SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 40 minutos)

                Los integrantes de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que tiene a estudio el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al año 2007, tienen mucho agrado en recibir a la delegación de funcionarios del Tribunal de Cuentas. Les cedemos el uso de la palabra, luego de advertirles que cuentan con diez minutos para hacer su exposición, dado el elevado número de audiencias que tendrá que atender esta Subcomisión.

SEÑORA SANTINELLI.- Como Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Tribunal de Cuentas, quiero agradecer a la Comisión por recibirnos en el día de hoy.

                Nos interesa plantear con énfasis que los artículos 397 y 398, tal como están redactados y que fueran aprobados por la Cámara de Representantes, relativos al Inciso 17, cuentan con total aceptación de todos los funcionarios y de la Asociación de funcionarios del Tribunal de Cuentas. Estos artículos refieren a un incremento del incentivo al rendimiento y a la redistribución de los porcentajes del Fondo de Libre Disponibilidad de uno con cinco por diez mil. Esto permitiría que el 70% de su recaudación se aplicara como beneficio a los funcionarios y el 30% para gastos del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, queremos dejar claro, sobre todo en lo que tiene que ver con la redistribución de los porcentajes de la recaudación, que no se trata de una disminución, como dijeron los miembros del Tribunal de Cuentas en oportunidad de ser recibidos por esta Comisión el viernes pasado, sino que es una redistribución que mantiene el mismo crédito presupuestal que ha tenido hasta ahora este organismo respecto a ese Inciso. Inclusive, con nuestra propuesta hemos presentado un cuadro en el que mostramos  -en base a ejecuciones pasadas- una proyección hasta el año 2009, que demuestra que el 30% aprobado por la Cámara de Representantes para los gastos de funcionamiento es suficiente para solventarlos, puesto que los porcentajes de ejecución han representado bastante menos del 60% que el Tribunal tiene hasta ahora.

Quisiera referirme también a las palabras del señor Representante Gamou quien, en oportunidad de recibir a los miembros del Tribunal en la Comisión de Presupuesto, dijo que el 30% que votó aquella Cámara para los gastos de funcionamiento del Tribunal no era una cifra caprichosa sacada de la galera. Eso es cierto porque, en definitiva, esta cifra tiene un sustento numérico y, al respecto, los señores Senadores cuentan con el cuadro que hemos preparado y que mencioné anteriormente.

                Otra aclaración que deseo hacer para que quede constancia en la versión taquigráfica es que, desde que el Poder Ejecutivo presentó el Mensaje de Rendición de Cuentas del Tribunal al Parlamento, esta Asociación no tuvo contacto con los miembros del Tribunal.

                Por otra parte, quisiera referirme a un artículo que propuso la Asociación de Funcionarios y que no fue recogido por el Tribunal ni por la Cámara de Representantes, pero es deseo -hemos luchado por eso- de la Asociación, como de todos los funcionarios, que se tenga en cuenta la presupuestación de 33 funcionarios técnicos contratados en el régimen de contrato de función pública. Se trata de funcionarios que en su momento fueron pasantes, habían sido elegidos por la Universidad de la República, en un convenio con el Tribunal, y luego fueron contratados, en el régimen mencionado, en base a lo dispuesto en la Ley Nº 17.930.

                Quiero resaltar que el Tribunal es un organismo cuyo producto es esencialmente técnico y necesitamos reforzar nuestro cuerpo para ir avanzando, tanto desde el punto de vista de la calidad, como de la oportunidad. Por eso solicitamos que estos 33 técnicos sean presupuestados, ya que representan un 10% del total de funcionarios del Tribunal de Cuentas. También es importante destacar que cada vez que se renueva el contrato a estos funcionarios, se les hace una evaluación por parte de los jerarcas de los respectivos departamentos donde trabajan, y cabe destacar que cada una de ellas ha sido altamente positiva. Por lo tanto, la Asociación de Funcionarios no entiende por qué el Tribunal de Cuentas excluye a estos funcionarios -insisto que hasta ahora se han renovado los contratos con evaluaciones positivas- del derecho a desarrollar una carrera administrativa, cosa que podrían hacer en el caso de ser presupuestados. Dado que se trata de personas jóvenes, egresadas de la Universidad y de otras Escuelas también pertenecientes a ella, queremos dejar constancia de que es la nueva generación con la que contará el Tribunal de Cuentas. Este organismo debe avanzar en lo que refiere a la renovación de generaciones; cuenta con nosotros que ya somos un poquito viejos dentro del Tribunal de Cuentas, pero aunque vamos atesorando experiencia en cuanto al trabajo, pensamos que hay que sumar al equipo esa gente nueva. Por estas razones creemos que es necesaria la presupuestación para que los funcionarios se vean incentivados en el desarrollo de una carrera administrativa que, en definitiva, es un derecho de todos los funcionarios públicos.

                Queremos destacar que si se presupuestara a estos funcionarios, no habría un incremento de costos para el Estado -porque seguirían percibiendo la misma retribución que hasta ahora- ni se vulneraría la carrera administrativa de otros funcionarios, dado que ingresan por el escalafón más bajo, que es el A10.

                Entonces, solicitamos a los señores Senadores que tengan la amabilidad de estudiar y evaluar un artículo que hemos propuesto para que esos funcionarios se transformen de contratados en presupuestados, y en un marco de una ley vigente, porque la Ley Nº 18.172, que corresponde a la Rendición de Cuentas anterior, les ha dado este derecho a los funcionarios de la Administración Central. De manera que simplemente pretendemos que los funcionarios del Inciso 17, “Tribunal de Cuentas”, tengan la posibilidad de acceder a algo que ya tienen otros funcionarios públicos.

                Agradecemos a la Subcomisión por habernos recibido, reafirmando la expectativa y la esperanza de que el Senado mantenga los artículos votados por la Cámara de Representantes, tanto en su espíritu como en sus términos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación de funcionarios del Tribunal de Cuentas por la concisión y claridad de su exposición.

(Se retira de Sala la delegación de funcionarios del Tribunal de Cuentas)

(Ingresa a Sala una delegación del Sindicato Único de Trabajadores de INAU)

La Subcomisión de Audiencias tiene mucho gusto en recibir a una delegación del Sindicato Único de Trabajadores de INAU.

                Ante todo quiero informarles que disponen solamente de diez minutos para realizar su exposición, porque tenemos 19 audiencias concedidas para la mañana de hoy. De modo que, lamentablemente, no hay mucho tiempo, pero de todas formas se puede ser claro y conciso al mismo tiempo.

SEÑOR LÓPEZ.- En mi calidad de Presidente del Sindicato de INAU, debo decir que en estos breves minutos vamos a priorizar algunos de los aspectos comprendidos en la Rendición de Cuentas y en el Mensaje enviado por el Directorio del Instituto, que es diferente al del Poder Ejecutivo y que pensamos se adecua algo más a la realidad institucional.

Como ustedes saben, nuestra Institución ha atravesado y atraviesa momentos bastante difíciles, sobre todo en relación con la cantidad de recursos humanos con que cuenta; ese es nuestro mayor déficit. Con relación a esto se han previsto un par de artículos, uno de los cuales tuvo andamiento en la Cámara de Representantes y es el que tiene que ver con la trasposición desde el grupo Funcionamiento al grupo Cero, a fin de posibilitar el ingreso de más personal. A esto se suma que tenemos que prever la salida de cerca de 400 funcionarios a raíz de los incentivos jubilatorios, más otros 200 que ya están en condiciones de retirarse, y esta situación nos coloca en una posición muy compleja.

                Con el Directorio hemos acordado la posibilidad de que se consideren algunos de los reclamos que figuran en el mensaje enviado por este organismo. Sin embargo, insisto en que todo lo que tiene que ver con el incremento del grupo Cero, no para destinarlo a aumentos salariales, sino para posibilitar el ingreso de personal, es primordial para nuestra Institución. Pretendemos, entonces, que se tenga en cuenta esta situación, que no ha sido planteada solamente por nuestra parte, sino también por el Directorio del INAU.

                Otro punto que consideramos muy importante es el que tiene que ver con la situación que viven unas 400 trabajadoras que están desempeñando sus tareas, pero lamentablemente no tienen salario. Me refiero a las cuidadoras de alternativa familiar o de hogares sustitutos, a quienes se les efectúa el descuento por Montepío y por IRPF y cobran aguinaldo, pero no reciben salario personal por su tarea. Estas personas trabajan las veinticuatro horas del día con los niños del INAU, en su propia casa, y no cobran una retribución  personal, sino que lo hacen por la alimentación  y manutención de los chicos que tienen a su cargo. No tienen beneficios desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo y tampoco gozan de licencias.

Nuestro planteo es que se incluya un artículo que permita que este sector de trabajadoras tenga un salario mínimo nacional como retribución personal, a fin de que no dependan solamente de esa manutención  por niño que actualmente reciben, la que, en los últimos tiempos, además, ha sufrido algunos descuentos que la hacen todavía menor. La señora Cortés puede exponer con mayor claridad esta situación.

SEÑORA CORTÉS.- Soy cuidadora de alternativa familiar de INAU y represento a las demás compañeras ante el Sindicato.

                Somos más de 485 mujeres que tenemos cerca de 1.531 niños a cargo, con los que trabajamos y vivimos en nuestras casas las veinticuatro horas del día. Se nos realizan los descuentos jubilatorios para el Banco de Previsión Social por cuarenta horas semanales, pero no tenemos ningún beneficio. Para nosotras es imprescindible que en esta Rendición de Cuentas se apoye el proyecto de ley que ha enviado el Sindicato, a fin de que tengamos una relación vincular en forma laboral con el INAU, pues de hecho somos trabajadoras, pero no se nos reconoce como tales.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber si están en régimen de empresa unipersonal y, a su vez, si al descontárseles el aporte al Banco de Previsión Social,  tienen acceso a los beneficios de DISSE. Asimismo, me gustaría saber cuál es su remuneración.

SÑEOR CORTÉS.- No estamos en régimen de empresa unipersonal y no tenemos atención por DISSE. Por tanto, cuando nos enfermamos tenemos  que recurrir al nuevo sistema, o sea, el FONASA, al que tenemos acceso luego de que fuera conseguido por nuestro sindicato. Y lo único que se nos descuenta es para la jubilación.

En definitiva, no tenemos ningún beneficio.

                Por otra parte, en este momento la retribución por niño es de $ 2.836 por mes.

                Otro aspecto que es bueno aclarar es que nosotras -tal como lo señaló la licenciada Álvarez-  no somos consideradas como trabajadoras. Hemos pedido copia de los reglamentos que hemos firmado, pero no nos han llegado. En realidad, no existen copias porque lo único que nos hicieron firmar es un documento en el que consta la cantidad de niños que tenemos a cargo.

Entonces, no existe nada que nos vincule laboralmente con la institución, salvo un recibo en donde figura que nos descuentan Montepío, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, los aportes al FONASA, etcétera. 

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Cuántos niños tiene a cargo cada cuidadora y cuál es la estimación del personal que estaría faltando en la Institución?

SEÑOR LÓPEZ.- Voy a comenzar contestando la última pregunta. Desde el punto de vista de los recursos humanos, la situación es la siguiente. Más allá de que han ingresado a la Institución alrededor de 400 nuevos trabajadores -por contratos democráticos y transparentes, con tribunales integrados por el Directorio de la Institución y el Sindicato- el problema que tenemos actualmente es que se han ido más de 400 personas. Entonces, según un informe del propio Directorio -es decir, la memoria y balance anual del año 2007- seguimos teniendo la misma cantidad de funcionarios que antes de que ingresaran las actuales autoridades, en el 2005.  Esto significa que, en cuanto a recursos humanos, tenemos un gran déficit. El acuerdo con el Directorio tiene que ver con la posibilidad no sólo de absorber 400 funcionarios por los que se retiraron con los incentivos jubilatorios, sino también de retener a 200 compañeros que están al borde de la jubilación y dispuestos a aceptar el incentivo jubilatorio. Además, se plantea tener un plus para pasar de los 3.700 a 4.000 trabajadores, ya que hablamos de una Institución que se ocupa de más de 200 servicios de atención directa y que brinda todo el apoyo técnico, por ejemplo, al área de espectáculos públicos. En fin, se trata de una cantidad de áreas que exigen tener mucho personal.

En definitiva, pedimos que se considere la solicitud de rubros planteada por el Directorio para el ingreso de alrededor de 800 a 1.000 nuevos funcionarios, que cubrirían no sólo los cargos de atención directa, sino también los cargos técnicos, relacionados con los programas de calle y administrativos. De esa manera, esperamos resolver  la angustiante situación actual originada, precisamente,  debido a que mucha gente se ha ido.

                En síntesis, para cubrir el personal que falta sería necesario tomar alrededor de 800 nuevos trabajadores, de manera de poder cubrir todas las áreas de la Institución, fundamentalmente,  el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil -área que ha estado muy desprotegida- de donde depende, por ejemplo, la Colonia Berro que, como los señores Senadores saben, está pasando por un momento bastante delicado.

                Con respecto al tema de las compañeras cuidadoras de hogares sustitutos, volvemos a reiterar que este núcleo de 480 trabajadoras tiene a cargo más de 1.530 chiquilines, quienes dependen directamente de la atención de estas compañeras en su propia casa. Es decir, atienden a los niños del INAU en sus hogares las 24 horas del día.

Asimismo, el monto o la retribución que se paga mensualmente depende de la cantidad de niños que se tenga a cargo. Algunas compañeras han llegado a tener hasta 10 niños en su casa, producto del desborde institucional que existe y de la demanda que se observa como consecuencia de la situación social del país. Normalmente, las cuidadoras no deberían tener más de 4 niños a su cargo, y la gran mayoría efectivamente cuida entre 3 y 4, pero en algún caso extremo se ha llegado a 10 niños. No estamos de acuerdo con ello, porque las compañeras también tienen que atender su vida familiar y muchas veces se ven desbordadas.

                Como dije antes, hay alrededor de 400 compañeras que se encuentran en distintos puntos del país y en todos los departamentos existe un número importante de niños que se encuentran comprendidos en este régimen de atención de alternativa familiar, modalidad a la que creemos que hay que seguir apostando. Así lo ha definido el Directorio pero, lamentablemente, en su Mensaje no está contemplada la posibilidad de que perciban un salario mínimo, que junto a la retribución que reciben por mantener a esos niños les permitiría acceder a algún otro beneficio como trabajadoras. Por el contrario, vemos que trabajan las 24 horas del día y eso no les es reconocido.

SEÑORA TOPOLANSKY.-  Me gustaría saber si los niños que reciben atención mediante este sistema cobran Asignación Familiar.

SEÑORA CORTÉS.-  Nosotros cobrábamos el beneficio de Asignación Familiar en la retribución hasta diciembre de 2007.  A partir de enero de 2008, la Institución se queda con la Asignación Familiar, monto que iría a conformar una cuenta que se les entregaría a los niños cuando egresen al cumplir 18 años.

SEÑOR SALABERRY.- Quisiera hacer una aclaración. De los $ 96:000.000 que se piden en el Mensaje del Directorio para el Rubro 0, se fundamenta que $ 10:000.000 se destinarían a compensar a las cuidadoras por el retiro de la Asignación Familiar. No obstante, eso no figura dentro de lo que ha sido votado en la Cámara de Representantes. Solo se planteó una transposición de $ 40:000.000, que básicamente se destinaría al ingreso de personal, pero también se pedirían $ 10:000.000 para compensar la reducción del beneficio de la Asignación Familiar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, les agradecemos la visita y los comentarios vertidos.

(Se retiran de Sala los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del INAU.)

(Ingresan a Sala los representantes de los Químicos Farmacéuticos agrupados en la  Gremial de Químicos Farmacéuticos de la DIGESA.)

                Muy buenos días.  La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, que estudia la Rendición de Cuentas, tiene mucho gusto en recibir a las señoras Químicas Farmacéuticas agrupadas en la Gremial de Químicos Farmacéuticos de la DIGESA, a quien con agrado les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA BUSTAMANTE.-  En primera instancia, vamos a presentarnos. Venimos en representación de los Químicos Farmacéuticos de la División Productos de Salud, de la DIGESA, Ministerio de Salud Pública. Dicha División se encuentra organizada actualmente en tres Departamentos: Medicamentos; Cosméticos, Alimentos y otros, y Tecnología Médica. En dichos Departamentos están establecidas dos tareas bien definidas que, en general, son llevadas a cabo por técnicos diferentes: una de Evaluación de Productos y otra de Inspección de Empresas, ambas con carácter de contralor sanitario.

                Creímos pertinente presentarnos ante esta Comisión en virtud de la situación actual dentro del Ministerio de este grupo de profesionales y de la inminente reforma de la DIGESA, que afecta a parte de los profesionales.

                Actualmente el Parlamento se encuentra analizando el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, en el cual el Ministerio de Salud Pública ha solicitado rubros para llevar a cabo una reforma de la Dirección General de la Salud, que implicaría cambios a nivel laboral y salarial de varios de los profesionales de la División. Más específicamente, en el artículo 283 se solicita el dinero destinado a las retribuciones personales de un grupo de funcionarios con tareas inspectivas y condiciones laborales que habían sido establecidas anteriormente en el artículo 235 de la Ley Nº 18.172, de Presupuesto del año 2007 y, además, en el artículo 284 se añade una partida a los efectos de financiar la reestructura de los puestos de trabajo de dicha unidad ejecutora.

