SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 20  minutos)

                - La Comisión de Hacienda tiene el agrado de recibir a una delegación de la Cooperativa Magisterial para referirse al proyecto de ley por el que se dictan normas para atender la problemática de la usura.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Somos representantes de la Cooperativa Magisterial y venimos a plantear nuestra preocupación por el destino de nuestra institución, en el caso de que sea aprobado el proyecto de ley de usura que la Comisión está considerando.

En este momento la delegación está integrada por el Vicepresidente de la Cooperativa, el profesor Santos, el contador Aneiros, integrante de la Comisión Fiscal y quien habla, Presidente de la Institución. A continuación voy a pedir al contador Aneiros que explique la razón de nuestra presencia en la Comisión.

SEÑOR ANEIROS.- Básicamente, queremos plantear cinco o seis puntos que son el eje de nuestra preocupación y el motivo por el que nos encontramos en esta sala en el día de hoy. Estos puntos son la consolidación de adeudos, la reforma tributaria, la usura, el Registro Único de Créditos Financieros, el proyecto de ley general de cooperativas y el Decreto Nº 223 de 1998. Todos estas temáticas nos afectan en forma muy severa y un ejemplo de ello es el proyecto de ley de consolidación de adeudos, que nos liquidaba en 24 horas.

Con respecto a este proyecto y luego de que obtuviera media sanción por parte del Senado, nuestra Cooperativa se presentó ante la Cámara de Representantes para explicar las razones por las que todas las cooperativas de consumo eran liquidadas en 24 horas. El asunto es muy sencillo, puesto que el 97% de las ventas de la Cooperativa Magisterial se hacen a crédito y si se asigna una consolidación a largo plazo -que puede llegar a 8, 10 ó 12 años- esto tendría como consecuencia que hasta el momento en que el consolidado no pagaba la última cuota, no podía sacar un solo peso de crédito. Entonces, ¿a quién le íbamos a vender? Evidentemente, tendríamos que cerrar en 24 horas, porque no habría forma de cubrir el presupuesto.

SEÑOR MICHELINI.- Me parece que algunas cosas tienen que quedar claras.

                En primer lugar, independientemente de los avatares parlamentarios, el proyecto de ley de consolidación de adeudos en ningún momento establece que se puede hacer la consolidación del crédito si el acreedor -en este caso la Cooperativa- no está dispuesto a hacerlo. No se trata solamente de una potestad para quien debe, puesto que si el acreedor no otorga el crédito, no se puede consolidar todo el adeudo.

                En segundo lugar, pregunté a alguna cooperativa de consumo cuánto “clavo” tenía y me respondió que era un 2%. Me dijo la facturación, que no voy a repetir, pero el 2% de “clavo” se acercaba a U$S 100.000. Les consultamos si les servía que alguien viniera y les pusiera en efectivo ese porcentaje, sumado a otros “clavos” de esas personas con otras cooperativas y otros deudores y contestaron que sí. Asimismo, en cuánto a qué hacían si venían por los créditos buenos, les dijimos que no debían dárselos.

                Por lo tanto, independientemente de lo que pueda ocurrir en la Cámara de Representantes, hay que analizar las virtudes y los defectos del proyecto de ley. Se podrán introducir correcciones en dicha Cámara para que quede más visible lo que estamos diciendo acerca de que el acreedor no dé el crédito. No quiero generar una polémica, pero sí comentarles que ese era el espíritu, aunque quizás el proyecto no lo haya recogido. Para que alguien se llevara todos los clientes de todas las cooperativas se necesitaban más de U$S 100:000.000 y era difícil que alguien viniera y dispusiera de esa suma a diez años. Sí podía constituir una solución para 100, 200 ó 300 personas a las que ni el Estado ni las cooperativas están prestando, porque le deben.

                Quería aclarar esto para que no se estigmatice una iniciativa que se hizo con mucho esfuerzo. Tal vez el texto no refleja totalmente el espíritu con que se aprobó, pero no fue algo hecho a lo loco.

SEÑOR NICOLINI.- El señor Senador Michelini se refiere a que debía haber una aceptación por parte de todos los acreedores para la consolidación. Eso significaba que si una cooperativa como la que ustedes integran no aceptaba la consolidación, no se hacía. Como bien expresaba el señor Senador Michelini, podía haber una aceptación por parte de los acreedores y de los deudores, debido al orden de prelación ya existente. El caso que el señor Aneiros menciona sería prácticamente inexistente, ya que con el orden de prelación que hay, al otorgar un nuevo crédito en ese tipo de situaciones, sería prácticamente incobrable por parte de cualquier cooperativa.

