SEÑOR PRESIDENTE-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y  38  minutos.)

                -La Comisión de Educación y Cultura del Senado tiene el gusto de recibir al señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, a la señora Subsecretaria, ingeniera María Simón y al Director de Educación, maestro Luis Garibaldi, a los efectos de intercambiar ideas sobre el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo acerca de la creación de la Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET), que a partir de hoy comienza a ser objeto de tratamiento por parte de este Cuerpo.

                La Comisión cede el uso de la palabra al señor Ministro y demás integrantes de la delegación, a fin de que puedan brindar el punto de vista del Poder Ejecutivo, que nos ha remitido este proyecto de ley.

SEÑOR MINISTRO.- Agradecemos la invitación de la Comisión y esperamos poder presentar los argumentos que permiten justificar la importancia de este tema. Seguramente, el análisis de los distintos aspectos que hacen a esta propuesta merezca una interacción entre este equipo y la Comisión.  

                Quisiera comenzar mi exposición señalando lo siguiente: la importancia de regular la actividad universitaria en general y  definir mecanismos que permitan tanto la autorización de instituciones universitarias, la reglamentación y la aprobación de nuevas carreras, como el seguimiento de estas actividades y el proceso de acreditación sobre el cual  luego vamos a dar algunos detalles, nos parece que es uno de los grandes temas del ahora. A su vez,  uno de los objetivos mayores para esta etapa es impulsar el desarrollo de la formación terciaria y superior. Seguramente la Comisión conoce las propuestas de trabajo que, en esa dirección, están arriba de la mesa. Hay un desafío muy importante en el sentido de desarrollar propuestas que tengan una proyección territorial     -es decir, que cubran distintas partes del territorio nacional- dentro de un proyecto de carácter regional, donde se sumarían distintos esfuerzos e iniciativas tanto de parte de la Universidad de la República con sus proyectos de los Centros Regionales que ya están en marcha, como del desarrollo de las dos propuestas que están previstas en la Ley de Educación. Me refiero al Instituto Terciario Superior, que conduce a la formación de técnicos y tecnólogos y que debe tener una presencia territorial y una fuerte vinculación con los Proyectos de Desarrollo Regional y Departamental, y al Instituto Universitario de Educación para la Formación de Docentes, de maestros y de profesores. Es así que este componente del sistema público se constituye en un gran espacio que, esperamos, pueda asegurar una muy fuerte navegabilidad -o sea un pasaje horizontal entre las distintas propuestas- de manera de generar en el país un entramado real de propuestas públicas de formación terciaria y superior que permitirían que distintas partes del territorio sean recorridas en forma diversa por nuestros jóvenes.

                En ese contexto, parece importante generar nuevas herramientas vinculadas a esa iniciativa. Al mismo tiempo, tenemos un sistema terciario con componentes públicos y privados. Por su parte, el componente privado ya tiene un cuarto de siglo de historia. No obstante, entendemos que ambos componentes se encuentran en una interacción que esperamos que pueda seguir avanzando para integrarse en ese sistema de alta navegabilidad que queremos desarrollar.

                Reiteramos que los dos componentes del sistema terciario tienen una muy fuerte interacción; también el desarrollo del sector público que estamos impulsando, necesariamente, genera nuevas interacciones y posibilidades. Me refiero a las distintas propuestas que puedan surgir a nivel del conjunto del territorio, que generan nuevas posibilidades a las iniciativas que están al alcance de actores privados. Por ello, nos parece no solo oportuno sino absolutamente necesario avanzar en lo que tiene que ver con las regulaciones del conjunto del sistema.

                Al día de hoy, las herramientas de regulación que tenemos están en manos de dos estructuras: el Consejo Consultivo de la Educación Terciaria Privada -que tiene una larga historia que está detallada en los documentos que  presentamos y sobre los que luego volveremos- y la Comisión de Acreditación Ad Hoc que se encarga del enlace de nuestras propuestas terciarias y superiores con los sistemas regionales.  Entendemos que tenemos que dar un paso de manera de poder tener una estructura que sea más eficaz y que pueda acompañar este desarrollo planteado con mayor fuerza. También pensamos que la iniciativa que estamos poniendo arriba de la mesa no es un plan de desarrollo del sistema terciario  y superior ni una propuesta de regulación de todo el sistema, sino que se refiere a la autorización de nuevas instituciones y al reconocimiento de las distintas carreras, así como al proceso de seguimiento y acreditación. Si bien se trata de un elemento importante, hay que tener en cuenta que  también es una propuesta que tenemos que ver como limitada y que, seguramente, requiera  instrumentos normativos y complementarios más adelante.

                También es importante señalar cuál es su historia  y, en ese sentido, vamos a solicitar al Director de Educación, Luis Garibaldi, que la resuma. Creo que el relato es pertinente porque se llega al documento que los señores Senadores tienen a consideración  luego de un proceso y de un intercambio muy importante en los últimos años entre numerosos actores institucionales, en el que se confrontaron puntos de vista muy diversos que atravesaban las distintas instituciones. En ese sentido, esta propuesta es una de las síntesis posibles de uno de los distintos puntos de vista ¿Qué quiero decir con esto? Que las distintas propuestas pueden ser concebidas y dar garantías  para que los procedimientos necesarios que regulan el sistema se puedan llevar adelante, asegurando una fuerte coherencia interna. La propuesta que los señores Senadores tienen en su poder cumple con ese requisito, admitiendo que es una de las síntesis posibles.  Lo digo  porque  en estos momentos la iniciativa se comienza a considerar en el ámbito Parlamentario y se pueden ver distintos enfoques, pero es muy importante que se vele  por la coherencia que debe asegurar el conjunto de la propuesta. Aclaro que es con este espíritu que la hemos enviado. Seguramente los señores Senadores recordarán que  ya se había enviado este proyecto de ley  al Parlamento nacional en el período anterior, pero  lo hemos vuelto  a presentar -porque fue desarchivado- con pequeñas modificaciones en la exposición de motivos.

Antes de enviar la iniciativa hemos consultado a los distintos actores universitarios que tienen enfoques diversos  sobre el tema. Consideramos la alternativa de abrir un nuevo espacio de discusión y diálogo, y a lo que hemos arribado con los distintos actores es que vamos a reiterar exactamente los mismos argumentos que han sido expuestos antes de considerar esta síntesis. Por esa razón hicimos la siguiente consulta: preguntamos si consideraban oportuno crear un espacio de diálogo o si era más importante tratar de concretar esto y considerar distintos puntos de vista y presentarlos en esta Casa, donde se asegura la diversidad de sensibilidades y miradas sobre estos temas. Entendimos, considerando los desafíos del presente -me atrevo a mencionar a todos los actores que seguramente esta Comisión escuchará-, que era muy importante dar este paso para poder contar con un instrumento más sólido que las estructuras que nos han  acompañado durante todos estos años. Por esta razón, resolvimos enviar la propuesta a consideración del Parlamento y que sea en este  espacio donde se puedan considerar  los distintos enfoques, con el compromiso de trabajo  del Ministerio.

Entre la primera presentación del proyecto de ley y esta oportunidad  ha habido distintos procesos de discusión y encuentros. Un antecedente importante que me gustaría que los señores Senadores tuvieran en cuenta  es el acuerdo interpartidario sobre la educación, que contempla distintos aspectos vinculados a la educación superior y que, sin ninguna duda, hay que considerar a la hora de analizar esta propuesta.