                Según lo informado por las autoridades de la DIGESA, estamos en conocimiento de que se crearía un cuerpo inspectivo denominado “División de Fiscalización”, que desarrollaría tareas inspectivas. Dentro de dichas tareas estarían incluidas las realizadas, en este momento, por los Cuerpos Inspectivos de la División Productos de Salud y de la División Servicios de Salud, también perteneciente a la DIGESA. Como hemos manifestado a nuestras autoridades, consideramos que las condiciones salariales planteadas para los profesionales que integren este cuerpo inspectivo no concuerdan con las exigencias del cargo, ya sea que se considere la carga horaria, la disponibilidad para viajar al interior, las condiciones de incompatibilidad y/o la función de fiscalización que debe cumplirse.

                Creemos que el espíritu de esta reforma, de acuerdo con lo que ha sido manifestado por las autoridades, está en total concordancia con los objetivos de este Gobierno, en primera instancia, reforzando una función de contralor del Ministerio de Salud Pública que asegure el cumplimiento de los objetivos de la Reforma de la Salud recientemente implementada y, en segundo lugar, optimizando la función de los Cuerpos Inspectivos del Estado, aumentando la dedicación de los funcionarios, la transparencia de su accionar y su compromiso con la gestión, como ya se ha realizado en otras dependencias del Estado. Desde el inicio de este proyecto hemos apoyado, en términos generales, los fundamentos genéricos de esta reforma que ya fueran anunciados, con la convicción de que es imprescindible en el marco de las reformas planteadas y con los fines antes mencionados.

                Sin embargo, una vez que se nos presentaron lineamientos más concretos respecto a la mencionada reforma, se generaron una serie de discrepancias que han derivado en una situación de conflicto con las autoridades.

                Las principales discrepancias que tenemos son las siguientes.

                El salario planteado para los inspectores de esta División de Fiscalización es de $ 32.000 nominales con una carga horaria de 40 horas semanales, en los cuales se encuentra incluido un plus de un 20% por cumplimiento de gestión. Esto implica que el sueldo base del inspector es de aproximadamente $ 26.500. En función de las responsabilidades y exigencias planteadas para el cargo y la carga horaria, este salario se encuentra muy por debajo de las remuneraciones establecidas para los funcionarios que se encuentran ejerciendo tareas similares en otras reparticiones del Estado, en condiciones parecidas, y en el marco de reformas llevadas a cabo por esta Administración. La diferencia de salarios es más que importante y destacable, y creemos que esto contradice la premisa de que a tareas similares deben corresponder remuneraciones similares.

                Entre  las condiciones laborales que se establecen para los integrantes del mencionado cuerpo inspectivo, se incluye la de incompatibilidad, en términos que las autoridades aun no han establecido claramente, pero que, en virtud de lo expresado por ellas, implicaría la exclusividad para el desempeño profesional de los químicos farmacéuticos. Teniendo en cuenta la definición profesional y las competencias de este profesional, la limitación del ejercicio a ámbitos no controlados por el Ministerio de Salud Pública, implica una exclusividad de hecho. Hasta el momento, las autoridades se han resistido a denominarla de esta manera debido a que el Ministerio de Salud Pública no estaría en condiciones de remunerarla adecuadamente.

                El resto de los técnicos profesionales que no integren este cuerpo de fiscalización y que también desempeñan tareas con carácter de policía sanitaria, fundamentalmente a nivel de la documentación e información de los productos en el área de la salud, se mantienen al margen de la reforma implementada y sus condiciones salariales están sumergidas y no tienen perspectiva alguna de mejora.

                En virtud de lo antedicho, y teniendo en cuenta que un grupo importante de los profesionales mantendría las condiciones laborales y salariales actuales, creemos de vital relevancia destacar el hecho de que la función del químico farmacéutico en el Ministerio de Salud Pública se encuentra desvalorizada y que no hemos sido tenidos en cuenta en ningún tipo de recuperación salarial llevada a cabo durante este período de Gobierno, más allá de las que nos corresponden como funcionarios de esta Cartera, a diferencia de la situación de los profesionales médicos, cuyos salarios se han visto triplicados y que inclusive han negociado futuros incrementos salariales. Esta reivindicación no la hacemos solo los químicos farmacéuticos de esta División, sino que actualmente los químicos farmacéuticos de ASSE han manifestado la misma inquietud, la cual se encuentra totalmente respaldada por la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. El químico farmacéutico es un profesional de la salud cuya función, ya sea en el ámbito asistencial como en el de contralor, es fundamental para el desarrollo exitoso de un Sistema Nacional Integrado de Salud, pero esto no ha sido reconocido hasta el momento dado que no han existido mejoras salariales ni se ha incluido en la Ley de Presupuesto actual artículo alguno que lo contemple. Cabe destacar que la remuneración de un químico farmacéutico en el Ministerio de Salud Pública, expresado en términos de salario/hora, es en general de menos de un 50% de la de un médico en los términos establecidos luego de las negociaciones con el Sindicato Médico del Uruguay.

                Entendemos de fundamental importancia solicitar hoy a esta Comisión que la futura reglamentación -probablemente un Decreto Presidencial en el que se concrete la reforma de la DIGESA- sea considerada y analizada por este Parlamento, incluyendo las consideraciones de quienes reunimos la doble condición de funcionarios ministeriales y profesión Química Farmacéutica. Digo esto sin perjuicio de continuar con nuestros esfuerzos por establecer un diálogo productivo con nuestros jerarcas.

                Para concluir, solicitamos sean considerados en el marco de la presente Rendición de Cuentas los fondos necesarios para lograr una mejora en los salarios de los químicos farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública, tanto de aquellos que formen parte de la nueva estructura, así como de los que no sean incluidos en esta primera instancia.

SEÑORA FLEITAS.- Simplemente quiero agregar que agradecemos a los miembros de esta Comisión por escucharnos y participar de nuestra inquietud y preocupación.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Me gustaría saber cuántos son los químicos farmacéuticos que se encuentran en esta situación.

SEÑORA FLEITAS.- Somos aproximadamente 34 químicas farmacéuticas, todas mujeres.

SEÑOR MICHELINI.- No sé si la delegación nos acercó algún texto con una posible solución; si no es así, sería bueno que nos dieran su opinión sobre cómo se podría resolver esta situación -lo digo sin ánimo de generar falsas expectativas-  a través de un artículo que los señores Senadores podamos tener como material de trabajo.

SEÑORA FLEITAS.- En el día de ayer comenzamos una instancia de conversaciones. Aclaro que no se nos reconoce como grupo gremial y ese es un aspecto que debemos ajustar, porque este tipo de actividades y de reivindicaciones para nosotras es una experiencia totalmente nueva. Por lo tanto, no creímos oportuno venir hoy con un planteo. Estamos esperando que las autoridades nos escuchen, hacerlo también nosotros, y llegar a un lineamiento un poco más concreto. Todo lo que nuestra compañera leyó tiene que ver con elementos que hemos ido recogiendo en sucesivas instancias y reuniones, muchas de ellas promovidas por nosotras y, en algún caso, también por la autoridad.

                Estamos apostando  al diálogo;  no  tenemos  inconveniente en plantear -tanto a los jerarcas como a esta Comisión- alguna solución alternativa, porque ya tenemos algunas propuestas discutidas y conversadas, aunque desconocemos su viabilidad global.

SEÑORA DALMÁS.- Quería advertir a nuestras visitantes y a los señores Senadores, que nos estamos refiriendo al artículo 310, correspondiente al Ministerio de Salud Pública. Allí se prevé una partida para la DIGESA, que se podrá utilizar para el grupo 0 en función de una reestructura de la propia Dirección General de Salud.

                Quiere decir que se está habilitando una partida para una reestructura que se va a realizar y sobre ese tema advierto que, si bien es importante, no tenemos posibilidad de incidir hoy a través de un artículo, porque es de resorte interno, de negociación interna del propio Ministerio de Salud Pública.

Creo que es importante que quede constancia de esta aspiración en la versión taquigráfica, aunque me permito dudar de que la podamos concretar en un artículo específico porque, como dije, involucra una reestructura a realizar y a negociar internamente en el Ministerio.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En lo personal, quiero decir que he recibido cierta información en el sentido de que alguna gente ha quedado fuera de la consideración del grupo de químicos farmacéuticos, sobre todo en el interior. Más adelante vamos a conversar sobre este tema en particular.

SEÑORA FLEITAS.- ¿Gente del interior?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, sería gente que viene del interior y que tiene responsabilidad en estos cargos.

SEÑORA FLEITAS.- Tal vez sea la gente de ASSE.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todos modos, vamos a conversar después sobre el tema, porque también se trata de un problema que se va resolver internamente en el Ministerio; no lo podemos solucionar aquí por medio de ningún artículo.

                La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado agradece la presencia de los representantes del sector de químicos farmacéuticos de la División Productos de Salud de la Dirección General de la  Salud del Ministerio de Salud Pública.

(Se retira de Sala la delegación de químicos farmacéuticos de la DIGESA)

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda tiene el agrado de recibir a la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional a los efectos de escuchar su posición con respecto a la Rendición de Cuentas.

                Sin más trámite, les cedo el uso de la palabra para que nos brinden su punto de vista al respecto, aclarándoles que cuentan con diez minutos para hacerlo ya que la agenda de hoy es muy apretada.

SEÑOR BAZZANO.- En primer lugar, queremos agradecer a las señoras Senadoras y a los señores Senadores por habernos recibido.

Al abordar el tema trataremos de ser muy puntuales y concretos, más allá de que podríamos hablar extensamente de las dificultades que tiene la Biblioteca Nacional; hicimos lo propio ante la Cámara de Diputados, expresando que pensamos que nuestra institución sigue siendo la cenicienta de la Administración Central, a pesar de que en esta Rendición de Cuentas ha habido algunos aportes y créditos presupuestales que creemos que servirán para seguir avanzando en tratar de cubrir sus necesidades de  modernización.

                Los tres puntos que queremos plantar son los siguientes.

                El primero, a nuestro entender, tiene carácter meramente técnico y tiene que ver con la apertura del crédito en el objeto de gasto 578.099, que es el que permite el pago a través del Fondo de Promoción Social de la Biblioteca Nacional, que se divide en un 20% para gastos de funcionamiento e inversiones de la institución y un 80% para ser distribuido entre los funcionarios. Hoy ese Fondo se nutre con unos escasos proventos que genera la Biblioteca Nacional y con las economías del grupo 0, tal como lo establece el artículo 389 de la Ley Nº 16.170. El problema es que el crédito es muy limitado, de solo $ 751.000, por lo que todos los principios de año, cuando llega el momento de hacer efectivo el pago de esas economías, se produce un engorroso proceso para lograr la ampliación del crédito y poder dar cumplimiento efectivo a la ley.

                Por lo tanto, planteamos que la apertura del crédito se inicie con $ 4:000.000 o $ 5:000.000 y no con $ 751.000 anuales. Esto no implica dinero, sino simplemente la posibilidad de gastar lo que genuinamente se genera, por lo que pensamos que no habría problemas. Es más, lo discutimos previamente con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura -incluida la Ministra, ingeniera María Simón- y se nos dijo que iba a ser modificado en el Mensaje del Poder Ejecutivo.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber si en este momento no hay ningún artículo de referencia en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR BAZZANO.- Nosotros no lo vimos; inclusive, no sabemos si es necesario aprobar un artículo o si tal vez puede ser resuelto a través de una modificación del planillado. En realidad, las aperturas de crédito están previstas en los anexos complementarios del articulado. De todas maneras, no tenemos información de que haya sido introducido por la Cámara de Representantes.

                El segundo punto tiene que ver con la apertura de la Biblioteca Nacional los fines de semana. Para nosotros esto es muy importante, ya que se trata de un servicio que se está brindando a toda la sociedad uruguaya, que no puede concurrir a la Biblioteca de lunes a viernes. En ese sentido hicimos un convenio con el Director de la Biblioteca Nacional, doctor Tomás de Mattos, por el cual el rubro previsto para el pago de “mayor responsabilidad” -que a partir de la Rendición de Cuentas del año 2005, en la mayoría de las unidades ejecutoras ha sido incorporado al sueldo de los funcionarios- se utiliza para el pago de estos días trabajados. O sea que, con la partida prevista en el Presupuesto para “mayor responsabilidad”, financiamos el trabajo de los días sábados. Sin embargo, como esa partida es del orden de los $ 265.000 anuales, lamentablemente no alcanza para cubrir el trabajo de todos los sábados del año; apenas cubre aproximadamente cuatro meses.

                La Cámara de Representantes fue receptiva a nuestro planteo y aprobó un artículo -el 293- que establece la posibilidad de otorgar a la Biblioteca Nacional el crédito previsto para el pago de horas extras y $ 500.000 adicionales del objeto 057, que es el que está previsto para la contratación de becas y pasantías, a los efectos de financiar la apertura de la Biblioteca Nacional los días sábados y domingos. Además de que esto implica un aumento de nuestra responsabilidad, pensamos que con ese dinero podríamos mantener la Biblioteca abierta durante todos los sábados y domingos del año. Lo que sucede es que la redacción del artículo 293 establece que las retribuciones de los funcionarios se pagarán de acuerdo con la reglamentación del Poder Ejecutivo y según establece el TOFUP, y los días inhábiles se pagan sobre la base del 1,25% del salario habitual, medido en unidades hora. Hay que tener en cuenta que las remuneraciones de los funcionarios de la Biblioteca Nacional son tan bajas, que ese 1,25, que representa un 25% adicional al sueldo por trabajar los sábados y domingos, termina siendo una cifra muy poco atractiva a la hora de sacrificar jornadas de descanso. Entonces, planteamos que se modifique la redacción dada por la Cámara de Representantes y se faculte a la Dirección de la Biblioteca Nacional para que, a través de una reglamentación interna, fije el monto de las retribuciones de los funcionarios que concurran a trabajar los sábados y domingos. Esto permitiría elevar un poco más la cifra a pagar, puesto que tal como está redactado estamos hablando de jornales de $ 300, lo que llevaría a correr el riesgo de que la mayoría de los funcionarios no se presentaran a trabajar por ese dinero. Por lo tanto, planteamos una nueva redacción para el artículo 293, dándole la facultad al Poder  Ejecutivo de poder fijar el monto de las retribuciones. De todos modos, con los montos asignados, la mayor responsabilidad que se nos da y lo previsto por la Cámara de Representantes, podremos mantener abierta la Biblioteca los sábados y domingos durante los doce meses del año.

                Por último, si bien no tiene que ver directamente con esta Rendición de Cuentas, queremos hacer hincapié en la situación que se plantea con respecto a una disposición que se aprobó en una anterior Rendición. Específicamente, esto tiene que ver con la Rendición de Cuentas de 1991, y quizás los señores Senadores se preguntarán qué tiene que ver algo que ocurrió en aquel año con lo que está sucediendo en el 2008. El hecho es que en aquella Rendición de Cuentas, en la Ley Nº 16.320, se incluyó el artículo 265, por el cual se creó un impuesto del 5% al valor de comercialización de las obras de arte u objetos históricos. Lamentablemente esto nunca se puso en práctica y no se cumplió con lo establecido por la ley. Sucesivos Gobiernos y Administraciones, por distintos motivos fueron postergando o dilatando la reglamentación de este artículo. Cabe destacar que en diciembre de 1997 se redactó un decreto que intentó reglamentarlo, pero en febrero del año siguiente se elaboró un nuevo decreto que derogó el anterior. Por lo tanto, la reglamentación de este impuesto solamente duró dos meses. Sin embargo, en los años 2003 y 2004,  bajo la Presidencia de Jorge Batlle y siendo el doctor Guzmán el Ministro de Educación y Cultura, se avanzó bastante en este tema porque se creó una Comisión integrada por representantes de esa Cartera y del Ministerio de Economía y Finanzas, que tenía la finalidad de redactar un proyecto de reglamento. Efectivamente, se hizo un proyecto de decreto reglamentario, que contó con el visto bueno de las Asesorías Jurídicas del Ministerio de Economía y Finanzas y la de Macro Economía. También recibió una observación de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas  que se reitera este año, en la que se expresa que desde el punto de vista jurídico no hay ningún tipo de objeción a que el decreto se apruebe y, por lo tanto, el impuesto se haga operativo, sin embargo, plantea que esto no se considera conveniente y que no se condice con la política económica del gobierno de reducir impuestos a través de la reforma tributaria. Ante esto, más allá de que reconocemos que el contador Gonzalo Aguiar, jefe de la Asesoría Tributaria, tiene todo el derecho del mundo de hacer esta observación, también entendemos que un contador del Ministerio de Economía y Finanzas no puede desconocer la ley.

                Por lo tanto, la pregunta que formulamos a los señores Senadores es si efectivamente habrá voluntad para que esta ley se cumpla y, en el caso de que se decida derogarla -porque para que no se cumpla, habría que derogarla- nos gustaría saber qué medidas se tomarán para compensar la pérdida y la frustración de las expectativas que tienen, tanto la Biblioteca Nacional, como la Comisión de Patrimonio Histórico, que son los directos beneficiarios de lo que se recaudaría por este impuesto.

                Podemos dejar a la Subcomisión un proyecto de decreto para que puedan analizarlo y solicitamos que eleven al Poder Ejecutivo nuestra preocupación, debido a que después de tantos años todavía sigue pendiente de reglamentación un impuesto creado en el año 1992 que, además, contó no sólo con el visto bueno y los votos sino con la participación activa en su redacción de algunos señores Senadores, entre ellos el arquitecto Mariano Arana y el actual Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori.

                Era cuanto queríamos manifestar.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.-  La Presidencia entiende que la Subcomisión puede disponer trasladar esta parte de la exposición directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, porque no puede establecer una disposición que diga “Cúmplase la ley”, ya que es obligatorio que así suceda.