Este proyecto podía atender a 200, 300 ó 400 personas que se encuentran en una situación muy difícil y representar una solución en el marco global en que están comprendidas.     Jamás estuvo en nuestro ánimo perjudicar a las pequeñas cooperativas. Como también decía muy bien el señor Senador Michelini, había que conseguir a alguien que hiciera esta consolidación económicamente y eso no era sencillo. Entiendo el temor de las pequeñas cooperativas, para las cuales podía significar quitarles los socios o esa línea de trabajo, pero realmente estimábamos que podía implicar un mayor beneficio.

SEÑOR MICHELINI.- Además, por el Código Civil eso ya se puede hacer. Si una persona obtiene un crédito, paga a todos los acreedores y se ubica en primer lugar, lo puede hacer. Inclusive, era un método más garantista.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si bien sabemos que en la Cámara de Representantes el tema se está revisando en profundidad, comparto las consideraciones de los señores Senadores Michelini y Nicolini en cuanto a que aprobamos este proyecto de ley convencidos de que favorecía a los interesados y no era una cuestión de intereses creados. Pero pasemos al tema de la usura, que es el que nos convocó en el día de hoy.

SEÑOR ANEIROS.- A este respecto quiero decir que el endeudamiento interno es un problema real que tiene el país.

                En ese sentido, considero que si bien esta iniciativa no prosperó en la Cámara de Representantes, eso no quiere decir que no venga otra, porque el espíritu que hay es, justamente, el de solucionar este tema. 

                Sin ánimo de polemizar, queremos hacer énfasis en el siguiente aspecto.  Tenemos la absoluta seguridad que este proyecto de ley se elaboró con la mejor intención de solucionar los problemas,  pero su resultado es contrario a lo que persigue. Es cierto que necesitamos el consentimiento del acreedor; si le decimos “No” a un socio, se borra en veinticuatro horas. El gran problema que percibimos es que esta iniciativa abarca no solamente los casos graves de endeudamiento, donde la persona cobra solamente el 20% del salario o de la pasividad, sino también aquellos en que se está al día con sus obligaciones. 

 

(Ingresa a Sala el asesor letrado, doctor Paolino)

 

                - Estimo que debemos ver dónde estamos parados desde el punto de vista cooperativo. Las cooperativas de consumo tienen 200.000 socios, las falsas cooperativas poseen 400.000 socios y ANDA cuenta con 100.000 socios. Entonces, estamos hablando de 700.000 uruguayos que podrían acogerse a esta ley de consolidación de adeudos.  Nosotros entendemos que el tema de las verdaderas cooperativas  se puede resolver a través de la Ley General de Cooperativas, mientras que el de las falsas cooperativas se debe solucionar por medio de la Ley de Usura,  la Ley de Registro Único de Crédito Financiero y también la Ley General de Cooperativas. ¿Qué es lo que ocurre? Un hecho que es real. Nosotros venimos a plantear los problemas que nos afectan seriamente y que ponen en peligro  la existencia misma de todo el cooperativismo de consumo. No me estoy refiriendo solamente a la Cooperativa Magisterial, que si bien es chica tiene más de 30.000 asociados, sino a todo el cooperativismo de consumo que abarca a 200.000 personas.  Creemos que la solución que se puede encontrar es mucho más fácil y es la de que el  Banco de la República otorgue créditos blandos directamente al sistema cooperativo. De esa forma podemos atender el cien por ciento de nuestra masa social.  Esta opción no se ha manejado, pero esperamos que se tenga en cuenta en la tentativa que creo se va a elaborar para sustituir este proyecto de ley. 

                En cuanto a la Reforma Tributaria es sabido que allí  se nos equipara con las sociedades comerciales y ese es un grave error. El problema radica en que se entreveran las verdaderas cooperativas, que poseen 200.000 socios, con las falsas cooperativas que cuentan con 400.000 socios y se quiere dar el mismo tratamiento a esos 600.000 casos. Creemos que no se pueden dar soluciones iguales para sistemas diferentes, porque se incurre en una tremenda injusticia. La Reforma Tributaria nos anula todas las exoneraciones en materia fiscal y de seguridad social.  Nosotros entendemos que no es a través de este proyecto de ley de Reforma  Tributaria que debe arreglarse el tema de las cooperativas, sino a través de la Ley General de Cooperativas.