Una de las mayores preocupaciones que se nos ha planteado  con relación a este proyecto de ley refiere al tipo de institución que se crea en esta Agencia. La formulación que traemos a la Comisión no es la que originalmente el Ministerio de Educación y Cultura puso arriba de la mesa. Entendemos que esta es una propuesta razonable y la defendemos teniendo en cuenta el proceso de discusión que se dio. Distintas proposiciones de diseño institucional podrían cumplir con esa  importante autonomía técnica y política que requiere un organismo de esta naturaleza. En algunos artículos del proyecto de ley se marcan diferencias entre los pesos relativos de los sistemas público y privado; estos deben ser considerados en su conjunto para que el resultado final tenga la coherencia que se requiere.

Hay algunos otros aspectos vinculados a la operativa que pueden ser objeto de distintos matices. Un elemento importante a señalar es que dentro del sistema, el actor que asegura el 80% de la matrícula universitaria y que tiene también el 80% de la capacidad de creación de conocimiento del país es la Universidad de la República que, en función de su autonomía, se rige por una normativa propia; por lo tanto, este proyecto de ley tiene que ser compatible con ella. Esto, que ha sido considerado en aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la acreditación, impone una serie de limitaciones en cuanto a autorizaciones y reconocimiento de carreras.  Hay que tener en cuenta que el conjunto de la ley se aplica a otras instituciones públicas que forman parte del sistema terciario, tales como la Escuela Municipal de Arte Dramático y las que se relacionan con la educación militar y policial, entre otras. En este sentido, aspiramos a que puedan crearse el Instituto Terciario Superior y el Instituto Universitario de Educación al que hice referencia.

Esta sería la presentación de la propuesta y, si la Comisión está de acuerdo, solicitaría que el Maestro Garibaldi haga un resumen de lo que ha sido la historia del proceso de intercambio y de elaboración que ha llevado a su formulación. Cabe destacar, además, que nos acompaña el doctor Sarthou, nuestro Asesor Jurídico.

SEÑOR GARIBALDI.- Voy a dar cuenta de la historia de este proyecto de ley.

                Uno podría decir que la intención, la necesidad y el interés de contar con una Agencia de acreditación en el Uruguay, es anterior a 2005. Cuando accedimos  a la Dirección de Educación ya había personas que hablaban de la necesidad de que Uruguay se incorporara a la región con una institución de características similares a las que ya tienen los demás países. Cuando asistimos a las reuniones del “Mercosur Educativo” -donde confluyen las Agencias Nacionales de Acreditación-, Uruguay lo hace representado por una Comisión Ad Hoc dependiente del Ministerio de Educación y Cultura y, en función de ello, nos parece razonable modificar su estructura, capacidad, investidura institucional y recursos.

                Podríamos señalar el año 2006 como el momento en  que empezamos a trabajar, aunque ya en 2005 nos incorporamos a la Red Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -RIACES-, en la que participan todas las Agencias de acreditación de los países iberoamericanos y donde hemos recibido apoyo y asesoramiento, particularmente en dos oportunidades. Una de ellas fue en octubre de 2006 cuando Juan Carlos Pugliese y Raúl Atria -el primero, argentino, Viceministro de Políticas Universitarias  y, el segundo, chileno, quien participó en la creación de la Agencia de su país- vinieron a Uruguay  y se entrevistaron con todos los actores públicos y privados. En esa ocasión, elaboraron un primer informe que nos sirvió como punto de partida. A fines de 2006 el Ministerio resolvió crear un grupo de trabajo que estuvo conformado por catorce personas, todas ellas con experiencia en distintas áreas. Hablamos de participantes del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada y de integrantes de los procesos de acreditación a nivel del Mercosur, que en ese momento todavía eran de carácter experimental, con la denominación de MEXA, Mecanismo Experimental de Acreditación del Mercosur. Además, se invitó a representaciones formales de la Universidad de la República y de las universidades privadas. Hablo de “formales” porque las demás personas, aun perteneciendo a instituciones públicas y privadas, vinieron en carácter personal puesto que no nos encontrábamos en la etapa de discutir institucionalmente. Trabajamos desde diciembre de 2006 hasta abril de 2008 y realizamos más de 30 reuniones, cotejando documentos nacionales e internacionales y participando -por segunda vez como RIACES- en un encuentro realizado en Montevideo con representantes de agencias internacionales, no sólo de Iberoamérica, sino también de Europa y Estados Unidos. Allí tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones y conocer la calidad de la acreditación a nivel internacional. Cabe destacar que esta actividad fue apoyada por el Banco Mundial.

Este trabajo termina, reitero, en abril de 2008 con un primer documento que, si me permiten, voy a reseñar en algunos de sus aspectos, porque tuve la necesidad de hacer un poco de historia y advertí que en todo ese proceso hubo discusiones que ya estaban laudadas o previstas. Esto fue acordado por las catorce personas que participamos. Se definieron algunos criterios orientadores; uno de ellos tiene relación con lo que decía el señor Ministro a propósito de las instituciones universitarias públicas y privadas. Dice así: “Las propuestas que se realicen deben respetar la realidad jurídica de la educación superior uruguaya que indica que las instituciones de educación pública son de carácter autónomo. Las instituciones universitarias privadas están sujetas a mecanismos de autorización para funcionar como universidad o instituto universitario para el reconocimiento de sus carreras y del nivel académico de los institutos terciarios, sin perjuicio de la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución”. En definitiva, hay que respetar las condiciones institucionales que el país se ha dado y las características que han ido teniendo a lo largo del tiempo. También se estableció que la acreditación será creada por ley y deberá contar con recursos propios; constituirá un marco general y algunos aspectos quedarán sujetos a la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo de la propia Agencia. Asimismo, se definió que la promoción de la educación terciaria universitaria deberá ser el propósito de esta Agencia y que los procesos nacionales de acreditación deberán estar en sintonía con los principios de buenas prácticas que internacionalmente orientan estas actividades. Los señores Senadores encontrarán en el proyecto, que se establece expresamente que debe haber convergencia entres las prácticas nacionales y las internacionales, entendiendo que Uruguay participa en procesos de acreditación regional.

Por otra parte, se dispuso que la Agencia desarrollará funciones que actualmente cumple el Ministerio de Educación y Cultura -tal como señaló el señor Ministro cuando habló del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada-, para la autorización y el reconocimiento de las instituciones privadas y la acreditación de carreras universitarias públicas y privadas. La futura Agencia tendrá procesos obligatorios y otros de carácter voluntario. Este es un aspecto muy importante ya que se nos ha preguntado por qué las instituciones universitarias privadas deben pasar obligatoriamente por ciertos requisitos si otros son voluntarios. Esto tiene que ver con el primer punto. En realidad, lo que es obligatorio para las instituciones universitarias privadas es pasar por procesos de autorización y reconocimiento. Una vez cumplidas esas etapas, están habilitadas para participar en procesos voluntarios -tan voluntarios como lo son para las instituciones públicas- de acreditación. La nueva institución debe caracterizarse por el alto nivel técnico de sus integrantes -obviamente, esto tendrá que ver con las designaciones, pero está bastante reflejado en el proyecto a través de distintos aspectos- y la puesta en vigencia de la ley no modifica la situación actual de las instituciones privadas que ya han sido reconocidas. En las Disposiciones Transitorias encontraremos este reconocimiento.

                En otro orden, hay dos aspectos que me interesa señalar porque también han sido discutidos. Uno de ellos tiene que ver con la figura jurídica de la Agencia. En este momento lo que plantea el grupo es lo siguiente: “La definición de la figura jurídica de la Agencia es un tema clave para asegurar su independencia técnica, tanto en los ámbitos políticos como en el de las instituciones a las que deberá evaluar, autorizar su funcionamiento y reconocer o acreditar sus carreras. En sintonía con los criterios orientadores indicados, son dos las figuras jurídicas que podría asumir la Agencia para que cumpla con sus funciones: 1) Persona pública no estatal. 2) Órgano con desconcentración preceptiva del Poder Ejecutivo”. El proyecto de ley recoge una de esas opciones, que es la de persona pública no estatal. Más adelante voy a hacer una precisión, porque hubo una segunda etapa en todo esto.

