SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

                (Es la hora 9 y 47 minutos)

                -La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por la señora Ministra Marina Arismendi.

La Presidencia aclara que no hay quórum para sesionar. Por lo tanto, sugiere comenzar dialogando acerca de los objetivos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas del Ministerio de Desarrollo Social y, luego, cuando haya quórum, pasaríamos a la consideración del articulado.  

SEÑORA MINISTRA.- Queremos ser bastante precisos en este tema. Creemos que en esta Rendición de Cuentas hay plasmados dos elementos fundamentales, y el primero tiene que ver con el Plan de Equidad. Como los señores Senadores saben, este Plan tiene ese nombre, pero se trata de una estrategia nacional para la justicia social y, por lo tanto, abarca más de un Inciso. Entonces, lo van a encontrar en los artículos relativos al MIDES, a la ANEP, al INAU, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Banco de Previsión Social. Quiere decir que todo lo que hace a las medidas estrictamente vinculadas a ir tejiendo, fortaleciendo y desarrollando una nueva malla de protección social, se ve reflejado en distintos artículos de esta Rendición de Cuentas y en diversos organismos del Estado.

                Como ya habíamos conversado en la Rendición de Cuentas pasada y en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión -cuando ésta tuvo a consideración la nueva Ley de Asignaciones Familiares y la vinculada con el trabajo protegido y con la Asistencia a la Vejez, que luego el Parlamento aprobó- todos estos elementos han sido incluidos por ley -lo que no quiere decir que otra norma no los pueda cambiar- y muestran la voluntad de formular políticas y líneas que vayan tejiendo esa nueva malla de protección social de la que hablamos.

                El artículo 384 -tal como habíamos planificado, ya estaba en la Rendición de Cuentas pasada- lo que hace es ajustar, en función de los años 2008 y 2009, las cantidades vinculadas a la Asistencia a la Vejez. Después, la señora Subsecretaria puede dar una explicación de esto con respecto a la Rendición de Cuentas. Estamos hablando de dinero adjudicado al Inciso 15 pero que, como ustedes saben, se deriva a los puntos de pago del  Banco de Previsión Social.

                En cuanto al trabajo protegido, puedo decir que ahí tenemos uno de los subcomponentes, que es el de “Uruguay Trabaja”; aquí figuran las cifras relativas al 2008. Esto ya está en marcha y se está ejecutando; estamos hablando de más de tres mil trabajadores y trabajadoras -que terminan sus funciones en diciembre- que han sido sorteados y están trabajando, y los podemos ver a lo largo y ancho de todo el país.

                El otro subcomponente -que está en el Inciso del Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social- tiene que ver con el llamado “Objetivo Empleo”, e implica el subsidio de hasta el 80% de las mujeres y el 60% de los hombres en puestos de trabajo en empresas privadas.

                Con respecto al apoyo alimentario, quiero decir que además de incluir la franja que hasta el momento estaba beneficiada con la tarjeta prepaga en los comercios solidarios, luego de una dificultosa licitación hemos logrado que el Banco de la República haya adjudicado la tarjeta del Plan de Equidad del Uruguay Social. En esta tarjeta vamos a incluir no solamente a la población que hoy abarcamos -me refiero a personas en situación de vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas o niños y jóvenes menores de 18 años- que venía del Plan de Emergencia, sino  también a aquellos que hoy reciben la canasta simple o que se encuentren en alguna otra situación que se pueda ir contemplando. Así, dejaríamos el beneficio de la canasta en especie a aquellos que tienen enfermedades específicas como, por ejemplo, los celíacos, diabéticos o quienes necesitan de una alimentación en particular y que no la pueden comprar en los puntos de venta. Aprovecho para aclarar que estos puntos de venta van a aumentar de 500 a 1.000 en todo el país y allí habilitaremos la compra con la tarjeta; esto implica una autonomía que no voy a detallar porque ustedes ya la conocen, dado que votaron las herramientas necesarias para hacer estas cosas.

                Después tenemos el concepto “Otros apoyos a población en extrema pobreza”, que abarca los programas “Uruguay Integra” y todo lo que tiene que ver con personas en situación de calle, refugios y otras situaciones de vulnerabilidad que han ido apareciendo. Como ustedes saben, en el día de ayer inauguramos la casa asistida “Casa de Medio Camino” y lo que se dio en llamar “Tarará-Prado”, que tiene una parte que gestiona el Ministerio de Salud Pública para personas dadas de alta del Hospital de Ojos o que están esperando su operación y son del  interior. La otra ala es para bebitos nacidos con bajo peso, con un período de gestación menor -entre seis meses y medio y siete- que gracias a la ciencia nacen sanos, con todas las posibilidades de vivir y que luego, sin embargo, son muy vulnerables al tiempo -como el de hoy- porque en un hogar con piso de tierra y techo de chapa son más propensos a una enfermedad, fundamentalmente, de tipo respiratoria. Lo que se pretende es que esos bebitos  y sus mamás permanezcan un tiempo en el Centro Tarará-Prado mientras se modifican las condiciones físicas mínimas -no estoy hablando de la vivienda, aunque en algunos casos sí- para que cuando vuelva a su hogar tenga otras posibilidades para vivir. Es un contrasentido ético           -además de económico y financiero, según cómo lo quieran ver; estamos en una Comisión de Presupuesto- que la ciencia sea capaz de hacer que esos bebitos vivan, y que luego se mueran por una enfermedad pulmonar porque viven en condiciones de extrema pobreza. Este es un ejemplo de poblaciones vulnerables.

                En cuanto a la Unidad de seguimiento de programas del Plan de Equidad ‑no tengo el número de la ley, pero los señores Senadores deben tenerlo porque fue aprobada en este Parlamento- debo señalar que se puso énfasis en una disposición que tiene que ver con el control de los dineros públicos y los resultados de estas políticas para modificar la situación.

                Podemos contar mil anécdotas -creo que no es el lugar ni el momento para hacerlo porque los señores Senadores tienen otra tarea- pero lo fundamental es que el informe social en muchos casos muestra el cambio de situación del hogar, para bien o para mal, o el caso de adultos mayores entre 65 y 70 años que trabajaron toda la vida, que no aportaron y que no estaban en el PANES, pero están en extrema vulnerabilidad.  Entre otras cosas, este es el sentido de ser de la Unidad de seguimiento.

                Lo que acabo de señalar es una de las patas de la Rendición de Cuentas.

                La otra pata fundamental es que la ley del 21 de marzo de 2005 crea el Ministerio de Desarrollo Social con determinados cometidos, pero no exclusivamente ‑en ese momento era muy notoria la aparente contradicción- para atacar la emergencia social porque, como siempre he dicho, para hacer un plan de emergencia no se necesitaba un Ministerio. Este tema fue muy debatido y las señoras Senadoras y los señores Senadores recordarán que desde antes de las elecciones del 2004 existió aquel ciclo de debates tan interesantes denominado “Mañanas Complejas”, donde participaron todos los partidos con representación parlamentaria. En esa oportunidad se debatió la necesidad o no de crear una institución o un Ministerio que articulara, coordinara y diseñara  todas las políticas, programas y programitas que existían y existen en el Estado, potenciándolos tanto en el Gobierno nacional como en los Gobiernos  departamentales, de  manera de abolir las chacras que cada uno tenía. Por ejemplo,  participaron ANTEL -no en el acto, sino en la realización de políticas- con su 0800 MIRA para atender el tema vinculado con los ojos; el Banco de Previsión Social y la ONAJPU participaron con el ex Hogar Isrealita que estaba desocupado y en ruinas y que se reparó  totalmente; el Ministerio de Salud Pública porque, obviamente, tiene directa rectoría; ASSE porque tiene la gestión en ejecución, y el MIDES porque también tiene parte de la gestión y ejecución de esas políticas.

Al principio de nuestra exposición señalamos -lo reitero porque algunos señores Senadores no estaban presentes, por lo que también me permito saludarlos- que el Plan de Equidad se encuentra en varios Incisos, por lo que hay que estudiarlo no sólo teniendo en cuenta el Inciso 15, sino también el conjunto de Incisos donde aparecen elementos que forman una unidad y una malla de protección social.

                La otra pata clave de esta Rendición de Cuentas es la institucionalización del Ministerio. Nuestra Cartera nació de la nada y se formó a partir del volcado -por así decir- de funcionarios y de medios de otras instituciones del Estado, de la sociedad civil, de sindicatos y de empresas. Recuerdo que nuestro primer móvil provino del Correo, y el segundo lo donó la empresa Nordex. Es decir que desde el local y los muebles, hasta los funcionarios, se consiguieron a través de donaciones y acciones de solidaridad. Por ello podemos decir que se trata de  un gran entrevero que estamos dispuestos a ordenar. Es así que en esta Rendición de Cuentas se implementa lo que tiene que ver con la estructura y reestructura de funcionarios. También hemos llamado a concursos, lo que a veces sorprende a la gente;  y, a su vez, nosotros nos sorprendemos de ello, porque deberían saber que es así como se debe proceder.  Nosotros llamamos a concurso para proveer esos cargos de manera permanente, porque es el sistema que debemos usar según lo acordado.

Si bien la señora Directora General se va a referir a esto, quiero señalar que también deseamos regularizar los pases en comisión -que es una  buena herramienta que nos facilitó  el Parlamento- de funcionarios que venían de otras reparticiones del Estado y  hoy desean quedarse en el MIDES y, por lo tanto, pasar a ser funcionarios del Inciso 15. Como recordarán los señores Senadores, nosotros llegamos tarde a la disposición que habilitaba la redistribución de funcionarios, porque cuando culminó el plazo que habilitaba el Presupuesto para ello, nosotros no lo pudimos hacer porque no teníamos estructura, por lo que no se podían redistribuir a la nada. Hoy estamos en condiciones de que se realice esa redistribución. En el caso de los funcionarios pertenecientes a los organismos del artículo 220 de la Constitución, fundamentalmente de la ANEP y de la Universidad, no nos traemos los créditos porque nos parece que no es correcto. Por lo tanto, se incorpora al funcionario pero con créditos del Inciso 15. Ahora bien, los funcionarios que vienen de la Administración Central, lo hacen con sus créditos.

                Un segundo aspecto que tiene que ver con la institucionalización es la implementación del expediente electrónico, con todo lo que eso significa para la modernización, la agilización de trámites y la  transparencia para la población. De esta forma se puede acceder a más de cuarenta procedimientos relativos a  información, expedientes, rendiciones de cuentas,  dineros que se gastan, etcétera.  Seguramente, la economista Mazzotti nos va a poder ayudar a explicar esto, porque es parte del equipo de implantación del expediente electrónico. No fueron técnicos en informática los que  lo implementaron -si bien también se contó con una empresa informática que ganó la licitación- sino que se conformó un  equipo con  personas que están relacionadas con  recursos humanos, con planificación económica, con la parte financiera y contable, etcétera. El expediente electrónico tiende a optimizar y simplificar lo más posible todos los trámites que realiza el Estado.

En cuanto al Sistema de Administración de Recursos Humanos, se trata de la gestión de los recursos humanos y de las incidencias, tomando como tales no el reloj y todo lo que ya teníamos, sino lo que tiene que ver con un Ministerio aluvional que, en definitiva, debe estar comprendido dentro de las normas -leyes, Estatuto del Funcionario, etcétera- como cualquier otro organismo del Estado.

A su vez, debe llevarse a cabo la articulación entre el Gabinete Social, las mesas interinstitucionales y los concejos vecinales, es decir, todo el trabajo de institucionalización en las oficinas territoriales. Si bien actualmente sigue habiendo ‑como mucho- un coordinador, un técnico y un administrativo, por lo menos el coordinador ya no tiene los expedientes debajo de la cama o en un sindicato, sino que trabaja en una oficina ubicada en uno de los múltiples locales del Estado que estaban abandonados. Lo que hacemos es compartir la oficina con otra repartición -esto nos parece lo mejor- o utilizar un edificio que estuviera abandonado. Tal es el caso de la casa central -que pertenecía al Banco de Crédito- y de muchos departamentos. En realidad, entendemos que lo mejor es compartir la oficina con otras reparticiones, porque eso ayuda al interrelacionamiento entre las personas. Lo mismo sucede con las Intendencias Municipales, ya que con todas ellas hemos realizado múltiples tareas a fin de optimizar recursos. En ese sentido, en pocos días tendremos pronto el repertorio de políticas sociales que hay en el Estado, incluyendo todas las que llevan a cabo las Intendencias, a fin de determinar qué se puede hacer para lograr una optimización en la ejecución conjunta. Es más, no sólo se hacen tareas en conjunto entre dos instituciones, sino a veces también entre tres o cuatro. Si tuviéramos un mapa que mostrara cuál es la política de cada una de las instituciones, podríamos hacer algo mucho más planificado y serio. 

                Estos son los aspectos esenciales que nosotros queríamos señalar, y si el señor Presidente lo entiende conveniente, pasaríamos a referirnos brevemente a cada uno de los artículos, para lo cual me gustaría que hiciera uso de la palabra la Directora General de Secretaría, señora Selva Braselli.

SEÑORA BRASELLI.- Nosotros llegamos a esta Comisión del Senado en mejores condiciones que a la Cámara de Representantes, porque en aquella oportunidad proponíamos una cantidad de aditivos que ya están incluidos en el proyecto de ley, por lo que seguramente los señores Senadores ya los habrán podido analizar.

                Tal como decía la señora Ministra, nosotros queríamos ingresar como funcionarios del MIDES a aquellos que teníamos por pases en comisión. En realidad, no llegamos a tener cien funcionarios porque sólo contamos con los que eran del INJU, del INAMU y algunos -que no llegan a diez- del Ministerio de Turismo y Deporte y del Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, cuando hablamos de funcionarios del MIDES hay que aclarar si se está haciendo referencia a esos cien -que siguen radicados fundamentalmente en el INAMU y en el INJU- o a toda la gente con la que se están ejecutando los programas. En este caso, se debe incluir a los pasantes, a los becarios y a los que trabajan por convenio con instituciones como la Sociedad de Arquitectos, el gremio de los asistentes sociales, la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería o la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir que estamos hablando de un sinnúmero de formas de ingreso de las personas que desarrollan los programas del MIDES, situación que genera una gran complejidad. Tomando en cuenta las distintas figuras, podemos decir que en la actualidad contamos con alrededor de 700 funcionarios. Consideramos que nuestro Ministerio debe continuar teniendo figuras de ese tipo, porque hay determinadas tareas que exigen una rotación. Partimos de la base de que no se puede trabajar en un refugio o hacer trabajo de calle indefinidamente, por la carga emocional y subjetiva que ello implica y la lesión psíquica que produce. El trabajar en forma cotidiana con poblaciones tan complejas genera una gran angustia y por más que se tomen medidas de prevención y que se cuide a los funcionarios, se hace necesaria una rotación. Por lo tanto, seguiremos celebrando convenios de ese tipo y continuaremos contando con pasantes y becarios, dado que ello nos interesa como forma de hacer una contribución social.  Para nosotros es importante que los jóvenes estudiantes o aquellos que recién se recibieron puedan tocar la realidad con sus manos por medio del trabajo como pasantes o becarios, antes de ingresar al mercado laboral. Como podrán apreciar, tenemos un sinnúmero de razones, además de las económicas, para continuar con esto.

 Obviamente tuvimos una discusión en el Ministerio de Economía y  Finanzas en lo relativo al marco en el que nos podíamos mover para la creación de cargos, y hoy estamos presentado una serie de artículos que tienen que ver con esta temática. Como los señores Senadores observarán, dichos cargos están distribuidos en dos paquetes y figuran en dos tablas. ¿Por qué se han presentado así? Por los siguiente motivos. La primera tabla muestra aquellos cargos cuya creación no implica un costo. Históricamente, nuestro Ministerio se ha basado en la adaptación del artículo 12 a nuestra realidad, tomando como punto de partida las vacantes que el jerarca podía transformar para construir los cargos del escalafón en función contratada, de forma de poder efectuar los concursos y permitir el ingreso de personal. Luego resultó que la opinión de la Oficina Nacional del Servicio Civil era otra, puesto que entendía que el concepto de vacante sólo se aplicaba a algo que vacaba y que, por lo tanto, si un cargo nunca había sido provisto, no podía quedar vacante. Dado que nuestra estructura se conformó a fines de octubre de 2007, era imposible que un cargo se hubiera cubierto y luego hubiera quedado vacante, puesto que los tiempos no eran suficientes para que se diera esa situación. Además, entre el año 2005, que fue cuando presentamos el proyecto sobre la estructura, y el 2007, año en que se aprobó, las leyes cambiaron y nos obligaron a que los ingresos tuvieran que realizarse por contrato. Sin embargo, los cargos aprobados a fines del 2007 tenían el carácter de presupuestados; por lo tanto, debíamos buscar una solución y decidimos remitirnos al artículo 12.

