluso a veces -lisa y llanamente- de naturaleza privada y surgidas de las propias entidades evaluadas que quieren poder ofrecer un  control de calidad. Este es un sistema análogo al que existe en otros países, como Chile, Perú o Estados Unidos. Sin embargo, en este proyecto de ley figura un solo órgano que reúne esas distintas funciones y depende de la APACET.

                Por lo expuesto, entonces, creemos que se trata de un proyecto de ley mejorable. Lógicamente, deben figurar la mayor parte de puntos que allí aparecen como, por ejemplo, que sea obligatorio pedir una autorización, un licenciamiento, una habilitación o un reconocimiento para poder utilizar el término universidad e impartir títulos universitarios, sobre todo en casos como medicina y educación.

                Quiere decir que algunos aspectos son obligatorios y otros, voluntarios. Esta  iniciativa se inclina porque la evaluación de la calidad se realice en forma voluntaria por parte de las instituciones públicas y privadas. En esta última parte es donde aparece la Universidad de la República como potencial sujeto pasivo voluntario de evaluación. Como los señores Senadores saben, la Universidad de la República se ha presentado a procesos de evaluación  de ámbito regional. Es por eso que escuchamos a autoridades de la Universidad de la República decir “estamos ansiosos de ser evaluados”. Allí la Universidad de la República está haciendo referencia a la ansiedad por entrar a estos procesos voluntarios de control de calidad, pero no tenemos ningún tipo de ansiedad en cuanto a estar sujetos a una regulación externa y al hecho de que, al que no sea estatal -sobre todo, a las universidades privadas- se lo someta a una serie de exigencias con independencia de la evaluación que haya tenido en el pasado en esos procesos voluntarios, de la actividad que tenga, y del reconocimiento social por sus años de andadura.

                Por lo tanto, creemos que este tema es mejorable y que, básicamente, la autoridad de la educación hizo bien en convocar a los actores para discutir y formular propuestas. Además, detrás de este proyecto de ley hay muchas horas de trabajo, aunque quizás el puerto al que se arribó no haya sido el más idóneo. Ese es nuestro punto de vista.

                Recuerdo que el primer día de clase, como alumno de Derecho Laboral, me dijeron que no había una norma laboral peor que aquella -sobre todo en materia de derecho sindical- que no tuviera el consentimiento de los actores que iban a ser sus usuarios. Es decir que era necesario contar con el consentimiento de los distintos “regulados” -entre comillas- en materia de derecho sindical. Recientemente, en materia de justicia laboral, la sociedad reaccionó adversamente porque se sintió constreñida por un traje de confección que no estaba hecho a medida y es propio del Derecho Laboral: justamente, hacer cosas a medida. Entiendo que aquí estamos en una situación parecida -disculpen los colegas porque no les comenté, previamente, que iba a decir esto, pero es algo que me nace espontáneamente- porque la sociedad reacciona cuando hay una norma heterónoma que procura ser impuesta a un cuerpo con independencia de las medidas que ese cuerpo tenga. De manera que es de buena práctica internacional que se escuche a los actores y se procure buscar consensos o, por lo menos, que se agote la posibilidad de llegar a consensos.

                Para resumir, ¿cuáles son los puntos que creemos más irritantes o que es más necesario eliminar de este proyecto de ley? En primer lugar, la opinión preceptiva de la Universidad de la República para el reconocimiento del nivel académico de carreras y títulos, que está contenido en el inciso final del artículo 48.

                En segundo término, el no cumplimiento de los requisitos que se exigen a las universidades privadas como, por ejemplo, en lo que respecta a la carga horaria en muchas licenciaturas, incluyendo a la Universidad de la República.

                En tercer lugar, el mayor número de representantes de la Universidad de la República en el Consejo Directivo de la Agencia a crearse como órgano regulador; con respecto a este punto creo que la señora Senadora Topolansky mencionó a la URSEC en una sesión anterior de la Comisión. En realidad -como lo vamos a explicar más adelante- la Universidad de la República no está siendo regulada, sino que eventualmente es sujeto pasivo de una evaluación de calidad voluntaria.

                En cuarto término, en el artículo 56 está previsto el seguimiento y la visita de evaluadores para las universidades privadas que no se presenten voluntariamente a esa evaluación de calidad. Serán acreditadas a través de esos procesos de evaluación que están muy estandarizados internacionalmente y que ya conocemos, porque a nivel del Mercosur se han hecho, y casi todos nosotros hemos participado o estamos participando en instancias como estas. De manera que existe una prevalencia en el sistema de la Universidad de la República -que es uno de los actores- que tiene el 80% de los ingresos, pero los egresos, porcentualmente, son sensiblemente menores, ya no digo de los posgrados sino, incluso, de los grados. Con respecto a la Universidad de la República, no le cedo la derecha a nadie en cariño y agradecimiento, como alma máter, porque me dio la posibilidad de ser un profesional y de ser tan uruguayo como el más pintado de los uruguayos. De manera que aquí no se trata de: Universidad de la República si, Universidad de la República no. Aquí se trata de bregar por un sistema de educación superior de calidad que asegure a todos los uruguayos estándares iguales que nos sigan colocando en este concierto internacional y que se sigan escuchando voces que digan: “Es uruguayo; debe saber”. Esto es algo que uno habitualmente escuchaba cuando iba a algún organismo internacional y tenía que ver con la diferencia que hacía ser uruguayo. Esperemos que siga siendo así  y vamos a seguir luchando por ello.

                Este es un punto y hay otros importantes como, por ejemplo, el que tiene que ver con la ANII, que representó un planteo del Uruguay para actualizarse, aggiornarse con respecto a lo que estaba ocurriendo en el resto de América Latina y el mundo; hay que tener en cuenta que esto de lo que estamos hablando hoy ya existe en casi todos los países de América Latina.

                Este tema de la prevalencia de la Universidad de la República está generando un desequilibrio y una intromisión del principio establecido por una sentencia famosa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en ocasión de analizar el mencionado Decreto Nº 308, que es el que hoy está soportando todo este sistema de autorización para iniciar institutos universitarios y crear nuevas carreras o modificar programas. Se trata de una entidad interna dentro del Ministerio de Educación y Cultura que está sobrepasada de trabajo, porque aquí las instituciones universitarias -lógicamente, las privadas- están generando nuevas cosas y esto no debe ser visto como el mercado de los títulos -como alguien podría decir en forma irónica o totalmente ignorante- sino como una manera de estar actualizando la oferta educativa a las necesidades del país en donde está. Digo esto porque los empleadores están exigiendo más gente que sepa de informática y de administración. Entonces, en esta sentencia del TCA, del 26 de noviembre de 1997, se estableció que la Universidad de la República no tenía el cometido de controlar la enseñanza superior impartida por otros. Es decir que, una cosa es la autonomía de la Universidad de la República y, otra, es el principio de especialización, en donde no está incluido el control de la Universidad de la República respecto de otras universidades privadas que están en competencia con ella. En la propia sentencia se habla de “competencia”, que no es una mala palabra, así como tampoco lo es el término “mercado”. A mi juicio, lo que sí es una mala palabra es usar la educación superior -en otros países no es así- con afán de lucro. Es un bien público que tiene que estar en manos de entidades que, claramente, estén alejadas -de repente- de un afán lucrativo. Una universidad, por definición pierde plata, por lo tanto, requiere ser apoyada por el Estado, porque si es Universidad es investigadora, hace extensión, genera becas, etcétera.

                Quiero comentar que en el inciso final del artículo 48, que hace referencia a la opinión preceptiva de la Universidad de la República y al reconocimiento de carreras, el maestro Garibaldi -cuando estuvo presente en esta Comisión- mencionó el tema como algo que ya estaba en el Decreto. Personalmente, siento un gran aprecio por el maestro y reconozco que es una de las personas que más ha trabajado en este proyecto de ley, pero tengo que decir que en el artículo 25 del Decreto 308 se hace referencia a una opinión preceptiva de la Universidad para algo distinto, es decir, para autorizar el funcionamiento de instituciones universitarias privadas y no para el reconocimiento de carreras ya existentes.  El asunto es bastante diferente, pues una cosa es “están por arrancar”, “¿quiénes son estos?” y otra es “hace tiempo que están”. Sobre esto creo que va a abundar el Rector Casarotti.

                En segundo lugar, el hecho de que los procesos de acreditación estén asociados a una mayor capacidad para lanzar carreras y modificar programas sin autorización previa es un corolario de lo anterior. La idea misma de Universidad incluye la de autonomía; a la norma le falta prever que a las instituciones privadas acreditadas se les conceda esa autonomía. En el caso de Chile, después de que se ha funcionado con licencia o con autorización inicial -como dice el proyecto- por lo menos durante seis años, el Consejo Superior de Educación -que depende del Ministerio y, por lo tanto, es un órgano totalmente diferente del Consejo Nacional de Acreditación- considera si se ha desarrollado como para concederle la completa autonomía. Quiere decir que esa institución no estatal tuvo seis años para demostrar si tiene derecho o no a ser autónoma en el sentido más pleno de la palabra.

                El tercer punto tenía que ver con la integración del gobierno de la APACET.  Nosotros consideramos que ahí también hay un quiebre del principio de igualdad y del principio sentado en esa sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde la APACET es básicamente reguladora de Universidades privadas y, por lo tanto, es ilógico que la Universidad de la República tenga más miembros que el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. En realidad, nosotros creemos que si vamos a dar algún sitio a la Universidad de la República es porque la APACET también tendrá la función ‑entre otras‑ de regular o seguir adelante con los procesos de acreditación por la vía de la evaluación de las instituciones. Entonces, proponemos -sabemos que los señores Senadores tienen conocimiento acerca de que esto ha sido objeto de diferentes posibilidades- una integración de siete miembros: tres propuestos por la Universidad de la República, tres por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y uno por el Ministerio de Educación y Cultura, que debería ejercer la Presidencia.

