SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 16 y 43 minutos)

                La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibe en el día de hoy a los representantes de la Mesa Coordinadora Permanente de Instituciones Sociales de la Policía del Uruguay (MECISPU), quienes pidieron ser recibidos a los efectos de hacernos saber cuál es su opinión respecto del proyecto de ley relativo al Servicio de Retiros y Pensiones Policiales.

                Al mismo tiempo en que esta Comisión decidió recibirlos, autorizó a la Secretaría a que previamente les hiciera llegar el texto con las nuevas modificaciones, a efectos de que cuando concurrieran  ya tuvieran conocimiento de ellas.

                Antes de ofrecerles la palabra, quisiera decirles –aunque seguramente ya lo saben- que el texto que les fuera adelantado –y que tiene iniciativa del Poder Ejecutivo- todavía no ha ingresado en forma oficial, pero tenemos la absoluta certeza de que lo hará en las próximas horas. Por eso les enviamos las modificaciones ya que, de lo contrario, los  estaríamos induciendo a que nos dieran su opinión sobre un texto que no corresponde a la última versión.

                Según me informan, el señor Carreras, representante del Círculo Policial, hará uso de la palabra en primer lugar.

SEÑOR CARRERAS.- Antes que nada, quisiéramos darles las buenas tardes y agradecerles la oportunidad que nos brindan de expresar nuestro punto de vista.

                 En el año 2005 se presentó en el Parlamento el proyecto de ley original y su tratamiento quedó a la espera de ser considerado, pero actualmente se ha retomado su estudio y ello ha generado una gran inquietud en la interna policial.

                Habíamos hecho un trabajo primario sobre el proyecto anterior, que rápidamente modificamos cuando recibimos –gracias a los integrantes de la Comisión– el nuevo texto. Sabemos que se hicieron modificaciones –que, en general, compartimos– por parte del Poder Ejecutivo, y si bien se mejoró sustancialmente el proyecto original, queríamos hacer algunas precisiones.

                Antes de empezar a hablar de este proyecto, entendemos que hay que tener en cuenta que el funcionario policial no es un funcionario público común. Nosotros nos consideramos funcionarios públicos, pero los señores Senadores saben perfectamente que tenemos condiciones especiales de trabajo y estamos considerados en forma especial dentro de la propia Constitución.

                Nosotros entendíamos que en este proyecto se abandonaba el principio de especificidad de la función policial establecido en varias normas como, por ejemplo,  el artículo 59 de la Constitución, donde se dispone que los policías deben regirse por un estatuto especial diferente al de los demás funcionarios

públicos. Los policías tienen una situación especial diferente –tienen estado policial–, que los obliga a cumplir deberes especiales diferentes a los del resto de los funcionarios públicos. Por ejemplo, pueden hacer uso de la fuerza y deben portar armas y un uniforme que los identifica con respecto al resto de la población. A su vez, les otorga derechos especiales diferentes a los del resto de los funcionarios públicos. Por ejemplo, el TOFUP –Texto Ordenado de los Funcionarios Públicos; Decreto 200/97–, excluye expresamente de su normativa a los policías; también el Código Civil establece normas al respecto. A su vez, el doctor Bernardo Supervielle –ex catedrático de nuestra Facultad de Derecho–, en su trabajo sobre la enervación de la norma jurídica, enseña que existiendo una norma especial y profesional –en nuestro caso, la Ley Orgánica Policial y normativa propia sobre retiros policiales–, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 del Código Civil y los principios generales de Derecho, sólo puede ser reformada por otra ley especial y profesional. Con ello se reconoce implícitamente, a través de toda la normativa, que el personal policial tiene un estatuto especial y particular, no siendo aplicable la normativa general del resto de los funcionarios públicos y/o del Banco de Previsión Social.

                A continuación voy a pasar a referirme al proyecto en concreto. Para ser más breves, les vamos a dejar nuestros comentarios por escrito. Por tanto, vamos a hacer referencia a tres o cuatro artículos, que son los que más nos preocupan.

                El artículo 3º tiene que ver con la gestión, pero entendemos que no contempla las aspiraciones de los beneficiarios, pues en la gestión del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales el sistema no se integra con representantes de los policías, tanto en actividad como en retiro, como sucede, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social. Sería importante que se contara con ese contralor; no se pretende, en absoluto, tener facultades de decisión, pero sí se quiere fiscalizar la gestión del servicio, ya que también se están administrando fondos de terceros que los propios pasivos generaron y los activos están generando. Al igual que en los otros sistemas, estamos regidos por el criterio de solidaridad intergeneracional, y la falta de cristalinidad de la gestión de los fondos ha ameritado una denuncia penal por parte de las instituciones sociales a fin de aclarar el destino de US$ 11:200.000 previstos para viviendas policiales en el año 1996.

                De pronto, si al igual que ocurre a nivel del Banco de Previsión Social, hubiera existido un contralor sobre la gestión de parte de los propios administrados –reiteramos que estamos hablando de contralor y no de tener poder de decisión, pues bajo ningún punto de vista es esto último lo que pretendemos–, no nos habríamos visto obligados a hacer una denuncia penal a los efectos de esclarecer el fin que tenían esos fondos. Entonces, utilizamos esto como argumento para señalar que sería bueno que en la ley se recogiera esa inquietud.

                En el artículo 25 se establecen los montos mínimo y máximo de retiro. Para nosotros, este es uno de los puntos más preocupantes del nuevo proyecto de ley, que incluso ya nos generaba preocupación en la anterior iniciativa, cuando se fijaba un monto de $16.900. En la mejora que ahora se intenta realizar, dicho monto se eleva a $20.930. Por nuestra parte, afirmamos que los haberes de retiro mínimos y máximos se determinan topeando estos últimos en $20.930. Entonces, aquí se darán varias paradojas, entre ellas que los Comisarios, Comisarios Inspectores, Inspectores Mayores, Inspectores Principales e Inspectores Generales pasarán a retirarse con $20.930, por lo que, al momento de jubilarse, dará lo mismo ser Comisario que Inspector General. En este sentido, preguntamos dónde queda la carrera policial y la profesionalización de la policía, pues aquí se pierde un incentivo fundamental, que es la retribución de acuerdo con la responsabilidad que cada uno tiene dentro de las jerarquías y dentro de la carrera policial. ¿Quién querrá seguir en la policía después del grado de Comisario, asumiendo muchas más responsabilidades, por una misma cantidad de dinero al momento del retiro?