Al enfrentarnos a la dificultad de que veíamos las cosas en forma diferente, con la Oficina Nacional del Servicio Civil acordamos que lo mejor era presentar la situación ante el Parlamento. En consecuencia, venimos a plantear la situación de que tenemos cargos que no podemos ocupar y los señores Senadores verán que aparecen como suprimidos. El costo de estos cargos que se suprimen es prácticamente idéntico al de los que se crean -hay una pequeña diferencia, porque lo que proponemos es menor que lo que se suprime, dado que era muy difícil que el puzzle encajara totalmente- ya que  corresponden al grado más bajo del escalafón, tienen carácter de contratados y su costo equivale a lo que ya está presupuestado en el Plan Quinquenal, es decir, aproximadamente $ 108:000.000. Esto quiere decir que se puede comenzar a aplicar en cuanto se apruebe la ley, porque no hay ninguna partida presupuestal en juego y forma parte de los concursos que ya se están llevando a cabo en el Ministerio. Si los señores Senadores ingresan a la página web del MIDES, verán que ya se han hecho siete concursos y allí constan los resultados. Además, la señora Ministra ya presentó la resolución aprobando lo actuado por el Tribunal y pasamos todo a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Repito que llegamos a un acuerdo por el cual se decidió que todo dependería de lo que decidiera el Parlamento. Lo que ocurre es que puede ingresar gente hasta fines de febrero, por lo que tenemos que jugar rápidamente con los tiempos. Como decía, la Oficina Nacional del Servicio Civil ya tiene siete expedientes en su poder, que están siendo estudiados por su Oficina Jurídica. Una vez aprobada la ley, estos expedientes pueden pasar a estudio de Contaduría y luego de Presidencia, para que lleve a cabo las designaciones dentro de los plazos correspondientes.

                El segundo artículo relativo a creación de cargos propone una cifra de $ 32:325.000, que acordamos con el Ministerio de Economía y Finanzas.  En realidad, habíamos pedido $ 50:000.000. De esta forma, pensamos dejar en el Ministerio algunos puntos clave cubiertos con funcionarios. Sabemos que dejamos muchos puestos sin cubrir porque no caben en la tabla que presentamos.

                Por otro lado, tenemos un pequeño problema en el que quizás intervino el “duende de las computadoras”. Está todo bien, pero los cuadros no lo están. El texto está perfecto, pero con fecha 27 de junio -lo revisé hasta el cansancio en la computadora- enviamos a la Cámara de Representantes la corrección definitiva de nuestra tabla, tal como lo habíamos acordado con la Oficina Nacional del Servicio Civil.

SEÑOR MICHELINI.-  ¿A qué artículos se está refiriendo?

SEÑORA BRASELLI.- A los artículos 388 y 389, señor Senador.

                Nosotros teníamos la tabla primaria y la  enviamos al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, la Oficina Nacional del Servicio Civil nos hizo algunas observaciones y acordamos corregir lo que nos estaban solicitando. Reitero que el 27 de junio cumplimos con lo estipulado, enviando las tablas corregidas.  No sé qué ocurrió -por eso hablo del “duende de las computadoras”- porque en mi correo figuraba el archivo como enviado y eso lo estuve revisando en estos días. Reenvié al Diputado Doreen Ibarra y al señor Presidente Gargano el mail del 27 de junio en el que figura la tabla de la que estoy hablando.

                Asimismo, estuvimos conversando sobre el tema con el Ministerio de Economía y Finanzas, al que le conviene el cambio porque disminuimos los costos, en lugar de aumentarlos.

SEÑORA DALMÁS.-   ¿Están mal los números?

SEÑORA BRASELLI.-  En realidad, esencialmente se trata de un problema de prolijidad, porque si sé que hay cargos que van a quedar vacantes y no los podré llenar, ¿para qué voy a crearlos? No tiene sentido. A modo de ejemplo, pudo decir que hicimos un llamado a concurso para el cargo de Ingeniero en Informática.  Como no se presentó nadie, ¿para qué quiero un cargo de Ingeniero en Informática que sé que no lo voy a poder llenar? ¿Para qué voy a destinar dinero allí si no voy a poder llenar el cargo? Pasó lo mismo con los Licenciados en Administración.  Solo se presentó una persona, que luego perdió la prueba de oposición.

SEÑOR HEBER.-  ¿No son sueldos atractivos?

SEÑORA MINISTRA.-  Son sueldos de la Administración Pública, señor Senador.

SEÑORA BRASELLI.- Sí, son sueldos de la Administración Pública. Los señores Senadores saben muy bien que, a esta altura de la vida, los que trabajan en informática cobran sueldos muy altos en cualquier lado y si uno les ofrece $ 10.000, miran rápidamente para otro lado; pasan los ojos y desvían la mirada.

                Aclaro, pues, que ese es el cambio de tabla al que aludimos y  ya comunicamos esa dificultad al Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso, tenemos el correo electrónico de la Oficina Nacional del Servicio Civil en el que la doctora Cecilia Menéndez nos responde que entiende el problema que tuvimos y que no nos preocupemos por ello. El hecho es que, realmente, nos habíamos comprometido a hacer las modificaciones y resulta que ahora no aparecen en la tabla. Se trata de detalles que no son sustantivos, pero constituyen una desprolijidad y tienen que ver con errores de serie y otros de carácter menor. Para ser prolijos, queríamos que se corrigieran las tablas.

SEÑOR MICHELINI.- A los efectos de subsanar este problema, pienso que la Secretaría podría repartir los nuevos artículos tal cual están redactados para modificarlos, porque no se trata de algo grave y estamos a tiempo de hacerlo.

SEÑORA BRASELLI.- Concretamente, queríamos explicar qué había pasado. Eso es todo por ahora.

SEÑOR HEBER.- Antes que nada, quiero agradecer la concurrencia de la señora Ministra a la Comisión, quien por suerte entiende que su presencia no sólo jerarquiza al Senado sino también a ella, pues no todas las integrantes del Gabinete han concurrido a este ámbito.

SEÑORA PERCOVICH.- Tampoco lo han hecho todos los Ministros, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- No es un tema de género, señora Senadora. Lo dije pensando en que no había concurrido a esta Comisión la señora Ministra de Salud Pública.

SEÑORA DALMÁS.- Sí se hicieron presentes la Ministra de Educación y Cultura, ingeniera María Simón, y la Ministra del Interior, señora Daisy Tourné.

SEÑOR HEBER.- Me refería a todos los que no vinieron. Lo menciono a los efectos de que quede claro que no se trata de un tema de género.

                En fin, agradecemos la presencia de la señora Ministra, que también es de la Casa, aunque con ella nunca hemos estado de acuerdo en las posiciones que hemos sustentado.

                Mi pregunta tiene que ver con los artículos por los que se establece una ampliación presupuestal. Entendemos que pueda haber errores en las planillas -de ser así, los corregiremos- pero hay una en el artículo 384 que tiene que ver con un incremento de gastos del programa 001 “Administración General”           -cuando la señora Ministra hizo su exposición, lo mencionó a grandes rasgos- en $ 86:306.728 para 2008 y en $ 150:157.633 para 2009. Seguramente, todos los rubros que allí se mencionan ‑por ejemplo la “Asistencia a la Vejez”, el “Trabajo protegido” y las “Medidas de inclusión social”, entre otros- tienen una justificación social. Quisiera saber si estos gastos vinculados a la Red de Protección Social del Plan de Equidad atienden directamente a quienes corresponde o quizás quedan en lo que es la infraestructura del Ministerio. Lamentablemente, muchas veces los gastos que votamos quedan en el camino para asistencia, para pago a consultores, etcétera, lo que nos desanima teniendo en cuenta el esfuerzo que se hace, por lo que estas medidas pueden impactar muy poco en quienes queremos que realmente incidan. Entonces, no es mucho ni poco si estos recursos van directamente a la gente que estamos tratando de asistir, y no quedan en la red burocrática que tanto hemos cuestionado históricamente y que termina por desalentar los esfuerzos hechos por la sociedad en esta materia. Esencialmente, esa es la pregunta que queríamos formular. Se está hablando de la Red de Protección Social del Plan de Equidad, y me parece que es algo que vino para quedarse. Entendemos que las cosas buenas de las distintas Administraciones pueden quedar en el común denominador del sistema político.

SEÑORA MINISTRA.- Considero que la pregunta planteada es muy pertinente, como ahora se suele decir en el lenguaje sociológico. Como el señor Senador Heber señala, no hemos estado de acuerdo en muchísimas cosas, aunque sí en otras y, además, le quiero recordar que incluso hay un artículo por él sugerido en la Rendición de Cuentas pasada.

                Como decía, se trata de una pregunta sumamente pertinente porque si hay algo que hemos cuidado y criticado, tanto desde la oposición como desde el Gobierno, cada vez que medíamos la forma como se materializaba el gasto público social, era precisamente eso. Incluso, hemos publicado un trabajo que está en soporte magnético ‑creo que a los miembros de la Comisión les va a interesar- referido a un estudio sobre el gasto público social de este país desde 1914 hasta el año pasado. Allí queda demostrado que Uruguay siempre ha gastado mucho por ese concepto. En lo personal, me gusta decir que se invirtió mucho, aunque el señor Ministro de Economía y Finanzas dice que el vocablo “gasto” no es una mala palabra, más allá de que tiene cierta connotación. Reitero que en este país hemos gastado mucho y no siempre bien. Hay aspectos históricos como la escuela pública y la salud pública en la que se invierten cifras muy importantes del gasto público social y, por suerte, eso vino para quedarse. Todos hemos estado de acuerdo en ello y  también en que cada vez sea mejor.

                Había desglosado cada uno de los ítems y, en el caso de la Asistencia a la Vejez,  puedo decir que se trata de algo absolutamente directo. Los señores Legisladores aprobaron el proyecto de ley sobre Asistencia a la Vejez a fines del año pasado. En el momento en que se aprobó esta iniciativa, estaba en debate todo el tema del diálogo social sobre la seguridad social y si la Pensión a la Vejez se comenzaba a cobrar a los 65 o a los 70 años -hoy se cobra a los 70 años- pero actualmente la referida pensión tiene otros problemas que luego de que salgamos de esta Rendición de Cuentas tendríamos que analizar. Concretamente, me  refiero al tema de los “familiares obligados”, que afecta a la Pensión a la Vejez, así como también a las discapacidades. Esto hace que personas que se encuentran en absoluto desamparo, pero que tienen parientes, por ejemplo, en Australia, no puedan recibir la Pensión a la Vejez por tener “familiares obligados” que, se supone, tienen otro nivel socioeconómico. Como decía, esas son cosas que tendremos que revisar porque Tristán Narvaja lo hizo muy bien, pero desde Tristán Narvaja a la fecha pasó mucho tiempo.

                La Asistencia a la Vejez tenía como contrapartida que no habíamos logrado que fuera una pensión. Sin embargo, tuvo y tiene la ventaja de que sin un solo trámite -siempre lo dice el Director del Banco de Previsión Social- una población que estaba en el Plan de Emergencia, que tenía 65 años o más -no más de 70 años, porque a esa edad entra al régimen de Pensión a la Vejez-  y que no va a conseguir trabajo -en el 99,99% o en el 100% de los casos  trabajaron toda la vida, porque de no hacerlo hubieran muerto de hambre, pero hoy no tienen nada- obtiene el equivalente en dinero a la Pensión a la Vejez. El Banco de Previsión Social es el que paga, cruza sus propios datos y nosotros somos los que gestionamos la Asistencia a la Vejez.

Lo mismo sucede con el Trabajo Protegido. Como ya manifesté, hay dos componentes. Uno de ellos es Uruguay Trabaja, que quizás en Montevideo no se observe tanto -en el interior es donde más se nota- pero si van al Hospital Pereira Rossell o al Hospital Vilardebó verán a los trabajadores de este Programa. A propósito de esto también les puedo decir que la semana pasada estuvimos en Rivera -ya habíamos estado en Paysandú- y desde empedrar sus calles, a  través de un trabajo en conjunto con la Intendencia, a la reparación del hospital -que ha ido mejorando cada vez más- es donde se da directamente la transferencia monetaria a la persona que está haciendo el trabajo, como así también la capacitación en oficios. En el programa socio-laboral que teníamos en Trabajo por Uruguay, los propios protagonistas nos dieron sus opiniones      -porque realizamos una evaluación al respecto- y hubo mucha demanda en capacitación específica como, por ejemplo, albañilería, pintura, jardinería, informática, etcétera. En cuanto a informática, la idea es adquirir conocimientos, aunque sea mínimos, de computación, que permitan, por ejemplo, enviar un correo, llenar un currículum, etcétera. Esas fueron las cosas que incorporamos al Programa.

Paralelamente, suceden cosas muy lindas. Pido disculpas al señor Presidente por   querer demostrar estos hechos con ejemplos, pero la vida es muy rica en datos de la realidad, que ejemplifican más que todos los discursos. En Rivera, concretamente, el grupo de “empedradoras” -como se hacen llamar, ya que la mayoría son mujeres- está haciendo un trabajo precioso, logrando que las calles de barro sean transitables. Asimismo, otra persona que estuvo en el Plan de Emergencia y se capacitó en informática, ahora, a través de una pequeña iniciativa local, con el fondo de Venezuela instaló un pequeño ciber en su  casa, y hoy está dando clases de informática a los integrantes de Uruguay Trabaja. Por tanto, hay toda una concatenación de esfuerzos y optimización de recursos muy importante.

                En cuanto al apoyo alimentario, debo decir que va directamente a las tarjetas que son prepagas. Por tanto, se deposita en el Banco de la República, éste las carga y la gente, a través de este método, hace sus compras. En consecuencia, en menos de quince días el almacenero está recibiendo el dinero. Esto tiene otros ventajas que, como decimos, no fueron las buscadas pero son subproductos buenos o deseables, como ser la formalización de esos almacenes de cercanía y su bancarización, ya que actualmente se tiene la posibilidad de sacar un crédito en el Banco de la República. Y, obviamente, se debe estar al día. Además sabemos que para el almacenero esto representa una ventaja porque tiene una población permanente y todos los meses va a tener como ingreso una equis cantidad de dinero.

Este sistema de tarjetas tiene otras ventajas. El año pasado hicimos la experiencia con la vacunación contra la hepatitis A, ya que este sistema permite la posibilidad de enviar avisos. Por ejemplo, a determinada madre le podíamos avisar que su hijo, llamémosle Luis Alberto, tenía que ir a vacunarse contra la hepatitis A y que era gratis. Posteriormente, a nosotros nos aparecía en pantalla si la mamá lo había llevado o no. En este momento ya comenzó a aparecer el aviso de que tenía que ir a darle la segunda dosis, porque son vacunas, como la del neumococo o de la gripe, que requieren dos aplicaciones. En consecuencia, de esta forma tenemos una manera de comunicación directa con el protagonista.

En los casos de extrema pobreza, como decíamos, por los refugios nosotros pagamos una infraestructura, no mucha, porque tenemos cooperación y donaciones provenientes de congregaciones religiosas y organizaciones sociales. Quiero decir que no donan lo que les sobra, sino que compran en el Uruguay. 

                En este sentido, puedo poner como ejemplo lo que nos ocurrió con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que quería donarnos contenedores, pero como no estuvimos de acuerdo con el sistema, terminaron comprando en nuestro país  alhajamiento por valor de US$ 50.000 destinado a los refugios, que consistía en colchones, camas, sábanas, colchas, vajilla, todo nuevo y combinando los colores. Todo esto hecho con amor, pero también con dinero dejado en el Uruguay.

Lo mismo digo de la Unidad de Seguimiento, mencionada por la señora Subsecretaria y que tiene que ver con la visita a los hogares, pues tenemos la responsabilidad legal de efectuar dicho seguimiento. También cabe citar el intercambio que hacemos con el Banco de Previsión Social.

