SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 9 y 27 minutos)

                 En la mañana de hoy contamos con la presencia de las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a quienes damos la bienvenida.

                Antes de ingresar al tema que nos ocupa, la Mesa quiere proponer un plan de trabajo, teniendo en cuenta los plazos que existen  -tanto para la Comisión como para el Plenario del Cuerpo- para el tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Como es sabido, el Senado tiene que votar el proyecto antes del 18 de agosto de 2006, mientras que el plazo en Comisión vence el 15 de agosto. Teniendo en cuenta que las últimas delegaciones a ser recibidas vendrían en la mañana del miércoles 2 de agosto, la Presidencia sugiere -a modo de propuesta, que luego deberá ser analizada por los miembros de la Comisión a fin de decidir, concretamente, en la tarde de hoy- reservar la jornada del jueves 3 de agosto para las negociaciones a ser llevadas adelante entre los distintos sectores parlamentarios y destinar los días 8, 9 y 10 de agosto para la votación del proyecto en Comisión. En este marco, pensamos que los días martes 15 y miércoles 16 -comenzando ya desde la mañana- podríamos estar haciendo lo propio en el Plenario.

                La Mesa no pretende considerar esta cuestión ahora, dado que los invitados ya se encuentran presentes, pero sí quiere aclarar desde ya que las contrapropuestas que la bancada del oficialismo quiera realizar en relación con el plan de trabajo, serán recibidas con mucho gusto.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: con la aspiración de que los plazos sean más breves -por decirlo de alguna manera- en el correr del día de hoy haremos llegar una propuesta de plan de trabajo. A modo de adelanto, señalo que vamos a proponer terminar el trabajo en Comisión el día miércoles 2 de agosto. A su vez, en la tarde de ese mismo día se instalaría una Subcomisión dedicada a la tarea de ordenar los puntos en discusión y todo lo relacionado con los artículos sustitutivos y aditivos. Esto permitiría que al día siguiente        -jueves 3 de agosto- se realizaran las reuniones de bancada y que cada Legislador tuviera una idea acerca de en qué están los otros Partidos, por decirlo así.  La idea es tratar de abreviar plazos, teniendo en cuenta que los artículos en relación con los cuales habría conflicto no serían más de veinte o treinta, por lo que no creemos necesario destinar tres días para la votación en particular.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Esperamos que nos llegue esa propuesta y, una vez recibida, la haremos llegar al resto de los sectores parlamentarios que integran esta Comisión.

                En este momento está presente la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que ha sido convocada por parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para tratar el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2005. Se encuentran en Sala el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana;  el Subsecretario de dicha Cartera, arquitecto Jaime Igorra; el Director General de Secretaría, profesor Pedro Apezteguía; el Director Nacional de Ordenamiento Territorial, señor Roberto Villarmarzo; la Contadora Central, contadora Laura Busto; el Director General de Vivienda, señor Gonzalo Altamirano y el asesor de la Subsecretaría, ingeniero agrónomo Oscar Caputi.

                El mecanismo de trabajo consistirá en que el señor Ministro realice una introducción, posteriormente se analizarán los artículos incluidos en la Rendición de Cuentas, y luego las señoras y señores Senadores harán las preguntas que entiendan pertinentes.

                Reiterando la bienvenida, damos la palabra al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Muchas gracias.

                Trataré de ser muy escueto a fin de posibilitar que nuestros colaboradores y, fundamentalmente, los Senadores, puedan contestar o formular las preguntas que se entiendan pertinentes, a fin de aclarar todo lo necesario, en función de las atribuciones que el propio Poder Legislativo tiene.

                Simplemente, quisiera señalar los aspectos sustantivos que nos movieron en este período, relacionados con la ejecución presupuestal, y las acciones que ha llevado adelante nuestra Cartera durante el año 2005, que se centraron en seis o siete puntos que simplemente quisiera señalar en forma muy esquemática. Uno de ellos tiene que ver con la eliminación de una deuda, relativamente significativa, que se mantenía con distintos proveedores relacionados con las actividades de nuestra Cartera. Dicha  deuda, que ascendía a unos $ 250:000.000 y se mantenía, fundamentalmente, con distintas empresas constructoras y cooperativas, dificultó la fluidez en los procesos de ejecución de aquellas obras tan necesarias para atender las aspiraciones de muchísimos sectores de la población. Creo que esto es algo a tener en cuenta, porque esa situación se abatió sustantivamente y se generó una relativa fluidez en el proceso de ejecución de unas 8.000 viviendas. El responsable de la Dirección Nacional de Vivienda puede detallar todo lo que se está realizando en estos momentos -si así lo entienden los señores Senadores- en relación con las responsabilidades que colectivamente hemos asumido.

                Un segundo punto a tener en cuenta es el referente a la voluntad y notoria eficacia en cuanto a la reducción de los gastos de funcionamiento. Si bien estos gastos no son altamente significativos, creo que vale la pena señalar que se han hecho reducciones proporcionalmente importantes en lo que tiene que ver con combustibles, viáticos, etcétera, y se ha logrado el abatimiento de algunos costos excesivos a nuestro criterio, derivados de alquileres que estaba pagando el Ministerio para locales que estaban acogiendo a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

Otro punto tiene que ver con la reconstrucción y control de todo lo referente a la recaudación del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo. Creo que este es un punto que vale la pena señalar, porque ha habido insuficiente explicitación de todo cuanto tiene que ver con el manejo de este Fondo tan importante para tratar de revitalizar y dar continuidad a una política sostenible de vivienda. De manera que, a nuestro modo de ver, era muy lógico que tuviéramos esta preocupación como una de nuestras prioridades, y así lo tratamos de hacer efectivo en el correr de las actuaciones que hemos tenido la responsabilidad de enfrentar en este pasado año 2005.

Un cuarto punto tiene que ver con algo muy importante, que obviamente indujo a la preocupación mayoritaria de la población nacional: me refiero a todo cuanto tiene que ver con la aplicación de la reforma constitucional relacionada con el agua. Es bueno recordar que se ha creado una Unidad de Gestión Desconcentrada de la empresa OSE en el departamento de Maldonado, en la medida en que todas las actividades vinculadas a Uragua S.A. fueron absorbidas por el Estado, de acuerdo con el texto constitucional aprobado por una muy significativa mayoría de la ciudadanía uruguaya. Por otro lado, luego de gestiones que resultaron muy esperanzadoras, hemos decidido la adquisición del 60% de las acciones de la empresa Aguas de la Costa, y se han hecho gestiones muy alentadoras para recuperar lo que continúa todavía en manos -en una muy menor proporción, claro está- de pequeñas o medianas empresas, algunas de ellas cooperativas, que están actuando en algunos departamentos del Este del país.

Un quinto punto tiene que ver con la revitalización del organismo que ha venido actuando en todo lo relacionado con la mejora ambiental y las condiciones de vida de muchos asentamientos precarios irregulares que existen a lo largo y ancho del país, en especial allí donde la población se concentra mayoritariamente en nuestro territorio nacional, es decir, en el área metropolitana de la capital y en algunos otros departamentos, como Maldonado, más allá de que prácticamente no hay departamentos donde no existan asentamientos en el Uruguay. Este organismo, que todos conocemos como el PIAI, ha pasado de pleno derecho, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Presupuestal, a formar parte de nuestro Ministerio. Estamos impulsando una política que aspiramos tenga resultados muy atendibles, así como  una continuidad de actuación para abatir, de la manera más urgente y eficaz posible, las situaciones -en muchos casos angustiosas- que están viviendo muchísimos compatriotas en algunos departamentos del territorio nacional.

                El siguiente punto tiene que ver con la elaboración del Plan Quinquenal de Vivienda ‑realizado en base a nuevos criterios que han sido impulsados y discutidos colectivamente en nuestro gabinete ministerial- que tenemos que llevar adelante modificando algunos criterios que hasta el momento se han venido adoptando, pero respetando todo aquello que, institucional y legítimamente, fue resuelto en situaciones anteriores. Aquí hay un punto bien importante que sirve para ir definiendo cuáles son los criterios que, a nuestro modo de ver, se deben seguir para encarar las soluciones que, dentro del marco restrictivo de nuestro país en materia de posibilidades económicas y financieras, merecen los pobladores de nuestra Nación. A este respecto se podrán establecer -si los señores Senadores lo creen oportuno- con mayor detalle algunos de los lineamientos que hemos tratado de impulsar en forma congruente y compatible, claro está, con las posibilidades y limitaciones que tiene nuestro país y también nuestra Cartera.