                Por un lado, se pretende sanear la Caja Policial pero, por otro, se aumentarán los gastos, ya que todos los afectados pasarán a retiro. Justamente, esto último sucedió hace unos quince días; cuando se reflotó –por decirlo así– este proyecto de ley, hubo una especie de corrida. Obviamente, hubo una gran preocupación y todos los días había llamadas telefónicas a los dirigentes de las instituciones, a los sindicatos y al propio Ministerio. 

SEÑOR PRESIDENTE.- También a los Legisladores.

SEÑOR CARRERAS.- Exactamente, señor Presidente.

                Entonces, pensamos que todo esto puede llegar a tener un efecto totalmente contrario al que se pretende y, en lugar de lograr sanearse la Caja Policial, se creará un grave déficit, aún mayor del que ya existe. Téngase en cuenta que actualmente hay más de 400 Oficiales –me refiero a los grados que reciben mayor remuneración– que se encuentran en condiciones de pasar a retiro. Evidentemente, si de alguna forma se les limitan los derechos que ya tienen adquiridos…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Me permite, por favor? La Presidencia desearía hacer una breve reflexión en este momento.

                Entiendo que algunos de los planteos que he escuchado son razonables, lo cual no significa necesariamente que se puedan llevar a cabo. Tal es el caso, por ejemplo, del primero que se realizó, relacionado con la reivindicación de que en la dirección del organismo previsional se emplee un criterio similar al utilizado en el Banco de Previsión Social, y que haya representación de los activos y pasivos. Desde mi punto de vista, esto condice con el espíritu de universalización del sistema que debe tener la ley, de manera que sea similar al que rige para otros. Esto es algo que entiendo perfectamente.

                Ahora bien, debo decir que no entiendo con la misma claridad –y por esa razón interrumpí al señor Carreras en su exposición, por lo que me disculpo, pero me gustaría que se me aclarara este punto– lo que se quiere referir cuando se habla de la motivación para quedarse y de la motivación para irse. Creo que, al igual que ocurre en todas las actividades, la carrera funcional policial no debe estar definida en función del monto de jubilación. La aspiración de un funcionario de ascender debe fundarse en las mejores condiciones que le signifique el grado superior, esto es, el dinero que cobra cuando es activo. Y esto es algo que –reitero– abarca toda la actividad del país. Todos los funcionarios que se encuentran en el ámbito público o privado y que se jubilan por el Banco de Previsión Social, tienen una carrera perfectamente identificada, pero saben que cuando pasan a retiro, lo hacen con un monto que está topeado. Eso no significa ningún impedimento para la carrera funcional; es más, desearía que la carrera policial tuviera salarios en actividad que diferenciaran claramente las responsabilidades mientras se es activo y que ese fuera el verdadero incentivo para poder intentar acceder a los nuevos puestos.

                Por último, quería referirme a que particularmente esa situación de corrimiento, que podrá darse o no, no tiene absolutamente nada que ver con la ley. En el día de mañana los funcionarios pueden tener interés en jubilarse, por las razones que fuere, es decir, porque alguien los incentivó al interpretar incorrectamente la ley –aunque no intencionalmente- o porque escucharon que alguien dijo que debido a esta ley no se iban a poder jubilar, o que iban a tener que hacerlo por este sistema. Lógicamente, me consta que los funcionarios que estaban con causal jubilatoria se presentaron, pero sé que ningún artículo de la  ley decía eso, sino exactamente lo contrario. Como habrán observado, lo que buscamos en la nueva redacción no es ni siquiera modificar ese artículo, sino cambiarlo de lugar, ya que se daba una interpretación incorrecta porque estaba dentro del Capítulo relativo al período de transición. Sin embargo, los artículos de las leyes no establecen expresamente lo que dicen los títulos, y estos son una interpretación. Pero como quienes cumplen funciones en la Policía –como en OSE o en cualquier otro organismo– no tienen por qué entender de normas, como lo hacen los profesionales de las leyes, o como tendríamos que hacerlo los Legisladores, a los efectos de que no quede ninguna duda en este nuevo proyecto de ley al que no le modificamos el contenido, cambiamos la ubicación del artículo y todos los funcionarios policiales ‑absolutamente todos, del rango que sean- que tengan causal jubilatoria hasta el 2011, quedarán amparados por el régimen anterior. Es más: se puede jubilar en el año 2020, pero si inició la causal jubilatoria en el 2011, se jubilará por el sistema que más le convenga. Ese  es un verdadero incentivo para que los funcionarios judiciales que tengan causal jubilatoria se queden porque pueden hacerlo, sin tener que acudir a la jubilación topeada, cobrando el salario en actividad que es mayor, sin perder el derecho jubilatorio que tenían antes. Ese es el verdadero significado del proyecto de ley y ahí está el quid de la cuestión.

                Quiero aclarar que me llamaron funcionarios policiales –incluso hasta a mi propia secretaría– y en algunos casos tuve que discutir el tema con alguien que quiero mucho y preguntarle de dónde había sacado la información. Lo cierto es que había recibido llamadas de personas que le habían dado esos datos, por lo que tuve que leer el proyecto de ley junto a esta persona para aclarar la situación. No estoy afirmando que esta sea la consecuencia de una actitud intencionada de alguien, sino que simplemente se trata de una interpretación incorrecta de la ley, comprensible, pero que ahora  nos preocupamos en aclarar. Por esa razón, solicito la colaboración de quienes nos visitan para que, independientemente de la posición que se tenga con respecto a la ley, no se dé una versión equivocada de ella.

