(Ingresan a Sala la señora Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social y Asesores)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene el gusto de recibir a la señora Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo, así como también a la nutrida y calificada delegación que la acompaña.

                En primer lugar, pido disculpas en nombre de la Comisión, por el retraso en recibirlos. Informo a nuestros visitantes que anteriormente recibimos a los miembros de la Corte Electoral para escuchar su opinión acerca de un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de crear circuitos para personas con discapacidad. Este es un tema que ha estado por mucho tiempo en el Parlamento.

                Los hemos convocado para analizar el proyecto de ley sobre el Programa “Uruguay Trabaja”. La Comisión ha ingresado al estudio de este proyecto de ley y nos gustaría que nos explicaran sus objetivos.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- En primer lugar, quiero señalar que las personas que me acompañan no pertenecen solamente al MIDES; en realidad, podríamos decir que es una delegación integrada por parte del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales y del Gabinete Social. Lo que ocurre es que, al igual que otros proyectos que han entrado al Parlamento, u otros Programas del Plan de Equidad, que no requieren ley, éste ha sido elaborado por el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales y el Gabinete Social. Por lo tanto, además de la presencia de la doctora Mariela Mazzotti del MIDES y de señora Gabriela Zubeldía, nos acompañan el Señor Heber Galli, del Banco de Previsión Social, y el señor José Luis Baumgartner, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quien siempre le ha tocado sintetizar nuestros profusos debates y redactar los proyectos en concreto. Nos parece importante que esta delegación refleje el proceso de elaboración de este proyecto de ley, y por ello entendimos  necesario señalar esto en primer lugar.

                En segundo término, no voy a realizar una larga exposición sobre el Plan de Equidad pero, efectivamente, hemos entrelazado una serie de aspectos vinculados con múltiples problemas que teníamos que abordar en el terreno de la construcción de políticas de carácter permanente en el proceso de culminación del Plan de Emergencia a finales de este año. Es por esa razón que el Gabinete Social y el Consejo se dedicaron a abordar los temas relacionados con la educación, la alimentación y la salud.

Con respecto al trabajo en concreto, entendemos que hay una parte relacionada  a la generación de puestos de trabajo en lo que es la estrategia país. Nosotros siempre hablamos de políticas socioeconómicas. A la luz de la experiencia, estamos convencidos de que hay un sector muy importante de la población que tiene serias dificultades para acceder al mundo del trabajo formal, ya sea por la edad o por las condiciones socioeducativas, y aunque hubiera un puesto de trabajo para cada uno de los uruguayos y de las uruguayas, igual seguirían teniendo serias dificultades en esta materia. Es en ese sentido que tratamos de abordar el conjunto de la problemática con dos Programas, además de los de apoyo a los emprendimientos. Uno fue elaborado por todos, pero desarrollado a través del Ministerio de Trabajo, que es  el del empleo subsidiado, y  otro es el del programa “Uruguay Trabaja”, que forzosamente requiere una ley porque se paga como una prestación del Banco de Previsión Social y está dirigido -al igual que el del subsidio- a desocupados de larga data, estableciendo el tiempo de acceso a un trabajo formal y su límite desde el punto de vista de la educación, justamente porque uno de los aspectos esenciales que se va a desarrollar desde el Programa es el vinculado a la capacitación. Independientemente de la modalidad de nueve meses de desarrollo de una tarea vinculada con una institución pública, aspiramos a poder capacitar “a la medida” -aunque sé que a mis compañeras no les gusta la expresión- es decir, uniendo necesidades con capacidades. Como este es un Programa que se desarrolla a nivel nacional, pensamos que hay un rol muy importante que van a jugar las Mesas Interinstitucionales y los Consejos Sociales en relación a definir qué se precisa en determinado lugar y para qué tenemos que capacitar. Simultáneamente hay que visualizar cuáles son las capacidades que tienen estas personas para poder trabajar en esa dirección. Se debe establecer la obligatoriedad para las instituciones que van a trabajar, pensando en un alto porcentaje de inserción en el mundo del trabajo formal. Ya hemos desarrollado experiencias anteriores de trabajos transitorios con talleres de capacitación transversal y en la última evaluación que presentamos del Plan de Emergencia, a todas luces esto se ha visto como un elemento sustancial vinculado con las posibilidades de desarrollo de las personas adultas. 