                Hay un tema que no está contemplado en el presupuesto del Inciso 15, pero que es parte del Plan de Equidad y se relaciona con la pregunta que formulaba el señor Senador Heber. Me refiero a las Asignaciones Familiares, que son recursos destinados directamente a las familias, a los niños y adolescentes. Se trata de un incentivo a la escolarización que, a la vez, constituye una demanda al Estado, porque no se puede exigir a alguien que vive en una localidad pequeña que mande a sus hijos a la UTU o al liceo, si no dispone de esas instituciones. Podríamos decir que estamos levantando un muerto pues, como todos sabemos, en la Legislatura pasada y en la anterior     -en las que yo me desempeñaba como Senadora- ocurrió el “tsunami” que eliminó todo lo rural y nos dejó sin nada.

                Hoy hay que empezar utilizando el CECAP, la escuela pública local que estaba cerrada, los Centros MEC, el Programa Arrimate-Espacio Joven, para que funcione esta parte, que integra la educación no formal, a fin de que los jóvenes  y adolescentes tengan a dónde ir; no se les puede exigir un documento que certifique que concurren a la enseñanza media cuando no se les está ofreciendo el servicio.

                Por dar un ejemplo que muestre que no estoy hablando en el medio de la nada, diré que en la zona de Laguna Merín egresan de la escuela alrededor de cien chiquilines y hay un grupo de veinte que paga un remise para ir a Río Branco, ya sea al liceo o a la UTU. Esto está ocurriendo, a pesar de que tendríamos perfectamente las condiciones dadas en cuanto a cantidad de jóvenes como para dictar allí un curso móvil de UTU. Los señores Senadores recordarán que en la época de la reforma educativa se barrió con todo alegando que a esos cursos asistía la gente pobre, pero hoy necesitamos -reitero- que los muchachos tengan un lugar adonde ir. En Río Branco, por ejemplo, se está produciendo un empuje importante a nivel del turismo que tiene como consecuencia una demanda grande de gente que sepa gastronomía, turismo, etcétera, es decir, especialidades para las que la UTU tiene cursos; pero se necesitan más. Las condiciones económicas de muchos lugares han ido cambiando y ha surgido la demanda de ciertas capacitaciones.

                Por último, quiero referirme a una cuestión que recordé a partir de las expresiones del señor Senador Heber. Me refiero a que a nosotros nos observaban el tipo de contrataciones, que la señora Subsecretaria mencionaba, con la Universidad, aunque no con todas las Facultades, y que otras tienen Fundaciones con las que hacemos los convenios.

                Algunos de esos convenios no son observados por parte del Tribunal de Cuentas; no fueron observados los realizados con ADASU, Asociación de Asistentes Sociales, pero sí los celebrados con la Sociedad de Arquitectos. Por ello hemos agregado un artículo -que no cuesta nada, pues vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo- con el fin de transparentar las contrataciones, que no son encubiertas, sino descubiertas. Estoy pensando en el caso de un arquitecto que concursa en la Sociedad de Arquitectos para ir a trabajar haciendo baños a un asentamiento. Esta persona no desea ser funcionario público ni seguir construyendo baños en asentamientos por el resto de su carrera, pero sí quiere y le interesa trabajar con nosotros durante un período de seis u ocho meses; le interesa hacer un aporte social. Al Estado, por su parte, tampoco le sirve tenerlo contratado. Hay momentos en los que necesitamos treinta, cuarenta o cincuenta asistentes sociales que salen a todo el país a hacer trabajo de campo, pero hay otros en que no. Por lo tanto, ese acuerdo no es un seudo empleo público -porque no se trata de eso- sino un convenio. Lo mismo sucede con la Fundación Ricaldoni, con la que nos contactamos cuando necesitamos ingenieros de sistemas de la Facultad de Ingeniería,  Facultad con la que se realizan convenios muy beneficiosos mutuamente.  Al mismo tiempo, aclaro que  no se trata de una contratación encubierta porque a ellos tampoco les interesa que así sea.

Con respecto a la observación que hacía el señor Senador Heber, puedo decir que los salarios son de la Administración Pública; el tema es que los sueldos de $ 2.800 que cobraban los caché y los que habían sido contratados por el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Educación y Cultura -y que nosotros heredamos- más allá de que han sido regularizados de acuerdo con lo que cobra un  funcionario público, mantienen una diferencia que se debe a un pozo muy profundo en cuanto a lo bajo de esas retribuciones y a una condición de contratación totalmente indecente. Tengo funcionarias que se desempeñan como administrativas y que hace 10 ó 12 años estaban contratadas con el caché de bailarinas y que ahora han ingresado por el último grado del escalafón y, obviamente, tienen una compensación porque si no, se les estaría aplicando una rebaja salarial. Es más, en muchos casos  teníamos jóvenes del INJU que cobraban $2.800 o $ 3.000, que hoy ya no perciben esa cantidad.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia de la señora Ministra de Desarrollo Social y aprovecho la oportunidad para plantear algunas interrogantes concretas.

                Al mirar los porcentajes del Instituto Nacional de Estadística, se desprende que hubo apenas un leve descenso de la pobreza y la indigencia en este período de Gobierno.

                En realidad, siendo concreto y exigente con el detalle, se advierte un importante descenso en el 2005, que en los años 2006 y 2007 es más leve, tendiendo a estabilizarse. Teniendo en cuenta la política social que se viene desarrollando a través de muchos instrumentos que compartimos -el Partido Nacional ha acompañado algunos de ellos- por cuanto son medidas necesarias fundamentalmente focalizadas en los extremos de la sociedad, es decir, en la niñez, en el adulto mayor que está en situación de indigencia, así como específicamente en la mujer embarazada, jefa de hogar, nos preguntamos por qué ante la inversión realizada, y no gasto -compartimos el concepto que en buen sentido aplicó la señora Ministra- no se siente el impacto correspondiente o proporcional en el descenso de la indigencia y la pobreza. Es más, los técnicos que proyectan estas estadísticas hacia el  2030, advierten que puede crecer la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico de la sociedad. Evidentemente, esto no está focalizado en la política social, sino que roza directamente con la política económica. Por ejemplo, uno puede concluir que el aumento de precios, es decir, la inflación, ha golpeado a los ciudadanos más pobres.

Por otra parte, pregunto si la señora Ministra cree que la política social va a dar sus resultados si se mantienen estos instrumentos, o los resultados finales se darán con la creación de más puestos de trabajo que sustituyan la asistencia de los planes. En ese caso, ¿qué tiempo cree que falta para poder bajar efectivamente los índices de pobreza e indigencia?

                La otra consulta está dirigida también a la jerarquía máxima del Ministerio, pero si lo entienden conveniente, focalizada en la presencia del sociólogo Julio Bango, a quien le reconocemos sus conocimientos y trabajos en el tema de la infancia y que cree -nos consta- en las políticas de Estado a largo plazo. Desde esta perspectiva, que generacionalmente me compromete, y en lo que tiene que ver con la infancia -tema que hoy nos golpea públicamente y que está en el tapete; admito que pueda haber diferencias entre los partidos políticos- me gustaría preguntar si de alguna manera no se está pensando, proyectando o evaluando alguna suerte de política de Estado o instancia que permita convocar al sistema político más allá de un período electoral, para tratar de dar solución o espacios de trabajo en serio que hagan posible encontrar una respuesta concreta al tema de la niñez en la calle, de la infancia en este país, que nos golpea todos los días en las esquinas.

SEÑORA MINISTRA.- En realidad, la respuesta a la pregunta que formula el señor Senador es obvia. Naturalmente, el trabajo, el mundo del trabajo es el que transforma la sociedad; la ha transformado desde que bajamos de los árboles hasta el día de hoy. Es de ese mundo del trabajo de donde están excluidos miles de compatriotas. Aun en la hipótesis de que hoy tuviéramos la varita mágica para hacer aparecer los miles de puestos de trabajo que necesitamos, sin embargo hay muchísimos compatriotas nuestros                      -fundamentalmente, un grueso de mujeres- que no accederían o estarían últimos en la fila. De allí, y de la concepción que tenemos como Gobierno, surge la necesidad de una política de malla de protección social universal.

                El objetivo es tender a políticas universales, pero que no dejen de tener una focalización, una incidencia mayor en aquellos estratos de población más vulnerables. Un ejemplo de eso es nuestra escuela pública, que es modelo en el mundo y en el continente. A veces, cuando uno toma distancia, se sorprende de lo adelantado que está nuestro país a pesar de los problemas que tiene, y digo esto porque hace poco tiempo asistimos a la Primera Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social organizada por la OEA en Chile.

                Todos estamos de acuerdo en que nuestra escuela pública debe recuperar el nivel de calidad que tenía, pero el 80% de la población infantil concurre a ella. O sea que el 80% de los niños de este país va a disponer de computadoras por medio del Plan CEIBAL. ¿Y por qué no hablar del 100%, ya que el otro 20% que asiste a colegios privados seguramente tiene acceso a una computadora? Y en cuanto a ese 20%, se buscará la manera de que accedan a ella quienes estén becados y no tengan una.

                Entonces, cuando hablamos de políticas universales, se trata de políticas que llegan a todos, pero al mismo tiempo, tenemos que considerar a los maestros comunitarios. Quienes somos maestros sabemos que no todos en la clase tienen el mismo punto de partida; no todos tienen en su casa libros, tijerita ni padres que se comunican. Fíjense que no estoy hablando de pobreza en cuanto a ingresos económicos, sino de hogares donde no hay ningún tipo de estimulación hacia los niños. Entonces, cuando el maestro comunitario va a ese hogar -esto es parte de los programas que llevan adelante el Ministerio y la ANEP a través de Infamilia- trabaja con el niño y también con los padres, para incluirlos en la comunidad. Para dar un ejemplo, en la primera evaluación que se hizo de los participantes del Plan de Emergencia, se preguntó a quiénes se dirigían cuando tenían un problema del tipo que fuera, y la respuesta mayoritaria fue al familiar que vive bajo el mismo techo. En mucho menor porcentaje, contestaron a otro familiar; menos del 1% de los casos alguna vez estuvo en la Comisión de Fomento de la escuela, en una canchita de fútbol o alguna iglesia. Un porcentaje muy ínfimo de los encuestados formó parte de algún sindicato, organización social, partido político, etcétera. Entonces, no hay redes, no existen redes sociales, no tienen cómo salir de la situación.

Además, hay dos tipos de situaciones: la que se reproduce o, mejor dicho, surge de la regeneración -en segunda, tercera o cuarta instancia- de determinados contextos,  y la de quienes cayeron en ese estado en el año 2002. Quien tuvo que sobrevivir durante toda su existencia -incluso, desde la panza- tiene más uñas para pelear en estas circunstancias.

Por eso la respuesta a la pregunta formulada es que sí, por supuesto, el mundo del trabajo, por la dignidad de las personas, es para todos. ¿Qué nos pide la gente? Fíjense que nosotros tenemos más de 3.000 trabajadores y trabajadoras en el Programa  Trabajo Protegido, pero se apuntaron 35.000. Y muchos me han dicho: “¡Qué fantástico! ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro, la gente no es tan haragana como creíamos!”. La gente se apuntó para trabajar. ¡Ojalá hubiera tenido 35.000 puestos de trabajo para ofrecerles y no solo 3.000!

Entonces, no es cierto que la gente no quiera trabajar, sino que busca herramientas para poder hacerlo y por eso nos han pedido más capacitación. La gente quiere dignidad; el pueblo uruguayo es digno.

Ahora bien, pienso que aquí hay una razón de fondo y con esto no involucro, ni siquiera, a la delegación que me acompaña. La pregunta que se ha efectuado es interesantísima y la voy a responder, en primer lugar, según los argumentos que se esgrimen a nivel académico y, en segundo término, de acuerdo con mi propio punto de vista político.

Como decía, desde el punto de vista académico, podemos considerar la explicación que, al respecto, han ofrecido los sociólogos, los economistas y, en definitiva, quienes han estudiado este fenómeno. Incluso, podemos remitirnos a la opinión de nuestro Director de Macroeconomía, que es una persona que no solamente sabe mucho, sino que también es docente, por lo que ostenta un altísimo nivel académico. El economista Lorenzo dice, pues, que en una sociedad dual, obviamente, una parte de la población atrapa inmediatamente el crecimiento, por lo que, a su respecto, se da que a mayor crecimiento, mayor enriquecimiento. Más precisamente, él no habla de enriquecimiento sino de sectores que atrapan más la riqueza que implica ese crecimiento. Incluso, él plantea un ejercicio -bien interesante- que consiste en suponer que en diez años existe un crecimiento promedio de 4,5% y que repartimos ese porcentaje entre todas las personas, entre todo el universo de población económicamente activa.  En ese caso, igual estaríamos abatiendo solamente la mitad la pobreza si no se proyectan políticas específicas que apunten a la población que no parte de la misma línea, sino de mucho más atrás.

Por otra parte, caer en la pobreza  o en la indigencia -y esto lo vimos en el 2002- es muy fácil, lamentablemente, si tenemos en cuenta el golpe brutal que significó la explosión de esa crisis económica y financiera en nuestro país. Esto puede suceder en todos los países del continente, porque no estamos hablando de un fenómeno solamente uruguayo.

Entonces, como decía, se cae muy rápidamente en esa situación, pero se sale de ella con lentitud y aplicando muchas medidas al mismo tiempo, porque se trata de un fenómeno multicausal.

Ahora voy a dar mi punto de vista político con respecto al tema. En una sociedad dividida en clases, siempre va a haber alguien  a quien en los momentos mejores le va bien y en los peores también; lo que sucede es que en los momentos mejores se enriquece.

Por otra parte, quiero decir que, con anterioridad, se ha hecho mención al tema de los alimentos. Antes decíamos, críticamente, que nuestro país, que se dedicaba solo a los “commodities” y a las materias primas, tenía que ir a buscar otras cosas que hoy, por suerte, salimos a buscar; estoy hablando del desarrollo del software y de la ciencia y tecnología, es decir que Uruguay tenía que salir a vender inteligencia agregada. A su vez, decíamos que mientras vendiéramos trigo, carne y leche, íbamos a ser un país que no iba a poder desarrollarse ni insertarse en el mundo, y que teníamos un mercado interno tan pequeño que no valía la pena, que no podía ser nuestro objetivo. Repito que estoy hablando de discursos que hemos escuchado mucho.

Hoy en día, el mercado externo es tan favorable para nuestros productos que lo que estamos haciendo es pidiendo al sector que plantea esa dualidad      -para decirlo finamente- que haga un esfuerzo en el sentido, no de que pierda, sino de que gane un poquito menos para beneficiar a ese pequeño mercado interno. Entonces, le pedimos que fije a determinado precio el arroz, algunos cortes de carne y tipos de fideo, el pan y la leche. Cabe acotar que este país subsidió a la industria láctea durante décadas y, en lo personal, estuve de acuerdo con ello.

Considero que es tiempo de devolver un poco de esto a la sociedad.  Me parece fantástico que les vaya bien, porque de ese modo el país crece. La propia OEA, durante el Encuentro de Ministros, aprobó una declaración final que expresaba: Siempre dijimos que había que redistribuir; siempre estuvimos en contra del Consenso de Washington y de sus consideraciones en cuanto a que el crecimiento solo trae derrame. Nosotros, por lo menos, siempre dijimos que había que actuar.

                La pregunta formulada por el señor Senador nos parece pertinente porque va al fondo de la cuestión; hemos crecido en puestos de trabajo, en tasa de actividad y ha descendido el número de desocupados. Sin embargo, aunque sigan aumentando las posibilidades de trabajo, necesitamos gente capacitada y eso es parte del trabajo que estamos realizando.

                Si el señor Presidente me permite, con muchísimo gusto voy a ceder el uso de la palabra al sociólogo Julio Bango, Director de Infamilia, no solo para referirse al planteo del señor Senador, sino para que realice también alguna consideración -si lo desea-  sobre las líneas de pobreza y riqueza, así como sobre las estadísticas que tan generosamente nos ha aportado la academia para construir herramientas que transformen la realidad.

SEÑOR BANGO.-  Trataré de ser lo más sintético posible.