SEÑOR CARRERAS.- Evidentemente, el problema se suscitó desde el propio Ministerio porque se dijo que se iba a reflotar esta ley, pero no se mencionó que se había modificado o que se pretendía modificar. Por lo tanto, la gente tomó la ley anterior, que tenía un tope de $ 16.800. Eso fue lo que generó la alarma; se pensó que la ley alcanzaba a todo el mundo y que todos los que ya tenían derechos adquiridos se iban a ir con aproximadamente $ 16.000. Esto es lo que sucedía hace unas 48 horas, pero la modificación a que me refiero no debe tener más de una semana. En definitiva, la información que se tenía no era la correcta. Por eso el documento que trajimos, que refiere a un análisis del proyecto de ley anterior y que constaba de alrededor de veinte hojas, quedó reducido a un informe más pequeño, por cuanto comenzamos a ver las modificaciones y consideramos que solo valía la pena discutir algunas. Seleccionamos ocho artículos y, en ese marco, nos vamos a referir a los que consideramos realmente importantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Independientemente de que después sigamos analizando todos los temas que deseen plantear, a los efectos de lograr los insumos que necesitamos para analizar este proyecto de ley y teniendo en cuenta que nuestra idea es, por lo menos, definir posiciones hoy mismo respecto al articulado, les propongo que sean lo más concretos posible y se remitan a plantearnos las diferencias puntuales.

SEÑOR CARRERAS. De acuerdo, señor Presidente.

                En cuanto al artículo 45 (Devolución de montepíos), debo señalar lo siguiente. En conversaciones con la Directora Nacional de Asistencia Social Policial —o sea, lo que mal llamamos la Caja Policial—, se nos aclararon algunos temas referente a este artículo, pero al mismo tiempo buscamos información respecto a las leyes que se mencionan en el segundo párrafo y nos encontramos con que, evidentemente, la devolución de los montepíos se cortaría a partir de la aprobación de esta iniciativa. Por nuestra parte, estamos de acuerdo con esta disposición, pero solicitamos que se considere a quienes  ya están en condiciones de jubilarse.

                A esos efectos, y para tranquilidad de todos, sería necesario buscar una redacción mejor para este artículo, de manera que ello quede claramente establecido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habría que redactar mejor el artículo para no afectar derechos adquiridos.

SEÑOR CARRERAS.- Exactamente, señor Presidente, habría que establecer claramente que quienes tienen derechos adquiridos no serán alcanzados por la ley. Por cierto, este es otro motivo de preocupación general, por cuanto la devolución de los montepíos es un tema que se introduce como una modificación, pero en los hechos no afecta al déficit de la Caja. En lo personal, después de treinta y dos años y medio me siguen descontando por concepto de montepío; por lo tanto, lo sigo pagando y, cuando pase a retiro, me lo van a devolver. En otras palabras, es una plata que aportamos, pero que después nos devuelven, incluso, sin los intereses. De modo que esto no influye en el déficit de la Caja.

SEÑOR PRESIDENTE.- Además, no mejora el retiro jubilatorio.

SEÑOR CARRERAS.  No, no lo mejora. Lo único que se logra es aligerar el trabajo a la Caja porque, en definitiva, esta administra durante treinta dos años y medio hasta el momento de la jubilación un dinero que no le afecta para nada.

                En lo que respecta al artículo 47 (Ficto casa habitación), sí tenemos algunas discrepancias. Este beneficio está determinado por el artículo 81 de la Ley Nº 9.940, de 2 de julio de 1940, norma que tuvo su origen en AFE y que fuera aprobada para contemplar a los maquinistas y jefes de estación, quienes en algunos casos debían mudarse a otro departamento con toda la familia, incluso cambiando a los hijos de escuela y consiguiendo otro trabajo para la mujer. Por esta disposición, se otorgaba al funcionario una compensación por el sacrificio que ello implicaba y, al retirarse, se le premiaba con un ficto, que en su momento fue denominado “ficto casa habitación”. Este beneficio se fue extendiendo y en la actualidad prácticamente lo otorgan todos los organismos del Estado.

                Ahora bien, según este proyecto de ley, se quitaría ese beneficio a la Policía. Uno de los argumentos que se manejan es que este ficto sí afecta el déficit de la Caja. No pudimos saber a qué se debe, pero lo cierto es que los policías no aportan por este concepto, a diferencia del resto de los funcionarios públicos, que sí realizan este aporte. Como los señores Senadores saben, conseguir un logro de este tipo en nuestra sociedad es dificilísimo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, somos conscientes de que es parte del salario.

SEÑOR CARRERAS.- Precisamente por ese motivo nos duele perder ese beneficio así nomás. Nosotros estamos dispuestos a que, al igual que el resto de los funcionarios públicos, se nos descuente un aporte sobre ese ingreso, porque evidentemente es una mejora. Como los señores Senadores saben, en esta misma ley se establece que un policía se va a jubilar con $ 2.900. Nosotros hablamos de la Policía en general, pero también estamos preocupados por el personal subalterno: hay muchos funcionarios –y más con este Gobierno– que están ocupando cargos en el interior en lugares donde tienen casa, porque muchas veces al policía lo mandan al medio de una sierra y le dan una casa. Pero al hombre lo están desarraigando; entonces, sería bueno mantener este beneficio, porque es una forma de reconocer al funcionario. En este sentido, pensamos que cambiando el artículo y promoviendo el aporte del montepío o del tipo que fuere, podríamos igualarnos al resto de los funcionarios públicos. Por otro lado, este ficto de casa habitación no produce déficit en la Caja, porque proviene directamente de Rentas Generales.

SEÑOR LORIER.- ¿Tienen alguna idea del monto?