                Asimismo, queremos plantear un punto relativo a modificar la naturaleza de la APACET para que no sea una entidad autónoma -persona pública no estatal- sino un órgano desconcentrado con competencia privativa del Ministerio de Educación y Cultura. De esta forma, la primera de las funciones quedaría más fuerte y, además, se estaría respondiendo a la idea planteada en la totalidad de los artículos; siempre tendrán libertad de cátedra, pero nos referimos a la función de autorización inicial y al reconocimiento de carreras, mientras transcurre ese período de tiempo y llegan a una autonomía suficiente. 

                En cuanto al concepto de órgano desconcentrado con competencia privativa, vamos a decir lo siguiente. Puede parecer sorprendente que quienes estamos en el sector privado lo expresemos, pero nos resulta una mayor garantía que el Poder Ejecutivo esté en el tema y no esté primando un competidor, aun cuando no sea exactamente así. Precisamente, esto se lleva a cabo por vía indirecta, pues por vía directa no se podría hacer. La mejor doctrina de Derecho Público -en la que podemos citar al doctor Mariano Brito, aquí presente- ha señalado claramente que se estaría escapando al principio de especialidad si la propia Universidad de la República se ocupa de ello. En concreto, la disposición refiere a integrantes sugeridos por la Universidad de la República.

                Por otro lado, nos parece conveniente modificar algunos artículos o, lisa y llanamente, eliminarlos. Es el caso, por ejemplo, de los artículos 56 y 75.

                No obstante, no quiero extenderme mucho en las manifestaciones, pues mis demás colegas tienen tantas o mejores cosas para decir que quien habla.

                Señalamos, primero, que es necesario introducir evaluación, pero contando con entidades independientes, objetivas, de cuyos miembros sea impensable parcialidad o atraso respecto de las corrientes actuales de pensamiento en este campo; segundo, que estamos contra el dictamen preceptivo de la Universidad de la República; tercero, que no se explica la posición prevalente de la UdelaR; cuarto, que no se explica que no tenga que cumplir con las mismas exigencias -por ejemplo de carga horaria- que deben cumplir las universidades privadas.   Nosotros creemos que las universidades de gestión privadas  están haciendo investigación, desarrollando y produciendo conocimiento que redunda en toda la sociedad; pensamos que estamos combatiendo la fragmentación social por medio de becas a los alumnos de educación secundaria con buena escolaridad y con un nivel socio económico bajo, por medio de voluntariados y pasantías sociales obligatorias para nuestros alumnos de matrícula íntegra. Todos podríamos comentar aquí el porcentaje de algún tipo de beca que tienen nuestros alumnos.

                Las universidades privadas mantienen una relación con empresas del país productivo en materia de consultoría, de investigación y de proyectos especiales; asimismo, investigan en materia de pobreza, educación y familia. Planteo este tema muy a vuelo de pájaro, pero también podríamos traer a la Comisión documentación concreta.  Los proyectos concretos a este respecto se encuentran en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

                A continuación, si el señor Presidente lo autoriza, me gustaría ceder el uso de la palabra al Rector Eduardo Casarotti de la Universidad Católica quien, en principio -quizá no sea así- va a hacer referencia a la historia previa de los trabajos y a algunos problemas que tiene este proyecto de ley -además de los que ya he mencionado- como los relativos a la crisis de navegabilidad horizontal a partir de créditos académicos. Incluso, tal como se desprende de la lectura de la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión, este punto fue comentado por la señora Senadora Constanza Moreira.  Asimismo, el Rector va a hablar de la opinión preceptiva -brindando un ejemplo particular de su Casa de Estudios- de los lógicos resultados que tiene la acreditación en otros países, ya no en materia de financiación o subsidio fiscal directo, como es el caso de Chile. Como saben los señores Senadores, las Universidades comprendidas en la Cruch, Chile, son las mejores, en buena medida, porque se disputan los mejores alumnos. Precisamente, esos alumnos vienen con un enorme “pan debajo del brazo”, que es una matrícula íntegra abonada por el Estado central.

                No estoy aquí sugiriendo copiar lo que hace Chile, porque eso sería borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano, sino que me parece que deberíamos hacer un traje a medida de la realidad uruguaya.

                Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR CASAROTTI.-  Con el deseo de ser breve y sintético, voy a leer el texto escrito que he traído a la Comisión, aunque en algunos puntos voy a recoger ciertos aspectos que ya ha mencionado el Rector Santiago Pérez del Castillo.

                Como se ha dicho en diversos lugares, y ha reconocido expresamente el Ministro Ricardo Ehrlich frente a esta Comisión de Educación y Cultura del Senado el pasado miércoles 22 de setiembre, en los últimos 25 años se ha desarrollado un sistema de educación superior amplio y diverso que ha supuesto un avance importante para el país. Aquí acotaría que en estos 25 años de educación en el Uruguay, una de las cosas más importantes que ha ocurrido es la creación de un sistema universitario. Dicho sistema posee un componente de gestión privada -que hoy atiende al 20% de la población universitaria y que tiene el 35% de los egresos de los profesionales del país- y un componente de gestión pública. El Ministro nos recordaba en esta Sala que “Ambos componentes se encuentran en una interacción que esperamos pueda seguir avanzando para integrarse en ese sistema de alta navegabilidad que queremos desarrollar”. La verdad es que nos felicitamos por esta visión amplia y abierta del señor Ministro y por el proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura que busca crear una Agencia que promueva y asegure la calidad de la educación terciaria en el país.  A instancias del Ministerio, muchos de los protagonistas principales de este sistema fuimos convocados en el año 2006 para discutir los principales objetivos que debía poseer la mencionada Agencia para cumplir cabalmente el cometido que pretende, en el sentido de asegurar y promover la calidad de la educación superior en el país.  Sin duda, asegurar y promover la calidad de la educación superior es una clave para el desarrollo del país. 

                Como reconoció el propio señor Ministro en esta Sala, la formulación del proyecto de ley que hoy está a consideración del Senado no es el que originalmente el Ministerio de Educación y Cultura puso sobre la mesa al comienzo de la negociación.

Y si en varias etapas del proceso nos sentimos activamente participantes en la construcción de esta nueva e importante institucionalidad, hoy tenemos que decir que la misma no cuenta, en absoluto, con nuestro apoyo y nuestro consenso. Lamentamos profundamente que se haya quebrado el trabajoso espíritu de colaboración construido a lo largo de más de dos años de intenso trabajo por parte de la Comisión.

Entendemos que ha sido un error haber traído al Parlamento un proyecto de ley que no recoge un grado mínimo de aceptación del conjunto de los actores del sistema. Este es un requisito fundamental para el éxito del mismo, como lo expresaron los consultores internacionales de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, RIACES -que el propio Ministerio de Educación y Cultura invitó y que fueron citados aquí por el Director de Cultura- Raúl Atria y Juan Carlos Pugliese, en su informe de diciembre de 2006:  “El sistema para tener una posibilidad real de conformarse y de llegar a ser operativo en el  país, requiere … legitimidad. Eso significa que el sistema debe validarse ante los actores involucrados en su desarrollo, y ser aceptado como una forma socialmente aceptable y aceptada de alcanzar los objetivos relacionados al aseguramiento de la calidad de las instituciones y de las ofertas educativas que ellas abren a la sociedad uruguaya”.

                Voy a detallar algunos de los problemas que, a nuestro juicio, tiene el actual proyecto de ley que, sobre todo al final del proceso  -eso es lo que más lamentamos- y uno es que se le ha quitado legitimidad y consenso. Tal vez repita con ciertos ejemplos algunas cosas manifestadas recientemente por el Rector Pérez del Castillo. Desde el Ministerio se ha insistido en la creación de un auténtico sistema universitario con calidad académica y con navegabilidad horizontal a través de un sistema de créditos. Sin embargo, el hecho de que la ley exija a las universidades de gestión privada unos estándares de carga horaria para el desarrollo de una licenciatura, cuando al menos dieciséis carreras de grado de la UdelaR no cumplen con ese requisito mínimo, entendemos que atenta contra la construcción de un auténtico sistema de iguales. ¿Cómo vamos a hablar de un sistema universitario y de que exista navegabilidad horizontal en el mismo, cuando al componente universitario de gestión privada la ley le impone unas condiciones más exigentes y más onerosas que al componente público? Pero si lo miramos desde el lado de la calidad, si la ley asume que una carrera de calidad requiere un mínimo de 2.400 horas, ¿por qué un estudiante que elige el componente público no tiene las garantías que la ley le exige al componente privado? No parece adecuado que la ley establezca condiciones disímiles para uno u otro componente de un mismo sistema universitario.

                Asimismo, el Rector Pérez del Castillo decía que tampoco va en la dirección de la construcción de un auténtico sistema universitario la normativa que exige la opinión preceptiva de la UdelaR para el reconocimiento de instituciones o de carreras. Un ejemplo que se dio semanas pasadas alcanza para comprender cómo esta medida, además de tener serios problemas jurídicos de inconstitucionalidad, atenta contra la calidad que la Agencia pretende promover y asegurar. Me refiero al reciente proceso de acreditación de las carreras de Enfermería que, como seguramente sabrán los señores Senadores, la imparten diversas instituciones universitarias del país, entre ellas la Universidad de la República y la Universidad Católica del Uruguay. Refiriéndose a ese proceso, el 22 de setiembre pasado el Director de Educación Luis Garibaldi expresó a esta Comisión lo siguiente: “La licenciatura de Enfermería (de la UDELAR) se presentó inicialmente a ese proceso e hizo su autoevaluación. Cuando se comparó con los estándares internacionales, vio que estaba lejos y se retiró. Me parece que esto es positivo,” -decía el Director de Cultura- “porque se dio cuenta de que no llegaba al proceso de acreditación. … Entonces, antes de enfrentar un rechazo, prefirió retirarse. Esto es sano.”