                Voy a corregir una expresión del señor Senador: no ha habido una reducción de la indigencia, sino una reducción fuerte de la indigencia. Dicha reducción asciende al 50%; la cuestión es que cuando la indigencia disminuye del 4% al 2% -en rigor, del 3,9% al 2,1%- y, sobre todo, cuando se está en el núcleo más duro de la población, el esfuerzo que hay que hacer para bajar dos puntos es muy distinto al que se haría para bajar del 70% al 68%. Además, en términos porcentuales, es una reducción fuerte de la indigencia, porque es del 50%. Diversos estudios de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo muestran que hay un efecto directo del Ingreso Ciudadano y del Plan de Emergencia en la reducción de la indigencia. No sucede lo mismo con la reducción de la pobreza, donde se combina el factor generación de empleo, y las capas que salen de la pobreza son las que están más cerca de la línea. En ese caso, la política de empleo ha tenido un efecto de reducción de la pobreza importante, porque fue del 20%.

                Un dato que nos parece fundamental es que la evolución del crecimiento económico del país ha corrido en paralelo con una rebaja de la pobreza. Es decir, el Producto Bruto Interno creció un 22% acumuladamente durante los últimos tres años, mientras que la pobreza se redujo un 20%. Este dato, que parece anecdótico, no es menor por lo que recién explicaba la señora Ministra: cuando el Producto Bruto Interno decrece rápidamente en un momento de crisis, la pobreza tiende a aumentar rápidamente, pero cuando el Producto Bruto Interno crece en forma sostenida, no necesariamente la pobreza empieza a descender de la misma manera, porque quienes se benefician del crecimiento económico de un país, de la generación de riquezas, son las personas que están más preparadas y las personas pobres son las que están menos preparadas. Entonces, llegan más tarde a los frutos del crecimiento y, por eso, no alcanza con la política económica ni con la política de empleo, sino que es necesaria la política social. Por esa razón, no es correcto decir que la mejor política social es la económica, discurso que de alguna manera tuvo hegemonía en el pensamiento y la acción durante la década de los noventa.

                En este momento tenemos una muy fuerte reducción de la indigencia gracias al Plan de Emergencia y una reducción menos fuerte de la pobreza debida, sobre todo, a la generación de empleo. A la pregunta de si el Plan de Emergencia logró o no sus cometidos, quiero contestar que sí lo hizo y, desde ese punto de vista, es un Plan absolutamente exitoso. Si bien al realizar esta afirmación me comprenden las generales de la ley por formar parte de un Ministerio, si  estuviera trabajando en un cargo con responsabilidad académica -y no en este, con responsabilidad política- diría exactamente lo mismo: el Plan de Emergencia ha sido exitoso en el objetivo que se propuso, que fue el de la reducción de la indigencia.

                Por otra parte, cuando se habla de pobreza, estrictamente se hace referencia a los ingresos que mide el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, hay que observar  algunos elementos en el correr de estos dos años para conocer el impacto de su reducción. Como señaló un señor Senador,  la inflación de los precios de los alimentos está en contra de la posibilidad de reducir la pobreza, porque la canasta de ingresos por la cual se define la línea de pobreza está fuertemente asociada a ese aspecto. Si se logra combatir el crecimiento de los precios de los alimentos, seguramente se va a tener más éxito en la reducción de la pobreza. No obstante, debemos hablar de dos cuestiones que se están implementando ahora y que van a impactar en su reducción. La primera es la transferencia de las Asignaciones Familiares -es decir, los ingresos que llegan a los hogares pobres con hijos menores de 17 años a cargo- que la Encuesta de Hogares no ha medido porque comenzó el 1º de enero de 2008. Este cambio, en términos de ingresos de hogares pobres, va a tener un impacto que deberemos evaluar en función de cómo aumenten los precios de los alimentos. La segunda cuestión que quiero señalar a los señores Senadores es que el Instituto Nacional de Estadística nunca midió -y esto deberá ser parte de la política del Instituto-  el efecto de la reforma de la salud. A este respecto, voy a dar un ejemplo concreto para que los señores Senadores lo comprendan.

                Una familia con dos hijos a su cargo y con un ingreso de $ 20.000 entre los dos cónyuges, antes de la reforma de la salud pagaba $ 2.000 por concepto de cuota mutual de sus hijos, por lo que cuando comenzaba el mes le quedaban $ 18.000 en la mano. Actualmente, por concepto de FONASA se le descuentan $ 600 y en lugar de comenzar el mes con $ 20.000,  lo hace con     $ 19.400 porque no debe pagar $ 2.000 como antes. Quiere decir que ese hogar incrementó sus ingresos en $ 1.400. Este dato no se evalúa en las estadísticas de los ingresos de los hogares, no porque no se quiera sino porque nunca se registró; es lo que en la vieja jerga se denominaba “salario social”, es decir, los ingresos que tenía un trabajador por otros beneficios sociales. Son ingresos constantes y sonantes que no van a ser medidos por el Instituto Nacional de Estadística. En rigor, considero -y esta es una opinión personal que no compromete la opinión de la Ministra- que deberían ser medidos para tener una idea justa de cuántos son los ingresos que tiene el hogar. Más allá de estos efectos,  insisto en que debemos observar cómo van a evolucionar los precios de los alimentos.

                Lo último que quiero decir  es que, en realidad, cuando se habla sobre el tema de la pobreza -tanto nosotros, como las señoras Senadoras y los señores Senadores aquí presentes- no sólo se piensa en el problema de los ingresos, sino también en los temas de educación, formas de vivir inadecuadas, etcétera, que son aspectos que no están recogidos en el Índice de Pobreza. Al igual que el señor Senador Camy, creo que debemos comenzar a pensar en algunas cuestiones de fondo -más allá de los éxitos parciales que puedan tener este y los próximos Gobiernos estrictamente en la línea de ingresos- porque  la única forma de resolver ese problema en el Uruguay e ir hacia una generación de desarrollo -para plantearlo en forma positiva- es realizar una fuerte inversión en la calidad de la educación y en la calificación y recalificación de nuestros trabajadores. Actualmente tenemos un piso de un 7% de desempleo, que va a ser muy difícil de bajar porque los empleos que se generan requieren una calificación que no tienen  los compatriotas que están en peores condiciones, por lo que hay que hacer una fuerte política de inversión en calificación laboral. En definitiva, esas son cuestiones que habilitan a pensar.

                En el caso de la infancia, en los últimos tres años se ha bajado diez puntos la pobreza, pero sigue siendo muy alta, ya que es de un 46% para los niños entre 0 y 5 años, y creo que de un 47% para los que están entre 0 y 18. Por lo tanto, tenemos un trabajo muy importante que hacer en todas las dimensiones que hacen a la reducción de la pobreza. Voy a mencionar un dato: la década de los noventa tuvo un trienio de alto crecimiento económico y, a la vez, fue cuando se dio una explosión de asentamientos en el país. Las 170.000 familias -que eran 200.000- que viven en asentamientos muestran la contradicción existente entre un crecimiento económico importante, una polarización social y una degradación de las condiciones de vida de nuestros compatriotas muy fuerte. Entonces, no alcanza -y no lo decimos como discurso político- con mirar el tema de la pobreza, sino que también hay que tener en cuenta la segregación social, la segmentación residencial y la estratificación educativa. Es decir que hay que mirar los problemas en conjunto.

                En cuanto a la segunda pregunta, quiero decir que, efectivamente, el Gobierno quiere plantear una iniciativa al Partido del señor Senador y al resto del espectro político, así como a todas las organizaciones de la sociedad. Pensamos que una política seria y, sobre todo, sistemática, requiere de acuerdos sociales nacionales básicos de aquí a veinte años, es decir, de una línea maestra a la que, después, cada Gobierno podrá poner su filosofía o sus metas. Por ejemplo, debemos generar acuerdos en materia de infancia y adolescencia y en ese sentido estamos trabajando en lo que hemos llamado “Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia 2010-2030”. Seguramente vamos a pedir formalmente una reunión al Directorio del Partido Nacional y al resto de los partidos políticos para ver si, en este contexto político complejo, junto con las organizaciones sociales, tenemos la capacidad de plantearnos algunos objetivos nacionales. Pensamos que en los próximos veinte años, cualquiera sea el partido político que conduzca los destinos del país, va a tener que enfrentar con seriedad y de manera sistemática estos retos que tenemos como sociedad y no sólo como Gobierno. Por lo tanto, vamos a convocar a la oposición política a dialogar sobre qué país queremos tener dentro de veinte años.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Me parece que el señor Senador hizo una pregunta sustancial. Justamente, en este último mes hemos intentado analizar desde diferentes ángulos el impacto que han tenido las políticas sociales.

                El sociólogo Julio Bango hacía algunos adelantos en cuanto a qué es lo que se mide, en términos generales, cuando se hace referencia a los que están por debajo de la línea de pobreza o de la de indigencia.

                Luego de terminar el Plan de Emergencia y cuando empezamos a abordar el  Plan de Equidad, hace un año y medio, uno de los objetivos que nos planteamos estaba vinculado con la promoción de un proceso de integración social porque, como le gusta decir a la Directora General, no hablamos de pobreza, sino de pobrezas y de exclusión social. Esto es sustancial porque ese 2% actual de indigencia, luego de haber reducido el porcentaje en un 57% como lo expresan las estadísticas, solamente da cuenta de lo relativo a los ingresos.

                Ese es uno de los problemas permanentes a que nos vimos enfrentados con el Plan de Emergencia, porque simplemente se lo reducía a la transferencia monetaria, aspecto que en ese momento era tremendamente importante pero  no era el único. Lo afirmamos  porque queda claro que no cortábamos -y no  cortaremos- el ciclo de reproducción de la indigencia  solamente con transferencias monetarias. Por lo tanto, a pesar de que se instrumentaron un  conjunto de  políticas vinculadas al proceso de exclusión social, no hemos podido evitar que algunos sectores de la población no puedan ejercer el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación o a determinados beneficios existentes, a los que no accedían por diferentes motivos. A pesar de que se han aprobado determinadas leyes para la aplicación del Plan de Equidad, siguen existiendo dificultades para que determinados sectores de la sociedad puedan ejercer sus derechos.

                Por lo tanto, además de que las políticas sean universales y  no se contrapongan, decimos que es imprescindible focalizarnos en determinados sectores vulnerables y practicar la política del uno a uno. Esto también refiere a la pregunta que formulara el señor Senador Heber, relativa a las visitas o intervenciones que hacemos en los hogares. Quiero aclarar que nuestras visitan no son controles sino que tienen que ver, en primer lugar, con el apoyo y la orientación a esos hogares. Además, esto nos permite rediseñar políticas vinculadas con las peculiaridades de cada uno de los departamentos o localidades del país, que van más allá de las políticas generales. Entonces, solamente podremos medir su impacto cuando podamos determinar si estamos atacando las causas que permiten la reproducción de la pobreza y la indigencia, que no solamente se eliminan con ingresos o con trabajo.

SEÑOR DA ROSA.- En primer lugar, quisiera hacer algunas preguntas sobre el articulado del proyecto de ley, y luego también me gustaría incursionar un poco en el tema de fondo porque considero que es muy rico el intercambio de información e ideas en una temática tan importante y trascendente para la sociedad uruguaya.

                La primera inquietud que quiero plantear refiere al artículo 387, por el cual se prevé la creación de un cargo de Director del Programa de Discapacidad, en la Unidad Ejecutora 001”Dirección General de Secretaría”.  Particularmente, me llama la atención el hecho de que se establece que ese cargo debe tener el carácter de particular confianza. Supongo que esta área trabajará con programas coordinados con el Ministerio de Salud Pública, más precisamente con ASSE, dados los nuevos cometidos que tiene este servicio descentralizado. Sin embargo, reitero que me llama la atención que se establezca que ese cargo debe ser de particular confianza puesto que considero que debería tener una índole técnica o una mayor relación con los cometidos del Ministerio de Salud Pública o del área de la salud, en general. Aclaro que no estoy cuestionando la creación del cargo sino el hecho de que se le atribuya el carácter de particular confianza.

                Por otro lado, quiero referirme al artículo 386, que establece que los funcionarios públicos que al 31 de diciembre de 2007 se encontraban prestando servicios en régimen de “pase en comisión” en el Inciso 15, “Ministerio de Desarrollo Social”, podrán optar por su incorporación definitiva a dicho organismo. En la Ley de Presupuesto de 2005 se previó -esto luego fue reiterado por medio de artículos sucesivos en las leyes de Rendición de Cuentas posteriores- la excepción de que los funcionarios que estuvieran en comisión en un determinado organismo, luego de tres años de encontrarse en esta situación, podrían optar entre permanecer en el nuevo organismo en forma definitiva o retornar al anterior.  Esta norma viene a ser una excepción a la excepción, porque consagra que cualquiera sea el plazo en el que esos funcionarios hayan estado prestando funciones o cumpliendo tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, podrán permanecer definitivamente a la Cartera.  Queremos conocer las razones por las que se sostiene o se proyectan estas normas. 

                En cuanto a la cuestión de fondo, queremos subrayar expresamente que compartimos un aspecto. Nos tocó vivir la dura experiencia de ser Intendentes en los años 2002 y 2003, tiempos en los que la situación era realmente muy dura desde el punto de vista social, pero siempre tuvimos claro que había distintos tipos de pobreza y que determinados sectores de la sociedad cayeron en función de la coyuntura planteada, que era más bien de carácter netamente económico. A su vez, sabemos que hay otros tipos de pobreza que fundamentalmente están referidas al tema educativo y que la única forma de poder entrar o accionar en ese terreno  es mediante el área educativa. El tema es saber cuáles son los caminos que tenemos que instrumentar a los efectos de combatir con más eficacia la pobreza. En definitiva, creo que tenemos que ir facilitando la posibilidad de capacitación de la gente para que pueda acceder a una determinada actividad que la saque definitivamente de esa situación. En ese sentido, quiero señalar la coincidencia de puntos de vista, porque estamos convencidos de que efectivamente debe ser así, más allá de una situación coyuntural como la que se vivió en el año 2002, o sus consecuencias, que tal vez fueron más fuertes que lo que ocurrió en ese año, porque la crisis explotó en ese tiempo pero los efectos, sobre todo en el plano social, se advirtieron en los años posteriores.

                Quisiera saber cuál es el número de personas que hoy están comprendidas en el Plan “Trabajo por Uruguay” y cuáles son las diferencias en cuanto a la implementación y a la ejecución de este Plan con respecto al de “Trabajo Solidario”, que existió bajo la Administración anterior y que se ejecutaba en convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Intendencias Municipales.

                Por otro lado, más allá de las cifras y de los porcentajes, que naturalmente varían -escuchamos versiones que dicen una cosa y algunas veces sentimos otras- es importante oír hoy la versión del Gobierno y de las autoridades del Ministerio sobre estos temas. Uno tiene la impresión de que el Plan de Emergencia logró hacer salir a esos sectores  que cayeron más accidental o coyunturalmente como consecuencia de la crisis del año 2002, pero la gran tarea sigue siendo cómo entrar en sectores que desde hace muchos años enfrentan los problemas de la pobreza o de la indigencia. Tal vez las formas o las vías para salir de la indigencia en algunos aspectos son más rápidas que para salir de los niveles de pobreza, porque la situación de indigencia muchas veces es tan crítica que con alguna  mejora de la situación económica en general -cuando el Producto crece y hay más posibilidades de empleo- se producen efectos que repercuten y ayudan a superar el problema.

                De algún modo, esta es nuestra reflexión y estas son las preguntas que quería plantear a la señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA.-  Hay una serie de aspectos que plantea el señor Senador a los que nos referimos con mayor detalle en el comienzo de la reunión, por lo que seguramente cuando lea la versión taquigráfica los podrá revisar.

                En primer lugar, quiero señalar que iré a lo más fácil y breve de contestar y que tiene que ver con el artículo 387, en el que se establece la creación de un cargo de Director del Programa de Discapacidad con carácter de particular confianza. Seguramente los señores Senadores no lo recuerden    -sé lo que es el trabajo con un fárrago de incisos en el momento de analizar la Ley de Presupuesto o las Rendiciones de Cuentas- pero en la ley de Rendición de Cuentas anterior se trasladó la Dirección Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública al MIDES con todos sus créditos, responsabilidades, funcionarios -lo que fue parte de la broma- y, fundamentalmente, dos instituciones. De estas últimas, cabe aclarar que una de ellas es el Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas” -tiene que ver con una ONG pero que, en realidad, está intervenida desde 1934- y la otra es el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y de Baja Visión “Tiburcio Cachón”. A ello se deben agregar todos los programas que se incluyen en el Capítulo “Subsidios y Subvenciones”, en donde aparece el MIDES como institución de referencia.