En otra parte se señala otro aspecto importante, relativo a la estructura de la Agencia. Particularmente, se habla de la creación de un Consejo Directivo, de la Secretaría General y de Secretarías Técnicas. Es bueno destacar que todos estos aspectos están recogidos en el proyecto de ley. Al referirse a la creación del Consejo Directivo, se señala expresamente: “Los miembros serán designados por el Presidente de la República actuando en Acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y Cultura, las instituciones universitarias privadas y la Administración Nacional de Educación Pública”. En ese entonces no estaba creado el Instituto Universitario de Educación y la formación docente dependía de la ANEP. Todos sabemos que cuando se crean instituciones -al menos en este país, aunque creo que es algo bastante universal-, una de las cosas que más se discute es cómo estará integrado el órgano de gobierno; es en ese punto donde se plantean más problemas. No se llegó a una constitución única, sino a tres opciones y a cuatro criterios. Los criterios son: que ninguna de las instituciones tenga mayoría absoluta -esa es la propuesta que traemos-; que la Universidad de la República sea la que proponga el mayor número de integrantes, es decir, la mayor de las minorías -también eso está presente en este proyecto de ley, porque se establece que tenga 2 representantes de 5-; que las instituciones privadas no propongan un número menor al del MEC -en este proyecto proponen la misma cantidad, uno cada uno-; y que uno de los integrantes sea propuesto por ANEP. En realidad, nosotros modificamos esto último debido a la creación del Instituto Universitario de Educación. Además, había tres propuestas en cuanto a la cantidad de integrantes: ocho miembros,  cinco o siete, pero con estos mismos criterios. Cabe destacar que el Ministerio optó por una integración de cinco, por ser más económico y más adaptable a la realidad y a las posibilidades de funcionamiento ejecutivo, y también porque es similar a lo que presentó el Poder Ejecutivo en el Proyecto de Ley General de Educación para la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este informe, de abril de 2008, se envió al Consejo Rector de Universidades Privadas y a la Universidad de la República, a quienes se les propuso que a partir de este documento se constituyera un segundo grupo, ya no para elaborar criterios generales, sino para redactar, con el máximo acuerdo posible, un proyecto de ley. Las instituciones aceptaron integrar este grupo; participamos en él once personas, todas designadas formalmente por el Ministerio de Educación y Cultura, por el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas y por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, con el objetivo de elaborar un articulado lo más consensuado posible, teniendo en claro las instituciones y el propio Ministerio que la responsabilidad de presentar el proyecto final era de esta Cartera. También quedó claro que no estábamos obligados a alcanzar un acuerdo total, pero que la idea era acercarnos lo más posible. Las instituciones aceptaron y se trabajó desde noviembre de 2008 hasta setiembre de 2009. Se realizaron más de 20 reuniones y se trabajó a partir de un primer borrador que presentó el Ministerio de Educación y Cultura para ser discutido con las instituciones. Allí se intercambiaron opiniones y puntos de vista, y particularmente hubo interés de la Universidad de la República en incorporar al proyecto original una serie de definiciones que los señores Senadores van a poder observar y que, creo, son de gran utilidad, ya no sólo para la Agencia, sino para todo el sistema educativo. Particularmente, me refiero a las definiciones que aparecen en el Capítulo II del Título I, relativo a Disposiciones Generales y que son los conceptos de educación terciaria, de educación terciaria no universitaria, de educación no universitaria, de título universitario, de validez de los títulos, de los tipos de títulos -su definición los ajusta a los criterios del Mercosur-, de crédito académico -es la primera vez que aparece en una ley este concepto que permite la posibilidad de transitar de una institución a otra-, de áreas de conocimientos -nos basamos en las áreas creadas y elaboradas por la UNESCO-, de evaluador y de par evaluador. En el Título V, cuando se habla de acreditación y se incorporan conceptos como el de la promoción de la calidad, aseguramiento de la calidad, acreditación, la definición de criterios y estándares de calidad, cómo manejar la información pública, tipos de acreditación, acreditación de carreras, acreditación de instituciones públicas -tal como señalaba el señor Ministro, esto está dirigido a las instituciones que  no son autónomas-, que permiten, de alguna manera, incorporar un cuerpo conceptual que da también mucha unidad al sistema de educación terciaria del Uruguay, no sólo a nivel público, sino también privado.

                Por último, me interesa señalar que esta historia no termina porque participamos -en lo personal, lo hice en representación del Frente Amplio- en la Comisión de Acuerdos Interpartidarios en Educación, en la que se trabajó durante varios meses y que tiene un producto que, a nuestro modo de ver, es realmente trascendente e importante. No es un acuerdo formal, sino que tiene muchos aspectos sustanciales e incluye un párrafo, en el punto 6 del Capítulo XI, relativo a la educación terciaria, que voy a leer textualmente porque, luego de haber escuchado al señor Ministro y a quien habla, y de lo que hayan podido leer en el proyecto de ley, van a ver que lo que presentamos está dentro de esto y que hay un aspecto que se expresa al final que también fue mencionado por el señor Ministro. Este párrafo dice así: “Promover y asegurar la calidad de las instituciones públicas y privadas. Con ese propósito existe acuerdo en la creación de una Agencia independiente del sistema político, de las propias instituciones educativas y de las corporaciones, que cuente con recursos y personal técnicamente capacitado, con autonomía de gestión financiera e independencia de criterio para asegurar la calidad de la educación terciaria. Esta Agencia también se ocupará de desarrollar procesos nacionales de acreditación y de continuar la acreditación de carreras universitarias en el marco regional, con los mejores estándares internacionales. Los partidos aspiran a consensuar la ley de creación de dicha Agencia en el marco del mayor acuerdo posible.”

Como podrán ver, los conceptos expresados en el proyecto de ley están en sintonía con lo planteado en el acuerdo, más allá de que sabemos que esto no implica que lo refleje y que no haya aspectos -así lo aclara el último párrafo- para avanzar en procesos de mayor consenso. Eso es lo que nosotros creemos que aporta este proyecto de ley y, además, pensamos que es un paso importante a los efectos de que se puedan discutir en este ámbito soluciones a algunos problemas que seguramente no tienen consenso en esta iniciativa. Este debe ser el espacio para elaborarlos, discutirlos y, como expresaba el señor Ministro, estamos a disposición para contribuir a encontrarlos, en el caso de que fuera necesario.

SEÑOR MINISTRO.- Considero que quizás sería bueno escuchar las preguntas que los señores Senadores tengan para formular.

SEÑOR AMORÍN.- Antes que  nada, deseo dar la bienvenida a la delegación que hoy está aquí para hablar de temas tan importantes.

                Hace unos días comentábamos con la señora Senadora Topolansky que este es uno de los temas importantes, si no el más, que la Comisión de Educación y Cultura considerará este año.

                Por nuestra parte, recién estamos comenzando a analizar el proyecto de ley, por lo que esta es una primera aproximación; mencionaremos nuestras primeras impresiones y haremos las primeras preguntas sobre él, porque seguramente tendremos una segunda reunión en la que podremos afinar un poco más los temas.