SEÑOR CARRERAS.- Ha variado mucho; en algunos momentos fue bastante grosero, pero últimamente no supera el 25% del sueldo en el mejor de los casos. Entonces, no es tanto, pero para el personal representa un apoyo importante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Además, si interpreto bien, como este monto es un porcentaje de los salarios, la recaudación más importante proviene de los salarios más altos. Habría un aporte personal de los funcionarios y no incidiría sobre un aumento de la jubilación porque está topeada. Solamente incidiría para quienes reciben sueldos más bajos, en la medida en que, al serles reconocido el derecho a la casa habitación, mejorarían el monto jubilatorio. A quienes están por encima del tope la propuesta los perjudica, porque van a tener que aportar y no van a recibir nada. Me parece que es un planteo razonable y solidario.

SEÑOR ZANG.- En cuanto a este tema del ficto casa habitación, quiero insistir en que, en el caso de los funcionarios del interior del país –que es nuestra vivencia–, el Estado no reconoce que paga un sueldo y usa a toda la familia para el servicio policial; la mayoría de las veces, la esposa y los hijos son quienes atienden a los vecinos en las emergencias, llamando por radio o teléfono al servicio policial. Creo que de alguna forma el Estado debe reconocer los 30 ó 32 años de servicio. Además, de esta manera habría menos posibilidades de que no se cubran algunos lugares; muchas veces se escucha que en sectores como las playas o la zona costera no hay policías, y ello se debe a que nadie quiere ir a vivir allí, ya que los hijos del funcionario tienen que estudiar y la economía no les da.

Por otra parte, hoy se les está cobrando IRPF, es decir que estos funcionarios están aportando y no van a recibir ningún beneficio. Todo aquel funcionario que tiene asignada una vivienda paga IRPF por el valor que se le da al alquiler. Ese policía nunca se va a enriquecer; simplemente va a recibir una jubilación.

Además, hay que tener en cuenta que a los funcionarios se les toma muchas veces por ocho horas de trabajo, pero cumplen un servicio permanente. En definitiva, el Estado no está perdiendo, sino que está ganando, porque paga el sueldo de un funcionario público y lo utiliza por tres –si consideramos turnos de 8 horas–, ya que tenemos la obligación de proceder las 24 horas del día. En algún lugar eso se tiene que notar. Obviamente, tendría que ser en los aportes salariales, particularmente en aquellas compensaciones especiales que se otorgan al policía.

                Agradecemos a los señores Senadores que nos escuchen esta tarde a fin de que podamos realizar nuestros aportes, no sólo en lo que es la visión sobre este proyecto de reforma, sino también en lo que representa la misión que esta iniciativa debe tener.  Reitero que debe ser así: esta iniciativa debe tener una visión y una misión, porque no debemos embarcarnos en una reforma ahora y que luego ocurra lo que sobradamente hemos visto en el sentido de que, de repente, en el 2016 podríamos estar nuevamente con el mismo problema. ¿Por qué digo esto? Porque en este sistema, siendo los primeros directamente involucrados, no nos han consultado hasta el día de hoy. En tal sentido, el señor Presidente habló de cierto nerviosismo, que entendemos no debería darse, pero ello sucede por la mala información y por la no participación de aquellos actores que necesariamente tenemos que ser partícipes, no para mandar ni legislar, sino para plantear nuestro punto de vista y hacer entender el servicio policial, que es muy complejo y la gran mayoría de las personas no lo conocen, ya que ni siquiera saben cómo funciona y, por ende, cuáles son las necesidades del policía cuando está en actividad o cuando está en retiro.

                Como hemos dicho, queremos rescatar lo que se plantea en los artículos 7º y 8º, porque vemos que ahí hay un gran logro en cuanto a los beneficios; muchas veces era una carga que tenía la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial para los subsidios a posteriori de este tipo de policía. También vemos importante el artículo 10, ya que hace referencia al subsidio transitorio por incapacidad parcial.

                Asimismo, vemos con beneplácito los artículos 42, 43 y 44. En forma global tenemos que reconocer que todas estas materias a que hacen mención estos artículos deben ser gravadas. Pero seguimos insistiendo, en cuanto al artículo 43, que no se puede tomar para contemplar puntualmente a un grupo de personas con el tema del servicio 222. ¿Por qué? En la mayor parte del país, un importante número de policías pasa sus treinta años de servicio sin cumplir el servicio 222, porque su manera de vivir es distinta. Si los señores Senadores investigan el tema, podrán ver que en el interior del país no hay una capacidad de servicio por el artículo 222 para que todos los policías lo puedan hacer porque, por ejemplo, un policía destacado en los límites de Cerro Largo no va a ir a hacer cuatro horas al Banco de la República ubicado en Melo. Es obvio que ese policía, por su manera de ser, se dedica a sus actividades cuando se lo permite el servicio, y por ello se produce el retiro, ya que nuestro servicio muchas veces no nos permite desempeñar otra función, como lo hacen otros funcionarios públicos, por ejemplo, de OSE, que los sábados y domingos se retiran a su casa, y no se los molesta luego de las ocho horas de trabajo. Reitero que esto no es lo que nos pasa a nosotros y por ello es que estamos pidiendo una ley especial de retiro.

                Entendemos que lo primero que debe tenerse en cuenta y que hay que gravar es lo que hoy por hoy, en el sueldo, no lo está, y en un segundo plano –también con su importancia–, lo relativo al servicio 222. Además, desde el vamos debe ser gravado el cien por ciento, porque no estamos hablando de una cifra que vaya a desestabilizar al país o que éste caiga en “default”. Hemos visto que este Estado ha cubierto millones de dólares por diversos déficit y, sin embargo, sigue funcionando. En este caso estamos hablando de 27.000 funcionarios, por lo que el país no va a quebrar por realizar los aportes que hoy no se realizan.

SEÑOR PRESIDENTE.- En lo personal es de recibo el planteo que nos formulan.