                Compartimos plenamente los conceptos vertidos por el Director de Educación. En nuestras universidades también tenemos nuestros propios criterios que nos dicen internamente cómo está el nivel de nuestras carreras en función de los estándares internacionales. Y también nos presentamos -o no- con la certeza de que nuestras carreras alcanzarán dichos niveles de calidad académica internacional. Lo que omite decir el Director de Educación es que la carrera de Enfermería de la Universidad Católica se presentó al proceso de acreditación internacional porque entendía -de acuerdo con las evaluaciones internas- que alcanzaba los estándares internacionales de calidad, y los alcanzó. Luego de un largo y riguroso proceso de autoevaluación interna y de evaluación externa, finalmente acreditó.

                Hoy en Uruguay existe una licenciatura acreditada en Enfermería y eso es muy bueno para el sistema universitario en general y para la profesión en particular. Es un logro no solo para la carrera que lo obtiene, sino también para la profesión y, sobre todo, para los estudiantes que hoy saben que pueden estudiar en el Uruguay una carrera de Enfermería con altos estándares de calidad internacional. Dicha licenciatura actualmente es dictada por el componente privado del sistema, no por el público.

                Hecho este breve racconto, nos preguntamos, ¿a quién debería pedir la APACET una opinión calificada sobre la calidad académica en una carrera de Enfermería? La respuesta parece obvia a quienquiera pensar objetivamente la situación planteada. Este ejemplo muestra claramente que recurrir preceptivamente y por ley a la opinión de la UdelaR como criterio único para evaluar la calidad académica de las carreras, finalmente irá en detrimento del aseguramiento y la promoción de un sistema de educación superior de auténtica calidad. La inclusión de este punto en el artículo 49 de la ley genera una clara distorsión en el sistema, en la medida que la ley prioriza lo estatal frente a lo privado y no establece la prioridad entre la calidad y la ausencia de calidad, como sería deseable que fuera y como además ha manifestado en varias oportunidades el Ministerio a través del Director de Educación.

                Por otra parte, existe otro tema que consideramos importante y también fue manifestado en esta Comisión. Para que una Agencia de Acreditación produzca impactos sobre la calidad de las instituciones, debemos pensar seriamente sobre los resultados de la acreditación y sus incentivos. Coincidimos con lo expresado por el señor Senador Amorín y por el Ministro Ehrlich en la sesión en que se discutió este proyecto de ley. En aquella oportunidad el señor Senador Amorín manifestó: “La acreditación implica la obtención de algunos incentivos. En los casos en que se alcanza la acreditación, el Estado otorga fondos para avanzar y, en otros, se permite a las instituciones tener cierto grado de autonomía en las carreras universitarias. Por ello, creo que es bueno que exista un sistema de incentivos para que las universidades públicas y privadas se sometan a este proceso de acreditación pues, en definitiva, es lo que levanta la calidad de la educación terciaria.” A esta afirmación del señor Senador Amorín, el señor Ministro contesta: “La observación que realiza el señor Senador es muy interesante y la compartimos en todos sus términos.”

                Es muy positivo que tanto nosotros como el señor Senador, el señor Ministro y las universidades coincidamos con estos principios. Desgraciadamente, debemos señalar que el proyecto de ley no logra el resultado esperado, porque este texto no produce ningún efecto que haga interesante y relevante nuestra participación activa en el sistema. En ese sentido, entendemos que los incentivos que tiene que producir la acreditación deben ir en la línea de generar -luego de rigurosos procesos de evaluación, como recién manifestaba el Rector Pérez del Castillo- mayor libertad y autonomía para la innovación curricular. En el supuesto que acreditaba la calidad, el país necesita universidades que ofrezcan titulaciones innovadoras que respondan a los exigentes desafíos que tenemos planteados para ingresar a una economía del conocimiento abierta y dinámica. Son muchísimas las titulaciones innovadoras que requiere el país para ingresar a la economía que deseamos. Pero el sistema, luego de asegurada la calidad, no nos permite lograr la capacidad para desarrollar las titulaciones que el país necesita. Esto es un problema serio que el desarrollo de nuestro país enfrentará en el futuro, porque constituye un corsé que nos impide ser innovadores. El señor Presidente de la  República manifestó en varias oportunidades que la educación terciaria es una de las claves para  el desarrollo del país. Estos son los temas que están planteados.

                A modo de ir culminando con esta exposición, quisiéramos compartir una preocupación. Nuestras instituciones colaboraron con muchísimo entusiasmo en buena parte del proceso de creación de esta Agencia. Una de las razones fue que desde el inicio se observó la existencia de una preocupación auténtica y real para que la entidad que se iba a crear estuviera en consonancia con las mejores prácticas internacionales en materia del aseguramiento de la calidad. Fue importante la presencia de consultores internacionales y de prestigio que plantearon orientaciones para el proceso que compartíamos. Ellos afirmaban que una Agencia  es independiente en la medida en que responde autónomamente por sus operaciones y sus juicios e informes no son influenciados por terceros, que es un aspecto también importante para su credibilidad. Luego, los consultores internacionales recomendaron que la Agencia  actuara especialmente en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura como órgano desconcentrado. Precisamente, manifestaban que: “La Agencia debe actuar en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y tener una necesaria independencia para cumplir su cometido esencial.” También se indicaba que la Agencia fuese un organismo descentralizado con presupuesto propio que actúe en la jurisdicción del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir que hay muchísimas recomendaciones solicitadas por el mismo Ministerio.

                Al final de todo este proceso, nos preguntamos: ¿Qué pasó con las recomendaciones que dieron inicio al proceso? ¿Por qué se dejaron en el camino? ¿No sería prudente que el Poder Ejecutivo reconsiderara su proyecto, pidiera apoyo a organismos internacionales especializados y a países que han avanzado más que nosotros en estos temas? ¿No se deberían tener en cuenta todos estos aspectos, ya que estamos elaborando una ley importante para el país? En lo personal, considero que esta es una de las leyes más importantes -tal vez porque estoy trabajando de este lado- que se plantea el país para lograr un sistema universitario de calidad.

                Desgraciadamente, en su inicio este proceso tuvo guías que generaron expectativas y al que contribuimos con nuestro esfuerzo. Pero sentimos que en la mitad del camino y, sobre todo, al final de las etapas, se descarriló. Hoy, el resultado es claramente infeliz. Sin embargo, con un toque de esperanza consideramos que podemos hacer lo mejor como país y, nuevamente, ofrecemos nuestro aporte en dicha dirección.

                Muchas gracias.

SEÑOR GRÜNBERG.- Señores Senadores: creo que no hace falta reanalizar los aspectos concretos que nos preocupan, pues han sido muy bien planteados por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Sí me gustaría aportar unos elementos de contexto, de algunos de los cuales tuve la suerte de ser testigo directo y, por eso, quizás los puedo compartir.

                En principio, quisiera señalar que me da pena que este proyecto de ley haya venido al Parlamento un tanto prematuramente. Digo esto porque hubo varios meses -y quizás años- de discusión en el ámbito creado a esos efectos en el Ministerio de Educación y Cultura, del cual participaron expertos que hoy están aquí presentes pero que no fueron, por cierto, en representación de las universidades privadas; había otros colegas a los que los unía su interés por la regulación universitaria más que su origen. No olvidemos que Uruguay es muy chico y que el mundo académico es más chico aún, entonces, el Doctor en Química es Doctor en Química y no ciudadano de la Universidad de la República o ciudadano de la Universidad ORT; es un académico de su disciplina, y a veces, entre académicos es más fácil entenderse cuando se está estudiando un tema serio sobre el que hay abundante jurisprudencia internacional, antecedentes y demás. Reconozco que tanto en el Gobierno anterior como en el actual -y, por supuesto, en anteriores, pues está presente un ex Ministro de Educación y Cultura- ha habido una tarea abarcativa por parte del Ministerio en el sentido de incluir en la discusión sobre estos temas, tan importante para el país, a todas las instituciones educativas involucradas, incluso a las más nuevas. El proyecto de ley que se fue elaborando -inclusive el que tenemos sobre la mesa- contiene muchos elementos valiosos que deberemos cuidar de no perder cuando estemos considerándolo. Me refiero, por ejemplo, a los consensos a los que se llegó en áreas que son muy importantes, tal como la educación a distancia. Este documento tiene un capítulo referido a esa materia que es muy valioso, entre otras cosas, porque por primera vez se sientan bases legales para la educación a distancia evaluada y certificada en nuestro país, para que los alumnos no caigan en trampas. Asimismo, contiene capítulos relativos a otras áreas, que también son muy valiosos y que hay que conservar. No podemos decir que este documento está elaborado en un extremo y debe ser rechazarlo completamente. No; este documento refleja algunos consensos sobre temas muy importantes a los que se llegó luego de muchas dificultades.

                Lamentablemente, sobre las etapas finales -como decía mi colega Casarotti- hubo situaciones que sorprendieron a los propios expertos que estaban discutiendo sobre el tema. Cabe aclarar que quedó un registro de esta situación, ya que las treinta y cinco a cuarenta versiones del proyecto quedaron documentadas.

Retomando, uno ve que la tónica del documento va convergiendo en la discusión entre los expertos y se da un punto de discontinuidad en el que, de pronto, entre la versión (n-1) y la (n)  -o sea, entre la  penúltima y la última- aparecen sorpresivamente dos o tres puntos que hemos mencionado y que no son fruto de consenso.

