SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 20 minutos)

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de la República tiene el gusto de recibir en la mañana de hoy al señor Secretario de la Presidencia de la República, doctor Gonzalo Fernández; al señor Prosecretario de la Presidencia de la República, señor Jorge Vázquez; al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Carlos Viera; al señor Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Daniel Mesa; al señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor Miguel Toma; al  señor Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, señor Humberto Ruocco; al señor León Lev, de la URSEC; a los señores asesores, doctor Juan José Camelo e ingeniera Alicia Fernández, de la URSEC, y a la señora Directora del Instituto Nacional de Estadística, economista Alicia Melgar. Se los ha convocado para analizar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2005, remitido por el Poder Ejecutivo.

                El mecanismo de trabajo que la Comisión ha llevado adelante consiste en escuchar el informe de los jerarcas de las diferentes Unidades Ejecutoras y, posteriormente,  la explicación sobre el articulado que integra el proyecto, para dar paso a las preguntas que pudiesen surgir de parte de los señores Senadores. Entonces, si estamos de acuerdo en continuar con esta política de trabajo, cedemos el uso de la palabra al señor Secretario de la Presidencia de la República, doctor Gonzalo Fernández, reiterándole la bienvenida a este Cuerpo.

SEÑOR FERNANDEZ.- Es un honor para nosotros estar nuevamente en esta Sala y poder explicar sucintamente el conjunto de normas proyectadas.

Como los señores Senadores podrán apreciar, todas las normas contenidas en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, aun cuando no tienen una estructura de división capitular, en lo referido a la Presidencia de la República no conciernen estrictamente a su estructura, sino que en realidad se vinculan, básicamente, al Instituto Nacional de Estadística, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina Nacional del Servicio Civil e, incluso, a la URSEC.

Desde un punto de vista genérico, todas ellas representan la ejecución, el ajuste y, eventualmente, el afinamiento o la reglamentación de normas ya consagradas originariamente en la Ley de Presupuesto. A los efectos de que la exposición sea más fructífera, si el señor Presidente lo permite y salvo opinión en contrario de los señores Senadores, preferiríamos que directamente el jerarca de cada dependencia hiciera el informe sobre las disposiciones que refieren a ella. En este sentido, cedería el uso de la palabra, en primer término, al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que explicara las normas que se vinculan con esa dependencia, consagradas en el proyecto.

SEÑOR VIERA.-  Señor Presidente: tenemos mucho gusto de participar en este ámbito de trabajo y deliberación.

En este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, las disposiciones que tienen que ver con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto son muy pocas, considerando que desde el Poder Ejecutivo, desde el Consejo de Ministros, se había definido la Rendición de Cuentas como una expresión del dinamismo de la actividad económica plasmada en normas presupuestales que siguieran de cerca y que acompasasen ese dinamismo, de tal forma de que existiesen los cambios graduales que debían existir y, al mismo tiempo, no constituyesen una revisión total de todo el esquema presupuestal  diseñado y aprobado en el Presupuesto correspondiente, del año 2005. En tal sentido, la restricción en materia de número de artículos ha estado presente en todo nuestro trabajo y hemos establecido, sin lugar a dudas, aquellos que son de carácter prioritario.

En primer lugar, entendemos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debe tener mucho más énfasis en sus roles sustantivos, es decir, en la actividad presupuestal, lo cual comprende, básicamente, las inversiones, y por otro lado, como su nombre lo indica, en la actividad de planeamiento.

                Con respecto a la actividad presupuestal relativa a las inversiones, hemos tenido presente la necesidad de mejorar y fortalecer el conocimiento, la evaluación y la centralización de los proyectos de inversión que se realizan, no solamente en la Administración Central sino en todo el sector público. Cuando digo los proyectos que se realizan, hago referencia a que se proponen, se confeccionan y se plantean para que sean evaluados y aprobados a nivel parlamentario como créditos presupuestales. Con esto quiero decir que la Administración Central tiene sus proyectos; cada uno de los Ministerios los eleva en forma detallada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y allí llevamos su registro. Esta es una tarea que debemos perfeccionar y, al mismo tiempo, debemos aunar esos proyectos con los que provienen de otras dependencias del sector público. Esto no es a los efectos de la aprobación presupuestal, porque no corresponde por no ser de la Rendición de Cuentas, sino para tener un panorama claro para priorizar proyectos, sean de la Administración Central o de otras dependencias estatales. 

En razón de ello estamos promoviendo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el apoyo de un crédito del BID, un sistema nacional de inversión pública que, justamente, tienda a permitir que ese tipo de actividad se realice con una mayor eficacia y eficiencia en dicha Oficina. Ello nos permitirá tener -no tanto en este momento porque lo estamos tratando de implantar, sino hacia el futuro- un panorama completo de todos los proyectos de inversión que desde las distintas dependencias estatales se encaminan hacia su aprobación y por tanto, como las restricciones existen, se encaminan hacia la priorización de unos con respecto a otros.

La asesoría que tiene que realizar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre esa priorización, debe hacer referencia a un plan general de actividades, de desarrollo productivo a largo plazo en el país, lo cual esperábamos reforzar. En los últimos tiempos no había quedado muy reforzada esta última área y, por lo tanto, estamos haciendo esfuerzos, juntando recursos de las distintas reparticiones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, reestructurándola en términos internos, para poder contar con un buen andamiaje para el abordaje de la tarea de planeamiento. Entonces, hubiésemos deseado contar con un cargo de alta especialización en la OPP, dado que no existe para el área de planeamiento estratégico, siendo que su nombre indica que debe realizar esa tarea, y por ello estamos viendo cuáles son las posibilidades que tenemos de reformulación de otros cargos para ese cometido.

Asimismo, confiamos que este sistema nacional de inversión pública, de cuya contrapartida nacional se está pidiendo en el día de hoy su aprobación, sea un elemento sustancial para poder hacernos cargo de la tarea.

                Por último, también hubiésemos deseado que a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, existieran recursos suficientes como para realizar convenios con la Universidad de la República u otras instituciones de nivel terciario, a los efectos de poder contar con aportes técnicos indispensables para abordar las tareas que están planteadas en ese nivel.

                Con relación a los demás aspectos que conciernen a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cedo la palabra al Subdirector, contador Mesa.