                Cuando se habla de gravar, naturalmente, se refieren a los aportes a la seguridad social. Y cuando se habla de gravar a la seguridad social, se entiende que una parte de ese gravamen lo hace el Estado y, otra, el trabajador. En ese sentido, ¿ustedes están asumiendo la responsabilidad de que se grave a los funcionarios?

SEÑOR ZANG.- Así es, señor Presidente, porque eso automáticamente significa una mejora en el retiro al día de la fecha. Es un beneficio para el policía y, sobre todo, para aquellos que están enmarcados en el haber de retiro y, por lo tanto, difícilmente digan que no están de acuerdo, porque hoy por hoy verían sustanciado su retiro en un 35%, si eso se cumpliera. No sucede lo mismo con el servicio 222, porque eso solamente pasa, grosso modo, en Montevideo; fíjense lo que ocurre en un departamento como Flores o Cerro Largo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pero la solución podría ser la misma: en caso del servicio 222, que se grave y que se hagan los aportes.

SEÑOR ZANG.- Que se grave y cada uno tendrá su liquidación individual de acuerdo con las horas extras que hizo en su momento.

SEÑOR CARRERAS.- Fíjense ustedes la situación que se da actualmente: un policía gana alrededor de $ 8.000 y, haciendo 180 horas de servicio 222, gana el doble, es decir que llega a $ 16.000. Luego de 30 años de servicio, puede pasar a retiro y automáticamente pierde lo que percibe por el servicio 222, es decir, $ 8.000 y los $ 8.000 restantes, según el proyecto de ley, se empezarán a gravar con un 35%, lo que dejaría su sueldo en alrededor de $ 5.000. Ya que no aportó durante toda su vida, eso se reflejará en la jubilación y por eso pasará de cobrar $ 16.000 a recibir $ 5.000. Esta es una realidad; no lo decimos nosotros ni la oposición, es algo totalmente comprobable e injusto. Nosotros queremos que se grave el servicio 222, aunque tal vez a un muchacho que ingrese ahora a la Policía con 18 años y empiece a realizar este servicio no le importe nada lo que le pueda pasar treinta años después.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Por el contrario, le interesa no aportar.

SEÑOR CARRERAS.- Por supuesto, pero todos aquellos que ya tenemos más de veinte años de servicio estamos viendo el final de nuestra carrera y que esa realidad nos va a afectar. A pesar de ser muy ordenado durante su vida, de tener su casita y su vida más o menos hecha, pasa a ser un paria.

SEÑORA DALMÁS.- Me pregunto si ustedes tuvieron en cuenta que hay otras compensaciones que también serán gravadas a partir de ahora.

SEÑOR ZANG.- Por supuesto, señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Quedan algunas que son por riesgo de función, prima técnica y viático de alimentación, pero hay otras más, porque éstas tendrán el mismo régimen que el servicio 222, según la nueva ley.

SEÑOR ZANG.- Estas son el 35%, pero decimos bien claro que todo lo que percibe la Policía está gravado en un 100% desde el vamos.

SEÑORA DALMÁS.- Desde el vamos, no con este proceso gradual.

SEÑOR ZANG.- La posición es bien sencilla; entendemos que esto lo recoge la ley para contemplar a un pequeño grupo de personas que ha reclamado algo, pero no ha hecho un estudio profundo de lo que verdaderamente merecen que se les dé por la ley de retiro y de cuál es el efecto que ello tiene a nivel nacional, y no tanto departamental. Por eso digo que en el país no todos los policías tienen la posibilidad de realizar el servicio 222, pero sí cobran su sueldo todos los días y se retiran con ese sueldo,  no con las horas del 222.

                En cuanto a las discrepancias, el señor Carreras ya mencionó lo relativo a los topes jubilatorios. A su vez, creemos que sería importante no desestimular la carrera policial, sobre todo cuando pensamos en profesionalizarla, porque hay que pagar. Al pagar la profesión, en definitiva, se hace uso de lo que el Estado ha invertido en esos años, en ese funcionario, para poder sacarle mejor provecho, no sólo para la función pública, sino para que sea un estímulo de la misma Institución, perdure en el tiempo y realmente cumpla el objetivo para el que fue creada. De lo contrario, como ya existen antecedentes, estaríamos reformulando estas leyes cada cinco o seis años, sin tener un objetivo claro de misión y visión. ¿Por qué digo esto? Como ejemplo voy a tomar palabras surgidas hace pocos días, que dicen que en la Fuerza Aérea el Estado invierte en pilotos y cuando los puede aprovechar, se le van a la actividad privada. Creo que es importante tener en cuenta esto, porque en la Policía sucede lo mismo; los funcionarios se van a trabajar como asesores de seguridad a cualquier empresa privada porque ganan mucho más que, por ejemplo, un Comisario Inspector. No hay un estímulo notable que evite esto.

                Por estas razones decimos que, de concretar esta ley, al año 2016, nuevamente estaríamos hablando sobre el mismo tema. Estimo que debería hacerse un proyecto de ley de retiro como la Ley Nº 9.940, que perduró en el tiempo y fue la más sólida en cuanto a su funcionamiento.

                Por otro lado, seguimos percibiendo que en cuanto a los topes, en lo que refiere a los policías, se toma la edad y, al contrario de lo que puede suceder con cualquier funcionario público, hay que pensar que no se pueden tomar en cuenta cuántos años tiene de servicio para que se retire. Evidentemente, tal como están las leyes y como se pretende en este proyecto de ley, veríamos a un Suboficial Mayor -a quien se le daría la opción de quedarse en la función policial, con 60 años- actuando, por ejemplo ante un equipo de choque  en el Estadio Centenario. Quisiera saber qué tipo de seguridad pública puede dar un hombre de 60 años frente a estas situaciones, combatiendo a los violentos; ¿cuál es el servicio que estaría brindando? Es imposible.  Tenemos que pensar en cómo se puede reformular esto, de manera que se contemple este tipo de situaciones, pero teniendo en cuenta que el desempeño físico del Policía implica que se jubile antes que cualquier otro funcionario público.