Antes de ingresar a Sala comentaba que el viernes pasado tuve oportunidad de estar en una Comisión Vecinal, en Casabó, con cerca de doscientos protagonistas del Plan, y pude apreciar la diferencia sustancial existente entre quienes pasaron por los Programas “Trabajo por Uruguay” y “Construyendo rutas de salida” y quienes no lo hicieron, que se puso de manifiesto a través de la capacidad de expresión y de comprensión sobre lo que estábamos explicando. Es decir que hay una serie de competencias transversales adquiridas que formarán parte de los talleres que se desarrollarán a lo largo de los próximos nueve meses con estas personas que hoy nos acompañan. Más allá de que luego ellas profundizarán en el tema, quiero decir que en este trabajo estamos con tiempo suficiente como para analizar todo detalladamente, para determinar la forma en que se convocará a quienes participen y así distribuir qué parte le corresponde ejecutar a cada uno, como una forma de apoyarnos mutuamente en esa tarea.

                Básicamente, esto requiere de una ley y por esa razón es que hemos explicitado en el proyecto de ley todas las experiencias recogidas y sus principales características, sin perder de vista que este es un Programa que comenzará a desarrollarse en 2008 pero que no culminará en ese año. Creo que este es un tema muy importante porque en todo lo referente al Plan de Equidad -como digo siempre, sabemos que el término “Plan” confunde, porque la gente piensa que estos son programas que empiezan y terminan- hay una estrategia de construcción de políticas de carácter permanente. Aquí hay propuestas que sabemos irán creciendo hacia el 2009 y el hecho de continuar presentando proyectos de ley constituye la habilitación no temporal para llevar adelante este tipo de programas. Esta es otra de las cosas que me parecía importante mencionar. 

SEÑORA PRESIDENTA.- No sé si las señoras Senadoras y los señores Senadores habrán tenido oportunidad de leer el proyecto de ley y desean formular alguna pregunta específica o prefieren que nuestros visitantes continúen profundizando sobre su articulado.

SEÑORA LÓPEZ.- Quiero formular una pregunta en función de lo que acaba de plantear la señora Subsecretaria, que tiene un conocimiento mucho más acabado del proyecto de ley. Recientemente ella se refirió -y lo comparto- al hecho de atar necesidades con capacidades, aludiendo específicamente a las necesidades de los trabajos que precisa el país.  Me gustaría saber si esto ya se está instrumentando y cuál es la metodología a emplear en este relevamiento de necesidades que existirían. Además, me imagino que de todo este emprendimiento participarán organismos tales como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros.

SEÑORA MAZZOTTI.- Como Directora de Desarrollo Ciudadano, quiero decirle a la señora Senadora López que al Programa “Uruguay Trabaja” lo estamos complementando con otro que va a implementar la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con el subsidio a las empresas privadas. En este marco, nos parece muy importante concretar un programa de carácter social que tienda a fortalecer a estas ciudadanas y a estos ciudadanos -que se encuentran en situación de desocupación de larga data- en sus capacidades y destrezas, y si bien el mismo se vincula con habilidades específicas de algún sector de actividad, tiene mucho que ver con el conocimiento de lo que nosotros llamamos “los códigos del mundo del trabajo”.

Este programa se sustenta en el hecho de generar escenarios de trabajo para que, trabajando, se aprenda a trabajar. Así fue que a partir del mes de setiembre comenzamos a entablar relaciones interinstitucionales con un número muy importante de instituciones públicas de nuestro país, con el fin de priorizar el tipo de tareas que ellas pueden ofrecer, así como también el tipo de retroalimentación que produciría en las personas trabajar en ese marco institucional. Para eso, hemos recurrido a realizar un acuerdo de trabajo con la ANEP -es decir, con todos los centros educativos, sean de Primaria, Secundaria y UTU- con el Ministerio de Salud Pública, con el INAU y con las Intendencias Municipales. En este momento nos están llegando las prioridades que estas instituciones públicas nos han planteado, junto con el detalle de sus necesidades.