SEÑOR MESA.- En su exposición, el economista Viera se ha referido al artículo 4º  del Sistema Nacional de Inversiones. Por su parte, el artículo 17 determina un ajuste a la norma presupuestal aprobada por el Parlamento el año pasado, que responde a un avance en las negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a un pequeño préstamo destinado a la transformación del Estado, ejecutado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Luego del ajuste de tareas que responde a la negociación de ese préstamo, resulta necesario transferir fondos desde las previsiones que existían a ese respecto en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hacia la Oficina Nacional del Servicio Civil. Para cumplir con esto, el artículo 17 dispone una transferencia de las partidas asignadas en el Inciso 24, de diversos créditos, de una oficina a la otra.

En el mismo artículo se incrementan los fondos destinados a la Oficina Nacional de Servicio Civil, con la finalidad de poder cumplir con las contrapartidas de ese préstamo que se está negociando y también se genera un proyecto de inversión, a los efectos de que esta Oficina pueda ejecutar los compromisos derivados de ese préstamo. Este proyecto de inversión se realiza a los efectos de obtener su aprobación legal, puesto que los fondos ya están adjudicados.

Siguiendo con el análisis de los artículos vinculados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los artículos 41 y 42 ajustan y mejoran una norma que había aparecido en la Ley de Presupuesto, más precisamente el artículo 72 de la Ley Nº 17.930, referente a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, tema que ahora se pudo analizar con más profundidad y llegar a una formulación superior. Se entiende necesario extender el concepto de “gobierno electrónico” para llegar al de “sociedad de la información”, y para ello se hace necesario que esta Agencia, respecto a la cual se había planteado que tuviera autonomía técnica, contara con una institucionalidad adecuada, lo que le daría una autonomía real.

Entonces, esta Agencia se crea como una Unidad Ejecutora descentralizada, que se relaciona con la Presidencia de la República a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se mantiene lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Presupuesto referente a la existencia de un Consejo Directivo Honorario, compuesto por seis miembros designados por el Presidente de la República. En la citada norma presupuestal se estableció un Consejo Asesor Honorario compuesto por los jerarcas del sector Informática de los organismos estatales. A ese Consejo, por esta norma se le agregan dos Consejos Honorarios más: uno vinculado a la academia en general, llevado adelante por los rectores de la Universidad de la República y de las Universidades privadas, por el Presidente de ANTEL y por el Presidente de la Cámara Uruguaya de Software, y otro vinculado directamente a la industria del software, integrado por cinco personas que propongan las empresas que califiquen para ello.

Además, a esta Agencia se le asigna presupuesto propio, como corresponde a una Unidad Ejecutora, por las cifras que aparecen en el artículo 42. Se parte de la base de tener una pequeña estructura muy calificada pero muy reducida, que permita desarrollar las tareas y los objetivos que se plantean en dicho articulado. La idea es que el Estado, con esa pequeña estructura muy calificada, pueda competir en el mercado contratando a funcionarios que sean capaces de hacer posible este proyecto. Se plantea que el nivel de remuneraciones de este pequeño grupo de funcionarios sea el mismo que el que utiliza la URSEA.

                Este es, en general, el planteo que abre una de las alas de la propuesta de transformación del Estado en la que está trabajando la Presidencia.

SEÑOR RUBIO.- ¿Se asignaron fondos en el Presupuesto con destino a la Agencia?

SEÑOR MESA.- En realidad, la Agencia apareció en el trámite presupuestal cuando se estaba discutiendo el proyecto en el Senado y a esa altura no era posible asignar fondos que no estaban previstos porque ya habían pasado las instancias del Mensaje Complementario y, además, no había iniciativa para hacerlo.

Entonces, aparece la Agencia y refiere a los fondos que tenía asignados la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la transformación del Estado.

Conceptualmente esto está bien, pero no delimita con precisión con cuánto podía contar la Agencia. Ahora se delimita con un proyecto más afinado de funcionamiento, precisando cuáles son los fondos, por lo menos para la etapa de arranque.

SEÑOR KORZENIAK.- Como todos saben, yo soy contrario a las siglas. Quisiera saber  qué significa la sigla “GEX” que aparece en el artículo 18; luego de las tres rayitas que indican el destino de ciertos fondos, en la tercera dice “ajuste mantenimiento GEX”.

SEÑOR MESA.- Significa expediente electrónico.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Y la “G” qué significa?

SEÑOR MESA.- La sigla responde al grupo de expediente electrónico.

                Respecto a los temas que tienen que ver con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto esto es todo.

SEÑORA MELGAR.- Gracias por recibirme en este ámbito.

                Quisiera decir que los datos incluidos en las partidas del artículo 18, fundamentalmente, tienen por finalidad, por un lado, mantener la información que hemos venido aportando durante este año y, por otro, tratar de actualizar algunos índices que han quedado desactualizados por el hecho de que el país ha sufrido, sin duda, algunos cambios importantes en estos últimos años.

La primera partida, que se refiere  a la Encuesta Continua de Hogares, tiene como fundamento el hecho de que en el año 2006 se sustituyó la antigua Encuesta Continua de Hogares por otra ampliada, que es cinco veces más grande, alcanza a más de 80.000 hogares y nos permite llegar también al medio rural. Esta encuesta se va a realizar solamente en el año 2006. Para el año 2007 nuestra idea es volver a una encuesta -no la anterior, porque nos parece que tiene un tamaño que no corresponde a lo que necesitamos saber del país- más grande de la realizada hasta el año 2005 que, por un lado, va a permitir llegar en un trimestre al medio rural y, además, poder dar datos e información mensual, lo que hasta el año 2006 no había sido posible. De allí esta partida de $ 31:000.000 que aparece en la Encuesta Continua de Hogares.

                También existen cálculos y seguimientos de nuevas líneas de pobreza. En el año 2006 se llevó a cabo una encuesta de gastos e ingresos sobre la cual se van a estimar nuevas líneas de pobreza. Esto será necesario calcularlo ahora y en los próximos años, así como también se deberán hacer nuevas ponderaciones para el Índice de Precios al Consumo, ya que el que estamos utilizando actualmente es el que mide la inflación y data de 1994, es decir, de la anterior encuesta de gastos e ingresos, que pensamos que ha sido bastante modificada por la vía de los hechos.