                Otro punto muy importante -y me parece que no hay por qué profundizar en sus razones- es el que tiene que ver con el fortalecimiento de varias de nuestras Direcciones, tanto la de Ordenamiento Territorial -a la que vamos a hacer una referencia muy esquemática- como, fundamentalmente, la de Medio Ambiente. Es conocido por todos que nuestro Ministerio está conformado por un número relativamente acotado de funcionarios, si lo comparamos con otras Carteras, pero que ha ido creciendo en responsabilidades que, felizmente, debemos asumir en lo que tiene que ver con el control y profundización de los estudios relativos a la preservación de la biodiversidad, del equilibrio ecológico y de las condiciones de vida de nuestra gente; ineludiblemente, todo esto requiere un fortalecimiento, tanto desde el punto de vista económico como de los recursos humanos, para poder atender los problemas que tanta preocupación han causado en el ámbito regional y en nuestro país. Obviamente, me estoy refiriendo al diferendo que desgraciadamente se ha registrado entre Uruguay y la hermana República Argentina. Para esto -los señores Senadores lo han podido seguir con el mismo detalle que nosotros- hemos tratado de impulsar acciones conjugadas, congruentes, en equipo y con colaboraciones cruzadas con la Cancillería, así como revitalizar todo lo que tiene que ver con las actuaciones de técnicos de primer relieve con los que cuenta nuestra Dirección Nacional de Medio Ambiente.  Además, nuestro propósito es lograr el fortalecimiento, no solamente en este campo de las plantas de celulosa, sino en muchas otras iniciativas que se vienen registrando en nuestro país; entonces, tratamos de contemplar la diversificación de competencias mediante llamados públicos, para contar con técnicos en nuestro Ministerio en lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En este sentido, está  pendiente la incorporación, si mal no recuerdo, de 28 técnicos, buena parte de los cuales en este momento ya están cursando el lento proceso que existe para completar los controles que el Estado realiza, pasando por la Oficina Nacional del Servicio Civil, por la Contaduría General de la Nación y  por el Tribunal de Cuentas. Con respecto al  llamado público realizado por esta Cartera, ya  fueron juzgadas por los tribunales correspondientes 8 ó 10 personas y los trámites se encuentran a estudio del Tribunal de Cuentas, por lo que esperamos que a la brevedad se puedan incorporar a las actuaciones de nuestro Ministerio en el  área de medio ambiente.

Insisto en que son muchas las iniciativas que se están presentando y que requieren, ineludiblemente, las consideraciones previas  para saber si son compatibles con la calidad ambiental  que deseamos para nuestro país. 

                Finalmente, queremos señalar que estamos muy avanzados en todo lo referente a la articulación de un proyecto de ley muy importante que el país se debe y que  en más de una ocasión se ha tratado de impulsar a través del ámbito parlamentario. Sin embargo, en el Uruguay todavía no se ha conseguido obtener un marco legislativo adecuado en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Este proyecto de ley  fue producto del desvelo continuo   de muchos de los técnicos  que trabajaron bajo la  Dirección de Ordenamiento Territorial de nuestro Ministerio, y esperamos presentarlo a la brevedad ante el Parlamento para una  discusión profunda en este  ámbito  y también  atendiendo a las preocupaciones, intereses y anhelos que presente nuestra propia sociedad civil. Quizás algunos de los aquí presentes  hayan tenido ocasión de conocer los lineamientos genéricos a través de la convocatoria de la Comisión Técnica Asesora que viene funcionando en la órbita de ordenamiento territorial. En este sentido,  destaco  que también están actuando las comisiones técnicas asesoras en lo que tiene que ver con la vivienda y con el medio ambiente. 

                Este proyecto de ley procura brindar al Gobierno Central, pero  fundamentalmente a todos los Gobiernos Departamentales del país, instrumentos  que les permitan agilitar todo lo que tiene que ver con procesos de control, de transformación, de dinamización de un Uruguay productivo que pueda generar esperanzas, fuentes de empleo  y mejoras sustantivas para nuestra República. También aquí se ha trabajado en coordinación y en consulta permanente con otros organismos públicos, porque entendemos que el Estado debe ser uno solo y que es necesario actuar con la mayor congruencia posible en todos los aspectos básicos que se refieran, tanto a vivienda -que tiene muchísima relación con el ordenamiento territorial- como al ordenamiento territorial y a las calidades ambientales que nos merecemos todos los que habitamos nuestro país, pero también los países de la región.  Los problemas ambientales -como tantas veces he sostenido- difícilmente reconocen límites administrativos precisos, sino que involucran la necesidad de  atender las aspiraciones de poblaciones directamente afectadas en nuestro territorio y también en los vecinos.

Esos son algunos de los aspectos que quería compartir con los Senadores aquí presentes. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar al análisis de los artículos contenidos en la Rendición de Cuentas que tienen que ver con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.-  Solicito que el señor Pedro Apezteguía, que está a cargo de nuestra Secretaría General, pueda realizar algunas consideraciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Director General de Secretaría, señor Pedro Apezteguía.

SEÑOR APEZTEGUIA.- Vinculados directamente con en el Inciso 14, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el proyecto de ajuste presupuestal figuran cuatro artículos: 14, 15, 16 y 57.

El artículo 14 establece la asignación de varios créditos, diría, en cuatro sentidos. En primer lugar, en la Dirección Nacional de Vivienda se crea el proyecto 724, dentro del Fondo Nacional de Vivienda, con un crédito estimado de $ 125:000.000. Dicho crédito deberá surgir de una reforma de las asignaciones dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, vinculadas con el Fondo Nacional de Vivienda, que tiene disponible, en créditos, mucho dinero. Se crea un programa que se llama “Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda”, que está dirigido a establecer lo que denominamos un fondo rotatorio solidario. Por tanto, con los recuperos o el pago de las cuotas que aquellos cooperativistas  de vivienda por ayuda mutua realicen al Fondo Nacional de Vivienda, se crea un fondo rotatorio solidario que va a ir directamente a la financiación de nuevas cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Este régimen permite  actualizar el crédito disponible de acuerdo con las efectivas recaudaciones e, inclusive, el traspaso de saldos de un año al otro, de forma tal de poder dar continuidad a las obras y asegurar que la totalidad de lo recaudado por este concepto se destine al fomento de nuevos programas de vivienda cooperativa.

                Luego tenemos, en el proyecto 709, “Promoción de Microcréditos”, una autorización de créditos de $ 3:248.000, con financiación externa. En realidad, este crédito está solucionando una omisión en la presupuestación dentro del Presupuesto Quinquenal, que nos permitirá utilizar fondos existentes y que financian el funcionamiento del Programa de Crédito de Materiales, CREDIMAT. Como no hicimos la previsión para el año 2006, esto lo estamos atendiendo con fondos directos del Fondo Nacional de Vivienda, pero pretendemos que para los años subsiguientes se pueda hacer uso de las cuentas de financiamiento externo.

SEÑORA DALMÁS.- En el Mensaje del Poder Ejecutivo que tenemos en nuestro poder se hace mención a $ 3:240.000.

SEÑOR APEZTEGUA.- Tiene razón la señora Senadora.

                Por otra parte, en el proyecto 749, “Mejora de la Gestión”, también con financiamiento externo tenemos $ 20:000.000. Esta sería, simplemente, la apertura o la autorización a una forma de endeudamiento externo ya que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento vienen discutiendo con el Banco Interamericano de Desarrollo la posibilidad de tomar un crédito para la mejora de la gestión ambiental. Por tanto, era necesario dejar prevista la apertura de esos créditos. Seguramente esta cifra, que corresponde al financiamiento externo, se modificará de acuerdo con el monto efectivo del endeudamiento que finalmente se tome, actuando los fondos  otorgados a la Dirección Nacional de Medio Ambiente o, incluso, a las otras Direcciones Nacionales, ya que están habilitadas las trasposiciones entre créditos de inversión, de manera de financiar lo que sea la parte nacional de esos créditos.   

                Por último, en lo correspondiente a reasignación de créditos aparece un nuevo programa que está vinculado a lo establecido en el artículo 57, que se refiere a la transformación de lo que hoy es la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento ‑dependiente de la Dirección General de Secretaría, tal como lo dispuso la Ley Nº 17.930- en la Unidad Ejecutora 005 del Ministerio. Por lo tanto, se generó el proyecto 771, “Planes de Protección de los Recursos Hídricos”, con un crédito de $ 1:000.000, que deberá ser producto de las trasposiciones que se realicen dentro del Inciso. Seguramente, este crédito surgirá a partir de lo que hoy es el Programa de Calidad de los Recursos Hídricos, que se encuentra en la Unidad Ejecutora 004 de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

                En cuanto al artículo 15, diría que es un nuevo ajuste a la realidad de la aplicación del artículo 446 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Allí se establecen algunas modificaciones que los señores Senadores podrán ver con más detalle en el repartido. Respecto de esa norma, se disponía que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podía abonar horas extras, trabajos especiales y promoción social a los recursos humanos del Inciso. De hecho, en el Ministerio se paga desde hace muchísimos años una compensación especial a los funcionarios -no por trabajos especiales- regulada de acuerdo con el escalafón y la función. Esto no se corresponde exactamente con lo que se denomina “trabajos especiales”, sino que se trata de una compensación especial que forma parte de los salarios de los funcionarios y, en ese sentido, queríamos regularizar esa situación.