Honestamente, esta situación me apenó por dos razones: primero, porque creo que cuando se está elaborando un proyecto de ley sobre educación la ciudadanía está esperando una imagen de unión y no acrimonias ni enfrentamientos; la gente está esperando que sus universidades y su Ministerio de Educación y Cultura se pongan razonablemente de acuerdo en un tema tan importante como este. Obviamente, la ciudadanía no espera que estén de acuerdo en todo, pero sí quiere que haya un determinado grado de unión. Cuando los padres inscriben a sus hijos en una institución educativa -al igual que cuando los internan en un hospital o cuando depositan sus ahorros en un banco- quieren tener certezas, porque en ese ámbito van a estar cinco años y no quieren que después el título que obtengan no tenga valor, no exista o no pueda ser utilizado en el Mercosur. La gente quiere tener garantías para la educación de sus hijos, porque esos cinco años de vida no tienen devolución; si el hijo ingresa a la institución con 18 años y egresa con 24, con un título que no le sirve, ¿quién le devuelve ese tiempo? Nadie, porque es un bien totalmente perecedero.

En definitiva, creo que la ciudadanía quería que se viera -y por eso yo tenía grandes expectativas- que este no es un problema partidario ni ideológico, sino un problema nacional, de país y de ciudadanía. Por eso fue que me dio pena llegar al Parlamento con este documento. Me hubiera gustado que estuvieran aquí con nosotros el profesor Rodrigo Arocena y el doctor Ricardo Ehrlich, y hubiéramos llegado a un acuerdo en cuanto a este documento. Creo que habría sido un mensaje fantástico para la ciudadanía. Por eso me dio lástima que a último momento haya surgido un punto de discontinuidad y que hoy, en lugar de estar todos de acuerdo en tono celebratorio puliendo aspectos menores, tengamos que estar discutiendo y dando nuestra posición, que seguramente será contraria a la que darán las otras personas que vengan.

La segunda razón por la cual me apenó esta situación es que me parece que estamos perdiendo mucho tiempo con respecto a acciones que nuestro país debe tomar rápidamente. Existen dos tendencias internacionales que se presentan como una catarata imposible de evitar por Uruguay; por el contrario, tenemos que navegar con ellas porque nos va a beneficiar si lo hacemos bien. Ya hoy, y en unos años aún más, la prosperidad, el valor y la riqueza se van a generar a través del conocimiento. La gran riqueza no va a ser generada por personas aserrando troncos de árboles, por quienes carguen bultos en el puerto ni por quienes se dediquen a la agricultura primaria. Nos guste o no, un país como el nuestro solo va a ser rico si el día de mañana tiene collares electrónicos para las vacas, si cultiva semillas transgénicas y si se dedica a desarrollar programas antivirus. Creo que en los últimos años nuestro sistema político así lo ha entendido; por eso tenemos un Plan Ceibal, que no tuvo como único objetivo la inclusión social, sino también preparar a una nueva generación para cuando se tenga que ganar la vida con el conocimiento y no haciendo hamburguesas por allí. Lo que se busca es la generación de oportunidades. También con ese objetivo se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), a instancias del Gobierno por un lado, y de la sociedad, por otro. Tanto la sociedad como el sistema político han apoyado el Plan Ceibal, que no fue tomado como un Programa de Gobierno, sino de Uruguay. Si uno lee la prensa en el exterior, advierte que es tomado como un plan del país, y de la misma manera se considera a la ANII. Así, una cantidad de otros ejemplos, como los planes de desarrollo e inversión, muestran que en la sociedad uruguaya existe la conciencia de que necesariamente tenemos que ir hacia la concepción de que el valor se va a generar por el conocimiento. Con esto no estoy aludiendo a la informática; cuando hablo de conocimiento, me refiero al conocimiento aplicado al sector agropecuario y al sector industrial, entre otros. Me refiero, por ejemplo, a que el día de mañana nuestra industria forestal se dedique a exportar muebles uruguayos, no troncos, o papel de alta tecnología con tinta electrónica, y no papel común. También puedo mencionar la industria del software, la animación digital, audiovisual, biotecnología, etcétera. Creo que tenemos que ir en esas direcciones.

Ahora bien, en ese mundo va a haber mayor demanda por conocimiento, porque los ciudadanos van a exigir más conocimiento, y la realidad es que nuestro sistema universitario actual ha fracasado en dar acceso a sus ciudadanos. Por distintas razones, el sistema educativo uruguayo, especialmente el universitario -y lo digo por las cinco Universidades que hay en el país- es inaccesible para la población de menores recursos, en particular la del interior. Hay una gran parte de la población uruguaya que no accede al sistema universitario, y en el futuro va a haber una demanda muy intensa. A su vez, las familias van a exigir que sus hijos tengan acceso a la educación universitaria porque saben que si no, 20 ó 30 años después van a estar vegetando sin poder ganarse la vida en forma adecuada.

Felizmente, hemos escuchado que el señor Presidente quiere abrir centros educativos en el interior del país, que hay que crear nuevas carreras y que hay que descongestionar las que tienen superpoblación de profesionales. Pienso que se está tomando conciencia de que si queremos modernizarnos como país debemos tener un sistema mucho más inclusivo. Hoy en día, menos del 30% de  los uruguayos accede a la educación superior; no a la Universidad -allí el porcentaje es menor- me estoy refiriendo a Profesorados, a Escuelas Militares y a Escuelas Superiores de la UTU. Para estar a la altura de países como Corea del Sur, Singapur, Israel, Irlanda o Finlandia, debemos llegar a un 60%. Ahora bien, para lograr ese porcentaje no se puede contar solamente con la ORT de “El Ombú” o la Facultad de Derecho de 18 de Julio, sino que debe haber un sistema universitario que cubra todo el país y sea mucho más flexible y dinámico. A su vez, no todo el mundo va a poder estudiar Ingeniería o Derecho, por lo que deberán surgir muchas carreras nuevas que hoy no conocemos y que la gente va a querer cursar. Para que esto sea viable es necesario un sistema de evaluación de calidad que permita hacerlo más amplio y diverso, pero con una certificación. Todo el mundo sabe lo que es un doctorado en Derecho, pero muy poca gente conoce lo que es un técnico en Animación Digital o un técnico forestal. Los ciudadanos se preguntan acerca de la calidad de esas carreras sin importar si los cursos los dicta la ORT, la Universidad Católica o la Universidad de la República. Por lo tanto, necesitamos un sistema  que tenga normas comunes para todos y que rija en  todo el país -como sucede con las reglas sobre encaje, aperturas de cuentas y lavado de dinero- para que los ciudadanos puedan conocer lo que van a estudiar y, además, puedan circular por todo el Uruguay. Por ejemplo, alguien puede estudiar técnico superior en Tacuarembó,  pero después trasladarse a Maldonado -donde existen oportunidades turísticas- para  continuar estudiando, luego venir a Montevideo a hacer una maestría y, posteriormente, trasladarse a Salto para realizar un doctorado.  Eso sólo se puede hacer si existe un sistema integrado de calidad certificada con las mismas normas.

                Como dije, me da pena haber  llegado a esa etapa en la que, en lugar de perfeccionar el proyecto de ley, este es objeto de discusión por la lucha por el poder, porque estamos perdiendo, otra vez, meses o años.  Muchas veces hablamos con las distintas autoridades que dirigieron  el Ministerio a todos los niveles, en el sentido de no transformar esto en una lucha partidaria, porque no es blanco, colorado, frenteamplista ni del partido independiente y tampoco es de izquierda, derecha o de centro. A este respecto, puedo decir que en la Conferencia Mundial de la UNESCO, en París, tuve la oportunidad de escuchar personalmente, al Presidente Lula acompañado de su Ministro de Educación, señor Haddad, y cuando ellos presentaron sus pautas para el desarrollo y evaluación del sistema universitario en Brasil, era indistinguible, en cuanto al nivel de convergencia y uniformidad de las recomendaciones, de la propuestas que escuchamos de los Ministros de Educación  de la India, China y otros países, de los sesenta y cuatro que estaban presentes. Nuestro país estuvo representado por la Ministra de Educación de la época, Ingeniera Simón, por el señor Rodrigo Arocena y por quien habla como representante del Uruguay por parte del Consejo Rector. Estuvimos los tres juntos, trabajando ocho horas por día durante tres días en la UNESCO, en París, y escuchamos todas esas declaraciones. El Uruguay suscribió la recomendación final que era la de propiciar la inclusión de capas cada vez más grandes de la población y hacer evaluaciones integradas de todas las instituciones educativas que operan en cada jurisdicción. Prácticamente no hubo desacuerdo en esos puntos, nuestro país lo suscribió y, además, está totalmente en sintonía con el sentido común. La ANII es un buen ejemplo de esto, ya que es una Agencia que está funcionando en forma exitosa actualmente y una de las características que posee es que evalúa a todos los investigadores uruguayos por igual.  Cuando otorga un grado e, incluso, cuando da el premio del sueldo a los investigadores, no se fija si  estos pertenecen a la Universidad de la República,  a la ORT, a la Universidad de Montevideo o a la Universidad de la Empresa, sino en los méritos que posee. Eso ha propiciado lo que se quería lograr: un esfuerzo por obtener méritos y no una lucha por el poder ni un enfrentamiento entre instituciones.  La ORT no tiene que ir a hacer lobby a la ANII porque no logra nada; el investigador de nuestra Universidad sabe que si quiere tener un premio de esa Agencia tiene que mostrar los trabajos publicados y no importa si lo hizo en la ORT o en la Universidad de Montevideo. Además, muchas veces los estudiantes se cambian de una universidad a otra.