                También los Índices de Salarios, tanto en el sector público como en el privado, están obsoletos debido a que la forma de acordar los salarios ha cambiado en uno y otro sector, donde existen Consejos de Salarios,  y el Instituto no lo está incorporando como debería dentro de sus estadísticas. Ocurre lo mismo en el sector público, ya que se han comenzado a dar incrementos que no son homogéneos en todo el sector. Todo ello hace necesario que se realicen nuevas bases para ambos índices, lo que implica un gran trabajo de cálculo y relevamiento.

                Quisiera hacer una corrección. La última partida dice: “Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 64 de la Ley Nº 17.926” (existe un error en el número de la ley, ya que es la Nº 17.296) “de 21 de febrero de 2001”. Este artículo lo que dice es que se encarga al Instituto Nacional de Estadística el relevamiento y procesamiento del Índice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales que actualmente elabora el Banco Central del Uruguay. Esta ley es del año 2001; sin embargo a partir de esa fecha, el Instituto empezó a realizar este trabajo con fondos del Banco Central, el que durante todos estos años ha estado financiando al Instituto, pero ahora nos han dicho que el Instituto se tiene que hacer cargo de esta disposición legal y para eso es que estamos pidiendo los fondos.

La otra partida, que es bastante importante, responde al hecho de que existe una información muy rica, tanto de la Encuesta de Gastos e Ingresos como de la de Hogares Ampliada, que lleva a que se realice una serie de estudios y análisis que van a demandar partidas adicionales.

                Por otra parte, el artículo 18 agrupa una serie de disposiciones y normas legales que existen y que generalmente surgen cuando se va a realizar un proyecto, censo o encuesta especial, por el que se habilita al Instituto a contratar encuestadores y personal de apoyo. Aquí simplemente habilitamos a que, habiendo créditos y fundamentando la necesidad de contratar encuestadores y personal de apoyo para tareas sustantivas que se llevan a cabo, la Oficina pueda actuar en ese sentido.

Quiero dejar constancia, además, de que el Instituto tiene una falta de personal bastante importante, lo que en este momento se ha agravado por el hecho de que mucha gente -incluso de jerarquía máxima, como Directores de División y Demógrafos- se ha acogido al retiro incentivado; eso nos lleva, necesariamente, hasta que se realice una reestructura, a que contratemos  personas de alta capacitación para realizar estas tareas.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: quería aprovechar las manifestaciones de la señora Directora del Instituto Nacional de Estadística para expresar que cuando uno quiere hacer política requiere información, porque de lo contrario es muy difícil lograrlo. Desde ese punto de vista, nos importaba mucho conocer los avances del Instituto Nacional de Estadística, a efectos de contar con elementos indispensables. Por ejemplo, tenemos en el Parlamento el proyecto de reforma tributaria, que refiere a rentas de capital y rentas de trabajo, y quisimos saber acerca de una desagregación de las rentas de capital, pero no están; no figuran porque no se tiene el personal ni se cuenta con la información suficiente. Esto tiene que ver con el Banco Central y las cuentas nacionales, no con este tema, pero demuestra que es indispensable maximizar los esfuerzos para obtener información.

Considerando lo que acabo de decir, hay dos cosas que me llamaron la atención o que tal vez no comprendí. Primero, se habla de una Encuesta Continua de Hogares, que se está ampliando en 2006, pero que se haría una sola vez. Quisiera tratar de entender si es necesario hacerla en forma permanente, si la ampliación que se está haciendo ahora se tiene que continuar, o si se va a achicar posteriormente. 

Por otro lado, la señora Directora nos dice que falta personal y que hay funcionarios que se están yendo con retiro incentivado. Quisiera saber si se cuenta con los recursos financieros para efectuar las suplencias, mediante los contratos correspondientes, del personal técnico adecuado para poder llevar adelante este tipo de tareas.

Estas son las dos inquietudes que quería plantear.

SEÑORA MELGAR.- En primer lugar, la Encuesta Continua de Hogares se realiza en el país desde el año 1968, y ha sido permanente, año a año. En el año 2006 se realizó una encuesta muchísimo más grande, para lo cual se habilitaron fondos especiales, pero no quedó la partida de la encuesta normal. Por ese motivo estamos pidiendo recursos para el año 2007; pero estoy de acuerdo con el señor Senador Couriel en cuanto a que esta partida debería continuar los años posteriores, porque en caso contrario el próximo año tendremos que introducirla nuevamente para los años subsiguientes. No podemos pensar que un instrumento tan necesario como la Encuesta Continua de Hogares se discontinúe; entonces, la partida que aquí se establece no debería ser solamente para el año 2007, sino que debería extenderse para el futuro.

Esta partida es bastante menor a la que se utilizó en el año 2006 porque la encuesta es más chica, aunque no tanto como las que se han llevado a cabo hasta el año 2005. Para dar una idea podemos decir que mientras la encuesta actual alcanza a 85.000 u 87.000 hogares, tenemos previsto que en los años 2007 y siguientes la encuesta llegue a alrededor de 60.000 hogares. Como decía, el número es bastante menor, pero ello igualmente nos va a permitir proporcionar datos mensuales y llegar, en algún trimestre, a las zonas rurales y ciudades más pequeñas.

                Con respecto a la pregunta sobre el personal calificado, debo señalar que en algunos de estos ítems estamos previendo la contratación de ese tipo de personal por períodos breves -hasta por un año- a efectos de poder efectuar tareas que la oficina necesariamente tiene que abordar, aunque no esté expresado, como estadísticas económicas, diseño muestral y otra serie de elementos, en los que sabemos que existen deficiencias. Creemos que para el año próximo vamos a poder realizar una reestructura mediante la cual se definan los cargos que se necesitan, de forma tal de hacer posible dicha contratación a más largo aliento. No obstante ello, reitero que tenemos prevista la contratación del personal necesario, aunque sea por poco tiempo, para que lleve a cabo estas encuestas.

SEÑOR FERNANDEZ.- A efectos de considerar los artículos 73 y siguientes del presente proyecto de ley, solicito que haga uso de la palabra el señor Director de la URSEC.

SEÑOR LEV.- Los artículos que se incorporan al proyecto de ley de Rendición de Cuentas cumplen con la finalidad de darle una estructura definitiva -de la cual carece- al cuerpo de funcionarios de nuestra institución, la URSEC, que fue creada por ley en el año 2001. A efectos de realizar esta labor de una manera científica y técnica, se contrató a la consultora Tea Deloitte & Touche para conocer los criterios técnicos de una estructura moderna y dinámica que hicieran posible el cumplimiento de las funciones estrictas de una Unidad Reguladora.