                Asimismo y en atención a lo que disponen algunos artículos de la Ley  Nº 17.930, e incluso del propio ajuste presupuestal, se establecen algunos conceptos sobre la calidad de los becarios y de los pasantes. Históricamente, en el Ministerio esto se venía financiando con cargo a los rubros del artículo 446; sin embargo, no se decía a texto expreso y, entonces,  a sugerencia de la Contadora Central incluimos en ese rubro la posibilidad de contratar becarios y pasantes, necesarios para el cumplimiento de sus fines. Reitero que este artículo no está realizando ninguna modificación a lo que es la práctica habitual, sino que significa un ajuste de algo que es consuetudinario en el Ministerio. Asimismo, establece un agregado en relación con el financiamiento. Normalmente, ese rubro se financiaba en el Ministerio con hasta el 30% de los recursos presupuestales provenientes de Rentas Generales, en los proyectos de inversión, y con el 5% del Fondo Nacional de Vivienda.

Este artículo ha tenido varias lecturas, y si los señores Senadores lo observan, verán que esto fue modificado  prácticamente en cada Presupuesto Nacional. De acuerdo con una de las lecturas que tenía,  el 5% del Fondo Nacional de Vivienda también era utilizado para esos fines. Y de hecho era así, porque la promoción social en el Ministerio se paga con cargo al Fondo Nacional de Vivienda. Por lo tanto, queríamos regularizar también esa situación, porque con nuevas lecturas que se fueran produciendo podrían aparecer inconvenientes. No nos pronunciamos acá sobre el ajuste al texto de las actuaciones anteriores en el Ministerio, porque no nos corresponde. Pensamos que este artículo se ajusta mejor a la realidad de cómo se vienen procesando esos pagos en el Inciso.

                Por último, el artículo 16 consta de dos partes. Voy a empezar por la que me parece más importante, que es aquella donde se autoriza a dicho Inciso a percibir, de los beneficiarios que accedan a la vivienda en calidad de arrendatarios mediante los subsidios establecidos en el literal E) del artículo 66 de la Ley Nº 13.728,  los importes que determine la reglamentación.

                En resumidas cuentas,  se trata de que quienes accedan al Fondo de Garantía de Alquileres que pone a disposición el Fondo Nacional de Vivienda, deban y puedan hacer una contribución al mismo. Es decir, obtener una garantía significa un compromiso y  un costo proporcional -seguramente, el director Altamirano podrá explicar lo que se entiende por proporcional al monto del alquiler- y no quedaba claro que hubiera una previsión presupuestal en ese sentido.

                Quiero aclarar que hay una reafirmación -entendemos que la Ley de Vivienda lo permite- en el sentido de transferir contribuciones a las instituciones bancarias, como el Banco Hipotecario e incluso otras, para el pago de amortización e intereses de los préstamos de vivienda mediante las condiciones que establezcan los contratos.

                Voy a hacer referencia nuevamente al artículo 57, que establece la creación del Programa 005 “Formulación, Supervisión y Control de Planes de Protección de los Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento” y la Unidad Ejecutora 005 “Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento”. También se crea el cargo de Director Nacional de Aguas y Saneamiento y se deroga el artículo 328 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, que creó el cargo de Director Nacional de Aguas en la órbita de la Dirección General de Secretaría. Aquí se crea en la órbita de la nueva Unidad Ejecutora; de lo contrario, crearíamos una Unidad Ejecutora pero tendríamos el Director General en otra.

SEÑORA TOPOLANSKY.- En ocasión de recibir a la delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se planteó una duda sobre el artículo 57. Es evidente que las competencias sobre recursos hídricos están repartidas entre varias dependencias del Estado: en los  Ministerios de Transporte y Obras Públicas,  de Ganadería, Agricultura y Pesca y  de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Quisiera saber qué opinión tienen sobre este tema,  ya que seguramente han conversado con los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  Es cierto que muchas veces es difícil ubicar un recurso donde realmente debe estar. Hace unos días, el Canciller nos señalaba que Comercio Exterior también estaba como salpicado en distintas partes del Estado, con las dificultades y problemas que eso acarrea.

SEÑOR APEZTEGUIA.- Como ya se señaló en el momento de la aprobación del Presupuesto Quinquenal, este es un proceso de ajuste de las estructuras institucionales  a la nueva redacción  del artículo 47 de la Constitución de la República.

                En el Presupuesto Quinquenal entendimos la necesidad de ir generando esa estructura en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y se dieron las potestades para que el Poder Ejecutivo reasignara las competencias que, como bien dice la señora Senadora Topolansky, están repartidas en distintas Unidades Ejecutoras del Estado.

Efectivamente, el artículo 47 de la Constitución de la República no solamente se refiere al agua potable y al saneamiento, sino que también lo hace respecto del conjunto de los recursos hídricos. La Dirección Nacional se llamará de Aguas y Saneamiento, tal como está establecido. Para mantener la coherencia con respecto a los nombres de los programas en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ‑ya que, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Vivienda se llama “Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de los Planes de Vivienda- optamos por el de “Formulación, Supervisión y Control de los Planes de Agua Potable y Saneamiento”. Y eso quedaría reducido a un marco de competencia bastante menor del que entendemos que tiene la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento. Obviamente, allí se hace referencia al agua potable que se extrae y a otros recursos hídricos que no son agua potable. Seguramente, la preocupación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas surge por la similitud que tiene el nombre de este Programa en la Dirección Nacional de Hidrografía, denominado “Conservación de los Recursos Hídricos”. Considero que es un tema exclusivamente de semántica en el cual no hay ninguna cuestión de principios respecto al nombre, dado que debe ser el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros -tal como establece la Constitución de la República- el que haga la distribución de competencias. Éstas deben ser establecidas por un decreto del Poder Ejecutivo y, en todo caso, por una reforma del Código de Aguas, pero no estarán dadas por el nombre del Programa, que ningún uruguayo siquiera va a conocer; a lo sumo reconocerá en el futuro a la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, nombre feliz o infeliz pero que, en definitiva, fue el que se eligió.

SEÑOR KORZENIAK.- Deseo referirme a este tema, ya planteado en un par de sesiones anteriores. Todos procuramos evitar una situación similar a la que ocurrió originalmente -no ahora- entre las competencias del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Banco Hipotecario del Uruguay, que generó algunas dificultades.

                Sobre este asunto tengo pensada una propuesta que, eventualmente, podrá requerir la inclusión de un artículo -quizás no- y que apunta a la solución que recién esbozó el Director General de Secretaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En la Constitución de la República hay un artículo que establece que la ley creará los Ministerios y les dará nombre y competencia a cada uno. Asimismo, agrega una solución bastante heterodoxa en el Derecho Comparado en el sentido de que el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, podrá redistribuir esas competencias entre los distintos Ministerios. Esto recién lo insinuaba el Director General de Secretaría del Ministerio. Entonces, quizás podría ser conveniente incluir un artículo que dijera: “El Poder Ejecutivo, en ejercicio del inciso segundo del artículo 174, ajustará las competencias de manera que no haya interferencia entre los distintos Ministerios”. Reitero que esto ya figura en la Carta, por lo que el tema puede solucionarse sin necesidad de modificar las normas que en esta materia contiene la Rendición de Cuentas.

                Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR APEZTEGUIA.- En la misma línea del señor Senador Korzeniak, deseo recordar que en la Ley de Presupuesto Quinquenal, a pesar de las potestades del Poder Ejecutivo para redistribuir las competencias, se incluyó un artículo expreso que lo mandata a hacerlo en el caso de los recursos hídricos, el agua potable y el saneamiento.

SEÑOR CAMY.-  Señor Presidente: saludamos la presencia de señor Ministro y demás jerarcas que componen la delegación del Ministerio.

                Hemos analizado previamente el articulado y podemos decir que el artículo 15 no nos merece comentarios.

Por otra parte, el artículo 16 tiene sentido básicamente por el hecho de que en la Rendición de Cuentas se prevé que el Banco Hipotecario pasará los activos y los pasivos a un fideicomiso. Y esta disposición, que es un tanto compleja, regula de alguna forma la relación resultante entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y ese nuevo fideicomiso, al salir del medio el Banco Hipotecario.

El artículo 17 también es claro.

En cuanto al 14, queremos plantear algunas interrogantes al señor Ministro. Esta disposición básicamente asigna partidas a tres proyectos de inversión: Programa 002,  “Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de los Planes de Vivienda”, mediante el fomento del sistema cooperativo de vivienda y la promoción de microcréditos; Programa 004, “Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de los Planes Ambientales” -para el que se determina una asignación de veinte millones anuales con el propósito de mejorar la gestión-; y Programa 005, “Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de los Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento”, estableciéndose $ 1:000.000 anuales como asignación para concretar planes de protección de los recursos hídricos.

                El fomento del sistema cooperativo tendrá por objeto otorgar créditos hipotecarios y subsidios a cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Se realizará con  financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda y los recursos se tomarán de otros proyectos de inversión ya presupuestados y financiados a través de una fuente similar.