                De modo que la Presidencia dispondrá que se tome la parte de la versión taquigráfica relativa al cobro de este impuesto y se remita al Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que se ponga en práctica.

Muchas gracias por su exposición y su presencia.

(Se retira de Sala la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional)

([Ingresa a Sala la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte (AFDNT)]

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que tiene a estudio el proyecto de Rendición de Cuentas, tiene mucho gusto en recibir a la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte (AFDNT), a quienes concedemos la palabra para que hagan conocer su punto de vista.

SEÑOR FERRARI.- Mi nombre es Jorge Ferrari y soy directivo de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte.

                Ante todo quiero agradecer a la Subcomisión por recibirnos en el día de hoy.

                El tema que nos trae es la situación de los becarios en la Dirección Nacional de Transporte. Sabemos que esta situación ha sido expuesta por la Confederación de Funcionarios del Estado -COFE- a nivel general, porque es un tema que se da en toda la Administración Central, pero en nuestro caso venimos a plantear, concretamente, la problemática de nuestra oficina.

                Nosotros nos hemos ocupado de que los propios interesados en el tema expusieran la situación, de modo que voy a ceder la palabra a la compañera becaria Jessica Barbas.

SEÑORA BARBAS.- A la fecha, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas somos un total de 175 becarios, que ingresamos en varias tandas. La urgencia de nuestro planteamiento está motivada por el hecho de que 50 de estos contratos vencerían el día 30 de setiembre del corriente año. Por supuesto que desde un comienzo entendimos por qué fuimos contratados, pero con el correr del tiempo estos contratos fueron desvirtuados, con respecto tanto a las funciones como a la parte de certificación de documentos, manejo de valores, etcétera. En estos casos hemos sido requeridos por los jerarcas y somos indispensables en nuestras oficinas de trabajo.

                Por parte del Director se nos prometió un llamado a concurso hace más de un año, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Por ese motivo venimos a exponer nuestra problemática. Insisto en que, por los vencimientos, que ya están muy cercanos, necesitamos una respuesta, y queremos que quede claro que somos necesarios dentro de este Ministerio, por la falta de personal, y también para nosotros es imprescindible el trabajo.

SEÑOR RECAETA.- Mi nombre es Hugo Recaeta y soy directivo de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte.

                Por mi parte quiero aclarar algunos aspectos de la exposición de motivos que ha realizado la compañera.

En primer lugar, señalo que del relevamiento que realizamos al mes de mayo de este año, surge que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con 3.921 funcionarios, de los cuales 1.129, es decir, un 29%, son mayores de 56 años. Realmente, vemos con gran preocupación esta situación, porque el Ministerio tiene grandes carencias de personal. Nuestro ejecutivo y la propia Administración entienden, en virtud de la gran problemática de los últimos años, que muchas vacantes no han podido ser cubiertas, lo cual ha generado la actual situación. Vemos que tenemos la hermosa oportunidad de contar con un grupo de becarios que han sido preparados, que han trabajado y demostrado capacidad en sus funciones, y quisiéramos que los señores Senadores pudieran tomar alguna medida a los efectos de que se aproveche el cúmulo de conocimientos de estos funcionarios en sus áreas respectivas. De esta manera se podría evitar que nuestro Ministerio, en general, y la Dirección Nacional de Transporte, en particular -que cada día cuenta con menos funcionarios para cumplir con una de las tareas más importantes, como es el contralor del transporte a nivel nacional, para lo que solamente dispone de 325 funcionarios- entren en una debacle. Sabemos que en virtud del artículo 362 de la Ley Nº 15.809, el Ministerio tiene la posibilidad de de incorporar funcionarios públicos bajo la modalidad de eventual y en forma directa. Aunque entendemos que esta problemática está generalizada y que los Legisladores se ocupan de los problemas a nivel nacional y no puntual, creemos que aquí existe una posibilidad de solución que merecería ser tenida en cuenta.

                Solicitamos que a este planteo se le dé la importancia debida, porque para nosotros es algo fundamental que el Estado continúe funcionando como tal, con funcionarios públicos. Dadas las carencias existentes, se ha esgrimido otro tipo de situaciones que han permitido que la intervención de privados sea mayor y con una cuota de poder también mayor en la órbita estatal, y esto es algo que no consideramos buena cosa.

SEÑOR FERRARI.- Con referencia al contrato que los becarios firmaron, es claro que ellos estaban en conocimiento tanto de su vencimiento como de los derechos y obligaciones que allí se estipulaban. En su numeral 3) se especifica que el régimen de becarios de que se trata no otorga la calidad de funcionario público al becario. Por supuesto que ellos lo saben, pero lo que no sabían era cuáles eran las tareas que debían desempeñar y qué significa exactamente no ser funcionario público. En el caso concreto de la oficina a la que en el año 2006 ingresaron los diez primeros becarios, podemos decir que el 70% de sus actuales funcionarios son becarios y atienden público, no solo en la recepción de la documentación, sino también en su certificación, es decir que dan copia fiel a un documento. Sin exagerar, nos preguntamos si eso es legal, tratándose de un funcionario que no es público, pues ¿qué lo diferencia de un usuario, que tampoco es un funcionario público, que pueda traer un documento certificado? Nos hemos hecho estas preguntas y sobre ellas hemos consultado al Departamento Jurídico y a Recursos Humanos del Ministerio donde, más allá de las discusiones, nos han dado la razón en muchos aspectos. La cuestión es que el Ministerio y la Dirección Nacional de Transporte, debido a sus necesidades funcionales, han soportado este estado de cosas. Como se ha señalado, tenemos una carencia de personal que pone en riesgo, inclusive, el Plan Estratégico de la Dirección Nacional de Transporte 2005-2009. Además de los becarios, se requieren cincuenta funcionarios para tareas inspectivas en el interior del país, pero con los plazos que nos estamos manejando, el tiempo no es suficiente. Entonces, se están utilizando funcionarios administrativos para desempeñar tareas inspectivas, muchos de los cuales no están bien preparados, incluso aquellos que custodian equipos pesados, con el riesgo que eso conlleva. Pero lo prioritario es que la Dirección Nacional de Transporte no deje de cumplir sus funciones. En el día de ayer mantuvimos diversas reuniones con las autoridades de la Dirección y nos expusieron este tema. Inclusive, existe otro problema: algunos de los actuales funcionarios en el interior hace muchos años que no salen de licencia y, en promedio, hay  110 días de licencia que no se han tomado. Esta Administración, cumpliendo con la ley,  está tratando de que esos funcionarios puedan tener su licencia. Pero ante la necesidad y la demanda de custodia y de otro tipo de servicios que existe en el país, no pueden hacer uso de su licencia. Además, a esto se agrega que tampoco hay funcionarios administrativos que queden en sus oficinas.

Por tanto, estos becarios que han ingresado y que cumplen tareas sustantivas de carácter permanente -que creemos son propias de un funcionario público- deben ser tenidos en cuenta, tal como lo hemos planteado, más allá de otras propuestas, nosotros y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, para que de alguna manera puedan ejercer, realmente, la función pública y, a su vez, para que tengan una oportunidad laboral y puedan dar una mano a la organización, de manera de cumplir estos cometidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuál es la remuneración que percibe el becario que actualmente está trabajando?

SEÑOR FERRARI.- El sueldo nominal es de $ 6.300.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me gustaría saber cuál es el origen de la autorización para el pago de ese dinero, pues no debemos olvidar que el Estado puede gastar dinero si tiene una disposición que lo autorice específicamente.

SEÑOR RECAETA.- En nuestro caso, eso va con cargo al proyecto Nº 853 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece su exposición. Asimismo, este Cuerpo va a estudiar la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas que nos han planteado.

                Aclaro  que  formulé  la  pregunta   porque  lo  único  que  se me ocurre  -razonando rápidamente porque estamos trabajando a mucha velocidad- es una solución similar al contrato de función pública que se le podría otorgar con esos fondos, por supuesto, previo concurso, pues el ingreso a la función pública hay que hacerlo de esa manera, y el becario no es funcionario.

                No vamos a hacer más aclaraciones porque ha finalizado el tiempo, pero quería dejar esta constancia en la versión taquigráfica.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación  de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte)

(Ingresan a Sala las representantes del Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables)

                La Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda tiene mucho gusto en recibir a las representantes del Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables.

                Les cedemos el uso de la palabra a las señoras integrantes de la Delegación, con la aclaración de que disponen de diez minutos para formular su exposición ante la Comisión, dada la cantidad de delegaciones que nos visitan en el día de hoy.

SEÑORA BARRIENTOS.-  En mi calidad de docente de la Institución, agradezco a los señores Senadores por recibirnos en la mañana de hoy.

                Nosotros pertenecemos a una ONG que se encuentra ubicada en el barrio Hipódromo. Hace aproximadamente un año y medio, una Maestra Directora de una escuela que se cerró, nos invitó a formar una comisión para atender esta zona, que es muy vulnerable. El centro busca atender a distintos barrios de esa zona, donde hay una importante población escolar y muchas familias sumamente interesadas en que sus hijos adolescentes, y las propias amas de casa, puedan trabajar y aprender algo en la escuela.

                Además, la ONG atiende a otros niños también provenientes de las escuelas de la zona, a quienes les brinda apoyo escolar. A su vez, se realizan distintos talleres ocupacionales y preocupacionales.

                Durante alrededor de un año y medio trabajamos en forma totalmente honoraria  y mantuvimos esa escuela solamente con nuestro sudor, pero luego de hacer los trámites correspondientes, realizamos un convenio con el Banco de Previsión Social por el que, a partir de julio del año pasado, recibimos una pequeña ayuda por cada alumno; por el Banco de Previsión Social, tenemos 25 alumnos, pero el resto de los chicos son becados en función de los distintos trámites que están haciendo las familias junto con la escuela.

                Nuestros alumnos son atendidos por la policlínica del barrio; con la ayuda de la policlínica, del Banco de Previsión Social y también del INDA, les damos el desayuno, el almuerzo y la merienda. Algunas madres concurren a los talleres ocupacionales y luego venden lo que hacemos dentro de la escuela.

                Nuestro interés es implementar un taller de mantenimiento para los chicos adolescentes y los padres, a fin de insertarlos principalmente en la Universidad del Trabajo, pues como somos maestras especiales, podríamos insertarlos en esta enseñanza.  Sin embargo, en función de nuestra situación económica no podemos formar ese taller, para el que tenemos que contar con una persona idónea. 

                Solicitamos esta entrevista para conversar con los señores Senadores e invitarlos a nuestra escuelita, en donde los vamos a recibir en forma muy acogedora.

                Con la pequeña ayuda que nos da el Banco de Previsión Social y con el aporte de algunos socios -que abonan una cuota mensual muy reducida pero que mucho nos sirve- nos estamos haciendo cargo del alquiler y de todos los insumos de la escuela.  Además, los días sábados hacemos reuniones de padres -queremos actuar socialmente- porque aunque se trata de barrios alejados de la zona urbana, allí viven personas muy “familieras” -por decirlo de esta manera- que tienen un trato único con nosotros. Los chicos vienen, nos cuentan sus anécdotas y toda su problemática;  y también se acercan las madres. Entonces, nosotros tratamos de ayudar en todo lo que podemos. Asimismo, se atiende toda la fase escolar -de 1º a 6º año- de estos niños, que tienen problemas diferentes y presentan distintos tipos de patologías. 

De ahí arrancamos con aquellos alumnos que se adaptan bastante a la enseñanza y a los talleres, con el fin de insertarlos en el mundo laboral. Nuestra intención es formar un tipo de cooperativa o de taller ocupacional para que las madres trabajen y tengan un ambiente familiar adecuado, pero para eso necesitamos ayuda.

                A fin de año hacemos una muestra del trabajo realizado por ellos y vendemos la producción de los talleres. Esto es aceptado por nuestra población y también por la Intendencia, y tenemos la suerte de haber firmado un convenio con esta última. Por otra parte, como recién empezamos a trabajar, solicitamos una ayuda económica, porque solo recibimos una por parte del Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia agradece el planteo realizado por parte del Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables y sugiere a los integrantes de la Subcomisión la posibilidad de que dicha exposición sea remitida a la Administración Nacional de Educación Pública, a los efectos de que estudie cuál sería el camino a seguir para materializar la ayuda solicitada.

SEÑOR HEBER.-  Quisiera saber de qué monto estamos hablando.

SEÑORA BARRIENTOS.-  El Banco de Previsión Social nos da una pequeña ayuda por cada alumno equivalente a $ 2.314; a veces los socios nos brindan una pequeña colaboración que no alcanza a $1.000 y, de acuerdo con la población escolar que tenemos, el INDA nos ayuda con una canasta cada dos meses. Esto es todo, no contamos con nada más.

                Por otra parte, tal como decía el señor Presidente de la Subcomisión, hemos hablado con la ANEP, pero como nosotros formamos una ONG, ni Primaria ni la UTU pueden  mandarnos  maestros, porque ya los tienen asignados a las escuelas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia entiende que el camino a seguir debe ser incluir un artículo en la Sección “Disposiciones Varias”, donde se fijan las partidas otorgadas específicamente a cada una de las organizaciones. Por lo tanto, vamos a solicitar a los señores Senadores que se encarguen de redactar una disposición donde se incluya una partida que contribuya al sustento de esta organización.

                Agradecemos la presencia de la delegación y le deseamos buena suerte.

SEÑORA BARRIENTOS.- En nombre de la Comisión, de los alumnos y de sus padres les agradecemos por habernos escuchado y desde ya quedamos a las órdenes en nuestra pequeña escuelita.

(Se retira de Sala la delegación del Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables)

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Ayuda al Sero Positivo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, que tiene a estudio el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, tiene el agrado de recibir a los representantes de la Asociación de Ayuda al Sero Positivo, integrada por los señores César Dos Santos y Nelson Gadea, a quienes les cedemos el uso de la palabra para que expongan sus puntos de vista.

SEÑOR DOS SANTOS.- Antes de comenzar, queremos dar los buenos días a todas las señoras Senadoras y a todos los señores Senadores. Venimos en representación de la Asociación de Ayuda al Sero Positivo. Esta institución fue creada en el año 1989, es decir que tiene 19 años de trayectoria, y desde el inicio brinda un servicio de consejería -que es gratuito y confidencial- por el cual pasa el 27% de las personas diagnosticadas en el año en Montevideo. De esta forma podemos conocer sus demandas y, a la vez, brindarles servicios como los grupos de autoayuda -en los cuales intentamos trabajar el fortalecimiento de la persona y la mejora de su calidad de vida- y los grupos terapéuticos. Asimismo, realizamos visitas a diferentes lugares, públicos y privados, y a diferentes centros de reclusión. 

                En el material que entregamos a los señores Senadores se incluyeron algunas publicaciones que actualmente son las únicas -no existen otras- dirigidas a las personas con VIH y  han  sido posibles gracias al apoyo de las agencias internacionales y de algunas embajadas. Como los señores Senadores seguramente saben, este es un tema que genera mucha discriminación y estigmatización. Una de las publicaciones está dirigida a las personas con VIH; otra, a las mujeres, y hay una distinta para niñas, niños y adolescentes. Queremos hacer especial hincapié en el tema de la mujer, sus derechos y lo que tiene que ver con su salud sexual y reproductiva.

                En el área de la prevención, en el año 1993 firmamos un convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo -que sigue vigente a la fecha- relativo a un servicio telefónico gratuito y de alcance nacional que se brinda a través del 0800 3131 en coordinación con el IDES, que es otra organización no gubernamental.

                Siempre nos ha interesado trabajar con los grupos más vulnerables, es decir, con las y los jóvenes fuera del sistema educativo formal y las personas privadas de libertad. En ese sentido, se realizaron licitaciones públicas con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior.

                Por otra parte, hacemos todo un trabajo de incidencia política, que consideramos es el instrumento más valioso que tenemos. En el año 2001, por primera vez la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó una sesión extraordinaria sobre VIH Sida y, a partir de allí, los Gobiernos asumieron ciertos compromisos. Este es el instrumento que nos permite analizar la incidencia y realizar el monitoreo y la evaluación de los compromisos asumidos. Cabe destacar que este año, por primera vez, concurrió un representante de nuestro Gobierno: el Subsecretario de Salud Pública, Doctor Miguel Fernández Galeano. También estamos trabajando fuertemente para que se apruebe el proyecto presentado al Fondo Global sobre tuberculosis, malaria y VIH Sida.

                Como los señores  Senadores sabrán, lamentablemente la epidemia ha seguido creciendo, y creo ello nos invita a reflexionar y a rever todas las estrategias que hemos aplicado, tanto en lo que tiene que ver con la prevención como con la atención.

                Obviamente, este no es un problema que atañe solo a la salud, sino que también afecta en lo social y al desarrollo; a muy corto plazo tendrá un costo importantísimo en las economías y no debemos olvidar que está afectando, sobre todo, a nuestros jóvenes.

SEÑOR GADEA.- Buenos días.

                Soy el Secretario de ASEPO y vengo a dar testimonio de mi situación particular. Hace veintiún años que soy sero positivo; en un momento de mi vida, me “enganché” con ASEPO y gracias a la institución, que me dio la posibilidad de fortalecerme en sus talleres, cambió totalmente el sentido de mi vida, pues me revitalizó.

Simplemente quería hacerles saber que desde hace muchos años estoy con ellos y me he sentido realmente contenido, valorado y reforzado en mi calidad de vida y como ser  humano.