Entendemos que es muy importante y constituye un valor agregado del Programa que da identidad a los trabajadores y trabajadoras, el hecho de que la tarea que ellos desempeñen sea valorada por los demás. Ya nos ha llegado un relevamiento muy importante de escuelas, liceos, centros de salud, policlínicas, hospitales públicos y de determinados centros del INAU de todo el país, así como de las Intendencias Municipales, en este último caso en el marco de recuperación de espacios públicos y locales destinados al servicio a la comunidad, que no impliquen tareas de función típica o sustantiva de los Municipios.

Queremos destacar también que los relevamientos a nivel del interior del país los hicieron las Mesas Interinstitucionales, o sea los propios organismos públicos que en cada uno de los departamentos fueron concertando cuáles son sus prioridades, con una cabeza integral, mirando al departamento en su conjunto. Pensamos que la semana que viene vamos a tener pronta la agenda de tareas de valor público solicitadas por los organismos, a fin de hacer un llamado abierto a las organizaciones no gubernamentales en el momento en que todo esté concertado para comenzar a trabajar. Sin duda, tenemos expectativas de poder convocar a la población en el mes de febrero para realizar las inscripciones.

Quiero decir que estamos actuando junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que entendemos que el marco legal debe ser considerado en forma urgente para que cuanto antes se puedan implementar todos los procedimientos correspondientes. No hay que olvidar que este Programa tiene la aspiración de cumplir un proceso de hasta nueve meses para cada uno de los participantes, en el entendido de que ese tiempo permite realizar una experiencia de trabajo sustantiva con relación a la adquisición de destrezas y aptitudes para desempeñarse en el mundo del trabajo. Además, ya hemos hablado con las autoridades del Consejo de Educación Primaria y de Secundaria con respecto a la posibilidad de lograr las acreditaciones por experiencia. En ese sentido, las clases podrían ser dadas por las organizaciones sociales, quedando a cargo de ambos Consejos la formación de los tribunales correspondientes a los efectos de la acreditación, de modo que los participantes puedan también completar su educación formal. Entonces, el plazo establecido de nueve meses, que se lograría completar si se comienza a trabajar en el mes de abril, sin duda resulta muy importante.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Si no entendí mal,  la pregunta de la señora Senadora López estaba vinculada con el resto de la capacitación que va a completarse durante el período de nueve meses, así como con la acreditación de la que hablaba la señora Mazzotti. Sobre ese punto trabajamos con las organizaciones sociales, a las que les hemos planteado el abordaje de este tema con relación a las destrezas específicas sobre las cuales se llevaría a cabo la capacitación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quisiera formular alguna pregunta, en primer lugar con respecto al artículo 5º, que en su literal c) refiere a los “hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, conforme a criterios estadísticos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación”. Más adelante, en esa disposición, se establecen las condiciones que se tendrán en cuenta, como por ejemplo, los ingresos y la composición del hogar, las condiciones habitacionales, el entorno, las características de sus integrantes y su situación sanitaria. Quisiera saber si estos hogares de vulnerabilidad económica ya se corresponden con algunas de las clasificaciones estadísticas de línea de pobreza, indigencia, etcétera.

La segunda pregunta tiene que ver con la definición de la “Prestación ‘Apoyo a la inserción laboral’”. Concretamente, en el artículo 8º se establece la creación y el nombre; en el artículo 9º se agrega que se va a pagar a través del Banco de Previsión Social, y el inciso primero del artículo 10 dice: “Sin perjuicio de lo previsto por los artículos 7º y 8º, el período en que los beneficiarios participen en el Programa será computado por el Banco de Previsión Social como de actividad a los efectos jubilatorios y pensionarios, con inclusión ‘Industria y Comercio’, y habilitará, únicamente, la percepción de los subsidios por maternidad y por enfermedad común a que hubiere lugar, así como los beneficios complementarios que autorice la reglamentación de la presente ley”. Finalmente, en el artículo 11 se hace referencia al beneficio de la asistencia médica gratuita.