                Además, no se prevé una reformulación en la carrera en el sentido de que a determinada edad el funcionario pueda ser reinsertado en otra función pública, tal vez dentro de la misma Policía, para que le sirva a la institución, la función se cumpla como se debe, y  ese hombre se aproveche. No es por capricho que tenemos una gran cantidad de policías con partes médicos, cuyas situaciones son estudiadas por juntas médicas durante dos o tres años en los cuales el Estado está pagando por ellos, pero no los está aprovechando, y el sistema no funciona, se cae.

                Por lo tanto, lo que digo es que en ese sistema, esto va en consonancia con algo de lo que, hasta ahora, no he escuchado. Por tratarse de una ley especial, debe ir ligada con la Ley Orgánica Policial; de alguna manera, la ley de retiros debe ser tratada conjuntamente con la Ley Orgánica Policial. Entiendo que en un mes es imposible hacerlo y sería una falta de seriedad votar las dos cosas. Sabemos que la ley de retiros no va a congeniar con la Ley Orgánica Policial actual; siempre hemos dicho que se han hecho reformas a la Ley Orgánica, como en esta Rendición de Cuentas –e, incluso, en la anterior–, por leyes presupuestales, que no son normas especiales como sí lo es la Ley Orgánica.

                En mi posición, simplemente me baso en lo que el Director Nacional de Seguridad Social, señor Baz, manifestó en el sentido de que confirma que esta reforma de la seguridad social no tiene una gran pulcritud académica por el momento político que se vive, que no permitió sentarse con tranquilidad a pensar en un régimen que, desde el punto de vista técnico, sea el ideal; que este proyecto tiene carencias y que no contempla enteramente las aspiraciones del Ministerio ni de los policías, recalcando los aspectos de orden técnico que deberían tenerse en cuenta en otro momento.

                Es decir, estamos seguros que esto debería tratarse con la seriedad que se merece esta reforma; hay que tener en cuenta que ha faltado tiempo, mesura y seriedad técnica en el estudio y que, de aprobarse hoy, traerá problemas en forma directa a la seguridad pública por el desestímulo de sus actores primarios, que somos los policías. 

                Les agradezco la atención.

SEÑOR ACEVEDO.- En primer lugar, quiero presentarme: soy Ubaldino Acevedo, del Centro Social y Cultural de Suboficiales.

                Estamos representando aquí a seis instituciones sociales de nivel nacional que son, precisamente, el Centro Social y Cultural de Suboficiales, el Club Atlético Policial, la Federación de Círculos, Centros y Clubes Policiales del Interior del País –que aglutina a los 18 departamentos–, el Círculo Policial –que reúne a los Oficiales de la Policía–, la  Federación de Asociaciones de Pensionistas y Retirados de la Policía del Uruguay y la Asociación Nacional de Policías en Retiro del Uruguay.

                La fuerza policial hoy está conformada por alrededor de 27.500 hombres y nosotros tenemos, en nuestros cuadros sociales, prácticamente un 40% o un 50% de ese personal.

                Hemos discutido mucho estos temas pero, lamentablemente, nunca ‑simplemente estoy reiterando lo que se ha dicho en el análisis de los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra– se nos ha convocado por parte de la autoridad a participar en ningún tipo de debate ni se nos puso en conocimiento de lo que se estaba haciendo. Evidentemente, como bien señaló el señor Carreras, no pretendemos que nuestra opinión tenga un carácter decisorio en lo que tiene que ver con el tema que se pueda tratar pero, por lo menos, sí aspiramos a tener conocimiento de ello y a poder acercar a la fuerza política o al político que está en el Ministerio del Interior, desde nuestro modestísimo punto de vista profesional, la posición de los policías; no podemos perder profesionalización.

                Como es obvio –y como ya dijimos–, nosotros no somos funcionarios comunes y nos regimos por leyes especiales, por lo que pensamos que también nuestro retiro debe ser regido por leyes especiales. Insistimos, en cierta medida, en que no se ha tratado en el tiempo necesario y con la debida seriedad el tema de la ley de retiros con la Ley Orgánica Policial, que en algunos aspectos se contradicen y hay que ser muy cautos en ese aspecto.

                No estamos diciendo que el proyecto de ley, en general, sea malo, pero sí que es mejorable. Tal como acaba de señalar el señor Zang, los tiempos no van a dar para poder hacer un análisis serio y una reforma responsable que evite que en poco tiempo tengamos que volver a modificarla. Es más, esto le va a provocar muchos perjuicios al policía. 

                En ciertas ocasiones los policías se alarman, porque tienen determinadas expectativas y a veces no reparan en la letra chica de la ley. Por lo tanto, se hace difícil hacerles entender cuál es la situación real.

                En muchos casos me toca –algunas veces por suerte, pero otras no- realizar un “racconto” de la labor de la Policía en general. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Carmelo Viera, fallecido en el año 1964 en la lucha contra el delito. El policía está expuesto a eso permanentemente; no olvidemos que está armado, uniformado, representa la ley y, por esa razón, debe cumplir su tarea dentro de leyes especiales.

                Si bien no estamos completamente en desacuerdo con lo que se plantea, queremos establecer realmente que nuestra función es muy especial. Esto lo pensamos nosotros, las generaciones que nos precedieron y los que nos seguirán para que el Estado tenga seguridad. Aunque parezca mentira, todo esto pasa por las remuneraciones. No nos olvidemos que la Policía no es la única institución que debe regirse por leyes especiales. Sin embargo, a quienes primero se les va a reformar la ley es a la Policía; pienso que tendría que ser en forma conjunta con los que también tienen servicios especiales de jubilación como el Poder Legislativo, los Militares, el Servicio Exterior, etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Poder Legislativo ya no tiene un régimen especial;                    fue el primero que reformamos.