Es la primera vez que me expreso en estos ámbitos y lo hago porque creo que la institución vale la pena.

Era cuanto quería manifestar, gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias por el aporte.

                La Presidencia sugiere que los señores integrantes de la Comisión evalúen si es posible introducir en “Subsidios y subvenciones” una línea que otorgue un aporte a la Asociación de Ayuda al Sero Positivo, pues razones sobran para ello. 

                En nombre de la Comisión, les agradecemos su presencia.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Ayuda al Sero Positivo)

               

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores)

                La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los efectos de que expongan sus puntos de vista con respecto a la Rendición de Cuentas que está a consideración. 

                Sin más trámite, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR DA SILVA.- Buenos días.

                En primer lugar, queremos agradecer a los integrantes de esta Comisión de la  Cámara de Senadores el habernos recibido. Quiero resaltar el hecho de que elevamos la solicitud hace muy pocos días y prontamente recibimos la respuesta pertinente.

                En segundo término, queremos presentarnos. Somos la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y excusamos a nuestro Presidente, que por problemas de salud no ha podido concurrir.

                Simplemente, queremos contar a los señores Senadores que la Asociación de Funcionarios ha comparecido en estas instancias por distintos motivos. Nuestra agrupación reúne a unos doscientos cincuenta funcionarios del Ministerio, pero hay que tener en cuenta que este es un Inciso bastante particular, porque teniendo alrededor de 500 funcionarios, cuenta con tres asociaciones: una alberga a las personas del Servicio Exterior, otra a los profesionales y la última agrupa a los funcionarios de los escalafones B, C, D, E y F de la Administración.

                En esta oportunidad venimos a solicitar que, en el gasto a otorgar al Ministerio de Relaciones Exteriores, se incluya  una partida de tiques de alimentación para cubrir las necesidades de 250 funcionarios de la Cancillería. Quiero recalcar que esta Asociación no ha solicitado ni obtenido ningún tipo de beneficio en los últimos quince años, más allá de los otorgados por Rendición de Cuentas o Presupuesto al resto de la Administración Central. Esto se debe, básicamente, a que hay distintas asociaciones, a que se trata de un Inciso muy particular y, sobre todo, a que hay intereses divergentes.

                La fundamentación de este pedido se basa en la peculiaridad del trabajo que se desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dado que algunas de sus unidades ejecutoras son las misiones en el exterior, tenemos un horario que comienza a las 9 de la mañana y termina, incluso, después de las 19 horas, por lo que en muchos casos los funcionarios deben almorzar en el Ministerio, y un tique de alimentación -que otros organismos del Estado ya tienen- sería socialmente muy productivo. Además, hay casos en los que los funcionarios tienen que prestar servicios fuera del Ministerio, como por ejemplo cuando vienen delegaciones extranjeras, por lo que la situación se hace más compleja. Esta partida cubriría a los escalafones B, C, D, E y F,  que son la mayoría de los funcionarios.

                Reitero que en los últimos quince años no hemos solicitado ni obtenido ningún tipo de mejora. Nosotros hemos asumido como Comisión Directiva hace poco tiempo, por lo que este pedido fue armado con mucha rapidez y tal vez exista falta de detalle en los planteos, lo que los señores Senadores sabrán disculpar.

                Queremos recordar que en la Rendición de Cuentas pasada el escalafón diplomático obtuvo una mejora, y nosotros estamos tratando de obtener un ingreso extra que muchos otros Incisos de la Administración Central ya tienen.

                Por otra parte, queremos hacer un planteo que involucra a 17 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos prestaron funciones como pasantes por más de siete años -hasta doce años, en algunos casos- y en la Rendición de Cuentas pasada se los presupuestó en un cargo en la base de los distintos escalafones, en lugar de incorporarlos en el menor grado ocupado dentro del Inciso. A juicio de los funcionarios -y nosotros lo compartimos- esto plantea algunas dificultades. Una de ellas es que no tendrían forma de hacer carrera o ascender, ya que en la mayoría de los casos son grado 1 y los mínimos ocupados son grado 10, y sólo se puede concursar tres grados para arriba. La otra dificultad a la que se ven enfrentados es que si bien al momento de ser presupuestados se les mantuvo el salario que ya tenían, dado que se les otorgó un beneficio, de todos modos se generó una brecha con el resto de los funcionarios de la Cancillería que ocupan los mismos cargos; a pesar de que los escalafones profesionales desempeñan funciones similares, unos reciben un determinado sueldo y otros un ingreso inferior.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece la presencia de esta delegación e informa que estudiará la forma de viabilizar la solicitud formulada. Técnicamente no me queda claro cómo hacerlo, dado que no hay iniciativa del Poder Ejecutivo. Solo me resta aclarar que hace dos años incorporamos a los funcionarios administrativos a una porción del fondo que perciben todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y en aquel momento este fue un paso importante. En cuanto a la situación funcional y presupuestaria de quienes ingresaron con carácter de becarios o pasantes y pasaron a tener condición de presupuestados, considero que es un problema que habrá que resolver con tiempo y que no es algo que se pueda solucionar fácilmente por medio de un decreto. Hay que tener en cuenta que en estos aspectos intervienen la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto y los organismos que tienen que ver con la reforma del Estado.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores)

(Ingresa a Sala el representante de la Asociación Civil “Nueva Voz”)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene mucho gusto en recibir al señor Mosqueira, quien viene a entregar una comunicación, puesto que no puede expresarse verbalmente. La Secretaría va a leer el material que nuestro invitado nos ha proporcionado.

(Se lee:)

“Sres. SENADORES         

De mi mayor consideración.

                En primer lugar quiero agradecerles vuestro tiempo para con nosotros pero como soy muy callado (jajaja) les quitaré menos de 10 minutos. Serán solo los necesarios para leer estas líneas, porque como no les puedo hablar me remito a estas. Todo está resumido en las copias que recibieron, y por cualquier noticia que puedan proporcionarnos, les ruego lo hagan mediante un mensaje en la contestadora, o por el fax que está automático, y en forma inmediata nos comunicaremos con Uds.

                Sin otro particular, y de ser posible una pronta respuesta, les saluda muy atte. Por Fundación Nueva Voz Salerno 2486 Bis,

                                                                                                              HUGO MOSQUEIRA”

“Sr. Presidente de la Comisión de Rendición

de Cuentas y Hacienda del Senado.

Sr. Reinaldo Gargano.

De nuestra mayor consideración:

                Tal cual lo prometido, le presentamos la documentación sobre los principios generales de la Asociación, y hacemos un resumen de nuestros proyectos, aspiraciones y necesidades para llevar adelante nuestros propósitos.               

                Como principio elemental de toda ONG, sin fines de lucro, no requerimos ningún apoyo a Organismos del Estado, ni entidades vinculadas a la Discapacidad, tales como Ministerios de Salud Pública, de Educación y Cultura o MIDES, procurándonos de nuestros propios esfuerzos.

                Para ello apelamos a la buena voluntad de la población o Empresas Privadas que nos donan desde ropa o artículos varios que luego, o bien repartimos entre quienes lo necesitan o vendemos a precios muy módicos para lograr solventar nuestros gastos de funcionamiento.

                Sólo recibimos apoyo logístico para cualquier actividad de las creadas por la IMM, a través de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad, dirigida por el Sr. Raúl Campanella y la Sra. Nora Morales, con quienes tenemos un trato muy cordial.

                Como comprenderá, el aspecto económico es fundamental, pero todo se dificulta por los pedidos realizados en Antel, a quienes solicitamos la instalación de Internet Solidario, y eso no lo logramos, para comunicarnos con el exterior. El expediente no tiene las firmas necesarias para su aprobación

                Necesitamos una computadora, otro fax, para la Sra. Directora, y estar más comunicados entre nosotros, dado que es imposible expresar todo por SMS, y no siempre podemos trasladarnos de un domicilio a otro, para coordinar los pasos a seguir.

                Otra de nuestras necesidades es disponer de un lugar físico, es decir una casa, galpón o cualquier recinto, donde centralizar nuestras actividades, para lograr contener a las madres de esos niños con Traqueotomía permanente para que puedan trabajar en alguna tarea que les enseñaremos, mientras cuidan a sus hijos, dado que no existen las guarderías necesarias para la atención de estas criaturas.

                Esas madres, por lo general, fueron abandonadas por sus parejas, y algunas de ellas debieron dejar sus empleos para dedicar su vida al cuidado de sus hijos. Es triste decir esto pero es una realidad y no la podemos omitir.

                Otra de las cosas que nos preocupa del MEC, es firmar para la obtención de la Personería Jurídica, cuya carpeta es N° 394/2007, y así vemos los honorarios de la Escribana actuante, para obtener los recursos y abonarle, así como poder ponernos al día adquiriendo materiales necesarios para nuestra difusión.

                Con la Personería aprobada, apelaremos a la sensibilidad de ANCEL y las demás empresas de celulares para ver si nos adjudican SMS libres de gastos para estar comunicados entre los pacientes y la Asociación, como lo hace ANCEL., dando 200 cómputos gratuitos a los Laringectomizados, y al CORREO ya que hay pacientes del interior del país que deben remitirnos sus Historias Clínicas y muchas veces no tienen medios económicos para enviarlas, o nosotros mismos debemos enviar correspondencias a distintos puntos de la capital o interior.

                Otro de nuestros propósitos, es lograr que los pacientes que lo requieran, puedan reconvertirse laboralmente, dado que muchos de nosotros no podemos continuar desempeñando los empleos anteriores, al no existir en el mundo ninguna mascarilla en el cuello que nos permita soslayar los polvos, o gases que surgen de nuestras profesiones, como es el caso de pintores, soldadores, carpinteros, etcétera. Estamos dispuestos a enseñar otras actividades, como ser Lustrado y Restaurado de muebles, Serigrafía, Vitro - fusión, Fabricación de Pantallas para Iluminación, Fabricación de Velas, en fin, muchas actividades que sin mucho esfuerzo se logran obtener recursos económicos integrándolos a otros rubros, como ser tejidos en Fibras (Rattán, Mimbre, Cardo, Totora) tareas todas ellas que se complementan con artículos en Hierro Forjado, Carpintería, muy apreciados en la Decoración de Interiores.

                Todos esos cursillos pueden extenderse a los familiares directos a los pacientes enseñándoles a tejer en Crochet o Macramé, o en telares artesanales, confeccionando tapices, tan requeridos incluso en el exterior del País.

                Todo ello podremos irlo implementando de poder contar con un espacio apropiado a tales fines, sin importar demasiado donde sea, baste con que permita acondicionarlo a nuestros planes, pudiendo incluso estar abandonados. Seguramente lograremos los medios y manos voluntarias para recuperar ese bien, hoy sin un provecho definido. Es casi seguro que exista alguno de nuestro amado Montevideo

                Pudiendo realizar lo que deseamos, no sólo lograremos que el discapacitado se sienta útil nuevamente, sino que además podrá tener una mejor calidad de vida, al no depender exclusivamente de las Pensiones, siempre menguadas que puede otorgar el Gobierno. El estar ocupado, trabajando y mostrando que podemos ser útiles pese a las diferencias, dignifica a todo ser humano. No podremos hablar, pero nos comunicaremos con el trabajo de nuestras manos, tan aptas como las de cualquier otro habitante del Uruguay.

                Todo es posible si tenemos la fuerza interior de sobreponernos a lo que la vida nos tenía deparado. El caer no es malo si podemos levantarnos y seguir adelante. Y en eso estamos, procurando auxiliar al que se deprimió por perder algo como la voz…!

Sr. Gargano, somos de los que pensamos que los castillos deben estar en el aire, pero hay que hacerles buenos cimientos para que no se caigan y por eso estamos recién construyendo los agujeros para los pilares, patines y vigas que sustenten ese castillo.

Debemos contarle, además, que otro de nuestros sueños es formar un conjunto musical de buen nivel, ya que sabemos que existen discapacitados que son buenos músicos y no importa qué minusvalía posean.

                La música, aparte de ser una excelente terapia, es integradora. ¿Quién no se reunió alrededor de una guitarra para cantar cualquier cosa, simplemente por el hecho de compartir un rato con amigos?

                Ya estamos recibiendo donaciones de instrumentos que vamos reparando si es necesario, pero además contamos con profesores que se suman a la idea y están dispuestos a enseñar desinteresadamente a quien lo requiera.

                Conocemos una chica que le falta una pierna, pero que canta como los dioses, otros son ciegos pero tocan muy bien el órgano, otro con diagnóstico de esquizofrenia que la guitarra le apasiona; en fin, debemos sumar a todos los que deseen integrarse para formar un conjunto diferente, pero de nivel, para actuar en cualquier lugar y demostrar que también ahí podemos ser muy útiles.

                No queremos que nos vean como bichos raros o dar lástima. Algunos tenemos discapacidades visibles, otros la tienen oculta y son considerados seres normales.

                Pero debemos trabajar mucho para crear las conciencias colectivas de que valemos igual que todos, pero muy especialmente en los organismos del Estado, ya que aunque tienen un teléfono para enviar faxes, no lo tienen en forma automática para recibir, y ¿cómo hacemos los que no podemos pedir tono? Baste sólo pensar que un paciente que no hable y viva solo, ¿cómo hace para pedir un médico a Salud Pública, a una sociedad médica o a emergencias móviles?

                No tenemos cultura para tratar a los discapacitados. Esa es otra de las tareas a realizar, acercarnos a los medios de difusión para hacer conocer esta problemática, pero además hacer público cómo empieza a gestarse la posibilidad de un cáncer de laringe, para que la gente tome conciencia de la prevención; hay que observar si la intensidad de la voz disminuye o se pierde temporalmente la voz, para que concurra a ver un otorrinolaringólogo, que lo evalúe y descarte o trate con tiempo el síntoma.

                La lucha es grande, pero estamos dispuestos a pelearla para salir adelante. Para ello descontamos vuestra colaboración, así como todos aquellos que sabemos que se irán sumando al proyecto.

 

 

                Sin más que agregar y esperando pronta respuesta, le saludamos muy atte.

                Hugo Mosqueira                                                                Martha Acerenza

                    Presidente                                                                                            Directora”

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que luego analicemos el tema en la Comisión, creo que sería bueno enviar este memorándum a algunos organismos públicos como ANTEL, la Intendencia Municipal de Montevideo o el Ministerio de Educación y Cultura, con una pequeña nota del señor Presidente solicitando que se consideren algunos aspectos que no son presupuestales, como el de la personería jurídica, para que se solucionen cuanto antes.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia está de acuerdo con lo planteado por el señor Senador, de modo que vamos a enviar este texto a la Intendencia Municipal de Montevideo, a ANTEL, al Ministerio de Educación y Cultura y diría que también al Ministerio de Salud Pública, para que contribuyan a resolver algunos de los problemas que se le plantean a la gente que tiene la limitación o la discapacidad de no disponer de laringe para emitir la voz.

                Agradecemos al representante de la Asociación Civil “Nueva Voz” por su presencia en la mañana de hoy.

(Se retira de Sala el representante de la Asociación Civil “Nueva Voz”)

(Ingresa a Sala una delegación de la Mesa Coordinadora Permanente de Instituciones Sociales de la Policía del Uruguay)

La Subcomisión de Audiencias tiene el agrado de recibir, en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, a una delegación de la Mesa Coordinadora Permanente de Instituciones Sociales de la Policía del Uruguay -MECISPU- integrada por el Suboficial Mayor Retirado Ubaldino Acevedo y el Comisario Inspector Ernesto Carreras Peña.

SEÑOR CARRERAS.- Soy el Secretario General del Círculo Policial del Uruguay y actualmente presido la Mesa Coordinadora de Instituciones Sociales de la Policía, que está integrada por estas instituciones: el Club Atlético Policial, la Federación de Círculos Policiales del Interior del país, la Federación de Retirados y Pensionistas Policiales del Interior del país, la Asociación Nacional de Policías en Retiro y el Centro de Suboficiales de la Policía.

                Dado lo exiguo del tiempo, vamos a priorizar algunas de las apreciaciones que realizamos en el documento que presentamos, aunque no porque las demás sean menos importantes.      

Antes que nada queremos comentar que en esta Rendición de Cuentas, en el Inciso 04, correspondiente al Ministerio del Interior, es muy poco lo que se prevé presupuestalmente para mejorar la seguridad pública del país. Solo se crean superestructuras burocráticas administrativas y una serie de cargos de particular confianza del mismo tenor, en tanto ni siquiera se motiva al personal policial con un aumento salarial digno.

                El artículo 114 se refiere a la creación de la Dirección de Asuntos Internos como órgano de control integral de la gestión funcional de las dependencias del Inciso 04 "Ministerio del Interior", pero ello no se condice con los niveles de salario que se proponen para los funcionarios policiales ni con las necesidades en materia de seguridad pública que tiene nuestra sociedad, y mucho  menos con  los niveles de corrupción de nuestra Policía.

                El artículo 115 habla de la función del Subdirector de Asuntos Internos, pero no se establece claramente si se trata de un cargo o simplemente de una función. Entendemos que este cargo está creado con nombre y apellido, ya que dadas las condiciones requeridas solo hay un oficial superior que las reúne, y ello no contribuye a la cristalinidad ni a la ecuanimidad de la designación.