                Con respecto al tema de la usura, queremos decir que ella se manifiesta de una manera cruda en estos 400.000 compatriotas que integran el núcleo de alrededor de 12, 13 ó 14 falsas cooperativas que han venido actuando en el país, quizás, abusando de un vacío legal que todavía no ha sido llenado y que esperamos que con la Ley General de Cooperativas ello se haga posible. Además, a lo largo de estos veintisiete años -podría decir que desde el año 1979- los organismos de contralor del Estado no han controlado la usura.

                Esperamos -como también lo espera la Auditoría Interna de la Nación, tal como surgió de conversaciones mantenidas en estos días- que este Cuerpo apruebe rápidamente este proyecto de ley de usura -que ingresó en el mes de setiembre de 2005- para que pase al Plenario y luego sea considerado por la Cámara de Representantes, a efectos de que, antes de que finalice el año, podamos tener una ley que realmente reprima la usura y, en particular, a estas falsas cooperativas.

                Lo que nos preocupa es que en esta iniciativa se conserva la impunidad para el delito de usura, porque se mantienen las condiciones subjetivas que hasta el día de hoy han impedido a los jueces procesar a los usureros. El único delincuente que no va preso en este país es el usurero. Creemos que cabe realizar una modificación eliminando estas cláusulas subjetivas que hacen imposible la actuación del juez a la hora de tipificar la usura. En función de ello es que nosotros hemos presentado un proyecto modificativo del artículo 11, que ahora pasó a ser 12 -que, creo, obra en poder de los señores Senadores- que refiere a la penalización de la usura. Aquí hay dos tipos de sanciones: una civil y otra penal. Nosotros estamos de acuerdo con la primera, pero no con la segunda, porque no penaliza nada.

SEÑOR MICHELINI.- Antes de que se pase a considerar otros temas, quiero decir que el proyecto de ley relativo a la reforma tributaria se encuentra a consideración de la Cámara de Representantes y la fuerza política de izquierda, el Frente Amplio, es sensible al tema de las cooperativas y pienso que se va a corregir mucho.

                Es cierto que hay que separar las cooperativas truchas de las que no lo son, pero también hay que separar a aquellas que están “pedaleando” de otras como, por ejemplo, CONAPROLE. Digo esto porque, en el tema de los aportes a la Seguridad Social, una cosa es una cooperativa chica, que recién se inicia y, aunque consolidada, tiene un volumen menor y otra es el principal exportador de lácteos del Uruguay. Aclaro que no expreso esto para frenar su desarrollo, que necesitamos mucho, sino porque entendemos que hay que diferenciar no sólo a las cooperativas truchas de aquellas legalmente constituidas, sino a aquellas que tienen una dimensión económica de las que, si se les agrega algo, quedan fuera del mercado.

                Con respecto al proyecto de ley de usura, quiero decir que el artículo 8º lo hemos ido fortaleciendo junto a otros integrantes de la Comisión -y el señor Senador Rubio ha participado mucho en este tema- para tratar de lograr que no se nos escape ninguna de las cooperativas que no son tales -estamos hablando de aquellas cuyo capital accionario o cooperario está en manos de dos o tres personas que, además, tienen algún vínculo sanguíneo- y hacer posible que la red sea cada vez más chica. Decimos esto porque, a veces, subrepticiamente, de alguna forma esconden que hay dos o tres personas que manejan esa cooperativa que no es tal. En el aspecto penal, hemos ido para adelante y para atrás y explico por qué. Por momentos, hemos endurecido nuestra posición y por momentos hemos aflojado, porque la usura -creo que es el artículo 12 el que se refiere a la usura penal- abarca no sólo las cooperativas, sino todo el universo. A veces puede suceder que una empresa que otorga créditos y que está constituida con más de cien personas, se equivoque, entonces parecería ilógico ir a una cuestión penal por el error de una persona, cuando no es esa la política de esa empresa; pero si la empresa se equivoca en forma frecuente, ese sí sería un fundamento como para hacerlo.