                Antes que nada, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con la creación de una Agencia, porque me parece que es esencial para el Uruguay a fin de que acredite, entre otras cosas, la calidad de la educación terciaria en el Uruguay. Creo no ser el único que tiene la impresión de que durante mucho tiempo los uruguayos creímos tener una educación terciaria de excelente nivel, pero de a poco nos hemos ido dando cuenta de que no es tan así.

                Me recibí en la Universidad de la República -como se la llamaba en aquel entonces-, quizás no en sus mejores momentos, pues ingresé en 1974 y egresé en 1980, por lo que me faltó experimentar una parte muy importante de la vida universitaria, aunque seguramente tuve a muchos de los profesores que dictaron clases en esa Casa antes y después de ese período. Estoy muy agradecido a la Universidad y pago con mucha alegría el Fondo de Solidaridad, porque nos ha dado muy buenas oportunidades.

                Creo que la APACET puede hacer mucho por la educación terciaria en nuestro país, aunque me da pena que no tenga una intervención decisiva en la Universidad de la República, que es por donde pasa la mayoría de los uruguayos, de los jóvenes y de los no tan jóvenes -el señor Ministro hablaba de un 80%-, a quienes se les debería dar el mejor nivel académico. A ella concurren quienes pueden pagar una universidad, pero también asisten muchos que no pueden costearse sus estudios en una universidad privada. Por lo tanto, nuestra principal preocupación es por todas las universidades, pero especialmente por la Universidad de la República.

                También me da la impresión de que la Universidad de la República debería ser la primera interesada en que esa Agencia intervenga en todos sus procesos, desde la aceptación de nuevas carreras -que, por suerte, se crean permanentemente- hasta la acreditación. Doy un paso más: me gustaría que la acreditación fuera casi obligatoria, y no voluntaria, tanto para la Universidad pública como para la privada. Me parece que las dos deben estar en igualdad de condiciones, como sucede -según se me ha informado- en todo el mundo. Las agencias de acreditación son para las universidades públicas y para las privadas en América Latina y en todo el mundo. Algunas universidades hacen gala de su autonomía  y me parece bien, porque esto no va en contra de la autonomía, pues esta no tiene que ver con la acreditación;  por ejemplo, la de Córdoba, en Argentina, que siempre ha sido objeto de una mirada especial para todo el mundo universitario y que tiene una agencia que le acredita una cantidad de sus carreras. Creo que eso está muy bien, porque si se quiere asegurar la calidad, debe garantizarse no sólo en la educación pública, sino también en la privada.

Aquí hay un abogado que seguramente sabe mucho del tema, pero igualmente digo que debemos buscar la posibilidad de que la Agencia que se propone crear también actúe en la Universidad de la República contemplando los temas de autonomía. Nadie pretende -por lo menos no quien habla- que esa Casa de Estudios no tenga autonomía; por el contrario, me parece bien que la tenga a nivel político, técnico, educacional y en el más amplio sentido de la palabra, pero creo que es esencial que esa Agencia, que también debería ser autónoma -como lo dice el proyecto de ley-, intervenga en todo el nivel de educación porque, si estamos seguros de que esto se hace para mejorar la calidad de la educación privada, ¿por qué no hacerlo obligatorio para la pública? Si a cada universidad privada que quiera abrir una carrera esa Agencia le va a exigir un número estipulado de horas y de temas, así como determinada calidad de profesores, cabe preguntarse por qué no se deben establecer los mismos requerimientos a la pública, que es la que todos pagamos. Creo que el concepto que hay en el mundo de accountability o de rendición de cuentas es importante en estos casos, y cuando el Rector de la Universidad me dice que este año quiere US$ 180:000.000 porque es lo que precisa para hacerla funcionar, como se trata de un área importante, uno tiene ganas de decirle que sí. Pero también tengo ganas de preguntarle cuáles son los resultados. Me parece que la Agencia puede ayudar mucho en estas cosas.

Le soy totalmente sincero: me preocupa mucho más la educación terciaria pública, que la privada. Y me parece bien que la educación privada tenga todos los controles para que no pase lo que sucedió y que mencionamos no hace mucho tiempo  en esta misma sala. Entonces, considero que estas cosas son esenciales, porque la Universidad de la República empieza a tener más potestades que las que tenía, inclusive, con el Consejo Consultivo.

En el inciso final del artículo 48, se expresa: “Para emitir su dictamen la Agencia solicitará la opinión del la Universidad de la República, la que debe expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días...”. Esto antes no existía.

SEÑOR GARIBALDI.- El Decreto 308 expresa que para la emisión de los dictámenes de autorización para funcionar, el Consejo solicitará a la Universidad de la República y tiene un plazo vencido el cual no es necesario. Si me dan dos minutos busco la redacción para darle lectura.

SEÑOR AMORÍN.- Además, me llama la atención que en el sistema para acreditar Universidades privadas, la Agencia deba tener la intervención y el dictamen preceptivos de la Universidad de la República. Como veo el tema, me parece que la Agencia tiene que estar por encima de todos ellos y tratar de uniformizar, darle nivel a la educación terciaria. Y cuando se exige en algunas Universidades que para tal carrera hay que tener tantas horas y tantos temas, eso debería pedirse para todas. No entiendo por qué la Universidad de la República tiene esa capacidad fenomenal de autorregularse. Una Agencia que pretende mejorar la calidad de todos, también tiene que mejorar la calidad de la Universidad de la República. Seguramente este tema ya lo han discutido mucho, porque quienes hicieron uso de la palabra mencionaron concretamente este asunto.

                Estoy dispuesto a trabajar con muchas ganas en este tema porque es muy importante para el Uruguay, pero sería mucho más sensato si hablamos de toda la educación terciaria, la pública y la privada; podrán existir algunos casos que sean voluntarios, pero muchos otros son obligatorios.

Esa es la primera impresión que quería manifestar sobre el tema.

SEÑOR GARIBALDI.- Vamos a hacer las aclaraciones con posterioridad, pero quiero decir que el Decreto 308 del año 1995, en su artículo 25, que se llama “Asesoramientos previos” expresa: “Para emitir su dictamen, el Consejo Consultivo podrá requerir los asesoramientos y peritajes que estime pertinentes.

                Cuando se trata de una autorización para funcionar como institución universitaria privada, requerirá necesariamente la opinión de la Universidad de la República, que deberá expedirse dentro del plazo de sesenta días contados a partir del requerimiento formal con agregación de antecedentes. Transcurrido ese plazo sin reconocimiento de la Universidad de la República, podrá prescindirse de su opinión”.

SEÑOR PENADÉS.- ¿A qué disposición hizo referencia?

SEÑOR GARIBALDI.- Estaba leyendo el Decreto Nº 308/95, que es el que actualmente regula las instituciones terciarias privadas.

SEÑORA TOPOLANSKY.- En mi opinión, este es un proyecto de ley crucial, que va a ayudar a mejorar la calidad de la educación del país. Recién estamos ingresando en su consideración, por lo que recibiremos a varios actores que nos darán su opinión al respecto, que seguramente en algo diferirán, ya que sobre estos temas puede haber varias lecturas.

                Me parece importante que de una vez por todas se aclare -y este proyecto de ley  lo plantea- la diferencia que hay entre educación terciaria, educación universitaria y demás, conceptos que muchas veces son confusos. Pienso que este ha sido uno de los problemas que  desencadenó el desgraciado suceso del Instituto de Maldonado, ya que no estaban claras las definiciones y no existía este instrumento.