                El otro aspecto que tuvimos en cuenta para hacer esta propuesta fue la voluntad legislativa expresada en el Presupuesto en cuanto a la definición de cargos y remuneraciones de la URSEA. Cabe aclarar que esto se hizo sobre la base de los criterios técnicos de la consultora y la estructura de remuneraciones que este Parlamento estableció para el Período 2005-2009.

                Con respecto a las diferencias existentes entre la propuesta original y la que llegó al Parlamento, queremos señalar que esperamos que se corrijan en el correr de este debate, de forma tal que la estructura de remuneraciones tenga las escalas correspondientes y cumpla con exactitud lo establecido por la URSEA, salvo el aspecto relativo a especialistas -del que carecía- que es lo que ahora la Unidad Reguladora se plantea.

                Queremos decir que aspiramos a una provisión transparente de los cargos y funciones, así como a una óptima aplicación de los recursos humanos. Para ello, es nuestra intención que quede absolutamente claro que el acceso se debe hacer exclusivamente mediante concurso de oposición y méritos.

Con relación a ese tema, tenemos el problema de que una parte importante de los funcionarios provienen de la vieja Dirección Nacional de Comunicaciones. Vamos a garantizar que ninguno de esos funcionarios pueda ser afectado en aspectos remunerativos, pero consideramos que los cargos de una Unidad Reguladora deben tener funciones contratadas, particularmente en los niveles superiores, para cumplir la función dinámica, muy exigente y rigurosa que allí se realiza.

                Un aspecto que nos gustaría clarificar es que la tasa de control del marco regulatorio será destinada exclusivamente a la financiación del Presupuesto aprobado de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones.

                A su vez quiero señalar que los servicios comerciales de comunicaciones postales tendrán los alcances que fueron establecidos en la ley de creación de la Unidad Reguladora, URSEC, y no en un aspecto restrictivo como estuvo planteado en el Presupuesto. Entonces, reitero, solicitamos que se tengan en cuenta todos los aspectos que se consideraron cuando fue creada la Unidad Reguladora por la Ley No. 17.296, de 21 de febrero de 2001.

                Otros temas que nos importan tienen que ver con la base de datos de nuestra Unidad Reguladora. Para eso, pedimos que se establezcan efectivamente los derechos que tiene nuestra Unidad, las obligaciones que tienen los permisarios y se dé toda la información que corresponda, a los efectos de que nuestra Unidad Reguladora pueda cumplir las funciones de asesorar y regular los mercados, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como en el de los servicios postales.

Por eso, este articulado busca dejar claras y cumplir a rigor las responsabilidades emanadas de la Ley Nº 17.296.

SEÑOR FERNANDEZ.- Finalmente, nos resta comentar el artículo 87 que explica por sí solo, de manera reglamentaria, normas ya establecidas y aprobadas en la Ley de Presupuesto, con relación a la creación de un fondo de la Junta de la Droga, que se integra con el producto de los bienes, rentas e intereses decomisados a los narcotraficantes en los diversos procedimientos. Creo que es una norma de estricta reglamentación que no merece mayor clarificación.

                Esta sería la finalización de nuestra presentación.

SEÑOR ALFIE.- En primer lugar, damos la bienvenida a los invitados.

                Tengo para realizar una serie de preguntas más bien concretas.

                En la ejecución presupuestal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aparece la inversión en los planes de obras municipales, que está muy por debajo de las asignaciones presupuestales, es decir, alrededor de un 41% del total. El señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hablaba de la coordinación y de la importancia de las inversiones y de la infraestructura. Justamente, los planes de obras municipales se relacionan con la infraestructura y en ese aspecto me gustaría saber por qué se plantea una tan baja inversión; son apenas U$S 4:000.000 y algo en el año, las inversiones para obras municipales. Esta cifra nos parece bastante baja frente a las inversiones  históricas en los planes de obras.

                La segunda pregunta también es para el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Cuando nos visitó el equipo económico, el señor Director nos dijo que ANCAP iba a entrar en el negocio del gas natural envasado. Concretamente, pregunto si es así o se trató de un error, y si en realidad se estaba haciendo referencia al gas licuado de petróleo envasado.

                En el caso de que fuera gas natural envasado, creo que estaríamos pensando en hacer garrafas de gas para autos, básicamente, porque se trata del único gas natural envasado que se comercializa normalmente.

                Por otro lado, quisiera formular una pregunta que, en realidad, no sé bien a quién dirigirla. Dicha interrogante tiene que ver con el artículo 41, que menciona a una Agencia -algo nuevo en el Uruguay, porque aquí se utiliza la denominación Unidad Ejecutora o División- y mi pregunta se concentra, fundamentalmente, en los sueldos a pagar a los funcionarios de dicha Agencia. La misma pregunta la hice a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes me contestaron que debía formularla a las autoridades del Inciso especializado. Los sueldos de esta Agencia van a ser iguales a los de las Unidades Reguladoras que, por cierto, no son bajos. Los sueldos de las Unidades Reguladoras son altos, básicamente, para evitar los problemas de Agente principal, tema que en economía es bastante recurrente, dado que el regulado absorbe al regulador, justamente por diferencia de sueldos. Ahora bien; eso era obvio en las Agencias de teléfonos, telecomunicaciones, energía, etcétera; no obstante, en esta Agencia, que va a desarrollar una actividad típica del Poder Ejecutivo, en la que no existe un regulado, no entendemos por qué se justifican esos sueldos que son muy superiores al promedio del Inciso y también al promedio del resto de la Administración Pública. En términos generales, la diferencia de sueldos es de más del cien por ciento.