Me parece que el centro de este proyecto de ley, de alguna manera, es la creación de esta prestación, que tiene una particularidad. En tal sentido, me gustaría que quedara claro cuáles son las diferencias en relación a los derechos laborales, etcétera.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Como es sabido, en su momento trabajamos con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas a efectos de definir un criterio objetivo para la inclusión en el Plan de Emergencia. Este elemento objetivo, que es un algoritmo, se hizo en base a los datos de la Encuesta Continua de Hogares del año 2004. Posteriormente, con el propio Instituto de Economía tuvimos que realizar un ajuste de esa herramienta objetiva -hace algunos días lo presentamos, cuando hicimos la evaluación del Plan- porque, en la medida en que en el año 2002 se había realizado una modificación en la manera de medir la pobreza, habían dejado de tenerse en cuenta algunos elementos. Hoy las condiciones son muchísimo mejores, más allá de que para nosotros en su momento fue muy importante contar con un elemento objetivo, porque cada uno podrá tener su opinión sobre el Plan de Emergencia pero creo que nadie dijo que haya habido falta de transparencia. En definitiva, entonces, hicimos un convenio con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas para la elaboración de un nuevo algoritmo, que cuenta con muchos más elementos que el anterior. En primer lugar, la cantidad de personas que se relevan mensualmente para la Encuesta Continua de Hogares es igual a la que antes se relevaban anualmente. Por lo tanto, la base estadística para determinar cuáles son los elementos que definen la pobreza y los diferentes quintiles es muy importante. Además, se incorporan elementos que habían dejado de analizarse en el año 2004, vinculados fundamentalmente con las condiciones habitacionales; en este sentido, en el Plan de Emergencia vimos la importancia que tienen para cualquier tipo de desarrollo las condiciones higiénico-sanitarias, etcétera. Actualmente tenemos, entonces, un algoritmo con diferentes umbrales, y en el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales hemos entendido que debe definir, para las personas en situación de pobreza, el acceso al conjunto de los beneficios que nos planteamos, entre ellos, por ejemplo, la tarifa especial de OSE, etcétera. La idea es que todo el Estado tenga un parámetro común para el acceso a determinados beneficios u otros elementos que tengamos que definir. Estamos conversando con el Banco de Previsión Social, por ejemplo, sobre el acceso a la vivienda por parte de los jubilados. Sin duda, debemos trabajar con esos parámetros objetivos.

                En el año 2008 -precede a esto el proyecto de ley presentado sobre asignaciones familiares- el umbral va a ser el 80% de la pobreza y, en el 2009, va a ser la línea de pobreza, aunque aspiramos a que siga bajando. En éste y en otros Programas, se trabaja en base a un 80% de la línea de pobreza, más allá de que todos los umbrales serán definidos por el trabajo que ha preparado el Instituto de Economía. Debemos tener en cuenta que hay algunos otros elementos que aún no han ingresado al Parlamento, como por ejemplo el apoyo a la vejez, que en esta instancia está dirigido pura y exclusivamente a la extrema pobreza. Por lo tanto, nos parecía muy importante que estuvieran definidos todos los umbrales para abarcar el conjunto de las áreas que tienen que ver, ni más ni menos, que con el ejercicio de todos los derechos que tienen los ciudadanos.

                A esto se refiere, entonces, el punto c), que  alude a integrar “hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, conforme a criterios estadísticos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación” teniéndose en cuenta todos los factores que componen esa definición. No es uno ni otro sino el conjunto de factores lo que define la inclusión o el acceso a diferentes Programas.

SEÑOR GALLI.- Con respecto a la prestación que va a pagar el Banco de Previsión Social, quiero decir que es asimilable -para que resulte fácil de entender- al  subsidio por inactividad de una persona en edad activa. Para hablar en términos de Derecho, se trata de los mismos derechos que tiene alguien que se encuentra bajo el régimen de seguro de paro, pero adaptado a las características que tiene esta población. En cierta medida, también son los mismos derechos que hasta ahora tenían quienes participaban de programas de este tipo como, por ejemplo, “Trabajo por Uruguay”.

                En definitiva, lo que se busca -en tanto existe un trabajo- es brindar todos esos derechos a las personas que participan en el Programa, con el fin de que sirvan también a los efectos jubilatorios. A su vez, parte de la capacitación que reciben estos beneficiarios es un curso sobre derechos y deberes en materia de Seguridad Social, porque nos encontramos con que, en el pasado, la gente  tenía derechos que no ejercía, simplemente porque no los conocía.  Lo que aquí está señalado es el conjunto de derechos que tiene un trabajador. En este caso se trata de gente que desde hace larga data está desempleada, de manera que no accedería a prestaciones. Obviamente, con el correr del tiempo habrá que ir articulando estos Programas. Se está creando una nueva prestación con contraprestaciones, y ponemos un énfasis particular en el Consejo de Políticas Sociales, que tiene que ver con el trabajo como elemento dinamizador y de conocimiento. También existe la intención de que estos Programas tengan un fuerte impacto en lo que es la inserción de la gente en el ámbito laboral y en otras áreas, como por ejemplo Cooperativas Sociales, la campaña que está haciendo el BPS de monotributo y otro tipo de actividades. Insisto además en que, más allá de que la gente tenga un ingreso, se debe tomar el empleo como centro a los efectos de que las personas recuperen el hábito de trabajar, ya que en estos sectores se ha perdido hasta eso.