                Aclaro que leí este proyecto de ley solo una vez y opino que podríamos ponernos de acuerdo en una serie de conceptualizaciones para poder discutir sobre otros asuntos, como los que planteaba el señor Senador Amorín -me parece que tendríamos que estar abiertos a ello-, utilizando el mismo lenguaje. Quería plantear una inquietud con respecto a la compatibilidad entre la Ley Orgánica y esta iniciativa. ¿Cómo se armonizan?  En su momento escucharemos la opinión de la Universidad de la República y en esa instancia le preguntaremos qué utilidad le ve a esta herramienta. Es muy importante -y más en un mundo que avanza- tener una mirada crítica, que nos haga reflexionar sobre el camino por el que vamos; esa es la forma que tenemos de avanzar.

                He estado siguiendo el proceso de discusión que se está dando en la Universidad de la República sobre la Ley Orgánica -tengo una postura personal acerca del tema- que tiene mucho que ver con este proyecto de ley. Pienso que hay que dar el debate que plantea el señor Senador Amorín sobre el carácter que tiene. Recién mencionaba por lo bajo a la URSEC de la educación, y pienso en si es una unidad reguladora general o qué es. Más allá de lo que definamos y votemos, hay que dar esa discusión porque va a aclarar los conceptos.

                Como en Uruguay somos bastante tradicionalistas, muchas veces tendemos a considerar que los títulos universitarios emitidos por  instituciones privadas son de menor calidad, pero no hay nada que los pueda medir. En cambio, con esta iniciativa vamos a poder comprobar la realidad.

                El otro aspecto que me preocupa muchísimo es la posibilidad de que los títulos universitarios sean válidos en principio en todo el Mercosur y después en América Latina, ya que vivimos en el mismo continente. Hoy en día las distancias entre los países se han acortado, entonces, me parece que con un título bien acreditado, cualquier profesional uruguayo debería poder ejercer en Porto Alegre, en Pelotas, en Concordia o donde fuere. Obviamente, eso tiene la contraparte -sé que las corporaciones a veces se quejan de esto- de que puedan venir también otros profesionales acreditados en las mismas condiciones. De esa forma, podríamos tener una circulación del conocimiento, lo que elevaría el nivel porque la Universidad implica investigación. Entonces, a mí me preocupa mucho este punto.

                El otro aspecto sobre el que quería hacer una pregunta -quizás no corresponda tanto a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura- refiere a dos puntos más pequeños pero que me parecen importantes. Si llegamos a poder circular libremente con nuestros títulos por Latinoamérica y se implementa la educación a distancia -estoy a favor de este tipo de modalidad, aunque sé que es un tema también muy polémico, y creo que lo debemos utilizar cuando es necesario-, ¿cómo podría regular esta Agencia el intercambio de Cátedras de modo de elevar el nivel que tenemos?

                La última pregunta que quiero hacer es si la partida presupuestal para esta propuesta viene en el Presupuesto o se incluirá en la primera Rendición de Cuentas. Esta ley tiene un costo y si no ponemos el dinero, todos sabemos acá que las cosas no marchan. Es cierto que la ley va a llevar un tiempo de discusión.

SEÑOR AMORÍN.- Un par de años.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Aspiraría a que nos llevara un tiempo menor y que en la próxima Rendición de Cuentas ya estuviéramos votando los recursos para instalar la Agencia. El comienzo de este tipo de proyectos no es sencillo; ya recorrimos un camino con otras Agencias pero, por la importancia que esta tiene,  va a demorar en consolidarse porque, entre otras cosas, todos los actores tendrán que tomar conciencia del papel que tendrá esta institución. Me parece que nosotros tenemos que tratar de convencer y contar con el mayor respaldo posible, porque no se trata de un proyecto de ley de mayorías y minorías referido a un tema no tan trascendental. Si todos los que están implicados en el ámbito educativo -los legisladores y los actores del resto del país- están de acuerdo en su necesidad, va a salir; de lo contrario, puede derivar en algo burocrático.

SEÑORA MOREIRA.- En principio, agradecemos que hayan venido y que nos brinden estas explicaciones.

                Miré el proyecto de ley  muy rápidamente, por lo que voy a hacer una consideración de carácter general y a formular algunas preguntas.

                La consideración general es que creo que es muy necesaria una Agencia de acreditación. En Uruguay tenemos una gran Universidad  pública y poca educación terciaria privada -aunque a nivel no universitario es más robusta esa oferta educativa- y hemos tendido a minimizar la importancia de que exista una evaluación externa para todas las carreras de nivel terciario. Yo conozco el caso brasileño, donde la acreditación existe, de  la que depende el sistema de becas. Por tal razón, allí todos tienen que hacer buena letra y todos se exponen a un mismo sistema de evaluación. Es cierto que eso existe en Brasil porque hay muchos niveles educativos -municipales, federales, etcétera- pero estoy convencida de la importancia que tienen instituciones de este tipo. También me han convencido de que tiene que ser una persona pública no estatal, aunque demoré en convencerme.

                Entonces, me parece muy buena la iniciativa y tengo algunas preguntas para hacer. En primer lugar, en el artículo 3º se establece que el Consejo Directivo es designado por el Presidente de la República actuando con el Ministro de Educación y Cultura, que dura tres años y que puede ser designado por tres años más. Esto quiere decir que se solapan con los períodos de Gobierno. Me acotan los invitados que es así, y me parece que es como sucede con la autonomía del Banco Central, que empiezan a no corresponderse con las autoridades.

                Con respecto al artículo 6º -como llegué tarde, quizás ya contestaron esta pregunta- quisiera saber si los cometidos allí establecidos van más allá de los del organismo competente anterior, el Consejo Consultivo, es decir,  si agregaron algo o son los mismos.

                Justamente iba a preguntar sobre el presupuesto, que figura en el artículo 12, pero la señora Senadora Topolansky ya consultó y va a entrar en la Rendición de Cuentas.

                En cuanto al tema de los créditos, advertí que la Universidad iba a entrar por ese camino y me parece que vamos hacia un sistema educativo de ese tipo.

                En cuanto al Capítulo 3, Reválidas de asignaturas y títulos, quiero comentar que he sufrido con este tema ya no con los títulos en el exterior -que planteaba la señora Senadora Topolansky-, sino dentro del propio sistema terciario. Considero que habría que establecer un plazo máximo para el estudio y el dictamen de reválidas, no ya en la ley, pero sí en la reglamentación. Está muy bien la letra de la ley, pero hay que ver lo que son las realidades intranacionales, es decir, entre institutos de educación terciaria. Si nosotros queremos un sistema de circulación horizontal, el tema de las reválidas tiene que agilitarse, e insisto que no estoy hablando de las del exterior -tengo un título en el exterior que jamás he revalidado en mi vida, ni lo intento- sino de las nacionales, para generar ese sistema. En ese sentido, consulto si no sería posible exigir plazos en la reglamentación.

                Por otra parte, observé que había una Disposición Transitoria en el Título VI, que me recordó todo lo que estamos sufriendo con el artículo 76 de la Ley Nº 2.230 que estuvimos analizando en el Parlamento. Ahora bien, quisiera saber si esa Disposición Transitoria, mientras entre en vigencia el nuevo proceso de acreditación, habilitará que las instituciones con el viejo sistema funcionen normalmente.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a contestar algunas de las preguntas planteadas y después le voy a pedir a la señora Subsecretaria y al señor  Director de Educación que completen el resto de las interrogantes.

                El primer tema señalado por el señor Senador Amorín es muy relevante. Hoy hablaba de la coherencia de esta propuesta interna con el conjunto de la normativa vigente, por cuanto es compatible con la Ley Orgánica de la Universidad de la República. Creo que con esto contesto la preocupación de la señora Senadora Topolansky.