Como dije, hemos ido para atrás y para adelante y llegamos a la conclusión primaria de que, más allá de las correcciones que se puedan hacer desde ahora hasta la instancia del Plenario, el articulado va a ayudar, por un lado, a la Auditoría Interna de la Nación, por otro, a los propios denunciantes y también al juez para que quede mucho más clara la configuración de usura penal. Por lo tanto, vamos a respetar relativamente el texto que ya venía, que tenía dos condiciones: no se conformaba el delito y, además, tenía que existir una especie de intencionalidad. Este término no va a estar, pero fuimos más rigurosos en todos los otros artículos y, en el área penal, prácticamente continuamos con la tradición que se venía dando.

                La idea es que en el mes de setiembre se pueda discutir este proyecto en el Senado. Inclusive, si tuviéramos número en el día de hoy, sería ideal, porque podríamos elevarlo al Plenario.

SEÑOR ANEIROS.- Con relación al Registro Único de Créditos Financieros, nuestra cooperativa está absolutamente de acuerdo con ello. No nos explicamos por qué este proyecto aún no ha sido tratado en el Plenario de la Cámara de Senadores, ya que tiene más de un año en esta Comisión y había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. De modo que no entendemos por qué todavía no ha sido transformado en ley.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero aclarar que en la Legislatura pasada el proyecto tuvo media sanción, pero éste es más completo. De todos modos, lo cierto es que tienen razón, lo que sucede es que lo fuimos trabajando y a esta altura nos hemos puesto tan especialistas y tan cuidadosos en la redacción para lograr un proyecto más perfecto, que no nos damos cuenta que lo que está rigiendo en este momento es la legislación anterior. Es por ese motivo que existe la preocupación de que en el mes de setiembre este proyecto de ley se pueda votar para que antes de fin de año pueda convertirse en ley, dado que todavía tiene que ir a la otra Cámara.

SEÑOR ANEIROS.- Si no interpreto mal, ustedes entienden que con este proyecto de ley de usura estarían cubiertos todos los problemas que tenía el proyecto de creación del Registro Único de Créditos Financieros aprobado por la Cámara de Representantes. ¿Es así o no entendí bien?

SEÑOR MICHELINI.- En realidad se trata de dos cosas complementarias.

SEÑOR ANEIROS.- Para nosotros es de vital importancia este proyecto de ley porque, en primer lugar, en ningún caso en este país el acreedor entrega copia del vale -que es el título valor- al deudor. En segundo término, este proyecto de ley impide ejercer cualquier acción en el Poder Judicial si no está inscrito previamente en el Registro Único de Créditos Financieros. Si mal no recuerdo, otorga un plazo de treinta días para hacerlo y si no se hace, no se puede ejecutar al deudor. En tercera instancia, el Registro emite en forma inmediata dos comunicaciones importantes a los organismos de contralor: Banco Central del Uruguay y Auditoría Interna de la Nación. Obviamente, a este último organismo lo hace en el caso de las falsas cooperativas. Se trata de 400.000 uruguayos, la mayoría de quienes -o sea, cerca de 300.000- son pasivos y hoy están absolutamente desprotegidos. Se les hace descuentos en sus pasividades, lo que se podría haber ahorrado todo este año si el organismo de contralor -en este caso, Auditoría Interna de la Nación- hubiera contado con el Registro Único de Créditos Financieros, donde figura la información de los vales que no se entregan a la población. De modo que entendemos urgente que el Senado trate este proyecto de ley. Reitero que no comprendemos el porqué de esta demora que, cabe recordar, lo único que facilita es el accionar de los usureros y, en particular, de las falsas cooperativas, porque no tienen control alguno.

                Por otra parte, insisto en que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, por lo que no puede haber divergencias a nivel político, ya que esa votación refleja que todos los Partidos políticos estuvieron de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Reconocemos que puede haber demora en el tratamiento de este proyecto de ley, pero debe tenerse en cuenta que el Senado tuvo a estudio la ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Si bien esta Comisión comenzó a tratar el proyecto de Ley de Usura, por el motivo antes mencionado no pudo avanzar en su consideración. De todos modos recibimos a un nutrido número de delegaciones muy importantes -como ustedes lo saben- que querían formular observaciones a su articulado, muchas de las cuales hemos ido incorporando.