                Por lo tanto, considero que la Agencia APACET debería seguir las mismas reglas de imparcialidad y universalidad. Nuestro objetivo es que, cuanto antes,  podamos quitar a esta discusión el aspecto de lucha por el poder y por el control. En ese sentido, creo que la APACET no debería estar controlada por ninguna universidad. Actualmente se propone un gobierno de cinco miembros, tres de los cuales pertenecerían a las universidades públicas, dos de la Universidad de la República y uno de una institución que ni siquiera existe. Me refiero al Instituto Universitario de Educación que, según la Ley de Educación aprobada en la Legislatura anterior, va a remplazar a los Institutos de Formación Docente.

                Como uruguayo, me gustaría que se retomara el camino que veníamos transitando, es decir, quitarle a esto los aspectos de lucha por el control  y transformarlo en un instrumento de desarrollo, por la vía de reglas sistemáticas y “meritocrática”. De esa manera, todas las universidades vamos a poder saber que nuestros reconocimientos, las autonomías que obtengamos y los permisos que nos brinde el Estado para operar -y todo lo que se necesite en el futuro- los conseguimos porque trabajamos cada vez mejor y no porque hay más Senadores o Diputados que nos son afines. Creo que lo mejor para un país es que sus universidades estén completamente aisladas de los mecanismos de poder político. En la actualidad todas las universidades se presentan a la ANII  en igualdad de condiciones para obtener financiamiento. En ese sentido, nosotros hemos presentado proyectos que a la ANII le parecieron importantes para el país -como la primera Licenciatura en biotecnología-  y nos brindó el financiamiento, mientras que en otros casos entendió que no era así, y nos lo negó; lo mismo sucedió con las demás universidades. Por lo tanto, insisto en que cuanto antes podamos quitarle a este proyecto los aspectos que tiene de dominación y transformarlo en conjunto de reglas “meritocráticas” conocidas, que cumplan con la universalidad y con la imparcialidad que se le pide a cualquier agencia, menos tiempo vamos a perder. Creo que quizás nos queden 5 ó 7 años de bonanza por delante -ojalá que sean no menos que esos- por lo que debemos aprovecharlo y capitalizar el dinero que existe hoy en el país, el optimismo que reina y el consenso político y social que tenemos para que, después de ese período, podamos decir que utilizamos bien el tiempo y subimos un grado más el porcentaje del sistema universitario. Mi idea  es llegar a tener, dentro de una década, al 50% de los uruguayos incluidos, es decir que todo el mundo tenga una universidad a menos de 100 kilómetros de su lugar de residencia, que por lo menos figuren 3 ó 4 universidades en los ranking internacionales y que el 80% o el 90% de los uruguayos se reciban de Bachiller.

                Esos son los objetivos a plantear. Muchas gracias.

SEÑOR BREZZO.-  Muy brevemente quiero decir que comparto lo expresado por nuestros colegas y solamente quiero agregar algunos conceptos.

                En primer lugar, cuando se aprobó la Ley de Educación todos nos sentimos un poco frustrados porque no estaba incluido el tema de la educación superior, aunque se establecía que iba a ser tratado más adelante. Por eso hay una gran expectativa de que con esta ley podamos avanzar en la mejora del sistema educativo universitario del país. La expectativa concreta era la de encaminarnos a un verdadero sistema nacional de educación superior, conectado, integrado y con navegabilidad; este objetivo es compartido por el Ministro Ehrlich. Sobre este punto, el señor Ministro dijo en esta misma Comisión -leo la versión taquigráfica-: “tenemos un sistema terciario con componentes públicos y privados. Por su parte, el componente privado ya tiene un cuarto de siglo de historia. No obstante, entendemos que ambos componentes se encuentran en una interacción que esperamos que pueda seguir avanzando para integrarse en ese sistema de alta navegabilidad que queremos desarrollar.” Compartimos totalmente estas expresiones pero, lamentablemente, eso no aparece en los objetivos de la ley y mucho menos en la normativa que, diría, avanza en sentido contrario porque separa, expresamente, el subsistema público y el privado; uno está regido por normas de regulación y control muy estrictas y claras, y  el otro se autorregula. En los hechos, ello ha significado que tengamos en nuestro país títulos con igual denominación, que tienen contenidos diferentes, lo cual no ayuda a la navegabilidad, al reconocimiento internacional, ni a ninguno de los otros elementos que son de importancia.

                Se ha citado el ejemplo de que la carga horaria de algunas carreras de la Universidad de la República no es la misma que exige el actual Consejo Consultivo. Además, hay postgrados en la Universidad de la República que no exigen el título de grado, pero eso no nos está permitido. No estoy diciendo que eso esté bien o mal; simplemente digo que deberíamos tener un tratamiento similar. Lo mismo ocurre en cuanto a los niveles de grado académico que deben tener los profesores. De modo que hay una cantidad de requisitos que se nos exigen a nosotros y que deberían ser uniformes para todos.

                Lo que hace este proyecto de ley es separar ambos subsistemas y ello se debe a una situación que comprendemos, que es la autonomía de la Universidad. En los hechos, si no solucionamos eso de alguna manera, no vamos a poder avanzar en el sentido de tener un sistema nacional integrado de educación superior.

                Este es uno de los problemas de fondo que vemos en la estructura de la ley, tal como está planteada, que no avanza sino que, por el contrario, congela esos dos subsistemas en forma separada, por lo que va a ser cada vez más difícil la comunicación y la famosa navegabilidad entre ellos.

                Por otro lado, también compartimos con el señor Ministro y con su equipo, la preocupación y el interés por establecer mecanismos de aseguramiento de calidad. A nuestro entender, los objetivos del aseguramiento de calidad serían, en primer lugar, dar garantías e información adecuadas a los estudiantes y sus familias para la elección de su formación y, en segundo término, impulsar el desarrollo de la innovación y la incorporación de conocimiento en forma creciente a los procesos productivos y sociales, de forma de lograr una sociedad más próspera y equitativa.

                A nuestro juicio, para lograr esto, el proyecto de ley de lo único que habla es de regulación y de controles, pero no menciona los estímulos. Si uno quiere desarrollar algo está bien que controle que se esté cumpliendo pero, de alguna manera, tiene que dar estímulos. Sin embargo, los estímulos prácticamente no aparecen y si se analiza la normativa internacional, se encuentra que en todos los casos hay un fuerte énfasis en este aspecto. Los estímulos son de distinta naturaleza: económicos, financieros u operativos, y dan mayor libertad y flexibilidad en el accionar de las instituciones. Hay una gama muy amplia y muy rica de opciones que se pueden manejar que, desgraciadamente, no aparecen en este caso. Solo se citan en el proyecto de ley los casos de Universidades que han sido acreditadas y que deseen incorporar un cierto grado de especialización. En esa situación, una Maestría, por ejemplo, no tiene que pasar por un mecanismo de autorización, pero eso es algo mínimo.

                Este tema había sido incluido en el proceso de elaboración a que hacían referencia mis compañeros y luego desapareció en la etapa final del tratamiento. Creo que es un elemento fundamental, porque si uno quiere realmente lograr un avance fuerte en  un tema, debe establecer controles y estímulos.

                Otro punto que no se ha citado todavía y que agrego, es que se incorpora a este proyecto de ley, prácticamente, el mecanismo funcional que establece el Decreto Nº 308 del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria, y luego se suma la parte de acreditación y lo relativo a regulación en cuanto a la autorización de carreras. Aparentemente, de acuerdo con lo que se establece en la redacción, se seguiría funcionando con el mismo tipo de procedimientos y normativas en el sentido de que no se autoriza -como decía- ningún grado de flexibilidad en los procedimientos, en la medida en que se avanza en la calidad.

                La realidad es que hoy el Consejo Consultivo, no por inoperancia o mala voluntad de sus miembros, sino por la naturaleza del funcionamiento del sistema, tiene una enorme demora en la consideración y aprobación  de carreras; estamos hablando de años de demora. Eso va, precisamente, contra lo que acaba de decir el señor Grünberg, o sea, la necesidad de poder desarrollar nuevas opciones educativas para que más cantidad de gente se pueda ir sumando al sistema educativo universitario.

                De manera que si agregamos el cometido de acreditación -considerando la demora que ya existe- seguramente vamos a estar recargando un sistema que va a tener serias dificultades para funcionar. Este es otro argumento para buscar alguna forma de flexibilización a las instituciones que van demostrando niveles de acreditación, de calidad o trayectoria.

                Otro elemento que se ha citado es el rol de la Universidad de la República, tutelando, de alguna manera, el funcionamiento de las Universidades privadas. Ya se han dado argumentos muy valiosos -que compartimos- fundamentalmente, jurídicos, en cuanto al principio de la especialidad, en lo que no tiene competencia, como lo ha establecido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, he escuchado algunos argumentos en el sentido de que la Universidad de la República debería tener un rol similar al que posee la ANEP en la Enseñanza Primaria, Secundaria y Técnica. En primer lugar, quiero decir que no se pueden comparar cosas totalmente distintas. En el caso de la ANEP, todas las instituciones deben cumplir los mismos programas. En el caso de las Universidades, se busca precisamente lo contrario, es decir, la diversidad y la innovación, de forma que ofrezcan opciones diferentes. Por ello, afortunadamente se eliminó algo que venía en la fundamentación de la exposición de motivos del proyecto de ley original, que hablaba del modelo arquetípico en la Universidad de la República. Creo que al haber retirado esa expresión, el Ministerio de Educación y Cultura está demostrando que comparte que debe haber una diversidad en el sistema universitario. Entonces, en la medida en que se da esa situación, no se puede comparar con lo que pasa en ANEP. Además, el Parlamento ha aprobado en la Ley de Educación la institución de evaluación educativa que, justamente, va a adoptar el rol de supervisión y seguimiento del sistema que hoy realiza la ANEP, con lo cual se demuestra que se quiere avanzar en ese sentido. Digo esto, simplemente, para agregar más argumentos a favor de que la UdelaR no debe tener un rol de supervisión y de control.