SEÑOR BAUMGARTNER.- Complementando lo que decía el señor Galli  respecto a que únicamente se habilita la percepción de los subsidios por maternidad y enfermedad común, hay que señalar que el lapso en que la persona participa del proyecto se incluye en su historia laboral, a los efectos de los cómputos jubilatorios y pensionarios. De manera que, a la larga, va a repercutir en alguna jubilación que la persona pueda generar o en la pensión que, eventualmente, pueda obtener.

                En cuanto a las prestaciones de actividad, no parece razonable, por ejemplo, que esta participación genere un derecho a un subsidio por desempleo. Por tanto, lo que expresamente se consigna es que se habilita la percepción de las prestaciones de enfermedad, subsidio por maternidad y por enfermedad común. 

Otro punto concreto al que se hace referencia en el artículo tiene que ver con puntualizar que la aportación jubilatoria es exclusivamente la personal y la del 15% que corresponde al régimen general de inclusión “Industria y Comercio”. Obviamente no habrá aportación patronal. Como consecuencia, la persona tendrá derecho a la asistencia médica gratuita que le corresponda conforme a las normas aplicables, como lo indica el artículo 11.

                Otra prestación en la que uno puede pensar como derivada de la actividad sería la de Asignaciones Familiares, pero creemos que ésta se resuelve adecuadamente a través de otro proyecto de ley que está a consideración del Parlamento, justamente para el sector de personas que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

SEÑOR AMARO.- Escuché con mucha atención lo expresado y, además, contaremos con la versión taquigráfica para trabajar. Sin embargo, debo confesar que recién tomo contacto con el proyecto y, por lo tanto, no estoy habilitado para discutirlo. La Presidenta hacía mención, con muy buen criterio, al artículo 5º, que refiere a los requisitos de inscripción.  Allí existe la franja que comprende a los mayores de 18  y a los menores de 65 años. El inciso b) dice: “haber permanecido en situación de desocupación laboral en el país por un período no inferior a 2 (dos) años, inmediatamente anterior a la fecha de inicio de cada proceso de inscripción”. Este es un elemento de trabajo para la Comisión, pero me parece que es distinto tener 18 años que pasar los 50; sin embargo, la franja generaliza. Entiendo que si una persona de 65 años estuvo dos años sin trabajar, merece otro tratamiento porque, indudablemente, ya se encuentra en un estado de postración económica. Lo que comparto es que se considera que los de 40 años ya son viejos y la necesidad la sufren todos. Por tanto, la edad me parece bien y lo único que pienso -se trata de mi criterio- es que dos años es demasiado tiempo; estar desocupado dos años en este país es como esperar la carroza.

SEÑORA MAZZOTTI.- La reflexión que puedo trasmitir surge a partir de la experiencia que hemos venido recogiendo con el Programa “Trabajo por Uruguay”. De acuerdo con los datos que nos ha dado el Instituto de Economía, actualmente hay en nuestro país 75.000 personas que tienen más de dos años en condiciones de desocupación formal, es decir, desocupados de larga data. Efectivamente, se trata de una problemática que no solamente produce dificultades con respecto a la subsistencia de los hogares, sino que también rompe el sentido de inclusión social, de relacionamiento, de formación de vínculos, y produce efectos a nivel de la autoestima de la persona y de su sensación de utilidad con relación a la sociedad. Esto es así porque el trabajo no solamente genera fuentes de ingreso, sino que también le da un sentido a la vida.