                Con esto quiero significar que no se trata de que nos hayamos demorado simplemente o que hayamos incurrido en omisión, sino que la agenda parlamentaria nos marcaba otras actividades ineludibles. Nuestro propósito es votar el proyecto de Ley de Usura -aunque lamentablemente hoy no tenemos número suficiente para hacerlo- por lo que a más tardar lo haremos el próximo jueves. Inmediatamente vamos a abordar el Proyecto de Ley de Créditos Financieros y otro muy importante como es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay, sobre el que también nos llevaron algunas sesiones las exposiciones que hicieron sus autoridades, así como representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR ANEIROS.- De acuerdo con la información que tenemos, todavía no ha llegado al Senado el Proyecto de Ley General de Cooperativas, pues se encuentra en la Cámara de Representantes, pero es obvio que compartimos totalmente esta iniciativa, que además fue fruto de un estudio de años. Quizás nuestro asesor letrado, doctor Paolino, puede ilustrarnos al respecto, porque tuvo amplia participación en las discusiones que se llevaron a cabo sobre el mencionado Proyecto de Ley General de Cooperativas, por lo que si el señor Presidente me permite le cedo el uso de la palabra.

SEÑOR PAOLINO.- En primer lugar, quiero pedir disculpas por haber llegado tarde, pero tenía otro compromiso de trabajo que me impidió concurrir en hora.

                En segundo término, aclaro que no sabía que veníamos a hablar sobre cooperativismo en presencia del doctor Lezama, lo que implica un atrevimiento, porque muchos de nosotros aprendimos con él sobre el particular. De todas maneras, lo que podamos decir en forma equivocada, no se le debe imputar al doctor, sino exclusivamente a nosotros.

                Posiblemente, el planteo central de las entrevistas que hemos mantenido con Legisladores y con los integrantes de esta Comisión refiera fundamentalmente al cooperativismo. Hay aspectos puntuales que se materializan en el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, en el de Usura y en el de Consolidación de Adeudos, en fin, en diferentes instrumentos que están a discusión del Parlamento, pero insisto en que el tema central es el cooperativismo. Nos interesaba trasmitir a los señores Legisladores nuestra preocupación en cuanto a la necesidad que tiene el país en este tema, porque desde sus comienzos el cooperativismo ha sido un instrumento de desarrollo y estamos convencidos de que puede serlo en la actual coyuntura. En este país productivo, todo el cooperativismo -porque esto no se circunscribe solamente al cooperativismo de consumo al que pertenecemos- puede constituir un instrumento de desarrollo auténticamente nacional que le sirva al país y a su gente. 

                En ese marco, el movimiento cooperativo se pasó durante años discutiendo sobre la creación de un proyecto de ley. De todas esas conversaciones surgió una iniciativa consensuada que consta de muchos aspectos que no nos dejan conformes pero, de alguna manera, recoge la necesidad del movimiento cooperativo en el sentido de poder contar con un instrumento legal que opere como una plataforma de lanzamiento de las nuevas estructuras del cooperativismo. Este proyecto de ley le estaría brindando  el ambiente jurídico, tanto para su desarrollo, como para evitar las hipertrofias. Para citar un ejemplo, puedo mencionar lo que sucede con las denominadas “cooperativas truchas” u organizaciones económicas que adoptan formalmente la estructura supuestamente de una cooperativa para obtener determinadas ventajas.  No tenemos por costumbre involucrarnos en la vida ajena, pero hemos comprobado que el desarrollo bastante importante de ese tipo de instituciones nos perjudica, porque cuando surgen estos fenómenos de hipertrofia, a alguien se le puede ocurrir que la mejor manera de eliminarla es barrer con todo. Para ilustrar un poco todo esto, podría suceder -tal como decía un compañero- que si, por ejemplo, se detectan  ocho o nueve alumnos con pediculosis en una escuela, la solución podría ser que se les cortara  la cabeza a todos los alumnos. Como es notorio, esta medida es impracticable. Creemos que el propio proyecto de ley marco de cooperativas tiende a que el régimen jurídico sea más claro y establece controles de parte del movimiento cooperativo, del Estado y de éste con organismos especializados en cooperativismo. A nuestro juicio, este es un déficit que nuestro país ha tenido durante mucho tiempo. Digo esto, porque el sistema jurídico que se aplica es una mala copia -y lo digo con todo respeto- del régimen de control de las sociedades anónimas abiertas. Este es un fenómeno jurídico, económico y sociológico diferente y, por lo tanto, aunque dicho régimen puede ser muy bueno para ese tipo de sociedades no lo es para el cooperativismo.