                No voy a agregar nada más porque mis compañeros han sido, repito, muy elocuentes y muy claros en todos los argumentos que brindaron.

SEÑOR AMORÍN.- Realmente han sido muy claras las exposiciones de los distintos Rectores. Hay algunos puntos en los que me gustaría que se dieran algunos detalles. En la sesión a la que concurrió el señor Ministro de Educación y Cultura, cuando se le preguntó por qué se introdujo un cambio que no existía en el caso del Consejo Consultivo -que refería a que tenía que haber un dictamen obligatorio por parte de la UdelaR- el maestro Garibaldi nos respondió que, en realidad, eso ya estaba y que no había habido ninguna modificación. El doctor Pérez del Castillo algo aclaró sobre este tema, pero me gustaría que se profundizara un poco más.

                Por otro lado, el Rector de la Universidad Católica, el padre Casarotti, dice que hay 16 carreras de la UdelaR que no tienen una carga horaria mínima. Para que exista un sistema de navegabilidad, parecería que a todas las Universidades se les debería exigir algunos requisitos mínimos. Si esto fuera así nos gustaría saber -no ahora, porque seguramente no tienen la información, pero la pueden enviar a la Comisión- cuáles son esas dieciséis carreras que no tienen la carga horaria mínima, cuántas son las horas que se dictan y cuántas son las que se dictan en sus similares, en las universidades privadas. Parece bastante claro que todos estamos de acuerdo con que debe haber un sistema de navegabilidad interesante en el ámbito universitario y para ello hay que contar con elementos mínimos de calidad similares. También parece bastante claro que uno de los inconvenientes que tenemos es la famosa autonomía de la Universidad de la República, donde -aparentemente- desde afuera nadie puede exigir horarios mínimos a las carreras o buenos programas ya que es la propia Universidad la que los regula. La pregunta es si esa autonomía de la Universidad, desde el punto de vista jurídico, es un freno para avanzar en algunas cosas. Me parece que ese tema es clave.

Después me gustaría que profundizaran sobre lo que ha expresado el Rector Brezzo -y otros de los invitados- con respecto al tema de estímulos. Creo que todas estas cosas funcionan mucho mejor con estímulos positivos, que con estímulos negativos. Seguramente, el esfuerzo que hacen ustedes y la Universidad de la República para concursar por premios en la ANII es una demostración bien clara. Pienso que este tipo de cosas son las que ustedes -que conocen el tema a fondo- pueden ilustrar para ver si podemos llegar a algunos acuerdos básicos que nos permitan avanzar en la discusión del proyecto de ley.

SEÑOR GRÜNBERG.- Con respecto a la primera pregunta planteada por el señor Senador Amorín sobre la evaluación preceptiva, puedo decir que la situación, hoy, de acuerdo con el Decreto 308, es que hay que solicitar la opinión de la Universidad de la República en los casos de creación de nuevas universidades. No estamos en desacuerdo con este punto porque la creación de una nueva universidad es un tema trascendente para el país, ocurre cada muchos años y pedir opinión a otros agentes, como la Universidad de la República o  los Consejos Rectores, creo que se puede justificar. La gran diferencia que tenemos con esta iniciativa es que, por mandato legal, la Universidad de la República tendría que dar su opinión sobre cualquier nueva carrera o plan de estudios que una universidad privada quisiera lanzar. Tengan en cuenta los señores Senadores que cuando uno dicta clases en -como es nuestro caso o el de los colegas- licenciaturas como Biotecnología o Ingeniería Informática, todos los años tiene que cambiar los planes de estudio porque, de lo contrario, no estaría cumpliendo realmente con los objetivos de dar una educación actualizada. Son disciplinas en las cuales cada un año o dos hay que hacer cambios. El Ministerio de Educación y Cultura nos exige que enviemos planes de estudios nuevos cada tres años, porque sabe que estamos obligados a cambiarlos. Imaginen los señores Senadores un sistema en el cual, continuamente, cada nuevo plan de estudio exigiera que la Universidad de la República tuviera que informar. Eso es una novedad que se introduce. Ahora bien, lo importante es que el Director Garibaldi no está de acuerdo. Primero conversó conmigo sobre este tema en privado, pero luego lo hizo público en ocasión de una entrevista realizada a los dos, en forma simultánea, en Radio Sarandí, el pasado lunes en el horario de la mañana. El entrevistador me preguntó cuáles eran las preocupaciones que teníamos sobre este proyecto de ley y le contesté lo mismo que acabo de decir, que la evaluación preceptiva era una de las principales preocupaciones que tenemos porque no se justifica y porque además crearía una situación de conflicto de intereses permanente y, además, una fricción y un enlentecimiento del sistema que lo haría inviable. En esa ocasión, el maestro Garibaldi dijo: “El doctor Grünberg sabe’ -porque yo se lo dije a él- ‘que esto es algo que se debe cambiar en el trámite legislativo”. Lo relato porque lo mencionó en la radio delante de todo el mundo, porque si hubiera sido en privado no lo estaría contando. Por lo tanto, creo que este es un punto que nadie defiende. No sé quien escribió esto, no tengo ni idea, pero, repito, el  Director Garibaldi -que fue quien, de alguna manera, coordinó estos esfuerzos- dijo públicamente que pensaba que este era un punto que tenía que ser modificado durante el trámite legislativo.

                Con respecto a las carreras, puedo decir que hay una lista de carreras que dicta la Universidad de la República que hoy no cumplen con lo que se exige en la legislación nacional. Considero que un país puede dar flexibilidad a las universidades; es arbitrario decir que todas las carreras tienen que tener 2.400 horas. Quizás sea razonable, por ejemplo, que la licenciatura en Geodesia, que dicta la Universidad de la República, tenga menos de 2.400 horas; lo que no es razonable es exigir a otras universidades que van a implementar una licenciatura en Geodesia -y que no necesita 2.400 horas- que cumplan esa carga horaria. ¿Por qué obligarlas? Después las carreras terminan llenas de cosas que no hacen falta.

                Con relación al tema de la autonomía, como no soy jurista, voy a abstenerme de opinar. Sí puedo relatar dos anécdotas que ilustran este tema desde el punto de vista de un educador -que soy yo- porque me dedico a eso. Los señores Senadores sabrán mejor que yo qué quiere decir exactamente el término autonomía y qué permite hacer. Hace unos días también me plantearon este tema en una reunión de gente preocupada en este sentido. En realidad, en el Uruguay no estamos acostumbrados a conversar sobre este punto; me preguntaron si todos tenían que ser evaluados y si en Harvard sucedía lo mismo. Claro está que uno cree que cuando una institución es muy importante, como es el caso de Harvard, que tiene 450 años, no es evaluada. Quiero contarles que hace unos años atrás me invitaron de Harvard para dar unas conferencias en la Facultad de Educación. En aquel momento tenía una relación con el Decano y, cuando llegué allí por primera vez, me esperó en el aeropuerto, fuimos a comer y me encontré con el Vicedecano. Sin embargo, la segunda vez que fui no me esperó nadie y cuando llegué a la Facultad nadie me atendió, hasta que al final, una Secretaria me explicó que era el mes del año de la evaluación y que no iba a encontrar a nadie porque estaban los evaluadores del Estado de Massachusetts, quienes se pasaban toda la semana dentro de la Facultad de Educación de Harvard y eso era lo único que les interesaba en ese momento. Casualmente, estaban evaluando, al mismo tiempo y con las mismas reglas, la carrera de Profesorado de Harvard y el Colegio Técnico de Boston, que es una pequeña escuela.

                Por lo tanto, no sé qué dice la ley, pero puedo decir que las evaluaciones se aplican a Harvard, a Oxford, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad de San Pablo y a todas las universidades que conozco.

                La otra anécdota que quiero contarles para ilustrar el tema es sobre Australia. En este momento en dicho país están discutiendo el mismo  proyecto de ley que nosotros. Allí se está creando por primera vez una Agencia de Evaluación de Universidades. Es un país muy descentralizado, nunca hubo una agencia central y ahora se está creando. Australia es un país -al igual que Uruguay- que brinda gran importancia a la educación e, incluso, la ven como una manera de integrar las poblaciones aborígenes, que tienen en un número importante. Este proyecto de ley tiene tres principios fundamentales. En primer lugar, todas las universidades australianas son evaluadas con las mismas reglas y, al igual que en Uruguay, la gran mayoría de los alumnos concurren a las universidades públicas y, por ende, hay una minoría en las privadas. En segundo término, el objetivo principal de la Agencia, según el proyecto de ley, es brindar garantía sobre la calidad de la educación a los alumnos y su familia. Ese es el objetivo, repito, y la misión de la Agencia.