                En realidad, esto estaba programado desde hace mucho tiempo, partiendo de la base de que es un tema de salud, pero que no tiene ese carácter exclusivamente, sino que también es de desarrollo, de promoción y de inserción social. En ese sentido, en el proceso de transferencia del Ministerio de Salud Pública al MIDES, éste se encontró con que, entre otros problemas, no tenía la estructura aprobada aunque de todos modos empezamos a trabajar juntos. Lo estamos haciendo y, de hecho, el Director actual -que reviste un cargo de confianza del Ministerio de Salud Pública; es decir, no estamos inventando nada- está trabajando en la Dirección Nacional de Discapacidad del MIDES con los Institutos antes mencionados. Quisiera invitar a los señores Senadores para que, cuando dispongan de tiempo, visiten el Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas”, porque todavía queda un pabellón que evidencia en qué condiciones estaba cuando asumimos el cargo y cómo se encuentra actualmente y viven esos ancianos ciegos en la institución, luego de un trabajo formidable que se ha hecho.

                Lo propio ocurre en el Centro de Rehabilitación para personas Ciegas y de Baja Visión “Tiburcio Cachón”, donde hay muchos problemas para solucionar. Entre otros, podemos decir que nos encontramos con personas que estaban trabajando en negro, como por ejemplo choferes de la Comisión Honoraria que estaban haciendo su primera experiencia laboral, pero resulta que eran conductores profesionales desde hace muchos años. Lo mismo sucedía con los cocineros y el sector de limpieza del Instituto Nacional de Ciegos “General Artigas”, porque no existían para la previsión social. También estaban trabajando en negro los Directores de ambas instituciones y el propio Director del Programa Nacional de Discapacidad, señor Alberto Della Gatta, que cobra un sueldo por pedacitos. Digo esto porque su remuneración se compone de un pedacito que percibe de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, y otro del Patronato del Psicópata, por mencionar algunos. Entonces, queremos regularizar una situación que existe, a los efectos de que se vuelva transparente -para lo cual no estamos aumentando el gasto porque ya se hace- así como también la relación de cargo de particular confianza. Ello es así no sólo en este Gobierno, sino que es una situación heredada.

                Lo único que hacemos es tratar de regularizar una situación que estaba en negro, porque son gastos que se hacen con recursos de la población. Además, estamos tratando de que, de una vez por todas, podamos desentrañar el nudo de donaciones, legados, bienes y propiedades, por ejemplo, que tienen estas instituciones, que han sido realizados desde la señora de Baltasar Brum en adelante y que están para refaccionar. Se trata de donaciones modales para trabajar con discapacitados variados, que estamos tratando de ordenar.

También informo que quienes estaban en negro, hoy ya no lo están, pero eso implicó un gran trabajo porque en el Estado todo estaba hecho como para que las cosas no se pusieran en orden.

                Hay un tema importante que surge de este intercambio -hoy se mencionaba y se reitera ahora- y es que hoy nos golpean la pobreza, la indigencia y la situación de los niños y niñas. Una de las virtudes de este debate es desnudar y desnaturalizar una realidad.

                También se ha logrado desnaturalizar la violencia doméstica y estamos trabajando en el mismo sentido respecto de la violencia intrafamiliar de todo tipo -no sólo física- en niños, niñas y adolescentes. Asimismo, estamos trabajando para desnaturalizar y poner a la luz y en el debate el hecho de que en este país existe discriminación racial, situación que va atada a la pobreza, y las cifras lo muestran con nitidez.

Por otra parte, queremos decir que no existen versiones diferentes porque los números y las mediciones reflejan eso. Cuando asumimos, no cuestionamos los números del INE del Gobierno anterior. Lo que dijimos fue que el INE medía poblaciones mayores a 5.000 habitantes, pero hoy también mide las otras. A su vez, el INE no tenía en cuenta a los solos y solas del Uruguay -se usaban metodologías distintas- porque supuestamente eran tan residuales, desde el punto de vista estadístico, que no eran significativos. Sin embargo, cuando empezamos a ponerle rostro a las cifras, esos solos y solas surgieron como peones de estancia, domésticas de estancia, esquiladores, alambradores, gente que había trabajado toda la vida y no existía; incluso, algunos ni siquiera tenían cédula.

Como lo decía la Subsecretaria, nos encontramos con distintos casos como, por ejemplo, el de una familia con diez hijos que recibía asignaciones por sólo seis. Entonces, estadísticamente aparecían seis niños con asignación, pero los otros no. Esa situación se daba, por ejemplo, por problemas con la tenencia, con los documentos o porque no le habían dado el certificado en la escuela o en el liceo.  Esa serie de razones hacía que esas familias cobraran por debajo de lo que debían. Actualmente, incluimos personas que tenían derechos -en algunos casos son nuevos derechos- y las tuvimos que salir a buscar. Por ejemplo, hay gente que tiene un trabajo formal, percibe un sueldo y aporta, pero se encuentra en niveles de vulnerabilidad social. Sin embargo están convencidos de que  no les toca el beneficio porque piensan que es para quienes no tienen trabajo. Entonces, como decía, tuvimos que salir a comunicar, pero no siempre la comunicación tiene éxito.

Nosotros buscamos la capilaridad de la información y, como lo manifestó la Subsecretaria, ir uno, más uno, más uno. Si bien es un tema en debate, la evidencia empírica no demuestra -y esa es nuestra percepción- que sea más fácil que salga de la pobreza quien cayó en esa situación en los años 2002, 2003 ó 2004, que quien peleó toda la vida, ni viceversa.

Los casos son distintos. Es cierto que quien cayó de golpe y perdió todo  -en algunos casos no perdió todo, pero no se puede comer los electrodomésticos ni las paredes- se encuentra en un pozo depresivo del que no se puede levantar -y podríamos relatar muchas de esas historias- ha perdido su autoestima y envejeció prematuramente. Por lo tanto, es muy difícil recuperarse de esa situación si no cuenta con apoyo técnico, a pesar de tener mayor educación, capacitación y oficio que otros.  Podemos contar muchas anécdotas, obviamente, no con nombre y apellido -por un problema de privacidad-  y demostrar lo que estamos diciendo.

                Estamos hablando de una batería de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con una mayor cobertura de los Centros de Atención a la Infancia (CAIF) -se puede ver en el Inciso 27-; con una  mayor cobertura escolar para niños de cuatro años -y cuando podamos, intentaremos extenderla a los de tres años-; con la implantación del Plan CEIBAL; y con el hecho de que el deporte y la recreación sean obligatorios en las escuelas públicas. En este sentido, comenzamos con alrededor de 250 profesores con el Plan de Emergencia, pero no contamos con todos los profesores  de Educación Física que necesitamos. Hay una cantidad de profesiones que han empezado a ser muy demandadas y por eso hoy no tenemos todas las escuelas cubiertas.

                También tengo que hacer mención al Club de Niños, al Programa Salud Bucal, a los espacios para jóvenes, es decir, todo lo que implique poder generar vínculos, crecimiento y autoestima. Los números son los mismos. Ahora bien; si una persona pasó de vivir en un rancho hecho con un nylon, a un lugar con bloques, techo y un baño, está mejor, pero no está bien. Nosotros no pensamos que esté bien; estará bien cuando tenga una casa. Si una persona no tenía ningún diente y ahora sí los tiene, está en mejores condiciones para acceder al mundo del trabajo, aunque ahora no tenga más ingresos; es decir, cuando medimos, en la línea no aparecen los dientes. No estamos diciendo que eso esté mal. Hemos dicho que las cifras son correctas. Eso no atrapa las cifras en la manera de medir, porque ese es el objetivo por el cual se mide. Nosotros tenemos otra manera de medir; por algo nuestra Dirección de Evaluación y Monitoreo, junto con la Universidad, ha hecho seguimientos de impacto que tienen que ver con la evaluación cualitativa, de la cual sacamos los datos de los vínculos sociales.

                Estos son los temas de fondo que queríamos plantear.

                Con respecto al tema de los pases en comisión, como decíamos al principio, llegamos tarde a las disposiciones. Cuando se aprobó nuestra estructura, ya se había cerrado el plazo para hacer esa redistribución. No estamos innovando, sino que estamos planteando que para el Inciso 15, el permiso se debe dar ahora porque el plazo ya está cerrado, y estuvimos más de un año para que nos aprobaran nuestra estructura. Entonces, para poder ocupar cargos con esa redistribución -para lo cual ya tenemos los avales de las personas y de los organismos- necesitamos este artículo, dado que, repito, el Inciso 15 llegó tarde porque no tenía una estructura aprobada.

SEÑOR COURIEL.-  Estaba intentando aprovechar el tema de fondo para plantear una reflexión.

                Es evidente, como plantea la delegación del Ministerio de Desarrollo Social, que hemos tenido enormes éxitos. Un país que inesperada e inusitadamente crece al 7% al año, baja el desempleo abierto, aumenta el salario real y genera todos los beneficios que ustedes nos han planteado, demuestra un éxito relevante, sobre lo cual no hay ninguna duda. También es verdad que los precios internacionales nos ayudaron mucho, pero realmente, esto es un éxito.

                Habría que reflexionar dejando de lado la historia y el pasado, mirando  al futuro. Hay un tema central, que llamo “la fragmentación social”, donde tenemos guetos de ricos y de pobres. Pero nunca he podido ver quiénes son los pobres y dónde están. Esto lo digo porque hace treinta años tuve que hacer una investigación y un libro, en donde estudiábamos la pobreza, quiénes eran y dónde estaban los pobres, para poder tener políticas concretas al respecto. Creo también que el mercado no puede resolver la fragmentación, la pobreza, la indigencia y el desempleo, por lo que la intervención estatal me parece un elemento central en esta situación.

Asimismo, creo que las políticas económica y social van de la mano. Digo esto porque la pobreza y la indigencia no se resuelven si no se soluciona el desempleo. Pero por “desempleo” no entiendo la desocupación abierta, sino la informalidad, la precariedad y el subempleo. Desde el punto de vista de la demanda, no se va a resolver la cuestión del subempleo sin la política económica, sin saber cuáles son los rubros que generan más empleos directos e indirectos; cuáles son las políticas activas, las selectivas y las sectoriales que hay que llevar adelante; y cómo hacer para complementar las pequeñas empresas con las medianas y la formalidad con la informalidad.

De pronto hay empresas informales a las que se puede ayudar con gestión, créditos y tecnología para que se vuelvan formales. Pero desde el punto de vista de la oferta, el problema del empleo no se soluciona si las personas no están calificadas, si no tienen educación. De manera que aquí, reitero, la política económica y la social van juntas.

Tampoco se resuelve el problema de la educación sin atender antes las áreas de alimentación y de salud. Entonces, desde este punto de vista -y para mirar el futuro- es necesaria una estrategia global que resuelva la fragmentación social. El MIDES deberá cumplir en el futuro una tarea en este sentido -que ha hecho estupendamente bien en este momento en relación con problemas más concretos como  la pobreza, la indigencia, la emergencia social y la equidad con las Asignaciones Familiares- mirar hacia adelante y contemplar este fenómeno de manera más global.

Entre otras cosas hay que incorporar a los sectores pobres al Seguro Nacional de Salud, en el que ahora no están incluidos. Aquí se ha señalado correctamente que hay mejoras sustantivas para los asalariados formales que tienen muchos hijos, lo cual es beneficioso y está muy bien que así sea, pero también resulta que en el mercado de trabajo, el 50% de los desocupados son informales. Esto significa que no cotizan, no aportan, por lo que deben ser incorporados mediante otra vía -no la cotización- al Seguro Nacional de Salud. Lo mismo ocurre con el tema de la vivienda, el ordenamiento territorial y los guetos. En consecuencia, la cuestión económica va junto con el empleo y el gasto social, pero si no se resuelve lo social, tampoco se soluciona el empleo ni los aspectos económicos.

Quería aportar esta reflexión, señor Presidente, a propósito de la rica discusión que se estaba planteando en este Cuerpo.

SEÑORA MINISTRA.- Sé que ya se encuentra fuera de Sala el Directorio del INAU, pero quisiera que la señora Subsecretaria hiciera una precisión sobre este tema y contestara, además, algunos planteos que quedaron sin respuesta a propósito de Trabajo por Uruguay, Uruguay Trabaja y los Jornales Solidarios.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Brevemente, quiero volver sobre algo que acaba de mencionar el señor Senador Couriel. Hemos afirmado desde un comienzo que el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de las dificultades y del imaginario colectivo, no es el Ministerio de la pobreza. Desde el inicio hemos trabajado en ello e, inclusive, se lleva adelante una serie de políticas que entre 2005 y 2007 han sido absolutamente invisibles. Me refiero al Instituto Nacional de la Juventud, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones, con el que recorrimos el país y realizamos debates. Pero el Plan de Emergencia lo ocupaba todo en ese período. Inclusive, durante esos dos años no se habló de los propios proyectos que desarrolló el Programa Infamilia, vinculado con el embarazo adolescente, con maestros comunitarios y con la ampliación de profesores de educación física en las escuelas públicas. Lo que acaparaba la atención era el Plan de Emergencia y, dentro de este, el Ingreso Ciudadano, pero no se atendían los programas vinculados, por ejemplo, con la educación en un contexto crítico.

                Tampoco hemos hablado de lo que ha significado la campaña de alfabetización que tuvimos que desarrollar y que tiene que ver con lo que aquí se hablaba. Hoy sabemos que los analfabetos no alcanzan ese 2% que indicaban las estadísticas; sabemos quiénes son, dónde están -en qué localidad, en qué departamento- cuáles son los vínculos familiares y que en ese hogar se reprodujo, no la pobreza o la indigencia, sino la exclusión, porque la hija de 40 años cursó tercer año de primaria y el joven de 17 años tiene quinto año de primaria.

                El señor Senador Couriel pregunta dónde están los pobres. Lamentablemente -o no, porque esto efectivamente nos permite diseñar políticas- en esas 189.000 visitas a hogares uruguayos con motivo del Plan de Emergencia, obtuvimos un diagnóstico que no tiene que ver específicamente con los ingresos que se perciben y si se cuenta o no con un trabajo formal; el diagnóstico está vinculado con el nivel educativo, con los problemas de discapacidad y, obviamente, con la situación del hogar, ya que había casos en los que el baño era un balde.

                Por tanto, como es mucho más lo que impide la salida ‑y para eso estamos trabajando- volvemos a la capilaridad o la política del uno a uno en función de datos que tenemos, pero no con el fin de presentar gráficas, sino que es información sobre la que estamos actuando. Precisamente, en este mes de julio comienzan 1.600 adultos su curso de alfabetización, que se suman a los 3.000 que lo hicieron el año pasado. Y seguiremos yendo a  buscarlos porque si a esa gente no se la va a buscar a la casa, no va a  alfabetizarse.

                En relación con la pregunta que se hacía sobre las diferencias de los programas de trabajo transitorio, en primer lugar quiero señalar con total claridad que no son programas de empleo, sino de trabajo, que buscan revincular con el mundo del empleo a gente que en muchos casos nunca tuvo un trabajo formal. Los programas que se desarrollaron en el período pasado, como los Jornales Solidarios u otros, eran trabajos por un período muy corto, de tres meses, en los que mayoritariamente no había capacitación planteada, salvo los que llevó a cabo la Intendencia de Montevideo, donde se capacitaba en el ejercicio de derechos de acuerdo con el programa “Trabajo por Montevideo”.

                En el caso de los programas de trabajo transitorio llevados a cabo en este período, quiero decir que se desarrolló el programa de carácter nacional “Trabajo por Uruguay”, en el marco del Plan de Emergencia que duraba cinco meses y en el que se brindaba capacitación. La señora Ministra explicó que las tareas mayoritarias constituyeron un aporte al patrimonio público -se trabajó en escuelas, en hospitales, en espacios públicos- y que los protagonistas sentían que el Programa no otorgaba capacitación en un oficio, más allá de que era importante el espacio de socialización generado y la capacitación en competencias transversales. Por ello, el programa “Uruguay Trabaja”, votado en el Parlamento dentro del Plan de Equidad, corresponde a un subsidio que reciben quienes participan en él, que se desarrolla durante nueve meses y en el que se hace un especial hincapié en la capacitación específica.