En lo que tiene que ver con el control, se agrega la inexistencia de un órgano especializado en cooperativismo, algo que el país necesita. Como se ha manifestado,  hay un organismo que tiene como cometido esencial el control de la hacienda pública  y, a nuestro juicio, no puede dedicarse en forma simultánea al control del sistema cooperativo porque es diferente, tiene características distintas. Además, hemos detectado que, por lo general, no hay una formación en lo que tiene que ver con el régimen jurídico, social y estatutario de las cooperativas, entonces se aplican criterios inadecuados que muchas veces afectan a las verdaderas  cooperativas. Entonces, como producto de todo ese régimen  jurídico  y de la inexistencia de un organismo de control inadecuado,  aparecen “cooperativas truchas” que ni el movimiento cooperativo ni el Estado  pueden eliminar.

                Retomando lo que se venía exponiendo -no quiero monopolizar el uso de la palabra- entendemos que el cooperativismo si bien no constituye una ideología es y puede ser un instrumento útil, tanto para el país, como para su gente en la medida en que el Estado adopte  las medidas adecuadas para su desarrollo sin que implique transferencias del sector público al cooperativismo ni viceversa.

                En ese sentido, -y es un pequeño aviso- quiero señalar que las cooperativas están exoneradas de pagar aportes patronales, porque no tienen patrones y como esto fue históricamente inadecuado, también lo será en el futuro.

                Reitero que el cooperativismo puede constituir un instrumento útil para el desarrollo del país en la medida en que el Estado apruebe los instrumentos adecuados para su desarrollo y no haga lo propio con aquéllos que afecten gravemente su funcionamiento.

Muy brevemente, en pocas palabras, quiero decir algo sobre un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y pasó a la Cámara de Representantes, sobre consolidación de adeudos. Se trata de un tema muy complejo y extenso y no intento agotar su consideración aquí, porque no quiero ser muy tedioso. Contiene dos conceptos que me parece que son filosóficamente equivocados.

En primer lugar, señalo el hecho de transferir a una institución financiera -que no se conoce cuál es- los derechos de retención sobre salarios, que la ley ha otorgado a las cooperativas. Precisamente estaba previsto un sistema de retención para que el trabajador -aclaro que los socios de las cooperativas son trabajadores, ya que éstas no tienen socios que sean grandes comerciantes, industriales o terratenientes- pudiera obtener crédito con la garantía de su salario. Pero ocurre que este proyecto de ley transfiere, de las cooperativas a instituciones financieras, la facultad de retener del salario.

En segundo término, le quita al trabajador la posibilidad de recurrir al crédito y -diría-  le prohíbe acceder al crédito lícito, porque él va a necesitar crédito y en la medida en que la ley le prohíba el crédito con garantía de su salario, seguramente va a caer en manos de usureros o inescrupulosos, quienes prestan dinero en condiciones no reguladas. La gente ha necesitado y va a necesitar siempre crédito para el consumo. Recordaba con un compañero, que cuando era chico el almacenero de la esquina vendía siempre con la libreta de fiado, porque la gente que vive de un salario necesita crédito y, por lo tanto, una ley que le prohíba el crédito va contra la naturaleza de las cosas. Reitero que en esta sociedad la gente necesita crédito.

Quiero terminar diciendo que la prohibición del crédito es como prohibir a la gente el agua, porque una ley puede prohibir el agua, pero no puede prohibir la sed.

SEÑOR LEZAMA.- Simplemente quiero agradecer al doctor Paolino los conceptos que emitió.

                Por supuesto, no es ningún secreto que en este momento me encuentro en los dos lugares de la mesa. Digo esto, porque he trabajado muchísimo en el cooperativismo y comparto gran parte de las cosas que aquí se han dicho y, al mismo tiempo, estoy transitoriamente ocupando una banca en el Senado. Me voy a limitar a trabajar en el tema de la usura en los días en que esté aquí. Creo que el proyecto de ley con la supresión de la palabra “intencional”, va a quedar bien calificado desde el punto de vista penal.

                Quiero decir a la delegación que en otro ámbito, no como titular del Parlamento, pero sí en plena colaboración con el representante Brenta,  estoy trabajando con él tratando de ayudar en el tema. A lo largo de mi vida he trabajado en no menos de tres o cuatro leyes generales de cooperativas que al final fracasaban, pero espero que en este caso pueda ser un éxito. Estoy seguro de que, en definitiva, en la Cámara de Representantes esto  va a terminar con un proyecto que, por lo que he leído hasta ahora, va a ser bueno y solucionará algunos de los temas que vienen desde hace cuarenta o cincuenta años y hasta ahora no han tenido solución.