Muchas de estas personas mayores tienen una historia laboral y, por distintas circunstancias, ahora están en condición de desocupación. En este momento nosotros no hemos pensado en generar líneas de acción particulares, aunque la ley deja abierta esta posibilidad. Nuestro planteamiento es para personas de entre 18 y 65 años, reconociendo que existen adultos en condición de desocupación y con voluntad, interés y búsqueda de trabajo, muy claros y consistentes. En el Programa “Trabajo por Uruguay” hemos tenido participantes mayores de 50 y de 60 años -inclusive, tuvimos alguno mayor de 70 años- que demostraron una voluntad de trabajo y un interés por ganar su sustento de una manera realmente admirable. Por supuesto que a las personas mayores de 70 años se las asesoró -como decía el Director Galli- con respecto a que ya tenían derecho a obtener una pensión, por ser ciudadano uruguayo mayor de 70 años. En otros casos, en la medida en que se avance en las leyes de seguridad social y de protección, personas que todavía no tienen los 60 años -que es la edad mínima para jubilarse- quizá puedan hacerlo, pero en este momento lo habilitamos para todas las personas que tengan derecho al trabajo, voluntad, que se inscriban y estén en estas condiciones. Los grupos con heterogeneidad de edad pueden resultar difíciles -por eso la Subsecretaria hablaba de capacitación “a medida”- en cuanto a la orientación de la propuesta formativa. Sin embargo, en los hechos hemos visto que, en el vínculo que se va generando entre la cuadrilla, hay una retroalimentación de experiencia de vida muy interesante entre los jóvenes y los menos jóvenes.

También tuvimos la experiencia de “Trabajo por Uruguay Joven”, y vimos que tienen características particulares y otro perfil, pero se pierden del contacto con los más grandes, y hemos comprobado que el encuentro intergeneracional ha sido de mucho interés en el Programa. Por este motivo, en el proyecto de ley se plantea un máximo, más allá de que luego, en términos particulares, esté la opción de la inscripción; pero de esta manera se pueden generar líneas de trabajo específicas, de acuerdo a los perfiles de población.

SEÑOR ANTÍA.- Quisiera aprovechar la presencia de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social para solicitarle, si fuera posible, que nos proporcionara un detalle de cómo se componen esos 15.684 puestos de trabajo en el conjunto del país. Nosotros no contamos con esa información, y pienso que nos puede servir de ayuda para ir evaluando la situación. Es decir, me gustaría saber cuántas de estas personas son de Montevideo, cuántas del interior, qué organismos del Estado tienen relación con esto, etcétera. Creo que esta información es la base de la fundamentación de este proyecto.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Es de destacar que la semana pasada hicimos la primera aproximación de evaluación y monitoreo del cierre del Plan de Emergencia y todos estos elementos son parte de ello. O sea que a nosotros nos importa tanto lo cualitativo como lo cuantitativo.

SEÑOR ANTÍA.- En ese sentido, también nos gustaría conocer cuáles fueron las problemáticas, las dificultades, las fortalezas y  las debilidades.

SEÑORA SUBSECRETARIA.- Justamente, esa información hoy está en la página Web del Ministerio, aunque eso no quiere decir que no tengamos la obligación de acercárselas. Me refiero a toda la parte cualitativa, es decir, a las dificultades, a qué competencias se adquirieron y cuáles no.

Ciertamente, también estuvimos viendo con qué expectativas se iba, porque eso también permite definir otras cosas en las políticas a instrumentar en el futuro.

Desde el punto de vista de las cantidades, está todo el tema de la distribución por departamento y también entre hombres y mujeres, cuestión que no es menor, sobre todo porque más del 70% de las personas que han pasado por el Programa “Trabajo por Uruguay” son mujeres. Aquí hay que considerar, también, el tema de la discriminación de quienes era la primera vez que trabajaban, con relación a quienes ya lo habían hecho antes.

                En definitiva, todos estos elementos son importantísimos para el diseño de futuras propuestas y, afortunadamente, están absolutamente sistematizados, así que desde ya nos comprometemos a enviar esa información a la Comisión a los efectos de su conocimiento.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas de parte de los señores Senadores, les agradecemos mucho su presencia y las explicaciones brindadas en la tarde de hoy.

                Esperamos poder tratar y aprobar este proyecto de ley en la próxima sesión porque, tal como ha sido dicho por parte de nuestros invitados, la idea es instrumentarlo lo más rápidamente posible.

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 16 y 46 minutos)