                Otro  punto importante es que a partir del año 2014 todo el financiamiento se va a empezar a otorgar en forma contingente  a la obtención de determinados resultados según la evaluación de la Agencia. Por ejemplo, la Agencia podría determinar que las universidades tuvieran que hacer un esfuerzo y, a través de cursos nocturnos, brindar carreras más cortas y ofrecer un mayor acceso a la población  de menores ingresos de su área de influencia y en los centros ubicados en los barrios más pobres. Se les va a dar dinero, pero se les va a exigir que cumplan esos objetivos. A partir del año 2014, el financiamiento para continuar va a ser contingente -reitero-  según los objetivos que se alcancen, relacionados por ejemplo con publicaciones científicas, investigaciones sobre deserción u otras variables.  Esos serían los tres principios fundamentales de la creación de la Agencia de Evaluación de Universidades. Sin duda, es un tema muy importante porque, además, a diferencia de lo que ocurre en el Uruguay -creo que nuestro país podría ir en esa dirección- la educación superior es una enorme industria de exportación. Australia exporta más de US$ 1.000:000.000 por año de educación superior por la vía de alumnos asiáticos que van a estudiar  ese país. Esto nos lleva a pensar que nuestro país perfectamente podría ser un polo de atracción de alumnos latinoamericanos y centroamericanos, máxime teniendo en cuenta los problemas existentes con las visas para acceder a Estados Unidos y los inconvenientes por el idioma  y la afinidad cultural. En efecto, podríamos ser un centro de atracción de alumnos del exterior, crear una verdadera industria de exportación y constituiría una forma de proyección de nuestra cultura y nuestra tecnología. Por supuesto que ello tendría que depender de la evaluación  de una Agencia de calidad que, de manera integrada, indicara a los ciudadanos uruguayos y a los extranjeros cómo están funcionando, desde el punto de vista de la calidad, todas las carreras que se dictan. Pero debemos entender que esto no se lleva a cabo solo respecto de la Universidad, sino que las evaluaciones se realizan por disciplina.  Cuando se evalúa, no se tiene en cuenta a las universidades como un todo, sino que se evalúan las carreras que en ellas se dictan. Por ejemplo, ahora en el Uruguay se están evaluando las carreras de Ingeniería Electrónica; me refiero a las de las Universidades ORT, Católica, de Montevideo y de la República. Es más, las cuatro Universidades están pasando al mismo tiempo por un proceso  de evaluación a nivel del MERCOSUR. Quiere decir, entonces, que siempre habría que  pensar en las evaluaciones por disciplina.

SEÑOR PÉREZ DEL CASTILLO.-  Simplemente quisiera señalar que comparto lo que ha señalado el doctor Grünberg con relación al número mínimo de horas de clase que tiene la Universidad de la República y al que se exige en el proyecto de ley para las universidades privadas.  Vamos a entregar a la Comisión un documento, un preborrador en el que, como nota al pie, se incluye una serie de Licenciaturas de la Universidad de la República que no llegan a las 2.400 horas que se exigen en el proyecto de ley -estas son algunas rigideces que a veces se cuelan en esta clase de iniciativas-; entre otras, se hace referencia, por ejemplo, a la de Geología, que tiene una carga de 2.300 horas; Estadística -opción Economía-  2.024 horas;  Ciencia Política, 2.340 horas;  Sociología, 2.325 horas; Relaciones Internacionales,  2.072 horas y Traductorado Público, 1.760 horas. En fin, sería conveniente seguir leyendo, pues hay unos cuantos casos más pero, como señalé antes, vamos a dejar el material para que la Comisión pueda estudiarlo.

                A mi juicio, es probable que el dictamen preceptivo de la Universidad de la República,  previsto en el inciso segundo del artículo 48   para el reconocimiento del nivel académico de carreras de grado y posgrado, tenga origen en el artículo 25 del Decreto Nº 308 de 1995.  Pienso que ese origen es incorrecto. Se puede tratar de una fuente de inspiración pero, en realidad, el artículo 25 hacía referencia a una autorización para funcionar como institución universitaria privada, que es distinto a un reconocimiento del nivel académico de carreras de grado. Digo esto porque se podría plantear la situación de que una institución se enterara que otra de las aquí presentes está proyectando un posgrado de Gobernabilidad de las Instituciones y de que un competidor tuviera pronto su benchmarking, porque sabe lo que está ocurriendo en el sistema educativo.  Por consiguiente, es muy distinto el artículo 25 del Decreto Nº 308, del inciso segundo del artículo 48 del proyecto. A pesar de que hay varias palabras que se repiten,  básicamente se reiteran las siguientes interrogantes: ¿qué sucede si la Universidad de la República no responde en un plazo de sesenta  días? Los cuatro Rectores, en su momento, le solicitamos a la señora  Ministra que, en todo caso, se estableciera que si no se pronuncia en ese plazo, se consideraría que hay un informe positivo. Entendíamos que esa era una forma de negociar, pero ni siquiera eso se incluyó. 

                Por último, damos por respondidas las preguntas  formuladas por el señor Senador Amorín.

SEÑOR RUBIO.-  Hemos escuchado con gran atención e interés los distintos planteos que se han realizado en esta sesión. En realidad, la Comisión recién está ingresando en el tratamiento de este tema y por eso tiene la necesidad de convocar a todos los actores. De nuestra parte, el propósito es encontrar un punto que tenga niveles importantes de acuerdo. Sabemos que está en juego un tema de primer orden, pero aún no lo hemos discutido en la bancada ni en el sector político que integro, porque la idea es contar con todos los elementos antes de abocarnos al tratamiento del proyecto de ley. 

                En lo personal, somos partidarios de un sistema de educación terciaria que incluya a todos y que los sistemas de evaluación  involucren también a todos. Desde este punto de vista, me he ido formando un concepto no solamente respecto al área educativa, sino también a las instituciones. Los esfuerzos de autoevaluación son positivos, pero me parece que las instituciones deben contener objetivos de carácter social y recibir evaluaciones externas, todo lo cual impactaría en mayor medida en el campo de la  cultura.

Pienso que, en realidad, la autoevaluación es demasiado complaciente. He visto esta práctica en otras áreas del Estado y me parece que no contribuye en los procesos de transformación. He visto esta práctica en sectores del Estado que no tienen nada que ver con la educación y la cultura, pero lo cierto es que se va hacia una inercia institucional. Las instituciones generan una cultura institucional y un conjunto de intereses entrelazados, pero los procesos de cambio provocan muchas resistencias. Por eso considero que cuando como Legisladores tenemos que emitir opinión, tomar decisiones o introducir normas sobre temas muy sensibles para la sociedad,  el punto de vista que debe primar, precisamente, es el social. Se ha realizado un esfuerzo muy fuerte e importante de asignación de recursos en el área educativa en todos los niveles y en el sistema público se va a seguir produciendo, pero tenemos grandes preocupaciones con respecto a los resultados en materia de calidad, fundamentalmente en determinados niveles del sistema. 

Ese es el punto de vista que nos hemos ido formando. De aquí en más veremos cómo se compadece con las estructuras institucionales existentes y con el proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo, con el que, reitero, recién tomamos contacto.

SEÑOR PÉREZ DEL CASTILLO.- El doctor Grünberg,  quizás por un motivo religioso, no hizo mención a una experiencia personal que tuve hace un mes en Israel, pero lo cierto es que volví muy sorprendido del sistema universitario que tiene ese país y, sobre todo, muy impactado al ver que aquellos sabios que  propulsaban la creación de un Estado,  bastante antes de 1948,  planteaban la creación de una universidad. Me refiero, precisamente, a la Universidad Hebrea de Jersualén que, en este corto trayecto de vida ya tiene nueve premios Nobel.

La universidad es la locomotora del país. El proyecto de ley que hoy nos ocupa tiene cosas buenas, pero le faltan muchas otras para lograr la inclusión, la equidad y la centralización de las que habló el doctor Grúnberg. Deberíamos empezar por esto, para luego ver cómo logramos ese Uruguay exportador de técnicas. Hoy en día, tenemos la presión de brasileños que quieren venir a estudiar a Uruguay y, aunque tenemos que andar con cuidado, ello demuestra cierta insipiencia de esa capacidad que nuestro país podría tener como centro de formación. Concretamente, nos han llegado propuestas de centros regionales para desarrollar un doctorado regional sobre un determinado tema de opinión pública.

                Quería recalcar este punto porque estamos hablando de lo que podría considerarse la locomotora de los países, y no de un cargo más o un cargo menos. Estamos de acuerdo con lo manifestado por el doctor Grünberg en cuanto a crear una opinión de políticas de Estado detrás de la educación superior, pero no nos quedemos en la partidización. En lo personal, no voy a tirar ninguna piedrita contra la Universidad de la República; al contrario, la voy a ayudar, entre otras cosas, porque soy funcionario de ella.

                Si los señores Senadores están de acuerdo, le cedería el uso de la palabra al doctor Mariano Brito a efectos de que responda algunas preguntas formuladas por el señor Senador Amorín.

SEÑOR BRITO.- Muy buenas tardes señores Senadores y colegas.

                Quisiera realizar una reflexión: en la mañana de hoy, en la Universidad de Montevideo, culminé de dictar el Master sobre  Derecho Administrativo Económico - Fundamentos del Derecho Administrativo Económico, y traté dos temas. Uno de ellos era el Proyecto de Ley de Contratación y Participación Público Privada y, el otro, un tema muy específico del Derecho Administrativo, pero que a mi entender estaba muy vinculado a la Ley Nº 18.437,  Ley  General  de  Educación.  Para  ello,  llevé  un libro -publicado este año- que contiene una recopilación normativa ordenada sobre educación superior, cuyos autores son Daniel Hugo Martins y Felipe Rotondo. Este libro, en su anexo, contiene una consulta realizada al doctor Horacio Cassinelli quien, para su respuesta, toma un antecedente -en mi opinión, fundamental- que sirve también para responder la interrogante del señor Senador Amorín.