SEÑOR  ACEVEDO.- Si bien hoy tenemos un 35% que no está gravado, se cobra el 100%. Es decir, que si tomamos un sueldo de $ 8.000, serían $ 4.800, pero con el nuevo sistema serían $ 4.160 porque la base es 52%. Es decir que perjudica más al que gana menos.

                El servicio 222 comprende a 8.000 policías, es decir, un tercio de la fuerza y, tal como se ha señalado, los efectivos del interior no lo cumplen. Si pensáramos que el policía vive sólo de su sueldo, nos llamaríamos a engaño, porque la mayoría tiene que trabajar en otra actividad y hacer los aportes correspondientes. Es decir que aquel que haga sus aportes por el servicio 222, que lo haga por el 100% y se jubilará por las dos funciones, mientras que el otro policía que, además, tenga otro trabajo, se jubilará por la Caja Policial y por la otra caja que pudiera corresponderle.

                Comparto lo expresado por mis compañeros. Mi función es realizar una síntesis de nuestra opinión. No hay que olvidar que nunca fuimos consultados; ni siquiera intervinimos para saber lo que se estaba haciendo. Si bien nunca pretendimos, ni pretendemos, estar sentados en la misma mesa, por lo menos hubiéramos querido escuchar para saber qué era lo que se estaba haciendo, incluso, para poder informar correctamente al personal de los cambios que se estaban planteando.

                Sería bueno que aquellos que elaboran los proyectos y realizan todo este trabajo, conozcan cuáles son las intenciones y no tergiversarlas  porque de lo contrario entramos a un sistema de “teléfono descompuesto”.

                En lo personal, les agradezco que nos hayan recibido. Creo que les hemos dado un panorama bastante real de cuál es la situación de la Policía, y qué es lo que pretendemos, más que nada,  para su profesionalidad.

SEÑORA DALMÁS.-  Me ha quedado bastante clara la exposición, sin perjuicio de que en algún momento tengamos que hacer alguna consulta a partir de lo que surja de la discusión. No obstante, quería hacer una aclaración importante para mí. 

                En el año 1995 –la primera Legislatura a la que accedí como Senadora– el Poder Ejecutivo de la época –era el Gobierno del doctor Sanguinetti– presentó la reforma de todo el sistema de seguridad social, que luego se concretó en la Ley Nº 16.713. Uno de los últimos artículos de esa ley decía que diciembre de ese mismo año era el último plazo para presentar las iniciativas que tendían a universalizar el sistema, en el entendido de que todos debemos tener parámetros parecidos de seguridad social. Ese fue el primer cuestionamiento a los regímenes especiales. Cabe aclarar que el régimen especial de los parlamentarios fue derogado con esa misma ley. En cuanto a los otros regímenes especiales, se estableció que antes del 31 de diciembre había que presentar un proyecto de reforma de la Caja Bancaria,  de la Caja Notarial, de la Caja Profesional, de la Caja Policial y de la Caja Militar. Quiere decir que se introdujo el  criterio de la universalización del sistema, que quedó de alguna manera impreso y no hubo ningún cuestionamiento en cuanto a que todos los sistemas de seguridad social se debían aproximar a los mismos criterios, lo que ustedes han discutido con sus argumentos de peso. En ese sentido, todavía estamos en el debe: todavía no tenemos el proyecto de la Caja Bancaria, que está por venir, y quedó afuera la Caja Militar, tal como nos han planteado distintas organizaciones sociales y policiales. Lo que sucede es que no nos va a dar el tiempo en este Período.

                Reitero que, según mi información, nadie ha cuestionado el hecho de que hay que reformar todas las Cajas para universalizar el sistema, aunque tal vez habría que estudiar nuevamente los criterios particulares de peso que existen para no emplear parámetros iguales en algunos aspectos.

                Quería hacer esta aclaración porque me tocó vivir esa historia y sé que se introdujo el tema ese año, aunque nunca se aprobó, ya que la ley simplemente hablaba de que había que presentarlo y no de que había que aprobarlo. Luego, en el año 2003 se presentó un nuevo proyecto, que fue aprobado en  una de las Cámaras, pero no logró ser sancionado.

                Por último, quiero decir que no se pueden entender algunos aspectos de esta reforma ni de otras que ha habido –como la de la Caja Bancaria- si no se conoce el contexto económico del país. Por ejemplo, está fuera de discusión que todo lo que es salario debe ser materia gravada, aunque reconozco que en mis primeros tiempos de funcionaria pública lo discutíamos porque, como estábamos muy lejos del retiro, no queríamos que nos descontaran nada. Cuando uno es joven no le gusta pensar en ese tema, pero el retiro es importante –les llega a todos los que sobreviven– y debe tener una relación con el salario. 

                Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por avanzar, pero teniendo claro que no es una solución definitiva. Ojalá pudiéramos hacer la mejor ley y, por ejemplo, reformar todo lo que tiene que ver con la materia gravada, pero de todas maneras creo que estamos avanzando en algo, aunque es absolutamente perfectible. Creo que debemos pensar no sólo en apagar el incendio por unos años, con esta u otras reformas, sino en ir un poco más allá y perfeccionar todo esto lo más que podamos.

                Quería hacer esta aclaración para que sepan que estamos preocupados por las mismas cosas.

SEÑOR LORIER.- La verdad es que uno comienza a comprender la pesada herencia que se recibe a veces con estos regímenes, con las soluciones y parches que se han venido implementando, así como también lo difícil que resulta compatibilizar distintos aspectos, entre ellos, el referido a la necesidad de que la Ley Orgánica Policial esté vinculada con esta norma –tal como aquí se ha mencionado– y la realidad de que los tiempos nos apremian. En definitiva, estas son herencias que a veces nos agobian, y aunque en esta oportunidad habríamos deseado que también la ley vinculada a lo militar hubiera estado incluida, lamentablemente la realidad es que nos ha quedado afuera.