                El artículo 116 se refiere a los cometidos de la Dirección de Asuntos Internos. Respecto de su literal A), queremos señalar que la Policía tiene una larga historia de autosaneamiento y que es la única administración del Estado que se depura a sí misma. En cuanto a los temas de corrupción, no se entiende oportuna esta nueva organización dentro de la Policía, porque sin duda se generarán gastos que se podrían obviar manteniendo en funcionamiento la actual Fiscalía de la Policía. En relación con el literal B), referido al control del servicio policial para que se cumpla eficientemente y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, pensamos que no debe ser el cometido de esta superdirección. De lo contrario, ¿dónde queda la finalidad de la estructura actual de la Policía? ¿Dónde queda la verticalidad del mando? ¿Para qué tenemos Jefes y Directores si, en definitiva, la superdirección de Asuntos Internos va a controlar que todo se haga bien? Creemos que se han desvirtuado los cometidos de  Asuntos Internos, que son investigar y determinar las responsabilidades sobre los hechos irregulares que hayan ocurrido.

                Respecto del literal F) debemos comentar que el actual ordenamiento jurídico establece -a través del Decreto Nº 500 del año 1991- las normas generales de la actuación administrativa en la Administración Central y los procedimientos para iniciar un procedimiento disciplinario y que, en todo caso, para hacerlo se requiere la voluntad de la máxima autoridad del Inciso o de la unidad ejecutora. Pero aquí se viola dicha norma y se le otorgan facultades al Director de Asuntos Internos para disponer, por sí y ante sí, el inicio de un sumario; si fueran dos las autoridades que lo determinaran, el proceso ofrecería mayores garantías de ecuanimidad. Recordamos que los policías también son objeto de derecho.

                El literal C) del artículo 117 establece la posibilidad de recabar las declaraciones de los ciudadanos y los funcionarios policiales por parte de la Dirección de Asuntos Internos. Pensamos que esto es una barbaridad jurídica, pues se le están atribuyendo a esa Dirección más facultades que a la propia Policía. Se obliga a comparecer a testigos civiles a declarar y, en caso de no hacerlo, se los somete a la justicia. Creemos que antes de otorgar estas facultades habría que legislar para que la Policía tuviera este tipo de facultades tendientes al mantenimiento del orden público y la investigación del delito.

En cuanto al artículo 122, entendemos que  puede ser inconstitucional ya que viola flagrantemente los derechos individuales de los policías y además los discrimina con respecto al resto de los funcionarios públicos, pues se habla de un procedimiento de extracción de sangre para verificar si consumen drogas.

Por su parte, el artículo 126 crea con carácter de particular confianza el cargo de Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Pensamos que no es conveniente la creación de nuevas organizaciones dentro de la Policía y menos como la que se instrumenta ahora, cuyos cometidos están ubicados en otras Carteras de Gobierno como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, se siguen desvirtuando los cometidos de la Policía Nacional, diluyendo sus escasos medios económicos y logísticos en la creación de infraestructuras innecesarias. Además, no se establece que para un cargo de dirección es necesario ser policía,  y por tanto podría ocuparlo un civil. En tal caso, nos preguntamos cómo se integra un civil a la estructura policial, sobre todo teniendo en cuenta lo que establece el artículo 9º de la  Ley Orgánica Policial.

Por el artículo 134 se crea el cargo de Director de la Policía Nacional, el cual ya estaba creado. Sorprendentemente, el Ministerio del Interior en su Mensaje incluyó este artículo con otra redacción, y la Cámara de Representantes propuso modificarlo y eliminar el párrafo que establecía que será ocupado por un Inspector General o Inspector Principal en situación de retiro o un Inspector General en situación de actividad perteneciente al subescalafón ejecutivo. Como verán, en dicho artículo se recogía una vieja reivindicación de los oficiales de la Policía nacional en cuanto a que el cargo del Director de la Policía Nacional dependa directamente del Ministerio del Interior  y  sea ocupado por un Oficial Superior de la Policía nacional en actividad o retiro; sin embargo, ahora se deja abierta la posibilidad de nombrar a cualquier persona en un cargo netamente policial, a nuestro entender, el más importante de la Policía.

Tal como comentamos con anterioridad,  nos preguntamos cómo se va a integrar un civil dentro de la Ley Orgánica Policial. Debemos agregar que, a nuestro entender, la modificación del artículo relacionado con el sistema de ascenso de los oficiales superiores y de la calidad del cargo del Director de la Escuela Nacion al de Policía establecido en la Rendición de Cuentas anterior, así como el cambio en el artículo 120 del proyecto original que permitía pasar a retiro sumariamente  a los oficiales a los que la Administración no les diera destino -que sabiamente fuera retirado del proyecto por ser claramente inconstitucional- son parte de un plan que, sin duda, va destinado a desarticular la institución policial, la cual pasa por una purga sistemática de sus integrantes por poner civiles en cargos institucionales, generando el descontento generalizado y una indisimulada politización de la Policía nacional.

No se solucionan los graves problemas económicos, sociales, escalafonarios e institucionales del personal policial y, por el contrario, se generan incertidumbres, desazón y desmotivación, tal  como ocurre en este caso.

Mientras tanto, por el artículo 145 se crean los cargos del Escalafón CO, Conducción, y el Escalafón PC, Profesional Científico. A este respecto, nos preocupa que se otorguen facultades o potestades disciplinarias a los integrantes del Escalafón CO, en el caso de sus titulares civiles, ya que estos no tendrían estado policial, situación similar a la que se encuentra actualmente el Fiscal Letrado de Policía.

En cuanto al artículo 139, nos gustaría que se explicara por qué motivos está ingresando tanta gente en cargos policiales con contrato a término y cómo se justifica este hecho ya que los rubros que se destinan para ello bien podrían incrementar el salario policial, sobre todo cuando muchos de los ingresados no tienen ningún tipo de especialidad ni profesión.

Finalmente, en cuanto a los artículos 152 a 155, vemos nuevamente la indiscriminada eliminación de cargos vacantes y la creación de otros, cuya necesidad no está debidamente justificada. No se debería permitir bajo ningún concepto suprimir cargos de la Policía ejecutiva para crear cargos en los subescalafones, sino que, por el contrario, se debería propulsar una estructura de cargos en la Jefatura de Policía de Montevideo y no eliminar 75 cargos de Oficiales Principales Ejecutivos. Hoy por hoy, basta con ir a cualquier Comisaría de Montevideo para notar la falta de Subcomisarios, los que son suplidos por Oficiales Ayudantes y Subayudantes. De la misma forma, nos preguntamos por qué durante este período se autorizaron varias reestructuras en muchas Jefaturas y Direcciones Nacionales, y a pesar de que hay un expediente en curso en Montevideo, hoy no se sabe qué se hizo aun cuando el Ministerio daba en parte su aceptación.

                Asimismo, después de una transformación y supresión de vacantes, vemos que lamentablemente pasan otros cinco años sin asignar una partida de dinero para instrumentar nuevas vacantes en la Policía. Reitero que el tema nos preocupa pero, al igual que los señores Senadores, sabemos que las soluciones solo se darán si hay voluntad política.

En definitiva, somos conscientes de que lo central es seguir trabajando en esta área, dignificando la tarea del policía -y este es un objetivo del Gobierno- más allá de que se pueda coincidir o no en las formas y los mecanismos que se utilizan para alcanzar ese fin.

SEÑOR ACEVEDO.- Antes que nada, voy a presentarme como representante del Centro de Suboficiales de la Policía del Uruguay, que también integra la Mesa Coordinadora. Tal como podrán apreciar los señores Senadores, mi compañero omitió específicamente hablar sobre el tema sueldos.

A ese respecto, quiero señalar lo siguiente. En este Presupuesto, se le han asignado US$ 20:000.000 al Ministerio del Interior, de los cuales solo se dedica el 6,5% al rubro sueldos. Ese porcentaje comprende $ 850 de aumento a los policías y un plus de $ 1.078,76 para los que están uniformados en la calle. Eso nos da una cifra de $ 1.023 para el funcionario ejecutivo que está en la calle y de $ 150 para los administrativos, y ello implica un gasto anual de  aproximadamente US$ 1:300.000, lo que representa un 6,5% de la partida que se obtiene por el Presupuesto. Otros Ministerios y entidades públicas reciben más dinero, pero a nosotros no se nos concede un aumento suficiente. No debemos olvidar que el sueldo base de un agente o de un policía que recién ingresa se ubica en los $ 1.865,1 que luego, a partir de las distintas compensaciones que se perciben, llega a alrededor de $ 5.000 o $ 6.000, cifra que también varía según se cobre el beneficio de la Asignación Familiar o las retribuciones que obtenga el funcionario por otras tareas que cumpla fuera de la Policía. Cabe aclarar que el policía no solo realiza el servicio 222 -tarea que  lleva a cabo quien puede hacerla- pues algunos desarrollan otras actividades.  A esto se agrega que el policía no aporta Montepío por el 35% del sueldo de $ 6.000 o $ 7.000 que recibe en la mano, por lo que al jubilarse percibe un 35% menos, y nosotros consideramos que esta cantidad es totalmente insuficiente.  

                Por otro lado, el Ministerio del Interior aceptó que hay 1.500 policías que viven en asentamientos.  No debemos olvidar que las instituciones que aglutinamos en la Mesa Coordinadora tienen representación en todo el territorio de la República y comprende  a alrededor de 30.000 jubilados y pensionistas y cerca de 22.000 policías en actividad. Según las cifras que hemos chequeado, tenemos entre 2.800 y 3.000 personas que viven en esas condiciones; a su vez, cerca de 2.000 se encuentran bajo la línea de pobreza, sin perjuicio de que hay policías que no pueden asumir los costos y tienen un gran endeudamiento a nivel general. Muchos de ellos viven de agregados en las viviendas y otros -aunque no se pueda creer- de intrusos; en otras palabras, la situación general del policía es bastante mala e irregular.

                Pensamos que si se destinara más dinero para los policías, no se incrementaría mucho el Presupuesto, sobre todo porque hay otros rubros de distintas instituciones que sí han recibido aumentos importantes; es más, casualmente, en la prensa de hoy se comenta que en la salud se está rechazando un aumento del 40% del sueldo.

¿Cuánto implican $ 850?  Nosotros habíamos solicitado un cuarto de canasta familiar, con lo que de ser aprobado el policía tendría un sueldo básico de $ 8.500, pero nos dan $ 850, es decir, el 10%. En nuestra opinión, los gastos en seguridad no son tales, sino inversiones.

El policía no cobra “full time” por su tarea, pero cumple su función en forma permanente durante las 24 horas del día.  Además, si por razones de procedimiento tiene que concurrir al Juzgado, debe hacerlo luego de su horario y, al otro día, tiene que presentarse en su horario habitual.

En definitiva, su función, lo que hace durante todo el día, no se tiene en cuenta y no se le paga dedicación total.

El policía tampoco cobra por trabajar en horario nocturno, cuando en todo el país los operarios u obreros que se desempeñan de noche tienen desde un 20% hasta un 30% de incremento salarial por ese concepto. 

Tampoco tenemos -y esto puede resultar, si se quiere, hasta peyorativo- partidas para alimentación ni para gastos de secretaría y prensa. No digo que deban otorgarnos esas partidas, pero no olvidemos que el policía representa la ley y el orden. Tal como acaba de decir el señor Carreras -Presidente de la Mesa Coordinadora- somos la única dependencia que siempre se depuró a sí misma, y muchas veces se depuró demasiado. Pero las expectativas que existen hoy en día para el ingreso a la Policía son muy bajas porque la gente no se presenta. En la Jefatura de Policía de Montevideo se producen bajas que no llegan a cubrirse con la cantidad de aspirantes que se presentan, generándose un desfase mensual del entorno de cincuenta policías. Debido a la remuneración -entre otros factores- no se puede hacer una buena selección de personal; como se dice vulgarmente, “agarramos lo que nos viene” y no podemos elegir. La prueba está a la vista: hoy tenemos 1.500 cargos vacantes que no se pueden cubrir.

A nuestro entender, uno de los elementos para poder seleccionar buena gente que entre a la Policía, es pagar sueldos justos y acordes. En otras instituciones del Estado se hizo un llamado para cubrir 600 vacantes y se inscribieron 200.000 personas. Nosotros no tenemos esa facilidad. Y a pesar de que ahora se han bajado las condiciones para el ingreso -aunque todavía no se han puesto en práctica- tampoco son muchos los que se presentan. Como podrán imaginar, luego de las juntas de selección y de las pruebas que se toman para ser servidores públicos, evidentemente muchos son desechados, no porque sean malas personas, sino por la simple razón de no reunir los requisitos mínimos.

SEÑOR CARRERAS.- Brevemente, quisiera dejar sentado que, en materia salarial, la Mesa Coordinadora de Instituciones Sociales comparte totalmente la exposición que efectuara la semana pasada en esta misma Comisión la Mesa Intersindical Policial, que esgrimió una argumentación desde el punto de vista técnico sobre el salario policial. 

                Es cuanto quería señalar. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión trasmitirá al Ministerio del Interior estos comentarios efectuados en torno a su Presupuesto, con el que luego discutirá sobre el tema.

                Agradecemos mucho su presencia.

(Se retiran de Sala los representantes de la  Mesa Coordinadora de Instituciones Sociales de la Policía del Uruguay)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Procuradores de las Defensorías de Oficio del Poder Judicial)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores tiene el gusto de recibir a los representantes de la Asociación de Procuradores de las Defensorías de Oficio del Poder Judicial y les cede el uso de la palabra a los efectos de que expongan sus reivindicaciones.

SEÑORA MARTÍNEZ.-  El planteo que vamos a hacer consta, fundamentalmente, de cuatro puntos, tres de los cuales tienen que ver con lo salarial y el otro con una reivindicación relacionada con el cargo de Procurador.

                El primer punto tiene relación con el artículo 3º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia. Esta es la primera vez que se nos contempla en el Presupuesto de este quinquenio, ya que ello no sucedía desde el año 1993, en que tuvimos la única recuperación salarial que nos fuera otorgada por el Parlamento. Solicitamos el aumento que se dio a los funcionarios de la Administración Central, desde el año 2005 a la fecha, con una deducción del 2% por la recuperación que se nos otorgó en el año 2006. Se incluye a la Defensa Pública -escalafón VII- que comprende a todos los Defensores Públicos y Procuradores. Para los Defensores Públicos las deducciones serían diferentes, porque ya se les dio una partida de perfeccionamiento académico en el año 2006 -para el Presupuesto 2007- oportunidad en que fuimos incluidos porque ese aumento había sido otorgado para todos los técnicos. A ellos se les deduciría esa partida como salario. Esto sería alrededor de un 17% de aumento de nuestro sueldo, lo que representaría aproximadamente                  $ 3:200.000 anuales en el Presupuesto Nacional entre los 62 Procuradores que somos actualmente.

                El segundo punto se refiere a la partida de perfeccionamiento académico que les fue otorgada a los Defensores Públicos y a muchos técnicos del Poder Judicial, de la que quedamos excluidos expresamente a pesar de que nuestra tarea es específicamente técnica. Además, tenemos las mismas necesidades que los otros profesionales del Poder Judicial en cuanto a los costos de los textos y la bibliografía que se requiere para el estudio de los casos.

                El tercer punto -que es el último al que se va a referir quien habla y tiene que ver con el tema salarial- refiere a nuestro apoyo al artículo 4º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, que contempla a todos los escalafones del Poder Judicial y solicita un 10% de aumento.

                En resumen, lo planteado refiere al artículo 3º, que para nosotros significaría un 17% de aumento y nos dejaría en la misma situación que a toda la Administración Central, implicando una suma de $ 3:200.000; y la partida para perfeccionamiento académico, de aproximadamente $ 750 mensuales, que significaría una erogación anual  de alrededor de  $ 570.000 en el Presupuesto.

                Es cuanto quería manifestar.

SEÑORA RIZZI.- En lo que a mí respecta, quiero destacar que en principio nos interesa que se nos reconozca la recuperación salarial a la que se refirió la escribana Martínez, pero también, si fuera posible, que se nos garantice que se van a mantener los derechos adquiridos para el cargo de Procurador, reivindicación que no tiene ningún costo salarial para el Estado. Lo que solicitamos, insisto, es que se nos garantice legalmente que vamos a mantener los derechos que poseíamos en el Escalafón II “Defensoría de Oficio”, transformado actualmente en Escalafón VII “Defensa Pública”, y que para nuestros cargos se instrumente un real derecho al ascenso dentro del Escalafón VII del Poder Judicial. Los fundamentos para esta petición es que queremos tener una real carrera administrativa, que implica el derecho al ascenso establecido en el artículo 61 de la Constitución de la República.

                También queremos señalar que los procuradores con título de abogado, solicitamos que se nos garantice la preferencia legal para acceder al cargo de Defensor Público. Esto ya estaba establecido en el artículo  135 de la Ley       Nº 16.462 y también en la redacción dada por el artículo 392 de la Ley             Nº 17.930, pero si bien tenemos el privilegio de que se nos pueda designar como Defensores, en esta oportunidad no podemos optar por hacerlo en carácter de “part time”, derecho con el que contábamos antes de producirse esta transformación. Ello nos genera varios perjuicios, pero el más grave es que perdemos el derecho a mantenernos afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por lo que no solo no podemos jubilarnos como profesionales, sino que nuestros hijos pierden los beneficios en caso de nuestra desaparición física. A su vez, esta Caja no percibiría nuestros aportes, porque para tener  dedicación exclusiva debemos renunciar a ella. Además, perdemos la posibilidad de ejercer libremente nuestra profesión, impidiendo la constante capacitación que nos brinda esa experiencia.

Por todo lo mencionado anteriormente, los defensores de larga data en el Poder Judicial no optan por asumir el cargo de Defensor -otros sí lo hacen, pero deben tener dedicación exclusiva- porque no lo pueden hacer “part time” y eso perjudica a la población atendida por las Defensorías Públicas.