                El otro asunto es que hay un gran detalle en el texto de la ley porque hubo una preocupación mayor de incluir definiciones conceptuales centrales y por ello hay una cantidad de consideraciones académicas, de manera de marcar y de balizar el camino con la mayor precisión en temas que son extremadamente delicados, muy importantes para asegurar tanto el desarrollo del sistema terciario, como su calidad.

                En ese sentido, se propone que esta Agencia realice tareas diferentes. Por un lado, es el organismo que va a autorizar nuevas instituciones terciarias y universitarias privadas -que es lo que hay que regular- y, por otro, va a reconocer las nuevas carreras que se puedan proponer, tareas que hoy realiza el Consejo Consultivo de la educación terciaria pública. A eso se le agrega -es una función más que está en el artículo 6º- la tarea de la acreditación, que son cosas diferentes. La autorización para crear una institución universitaria es uno de los cometidos de esta Agencia, pero para la Universidad de la República es un tema resuelto por norma y lo mismo ocurre con la implementación de nuevas carreras, pues tiene  autonomía para hacerlo. Sin embargo, lo que se agrega aquí no es simplemente una comisión encargada de regular la creación de nuevas instituciones y de autorizar nuevas carreras, sino que esta Agencia tendría el cometido de acreditarlas. Por cierto, el proceso de acreditación es diferente, porque es el que asegura que se dé una etiqueta de calidad. Debo aclarar que todas las instituciones se someten voluntariamente; puede ser que algunas de ellas hayan seguido ese proceso de acreditación y lo hayan pasado exitosamente, o no. Por ejemplo, se puede exigir el cumplimiento de determinadas condiciones o requisitos para llegar a obtener la acreditación y, si se logra, ello significa que se reconoce la calidad de la propuesta, lo que a su vez puede tener una importancia mayor porque  en ese caso esta Agencia habrá adquirido la fuerza y el prestigio que esperamos. Esta acreditación es válida para el conjunto de las instituciones del sistema terciario nacional y esperamos que este sistema se articule con los sistemas regionales, tarea que hoy viene haciendo una Comisión ad hoc.

Comprendo que es un tema polémico y que en esta Comisión se deberán considerar diferentes enfoques pero, aunque puede haber matices, entendemos que es una herramienta importante para asegurar el seguimiento y el desarrollo de la calidad del conjunto de los sistemas de educación terciaria, públicos y privados.

SEÑOR AMORÍN.- Esta Agencia va a cumplir funciones que hoy llevan adelante dos institutos diferentes. Uno de ellos es el Consejo Consultivo, que permite el funcionamiento de las universidades y la creación de nuevas carreras. Pero según esta propuesta, la Agencia establecerá  determinados requisitos que solo se exigirán a las instituciones privadas y la Universidad de la República va a poder crear las carreras con la carga horaria que entienda pertinente y sin consultar a nadie, pues la Ley Orgánica así lo dispone. Sin embargo, a las instituciones privadas, para poder impartir una carrera universitaria, se les va a imponer que deberá tener tantas horas, tantos años y tantos profesores.

                En cuanto a la acreditación, entiendo que la Comisión ad hoc funciona básicamente para habilitar acreditaciones internacionales.

SEÑOR GARIBALDI.- Solo para el Mercosur, señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Pero en este caso sería para acreditaciones nacionales e internacionales y esto será para las universidades privadas y para la Universidad de la República, solo que todo este proceso es voluntario, por lo que nadie está obligado a hacerlo.

SEÑOR GARIBALDI.- En el mundo es así.

SEÑOR AMORÍN.- ¿Es así?

SEÑOR GARIBALDI.- Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR MINISTRO.- Entiendo la preocupación del Senador, pero queda claro que en un proceso de acreditación, se van a evaluar distintos aspectos de las carreras propuestas  por las instituciones; queda claro también que se van a establecer una serie de definiciones relacionadas con estándares de calidad, mínimos de horas o de créditos para fijar los parámetros, que podrán ser modificables o no. De ese modo, se darán señales al conjunto de las instituciones para seguir su evolución.

Reitero que esta propuesta debe ser coherente con toda la normativa vigente.

SEÑOR AMORÍN.- Cuando comenté que era voluntaria la acreditación, el señor Garibaldi me dijo que  en el mundo es así y que en ningún lado es obligatorio. Por lo que sé del tema -seguramente, menos que las autoridades aquí presentes-,  lo que ocurre en el mundo con estas acreditaciones es que se obtienen algunos beneficios, es decir que la acreditación implica la obtención de algunos incentivos. En los casos en que se alcanza la acreditación, el Estado otorga fondos para avanzar y, en otros, se permite a las instituciones tener cierto grado de autonomía en las carreras universitarias. Por ello, creo que es bueno que exista un sistema de incentivos para que las universidades públicas y privadas se sometan a este proceso de acreditación, pues en definitiva es lo que levanta la calidad  de la educación terciaria. A este respecto, quisiera saber cuáles son los incentivos  previstos en el proyecto de ley para estos casos.

SEÑOR MINISTRO.- La observación que realiza el señor Senador es muy interesante y la compartimos en todos sus términos. En este sentido, me remito a lo expresado al inicio de la sesión en cuanto a que se trata de una pieza central en la construcción de un nuevo sistema terciario nacional. Pero vuelvo a decir que esta no sería una ley fundacional de todo el sistema, sino una piedra muy importante en la base de este proceso. Por supuesto, vamos a tener que seguir construyendo, pero entendemos que con la puesta en marcha de una agencia de estas características estaremos dando un paso trascendente pues con ella se estaría contemplando un aspecto importantísimo de la vida académica de los sistemas terciarios.

                He señalado nuestra preocupación por la compatibilidad con la Ley Orgánica de la Universidad de la República, pues lo consideramos un tema mayor y necesariamente tenemos que crear un sistema coherente con la normativa vigente.

                Si los señores Senadores no tienen inconveniente, le pediría a la ingeniera Simón que respondiera a las interrogantes relacionadas con la educación a distancia ya que, al contemplar aspectos de acreditación y reconocimiento de carreras, este tema está muy vinculado a los acuerdos regionales e internacionales que puedan representar una mejora en la conectividad nacional.

La pregunta relacionada con la partida presupuestal ya fue respondida, pero desde ya adelantamos que cuando esta iniciativa se apruebe tendremos que volver a esta Casa, a efectos de presentar una propuesta en esta materia.

                La interrogante sobre el Consejo Directivo ya fue aclarada pero seguramente, tal como señalaba el maestro Garibaldi, no escapan a los señores Senadores las diferentes posibilidades que puede haber en cuanto a la integración de este Cuerpo y los matices que podrían  introducir las distintas mayorías que se requerirían para adoptar determinadas decisiones. En este sentido, hemos optado por una de las síntesis posibles que puede admitir distintas alternativas respecto a las mayorías que se manejan para la toma de determinadas resoluciones.

                De acuerdo con lo que establece el artículo 6º del proyecto de ley,  a la Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria se le asignan más cometidos que los que tiene el Consejo Consultivo actual porque, entre otras cosas, se establece que será una Agencia de acreditación que deberá asumir nuevas responsabilidades.