Por otra parte, hay otra cantidad de componentes que están vinculados con la salud bucal, que es un problema para la población porque en este caso hablamos de exclusión. ¿Qué posibilidades tienen muchas de estas personas que están participando o participaron en nuestros programas, de acceder al mundo del trabajo sin dentadura? Nos ha costado bastante vencer y resolver estos temas, así como conseguir odontólogos.  

                Para culminar, señor Presidente, señalo que hemos desarrollado una serie de apoyos vinculados a las posibilidades de emprendimientos en términos generales. A veces se habla solo de emprendimientos productivos, pero aquí nos estamos refiriendo a aquellos que pueden tener características culturales. Sabemos que no todos estamos en condiciones de desarrollar un emprendimiento.

                Esto se vincula a algo que mencionamos anteriormente: hay personas en situación de extrema pobreza que han accedido a emprendimientos, pero es necesario capacitarlas mucho para que puedan sostenerlos. También han accedido a emprendimientos aquellos que, como decíamos hoy, cayeron en la desocupación con más de 50 años de edad y vienen del mundo del trabajo, o sea, son personas que tenían herramientas para salir y solamente necesitaban una oportunidad, pero que a esa edad difícilmente accedían a un trabajo formal.

                Hay un núcleo muy importante que se encuentra en esas condiciones. Hemos apoyado cerca de 200 emprendimientos de personas que no están en una extrema pobreza y que tienen la posibilidad de acceder a préstamos sin intereses, ni multas, ni recargos. Además, tienen un descuento porque queremos favorecer la formalización a través del monotributo. De esa manera, la pequeña empresa paga un monto menor que el del préstamo que le fue otorgado.

Como pueden apreciar, efectivamente deben plantearse grandes líneas generales, pero también lineamientos concretos en función de las diversas situaciones que están pautadas por el territorio, la franja etaria y el acceso a las posibilidades socioeducativas que la población haya tenido.

SEÑOR BARÁIBAR.- Quiero señalar que suscribimos y apoyamos absolutamente el informe hecho por el Ministerio de Desarrollo Social, así como la exposición efectuada por el señor Senador Couriel.

                Simplemente voy hacer una reminiscencia de orden histórico. En 1964     -hace más de 40 años- ganó las elecciones presidenciales de Chile Eduardo Frei Montalva, el padre del que después también fue Presidente de ese país, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entre los programas que impulsó, había uno llamado “La Promoción Popular”. Durante esos años yo estaba viviendo en Chile y tuve oportunidad de conocerlo muy de cerca y de visitar muchos emprendimientos. La idea de la promoción popular generó un revuelo no sólo en la sociedad chilena, sino a nivel internacional; recuerdo al destacado sociólogo peruano Aníbal Quijano intervenir mucho en ese tema. En fin, se generó un gran debate sobre la pertinencia o no de políticas como la que se estaba impulsando desde Chile con la promoción popular.

                Transcurridos cuarenta años, ha ocurrido lo que la promoción popular impulsaba en ese momento en Chile, que es lo que estamos haciendo nosotros desde el MIDES y con la concepción que el señor Senador Couriel acaba de plantear.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de despedir a nuestros visitantes, la Presidencia desea expresar que, a su juicio, va a resultar muy beneficioso que los aportes de los distintos señores Senadores y de los integrantes de esta delegación sean leídos cuidadosamente. He tenido oportunidad de discutir públicamente en torno al tema de la pobreza y creo que existen razones de índole estructural generadas antes de la crisis económico - financiera que dificultan enormemente la recuperación de la integración social de determinados sectores de la población de nuestro país.

                En mi opinión, eso merece una discusión importante en todo el país -no sólo a nivel del Parlamento- una discusión política; a lo mejor tiene razón el sociólogo Bango en el sentido de que tiene que haber una política de Estado. Personalmente, creo en las políticas políticas, si son de Estado y todos están de acuerdo, tanto mejor, pero en caso de no ser compartidas por todos, igual hay que llevarlas a cabo.

                Ahora sí, agradecemos la presencia de la señora Ministra de Desarrollo Social y de su equipo de asesores.

                (Se retiran de Sala la señora Ministra de Desarrollo Social y sus asesores)

                (Ingresan a Sala las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay)

-La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores tiene el agrado de recibir a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay a los efectos de considerar la Rendición de Cuentas correspondiente al Inciso 27, que abarca los artículos 420 al 428.

                Quiero comunicar a nuestros invitados que la metodología que hemos adoptado para esta instancia es que los integrantes del Inciso convocado realicen una exposición general y luego se aboquen al análisis del articulado. Posteriormente, los señores Senadores plantearán sus inquietudes al respecto. No obstante, si nuestros invitados lo prefieren,  podemos ingresar directamente a la consideración artículo por artículo.

Advierto que se ha preestablecido como horario de finalización las 13 y 30 horas y, en lo posible, trataremos de cumplirlo porque la Comisión debe retomar su trabajo a las 15 y 30 horas.

SEÑOR GIORGI.- Voy a empezar por los artículos sin costo. El artículo 1º que fue votado en la Cámara de Representantes como 420, implica una transposición de $ 40:000.000 del rubro gastos de funcionamiento al rubro sueldos. Esto tiene por finalidad reforzar la capacidad del INAU y contratar personal técnico. Vamos a ampliar el fundamento cuando veamos específicamente otros artículos sin costo.

                El artículo 2º se refiere a la creación del régimen de acogimiento familiar de niños, niñas o adolescentes, que es una modalidad de atención a niños que estén definitiva o transitoriamente separados de sus familias, que recoge la experiencia histórica de las cuidadoras, pero que da mayor flexibilidad en cuanto al tipo de apoyo a recibir de parte del Instituto.

SEÑOR PRESIDENTE.-  La Mesa y la Secretaría advierten que el señor Presidente del INAU está manejando el Mensaje del Organismo  y nosotros tenemos que trabajar sobre el texto enviado por la Cámara de Representantes, sin perjuicio de que también pueda hacer alusión a aquellos artículos que no han sido recogidos en el texto de dicha Cámara.

SEÑOR GIORGI.-  Entonces, comienzo por el orden que le dio la Cámara de Representantes a los distintos artículos. En el artículo 420 se incrementa la Financiación  1.1 como crédito presupuestal del objeto del gasto 289.001, que tiene que ver con el “Cuidado de Menores de INAU”, en $129:300.000. Esta es una disposición que entra en vigencia a partir de la promulgación de la ley, o sea, en el Ejercicio 2008, y en esa medida es lo que permite solventar el proceso de cobertura a nivel de primera infancia, fundamentalmente,  mediante el Plan CAIF y, a su vez, sustentar los convenios por los cuales el Instituto absorbe presupuestalmente  la atención a niños que estuvieron en situación de calle, que eran convenios financiados por Infamilia con fondos  del BID. Este incremento nos permite seguir adelante con este proyecto de cobertura y  expansión.

                Por el  artículo 421, como recién mencioné, se realiza una  trasposición  del rubro gastos al rubro sueldos, de $ 40:000.000. Se debe tener en cuenta que para el Ejercicio 2009 ya estaba previsto un incremento para el rubro gastos de $ 93:000.000, por lo que de ese monto se  toman $ 40:000.000 y se trasponen al rubro sueldos. Observen los señores Senadores que en la redacción del artículo se dice que se incrementa el monto previsto para retribuciones en la suma “de hasta $ 40:000.000”.

                El artículo 422  refiere al régimen de acogimiento familiar. Como dije antes, este   régimen, que recoge la experiencia de las cuidadoras, se actualiza de acuerdo con los criterios que se manejan a nivel internacional para la atención de niños, niñas y adolescentes separados en forma transitoria o definitiva de sus familias. Se trata de una modalidad que recoge el mandato de la Convención y del Código en el sentido de que los niños que no pueden estar con sus familias, preferentemente deben ser ubicados en otra familia antes de recurrir a una opción institucional. Por medio de este artículo se flexibiliza el sistema de apoyo económico, desde el INAU, al régimen de cuidadoras,  que era sumamente acotado e implicaba un monto fijo de transferencia mensual por niño. Es importante señalar que este tema, incluso, fue objeto de una serie de conflictos a nivel de la legislación laboral y aún está sin resolver. De hecho, se trata de una relación que tiene características muy cercanas a una relación contractual y amerita una revisión bastante profunda para evitar que el Estado quede expuesto a determinados juicios o reivindicaciones. En ese sentido, nuestra posición es la de comenzar a poner en marcha esta nueva modalidad que, paulatinamente, va a ir sustituyendo a la anterior, si bien ésta no desaparece sino que simplemente se acota y disminuye en su crecimiento. Además, esta modalidad permite trabajar con lo que nosotros denominamos “familia extensa”, es decir,  apoyar económicamente a núcleos dentro de la propia red familiar del niño -cosa que no es posible cuando hay una relación contractual de otro tipo- y otorgar una mayor flexibilidad en las trasposiciones, que pueden ser mensuales, pero también se pueden entregar apoyos puntuales para mejorar la vivienda, adquirir muebles, comprar útiles para el inicio escolar, etcétera. Se trata de un artículo que no tiene costo y fue aprobado en la Cámara de Representantes.

                El artículo 423 autoriza al Instituto a efectuar contrataciones directas       -con los correspondientes controles del Tribunal de Cuentas y a través de la comparación, al menos, de tres precios- para la realización de obras de mantenimiento y acondicionamiento edilicio de hasta $ 200.000 de costo, en fincas e infraestructura del INAU. Esto se basa en que el Instituto tiene un número importante de viviendas que son lugares donde habitan niños, niñas o adolescentes, o donde están durante muchas horas del día porque van medio horario, almuerzan y meriendan allí. Entonces, la manutención edilicia debe ser constante y las obras deben realizarse en el tiempo más breve posible para que no interfieran con los servicios que allí se prestan. Los actuales procedimientos de licitación que exige el TOCAF generan un inconveniente importante en la manutención de esa infraestructura. Este artículo ya tiene un antecedente, que es la autorización que se hizo en la Rendición de Cuentas pasada a la ANEP en términos similares para que pudiera tener una mayor agilidad en el mantenimiento de su infraestructura edilicia.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo dice: “hasta el tope fijado para la compra directa ampliada”. ¿A eso se hace referencia cuando se habla de $ 200.000?

SEÑOR GIORGI.- Así es; es el doble de lo que se destina a compra directa, que es aproximadamente $ 100.000.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿No es poco dinero?

SEÑOR GIORGI.- Es para reparaciones livianas, como pinturas o arreglos de instalaciones eléctricas. Si a los señores Senadores les parece oportuno, podríamos ampliarla, pero nos pareció una cifra prudente porque muchísimas de las obras que tenemos previstas en Montevideo y en el interior del país son por este monto o por menos. Si aprobamos este artículo, podríamos evitar los otros procedimientos, que enlentecen mucho la ejecución.

                El artículo 424 se refiere a una prórroga, hasta el 30 de junio de 2009, de las facultades otorgadas en la pasada Rendición de Cuentas para el pasaje a contrato de función pública del personal que ingresó como eventual, a través del mecanismo de concurso, debidamente procesado a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esto ya había sido votado en la Rendición de Cuentas pasada, pero hasta el 31 de diciembre de 2007. Lo que sucede es que, debido al proceso de concursos, muchas personas ingresaron con posterioridad a esa fecha, por lo que quedaron en una situación contractual desigual con respecto a otros que fueron convocados a concurso en la misma fecha. De esta manera, estaríamos regularizando el personal de reciente ingreso.

                El artículo 425 tiene que ver con la incorporación del INAU a la ley que crea la Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación  de la Violencia en el Deporte. Esto es algo que había sido conversado en su momento con el Ministerio de Turismo y Deporte y hace aproximadamente un mes que estamos participando, como invitados, en esa Comisión. Además, los cometidos del Instituto hacen pertinente nuestra participación, en la medida en que somos el organismo que regula el ingreso de personas menores de 18 años a los espectáculos públicos y que hay distintos aspectos de la violencia en el deporte que tienen que ver con la infancia, tanto por el derecho de los niños a concurrir a los espectáculos deportivos sin correr riesgos por la violencia que pueda existir, como por el hecho de que muchos menores de edad protagonizan actos de violencia a través de los distintos grupos que están en juego. A su vez, hay una dimensión educativa de lo que implica el deporte como modelo en nuestra sociedad, como hecho mediático que trasmite valores, formas de resolver conflictos o actitudes frente a los otros. En ese sentido, nos parece que la presencia del INAU puede potenciar a esta Comisión y hacer un aporte interesante desde esta perspectiva específica de los derechos de la infancia.

                El artículo 428 fue agregado al Mensaje inicial y es un incremento presupuestal  que se suma al del artículo 420. Entre estos dos artículos se estaría completando la solicitud que hacíamos en el Mensaje original, aunque una partida tiene vigencia desde el Ejercicio 2008 y la otra se agrega a partir del 2009.  Este artículo tiene como objetivo financiar la ampliación de la  cobertura para la primera infancia y para los niños en situación de calle.

                El artículo 426 tiene que ver con las potestades de fiscalización y sanción del Instituto a través de la inspección al trabajo adolescente. Cabe destacar que se le dan las mismas potestades que a la inspección de espectáculos públicos. Entonces, en cuanto a potestades del organismo, se pude decir que por medio de este artículo se le están dando las mismas condiciones a la inspección laboral que a la inspección de espectáculos públicos. Además, se fija un monto mínimo para las sanciones y se le da al Instituto la posibilidad de multar y recaudar el dinero de dichas multas, lo que proporciona cierta agilidad en los procesos.

                El artículo 427 se refiere a las actuales cuidadoras quienes, como los señores  Senadores habrán escuchado, a partir de la aprobación de la ley que establece el nuevo régimen de Asignaciones Familiares, recibían una pequeña suma de alrededor de $ 260. En la actualidad, los niños atendidos por el INAU también cobran una Asignación Familiar de $ 700, lo que hace que el monto de la asignación que cobraban las cuidadoras descienda porque lo consideran como algo incorporado a su sueldo. Esta nueva asignación no la cobran las cuidadoras sino que se deposita en una cuenta bancaria a nombre del niño y de un responsable institucional; a su vez, solamente puede ser utilizada para propuestas concretas como, por ejemplo, proyectos educativos, necesidades vinculadas a la salud, o para enfrentar situaciones que puedan ser debidamente fundamentadas. Se trata del mismo criterio que se utilizó históricamente con las pensiones por discapacidad. En este caso, esa medida hace que el ingreso de las cuidadoras se vea reducido a esos $ 260 por niño, por lo que solicitamos un refuerzo presupuestal que nos permita otorgarles un incremento de $ 532. Inicialmente planteamos esta propuesta por medio de un artículo con costo, solicitando un incremento anual de $ 10:000.000, con el objetivo de financiarlo. Ante la dificultad de disponer de este dinero, la Cámara de Representantes lo votó como un artículo sin costo, es decir, autorizándonos a incrementar ese rubro hasta esa suma, pero siempre en base a los créditos ya disponibles por el organismo. Es por eso que ahora volvemos a plantear la necesidad de contar con esa partida de $ 10:000.000, que nos permitiría solventar todo esto y no tener que quitarlo del actual rubro sueldos del Instituto, que es bastante magro y no ha tenido incrementos en esta Rendición de Cuentas.

                A todo esto se suman otros artículos con costo que no fueron votados. Uno de ellos es el artículo 7º de nuestro pedido, que incrementaba el Rubro 0, y otro que solicita el incremento del rubro inversiones. Para explicar esto, cederé el uso de la palabra a la licenciada Álvarez.

SEÑORA ÁLVAREZ.- El Instituto tiene una serie de funciones que con el paso del tiempo se han ido ampliando. Nosotros apoyamos a la familia con proyectos denominados de tiempo parcial en guardería y clubes de niños y  jóvenes. Aclaro que para fundamentar esto me voy a referir a los servicios oficiales, es decir, aquellos que se desarrollan en proyectos estatales. 

                Reitero que tenemos proyectos que apoyan a la familia -con guarderías y clubes de niños y de jóvenes- y, a la vez, complementan la atención familiar y el sistema educativo. Contamos con servicios que funcionan las 24 horas, que fundamentalmente atienden a los niños para protegerlos cuando, por diversas razones, no pueden estar con su familia de origen. Esto se concreta a través de los internados y del Programa de Alternativa Familiar. Además, nos hacemos cargo -esto es por ley y no se lo podemos transferir a nadie- de la situación de los niños y adolescentes privados de libertad por infracción a la ley penal. A esos cometidos les debemos agregar la atención de discapacitados, para los que también tenemos servicios por convenio y estatales.