                Otra pregunta que quiero realizar va dirigida a algún representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil. El Gobierno dice que el año pasado el número de funcionarios públicos disminuyó en una cifra de alrededor de nueve mil; en forma recurrente el Gobierno está sosteniendo eso. Por mi parte, bajé información de la página web del Banco de Previsión Social, en la que figura la cantidad de funcionarios públicos cotizantes hasta abril del 2006, y allí se establece que en diciembre de 2004 la cantidad de funcionarios públicos era de 186.640 en lo que tiene que ver con los cotizantes al Banco de Previsión Social, porque el resto lo hace en las Caja Militar, en la Policial o en la Bancaria. Que yo sepa, no se ha producido una disminución en el número de cotizantes a la Caja Bancaria y tampoco en lo que respecta a las otras dos Cajas, por lo menos en un número relevante. Entonces, repito, al Banco de Previsión Social, que es donde cotiza el grueso del número de funcionarios públicos; cotizaban, a diciembre de 2004, 186.640, y a diciembre de 2005, lo hacían 186.962. Por lo tanto, al haber alrededor de trescientos funcionarios más en ese listado -en realidad, están los mismos funcionarios públicos- quisiera saber cuál es el número verdadero, ya que por un lado se dice que hay nueve mil funcionarios públicos menos y, por otro, la cantidad de cotizantes al Banco de Previsión Social no cambia. Lo mismo ocurre, o presumimos que ocurre con respecto a las otras Cajas.

                En cuanto al artículo 73, he observado que detalla nuevamente el listado de sueldos y, en verdad, como no tengo aquí la comparación con lo votado en el Presupuesto, quisiera saber cuáles son las diferencias entre los sueldos aquí descriptos y los votados en el Presupuesto. Asimismo, lo que más me llama la atención es que a la URSEC se le aumenta la dotación presupuestal en un monto bastante significativo, que va creciendo año a año y, en especial, muestra ese crecimiento en materia de remuneraciones. La razón que se manifiesta es que ese crecimiento se da a efectos de cubrir las diferencias salariales previstas. Más allá de las remuneraciones previstas para 2006, el aumento para 2007 es de casi $ 19:000.000, de $ 29:000.000 para 2008 y de $ 40:000.000 para 2009. Tengamos en cuenta que $ 40:000.000 son, aproximadamente, U$S 1:600.000 adicionales a los que actualmente gasta.

                En definitiva, quisiéramos conocer los porqué de esta situación, más allá del aumento del gasto de funcionamiento y de la dotación de la partida de inversiones.

                La última pregunta está referida al artículo 78. Nos gustaría recibir una aclaración acerca de lo que implica, específicamente, el agregado sobre el artículo 71, votado en la Ley de Presupuesto.

                Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Compartimos la inquietud acerca de la baja ejecución que tuvo la Unidad de Desarrollo Municipal en 2005, la cual obedeció a dos circunstancias. En primer lugar, como todos sabemos, 2005 fue un año muy particular, dado que las jerarquías se fueron constituyendo luego del primer trimestre. Además, los planteos de inversión requieren un período de maduración que se hace más lento al producirse un cambio en la Administración.

En segundo término, el Banco Interamericano de Desarrollo -que apoya este Proyecto con un importante crédito del exterior, el cual viene renovándose desde hace varios años- ha acentuado sus contralores sobre el sistema que rige este crédito, alegando que existían algunas irregularidades o anomalías en la gestión anterior en cuanto al personal asignado y a las atribuciones que se habían conferido a la Unidad. En ese sentido, hubo un control mucho más fuerte, y lograr que no hubiera objeciones para nombramiento de nuevo personal y para determinadas acciones crediticias demandó acciones muy lentas, arduas y difíciles de solucionar. Quizás, esto haga a una nueva relación con el Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a la forma de aplicar este crédito, aspecto que estamos procurando solucionar hacia el futuro, sobre la base de que si había un crédito firmado con determinadas condiciones en lo que hace a su funcionamiento, éstas deberían cumplirse, a menos que hiciéramos una revisión crítica de ellas. Hemos logrado un buen entendimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo de aquí en adelante y, por lo tanto, considero que estas cuestiones que hacían mermar la capacidad de ejecución van en tren de solucionarse y la ejecución en 2006 será sustancialmente superior.

                Por otro lado, debemos tener presente que las aplicaciones de fondos por planes de obras municipales resultan, también, de una interacción con las Intendencias, la cual queremos que cada vez sea más profunda. Las Comunas utilizan estos recursos y eso resta a sus posibilidades de contar con fondos genuinos para su desenvolvimiento. En consecuencia, el entendimiento con las nuevas Intendencias -sabemos que hubo un cambio en la Administración de varias de ellas- originó que en 2005 este tipo de inversiones haya tenido el freno al cual el señor Senador Alfie hacía mención en forma correcta. Por lo tanto, establezco dos razones: mayores controles y dificultades para que el BID allane las cosas, y entendimientos más importantes con las Intendencias Municipales, lo que motivaron la baja ejecución del 2005, aspectos ambos que están en vía de solucionarse; en 2006 estamos con una ejecución mucho mayor.

El segundo planteo que se formula, refiere a algunas manifestaciones acerca de si ANCAP estaba por encarar el tema del gas natural envasado. Efectivamente, he dicho que ANCAP está estudiando la posibilidad de encarar algunas asociaciones público- privadas, entre las que se encuentran Acodike y Megal. Repito que dije “está estudiando” y no “está aprobado” ni “está resuelto”. De ahí a que se concrete o no, es diferente. Lo señalé a raíz de que se planteara si había alguna idea de asociación público-privada en el sector de las empresas públicas. Entonces, ratifico lo dicho: es en ese sentido y, por lo tanto, el asunto no está resuelto ni mucho menos. De manera que creo que tampoco es un tema que concierne al que estamos tratando.

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, correspondería hacer uso de la palabra el contador Daniel Mesa para referirse a las preguntas sobre la Agencia Electrónica.

SEÑOR MESA.- El artículo 42 indica los objetivos de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información, centrados en la mejora de los servicios al ciudadano, utilizando las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se trata que el Uruguay comience a establecer una agenda digital; mejorar la eficiencia y eficacia de las tareas del Gobierno por el uso del gobierno electrónico; mantener una mejor comunicación con el ciudadano generando más transparencia, proporcionándole más información y permitiéndole acceder a servicios, desarrollar trámites y hasta hacer propuestas, cosa que hoy no puede hacer; e incentivar, a través del impulso que esto significaría, la industria nacional del software.

Para todo este complejo conjunto de objetivos precisamos de un instrumento que sea capaz de llevarlos a cabo. Los especialistas en materia de tecnología de la información y de las comunicaciones perciben altos salarios en el mercado privado. Si no contamos con especialistas capaces de llevar esto adelante, la propuesta no tendría resultado ni efecto. Por eso, es necesario fijar salarios a nivel de competencia en el mercado, y se entendió que esta era una forma de hacerlo.