SEÑOR MICHELINI.- Lamento que nuestro visitante haya llegado tarde, porque ese punto ya lo tratamos. No quiero polemizar, pero se dará cuenta, señor Presidente,  que el hecho de que nos digan que estamos elaborando una ley que quita el crédito, es muy duro. Personalmente, no creo que ninguno de los miembros del Senado que votaron el proyecto de ley se haya conjugado para conspirar contra las cooperativas de consumo. Puede ser que el texto no logre los propósitos; lo admito, pero lo que se quiso solucionar es la situación de gente que está sin crédito y que ya hoy puede caer en manos de especuladores. El Código Civil hoy prevé que una persona que tome crédito con un especulador, pague todas sus cuentas y quede agarrado sólo a uno. Se trata de un proyecto garantista. Incluso, señor Presidente, para más de una entidad, el hecho de que les  paguen  cash  los créditos de todos los deudores contumaces que tuvieran -que en alguna de estas cooperativas no es un porcentaje menor, mientras que en otras ronda el 2% o el 3%- sería un recurso interesante. 

                Vuelvo a repetir que es posible que el espíritu de la ley no se haya reflejado en el texto y también puede ser que presente algún inconveniente adicional, pero no creo que si este proyecto fuera aprobado tal cual ha sido elaborado en la Cámara de Senadores, el resultado llegara a ser tan exitoso como para que 600.000 personas, a las que alguien les concediera crédito por diez años, se quedaran con el crédito del país. No creo que eso pueda suceder. En cambio,  hoy puede ocurrir que la persona pague todo y se quede con un solo deudor. Por ejemplo, puede sacar un crédito en un Banco, poniendo un bien en garantía, pagar todo lo que debe y seguir, entonces, pagando la cuota del Banco.

                Digo esto, no para polemizar ni para generar algún tipo de discusión; no es esa nuestra intención, sino que simplemente queremos escuchar opiniones. Pero, repito, nadie se enamora -por lo menos, no en mi caso- de las obras que hace, pero tampoco le gusta que le digan que la obra que se construyó no tenía virtudes o que tenía otro espíritu. El proyecto puede estar mal redactado, puede no conjugar con el espíritu que lo inspiraba, puede ser corregible en la Cámara de Representantes y también puede ser que nunca se apruebe, pero lo que debe quedar claro es que no había ninguna intención de ese estilo. Es más, todos quienes vinieron aquí -incluso del Poder Ejecutivo- que no estaban de acuerdo con el proyecto, dejaron constancia de la nobleza de su espíritu. Esto lo digo, porque es muy difícil que una iniciativa se apruebe por unanimidad en el Senado y haya conjurado a todos los diablos y brujas.

                Reitero, esto no es para polemizar.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Siento la necesidad de señalar -porque esto no ha sido expresado aquí, aunque sí ha sido escrito por los representantes de esta cooperativa- que dijimos claramente que nosotros estábamos tratando de evitar los resultados de una ley, con la seguridad de que ninguno de los Senadores que la votó tenía la intención de perjudicar a nadie; eso está escrito y está dicho. O sea que lo que nosotros dijimos -y seguimos diciendo- es que el resultado de la aplicación de ese texto -naturalmente, si llegara a ser aprobado- iba a ser contrario a la voluntad expresada por los Senadores. Esto -sí- es lo que nosotros dijimos.

SEÑOR ANEIROS.-  El otro tema que queremos plantear aquí tiene dos facetas. Una de ellas -muy concreta- refiere al Decreto Nº 223/98, que insólitamente todavía no ha sido derogado y que es el que regula las potestades de control de la Auditoría Interna de la Nación. En materia de cooperativas esto significa, en los hechos y poniendo por ejemplo a la falsa Cooperativa Cash, que tiene cien mil asociados, que una persona a la que le hayan cobrado el cinco mil por ciento de interés, necesita recurrir a 9999 casos más en función de que se exige el 10% de los perjudicados para hacer valer sus derechos, que han sido atropellados desconociendo el artículo 52 de la Constitución y la Ley vigente Nº 17.569. Nos parece absolutamente irracional que este Decreto esté vigente ya que, justamente, fue la trampa que se creó en su momento para que ninguna cooperativa de ahorro y crédito fuera controlada. Cuando digo ninguna, obviamente me refiero a las cooperativas cerradas, porque las cooperativas abiertas, que son las mínimas -solamente nos quedan dos- no están controladas. Si alguien reclama ante  el Área de  Defensa del Consumidor, el trámite que sigue el expediente es su remisión al organismo de contralor, que en este caso es la Auditoría Interna de la Nación, que a su vez informa que, en función de lo que establece el Decreto Nº 223/98, no puede actuar. Por ello, hay miles de denuncias registradas en todos estos años, en donde se verifica que el control es absolutamente inexistente.