                A esos rubros tradicionales cada vez se van sumando más atenciones. Por ejemplo, estamos asumiendo toda la atención de niños por temas de salud mental, a través de distintos convenios o de la contratación de empresas; también estamos instrumentando servicios oficiales en convenio con el Ministerio de Salud Pública, pero tenemos que disponer de una parte de nuestro personal.

                Otro de los temas que todo el día está en la opinión pública es el de las adicciones. Estamos abriendo distintos servicios para el tratamiento de adolescentes con problemas de adicción; sabemos que estrictamente estos son temas de salud, pero también los asume el Instituto. Otro de los temas sumamente complejos es el crecimiento del número de niños en la calle, lo que denominamos “situación de calle extrema”.

Todas estas cosas que estoy señalando requieren personal especializado y sumamente capacitado, porque toda la atención directa de niños y adolescentes requiere de mucho personal. Nosotros no podemos tener veinte bebes atendidos por un funcionario; necesitamos un funcionario cada tres o cuatro bebes. Tampoco podemos tener veinte adolescentes privados de libertad atendidos por uno o dos funcionarios. Estos son los dos extremos, los bebes y los adolescentes, pero todos estos programas requieren de atención educativa individualizada.

Sabemos que la aspiración u orientación general -no solo en función de la reforma del Estado, sino también en base a la opinión pública- es reducir el tamaño del Estado, pero en el caso de la atención directa eso no se puede hacer. Lejos de reducirla, hay que aumentarla. Hace 23 años, cuando comencé a trabajar en el viejo Consejo del Niño, éramos 5.200 funcionarios y ahora somos 3.700 y tenemos una cantidad de problemas mucho mayor. Si bien nuestro Gobierno empezó a revertir la situación de extrema pobreza, eso todavía no se ha logrado y, entonces, cada día aumenta el número de niños y adolescentes que tenemos que atender, contando con mucho menos funcionarios que los que teníamos tradicionalmente.  El retiro en el año 1996 de más de 1.000 funcionarios, sumado a las jubilaciones y a que durante un montón de años no podían ingresar funcionarios públicos provocó que, a pesar de que ya ingresaron entre 400 y 500 personas, estamos en el mismo número que en el 2005, porque la cantidad se fue compensando con los retiros incentivados.

Además de que necesitamos el ingreso de aproximadamente 1.000 funcionarios nuevos para cubrir las vacantes y los nuevos problemas que tenemos, también precisamos personal especializado. Un Asistente Social en el INAU gana $ 10.000, mientras que en el Poder Judicial percibe $ 18.000. Por lo tanto, la mayoría de los llamados que se hacen en el interior del país quedan desiertos, porque nadie quiere venir a trabajar con nosotros por la mitad del sueldo que gana en otros lugares del Estado.

                Con recursos propios hemos tratado de mejorar la situación del personal de atención directa, o sea, los educadores, los técnicos especializados en trabajos con la niñez, pero no obtuvimos rubros para hacerlo. Ello implicaba no sólo la mejora salarial, sino también ampliar la carga horaria de los técnicos de campo con veinte horas de trabajo semanal, para lo que necesitamos disponer de los rubros correspondientes.

Por si esto fuera poco, queremos tener una administración más moderna mejorando, por ejemplo, nuestro sistema de información de modo que sea ágil y rápida. Este es un tema clave porque, además, hay que tener en cuenta que contratamos servicios con ciertas ONG y empresas, para lo que es preciso llevar un control mucho más aceitado, pues somos responsables del gasto de los dineros del Estado. A esos efectos hay que tener una sección de supervisión mucho más amplia que la actual, no sólo para controlar el dinero, sino también para tener el servicio adecuado a los efectos de prestar una buena atención a los niños y los adolescentes. Por supuesto que para tener un buen sistema de información necesitamos contratar analistas de sistemas -es decir, gente preparada en informática que hoy no tenemos- y una auditoría, que hoy tiene cinco o seis personas y, por tanto, no puede realizar ese trabajo. Hace poco hicimos un llamado a economistas y contadores, pero no se presentó nadie. También necesitamos mejorar nuestras oficinas de planeamiento para realizar una administración más eficiente.

                Por lo tanto, con los dineros presupuestados que tenemos, más los        $ 40:000.000 que transferimos del rubro Gastos al de Sueldos, apenas podremos cubrir el ingreso de nuevos educadores que ya están en tránsito, así como el de algunos técnicos que resultan imprescindibles en el área de los trabajadores sociales, psicólogos y docentes. Sin embargo, quedamos muy restringidos en otras áreas que también consideramos sumamente importantes. Por ejemplo, necesitamos incorporar psiquiatras infantiles, porque hasta el momento -esto no es un reproche, sino que se trata de una realidad- el Ministerio de Salud Pública nos brinda mucho apoyo y trabajamos en varias áreas, pero no tiene resuelto el tema de la salud mental para niños y adolescentes, por lo menos en el plano de la internación. En estos días abriremos un servicio para chicos menores de quince años con el objeto de atender esa problemática, pero lo seguimos haciendo con los mismos profesionales que tenemos, quienes multiplican el trabajo que ya tienen.

                Por lo tanto, estamos pidiendo $ 56:000.000 de incremento del Rubro 0 ‑incluidos en los artículos 7º y 8º de nuestra propuesta- para cubrir lo más imprescindible, porque ni siquiera podemos igualar nuestros técnicos a otros que hacen un trabajo similar en otros lugares del Estado. Por más que se haya aprobado el incremento de las Cuidadoras de Alternativa Familiar del INAU, si el Parlamento no vota los recursos de $ 10:000.000 será muy difícil concretarlo, porque se nos autoriza algo pero no se nos otorgan los rubros.

                Como decía, el incremento del Rubro 0 en $ 56:000.000 es simplemente para cubrir los ingresos y mejorar a nuestros técnicos. Se trata de una propuesta original con respecto a la que renunciamos después, reduciendo los números. Lo cierto es que necesitamos $ 22:000.000 más, no para igualar nuestros profesionales con los de otros lugares del Estado que hacen lo mismo, sino para mejorarlos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En el artículo 427 venido de la Cámara de Representantes se faculta al INAU a fijar las retribuciones básicas mensuales  de las Cuidadoras de Alternativa Familiar, que el Instituto programó en el artículo 8. Eso fue recogido.

SEÑORA ÁLVAREZ.- Pero con qué financiamiento se va a instrumentar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que no se establece es el monto y eso era lo que la señora Álvarez estaba tratando de explicar.

SEÑORA ÁLVAREZ.- Se trataría de $ 10:000.000, los que figuraban en la fundamentación del artículo 8.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Esa suma sería la necesaria para pagar las retribuciones de las Cuidadoras de Alternativa Familiar?

SEÑORA ÁLVAREZ.- Así es.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Lo que no figura y queda a consideración de los señores Senadores integrantes de la Comisión es el artículo 7 que propone el Instituto. Mediante este artículo se piden $ 46:000.000 para financiar el mantenimiento y la creación de servicios oficiales de tiempo parcial, tiempo completo, atención en condiciones de seguridad y programa calle. Leí rápidamente el material y advertí que tampoco fue recogido el artículo 10 por el que se pide un incremento de $ 25:000.000 en partidas a gastar en el año 2009, para comenzar a construir y acondicionar la infraestructura de los  servicios de seguridad.

SEÑORA ÁLVAREZ.- Quiero terminar fundamentando los planteos con cargo al Rubro 0 porque sé que es lo más difícil y lo que le debe costar más  a los señores Senadores resolver, porque me imagino que todos los funcionarios del Estado deben estar presentando sus pedidos.

                La sociedad entiende que nuestro trabajo es muy especial, muy estresante e imprescindible, pero parecería que no se reconoce que es especializado, que la gente que trabaja en esta área se agota fácilmente y que es necesario rejuvenecer el personal, para lo cual se necesita que ingresen funcionarios nuevos. Entonces, si no se otorgan recursos con cargo al Rubro 0 para mejorar todo lo que reseñé, luego será difícil darle respuesta a la sociedad ante los hechos que todos los días vemos en los diarios. Las cosas no se resuelven sin dinero y sin gente capacitada. Nosotros estamos en una Institución -lo puedo decir con propiedad porque ingresé al Consejo del Niño hace 23 años- donde las exigencias para el ingreso eran muy bajas, porque para la atención directa no se pedía nada más que tener terminado 6º año de escuela, y recién  hace pocos años se empezó a pedir 3º de liceo. Ahora pedimos que se tenga terminado el bachillerato, el título de educador social y otras profesiones universitarias necesarias para realizar esta tarea; sin embargo, se dejan los mismos salarios de cuando no se exigía nada. Por eso les pido a los señores Senadores que lo piensen porque lo que estamos solicitando no es un exceso, ni una igualación con otras funciones semejantes en otros lugares del Estado; lo que estamos pidiendo es un reconocimiento básico por la tarea que realizamos.

                Con respecto al rubro inversiones, es de pública notoriedad que los edificios que tenemos no son los adecuados, aunque estamos haciendo lo que podemos para adaptarlos. Ya pasó en gobiernos anteriores que se readecuaron edificios que no estaban construidos para albergar a adolescentes privados de libertad. Por eso, uno de nuestros proyectos -que pensamos planificar con el apoyo o asesoramiento de organismos internacionales- es que, de una buena vez por todas, se construya un edificio especialmente diseñado para atender la privación de libertad, porque ninguno de los que actualmente existen tiene esa finalidad. Por ese motivo, hemos solicitado $ 25:000.000 para iniciar la construcción de un edificio con esas características, porque seguramente se va a precisar mucho más dinero, puesto que debe ser un lugar donde se asegure que los chiquilines van a permanecer y no se van a fugar y, además, debe ser apto para realizar un trabajo educativo y albergar personas con un régimen de libertad ambulatoria. Actualmente, los locales tienen esa contradicción: no disponen de espacios amplios en el interior del propio edificio que permitan una libertad ambulatoria y un trabajo educativo y, además, que aseguren la permanencia de los chiquilines.

                Creemos que estos dos aspectos, que no fueron contemplados en la Cámara de Representantes, son muy importantes para que nosotros podamos dar respuesta a lo que la sociedad nos pide.

SEÑOR GIORGI.- Quiero agregar un par de comentarios a lo que acaba de exponer la licenciada Álvarez.

                Cuando recorremos el interior del país, vemos que el mapa demográfico del Uruguay ha cambiado respecto a lo que era 30 ó 40 años atrás. La población joven no siempre está en las cabeceras departamentales, sino que se desplaza en función de los polos de atracción laboral, algunos genuinos y otros más frágiles. Son muchas las localidades del interior, tanto sobre la frontera seca como algunos otros puntos, que han sido polo de atracción de población joven, en donde hay una tasa de natalidad mucho más alta y, por tanto, es donde hay niños, niñas y adolescentes, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad, porque no tienen redes familiares atrás; son esas zonas que a veces se las denomina “sin abuelos”. En esos lugares el INAU hasta ahora no ha estado presente, salvo por algún CAIF o determinado convenio, dada alguna situación excepcional.

                En esta Administración estamos creando centros de protección de derechos. Se trata de equipos articuladores de los servicios de infancia donde se puedan recoger las demandas, tomar iniciativas y, sobre todo, trabajar sobre tres líneas temáticas muy fuertes: maltrato, explotación sexual y drogas. Estos tres ejes implican, en todo el país, una demanda muy fuerte hacia el INAU y, hoy por hoy, con los recursos que tenemos, estamos logrando tener una presencia importante en algunos departamentos. Estamos mejorando nuestra distribución en el mapa, pero se necesita más personal técnico de manera de tener una mejor presencia en todos los lugares. Por eso insistimos en el incremento del rubro 0.

                También quiero mencionar un aspecto que en otro momento fue incluido en el mensaje, del cual ahora queda solamente su fundamentación. Creo que los señores Senadores deben saber que la institución históricamente ha atendido a personas menores de edad y ha dado prórrogas en la atención a personas discapacitadas. Como producto de esto, actualmente el INAU está atendiendo en régimen de tiempo completo y por convenios a 470 personas mayores de edad discapacitadas, algunos de ellos con 70 años. Estas 470 personas son casi un 15% de la población que está en tiempo completo e implica una erogación anual del orden de los $ 75:000.000, lo cual es desviado del presupuesto de infancia que tiene el país. En este momento no estamos pidiendo ese dinero, sino ofreciéndolo, y planteamos que tiene que haber otro espacio institucional dentro del Estado que se haga cargo de los discapacitados adultos. Esa no es una tarea del INAU y éste no puede darles la atención que estos ciudadanos merecen porque es un Instituto pensado para la infancia. La infantilización del discapacitado, de la que tanto se habla, aquí es galopante. Se necesitan servicios con otros perfiles, pero el tema tampoco implica un grave problema de gestión. Las 470 personas están atendidas mediante convenios, o sea que lo que se requiere es simplemente la supervisión y el acompañamiento; en realidad, no estamos hablando de transferir gestión de establecimientos para otros organismos, que es lo más complejo. Dejamos planteada esta inquietud a la Comisión para que se busquen alternativas que  permitan reubicar dicha población en un espacio estatal que resulte pertinente.

SEÑOR PRESIDENTE.- A su juicio, ¿cuál sería la repartición del Estado a la que correspondería transferir esta actividad?

SEÑOR GIORGI.- El Ministerio de Desarrollo Social tiene en su estructura        -aunque no sé si está conformada- una Dirección del Programa de Discapacidad, en la que actualmente está radicada la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, que hasta hace un tiempo se encontraba en la órbita del Ministerio de Salud Pública.

                Creemos que es un tema interinstitucional, pues tiene que ver con el área de la salud y de desarrollo social, pero es claro que no se relaciona con el INAU. Sabemos que se trata de una responsabilidad pesada, pero reconocemos que no se puede continuar postergando la situación.

SEÑOR VAILLANT.- Es importante tratar de encontrar una solución a este problema, pues trasladar esa responsabilidad a otra institución implica, a su vez, el traslado de costos. Según entiendo, el INAU estaría en condiciones de poder trasladar, junto con esta responsabilidad, el crédito presupuestal que involucra la cifra de $ 75:000.000 mencionada por el señor Giorgi.

SEÑOR GIORGI.- Habría que conversar a fin de desarrollar un proceso gradual, pero adelanto que no tenemos la intención de retener ese dinero si otro se hace cargo del problema. 

SEÑOR VAILLANT.- Al plantear esta inquietud no me mueve la mera curiosidad, sino que ante el planteo formulado por el INAU -como ante el de cualquier otro Inciso- nuestra responsabilidad es ver si podemos hacer algo para solucionarlo. Gestionar el traslado de esta responsabilidad a cualquier otra institución, existente o a crear, implica dotarla de recursos para que pueda cumplir con su función. Lo que no alcanzo a entender es la razón de la gradualidad en los recursos.

SEÑOR GIORGI.- La gradualidad no es una condición nuestra, sino una propuesta mientras la otra institución pueda absorber la tarea. Por nuestra parte, podríamos hacerlo a las cero horas de hoy y no habría ningún problema. De todas maneras, aclaro que para nosotros esos $ 75:000.000 son solo lo que se transfiere a las organizaciones que los atienden. Hay a una serie de gastos indirectos que no están calculados en estos costos y que involucran a los sistemas de supervisión y contable, a los servicios de salud que ellos utilizan y a otros servicios que se presta a la población asistida por INAU.

SEÑOR VAILLANT.- Tendríamos que pensar que la institución que recibiera esta responsabilidad también recibiría el crédito de los $ 75:000.000  más los otros gastos que no están cuantificados, pero que corresponden a la tarea.

SEÑOR GIORGI.- Eso es un poco más difícil, porque nosotros compartimos esos recursos humanos con otros convenios.

                Otro aspecto que también hay que aclarar, y que respalda la idea de gradualidad, es que los 470 casos -que están claramente identificados- son atendidos por organizaciones en convenio y es por ello que resulta tan fácil recortarlos e, incluso, sería muy sencillo transferirlos. Un número importante de población se encuentra dentro de los sistemas oficiales con iguales características. Si pensamos en el sistema de cuidadoras, vemos que hay muchas prórrogas más allá de los 18 años que están fundamentadas en la discapacidad; a su vez, existen establecimientos que atienden a personas discapacitadas entre quienes hay un número importante de adultos.