Entonces, ¿qué proyectos quedarán por el camino? ¿Qué porcentaje se destinará a créditos hipotecarios? ¿Qué porcentaje se destinará a subsidios? ¿En qué condiciones se analizarán estos créditos hipotecarios, y quién lo hará? ¿Qué estructura existe -si es que existe- para realizar un correcto seguimiento?

                En cuanto a la promoción de microcréditos -que se establece se va realizar con endeudamiento externo- me gustaría saber con qué fines y a qué destinatarios está dirigida. ¿Qué se entiende por microcrédito? ¿De qué monto individual estamos hablando? ¿Quién va a monitorear esta operativa en materia de análisis, seguimiento, etcétera?

                ¿Qué se entiende por mejora de la gestión, la que, según se dijo, también se financiaría con endeudamiento externo? ¿En qué se pretende que consista?

Con relación a los planes de protección de los recursos hídricos -que también se financian con cargo a Rentas Generales, al igual que en el primer caso- se expresa que se financiarán exclusivamente mediante transposiciones de créditos de proyectos de inversión del Inciso con la misma fuente de financiamiento.

¿Cuáles son, entonces, los proyectos que quedarán por el camino?

                Es lo que queríamos consultar al señor Ministro y a los jerarcas.

SEÑOR APEZTEGUIA.- Quiero efectuar algunas aclaraciones respecto de la mecánica que tiene esto.

                Se establece un crédito con destino al Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda, para el cual el Ministerio deberá hacer una modificación en la asignación de créditos en el financiamiento 1.5, que es el Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda tiene en el SIIF una enormidad de créditos  muy  superiores,  es  decir,  tiene  ingresos y un crédito, por una deuda -de lo que podría ser la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Economía y Finanzas- de aproximadamente $ 2.000:000.000. Evidentemente, no es crédito lo que le falta al Fondo Nacional de Vivienda sino, en todo caso, los fondos concretos para realizar los planes. Por lo tanto, la asignación de créditos no hace eliminar ningún proyecto en ejecución. En todo caso ‑incluso esa asignación se ajusta de acuerdo con la efectiva recaudación-  esto va a permitir que de haber un número significativo de cuotas recuperadas, eso se incremente por sobre lo que hoy tiene efectivo financiamiento, en la medida en que actualmente esos recuperos están  dentro de las fuentes normales de financiación del Fondo Nacional de Vivienda. Por otra parte, su forma de financiamiento a partir del 1° de enero de 2007 seguramente será distinta a la actual. Entonces, esto no afecta -y no es la intención- ninguno de los Programas existentes.

                Con respecto a los planes de protección de los recursos hídricos y ese millón obtenido mediante las trasposiciones de créditos de proyectos de inversión en el Inciso, puedo decir que están vinculados directamente con lo que se manifestaba anteriormente. Se trata de un proceso de reasignación y de racionalidad de las competencias que tienen los distintos Ministerios, incluido el propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Cuando se crea la Dirección Nacional de Medio Ambiente hay elementos vinculados a los recursos hídricos que están en  la órbita de esa Dirección. Por tanto, aquí se propone que en la medida en que la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento vaya asumiendo efectivamente competencias, puedan reasignarse, dentro del propio Ministerio, esos recursos presupuestales. Precisamente, señalaba que seguramente van a salir del Programa de Protección  de los Recursos Hídricos que hoy está en la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

En cuanto al Programa 749, “Mejora de la Gestión”, se va a recurrir a un préstamo, seguramente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que el Parlamento tendrá que aprobar en su justa dimensión. Recién pasó la primera misión y el próximo 3 de agosto tendremos algunas opiniones de los consultores, momento en el que comenzará un proceso de varios meses de discusión que determinará el diseño. Es obvio que para la DINAMA, ajustar sus procedimientos; para la DINOT,  fortalecer su capacidad  de establecer directrices nacionales, y para la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, que recién se crea, establecer  planes de ordenamiento, son muchos proyectos a llevar a cabo. Sin embargo, éstos pueden ser canalizados -seguramente en términos de infraestructura y equipamiento- incluso a través de un proceso que permita dar transparencia al seguimiento, y es lo que nosotros incluimos  en lo que denominamos “Mejora de la Gestión”. Aquí tomamos en cuenta desde la eventual construcción de un nuevo laboratorio regional en algún punto de país, hasta permitir que los inversores puedan ingresar sus solicitudes de autorizaciones ambientales, por ejemplo, vía Web o consultando allí directamente donde se encuentre el trámite, aunque pretendemos que también lo pueda hacer la ciudadanía en su conjunto, para  que se vea que no hay unos que corren mucho más rápido que otros, o que las exigencias no son las mismas. Todos sabemos que el tema del medio ambiente está muy vinculado, no sólo con lo que se hace,  sino con lo que parece que se hace y con cuáles son las sensaciones e impresiones que tiene la gente con respecto a las actuaciones  de los distintos profesionales y, en particular, del Estado.

SEÑOR VILLARMARZO.- Señor Presidente: voy a referirme al resto de las preguntas que se realizaron.

En cuanto al sistema cooperativo y a este fondo de garantía, puedo decir que se trata de un planteo que aumenta los créditos programados, pero de alguna manera lo que hacemos es enganchar el recupero de cuotas del sistema cooperativo y las deudas que se tienen con el Fondo Nacional de Vivienda para la realización de nuevas cooperativas del mismo sector del cual se toma esa recuperación de cuotas. Quiere decir que no va a ser algo genérico para el fondo, sino que las cuotas que se capten van a ser destinadas a las nuevas cooperativas por sobre las programadas. De esta forma, habría un incentivo a la recuperación y al pago del sistema cooperativo para asegurar que específicamente esa recuperación de cuotas vaya nuevamente al sistema solidario para nuevas cooperativas.

¿Cuánto corresponde a subsidio y cuánto a préstamo en el sistema actual? El sistema es el mismo que tenemos hoy, porque el Reglamento de Cooperativas no se cambia y, por lo tanto, hay una parte correspondiente a préstamo y otra a subsidio. Eso no vamos a establecerlo hasta no poder programar exactamente qué cooperativas son las que asumen, porque esto varía de acuerdo con el tamaño de la cooperativa y el número de cooperativistas. Entonces, se estima una parte de préstamo y otra de subsidio exactamente iguales a las de la situación actual. Quiere decir que se va a poder evaluar a las cooperativas que estén prontas para acceder al crédito, y tal como ha sucedido con el resto del programa, hay una parte de préstamo y una de subsidio. En realidad, no sé cuantificar proporcionalmente a los U$S 5:000.000, cifra que solamente responde a una estimación, pensando que se hace una recuperación en lo que tiene que ver con las cooperativas que hoy le están debiendo al Ministerio. Con la propuesta que se les hizo, entonces, se agregaría un incentivo. Asimismo, con el Ministerio de Economía y Finanzas se acordó que esos recursos no quedarían en una masa, sino que se encapsularían y, de alguna manera, se reconocerían y se generaría un programa contra el que se iría por sobre las cooperativas que ya están programadas.

                Con respecto al tema del microcrédito, debemos decir que se hace referencia al Programa Credimat, que prácticamente tiene un tiempo de existencia igual al del Ministerio. Dicho Programa se realizó a través de fondos que prestó el Banco Alemán de Desarrollo, el que entregó U$S 7:000.000, suma que está rotando, porque ya se han gastado aproximadamente U$S 6:000.000 en microcréditos para compra de materiales. Por su parte, el Ministerio lo que hace es una especie de banca de segundo piso, transfiriendo a ejecutores secundarios, de modo que la gente acceda al préstamo, en muchos casos, a través de las barracas, para comprar los materiales con una ventaja en la tasa que se establece para dicha compra. Esta tasa, además, compite con la tarjeta de crédito que utilizan las familias que van a realizar pequeñas obras en sus casas. El promedio de préstamo que se da es de alrededor de U$S 200, U$S 300 o U$S 400, y podemos decir que ya se han dado unos cuatro mil préstamos de esta naturaleza. Hay algunos casos en que los créditos son ejecutados, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas, específicamente para sus miembros.  Sin duda, se trata de un sistema que tiene un éxito y una visualidad relativos, pero que es muy bueno, atiende el tema de stock y mejoras en la vivienda en el caso de los sectores medios y bajos. El tope de ingreso en virtud del cual se puede solicitar el crédito lo hemos elevado -en tanto no hay crédito en plaza- hasta las 100 Unidades Reajustables, estando destinada una parte de ese crédito a la compra de materiales y otra, por ejemplo, a algún tipo de pago de mano de obra, de diseño u otro problema que pueda surgirle a la familia. Ese es el esquema para el cual se está planteando este punto.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, el fideicomiso Cartera Social I que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas incluye solamente a cooperativas que están en el Banco Hipotecario y no los préstamos del Fondo Nacional de Vivienda.

SEÑOR VILLARMARZO.- Exactamente.