                Sé que esto no es materia legislativa, pero como el Parlamento es el eco de los problemas que pueden plantear las organizaciones, nos vemos en la obligación de señalarlo, ya que significa un perjuicio clarísimo para los trabajadores y, precisamente, nosotros somos una organización de trabajadores. Por eso, insistimos en la derogación inmediata de esta vergüenza nacional, que es el Decreto 223/98.

                Otro aspecto que nos preocupa, porque también afecta nuestra institucionalidad y nuestra existencia como organización social, tiene que ver con los acuerdos que se están celebrando a nivel del Estado por el tema del blanqueo de salarios. Sabemos que UTE, la Intendencia Municipal de Montevideo y creo que también ANTEL y OSE están en esta tesitura.  Consideramos  que el hecho de que se estén blanqueando deudas inexistentes, es altamente inconveniente para el país. Cuando hablamos de deudas inexistentes nos referimos a los 400.000 afiliados a las falsas cooperativas. Voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda mejor el tema: una deuda pretendida por la falsa cooperativa COAC de $ 46.000, que estuvo dispuesta a rebajar a $ 30.000, pero como existía un acuerdo entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Banco de la República y esta empresa usurera tenía que dar su certificación, se negó a reconocer que debía devolver a su pretendido deudor, no la suma que reclamaba, sino alrededor de $ 10.000. O sea que no era deudora, sino acreedora del presunto deudor. 

                Por lo tanto, entendemos que los convenios que se están haciendo en UTE, la Intendencia Municipal de Montevideo y demás organismos públicos deben excluir a las cooperativas truchas, que se sabe cuáles son, ya que sus nombres han aparecido en todos los diarios. El hecho de que la Auditoría Interna de la Nación no las controle, habida cuenta de que se lo impide ese maldito Decreto Nº 223/98, no significa que no exista un problema real. El Estado no puede prestarse a consolidar deudas truchas. Hago este planteo, porque también es otro aspecto que afecta nuestras ventas. En la medida en que otorguen créditos y que los ciudadanos que tengan que pagar al Banco de la República un crédito por $ 100.000, cuando en realidad deben $ 10.000, luego vengan a nuestra Cooperativa para poder saldar, las cooperativas de consumo tendremos un socio menos.  Por otra parte, estamos hablando de un socio que ha sido perjudicado, estafado con el aval, nada menos, que de un organismo público. 

                Por eso solicitamos que las manifestaciones que hemos hecho en esta intervención lleguen también a UTE, ANTEL, OSE y a la Intendencia Municipal de Montevideo, para que revean los acuerdos que existen con el Banco de la República; no puede ser que deudas ilegales o inexistentes se estén consolidando.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Creo que los comentarios se han ido haciendo a medida que transcurrió la intervención, lo que facilitó el trabajo, ya que se trató de una agenda de temas muy amplia. Recordemos que la audiencia fue solicitada para considerar el proyecto de ley de cooperativas, la consolidación de adeudos, la creación del Registro Único de Créditos Financieros y la represión de delitos de usura. En consecuencia, los temas abordados fueron muy diversos y, en definitiva, se facilitó el trabajo al ir haciendo comentarios sobre la marcha.

                No tenemos más que agradecerles la presencia y la información que nos han brindado.

 

(Se retira de sala la delegación de la Cooperativa Magisterial)

 

                -Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO.- La Comisión ha recibido una solicitud de entrevista de la Cooperativa Magisterial; palabras de la Edila de San José,  Elia Bentancur, sobre los hogares de ancianos; nota de la Asociación Nacional de Afectados por Intereses de Usura en el Uruguay y la Carpeta Nº 594/2005 sobre el Fondo de Solidaridad, solicitando su modificación. La documentación correspondiente ha sido repartida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 11 y 11 minutos).