Desde el punto de vista presupuestal, el gasto del Estado se vería disminuido si los procuradores pudieran optar por el ejercicio del cargo de Defensor Público en carácter de “part time”, pues percibirían un 60% menos que si lo hicieran en forma “full time”.

                Proponemos, entonces, un aditivo, que diría así: “Los profesionales de las Defensorías de Oficio Públicas, con título universitario que ocupen el cargo de Procurador, antes en escalafón II Defensorías de Oficio hoy escalafón VII Defensorías Públicas, mantendrán todos sus derechos, como la prioridad que tienen a ser designados Defensores Públicos, según redacción dada por la ley 16.462 art. 135  y art. 399 de la ley 17.930 y continuar optando asumir este cargo en carácter de tiempo incompleto o dedicación total evitando lesión de sus derechos.

                Se reglamentará el real derecho al ascenso y la carrera funcional de los funcionarios que ocupen los cargos de Procurador con título de abogado y/o escribano”.

                Más abajo hemos trascripto la redacción actual.

                También proponemos una redacción modificativa del último inciso del artículo 398 de la Ley Nº 17.930, ya que en forma involuntaria se omitió nombrar algunos cargos de Procurador, como el Procurador con título de abogado y/o escribano de la capital, el Procurador con título de abogado y/o escribano del interior, así como el Procurador sin título. Por lo tanto, en el material que les hemos entregado desarrollamos lo que consideramos que debería ser esta forma de estructura.

                Por mi parte, les agradezco la deferencia de escucharnos.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Debo decir que lo que solicita nuestra Asociación es que se otorgue al Escalafón VII una justa recuperación salarial -tal como lo habían establecido los artículos 3º y 4º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia- y que se nos garantice el mantenimiento de todos los derechos adquiridos por el cargo de Procurador, teniendo en cuenta que esta última solicitud, como decíamos, no ocasiona ninguna partida presupuestal, o sea, ningún gasto para el Estado.

                Además, pedimos que se tenga en cuenta que el Procurador ha sufrido una pérdida de, aproximadamente, 50% en su salario real desde el año 1993.

                Nada más y agradecemos que nos hayan recibido.

SEÑOR PRESIDENTE.-. La Mesa señala que ha recibido el material aportado, que será incorporado a los antecedentes que esta Comisión tiene para el estudio del Capítulo referente al Poder Judicial; en esa ocasión analizaremos la situación de los Procuradores y de los Defensores de Oficio.

Agradecemos la presencia de la Asociación de Procuradores de las Defensorías de Oficio del Uruguay.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Procuradores de las Defensorías de Oficio del Uruguay)

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación de Discapacitados de Barros Blancos)

                La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores, que está considerando la Rendición de Cuentas, tiene el gusto de recibir a una delegación de la Asociación de Discapacitados de Barros Blancos y está dispuesta a escuchar sus planteos durante los diez minutos que le corresponden, según la distribución del tiempo que ha sido acordada.

                Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA JUÁREZ.- Antes que nada, quiero darles las gracias por el tiempo que nos brindan para realizar nuestros planteos.

                En primer lugar, queremos presentar nuestra ciudad, de la que somos humildes representantes.

                Barros Blancos es una ciudad del departamento de Canelones, ubicada sobre el eje de la Ruta 8, entre el arroyo Toledo y el arroyo Frasquito. Su extensión es de 8 kilómetros con distancias transversales de la Ruta del orden de los tres kilómetros, tanto hacia el sur como  hacia el norte.

                Contamos con un Juzgado de Paz, una Seccional Policial, ocho escuelas públicas -que funcionan en siete locales- un liceo, un Centro de Educación Técnico Profesional, siete policlínicas dependientes del Ministerio de Salud Pública y el primer Centro Cívico canario “Salvador Allende”.

                Nuestra población es de aproximadamente 40.000 habitantes, lo que significa que tenemos entre 3.000 y 4.000 personas con por lo menos una discapacidad. Este dato se basa en el porcentaje del INE del año 2004.

                Luego de esta breve referencia geográfica, queremos recalcar que nuestra ciudad no cuenta con ningún centro educativo especial -público o privado- ni talleres, ni centro de capacitación laboral, ni lugar de rehabilitación, ni esparcimiento para personas con discapacidad. Cualquiera sea su discapacidad, deben trasladarse a ciudades vecinas. De nuestro conocimiento como vecinos, podemos decir que el porcentaje de personas que se trasladan o son trasladadas para recibir esa atención es mínimo.

                Por todo lo expuesto es que nos hemos reunido personas discapacitadas y sus familiares para formar lo que denominamos Asociación de Discapacitados de Barros Blancos.

                Desde el mes de enero de 2008 estamos reunidos y nuestro objetivo general es mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas                 -cualquiera sea su discapacidad- y sus familias, así como su inclusión en la sociedad.

                Los objetivos específicos de esta Asociación serían los siguientes: sensibilizar a la población sobre las diferentes discapacidades; apoyar a las personas discapacitadas para que sean aceptadas en su entorno familiar y social; mejorar su alimentación, solicitando al INDA que integre leche en polvo en la canasta que reciben los pensionistas por discapacidad; solicitar la apertura de una escuela especial pública en la ciudad; pedir la instalación de un centro de apoyo y de rehabilitación para aquellos que carecen de esa posibilidad; formar talleres para jóvenes y adultos para mejorar su integración y, aquellos que puedan trabajar, capacitarlos para ello; solicitud de un pase libre interdepartamental y creación de una bolsa de trabajo a nivel zonal.

                Estos son los objetivos en los que estamos trabajando. A continuación detallamos las necesidades para llegar a esos objetivos.

En primer lugar, necesitamos tramitar personería jurídica. A su vez, no tenemos sede y precisamos un lugar donde instalarnos. Lo hemos solicitado a la Comuna y a diferentes organizaciones, pero sin respuesta positiva. De esto depende nuestra comunidad.

Hemos juntado firmas de las personas o apoderados que levantan la canasta del INDA y el 28 de febrero entregamos una  carta adjuntando dichas firmas pidiendo la leche en la canasta, pero no hemos obtenido respuesta. A continuación, solicitamos una audiencia con el Director, señor Uberfil Monzón; esta ha sido pedida al señor Jorge Astamer, quien declaró que lo nuestro era complicado y quedó en llamar. Sin embargo, esto data del mes de mayo y hasta el momento no hemos recibido respuesta, afirmativa o negativa.

Asimismo, juntamos aproximadamente mil firmas para solicitar la escuela especial en Barros Blancos, lo que también ha hecho la Mesa Interinst itucional. En la zona hay predios que han sido donados para ser utilizados en centros educativos y hay listas con posibles alumnos. Extraoficialmente nos expresaron que tendremos que esperar pues no entramos en este Presupuesto y el próximo año son las elecciones nacionales. O sea que una vez más quedará el proyecto en un cajón olvidado.

En cuanto al centro de rehabilitación, estamos reuniéndonos con instituciones y otras organizaciones sociales para presentarnos en un proyecto del MIDES, pero seguimos sin el lugar físico para su instalación. Cabe destacar que este centro abarcaría Suárez, Empalme Olmos, Pando y Barros Blancos. Nuestra ciudad es el lugar ideal por encontrarse en el centro de estas localidades.

Cabe destacar que también necesitamos un lugar físico para los talleres y el apoyo de otras instituciones.

Por otro lado, Canelones no cuenta con pase libre; hay una empresa que otorga boletos según la voluntad de la Directiva y hoy la Comuna está otorgando 250 becas para todo el departamento. Por nuestra ubicación y las carencias de lugares para atendernos, se necesita un pase que sirva para el traslado hacia Montevideo y que sea otorgado para todas las personas discapacitadas, como sucede en otros departamentos.

Por último, es necesario crear los medios para que la persona discapacitada pueda trabajar y así sentirse útil.

Hemos expuesto brevemente nuestras prioridades que beneficiarán a esta ciudad y a sus alrededores. Recurrimos a ustedes pues entendemos que el tema discapacidad no tiene bandera política, pero sí dependemos de decisiones políticas que ustedes tomarán y que marcarán la vida de muchas personas que, por diferentes motivos, tienen una discapacidad.

Desde ya, agradecidos por vuestra atención, quedamos a su disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la exposición que han realizado y les comentamos que el repartido será distribuido entre los señores Senadores y, a juicio de la Presidencia, también será enviado al MIDES, dado que si bien las reivindicaciones son transversales y competen a distintos Ministerios, esta Cartera es la que está más relacionada con estos temas.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Discapacitados de Barros Blancos)

(Ingresan a Sala los representantes de los pasantes y becarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene mucho gusto en recibir a los representantes de los pasantes y becarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR COMESAÑA.- Antes que nada, deseamos agradecer a los señores Senadores por habernos recibido.

Quienes estamos hoy aquí  somos representantes de los casi sesenta pasantes y becarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y venimos a plantear nuestra situación contractual con respecto al organismo. Hemos mantenido varias conversaciones con las autoridades del Ministerio, particularmente con el señor Ministro y con el Secretario General de Trabajo, quienes nos han manifestado en más de una oportunidad su ánimo de que permanezcamos dentro del organismo, dado que nuestra presencia es necesaria para el servicio. También nos han manifestado que se encuentran limitados por temas de índole presupuestal, aunque nosotros entendemos que el presupuesto necesario para que seamos funcionarios por contratos de función pública ya estaría previsto. Queremos dejar claro que no estamos pidiendo mayor cantidad de dinero, puesto que entendemos que con lo que se destina para pagar nuestros salarios, más el 35% que queda de excedente como consecuencia de que algunos funcionarios optaron por el retiro incentivado,  sería suficiente para acceder a este tipo de contratación. A su vez, queremos manifestar que todos los pasantes ingresamos al Ministerio por medio de concursos y que desde el día que comenzamos a trabajar hemos llevado a cabo las tareas propias de un funcionario público. Por todo esto, entendemos que nuestros contratos originales de pasantías están desvirtuados, ya que su finalidad original es la de ofrecer una primera contratación que permita adquirir experiencia. Sin embargo, todos los que hemos ingresado al Ministerio ya teníamos un camino recorrido y, por ejemplo, los profesionales teníamos años de ejercicio de la profesión, los administrativos tenían una experiencia claramente probada por haberse desempeñado en distintos lugares de la rama privada y quienes brindan servicios de mantenimiento son personas que durante muchos años habían trabajado en el gremio de la construcción. En consecuencia, la finalidad original del contrato, en el sentido de adquirir experiencia, no se estaría cumpliendo y lo que se pretende es cubrir las vacantes que quedaron, luego de que muchos funcionarios cesaron en la Administración Central por haber optado por el retiro incentivado. A pesar de que estas vacantes no están cubiertas, el dinero que se destina para pagar el retiro incentivado figura como salario, lo que no permite que la vacante conste en forma legal. No obstante ello, los cargos que hemos ocupado como pasantes son propios del funcionario público y ejemplos claros son los de aquellos pasantes que están ocupando encargaturas, al frente de servicios o manejando valores. Inclusive se dio el caso de un pasante que liquidaba los sueldos, al que se le tuvo que suspender la licencia para que se pudiera pagar a los funcionarios del Ministerio.

Por otro lado, los profesionales estamos sujetos a normas que rigen a los funcionarios públicos como, por ejemplo, la incompatibilidad absoluta con el ejercicio de la profesión en materia laboral. Ante todo esto, en algunas conversaciones hemos manifestado que podríamos llegar a tomar alguna medida gremial, frente a lo cual las autoridades respondieron que en ese caso declararían la esencialidad del servicio para que tuviésemos que concurrir. Queda claro que esto es aplicable a un funcionario público, pero no a un pasante, y este es un elemento más a la hora de plantear nuestra postura.

                Por otra parte, se está por instalar un sistema informático dentro del Ministerio, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ya está concurriendo a efectos de fijar fechas para dictar los cursos, que serán implementado por los pasantes, quienes básicamente son los que desempeñan las funciones en los diferentes servicios, por lo que es esencial su presencia.

                No estamos solicitando un mayor salario ni más dinero del Presupuesto, sino que buscamos simplemente la seguridad laboral en nuestros contratos, aplicando la normativa vigente y en la creencia de que estamos habilitados para pasar de nuestros contratos actuales a los de función pública. En el memo que hemos presentado hay una explicación más extensa de lo que acabo de expresar, y con el mayor de los respetos hacia los señores Senadores nos tomamos el atrevimiento de proponer un posible artículo dentro del proyecto de Rendición de Cuentas, en el Capítulo que corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque creemos podría solucionar esta situación ya que, reitero, no se trata de un tema presupuestario sino de seguridad a la hora de trabajar.

SEÑORA VARELA.- Mi nombre es Ana Varela, soy abogada y trabajo en la parte de audiencias.

                Quisiera aclarar un poco cuál es la situación real de lo que está pasando en el Ministerio: el señor Comesaña toma y evacua consultas a los trabajadores; el señor Bello está solo en el local del Ministerio en Belvedere, respondiendo consultas y tomando audiencias, y el señor Ledesma es quien hace las citaciones en el Ministerio. Cabe destacar que el 90% del servicio en la parte de consultas y audiencias funciona con pasantes; el día lunes, cuando vinimos al Parlamento por primera vez, de tarde no se tomaron audiencias ni se evacuaron consultas, porque ese trabajo lo hacen sólo los pasantes que estamos en el Ministerio.

                Por tanto, consideramos que más allá de que cumplamos con la función, como dijo el señor Comesaña, no nos quejamos del trabajo ni del sueldo, pero sí pretendemos que se nos dé un trato igualitario, ya que cumplimos las mismas funciones que los funcionarios públicos dentro del Ministerio.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.-  El artículo 12 de la Rendición de Cuentas concede al Poder Ejecutivo facultades para celebrar contratos de función pública a propuesta de los jerarcas de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional. De modo que les ruego lean esa disposición y se negociará a partir de allí. El material será distribuido entre todos los señores y señoras Legisladores.

                Muchas gracias por su presencia.

(Se retira de Sala la delegación de Pasantes y Becarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

(Ingresa a Sala la representante de los funcionarios excedentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores)

                La Subcomisión de Audiencias de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a la señora Lareu, a quien concederemos el uso de la palabra para que hable en nombre de los funcionarios excedentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑORA LAREU.- Así es, señor Presidente, lo haré en nombre de ellos y también en el de los demás Incisos de la Administración Central, porque están comprendidos los demás funcionarios excedentarios, cuyos nombres no me han sido proporcionados por la Oficina Nacional del Servicio Civil ni por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aunque comprendo la discreción.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Le recuerdo que dispone de diez minutos para realizar su exposición, dado que nuestra Subcomisión tiene un tiempo limitado.

SEÑORA LAREU.- Si el señor Presidente lo permite, leeré una breve nota a los efectos de explicar por qué concurro sola. Dice así:

“Montevideo, 7 de agosto de 2008

 

Al señor Presidente

de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda integradas

del Senado

Reinaldo Gargano

De mi mayor consideración

                Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el objeto de poner en su conocimiento que el resto de los funcionarios excedentarios, declarados tales en base a la Ley 16.736 de 5.1.96, y pertenecientes, al igual que quien suscribe, al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya declararon ante la Dirección Jurídica de este último Ministerio, admitiendo todos, sin excepción, salvo quien suscribe, que renunciaban a RR.EE. por su propia voluntad, declarándose excedentes, y percibiendo el correspondiente incentivo.

El funcionario de Dirección Jurídica de RR.EE. que recibió las declaraciones, fue el Dr. Carlos Mata Prates, actual Subdirector de la misma Dirección.

No me es posible ubicarlos pues ya han pasado 11 años desde la declaración de excedencia, y perdí contacto con los mismos, por lo cual me veo obligada a concurrir sola a las Comisiones.

                Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente las seguridades de mi más alta consideración.

                                                                                                                             Dra. Elena Lareu”.

                Estamos ante un problema por el cual se enfrentan dos reestructuras.

Una de ellas es la prevista en la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por cuyo artículo 723 fuimos declarados excedentarios. La propia ley decía que la resolución debía ser fundada, pero no lo fue; simplemente mencionaba el artículo y luego aparecía un listado donde estaban los choferes y se me incluía, junto con otra funcionaria de mi mismo cargo. Quiere decir que se vulneró esa parte de la ley.