SEÑOR DA ROSA.- Quiero formular algunas preguntas, y una de ellas tiene que ver con algo que escuché al llegar aquí. Concretamente, el señor Ministro se estaba refiriendo a un proyecto de ley de ordenamiento territorial que estaría siendo estudiado por el Poder Ejecutivo. Quienes hemos pasado por los Gobiernos Municipales sabemos que ese es un tema sumamente importante y trascendente, razón por la cual nos parece fundamental que una herramienta de este tipo resulte lo mejor posible. Nos gustaría que se pudieran lograr los mayores consensos posibles, porque creo que son instrumentos realmente transformadores, a largo plazo, para el país.

                Precisamente, una de las preguntas que le quería formular al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es si esto se está manejando, elaborando o consensuando de alguna manera con el Congreso de Intendentes, porque pienso que es fundamental su participación.  He escuchado el planteo de alguna preocupación -y vale más que lo diga acá, directamente frente al Ministro, en lugar de cuchichear fuera de Sala- en cuanto  al tema de que no se vulneren las autonomías municipales consagradas en la Constitución de la República. El señor Ministro fue Intendente, por lo que conoce perfectamente bien la importancia que tiene este tema. Se trata de caminos -a veces complicados- que hay que transitar, porque resulta difícil encarar determinadas herramientas sin fisurar o tocar, de alguna manera, otros principios o conceptos consagrados en la Constitución, que son importantes. De manera que ese sería uno de los aspectos sobre los cuales me gustaría que el señor Ministro profundizara, repito, por la importancia que tiene.

                Por otro lado, dentro de los programas de mejora de gestión del Ministerio, sería fundamental establecer algún tipo de participación o asistencia a las Intendencias en lo que tiene que ver con el área ambiental, referida al manejo de los depósitos de residuos o basureros municipales. Lo ideal sería lograr alguna solución como la que ha encontrado Paysandú, por ejemplo, que me consta que ha elaborado un plan definitivo de manejo de residuos. A veces eso no está al alcance o dentro de las posibilidades, según las dimensiones de cada Municipio; entonces, parece importante brindar la posibilidad de asistencia técnica de gente con el nivel y los conocimientos adecuados al tema, para que los Municipios tengan mayor eficiencia en el manejo del tema de los basurales y de los depósitos de residuos, que sobre todo en las comunidades pequeñas, en los pueblos chicos o en las ciudades en el interior, suele ser un problema y representa una preocupación muy seria, no sólo para el Gobierno Departamental, sino también para los vecinos. Por lo tanto, sería muy importante articular políticas y formas de asistencia técnica para que el manejo que los Municipios hagan del tema sea del mayor nivel y calidad técnica posible.

                La tercera preocupación refiere a cómo se encuentra, en general, MEVIR. Todos sabemos que MEVIR ha expresado muchas veces dificultades financieras y nos interesa saber cómo se encuentra hoy, cómo han ido evolucionando los planes que ha venido desarrollando -que nos parecen importantes y verdaderamente  transformadores, porque el tema de la calidad de la vivienda en el medio rural es sumamente trascendente- a fin de evaluar y prever la proyección y el cumplimiento de planes futuros dentro del esquema de la promoción de la vivienda en el medio rural.

SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Me parecen pertinentes las observaciones del señor Senador Da Rosa con quien, por cierto, durante varios años compartimos penurias y preocupaciones en el Congreso Nacional de Intendentes.

Con relación a este último aspecto, debo decir que MEVIR está haciendo interesantes avances en un programa que realmente benefició a una gran cantidad de compatriotas -no a partir de nuestra Administración sino, incluso, en años anteriores- ya que complementa los tradicionales proyectos de viviendas, generalmente agrupadas en el ámbito rural o en los aledaños del ámbito urbano. Aunque a veces hemos discutido -y creo que vale la pena hacerlo- si en todos los casos la localización es la más adecuada y si condice plenamente con las formas de ordenamiento deseables en los distintos ámbitos de la República, ciertamente, en término globales, esto ha permitido a muchísimos compatriotas de muy escasos recursos y con voluntad de afincamiento en el ámbito rural del territorio nacional, tener expectativas que hubieran sido impensables sin el apoyo público de programas de esta naturaleza.

Quisiera subrayar la relevancia -posiblemente nuestro Director de Vivienda, arquitecto Altamirano, pueda hacer alguna complementación al respecto- que han tenido las unidades productivas en lo que respecta a la atención de distintas situaciones que se plantean en el ámbito propiamente rural de los departamentos del interior, en zonas a veces muy distantes de las localizaciones importantes desde el punto de vista urbano. Consideramos esto como algo extraordinariamente esperanzador para muchísimas familias que, con gran experiencia en lo productivo, han afincado el matrimonio -y a sus propios hijos, en no pocas ocasiones- en el terruño y han promovido mejoras bastante importantes en lo que tiene que ver con los galpones o con su propia vivienda, con la posibilidad ‑con la que antes no contaban muchas personas- de tener pozos con agua potable. Mediante esta clase de propuestas, muchísima gente de nuestro territorio pudo mejorar sustancialmente su posibilidad de ser remitente a CONAPROLE, implementando pequeños galpones de ordeñe en condiciones sanitarias apropiadas y con sistemas de frío.

Como dije, posiblemente el arquitecto Altamirano pueda abundar sobre estos aspectos.

                En lo que tiene que ver con los otros problemas que se han mencionado, debo decir que no sólo son nacionales, sino también mundiales, y varían mucho de acuerdo con los avances y los crecimientos económicos que se puedan registrar o, por el contrario, cambian en función de situaciones críticas, como la que ha padecido nuestro país, o  las que padecen muchos otros. Parece mentira, pero los residuos domiciliarios ‑tuve oportunidad de registrarlo en la propia Intendencia de Montevideo, con nuestro equipo de gobierno departamental- disminuyeron en forma muy clara una vez que sobrevino la crisis; la gente consumía menos y hasta en esos indicadores se pudo percibir claramente la fractura de las posibilidades económicas de nuestra población.

En el mundo contemporáneo es clave saber qué hacer con los residuos, que no siempre son basura -por decirlo en términos grotescos y elementales- como dicen los brasileños en algunos de sus programas, que han sido muy exitosos ‑como el de Curitiba, aunque no es el único- donde señalan que quieren tener en cuenta y utilizar los residuos, tratando de administrar el “lixo que nao é lixo” -utilizando los términos portugueses- es decir, la “basura que no es basura”, sino que también es riqueza. Claro está que uno desearía que esas riquezas fueran de elementos recuperables, aunque lamentablemente, muchísima gente compatriota, ubicada fundamentalmente en las áreas de mayor concentración poblacional -como el área metropolitana de la capital, aunque no solamente en ella- recurre a los residuos para alimentarse. Esto es algo bastante crítico y tremendamente injusto, que me ha llevado a decir a veces que no me reconozco en el Uruguay en que vivo y en el Montevideo en que nací. Esperemos que con esfuerzos conjugados y de la manera más inteligente posible, podamos superar las mayores limitaciones y contemplar estas situaciones mediante la recuperación de todo lo que orgánicamente pueda servir, por ejemplo, para la generación de energía. Por supuesto, se trataría de una energía muy acotada; nadie debe pensar que la situación crítica a nivel nacional se puede resolver simplemente con la posibilidad de utilización de gas metano proveniente de las grandes concentraciones. Debemos tender a un relleno sanitario y no simplemente a un depósito de basura, que genera múltiples problemas en muchísimas zonas del país, especialmente en capitales departamentales. Hemos establecidos nexos con varios departamentos del interior, por lo que estamos permanentemente en contacto con ellos                 -posiblemente el arquitecto Villarmarzo nos pueda ilustrar muy bien sobre esto-  y lo cierto es que desde muchos lugares se nos solicita apoyo para tratar de superar esa situación crítica que preocupa a muchísimas personas. En el ámbito urbano, muchas de estas canteras a veces son utilizadas como meros depósitos, a cielo abierto, en forma totalmente inconveniente e inadecuada; pero también es un aspecto que perturba a muchos productores rurales, pues les genera serios problemas. Concretamente, algunos de ellos nos han hecho saber que se ve afectada, incluso, la riqueza agropecuaria, refiriéndose particularmente a las bolsas.

Entonces, realmente habrá que pensar mucho en este tema y con la prudencia del caso, es decir, evitando generar soluciones que después resulten muy difíciles de aplicar en los hechos. A mi modo de ver, la situación que estamos viviendo en esta materia constituye un signo de incultura que deberemos enfrentar con mucho cuidado, contemplando también la posibilidad de estar afectando ciertas producciones industriales y fuentes de trabajo. Evidentemente, la utilización indiscriminada de elementos que no son biodegradables y que recién en decenas o centenas de años serán degradados por la propia naturaleza, no parece lo más adecuado, porque incluso se trata de algo que ha provocado la mortandad de mucho ganado, tanto ovino como bovino, según lo han manifestado -con verdadera preocupación- los propios gremios agropecuarios.