SEÑOR DA ROSA.- Antes de comenzar, quiero saludar a la delegación del INAU que nos visita en el día de hoy.

                Me pareció conveniente hacer algunas preguntas en función de la exposición que han realizado. Naturalmente, como no somos oficialistas, no vamos a asumir la defensa del equipo económico en la disputa de recursos que siempre, en todo Gobierno, se da entre aquél y los distintos organismos. Es más, si en algunos aspectos muchas veces criticamos la expansión del gasto público, no vamos a venir ahora, fácil y demagógicamente, a  preguntar por qué el equipo económico no le da más recursos al INAU. Sí queremos saber si existe la posibilidad de atenuar el problema de la falta de recursos a través de otros mecanismos -como pueden ser, por ejemplo, los convenios con las Intendencias Municipales- para que determinado tipo de tarea o de apoyatura se pueda cumplir con una mayor racionalización de los recursos.

Por otra parte, sé que hay funcionarios del INAU que han sido separados de sus cargos en función de determinadas situaciones o por eventuales irregularidades denunciadas; en esos casos se instruyeron sumarios, pero como posteriormente no se contó con  elementos suficientes como para adoptar sanciones, algunos de ellos están sin destino. Por ello, planteo si es posible utilizar un mecanismo -de acuerdo con otras reparticiones del Estado, no sólo con las Intendencias- para que esos funcionarios, que no están aptos para cumplir determinadas tareas en el INAU, sean intercambiados. Es decir, buscar la forma de canjear funcionarios que sean útiles o respondan a las necesidades o a los planes que tiene el INAU, en vez de pensar en incorporar personal nuevo a las estructuras del Estado.

 En otro orden, comparto lo que ha planteado la licenciada en el sentido de que hay que buscar estructuras nuevas donde dar alojamiento a muchos internados. En ese sentido, quiero decir que he recorrido el país y conozco estructuras del Estado que están ociosas y que actualmente no cumplen ninguna función -quizás  lo hicieron en alguna época; no digo que pertenezcan al INAU, sino que son del Estado- constituyéndose en una especie de “muerto” que está en el activo del Estado. Por tanto, me planteo si existe la posibilidad de realizar también convenios o acuerdos con otras reparticiones del Estado para reciclar instalaciones que estén en esas condiciones, a los efectos de dar una estructura  más o menos adecuada a las necesidades que tiene el organismo, porque aun cuando no se trate de las construcciones ideales, siempre van a ser mejores que el hacinamiento o la concentración en determinados lugares que actualmente  no satisfacen los requerimientos y la funcionalidad imprescindibles para que el Instituto pueda cumplir con sus objetivos.

                Estas son algunas inquietudes o ideas -no sé si las han evaluado o estudiado- que me parece que  pueden ser interesantes en tren de buscar paliativos a esas dificultades que se plantean en cuanto a temas de estructura y de funcionarios que tienen una larga historia en el Estado.

SEÑOR GIORGI.- Me parece que las propuestas que hace el señor Senador son muy atinadas. Hemos recorrido algunos de estos caminos y, por ejemplo, con relación a los convenios con otras Instituciones hay un tipo de servicio que funciona en Montevideo, en Canelones y en Mercedes, que se denomina la “Casa Amiga” y que brinda un espacio  logrado a través de un convenio entre el INAU, UNICEF y la Intendencia correspondiente.  En este caso, las Intendencias se han comprometido a aportar personal administrativo y, en algún caso, determinados técnicos que nos hacían falta. No obstante, puedo decir que hasta el momento, ninguna de las Intendencias -excepto la de Canelones- ha resuelto el tema porque también tienen problemas en cuanto a los recursos.

                Asimismo, estamos haciendo un mapeo con el Ministerio de Salud Pública -más precisamente, con ASSE- acerca de la presencia, por ejemplo, de psiquiatras infantiles en cada uno de los departamentos del país. Así,  estamos encontrando que los lugares donde ASSE cuenta con psiquiatra infantil son los mismos donde nosotros también disponemos de ese profesional y, además, se trata de la misma persona. O sea que en algunos departamentos esos profesionales trabajan para los dos organismos; a su vez, existen más de diez departamentos donde no hay nadie que esté dispuesto a trabajar en la órbita pública.

                Nos está pasando lo mismo con respecto a los profesores de Educación Física. En los proyectos que tenemos con las Intendencias del interior, destinados a la infancia y a la adolescencia, siempre es muy importante el perfil de la educación física, y también siempre sucede que ni la Intendencia ni nosotros contamos con los recursos necesarios en este sentido. En general, no hemos podido resolver esta problemática, sobre todo en lo que tiene que ver con recursos tecnificados. 

                Con relación a la posibilidad de que haya funcionarios que puedan no estar cumpliendo sus funciones, puedo decir que, efectivamente, ese es un problema real que tenemos, aunque no implica grandes números. En este sentido, hay en el INAU una categoría cuya existencia siempre me ha sorprendido; me refiero a aquellos funcionarios que no pueden estar en contacto con los menores. Ya sea por sus antecedentes, por haber sido merecedores de determinadas sanciones o por habérseles iniciado sumarios, tenemos funcionarios en esas condiciones. En estos casos, generalmente según su formación, a las personas se les asignan tareas administrativas o de vigilancia, atención telefónica, etcétera. Esto implica un doble problema por cuanto así se resiente la atención directa de los niños y, a su vez, estamos ocupando lugares administrativos con personas que no están capacitadas para la tarea. 

                Entonces, el problema es realmente grande con respecto a la calidad de la situación, y no tanto por la cantidad de casos. Sería interesante, efectivamente, pensar en algún tipo de redistribución que nos permitiera dejar libre determinada masa salarial.  Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en general, las redistribuciones no liberan salarios -esto recién sucede en el Ejercicio siguiente- lo cual también implica un problema.

                Otro aspecto importante es el edilicio. Hemos llevado adelante gestiones frente a los distintos organismos del Estado; incluso hay una Comisión encargada de la administración y redistribución del patrimonio del Estado, creada para cumplir con varias finalidades, entre las que estuvo, en su momento, la de encontrar una sede central para el Instituto. Vale decir que hasta hace dos años, nuestro Instituto no tenía sede y estaba en calidad de intruso en un apartamento, aunque todavía lo está porque aún no nos hemos mudado.

En realidad, se nos ha informado de inmuebles sumamente deteriorados a los que, en general, habría que destinarles inversiones importantes para adecuarlos a estos fines.

En lo que se refiere a la atención directa, no tenemos relevados los inmuebles que están construidos, ni siquiera en la órbita privada. Inclusive, hemos mantenido algunos contactos con la Iglesia porque sabemos que cuenta con algunos conventos o estructuras de ese tipo -como, por ejemplo, algún ex colegio de internados- y, en esos casos, siempre los informes arquitectónicos expresan  que la resistencia del edificio no es suficiente como para albergar a jóvenes privados de libertad. Las rejas de los conventos son simbólicas, no están destinadas a personas que las quieran romper sino que, por el contrario, son para gente que opta por estar detrás de ellas, y no es el caso de la población de la que nos ocupamos.

Además, hay que tener en cuenta la ubicación geográfica de esos lugares. Si bien en algún caso podrían representar una solución transitoria, esa ubicación geográfica reproduce el viejo problema de las colonias: son sitios distantes, alejados e implican todo un sistema de transporte. Cuando falta un funcionario es muy complejo sustituirlo porque estamos hablando de grandes distancias; a su vez, se pierden los controles y las supervisiones de calidad.

Estamos convencidos, pues, de que se hace necesario, aunque sea como experiencia piloto -no ya como solución única- tener a disposición alguna construcción realmente adecuada, que sea diseñada para estos fines. En ese sentido, como ya se dijo, estamos en contacto con organismos internacionales que están empezando a compartir una experiencia internacional, que tampoco es muy clara. No es un tema que esté suficientemente resuelto en ningún lado. En otros países se han hecho inversiones realmente astronómicas y los problemas no se han resuelto totalmente. Pensamos que hay que empezar a transitar por ese camino, porque los gastos de mantenimiento de la infraestructura actual son muy altos y se va el dinero en pequeñas refacciones que no logran un impacto en la mejora de las situaciones.

                Por otra parte, a través de los convenios, el Instituto también ha encaminado la construcción de infraestructuras, hecho que es importante. En ese sentido, tenemos convenios con varias Intendencias y con MEVIR para la construcción de Centros CAIF, fundamentalmente, en distintos puntos del país, y de MEVIR en las zonas rurales. A partir de la gestión de las Intendencias de Canelones, Salto y Maldonado, tenemos convenios para la construcción de locales,  pues por la propia fragilidad de nuestra estructura, tanto desde el punto de vista arquitectónico como administrativo, nos resultaría muy engorroso procesar las licitaciones.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Formularé dos preguntas, pero antes voy a hacer un pequeño planteo. Comparando el Mensaje del Organismo con el de la Cámara de Representantes, veo que se aprobaron los artículos 1 al 5 tal como fueron enviados y los artículos 6 y 8 con modificaciones. De acuerdo con la modificación del artículo 8, en la propuesta del Instituto quedó un déficit de $10:000.000. Los artículos 7 y 9 no fueron aprobados, aunque se incorporan los artículos 421, referido a una transposición de gastos de funcionamiento a retribuciones, y el 428, referente al aumento de una partida para nuevos convenios. Entonces, quisiera saber cuánto dinero está faltando, aproximadamente, en relación al artículo 9 -la fundamentación que trae el Mensaje es para la ampliación del Plan CAIF, algunos programas de Infamilia, clubes de niños y centros juveniles-  y qué es lo que se amplía para el Plan CAIF.

Lo digo de una manera sencilla: estoy solicitando argumentos para ver de dónde conseguimos más dinero.

SEÑOR FERRANDO.-  Con respecto a lo último que planteaba la señora Senadora, a través de gestiones realizadas en la Cámara de Representantes, finalmente se resolvió el financiamiento vinculado al Plan CAIF y a los nuevos convenios.

                Los artículos que no fueron contemplados son el 7 y el 10, relacionado a los $ 46:000.000 para el Rubro 0 y al INTERJ, respectivamente; en realidad, es la clave de lo que queda pendiente.

Insistimos con el tema de los discapacitados y de estos $ 75:000.000, porque más allá de que el dinero del Estado es el mismo, nos parecía que la transferencia  de estas responsabilidades, eventualmente, podría implicar una transferencia parcial de fondos y, de algún modo, mantener dentro del presupuesto del Organismo parte de estos fondos para solucionar el Rubro 0. Sobre esto quisiera insistir, porque además de solucionar el tema de las cuidadoras, nos preocupa resolver el tema relativo al sustento técnico profesional y de funcionamiento de  la mejora de gestión del Organismo. De modo que la base fundamental  del dinero solicitado en el artículo 7 del INAU de $ 46:000.000, es brindar al organismo las capacidades técnicas, administrativas y de mejora de gestión necesarias para dar sustentabilidad al importante proceso de cambios que se ha iniciado, de apertura a nuevas realidades y de respuesta a nuevas situaciones sociales. Ese es el punto fundamental.

Con respecto a  los $ 75:000.000 ‑que, como se trata de dinero, siempre es la misma cifra,  y da lo mismo que esté en un lado o en otro- si hubiera una negociación que eventualmente posibilitara que el Ministerio de Desarrollo Social asumiera los convenios de discapacitados en una fecha a determinar ‑que por las conversaciones que hemos tenido, en principio sería en marzo de 2009- se podría considerar que esa Cartera tomara una parte de esto y se mantuvieran en el Presupuesto del INAU los $ 46:000.000 que nos posibilitarían resolver el tema relativo al Rubro 0.

SEÑORA ÁLVAREZ.- Quiero señalar que aunque el Ministerio de Desarrollo Social pudiera asumir la atención de los discapacitados, dudo mucho que quiera contraer ese gasto si el Parlamento no se lo asigna por otro lado.  Supongamos que sí está dispuesto y que de los $ 75:000.000 nos dejan           $ 46:000.000; entonces, debemos tener en cuenta que de todos modos eso figura en el rubro gastos y que se necesita una autorización en esta Rendición de Cuentas para trasponerlo al rubro sueldos. De lo contrario, luego no se va a poder hacer nada porque esa transposición sólo la puede autorizar el Parlamento. Si no se logra hacerlo en esta Rendición de Cuentas, como  es la última, no vamos a tener dinero en el Rubro 0 hasta dentro de dos años. De allí la importancia de que esté claro lo que va a ese rubro.

                Por otra parte, con respecto a una pregunta de la señora Senadora Topolansky, quiero decir ‑porque creo que no quedó claro- que en el Plan de Equidad figura todo lo que se otorga para convenios. Con respecto a la cantidad de niños que nos comprometimos a atender en la primera infancia, creo que es más que claro que los primeros tres años de vida son claves en el futuro de una persona.  Se trata de algo que acordamos hace mucho tiempo y, además, esos dineros solo alcanzan para lo que estaba previsto y ni siquiera cubren todas las solicitudes que tenemos, que son muchísimas. Simplemente se podría cubrir ese compromiso del Plan de Equidad, absorber todo lo que antes financiaba  el BID y atender los problemas de maltrato, que no están creciendo -no me gusta utilizar esa palabra-  sino que se están comenzado a visibilizar. Antes no llegaban esas denuncias a nosotros, pero ahora sí porque la sociedad comenzó a sincerarse.

                Entonces, el monto de aproximadamente $ 120:000.000 adicionales que habíamos solicitado y que, en principio, estaban en discusión, ya están gastados y en realidad tampoco alcanzan para satisfacer todas las necesidades.

                Ahora bien, quería aclarar lo planteado por el señor Director Ferrando porque aunque el MIDES renunciara a los $ 46:000.000 -lo que es dudoso- van a figurar en el rubro gastos y no vamos a poder hacer nada porque, aunque haya un sobrante de  dinero de inversiones o de gastos, no se puede transferir al Rubro 0. Entonces, lo que obtengamos para ese rubro tiene que aprobarse en esta Rendición de Cuentas o, de lo contrario, deberemos esperar hasta el próximo Gobierno.

SEÑOR PRESIDENTE.- Deseo hacer una observación.

                En el caso de que se transfieran las responsabilidades al MIDES, es obvio que también habría que transferir los recursos porque, de lo contrario, no hay manera de que funcione. Ahora bien, esto es sin perjuicio de que el INAU pueda pedir los recursos que crea necesarios para la realización efectiva de las tareas que planteaba la licenciada Álvarez.

En lo que tiene que ver con la atención a los niños menores de tres años, me parece que debería explicarse brevemente -en pocas páginas- la naturaleza del problema, las necesidades que se tienen y cómo se resolverían, a los efectos de que la Comisión pueda analizar qué es lo que puede hacer en ese sentido. Es un pedido que efectuamos para tratar de mejorar la situación.

SEÑOR GIORGI.- Deseo hacer una aclaración.

                La atención a la primera infancia, sobre todo en lo que tiene que ver con los CAIF y los convenios de calle, está prácticamente financiada con lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Sumando los dos artículos -el de vigencia 2008 y el de 2009- hay una diferencia muy mínima. Sí hay un déficit de $ 5:000.000 en el Ejercicio 2008, pero podría ser resuelto con una partida por única vez. Al respecto, estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas y habría posibilidades de resolverlo por esa vía.

                A nuestro entender, lo más crítico en este momento es el Rubro 0, porque el incremento de cobertura a través de convenios no sólo implica poder pagarlos sino también generar un sistema de control, inspección y supervisión en todo el país. Entonces, en la medida que el Rubro 0 sea escaso, peligra la calidad del sistema.

                Más allá de los argumentos que se han dado aquí, el mayor problema que tenemos hoy en este proyecto que ya cuenta con media sanción, básicamente tiene que ver con el Rubro 0, tanto para la financiación del artículo referido a las cuidadoras como para el ingreso de personal. Obviamente, si tuviéramos más recursos para los convenios, podríamos hacer más cosas, pero lo que está programado, en términos generales, está cubierto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si nadie desea hacer uso de la palabra, agradecemos a la Dirección del INAU las explicaciones que nos han proporcionado y esperamos que algunos temas se solucionen.

                Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 13 y 8 minutos).