                Por otro lado, reconocemos que el plazo de las reválidas es un tema mayor, pero escapa a los alcances de esta propuesta. Creemos que este aspecto requeriría otras herramientas también compatibles con la normativa vigente. No obstante, compartimos las observaciones formuladas por la señora Senadora en cuanto a que es un tema de gran significación.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Efectivamente, esta iniciativa no pretende ordenar la educación terciaria, pero contiene tres puntos fundamentales: la autorización para funcionar, el reconocimiento y la acreditación; tres claves que reúnen los cometidos del actual Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada y los de la Comisión ad hoc. No es mi intención abundar en lo que ya se dijo, pero me gustaría hacer hincapié en lo que refiere a la autorización para funcionar, al reconocimiento y a la categoría de los títulos, así como en la acreditación de la institución y de las carreras. Corresponde aclarar que esto abarca lo terciario y no exclusivamente lo universitario; cosa que nos parece muy importante. Si los señores Senadores se remiten al Capítulo 2, Disposiciones Generales, en el artículo 14 podrán advertir que la educación terciaria se clasifica en educación terciaria no universitaria, y en educación terciaria universitaria o superior. No es muy agradable definir algo por la negativa, pero es lo que se estila a nivel internacional porque se entiende de forma fácil. Nos parece importante que esté incluido este punto y, justamente, hemos hablado muchas veces con el Ministro y con el maestro Garibaldi sobre la importancia de las formaciones terciarias en nuestro país y la necesidad de su existencia, que a veces es aun más acuciante que la de formaciones universitarias en algunas áreas. Además, en un sistema de educación transitable, en el que se pueda optar por varios caminos, esta podría ser una salida laboral temprana que permitiría seguir estudiando. Por ese motivo nos interesa tanto el Instituto Universitario de Educación, que mencionó el Ministro.

                Dentro de las autorizaciones para funcionar, hay tres tipos de instituciones definidas: la nacional, la extranjera y la a distancia; justamente, eso se consideró muy importante. El Título II del proyecto de ley se denomina: “Autorización para funcionar y reconocimiento del nivel académico”. Dentro de los niveles académicos se ubica el no universitario, el universitario y los de posgrado. Los capítulos que contiene el Título II son el Capítulo 1 “Autorización para funcionar como institución universitaria privada”, el Capítulo 2 “Autorización para funcionar a instituciones universitarias extranjeras”, y el Capítulo 3 “Autorización para funcionar como institución universitaria privada en modalidad a distancia”. Pensamos necesario incluir a las instituciones universitarias extranjeras -hace unos años quizás ni lo hubiéramos pensado-, pues algunas de estas tienen sedes locales como, por ejemplo, la de Valencia y  Flacso, por lo que también deben ser comprendidas en una regulación. Asimismo, se busca regular la modalidad de educación a distancia con un cierto cuidado porque observamos que existe un peligro a tener en cuenta. Es evidente que esta regulación tiene grandes ventajas y, además, somos entusiastas de que la tecnología sea utilizada para lograr una mayor difusión de la educación, pero existe el peligro latente de la venta de títulos, es decir, que se hagan algunas cosas en páginas web y que luego alguien pague para obtener un título. Por eso, en el proyecto de ley se habla, por ejemplo, de docentes tutores, docentes responsables y otras garantías. Además, se explicita que la autorización para cursar una carrera en modalidad presencial no se extiende automáticamente a la misma carrera en la modalidad a distancia porque, definitivamente, elaborar un contenido a distancia no es filmar una clase presencial, sino que es algo completamente distinto. Esto hay que entenderlo como una buena inversión, pues permite llegar a muchísima más gente. De todos modos, nos pareció importante regular este tema con cierta especificidad.

                En cuanto al tema de la acreditación, debo decir que  es voluntaria y suele tener estímulos. Al respecto, cabe acotar que un estímulo muy importante es la acreditación de los demás. Es decir, cuando se llega a cierta densidad de acreditación en el sistema, en los hechos esto se vuelve necesario.

                Retomando el tema de la educación a distancia, no quería dejar de resaltar que nos parece importante el aporte de otros instrumentos que estamos desarrollando, como el Portal TIMBÓ, que pone a disposición de todas las universidades, públicas y privadas, y centros de investigación, la literatura científica. Sé que TIMBÓ es una sigla que en este momento no recuerdo cómo se desarrolla pero, en definitiva, quiere decir red de comunicaciones. En este momento, en el país hay, además de internet, una red académica de banda ancha que se llama CLARA -tampoco recuerdo bien qué quiere decir- pero puedo decir que es parte de un proyecto de red académica.

Es lo que se llama Internet 2, que es una tecnología de mucho más ancho de banda y que en este momento -no sabemos qué puede suceder en el futuro- tiene un uso exclusivamente académico y de investigación. Este ancho de banda permite, por ejemplo, trasmitir tomografías u otros elementos con un volumen de datos importantísimo y, además, que dos personas estén mirando lo mismo a la vez y puedan consultarse sobre datos médicos. Esto necesita conexión internacional, da enormes posibilidades y hoy llega a ustedes porque está siendo gestionado por el Servicio de Informática de la Universidad de la República, con apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este es uno de los instrumentos que puede ayudar enormemente a la educación a distancia e, incluso, a una mayor presencia en una educación que, aunque sea presencial, por ser masiva se da a cierta distancia.

                También me interesa mencionar algo sobre el tema de la circulación de los títulos en la región y en el mundo. No hay que olvidar que en otros países hay colegiación. En lo personal, no soy partidaria de ella aunque son cuestiones sobre las que hemos discutido mucho en las distintas Facultades de la Universidad, se han planteado distintas posiciones al respecto e, incluso, hay una propuesta de colegiación que se ha considerado. Pienso que esto entraña peligros importantes de corporativismo o de limitación del derecho a ejercer. Obviamente, también puede tener algunos elementos positivos como puede ser el entrenamiento junto a un profesional experimentado pero, en definitiva, es una barrera importante a la circulación. En mi opinión, no debemos hacernos ilusiones porque la acreditación del Mercosur es suficiente para la circulación de profesionales. Evidentemente, este tema no está aquí pero no puedo dejar de mencionarlo porque es fundamental.

                Nos parece bastante importante el tema relativo a los requisitos del personal docente establecidos en el artículo 30. Así se define la calidad de una institución y por eso se habla de dedicación suficiente para hacer investigación, experiencia, solidez y el prevenir que los docentes no sean todos extranjeros o que en su mayoría no sean profesores visitantes, sino que exista un arraigo. Todos estamos de acuerdo en que estas son metas y que no hay ninguna institución que cumpla con todos los requisitos en forma cabal. Sin embargo, considero que no tenemos que guiarnos por un modelo e intentar repetirlo, sino poner metas de calidad.

                En cuanto al plazo de las reválidas, quiero decir que en pleno retorno a la democracia integré la Comisión de Reválidas de la facultad en la que cumplía tareas, por tanto, tengo una experiencia considerable en esta materia. Si bien en esa época hicimos muchas reválidas debo admitir que, en general, es un proceso difícil y sería conveniente facilitarlas.

SEÑOR GARIBALDI.- Complementando lo que ya se ha dicho y sin intención de ser reiterativo, quiero decir que me importa subrayar que esta no es una ley general de la educación superior y tampoco pretende serlo, más allá de que haga aportes con respecto a algunas definiciones. Leyendo los documentos emergentes del primer grupo de trabajo, integrado por representantes de la educación privada y de la pública, pude ver que allí se planteó que la Agencia tiene que incorporarse a la normativa existente en el Uruguay, que tiene que ver con la Ley Orgánica de la Universidad de la República y con la libertad de enseñanza. Esto implica que hoy las instituciones de nivel terciario del Uruguay pueden ofrecer educación de este nivel en forma libre, siempre que no otorguen determinados títulos, lo que ya fue regulado en el pasado por algunos decretos- ley, y ahora se pretende mejorar mediante esta nueva iniciativa.