Por otra parte, los tres procedimientos que estaban establecidos para elegir a los funcionarios a ser declarados excedentarios eran el concurso más cercano en el tiempo, la prueba de idoneidad técnica y las últimas calificaciones de los funcionarios. Sin embargo, se eludió el concurso y la prueba de idoneidad técnica, y solamente se hicieron unas calificaciones excepcionales por las cuales se les dieron diez puntos más a los funcionarios que estaban en los primeros lugares, provocando un hundimiento artificial de aquellos a quienes querían declarar excedentarios. Esto fue hecho por funcionarios de las Comisiones de Calificaciones, y en la jerarquía número cuatro del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba el doctor Ernesto Martínez, quien condujo la reestructura. Esta persona tenía desde hacía varios años un problema técnico con nosotros, por celos funcionales, pues antes de terminar mi carrera le gané una discusión sobre la exoneración del pago del IVA en el transporte de las valijas diplomáticas desde el exterior a la República. Este doctor opinaba que debíamos pagar ese IVA, pero cuando llegó a mí -en ese momento yo estaba transitoriamente en Contaduría Central- luego de estudiar el tema, opiné que no. De mi análisis surgió que UPU -Unión Postal Universal- y UPAE -Unión Postal de las Américas y España- no habían contemplado el tema, pero sí estaba previsto en un tratado que teníamos con Brasil, por el cual se preveían desgravaciones arancelarias recíprocas. El tema se escapó de mis manos -yo no sabía que iba a llegar tan alto- y lo tomó en las suyas el Director General de la época, el Ministro de Relaciones Exteriores de entonces, doctor Estanislao Valdés Otero, el señor Ministro de Economía y Finanzas, Valentín Arismendi y el Presidente de la República, Aparicio Méndez. Esas autoridades daban la razón a mi memorando y no a los dictámenes del doctor Ernesto Martínez, por lo cual quedó en una mala situación frente a tan altas jerarquías. A partir de allí surgió una controversia entre él y quien habla, por el decreto que  exoneraba del pago de IVA al transporte de las valijas diplomáticas desde el exterior a la República. Entonces, en determinado momento, tragando saliva y mirando mi pecho en forma especial -fijamente y sin sacar la vista de mi cuerpo, demostrando una absoluta falta de respeto-  me dijo: “Pero usted tiene otras armas que yo no tengo; vamos a realizar algunas reuniones para analizar el tema”. Ahora bien, la posición de los dos ya estaba consignada por escrito, no teníamos nada que hablar, en absoluto, y menos después de la falta de respeto de que me hizo objeto, porque de sus expresiones se podía deducir que yo había realizado actos reñidos con la moral para lograr la aprobación del decreto. Sin embargo, todo ocurrió porque intelectualmente lo fundamenté con numerales y subnumerales, con estudios profundos y análisis de distintos tratados. Por tal motivo, pude comprobar que la valija diplomática estaba exenta del pago del IVA en el transporte del exterior a la República. 

En consecuencia, ese funcionario no quiso reconocer su pérdida desde el punto de vista intelectual y tampoco quiso comprender que en lo que me es personal yo no tenía ninguna reunión que realizar con él. A todo esto, cabe agregar que todos los días venía de visita a mi Dirección, y yo era tan inocente que pensaba que se acercaba por el Director. Sin embargo, se ve que miraba otras cosas y por eso la falta de respeto de que me hizo objeto.

SEÑOR BARÁIBAR.- Son cosas de la vida.

SEÑORA LAREU.- Son cosas de la vida, señor Senador, pero esa situación de acoso después continuó durante años y, entre otras cosas,  me negaba los formularios para el Departamento de Certificaciones Médicas y me quería hacer firmar un acta para constituir domicilio. Pero, ¿qué acta hubiera tenido que firmar? Eso era un mamarracho. No se puede hacer un acta para constituir un domicilio, porque según lo establece la Constitución de la República somos libres de circular y podemos constituir tantos domicilios en el día como queramos. Quiere decir que no se requería bilateralidad de aceptación, sino que unilateralmente yo lo podía fijar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos cubierto los diez minutos estipulados para cada delegación, por tanto, le solicito que concrete su planteo a la Comisión.

SEÑORA LAREU.- Pues bien, si me permite, señor Presidente, rápidamente paso a leer una nota donde solicito la inserción de un inciso o artículo para que se contemple a los funcionarios excedentarios a que refiere la Ley Nº 16.736,  de 5 de enero de 1996. En la nota que dirijo al señor Presidente, miembros e integrantes de las Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, les digo que tengo el honor de dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar la inserción de un artículo o un a aditivo al artículo 10 del presente proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El texto que proponemos es el siguiente: “La presente reestructura se aplicará a los funcionarios excedentarios declarados tales en base a la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con la remuneración que percibían al momento de ser declarados excedentarios actualizada, con cargo al Rubro 0, objeto del gasto que corresponda”; porque los excedentarios son de varios incisos.

                Confiando en que este proyecto de artículo cuente con la anuencia de los señores Senadores, hago propicia la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi más alta consideración.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradecemos la información que nos ha brindado.

(Se retira de Sala la representante de los Funcionarios Excedentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado)

                La Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores tiene mucho gusto en recibir a los representantes de la Asociación de Trabajadores  Civiles de los Diques del Estado y les cede el uso de la palabra para que expongan sus puntos de vista.

SEÑOR BEGUERÍE.- La Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado agradece a todos los integrantes de esta Comisión la oportunidad que nos brindan de poder plantearles nuestras dificultades de funcionamiento y solicitarles su apoyo para impulsar los cambios que necesitamos a efectos de cumplir con mayor eficacia y prontitud nuestras tareas, lo que sin duda beneficiaría al Estado y al país productivo que se ha proclamado reiteradamente y al que todos aspiramos.

                A modo de presentación, diremos que nuestra Asociación tiene como fecha fundacional el 24 de agosto de 1984 y somos funcionarios del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada -S.C.R.A.- dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, teniendo la condición de públicos, por la cual estamos regidos por el Estatuto del Funcionario Público y normas particulares dictadas a efectos de posibilitar el funcionamiento industrial de los Diques, insertos en la Administración Central; desde el punto de vista sindical, estamos agremiados a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, C.O.F.E.

                El S.C.R.A. está compuesto por el Dique de la Armada, Dique Mauá, y Astillero de la Armada.

                Ambos Diques han cumplido desde sus inicios y en forma eficiente con el conjunto de los servicios de reparación y mantenimiento naval típicos de esta industria -cascos, motores, sistemas de propulsión, mecánicos, eléctricos, etcétera- y tienen a su cargo el mantenimiento de la flota de la Armada Nacional para que permanezca plenamente operativa y pueda cumplir con sus múltiples tareas, como por ejemplo  salvataje, señalización marítima y defensa de la soberanía nacional. Además, realizan reparaciones y mantenimiento de la flota del Estado -dragas de la Administración Nacional de Puertos, buques de ANCAP- evitando la salida de divisas del país e invirtiendo en mano de obra uruguaya en forma directa e indirecta; y ofrecen un conjunto de servicios de reparación naval a los buques de pesca y mercantes, nacionales e internacionales.

                Por tanto, al analizar  la rentabilidad de los Diques del Estado, no solo debe tenerse en cuenta los ingresos por trabajos a terceros, sino el ahorro que le significa al Estado las reparaciones y mantenimiento a la flota de la Armada, lo cual también significa un gran beneficio.

                El S.C.R.A. en su Astillero ubicado en el Dique de la Armada, realizó la construcción de dos barcazas para la empresa Botnia, entregadas en tiempo y forma, e incluso, el personal del Dique de la Armada se encargó de la construcción y montaje de sus dos tapas de bodega, así como de las dos que correspondían a la empresa Tsakos, para que pudiera cumplir con su contrato en el plazo fijado.

                En virtud de que la construcción naval no ofrece la posibilidad de una demanda continua, que sí ofrece la reparación naval, es que planteamos la urgente necesidad de ingreso de personal a los Diques del Estado, por cuanto la pérdida de mano de obra especializada que fuimos padeciendo, en forma sostenida, contabilizando los funcionarios que prestan servicios con cargo a Partidas Presupuestales, Rubro 0.21, y a los proventos del S.C.R.A., es la siguiente: año 1988, 357 funcionarios; 1993, 259; 1998, 206; 2003, 170; 1/06/2007, 148, y 1/06/2008, 129.

                A estas cifras de por sí alarmantes, que muestran una pérdida del 64% de mano de obra calificada, debe agregarse un factor primordial: el promedio actual de edad del personal es de cincuenta y cinco años, para efectuar tareas que demandan un gran esfuerzo físico e intelectual. A esto se suma que cuentan con pocos recursos materiales, escasez de herramientas y maquinaria; y sin embargo dan lo mejor de sí para cumplir con responsabilidad y eficiencia sus tareas.

                Esto arroja una evidente necesidad de personal para llevar a cabo los trabajos y tratar de cumplir en tiempo y forma con los clientes. Debido a ello se autorizó al S.C.R.A., mediante leyes específicas, a celebrar dos tipos de contrataciones. Por un lado, tenemos el contrato a término por el que el Ministerio de Defensa Nacional hizo un llamado público y permitió el ingreso de veintisiete operarios por un año, con opción a dos, para poder llevar adelante el emprendimiento de la construcción de las barcazas en el Astillero. Sus salarios fueron abonados con los proventos generados por el S.C.R.A.. De ellos, actualmente solo quedan 14 funcionarios contratados con esa modalidad hasta el 31 de octubre de 2008 y a otros 9 se les incluyó en la forma de contratación personal eventual; este es el segundo tipo de contratación. Todos los meses, mediante esta modalidad y con cargo a los proventos producidos por el S.C.R.A., aproximadamente 65 trabajadores prestan funciones en los Diques y en el Astillero. La mayoría de ellos, desde hace muchos años trabajan en ese régimen, en forma constante, y no “eventualmente” para una tarea específica, pasando a ser una necesidad constante de mano de obra, siendo grandes protagonistas, e indispensables en el quehacer diario de los Diques.

Estas modalidades de contratación, además de ser insuficientes, son profundamente injustas, generando incertidumbre en el trabajador en cuanto a su futuro, impidiéndole realizar sus tareas con la tranquilidad necesaria, y no permitiendo que tenga “sentido de pertenencia”. Por un lado, se les incrementó el conocimiento y la práctica y, por otro, se los enviará al mercado laboral a volcar sus conocimientos en la industria privada, sin que los Diques del Estado se beneficien del aprendizaje y la experiencia obtenidos.

El promedio de años de antigüedad en los Diques es de treinta años; la mayoría ingresamos muy jóvenes y nos sentimos orgullosos de ser “diqueros”, y queremos realmente que los Diques sean productivos y puedan ser un lugar de aprendizaje para muchos jóvenes, como en su momento lo fueron para nosotros.

En los hechos, tanto el personal contratado como el eventual, presta servicios en forma continuada; por tanto, los Diques no pueden funcionar sin ellos, y deberían ingresar a la plantilla básica del personal efectivo.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores Senadores miembros de esta Comisión se sirvan considerar en la Rendición de Cuentas, en la medida de sus posibilidades, los mecanismos para el ingreso como personal de oficios, que preste funciones en forma permanente y efectiva con cargo a Rentas Generales, en los Diques de la Armada, Mauá y Astillero, de ciento veinte funcionarios, de acuerdo con la nómina adjunta de necesidades por oficio.

Mucho se ha hablado y escrito sobre el Uruguay Productivo, pero en los hechos y en lo concerniente a los Diques del Estado, todo ha quedado en declaraciones de buena voluntad y preocupación verbal por la situación actual; en los hechos y en los momentos de decidir, proponer y votar, los trabajadores quedamos solos en esta lucha por la defensa de este Organismo del Estado. Tanto la Armada como los diferentes Gobiernos han manifestado que entienden y comparten nuestra preocupación; pero al momento de efectivizar ese apoyo, todo ha quedado en insinuaciones, sin ponerle el interés ni realizar las acciones necesarias en el momento de las concreciones. En la actualidad, todos los hechos sugieren que en realidad, la intención es privatizar o tercerizar los trabajos en los Diques del Estado, dejando que por el propio envejecimiento del personal, este no pueda cumplir con sus tareas, pasando a manos de privados lo que es una responsabilidad pública.

Recordamos que al ser esta la última Rendición de Cuentas de este período de Gobierno, también es la última oportunidad que tenemos para mantener los Diques en manos del Estado; si no se revierte en forma inmediata esta situación de vaciamiento de mano de obra, en muy poco tiempo veremos la muerte de los Diques como empresa estatal.

Consideramos que la solución es una cuestión únicamente de voluntad política. Es imposible creer que la economía del país se vería perjudicada por el ingreso de ciento veinte funcionarios a una empresa estatal, que además es de carácter productivo y genera ingresos.

Agradeciendo la atención prestada y esperando den lugar a nuestra petición, saluda atentamente la Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado.

                Quiero aclarar que en el material que les dejamos también figuran la cantidad de funcionarios necesarios discriminados por función y por grado, así como el cálculo del costo anual por ciento veinte funcionarios, incluyendo los aportes patronales, los aportes al Banco de Seguros del Estado y un aporte patronal adicional del 18,7% que se está pagando por trabajo insalubre.

                Por último, quisiéramos hacer otra petición. Desde 1992 venimos cobrando un incentivo por presentismo. El Ministerio de Defensa Nacional y la Armada Nacional estaban de acuerdo en incluirlo en la Rendición de Cuentas, pero cuando se calcularon los costos, a este incentivo se le adjudicó determinado valor y el Contador García Burlón, de la Contaduría General de la Nación, nos explicó que, en realidad, tiene costo cero, ya que está incluido en los gastos del Estado por cobrarlo continuamente desde hace 16 años. Este incentivo no incrementaría los gastos, sino que simplemente legalizaría una situación que en los hechos se viene dando desde hace 20 años.

SEÑOR PRESIDENTE.-  La Subcomisión de Audiencias toma nota de lo expuesto y lo hará conocer a los Ministerios de Defensa Nacional y de Transporte y Obras Públicas, y a la Administración Nacional de Puertos.

                Muchas gracias.

(Se retiran de Sala representantes de la Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte)

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que tiene a estudio la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, recibe con mucho gusto a los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte.

                Como tuvimos una entrevista anterior, les rogamos que sean lo más breves posible porque estamos terminando la sesión y aún quedan cuatro delegaciones por recibir.

SEÑOR RECAETA.-  Agradecemos que nos reciban nuevamente y seremos muy breves.

                Nos vamos a referir al órgano de control del transporte profesional de carga. Si bien este tema ha sido debatido en las distintas Comisiones de Transporte y Obras Públicas, también queremos presentarlo en esta Subcomisión, a los efectos de esclarecer, sobre todo, la modificación de algunos artículos que pretendemos que se lleve adelante. Pediría que se ceda el uso de la palabra al señor Ferrari para que exponga sobre el tema.

SEÑOR FERRARI.- Quiero agradecer a la Subcomisión por habernos recibido nuevamente. Como decía mi compañero, vamos a referirnos al Órgano de Control de Cargas, creado por la Ley Nº 17.296 del año 2001, y al Decreto 349 de 2001 que reglamenta los artículos 272 y 273 de dicha ley.

                Voy a ser breve porque, inclusive, ya hemos planteado este tema en diversos ámbitos. En el día de ayer concurrimos a la Comisión de Transporte,  Comunicaciones y Obras Públicas, y también asistimos a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes en oportunidad de tratarse el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Básicamente, planteamos la modificación de esos artículos que, de alguna manera, derogan ese órgano de control que, entre otras actividades ‑enumeradas por la ley y el Decreto-  realiza la inspección de los agentes de control. A nuestro juicio, el problema es que esa actividad, de alguna manera, está regulada y organizada por un actor privado, delegado de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga. Tal como hemos expuesto, ese delegado representa a un porcentaje importante del transporte profesional de carga, aunque no a la totalidad y, menos aún, al resto del transporte de cargas en general. Quiere decir que el transporte no profesional no tiene ningún delegado en ese órgano de control, ni tampoco lo tiene el transporte que podemos catalogar de servicios, como las barométricas o los de asistencia técnica automotriz. Por lo tanto, solo tiene representación un sector del transporte profesional. Básicamente, ese delegado es el que organiza las inspecciones. Entonces, el problema radica en que ese sector es juez y parte en las tareas de fiscalización que realizan los agentes de control.  Nosotros queremos devolver a la Dirección Nacional de Transporte esa tarea, a la que se refiere expresamente el decreto 247 del año 1997, que tiene que ver con  los cometidos sustantivos de esa unidad ejecutora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entre esos cometidos, está el de regular, administrar, controlar y supervisar en todo el territorio nacional el transporte, en los modos en que las leyes y las reglamentaciones le atribuyan competencia; ejecutar en el ámbito de su competencia las políticas que fije el Poder Ejecutivo; analizar las contravenciones por incumplimiento de las normas y aplicar las multas correspondientes; recaudar multas y tributos de competencia.

                Aclaro que nosotros no estamos solicitando que la tarea la haga la Dirección Nacional de Transporte a través de una nueva oficina, porque ésta ya existe y los cometidos están claramente establecidos en el decreto que recién mencioné, que está vigente y organiza de manera administrativa esa Dirección.

                Las modificaciones que queremos plantear refieren básicamente a los artículos 272 y 273 de la Ley Nº 17.296 y figuran en las páginas 6 y 7 del repartido que entregamos a los señores Senadores.

                El artículo modificativo del artículo 272 sería el siguiente: “Será competencia del  Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Transporte, el control y fiscalización de la actividad del transporte de carga terrestre en todo el territorio nacional. Créase un Órgano Consultivo en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, integrado por todos los actores involucrados con el sector de transporte de carga terrestre, cuyo alcance será debidamente reglamentado, con funciones de asesoramiento al Poder Ejecutivo”.

                Por su parte, el artículo modificativo del artículo 273 diría así: “Sin perjuicio del control que corresponde a los organismos de recaudación, la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que la Dirección Nacional de Transporte procederá a realizar los controles con el cometido de verificar el cumplimiento de las obligaciones que la presente Ley y la reglamentación establezcan para el transporte de carga terrestre”.

                Esas son las modificaciones que planteamos para los artículos de la Ley de Presupuesto del año 2001 que crean el órgano de control.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión agradece a la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte los aportes realizados, que serán tenidos en cuenta cuando se ingrese al análisis de ese capítulo de la Rendición de Cuentas. Aclaramos que se adjuntará el material para que el señor Ministro dé su opinión.

                Muchas gracias.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte)

(Ingresan a Sala funcionarios de la Planta de ANCAP de la ciudad de Minas)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, que estudia la Rendición de Cuentas en el Senado de la República, tiene el gusto de recibir a los funcionarios de la Planta de ANCAP de la ciudad de Minas, quienes expondrán sobre temas de su interés.