SEÑOR ALFIE.- Comparto lo que señala el contador Mesa respecto a los especialistas; eso ocurre en toda la Administración Pública e, incluso, con los especialistas en finanzas y con los ingenieros. Por lo tanto, olvidémonos de los especialistas -y le doy la derecha al respecto- pero quisiera saber por qué en esta Agencia, el resto del personal, que no es especialista sino de apoyo, tiene esa asimetría bastante pronunciada con el resto.

SEÑOR MESA.- Seguimos aclarando. Si nos fijamos en el Presupuesto asignado que está limitado, vemos que el conjunto de las retribuciones personales, gasto de funcionamiento e inversiones, alcanza aproximadamente U$S 500.000 por año. Esto marca el tamaño de la estructura de cargos que se piensa que va a tener esa Agencia.

Por otra parte, la propia norma establece que el Poder Ejecutivo remitirá la estructura organizativa y puestos de trabajo a la Asamblea General, la que dispondrá de 45 días para expresarse al respecto.

En definitiva, la idea general es que sea una estructura pequeña, lo más eficiente posible, de gente muy capacitada, con infraestructura y servicios de apoyo mínimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La próxima pregunta se relaciona con la cantidad de funcionarios públicos, por lo cual daríamos la palabra al señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

SEÑOR TOMA.- Con referencia al número de funcionarios públicos de menos que se maneja, en la exposición de motivos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, se alude a la base de conocimiento, a la fuente, que es la Encuesta Nacional de Hogares. Aclaro que contamos con algunos datos adicionales que pueden ratificar esa proyección. Por ejemplo, en el período comprendido entre marzo de 2005 a junio de 2006, el Banco de Previsión Social registró 2.643 jubilaciones; el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, 1.761; la Caja Policial, 901; y la Caja Bancaria, 313. Quiere decir que durante ese período se alcanzó un total de 5.618 jubilaciones, cifra a la que debe sumarse la baja de los funcionarios por sanciones expulsivas, fallecimientos y renuncias. Quiero aclarar que los datos de que disponemos en la Oficina al respecto, así como los inherentes a la fuente de información, van a ser aportados a la Comisión.

SEÑOR ALFIE.- El señor Toma habla de las bajas, pero también existen altas por el ingreso de personal. A mi criterio, se deberían consultar los registros de activos. Por ejemplo, el mayor de todos está igual, y los demás, según los datos que tenemos, también están parecidos. El error que puede tener la Encuesta Nacional de Hogares sobre ese núcleo es bastante grande, de un 3% a un 4%, que es el margen de error normal de toda encuesta, y me parece una ligereza establecerlo en la exposición de motivos. Francamente, nunca en mi vida vi que se dijera cuántos funcionarios públicos hay en base a una Encuesta Nacional de Hogares; esa información se desprende de los aportantes efectivos. Disculpen el término “ligereza”, pero este aspecto me llamó tanto la atención, que me remití a las fuentes de información.

SEÑOR TOMA.- Tal como dije hace unos momentos, la Oficina Nacional del Servicio Civil va a aportar la información a la Comisión a los efectos de que pueda ilustrarse al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos ahora la palabra a las autoridades de la URSEC.

SEÑOR LEV.- Si se me permite, como Director de la URSEC voy a ceder el uso de la palabra a la ingeniera Fernández, quien ha timoneado esta tarea de la reestructura y del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

SEÑORA FERNANDEZ.- Con respecto a la primera pregunta relativa a las remuneraciones propuestas, quiero decir que son exactamente iguales a las que se votaron para la URSEA, pero actualizadas. Los salarios correspondientes a los cargos de Gerente General y de División, así como de los asesores, son los mismos, pero con la diferencia de que -como señaló el señor Presidente- se creó la categoría de “Especialistas”, porque la Unidad ya tiene funcionarios con el cargo de Técnicos Especialistas que son, sobre todo, aquellos que realizan tareas de monitoreo. Entonces, se asimilaron ambas categorías y se creó otra nueva.

                En lo que tiene que ver con los montos de las remuneraciones, quiero decir que el correspondiente al año 2009 es aquel que va a ser necesario cuando la estructura propuesta esté totalmente cubierta y se hayan hecho todos los llamados. La estructura propuesta toma en cuenta las necesidades de la Unidad Reguladora de realizar tareas, justamente, de regulación, que no estaban incluidas en las que tenía la ex-Dirección Nacional de Comunicaciones.

                Estos montos propuestos también tienen en cuenta que hay funcionarios en comisión, tanto de ANTEL como del Correo, que deberán ser absorbidos. ¿Por qué hay una graduación?  Porque está previsto el procedimiento del concurso, y como no se pueden hacer todos los concursos en una sola etapa y el llamado se hará desde el Gerente General hasta los funcionarios administrativos, el proceso va a ser largo.

SEÑOR LEV.- Solicito que ahora se dé la palabra al Director de la URSEC, señor Juan José Camelo.

SEÑOR CAMELO.- El motivo de la modificación realizada fue que en la nueva definición de “tasa”, se omite la de los sujetos pasivos, que estaba comprendida en la norma originaria que creó esta tasa. Además, se omite que el destino exclusivo de los fondos es el financiamiento del presupuesto de la URSEC, y si esto no se estableciera, se desvirtuaría la naturaleza jurídica del tributo, que podría ser interpretado como un impuesto. Para que sea “tasa”, tiene que estar específicamente destinado a satisfacer el financiamiento del presupuesto de la URSEC.

                Estas son las dos observaciones que estaban previstas originariamente en la ley de creación de la tasa y no en la norma de la Rendición de Cuentas.

SEÑOR ALFIE.- ¿Cuáles son los sujetos pasivos que se agregan?

SEÑOR CAMELO.- En realidad no se agregan, ya que la norma de creación -la tengo acá, en mi poder- establece quiénes son los sujetos pasivos. Dice que serán sujetos pasivos quienes presten servicios comerciales de comunicaciones, a excepción de las empresas de radiodifusión, radios de AM y FM y televisión abierta. Esta expresión -que consta en la Ley Nº 17.820, de creación de la tasa regulatoria- no se repite en la Rendición de Cuentas. Aclaro que los sujetos pasivos son todos aquellos a los que regulamos, operadores de telecomunicaciones o de servicios postales.