El objeto de la consulta al doctor Cassinelli refiere a aspectos de constitucionalidad de la Ley Nº 18.437 y para su respuesta cita textualmente la opinión de Justino Jiménez de Aréchaga contenida en uno de los once tomos editados en 1946, en los que  trata  dos principios fundamentales  -manejados siempre en la Facultad de Derecho-: el de especialidad y el de especialización, relacionándolos con la autonomía. La especialidad, en tanto límite de la competencia constitucionalmente asignada, representa la materia de actuación, es decir, el límite externo que no se puede sobrepasar; mientras que la especialización tiene el signo inverso, es decir, desde afuera no se puede penetrar a la especialidad del Ente Autónomo, en este caso, la Universidad de la República. Entre los textos constitucionales que cita Cassinelli, con números diferentes a los citados por Justino Jiménez de Aréchaga,  encontramos artículos que nos recuerdan que es la Universidad de la República quien tiene competencia sobre el estatuto de sus funcionarios -dictado por un acto regla, una ordenanza- y no el Legislador, pero la Constitución dice que ello es sin perjuicio de las normas fundamentales que establezca la ley respetando la especialización del Ente.

Pido disculpas a los señores Senadores por las referencias realizadas, pero me pareció que la opinión de Cassinelli -que son unas cuantas páginas, pero no muchas para lo que significa un libro de cierto porte- estaba vinculada a la interrogante planteada por el señor Senador. Al responder la consulta que se le había realizado, el doctor Cassinelli menciona las objeciones de constitucionalidad de algunas normas, concretamente, respecto a la autonomía de la Universidad de la República, las que personalmente también apoyo cálidamente porque creo que es muy importante la precisión  realizada  por  Justino  Jiménez  de  Aréchaga, en la que recoge el antecedente -muy alejado en el tiempo- de que en el año 1911, a instancias de los estudiantes de la Facultad de Derecho, se concurrió al Parlamento para solicitar que se aprobara una ley en la que se establecieran los períodos de exámenes. En aquel entonces, la Universidad de la República se opuso manifestando que esto no estaba contemplado en la Constitución de la República. Sabiamente, esto se incorpora con el tiempo y ese sería el límite interno que implica no ir más allá de la especialidad, mientras que el límite externo la protege de la penetración indebida que, por ejemplo, podría ocurrir por un error del Legislador al penetrar en la especialización del Ente, sin perjuicio de las normas fundamentales que establezca la ley.

                Muchas gracias.

SEÑOR CASAROTTI.- Quería recoger lo manifestado por el señor Senador Rubio en cuanto a que recién se está ingresando en la consideración de este proyecto de ley que, como todos compartimos, es de suma importancia para el país.

                Manifestamos nuestra disposición a volver a comparecer ante esta Comisión si se entendiera necesario. Como recién lo expresaba el doctor Mariano Brito, hay una cantidad de asuntos técnicos que probablemente deban ser estudiados con mayor detalle, ya que debe ser  una ley que incentive y estimule.

                En nombre de todos los señores Rectores, quiero decir que ponemos a disposición del Parlamento las competencias técnicas de nuestras Universidades para poder avanzar en los aspectos que consideren importantes; a lo largo de estos dos o tres años es mucha la gente que ha trabajado en este proyecto de ley, por lo que está muy interiorizada en él.

                Al mismo tiempo, quiero decir que, al igual que mi colega, me parece importante tener otra comparecencia ante esta Comisión -si los señores Senadores lo consideran oportuno y necesario- para poder seguir avanzando en la discusión del tema, sobre todo por la posibilidad de que vayan surgiendo otros elementos o preguntas.

SEÑOR PÉREZ DEL CASTILLO.- Voy a reiterar lo que acaba de expresar el Rector Casarotti, en el sentido de que la gente de nuestra Universidad que ha estado trabajando en el tema -algunos de ellos hoy no hicieron uso de la palabra y otros, lamentablemente, ya no nos acompañan- podría hacer un análisis más exhaustivo de los artículos, hecho que habría resultado tedioso hacer en el día de hoy, pero que queda pendiente. Sé que los señores Senadores recibirán a las autoridades de la Universidad de la República, pero después de esa instancia estamos dispuestos -las veces que sea necesario- a concurrir a este ámbito. Estoy hablando no solo a título personal sino también en nombre de nuestro Departamento de Educación o de Autoevaluación.

SEÑOR LORIER.- Para mí es un gusto recibirlos aquí, en la Comisión.

                Tomando las palabras pronunciadas por el señor Rector de la Universidad Católica, creo que no solo tenemos que versar sobre lo técnico, sino también sobre los otros fines que tienen las universidades. En ese sentido, quisiéramos poder contar con los antecedentes sobre los objetivos generales que estas instituciones tienen en sus normas, estatutos o principios fundadores. Creo que eso nos va a permitir ilustrarnos acerca de aquellos elementos que -como bien se señalaba aquí- tienen que ver con un proyecto o proyectos de país que puedan existir con relación al desarrollo científico y tecnológico, pero también a los distintos aspectos que hacen al ser humano y al ser social. Nos parece importante contar con este instrumento nutritivo -por decirlo de alguna manera- sobre los fines y los elementos explícitos establecidos por cada una de las instituciones, precisamente, para poder compararlos con los de la Universidad de la República, que en alguna medida todos conocemos.

Lo que quiero que quede claro es que no solo debemos considerar los aspectos técnicos y científicos, sino también aquellos vinculados con cuestiones más profundas de la temática que estamos abordando. Ello nos va a permitir interiorizarnos acerca de los fines de cada institución y también de las particularidades y elementos privados -en el sentido de “privativos” de cada Universidad- para ver si se corresponden con los fines generales que tenemos en el país desde el punto de vista social.

SEÑOR GRÜNBERG.- Quisiera hacer algunos comentarios con respecto a la inquietud planteada por el señor Senador Lorier.

                En Uruguay las universidades privadas tienen que ser asociaciones civiles sin fines de lucro y, además -según el Decreto Nº 308- deben cumplir con ciertas disposiciones adicionales a las que reglamenta cualquier asociación civil sin fines de lucro. Supongo que las situaciones de todas las universidades privadas fueron iguales, pero en mi caso viví la experiencia de su creación porque tuve que estar en el Ministerio. ORT está instalada en nuestro país desde 1942; esto quiere decir que cuando se le dio la categoría de universidad ya era una asociación civil sin fines de lucro, pero en ese momento se nos exigió el cumplimiento de otras disposiciones pertenecientes al ámbito particular de las universidades. El Ministerio tiene un modelo estatutario, con el cual coincidimos totalmente -supongo que en los demás casos será igual- puesto que es notorio que los estatutos de ORT destacan la formación de los jóvenes y el brindar oportunidades. Cuando el Ministerio de Educación y Cultura nos dio el reconocimiento, primero como asociación civil sin fines de lucro -renovado muchísimas veces desde 1942 hasta la fecha- y luego como universidad, por supuesto que verificó los estatutos de la Institución en cuanto a sus objetivos. No hablo de la parte técnica -naturalmente, esta debe cumplirse a cabalidad- sino de los objetivos filosóficos de la Institución, de la manera en que son llevados a cabo y cómo ello se verifica. O sea que el Ministerio revisó nuestros estatutos al momento de otorgar esos reconocimientos, por lo cual estos están en pleno conocimiento de sus autoridades y de algunos órganos que lo componen, como por ejemplo,  el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada.

Es claro que, por definición, si una universidad está legalmente funcionando en nuestro país, es porque está cumpliendo con determinadas disposiciones estatutarias que el propio Ministerio de Educación y Cultura propone. Además, en nuestro caso no existe discrepancia alguna con esa exigencia -es más, estamos totalmente de acuerdo con ella- que refiere a los principios republicanos y ciudadanos.

En definitiva, lo que quiero señalar es que es muy difícil que surja algo novedoso, puesto que cualquier institución educativa legalmente reconocida tiene que cumplir con estas disposiciones.

SEÑOR LORIER.- Quiero aclarar al señor Rector Grünberg que no nos estábamos refiriendo a la parte formal ni a los elementos que, suponemos, son comunes a todas las universidades, actuales y futuras -esa información surge por la vía de la ley y, obviamente, estamos en condiciones de acceder a ella- sino a aquellos aspectos particulares de cada una de las universidades en lo que tiene que ver con sus objetivos en esta sociedad y en este Uruguay en el cual vivimos. Creemos que puede haber particularidades; si no las hay, vamos a remitirnos a lo general, pero en caso de que las haya, nos interesaría conocerlas. A eso es a lo que nos referíamos, a los elementos de particularidad que puede haber en cada una de las universidades, y no al estatuto formal y jurídico que rige en ellas. Pensamos que ello puede resultar interesante para ilustrarnos acerca de las finalidades de cada institución.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más consideraciones o consultas por parte de los señores Senadores, la Presidencia quiere señalar que esta Comisión -tal como expresó el señor Senador Rubio- recién está comenzando con el tratamiento del tema. En los próximos días vamos a recibir al señor Rector de la Universidad de la República y continuaremos estudiando este proyecto de ley. Como somos conscientes de la importancia de la materia a ser regulada, pretendemos avanzar buscando la mayor ecuanimidad y objetividad posibles, pero -naturalmente- también siendo conscientes de que estas normas no se pueden estar modificando cada poco tiempo, lo que supone imprimir ciertos criterios de estabilidad y de madurez en cuanto a su redacción y a su temporalidad. De eso somos conscientes y habremos de actuar en ese sentido. Al mismo tiempo, creo que es muy importante señalar que contamos con el documento de la multipartidaria -que fuera convocada por el Poder Ejecutivo el verano pasado- donde se aconseja la adopción de políticas de Estado en muchos aspectos. Uno de esos documentos, se refiere al tema de la educación, por lo que debemos avanzar dentro de esos lineamientos generales.

                Les agradecemos la información que nos han proporcionado en la tarde de hoy, así como la disposición de los equipos técnicos de vuestras respectivas universidades a volver a comparecer en caso de que fuera necesario durante el avance de la discusión de esta iniciativa. Por nuestra parte, quedamos  a sus órdenes.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18)