                De todas formas, quiero decir que me reconforto con esta reunión, porque uno aprende y logra comprender aspectos que a veces se le escapan, dicho esto en el sentido de que hay elementos del conjunto de la realidad uruguaya –no sólo montevideana– que pueden no estar siendo comprendidos en su totalidad. Entonces, uno se va más enriquecido de este tipo de instancias.

                Además, muy sinceramente decimos que algunos de los aspectos mencionados en la tarde de hoy –sobre los cuales posiblemente discutiremos luego con las autoridades ministeriales respectivas– pueden ser totalmente de recibo; me refiero, fundamentalmente, al tema del contralor y a ese porcentaje del 35% a que se ha hecho referencia, que podría también ser materia gravada.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea realizar algunos comentarios finales, a título personal.

                Ante todo, naturalmente, acusamos recibo del mensaje de que los representantes de la Mesa Coordinadora Permanente de Instituciones Sociales de la Policía del Uruguay no fueron consultados; también sabemos que se refiere a que no fueron consultados por el Poder Ejecutivo a la hora de elaborar el proyecto de ley. Por mi parte, no puedo afirmar que eso haya sido realmente así, porque estamos hablando de otro ámbito y porque, como Legisladores, no participamos en las conversaciones de preparación de la ley en ninguna de las órbitas del Poder Ejecutivo. 

                Sin embargo, téngase presente lo que está sucediendo en estos momentos, esto es, que a apenas una semana de haber comenzado la consideración del proyecto de ley por parte de esta Comisión, ya se los ha consultado. Hace dos o tres días se nos solicitó una entrevista, la que fue concedida en forma inmediata. Con esto queremos significar que a todos los Legisladores, absolutamente a todos –y no sólo a los que hoy nos encontramos aquí presentes, que somos los Senadores de la Bancada oficialista, ya que los de la oposición lamentablemente no han concurrido en esta oportunidad–, nos interesa siempre, ante cualquier iniciativa, conocer la opinión de los involucrados o afectados. Así pues, esta sesión tiene la formalidad de una reunión de consulta.

                Por otro lado, consideramos que los planteos realizados en esta instancia han sido muy concretos, sumamente interesantes –más allá de la opinión general sobre la ley– y, además, totalmente de recibo. Por lo tanto, que no se tenga ninguna duda en cuanto a que todos ellos serán tenidos en cuenta a la hora de analizar el articulado. Esto no significa que esté garantizando que todas las modificaciones planteadas se llevarán a cabo, sino que estoy señalando que serán tenidas en cuenta en su totalidad. Y desde ya adelanto que, en lo personal, tengo coincidencias con varias de ellas.

                Finalmente, quiero expresar que el objetivo de esta norma es lo que, en definitiva, nos marca límites, y nosotros, los Legisladores, ni quienes hoy nos acompañan como invitados, podemos trascender esos límites. Tal como muy bien lo señalaron la señora Senadora Dalmás y el señor Senador Lorier, la ley tiene un objetivo fundamental, que tiene que ver con la transformación del sistema de seguridad social. De hecho, aquí hay una primera transformación, que bien podía haber empezado por la Caja Policial o por la  Caja Militar; sin embargo, no fue así. Y digo más; si  luego  de instalados  los  primeros  gobiernos  democráticos –una vez finalizado el proceso dictatorial que vivimos– se hubiese consultado acerca de cuál era la primera Caja que había que transformar, seguramente las manos de la población se habrían levantado mayoritariamente pidiendo que se reformara la Caja Militar. Sin embargo          –reitero–, no comenzamos por reformar esa Caja, así como tampoco la Caja Policial, la Caja Bancaria, ni la  Caja Notarial. Empezamos por reformar la Caja a la que nosotros mismos estábamos afiliados y esto, fundamentalmente, por un problema ético o de principios,  ya que si íbamos a modificar las jubilaciones, las primeras debían ser  aquellas que nos afectaran a nosotros. Aclaro que, cuando digo “nosotros”,  me refiero, además de los funcionarios privados, a todos los funcionarios públicos, incluidos ‑naturalmente, y en primer lugar– los propios Legisladores. Por  eso, la legislación que tenemos para jubilarnos es exactamente la misma que rige para cualquier funcionario, tanto público como privado. Reitero: es exactamente la misma. A partir de la transformación de esta Caja,  tenemos por delante seguir avanzando en lo que filosóficamente la inspiró: ir hacia un sistema universal de retiros y que cada vez más vayan desapareciendo ­las diferencias injustificadas, aunque no todas.  Digo esto porque la Caja Policial actual –y no tengo ninguna duda- tiene diferencias que deben persistir, porque hacen a su particularidad como trabajadores de la Policía; la argumentación que se esgrimió es correcta. Eso no significa que esas sean las únicas diferencias que existan, sino que hay otras que no tienen que ver con la función policial. Nuestra responsabilidad como Legisladores, en el momento de dar el veredicto final sobre esta ley en las dos Cámaras –no sólo en el Senado- es compatibilizar de la mejor manera los objetivos de universalidad y reconocer las  particularidades que tiene la función policial y, en consecuencia, el retiro policial. En ese marco,  pretendemos analizar esta ley y transformarla. Por ello, algunas de las cosas que nos han planteado nos hacen pensar, más allá de que puedan ser interesantes. Tal vez, alguno de nosotros ya había pensado en esos aspectos, pero sin duda van a ser tenidos en cuenta.

                Espero que  los representantes de la Mesa Coordinadora Permanente de Instituciones  Sociales de la Policía del Uruguay se vayan con la visión de que el  Parlamento en su conjunto  –y no sólo de la Bancada oficialista hoy aquí presente-  escucha y tiene en cuenta la  opinión de las partes interesadas. Esto lo van a  apreciar cuando estemos discutiendo los  artículos y cuando los

 

 

llamemos antes de votar, si estimamos que tenemos que hacer  otra consulta más. Les agradecemos vuestra  presencia en esta Comisión.

                Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 17 y 41 minutos)