SEÑOR COURIEL.- Tal vez por mi historia, por haber sido fundador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estoy interesado en saber cuáles son los requerimientos para cumplir con una de las tareas más importantes que tiene: la vinculada con el país productivo, con el desarrollo productivo, con políticas para la producción. Para ello, de alguna manera son muy importantes las bases de lineamientos estratégicos que ayuden a la conformación de la estructura productiva que atienda la competitividad y el empleo, para poder crear las políticas económicas correspondientes.

                Entonces,  mediante esta introducción, lo único que deseo es saber de qué manera el ámbito parlamentario puede ayudar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectivizar este tipo de funciones a través de dos cosas concretas, y ver qué posibilidades tenemos de incorporarlas en esta Rendición de Cuentas.

                Por un lado, el economista Viera habló de un cargo para Planeamiento Estratégico y, por otro, se refirió a convenios con la Universidad de la República. Me gustaría saber de qué manera el ámbito parlamentario puede incorporar estos elementos, si es que ya no están contemplados en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

SEÑOR VIERA.- Desde luego que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene que ver con la asignación de rubros para gastos y, por lo tanto, parecería que este Poder tiene competencia  o iniciativa en la creación de un cargo que implica un gasto. Por lo tanto, lo que estamos planteando es la transformación de ciertos cargos que actualmente existen, pues consideramos que pueden ser ubicados en otro contexto dentro de la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por allí creemos que podemos hacer llegar a esta Comisión las correspondientes iniciativas.

En todo caso, esto implica una reestructura interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tal como lo he estado planteando. De acuerdo con la forma en que actualmente está estructurada la Oficina, no tiene la capacidad de abordar las tareas que consideramos que le son sustantivas; en realidad, tiene capacidad para otras tareas y tenía anexados algunos proyectos que no eran llevados a cabo por funcionarios públicos, como los de reforma del Estado y el Plan de Obras Municipales. En efecto, esas áreas no forman parte del conjunto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; son anexas y, por lo tanto, tienen su capacidad ejecutiva propia.

En ese sentido, corresponde decir que, centralmente, la Oficina tiene muy pocos técnicos en esas áreas que no son proyectos especiales. Me refiero a que tiene muy pocos técnicos capacitados para realizar las tareas y menos aún enfocados para llevar a cabo los cometidos que nosotros pensamos desarrollar. Por eso, también necesitábamos que hubiera algún rubro que nos habilitara a financiar convenios con el sector de educación terciaria nacional. Por ejemplo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene necesidad de ser una gran articuladora de los planes de desarrollo productivo en las distintas áreas de la actividad nacional y, como es lógico, participa en los gabinetes de innovación y social. Por lo tanto, es necesario que tengamos los recursos adecuados para realizar esas tareas.

En este momento, contamos con distintas personas que están colaborando con las áreas de referencia, pero no tenemos equipos formados para hacer nuestro propio aporte; no creemos que sea conveniente tener sólo una participación nominal en esos ámbitos, sino que necesitamos tener equipos, reitero, para hacer nuestro aporte.

                Por último, consideramos que existe la necesidad imperiosa de que se canalice, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un cúmulo de proyectos de inversión o iniciativas que surgen a nivel local y que tienen que ver, precisamente, con el desarrollo local. A las iniciativas de inversión que provienen del exterior las tenemos que fomentar creando una política económica sana y atractiva, como así también un clima adecuado de negocios. Asimismo, hay una serie de tareas que se realizan en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas.

                Por tanto, está muy bien que tengamos esa inversión extranjera directa, a la cual queremos fomentar, pero ya trae financiamiento, aporte de tecnología y articulación porque, en general, son transnacionales. A su vez, hay toda una inversión importante para nuestro país, proveniente del Uruguay profundo, de gente o emprendedores que no tienen capital de financiación, que no tienen proyectos debidamente evaluados y que no tienen articulación, porque no son entidades bien ordenadas. Dicha inversión necesita ser fomentada y esos proyectos deben ser canalizados para ser evaluados a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

                Tenemos un conjunto de recursos para evaluar proyectos de inversión en FONADEP, pero no tenemos la capacidad instrumental para que eso funcione. En ese sentido, debemos ser capaces de tener y promover una estrategia de desarrollo productivo a largo plazo en el país, así como la capacidad de evaluar proyectos. FONADEP puede mandar evaluar proyectos, pero quién dice que esa evaluación que viene con todos los parámetros de un proyecto, está indicando la prioridad o no en congruencia con el plan de desarrollo que estamos elaborando en forma paralela. Entonces, para esas tareas necesitamos nutrirnos del aporte de técnicos o de grupos de especialistas a quienes, básicamente, los tenemos que encontrar en la Universidad de la República, antes que crear o incorporar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un cúmulo de consultores, los cuales generarían una distorsión porque estarían ingresando en forma permanente.

En consecuencia, necesitamos cumplir con esas funciones básicas, como así también el país. Por ello la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debería estar a tono con las exigencias que el país requiere. Por eso estamos fundamentando que existen ese tipo de aportaciones y el Parlamento debería considerar la posibilidad de poder trasladar recursos de un lado a otro.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Agradecemos la presencia de la delegación de la Presidencia de la República, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la URSEC.

                Concretamente queremos hacer algunas preguntas referentes al articulado. Dentro del artículo 4º se crea el Proyecto de Inversión, Nº 970, “Desarrollo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas”, asignando una partida anual cercana a los $ 1:200.000 para el período 2007 - 2009, como contrapartida local del financiamiento externo no reembolsable del BID. Sobre esto me gustaría saber cuáles van a ser los cometidos específicos de este proyecto. A su vez, ¿se busca administrar o monitorear los programas de inversión presupuestados para el Quinquenio? En caso de ser así, ¿no existe una superposición con el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Quién fija los topes a tales inversiones?

                Con respecto al artículo 18, para gastos de funcionamiento se le asignan a los Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República una partida anual superior a los $ 3:200.000, de acuerdo con el siguiente detalle: $ 2:376.000 para publicación mensual, $ 497.614 para contrato de Bomberos y $ 389.660 para ajuste mantenimiento GEX. En este sentido, las dudas más relevantes están relacionadas con la publicación mensual, respecto de la cual nos interesa saber de qué se trata, a quién va dirigida y quién la va a elaborar.