                Por tal razón, a lo largo de más de dos años -casi tres- de discusiones, en la Comisión nadie planteó -ni siquiera las instituciones privadas- que esa Agencia tomara para su responsabilidad la autorización de carreras de la Universidad de la República, porque ello implicaría una modificación a la normativa existente. Esa es otra discusión que, por supuesto, no nos negaremos a dar, pero no está prevista ni es el objetivo del proyecto de ley.

                En otros países -el señor Senador Amorín señalaba la experiencia internacional; cuando lo mencionó, pensé que aludiría a otro aspecto que es complementario- las autorizaciones son otorgadas por el Ministerio de Educación y Cultura y las acreditaciones,  por una Agencia independiente. Nosotros, con nuestra peculiaridad, discutimos mucho el tema porque no contamos con materia suficiente ni amplitud, ya que tenemos una Universidad pública y cuatro privadas, lo que parece ser un horizonte y un universo dominable por una institución. Además, existe una tendencia, una idea de que haya una postura lo más independiente posible del poder político, alejando esas decisiones del Ministerio de Educación y Cultura. Estamos haciendo nacer un hijo que no va a vivir con nosotros, sino que lo hará por su cuenta y se le pagará con los recursos que le vote el Parlamento. Me refiero a que hay una parte de la discusión que tiene que ver -lo queremos dejar explicado y por eso lo reitero- con que alguien debe autorizar a las instituciones privadas. El señor Senador Amorín recordará, porque fue Ministro de Educación y Cultura, que mucha gente -aunque a esta altura no hay demasiadas fuerzas- piensa que las instituciones privadas deberían ser autorizadas por la Universidad de la República, en consonancia o en espejo con lo que hace la ANEP. De esta manera, estaríamos consolidando una forma que se ha venido desarrollando en estos años, pero se deberían ajustar varios aspectos como, por ejemplo       -como lo mencionaba la Subsecretaria María Simon-, los que hacen a los requerimientos del personal docente.

                Por otro lado, quiero hacer una puntualización con respecto al carácter voluntario u obligatorio. Anteriormente dije que en el mundo, por lo general, las acreditaciones son voluntarias. En algunos países, como la Argentina con la CONEAU -Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria-, las acreditaciones son voluntarias. Además, hay que tener presente que no lo son para todas las carreras, porque en ese país definieron las que son de interés público y existen otras carreras que nunca fueron acreditadas. Es una definición de ese país, pero en el Uruguay no se fijan límites. Estamos avanzando en la propuesta de acreditación, no solo en carreras de grado          -como sucede ahora en el Mercosur, sino también de posgrado. Asimismo, agregamos una característica novedosa que es la acreditación institucional, que no existe actualmente, pero es clave, porque lo que hace a las buenas carreras, en primer lugar, son las buenas instituciones.

Existe la posibilidad de que las acreditaciones de posgrado sean agrupadas en áreas. Es muy difícil acreditar de forma rápida un posgrado que, quizás, tiene dos o tres años, porque ese proceso de acreditación lleva por lo menos dos años, pues implica definición de estándares, procesos de autoevaluación, evaluación externa y un dictamen. Hay países como, por ejemplo, Chile que definen algunas carreras con acreditación obligatoria, como sucede con las de la salud y las pedagógicas, mientras que el resto son voluntarias. Pero vayamos a nuestra experiencia y debemos recordar que el Uruguay participa en la acreditación regional a nivel del Mercosur desde el año 2002, con la participación tanto de públicos como de privados, en las comisiones ad hoc. Desde ese entonces hasta ahora, jamás se votó una decisión por mayoría  porque todas fueron acordadas y se trabaja con un gran acuerdo y consenso. En ninguna oportunidad hubo una convocatoria a Agronomía, a Ingeniería, a Medicina, a Arquitectura, a Odontología, a Enfermería -la dejo para el final y después explicaré por qué- ni a Veterinaria, en que la Universidad de la República no haya participado voluntariamente. Es más, la Udelar tiene un ámbito interno de participación en la acreditación. La señora Senadora Topolansky preguntó qué ventajas o virtudes le ve la Universidad de la República. Debo contestarle que esta lo dirá por ella misma, porque no necesita defensores, pero por mi experiencia de estos años de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura y mi vinculación a estos temas, puedo afirmar que la Universidad tiene un verdadero compromiso con estos procesos de acreditación. Incluso, eso sucede en carreras que pueden considerarse monopólicas. Cabe preguntarse para qué se presentó Medicina en el momento  en que lo hizo -porque la carrera del CLAEH surgió después- si era la única. Sin embargo, lo hizo, fue sometida a una discusión pública importante y se percibieron debilidades porque le pidieron un informe de mejoras. También es bueno que eso suceda. La licenciatura en Enfermería se presentó al proceso e hizo su autoevaluación. Cuando  se comparó con los estándares, vio que estaba lejos de ellos y se retiró. Me parece que eso es positivo, porque se dio cuenta de que no llegaba al proceso de acreditación. Como esto es cíclico y el tren va a pasar de nuevo -no se trata del tren que pasa una sola vez, sino que lo hace muchas veces-, Enfermería se sumará al proceso porque se dio cuenta de que tenía que mejorar mucho y, si seguía así, le iban a decir que no. Entonces, antes de enfrentar un rechazo, prefirió retirarse. Eso es sano y es lo que está desarrollando actualmente la Universidad de la República, con sus limitaciones y todo lo que uno pueda decir. Personalmente no soy universitario -ya me lo recordaron en algunos órganos de prensa-, pero igualmente puedo defender a la Universidad de la República.

                Con respecto a la pregunta de la señora Senadora Moreira sobre las potestades, debo decir que, obviamente, las que tiene la Agencia son superiores a las del Consejo Consultivo, porque este es solo  consultivo y nunca toma las decisiones, sino que lo hace el Ministerio de Educación y Cultura o el Poder Ejecutivo. En este caso, estamos diciendo que la Agencia puede tomar decisiones. Por ejemplo, no otorga la autorización final para funcionar, pero la propone al Ministerio de Educación y Cultura, y este no puede contradecir esa decisión si es negativa -eso ha sucedido; ha dicho que “no” y el Poder Ejecutivo ha expresado que “sí”-, sino que solamente lo puede hacer si es afirmativa y por razones técnicamente fundadas, que no sean las que corresponden a la Agencia. Además, tiene la potestad de reconocer el nivel académico de todas sus carreras por cuenta propia, porque es una institución que tiene un nivel mucho mayor no sé si de “autonomía” -porque no es un ente autónomo-, pero sí de “independencia”.

                Por otra parte, los temas de educación a distancia ya fueron informados.

Por último, aclaro que la transición no está pensada solo para las carreras autorizadas, sino también para carreras o instituciones que ya están en proceso, con los criterios del Ministerio de Educación y Cultura -creo que eso se establece en el artículo 77 ó 78-, que les permite tener continuidad y tienen en cuenta que iniciaron el proceso con criterios distintos a los que se están aprobando en esta iniciativa. Todo esto está sujeto a revisión, discusión y ajuste. Además, se está pensando en un plazo de cinco años para que todas las instituciones se pongan al día. Puedo asegurarles que ese plazo fue consultado con ellas y manifestaron que es un tiempo prudencial para que todas puedan hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia del señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, de la señora Subsecretaria de la Cartera, ingeniera María Simón y del Director de Educación, maestro Luis Garibaldi.

La Comisión de Educación y Cultura comenzará el tratamiento de este tema y no es de descartar que tengamos otras instancias con nuestros visitantes, en la medida en que se considere pertinente, para intercambiar diversos puntos de vista.

(Se retiran de Sala el señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, la señora Subsecretaria, ingeniera María Simon, y el Director de Educación, maestro Luis Garibaldi)

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

(Es la hora 17 y 4 minutos)