                De cualquier manera, señalamos que estamos enfocando este tema y, precisamente, en ese sentido hemos realizado una primera asamblea con los vecinos de Empalme Olmos -que resultó muy exitosa, pues tuvo una asistencia muy numerosa- a los efectos de considerar, de común acuerdo con el área metropolitana, un proyecto que consideramos es un “proyecto país”. Estamos hablando de intentar resolver esta situación en una conjunción de intereses interdepartamentales, involucrando a los departamentos de Canelones, San José y Montevideo, al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a nuestro propio Ministerio. La idea es permitir una disposición final de residuos domiciliarios, a la que se agregue también, de una manera especial ‑pues tiene que ser atendida con mucha cautela, con elementos técnicamente acordes con las normas más exigentes del mundo actual- la disposición final de residuos industriales. Nos referimos a aquellos residuos que pueden ser considerados peligrosos cuando no son manipulados de manera conveniente, empleando las técnicas apropiadas que hoy existen y que, precisamente, posibilitan que ellos sean absolutamente inocuos y no contaminantes para el territorio próximo y las poblaciones.

                Así pues, se están conjugando esfuerzos entre los departamentos y los Ministerios, a fin de tratar de impulsar y localizar, en el menor plazo posible, la mencionada disposición final de residuos, tanto domiciliarios como industriales -con respecto a estos últimos, estaríamos hablando de un entorno muy minoritario, debido a la especificidad en cuanto a su manipulación- en la proximidad de Empalme Olmos, concretamente, en Cañada Grande. Como dije, ya se realizó una asamblea de vecinos, en la que se hicieron presentes los Intendentes de Canelones y de Montevideo, así como también un representante del Intendente de San José -por encontrarse este último, en ese momento, en viaje hacia la ciudad de Salto- junto a uno de sus directos colaboradores en el tema del control ambiental. Por lo que me ha dicho en el día de ayer el Intendente de Canelones, se está programando una nueva reunión en el liceo de Empalme Olmos a solicitud -según tengo entendido- de alumnos, padres y profesores que quieren profundizar en las condiciones en que esto puede ser realizado, de manera que sirva a todos los departamentos y pueda disipar cualquier tipo de dudas. La gente tiene derecho a conocer las argumentaciones técnicas y éstas deben ser brindadas a la población. En esa oportunidad, en Empalme Olmos -hace un mes o un poco más- decidimos -y así se lo manifestamos a la población- realizar un seguimiento conjunto, es decir, que no fuera sólo del Poder Ejecutivo y de los distintos Gobiernos Departamentales involucrados en esta apuesta al área metropolitana. En el caso de la disposición final de residuos sólidos, no sólo se involucraría al área metropolitana, porque estamos hablando de soluciones que también deben alcanzar, en un principio, a otros departamentos; probablemente se llegue después a abarcar la totalidad de los departamentos. Tengamos en cuenta que una gran proporción de industrias y nuevos emprendimientos con capitales nacionales, extranjeros o conjugados, que aspiran a instalarse en el Uruguay, procuran afincarse cerca del área metropolitana. De todos modos, en una primera instancia queremos tener una disposición final de residuos industriales en condiciones apropiadas, atendiendo los requerimientos crecientes que tiene el Uruguay en su conjunto. Luego,  en una segunda etapa, de pronto habrá que generar más de una localización apropiada y en condiciones ajustadas a las nuevas tecnologías.

Quería manifestar esto porque, como dije, ya me comentó el Intendente de Canelones que hay una segunda reunión prevista para avanzar y profundizar en estos aspectos. Por nuestra parte, estamos tratando de avanzar en la coordinación entre los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, junto con los Gobiernos Departamentales, para profundizar en este campo.

                Ahora voy a referirme a aspectos vinculados al ordenamiento territorial y, particularmente, a ciertas preocupaciones que me hicieron llegar. Al respecto, considero que ha habido desinteligencias, malas interpretaciones o desajustes -creo que se debe a esto- de la redacción de ese primer esbozo que se dio a conocer y que ha estado a consideración de muchos ámbitos, tanto políticos como de la propia ciudadanía. Quiero señalar que a través de la Comisión Técnica Asesora de la Dirección de Ordenamiento Territorial se ha avanzado en criterios básicos con los que tratamos de delinear en este anteproyecto de ley de ordenamiento territorial. Específicamente, se llevó a cabo una reunión bastante prolongada, que contó con una exposición a cargo de nuestro Director de Ordenamiento Territorial, el arquitecto Villarmarzo -voy a pedir al señor Presidente que luego le dé la palabra- en el Plenario del Congreso de Intendentes. Allí se tuvo la oportunidad de realizar una exposición con material gráfico muy elocuente -lo podemos poner a disposición del Poder Legislativo- para que se conociera, no su articulado -no tenía sentido hablar de él en ese momento- sino las orientaciones básicas y algunos criterios que eran de gran interés para los gobiernos locales.

SEÑOR VILLARMARZO.- El esquema de trabajo del Ministerio para la redacción del proyecto de ley ha pasado, primero, por la formulación. En octubre del año pasado, se hizo la presentación en la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial  de un primer documento de ejes estratégicos para la futura redacción de la ley. Eso se discutió durante el año 2005 en el seno de la Comisión Técnica Asesora, que está integrada por cámaras empresariales, sindicatos, la Universidad de la República, representantes de los Ministerios, representantes de ONG y gremios de profesionales universitarios, además de invitados especiales, profesionales, técnicos y expertos en estos temas.

En el Ministerio, durante los primeros meses de este año, recurrimos a dos asesoramientos principales. Por un lado, la Cátedra de Arquitectura Legal y el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura nos estuvieron asesorando, mediante un convenio, sobre los posibles contenidos de la ley. Por otro, a través de un convenio con la Junta de Andalucía, contamos con el asesoramiento de expertos españoles en temas de ordenamiento territorial. En este aspecto, la legislación española  es una de las más avanzadas del mundo: comienza tempranamente, en 1958, y ha liderado el proceso en los países de lengua castellana. Con estos dos asesoramientos elaboramos un documento, que no es un articulado de proyecto de ley, sino que recoge, básicamente, estos dos asesoramientos y, sobre todo, los proyectos que manejó la Comisión Técnica que había designado la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado en la Legislatura anterior. Allí se manejaron varios proyectos de ley: el que había enviado el Poder Ejecutivo y los que surgieron en el seno de esa Comisión. Entonces, con todos esos antecedentes, armamos un documento, que tal vez es demasiado extenso, pero en el que se quiso recoger todo lo que en el país se ha planteado como necesidad legislativa, en términos de ordenamiento territorial. Ese documento se presentó el 11 de mayo, y la delegación del Poder Ejecutivo se lo entregó a la delegación del Congreso de Intendentes en la Comisión Sectorial de Descentralización. Esa fue la primera presentación de dicho documento; luego, se hizo la presentación pública y en la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial.

A partir de ese momento, comenzamos un trabajo con los Intendentes; el 8 de junio concurrimos con el señor Ministro al Pleno del Congreso para hacer esa exposición, y también hemos estado trabajando con los delegados de las distintas Intendencias. Realizamos dos actividades en el interior con técnicos de las Intendencias: una de ellas tuvo lugar en Paysandú, con técnicos de las Intendencias Municipales de Paysandú, Salto y Río Negro, y la otra fue una reunión organizada por el Intendente Barreiro, en Melo, a la que concurrieron representantes de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Rocha y Treinta y Tres. Fue una muy buena reunión, de toda una tarde, en la Posta del Chuy, en la que intercambiamos ideas sobre los aspectos que estaban contenidos en el documento. Esto ha permitido a los servicios técnicos del Ministerio ir ajustando un articulado.

Estos trabajos se hacen por etapas; todavía no se ha realizado el pulido final, pero aproximadamente la mitad del proyecto de ley ya tiene un principio de redacción. Esta tarde hay una nueva sesión de la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial y allí se va a discutir un documento un poco más afinado de la mitad del posible articulado, que ya fue repartido a todos los delegados. A la vez, tenemos prevista una reunión con una Comisión que ha designado el Congreso de Intendentes para tratar esos puntos.

Esta es, como decía el Ministerio en el documento de octubre del año pasado, una de las apuestas centrales. Se habían establecido siete ejes para la ley, y uno de ellos era una fuerte apuesta a la descentralización; el título de ese eje era “El ordenamiento territorial como mecanismo descentralizador”. Una de nuestras preocupaciones es, justamente, dotar a los Gobiernos Departamentales de mayores competencias y capacidades para ejercer el ordenamiento de su territorio.