                Antes de cederles el uso de la palabra, la Mesa quiere advertirles que si bien tenemos la mejor buena voluntad para recibir a todas las delegaciones, lamentablemente contamos con muy poco tiempo, ya que deberíamos finalizar esta reunión a la hora 13 y todavía quedan varias  para atender.

SEÑOR MOLINA.-  Agradecemos a la Comisión el habernos recibido.

                En nuestro caso, venimos a solicitar vuestro apoyo con respecto al artículo 485 aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se habilita a ANCAP a realizar contrato de función pública a todas aquellas personas que desempeñan tareas permanentes dentro de la planta, tratándose en muchos casos de gente que ha trabajado  por más de quince años en forma consecutiva. Respecto a este tema hemos hablado con el Ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Daniel Martínez y con el Presidente de ANCAP, señor Raúl Sendic, quienes nos han expresado que el problema radica en que no hay una ley que permita hacer ese tipo de contrato. Como en este momento el tema está en manos de los señores Senadores, venimos a solicitarles su apoyo para que se cree una norma que autorice la realización de ese tipo de contrato.

                Consideramos que con esto no le estamos causando gastos al Estado. Si comparamos el sueldo de un funcionario público y el del empresario que está licitando, vemos que es mucho más lo que se le paga a este último que al propio funcionario. Por lo tanto, no se trata de un acomodo político ni de una limosna, sino que simplemente estamos pidiendo un apoyo para que se apruebe esa disposición y pueda regularizarse nuestra situación, tal como venimos reclamando desde hace varios años, en muchos casos más de quince.

SEÑOR PRESIDENTE.- En síntesis, ustedes están de acuerdo con lo dispuesto por la Cámara de Representantes y vienen a solicitar la correspondiente aprobación por parte del Senado. Lo tendremos en cuenta.

SEÑOR LESCANO.- ¿Podemos dar por descontada la aprobación del Senado en este sentido?

SEÑOR PRESIDENTE.- El oficialismo va a votar favorablemente esto; no sé la postura de la oposición.

SEÑOR HEBER.- Nosotros también lo vamos a acompañar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado, agradecemos la presencia de los funcionarios de la Planta de ANCAP de la ciudad de Minas.

(Se retira de Sala la delegación de funcionarios de la Planta de ANCAP de la ciudad de Minas)

(Ingresa a Sala la representación de la Asociación de Escribanos del Uruguay)

                La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado tiene mucho gusto en recibir a la delegación de la Asociación de Escribanos del Uruguay, que solicitó audiencia para exponer sus puntos de vista sobre temas de su interés.

                De modo que, sin más trámite, cedemos el uso de la palabra a sus representantes, que son las escribanas Sara Castro y Reina Gatti.

SEÑORA CASTRO.- Muy buenos días.

Antes que nada, me presento: soy la Presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay y, en aras de la economía del tiempo -que sé que es muy tirano- voy a decir brevemente que luego del análisis de estos temas en las distintas comisiones técnicas de la Asociación, podemos comunicarles que la mayoría de los artículos que  introducían mejoras o modificaciones al ejercicio profesional, en general, no nos merecieron mayores observaciones, salvo por algún tema de redacción. No obstante, en la Comisión de Vivienda de la Asociación surgieron algunas precisiones, que expondrá con más amplitud mi compañera, escribana Reina Gatti, que es la Vicepresidenta de nuestra Asociación.

SEÑORA GATTI.- Como decía mi compañera, soy la escribana Reina Gatti y soy la Vicepresidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

                Brevemente quiero decir que hay cuatro artículos -que versan sobre exoneraciones de diversos tributos- acerca de los cuales sugerimos un pequeño complemento -que voy a detallar enseguida- y otro artículo del que, en realidad, sólo hemos variado la redacción para que quede más claro y sea más entendible.

                Aclaro a los señores Senadores que en el memorando que hemos traído incluimos el artículo tal cual está redactado y, a continuación, las consideraciones que nos merece en cuanto a los agregados que habría que hacerle.

                El primer artículo es el 185 y se refiere a la Tasa Catastral. Concretamente, dicho artículo dice que “los certificados catastrales requeridos para certificar los valores reales de las unidades que componen un edificio, que se expidan al solo efecto del otorgamiento del correspondiente Reglamento de Copropiedad por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o de la Agencia Nacional de Vivienda, por sí o en su carácter de fiduciario de fideicomisos financieros que incluyan los inmuebles, se considerarán como un único certificado por todas las unidades a efectos del cobro de la tasa que pudiera corresponder”.

Por ejemplo, si un edificio que se va a incorporar a propiedad horizontal tiene veinte unidades, entendemos que no hay que poner veinte timbres catastrales, sino uno solo por todos los certificados. Consideramos, por tanto, que sería beneficioso extender la exoneración de que habla esta disposición a los Gobiernos Departamentales, por lo que esta norma debería abarcar no sólo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Vivienda, sino también a los Gobiernos Departamentales, a fin de que puedan utilizarlo cuando tengan que hacer algún Reglamento de Copropiedad al momento de regularizar algún núcleo habitacional o asentamiento.

                La siguiente disposición a la que deseamos referirnos es el artículo 363, que declara “de utilidad pública la escrituración de viviendas realizadas por la Intendencia Municipal de Montevideo en el marco del Plan de Rehabilitación Urbana”, y el inciso segundo establece: “Todos los actos a que dé lugar la ejecución y cumplimiento de las escrituras traslativas de dominio a que refiere el presente artículo” -que son los padrones mencionados en el inciso primero- “estarán exentos del pago de todo tributo, incluyendo el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales”.

En este caso, sugerimos que se incluyan 31 padrones más de los que allí se mencionan, pues son de complejos que la Intendencia  Municipal de Montevideo tiene prontos para escriturar y respecto de los cuales el 1º de diciembre de 2006, la Asociación de Escribanos y la Intendencia suscribimos un convenio para hacer las escrituraciones. Se da una situación similar a la que prevé el artículo que figura en el proyecto, por lo que la fundamentación para la exoneración es la misma en ambos casos.

                El artículo 364 refiere, en el literal A), que estarán exoneradas de tasas registrales las promesas de venta o escrituras de enajenación de inmuebles otorgadas por el Banco Hipotecario por sí o en representación de un promotor o por la Agencia Nacional de Vivienda. Luego, el literal B) agrega las inscripciones, en el Registro de la Propiedad, de escrituras en las cuales se constituyan gravámenes; y finalmente, el literal C) señala: “Las solicitudes de información registral, hasta dos por cada inmueble, referidas a los actos previstos en los literales A) y B) precedentes”.

                Proponemos que esta exoneración de tasas registrales se extienda a los Gobiernos Departamentales y, sobre todo, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pues actualmente esta Cartera tiene una cantidad de viviendas en todo el país que están en condiciones de ser escrituradas.  La Asociación de Escribanos ya tiene un convenio con el Ministerio para realizar esas escrituraciones y sería muy beneficiosa esta exoneración de timbres registrales, ya que se trata de viviendas de interés social, en las que los beneficiarios carecen del dinero suficiente para pagar los timbres registrales, que son de monto importante.

                El artículo 368 se refiere a la prescindencia de obtener el certificado del Banco de Previsión Social, que ya existía en determinados casos, como en los de expropiación o en las escrituraciones judiciales. Este proyecto de ley agrega una cantidad de situaciones en las que también se prescindirá de la obtención del referido certificado, que no es momento de detallar ahora, pero que figuran en los diferentes literales. Sobre todo, nos referimos al C), según el cual se prescindirá de la exigencia de la obtención del certificado del Banco de Previsión Social “en las enajenaciones, cesiones o adjudicaciones de bienes inmuebles que realice el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda en cumplimiento de sus cometidos en materia de política de vivienda”. A su vez, se señala que “lo dispuesto en el presente literal regirá exclusivamente respecto de viviendas con permiso de construcción con anterioridad a la promulgación de la ley”. O sea que refiere a edificios ya construidos a la fecha de promulgación de la ley y no a los que se construyan en el futuro. Estimamos que sería conveniente que en este literal C) se incluyeran también las enajenaciones o adjudicaciones de bienes inmuebles que hagan los Gobiernos Departamentales.

                Como dije, el literal C) establece que la exoneración regirá para “viviendas con permiso de construcción otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley”. Hacemos notar que muchas veces esos edificios que van a escriturar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda -y si se decidiera agregarlos, también los Gobiernos Departamentales- a pesar de que se construyeron antes de la promulgación de la ley, carecen de permisos de construcción, por lo que quedarían fuera de la exoneración.

                Finalmente, en lo que tiene que ver con el artículo 381, simplemente hicimos una nueva redacción, no sólo para que fuera más clara, sino para que además tuviera un carácter más técnico. Este artículo refiere al protocolo que se crea para el Ministerio de  Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a partir de la promulgación de la ley y por el cual se extenderán los poderes y las escrituras a favor de dicha Cartera. En el memorándum hemos adjuntado la redacción sustitutiva que, si bien no modifica la sustancia del artículo original, desde un punto de vista técnico lo hace más adecuado, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la exposición que se ha realizado e informamos que el material será distribuido entre todos los integrantes de esta Comisión y será considerado cuando analicemos los artículos que se  han citado.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de  Escribanos del Uruguay)

                (Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil)

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene mucho gusto de recibir a los representantes de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Agradecemos a la Comisión por recibirnos en el día de hoy.

                Estamos hoy aquí para referirnos a los artículos 40 y 43 de la Ley         Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, pertenecientes al Inciso 11, unidad ejecutora 021, Dirección General del Registro de Estado Civil. Se establece que los funcionarios podrán solicitar la transformación de sus cargos en un plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, y también se agrega que esa transformación se hará en la forma establecida en el artículo 40 de la Ley Nº 18.046.

Hay que destacar que todo esto fue hecho en tiempo y forma y respetando los plazos estipulados. Lo que sucedió fue que en los escalafones E y F había funcionarios presupuestados y un grupo de quince funcionarios contratados; entonces, el problema fue que estos quince funcionarios quedamos excluidos porque se estableció que primero debíamos presupuestarnos para después pasar al escalafón administrativo C.

Hemos traído la fundamentación del artículo 46 de la Ley Nº 18.046, que entró en vigencia el 1º de enero de 2007, que establece que los funcionarios que desempeñen funciones contratadas con carácter permanente pasarán a ocupar cargos presupuestados. A su vez, por el artículo 40 de esa norma se habilita la transformación de cargos, estableciendo como plazo máximo para presentar la solicitud el 30 de abril del 2007.

Decía que todo esto fue presentado en tiempo y forma; los funcionarios contratados de la Dirección General del Registro de Estado Civil presentaron la solicitud de transformación de cargos, según lo dispuesto en el artículo 40, en el entendido de que la presupuestación corresponde a la propia Administración y que el plazo entre la entrada en vigencia de la ley y la presentación de las solicitudes de transformación -de 120 días- era suficiente para que estas dos situaciones fueran contempladas. Cabe agregar que los antecedentes de los artículos 40 y 43 indican que el espíritu de esto fue que tanto los funcionarios presupuestados como los contratados fueran amparados por ambas disposiciones. Sin embargo, la realidad demuestra que los funcionarios contratados aún no han sido presupuestados y mucho menos han sido transformados sus cargos, por lo que es pertinente la sanción del presente artículo, a los efectos de regularizar esta situación.

Esta es la fundamentación que tenemos; agradecemos a los señores Senadores y esperamos se tome en cuenta nuestro pedido con una solución favorable. Somos quince funcionarios -que tienen más de veinte años de trabajo- que estamos cumpliendo funciones en el Escalafón C, Administrativo, y por pertenecer a otros Escalafones de Servicio hemos quedado en una situación delicada.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Agradecemos vuestra presencia y por supuesto que sus reclamos serán tenidos en cuenta.

(Se retira la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (AFURECI)

                (Ingresan los representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, Sector ANEP)

                La Subcomisión de Audiencias de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a los representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, Sector ANEP. Les cedemos el uso de la palabra para exponer sus puntos de vista y aclaramos que casi no disponemos de tiempo, ya que estamos trabajando desde la hora 9 y desgraciadamente ustedes son los últimos de la lista.

SEÑOR OLIVERA.- Muchas gracias por habernos recibido y darnos esta posibilidad, incluso a pesar de haber hecho mal el trámite de solicitud de audiencia.

                Como primer planteo, vamos a reiterar en esta Subcomisión lo mismo que planteamos en su momento en la Cámara de Representantes, es decir, que desde el Poder Legislativo se acompañe el proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado por el Consejo Directivo Central de la ANEP. Decimos esto, no porque estemos totalmente de acuerdo con esa iniciativa enviada por el CODICEN sino porque, en cierta medida, contempla nuestros reclamos y aspiraciones. En virtud de ello y analizando lo que ya se ha votado en la Cámara de Representantes, haremos referencia a algunos aspectos que consideramos importante se tengan en cuenta en el Senado, particularmente en este tratamiento.

                Ante todo, vemos con preocupación que en la Cámara de Representantes no se haya acompañado el primer artículo del Mensaje del CODICEN, referido a la ANEP, donde este Organismo plantea tres aspectos importantes desde nuestro punto de vista. El primero de ellos tiene que ver con una solicitud de partidas para ejecutar, a partir del año 2009, un 6,91% de aumento salarial en el sector. Esto corresponde a una de las líneas de trabajo que el CODICEN ha implementado para este período, en que se ha comprometido a alcanzar un 19% de aumento en el salario, en términos reales, del conjunto de los trabajadores de la Educación, por vía presupuestal. Para llegar a ese 19,3%, como consecuencia de cálculos realizados en común entre los trabajadores y la Administración, llegamos a la convicción de que faltaba un 6,91%, y de ahí que el CODICEN lo solicitara en ese artículo.

A su vez, en esa misma disposición, el CODICEN plantea una solicitud de dinero para solventar desde la Administración el aporte personal de los trabajadores de la ANEP al Fondo Nacional de Salud, al cual hemos ingresado a partir del 1º de julio de este año. Con respecto a este tema, hay algunas diferencias con el Poder Ejecutivo en cuanto a la interpretación de las normas y de algunos convenios firmados.

En primer lugar, queremos recalcar que en el artículo 9º de la ley que crea el Fondo Nacional de Salud, el Legislador dispuso dar un tratamiento diferencial o especial a los trabajadores de la educación y del Poder Judicial, señalando claramente que la incorporación a dicho Fondo no puede significar para los trabajadores pérdida de su salario líquido. Nosotros interpretamos que la Administración se tenía que hacer cargo de la aportación personal, aunque no ponemos en discusión el otro 3% de aporte al Sistema Nacional Integrado de Salud. Este criterio ha sido compartido por el CODICEN, y de ahí que se soliciten fondos para hacer frente a esta aportación por parte de la Administración. A su vez, tenemos un convenio de recuperación salarial firmado con el Poder Ejecutivo, que prevé para los años 2009 y 2010 un 3% de aumento en términos reales, a razón de un 1% en 2009 y un 2% en 2010. Cuando se negoció ese convenio, nunca el Poder Ejecutivo propuso que ese 3% fuera como contrapartida para cubrir la aportación al FONASA, sino que se planteó siempre como un incremento adicional al salario real de los trabajadores de la educación, y bajo esas características lo firmamos. Sin embargo, nos encontramos con que recién el 9 de julio el Ministerio de Economía y Finanzas envía una nota al CODICEN donde plantea, entre otras cuestiones, que Rentas Generales no se debe hacer cargo de la aportación personal al FONASA de los trabajadores de la educación, y además que existe un convenio que prevé un 3% de aumento adicional y ese incremento va a financiar la aportación al FONASA. Esto nunca fue planteado en los ámbitos de negociación, por lo cual creemos que estamos ante un problema de incumplimiento grave, sobre todo de uno de los principios básicos de negociación colectiva, que es el de negociar de buena fe.

En síntesis, sobre este primer punto solicitamos que el Senado analice este planteo del CODICEN, que compartimos con la Administración, porque además está en consonancia con una de las primeras líneas de acción que planteó el propio CODICEN en el año 2005.

En segundo lugar, queremos manifestar nuestra preocupación con respecto a la situación de más de 4.000 cargos que se crearon en toda la Administración a partir del artículo 453 de la Ley de Presupuesto, para proyectos de inversión y educativos. Estos compañeros, que desempeñan diversas tareas en toda la Administración -hay cargos de servicios, administrativos y docentes- están bajo un régimen de contrato de función pública. La Ley de Presupuesto prevé partidas salariales hasta el año 2009, por lo que no sabemos qué va a pasar después, particularmente en el año 2010. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de cargos cuyas tareas son de carácter permanente y que han contribuido fuertemente al mejoramiento de las instituciones educativas en todos sus niveles. Por esos motivos, también en este caso hay un planteo del Consejo Directivo Central, en el artículo 12, en el sentido de regularizar la situación de estos cargos para darles continuidad en el tiempo y no dejar desprovistos a partir del año 2010 una serie de cargos que, reitero, han contribuido fuertemente a mejorar el servicio educativo en los distintos niveles.

Básicamente, y para no abusar del tiempo de los señores Senadores, estos son los planteos centrales que queríamos transmitir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero aclarar que el último punto ya ha sido analizado por la Comisión, con la presencia de la Administración Nacional de Educación Pública, y se comparte la disposición propuesta.

                Antes de finalizar, quiero recordar a los señores Senadores que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se reunirá el día martes a la hora 9 y 30.

                Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 13 y 20 minutos).