SEÑOR DA ROSA.- Quiero transmitir al señor Ministro nuestro interés en el tema, que nos parece muy importante, por lo que nos gustaría contar con el material que el Ministerio nos pueda proporcionar al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, esperaremos la información que el señor Ministro comprometió remitir a la Comisión, relativa a la presentación formulada por el arquitecto Villarmarzo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero dejar una constancia relacionada con la preocupación que planteó el señor Senador Da Rosa -que compartimos- sobre los residuos. El tema de las bolsas de nailon no solamente afecta a los productores agropecuarios, sino a nuestros ríos y arroyos. Probablemente, este programa de protección hídrica también tenga que ver con eso. ¡Mire que paradoja, señor Presidente, plantear este tema del papel o del nailon, justamente cuando estamos en un lío con las papeleras! Deberíamos ponernos de acuerdo, mediante un debate nacional, en si optamos por el nailon o por el papel.  Tenemos que ver dónde está el equilibrio de la contaminación.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia se suma a las apreciaciones formuladas por la señora Senadora Topolansky. Es sorprendente el hecho de que, muchas veces, estando en el medio del campo o en las playas del Atlántico -absolutamente deshabitadas-  se encuentran bolsas de nailon o botellas. Creo que entre el papel y el nailon, deberíamos optar por el papel, ya que las sociedades desarrolladas han establecido la obligatoriedad del papel en los supermercados, etcétera.

SEÑOR ANTIA.- Quiero hacer algunas preguntas al señor Ministro sobre un tema que es muy importante que nuestro país resuelva; me refiero al problema de los asentamientos. Desearía saber cómo marcha todo lo relacionado con este asunto.

                En nuestro país hay más de doscientas mil personas viviendo en asentamientos y, por lo tanto, desearía conocer en qué etapa están los programas para su erradicación y cuál es el avance que se ha hecho al respecto. Asimismo, quiero saber cómo están funcionando los programas financiados con recursos del Ministerio -si es que los hay- así como los que están vinculados al PIAI, que tienen que ver con los fondos internacionales.

SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Hemos tratado de brindar un impulso particular a todo lo que significa  el  problema  que   plantea   el  señor Senador Antía,  trabajando en coordinación -como lo hemos reiterado para encarar otros aspectos- con otros ámbitos estatales a nivel nacional y vinculados directamente con los Gobiernos Departamentales.

Son muchos los Gobiernos Departamentales que han solicitado colaboración para atender situaciones críticas. Como dije, la mayoría de esa población -que está rondando las doscientas mil personas, o sea, el 6% de la población nacional, de acuerdo con los últimos datos que hemos recibido- enfrenta  condiciones que no son parejas en la precariedad de los distintos asentamientos, donde las situaciones ambientales y de convivencia son verdaderamente críticas. Reitero que estamos tratando de coordinar esfuerzos, no solamente con los Gobiernos Departamentales, sino también con otros Ministerios, particularmente, con el de Desarrollo Social. Me gustaría que el Director General de Vivienda, arquitecto Altamirano, complementara el tema.

SEÑOR ALTAMIRANO.- Si bien no se encuentra presente el encargado del Programa,  quien podría clarificar exactamente la situación, como criterio general la podemos trasladar y abundar en los temas marco que voy a tratar.

                Del  Programa  del  PIAI,  que  es  un convenio con el BID, hay unos U$S 57:000.000 para ejecutar. En el 2005 se ejecutó el 99% de lo que estaba previsto, por lo que desde ese punto de vista fue un año muy bueno. Esto no quiere decir que no se tengan dificultades, en tanto que los ejecutores en general son las Intendencias, y las capacidades a veces no son las mejores. Esto está trabando la previsión de poder ejecutar estos U$S 57:000.000 en los dos años que nos quedan. Por lo tanto, se está realizando un nuevo PIAI con el BID que va a cambiar las condiciones y el  marco conceptual de aplicación. Se intenta introducir la modalidad clip para que los recursos anteriores de ejecución directa o de previsión de asentamientos -que son las dos grandes líneas que se han desarrollado- se puedan utilizar en el futuro. En este sentido  estamos haciendo un enorme esfuerzo para apoyar a las Intendencias y realizar contratos a efectos de fortalecer y mejorar la ejecución.

                Con respecto a Maldonado, quiero decir que es un caso un poco diferente porque este departamento tiene muchos convenios -aparte de los que se realizan con el PIAI- con nosotros, a través de MEVIR, como son los asentamientos del Barrio Kennedy, Selva Negra, etcétera.

                En general, el esfuerzo de ordenamiento territorial que se está realizando a través del programa PIAI y la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio, es para estructurar el futuro préstamo que se enganche con aquél a partir de 2008.  En ese sentido, ya estamos trabajando con el BID y hemos avanzando en la reformulación de la utilización de los recursos de prevención.  Muchos de los saldos de esos recursos de prevención han pasado ahora también  a  ser  manejados  por el PIAI y por la Dirección Nacional de Vivienda -cosa que no ocurría antes porque el programa dependía de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- de  manera que  hay una mayor coordinación en su utilización. Por otro lado, se están obteniendo recursos de cooperación  técnica internacional a través del BID, que están reforzando los estudios para poder desarrollar y ajustar hacia adelante lo relativo a la problemática de los asentamientos, además de la conformación de ese nuevo plan. 

                Como decía el señor Senador, la encuesta que el PIAI encargó al Instituto Nacional de Estadística  nos ha permitido avanzar. Esta indica que un 6% de la población está viviendo en asentamientos irregulares, lo que equivale a 51.000 hogares o 300.000 familias.  Asimismo, el 40% se ubica en tierras privadas, lo que hace más difícil la actuación del Estado sin los instrumentos adecuados. Somos muy optimistas con respecto a que la Ley de Ordenamiento Territorial va a brindar mejores instrumentos para poder actuar en el tema de la precariedad y, sobre todo, para poder actuar en los asentamientos que se ubican en terrenos privados, sin que esto genere un círculo perverso de nuevas ocupaciones y asentamientos en áreas pertenecientes a particulares. Cabe recordar que el PIAI sólo tiene criterios de legalidad en asentamientos instalados en terrenos públicos, fiscales, por lo que tenemos enormes problemas cuando se encuentran en tierras privadas, puesto que no contamos con instrumentos para actuar cuando se decreta un lanzamiento.

                En ese sentido, cualquier actuación es sumamente compleja en tanto genera una señal de que si alguien ocupa un terreno privado, el Estado sale a resolver el problema.

 En ese marco se está desarrollando, por un lado, la ejecución y, por otro, el desarrollo de un nuevo PIAI con otros criterios. Este no va a estar dirigido en forma acentuada a problemas de infraestructura como lo está el PIAI actual que, como ya hemos mencionado, interviene en los asentamientos en una forma muy parcial, sin tener en cuenta los temas de precariedad y de servicios que tiene ese territorio. Para colmo, otorga y regulariza una propiedad, lo que muchas veces genera dificultades  y no resuelve los problemas de vivienda de esas personas, porque lo que hace es brindar servicios como  calles, saneamiento, iluminación, etcétera.

Entonces, esa mirada se va a cambiar fuertemente desde lo local; va a tener la mirada de la inclusión social, con alta participación de los involucrados y, por lo tanto,  va a tener otro tipo de integración. En consecuencia esa construcción no va a tener sólo el énfasis  en los temas de infraestructura, sino que también lo va a tener desde otras miradas que se van a conjugar para dar una satisfacción plena ante el problema de estos asentamientos.

SEÑOR ANTIA.- Sabíamos que para la reformulación del Programa del PIAI, uno de los problemas existentes es que no puede actuar sobre asentamientos en terrenos privados; también sabemos que hay una gran cantidad de esos casos. En nuestro departamento sucedió que actuamos sobre las áreas públicas, pero no sobre los terrenos privados. Entonces, en esta reformulación, ¿hay algún programa que solucione estos temas? ¿Podría ser con inversión del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la compra de la tierra mediante la expropiación, lo cual habilitaría a ingresar al otro sistema?

SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Hago mías las palabras del arquitecto Altamirano en cuanto a que algunos de los artículos del proyecto -que esperamos concretar en una ley de ordenamiento territorial- permitan desalentar, no solamente las ocupaciones por parte de los que buscan una alternativa de supervivencia, habida cuenta que se han visto vulnerados en sus ingresos familiares o por la pérdida de trabajo, sino también la notoria especulación o la micro especulación inmobiliaria que existe por parte de los propietarios privados, ya que alientan la ocupación sabiendo que después es el Estado el que tiene que declarar esos terrenos factibles de venta, formalizando de una manera directa o indirecta el pasaje de la condición de predio rural a urbano, lo cual significa la multiplicación de los valores inmobiliarios. No es un invento que se genere en nuestro país, ya que lo hemos estado estudiando, tanto como alumno y luego compartiendo con docentes en nuestra propia Facultad de Arquitectura, como así también con los técnicos que trabajan en el Instituto de Teoría y Urbanismo y con distintas organizaciones de investigación a nivel privado del país que, en general, cuentan con personas muy competentes y que han surgido de las áreas de conocimientos terciarios.

                Este es un fenómeno que hay que atender, ya que son realidades muy difíciles; por lo que recuerdo, es algo que se viene analizando desde hace 40 años, a pesar de que los uruguayos y los argentinos -pero sobre todo nosotros- lo veíamos como algo distante, peculiar, pintoresco y alejado que se estaba produciendo en México, Brasil y, sobre todo, en Perú, con la invasión de los pueblos jóvenes, como creo que se llama esta apropiación de terrenos fiscales o municipales y privados. A veces, esto se da con la connivencia de esa especie de micromercado inmobiliario que, por más que sea micro, no deja de ser una especulación inmobiliaria; en la medida en que vulnera el interés general, pienso que los uruguayos debemos tratar -en particular, desde los ámbitos públicos- de desalentarlo en la medida de lo posible. De esta manera daremos satisfacción, cuanto antes, a aquellos que requieren una solución habitacional, locativa, acorde con la dignidad de la persona, más allá de si cuenta o no con un ingreso más o menos estabilizado o con posibilidades de obtener una vida digna sólo con su esfuerzo personal o familiar.

SEÑOR ANTÍA.- Insisto con este tema porque estoy viendo que hay una no utilización de recursos disponibles del crédito del BID, que venía del Gobierno anterior, ya que no hubo los suficientes programas para ejecutar. Ahora se está pensando en trasladar al nuevo programa lo que no se utilice; señalo esto porque este año y medio no daría para llegar a ejecutar esos recursos. Lo cierto es que hay una traba real en el tema de la propiedad de la tierra. Comprendo que tenemos que desalentar la especulación hacia delante, pero hay muchos asentamientos que tienen ya 10 ó 15 años, para los que hay que buscar alguna solución, porque es indigno seguir viviendo en esas condiciones. Creo que en esos casos hay que expropiar y actuar, y es lo que habilita a usar esos recursos que no se han utilizado. En nuestro departamento había 12 asentamientos y sólo en 5 de ellos pudimos entrar porque las tierras eran municipales. En uno de ellos tuvimos que expropiar para poder habilitarlo, pero en el resto -quizás son los más grandes- no pudimos actuar.

Entonces, estamos dejando de utilizar rubros por no destinar recursos a la expropiación de algunas tierras que ya están ocupadas; no es motivo de especulación, es un hecho que ya está dado, son áreas consolidadas de asentamientos que son inamovibles porque están allí desde hace 10 ó 15 años, y tenemos que encararlos de alguna manera. Me parece que ese es el camino y deberíamos profundizar en esa área, e incluso en el nuevo convenio que hay con el PIAI, deberíamos tratar de buscar alguna solución en la cual la contraparte del Estado pueda ser el aporte de tierras fraccionadas, urbanizadas o la expropiación de tierras, utilizando de esta forma los rubros que existen.

                Esta es mi opinión personal.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero hacer un aporte que no tiene nada que ver con lo político, sino con lo académico. En ese sentido, en  contactos interfacultades me tocó trabajar en algunos de estos temas, en los que aporté dos elementos. En primer lugar, hice mención a los llamados posesionarios -por haber vivido en México durante varios años- que tienen la misma situación jurídica de los casos que estamos considerando. En segundo término, me referí a un estudio exclusivamente jurídico de algunos casos ya existentes en el Uruguay.

                Al respecto, la palabra “especulación” ya se está usando en el Derecho Comparado, porque tierras que tenían un valor “a” se multiplican al valor “a” por 5, por 6 o por 10, según los casos -en el Uruguay hay dos o tres ejemplos concretos- lo que genera una situación destinada a lograr que el Estado realice la expropiación. Esto es lo que estuvimos concluyendo luego de realizar estudios muy serios y, por tanto, en mi opinión, no se debe expropiar porque ello significa estimular la especulación inmobiliaria, para el futuro o para el pasado; la del pasado no es menos grave, más bien creo que es más grave, porque allí hay incluso connivencias que tienen un carácter no sé si puramente civil o también de otras ramas del Derecho.

                Naturalmente, lo mejor es la construcción de viviendas para evitar que la gente que está en esa situación permanezca en esos predios, obligada por las circunstancias o en algún caso porque lo quiere -cuando dicen: “de aquí no salgo aunque me den una vivienda mejor en otro lado”; aclaro que son pocos los que actúan así- todo lo cual favorece los planes especulativos iniciales para que haya una expropiación. Es decir que, tal como lo planteaba el señor Senador Antía, es un tema muy delicado.  Reitero que en el informe en el que estuve trabajando hace alrededor de siete meses, la conclusión a la que se llegó en un estudio interdisciplinario era que la expropiación sería el último recurso y el más alentador de la especulación inmobiliaria, no por parte de los ocupantes, sino por los propietarios de estos predios.

                Esta es la constancia que quería dejar y aprovecho para pedir disculpas a los miembros de la Comisión y a los invitados por tener que retirarme de Sala para recibir a  gente mexicana que me está esperando; por razones de agradecimiento con ese país por haber vivido tantos años allí, no puedo dejar de atender a estas personas. Pido disculpas nuevamente.

SEÑOR MINISTRO.- Tomaremos nota de todo lo dicho por el señor Senador, ya que son aspectos que hemos estado analizando y discutiendo con nuestro equipo de trabajo en el  gabinete interno, en las reunimos que realizamos todas las semanas. De manera que, además de tomar nota de estas preocupaciones que son comunes con las nuestras, me gustaría que el profesor Apezteguía realizara una última intervención aclaratoria a efectos de explicar lo relativo a los fondos con que va a poder contar el PIAI de aquí en adelante.

SEÑOR APEZTEGUIA.- Con respecto a la ejecución del Programa PIAI -como es de conocimiento de los señores Senadores- durante los primeros cinco años de funcionamiento tuvo una ejecución de apenas el 20% de lo previsto, con relación a la actuación en 82 asentamientos que fueron los que originalmente se seleccionaron. Es por esa razón que se  tomaron las providencias presupuestales: por un lado, se realizó la asignación de los topes de financiamiento en el año 2005, que permitieron al PIAI ejecutar el 99,9% de los recursos efectivamente asignados y, por otro, en el Presupuesto Quinquenal se establecieron los créditos presupuestales correspondientes para que en el período 2006-2008 el Programa pudiera culminar  la utilización de la totalidad de los fondos comprometidos.

A esta altura del año 2006 venimos con un avance de ejecución que nos permite decir que también este año se va a cumplir  con la previsión y que, por lo tanto, el Programa no tiene excedentes. 

Más allá de que casi todo el partido hay que jugarlo en los descuentos, en la medida en que es un Programa de cinco años con dos años de prórroga y  medio año más de desembolso,  tendrá que usarse en el 2007 y asignarse y comprometerse la totalidad de los recursos.

Los desembolsos se harán durante el resto del año 2008 para luego reenganchar con el nuevo proyecto. Por lo tanto, no hay fondos excedentes del PIAI que, por cierto, por las características del préstamo, tiene perfectamente determinado hacia dónde se pueden asignar esos fondos.

SEÑOR RUBIO.- Celebro que se haya llegado a ese nivel de ejecución dado que este tema tiene antecedentes de bajísima ejecución en períodos anteriores.

                Ahora bien, en términos de volúmenes y de magnitudes, en relación con el nuevo plan, ¿qué se está pensando?  ¿Acaso sería similar a éste en cuanto al nivel de inversión?

SEÑOR APEZTEGUIA.- Recién se está hablando del diseño y de una nueva modalidad de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo del tipo “clip”. Es decir, un gran préstamo marco que no paga comisiones por el compromiso del dinero.

Uno de los grandes problemas que tuvo el PIAI fue, por ejemplo, que en el año 2004 pagó más por intereses de lo que ejecutó. Se busca, de esta manera, ir comprometiendo menos dinero por cada una de las etapas, pero generando un convenio que, con las discusiones preliminares con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el propio BID, podría estar, en una perspectiva de 10 años, en el orden de los U$S 200:000.000.

Seguramente, en el ajuste presupuestal para el año 2008 tendrán que venir nuevas previsiones presupuestales vinculadas con lo que sea la definición de los trabajos que se puedan realizar en este quinquenio y el nivel de endeudamiento.

Pero se está pensando, no en un préstamo de U$S 200:000.000, comprometidos totalmente, sino en desembolsos pequeños, en micropréstamos, digamos, del orden de los U$S 20:000.000, que se vayan completando de tal manera de no generar compromisos al Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de las comisiones, que terminan siendo cifras muy abultadas, máxime teniendo en cuenta que los Programas recién empiezan, que el BID comienza a cobrar desde la firma del  préstamo y que el Programa para empezar a ejecutar siempre tiene seis, ocho o diez meses de duración.

Por otro lado, estamos tratando de que el nuevo Programa se pueda atar con éste, de tal manera de que en las últimas etapas de este Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, se puedan comenzar a financiar -y estamos viendo la forma de hacerlo- las primeras del próximo; de este modo, al obtener los desembolsos se iniciaría inmediatamente la ejecución.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia de las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

(Se retira de Sala la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento  Territorial y Medio Ambiente).