Además, en el propio artículo 18 se asigna al Instituto Nacional de Estadística las siguientes partidas: $ 31:000.000 para la Encuesta Continua de Hogares; $ 520.000 para el cálculo y seguimiento de las nuevas líneas de pobreza; $ 5:400.000 para analizar, publicar y difundir los resultados del relevamiento de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares y para finalizar con el procesamiento de los datos generados por la Encuesta de Hogares Ampliada; $ 7:700.000 para el cambio de base del Índice Medio de Salarios de los sectores público y privado y reformulación de la base de cálculo del Índice de Precios al Consumidor, y $ 1:144.000 para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 64 de la Ley Nº 17.926, de 21 de febrero de 2001.

Es importante que todos estos cambios queden claros antes de llevarlos a cabo, dado el riesgo que se corre en la base de cálculo de los distintos indicadores porque, obviamente, la inflación y los salarios pasarán a calcularse de acuerdo con el criterio del Gobierno. Entonces, sin poner en duda la independencia técnica de quienes trabajan en el Instituto, solicito que se informe -si no puede ser en el día de hoy, quizás por escrito- sobre los criterios utilizados para cambiar la base de cálculo, más aún considerando que estos indicadores luego arrastran el cálculo de los reajustes de las pasividades y las Unidades Reajustables, entre otros.

También nos interesa saber si cuando se hace referencia a las “nuevas líneas de pobreza”, se está hablando de nuevos indicadores o de un seguimiento de los ya existentes.

Por otro lado, quisiera que se nos informara sobre qué cambios metodológicos se incluirán en el cálculo del Índice Medio de Salarios y del Índice de Precios al Consumo.

Más adelante, en el mismo artículo 18, se prevé que el Instituto Nacional de Estadística podrá efectuar contrataciones para la ejecución de tareas sustantivas y de apoyo, inherentes a las actividades estadísticas que lleva a cabo el Instituto, y también se establece que la duración del contrato será la necesaria al solo efecto de la realización de las tareas específicas para las que se asigne el personal. En consecuencia, queremos saber cuánto personal sería necesario contratar, considerando estos indicadores. A su vez, nos preguntamos si el personal temporal a contratar es para actualizar las bases o para hacer un seguimiento de los indicadores. Con relación a esto, ¿qué criterios se van a emplear para seleccionar y contratar el personal?

En cuanto al artículo 41, queda claro que se sustituye el artículo 72 de la Ley de Presupuesto, por el que se creaba la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información. Ahora esta pasa a ser un órgano desconcentrado, dependiente del Inciso 02, “Presidencia de la República” y sujeto a los controles de la URSEC.

Además, el artículo 42 establece que los cometidos asignados por el Poder Ejecutivo a otros organismos se considerarán asignados a esta Agencia, por lo que quisiéramos saber cuáles son esos cometidos.

A su vez, se crea una función de Alta Prioridad de “Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información”. También nos preguntamos en qué se está pensando cuando se dice que el Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General la estructura organizativa.

En definitiva, según nuestros cálculos y en función de las previsiones para retribuciones personales,  gastos  de  funcionamiento  e  inversiones,       la nueva Agencia costará a la población U$S 500.000 por año, de los cuales U$S 350.000 se van a gastar en remuneraciones.

Queremos que se nos conteste sobre ese punto específicamente en virtud de que, además, en función de lo que prevé el propio artículo 73, se fijan los niveles retributivos máximos nominales para las funciones contratadas de la URSEC. Por lo que allí se prevé, se puede ver que en los próximos tres años la URSEC le costará a la ciudadanía U$S 5:000.000 más que lo previsto.

En lo correspondiente a remuneraciones, figuran las siguientes cifras: para el año 2007, $ 18:872.304; para el año 2008, $ 29:437.540, y para el año 2009, $ 40:183.941. En lo que refiere a gastos de funcionamientos para cada uno de esos años, se establece lo siguiente: para el año 2007, $ 3:600.000; para 2008, $ 4:000.000, y para 2009, $ 4:400.000. En lo que tiene que ver con inversiones, estos serían los montos: $ 2:000.000 para 2007; $ 5:000.0000 para 2008, y $ 8:000.000 para 2009.

                En  conclusión,  reitero,  la  URSEC  le  va  a  costar  a la ciudadanía U$S 5:000.000 más de lo previsto. Es por esa razón que queremos que se nos informe sobre el tema.  

                Esto es todo lo que queremos preguntar, sin perjuicio del comentario que haremos al final, referido a una de las preguntas realizadas por el señor Senador Alfie sobre la baja del número de funcionarios públicos.

                Realmente nos cuesta creer que en un documento como la Rendición de Cuentas se haga gala del abatimiento del número de los funcionarios públicos por la cantidad que se expresa por la Encuesta de Hogares.

                Quiero quedarme con la última parte de la respuesta del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuando expresó que va a remitir por escrito dicho informe. Me sumo al pedido de dicha información, porque este punto me parece verdaderamente relevante.

                Muchas gracias.

SEÑORA DALMAS.- En el deseo de que la Comisión pueda concretar su tarea, voy a realizar una sugerencia.

Esta sesión comenzó alrededor de la hora 9 y 20 y se trabajó bastante, tanto por parte de la delegación, con la presentación que ha realizado, como por parte de los señores Senadores, a través de las preguntas que han formulado.

                Como  he notado que ahora se ha realizado, con toda legitimidad, una nueva batería de interrogantes, algunas de las cuales han sido ya largamente contestadas y constan en la versión taquigráfica, sugiero que para no reiterar respuestas que insumirían muchos minutos de sesión, la Presidencia señale las que considere que ya fueron respondidas -que no son todas ni muchas, sino algunas- y no se repita la información, porque de lo contrario no nos va a alcanzar el tiempo para terminar nuestro trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Teniendo en cuenta que esta es la única delegación que vamos a atender en la mañana de hoy -ya sabíamos que iba a ser una extensa sesión de preguntas y de discusión- y que se ha suspendido la concurrencia del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca prevista para horas de la tarde -oportunidad en la que recibiremos solamente a la delegación del Ministerio de Relaciones de Exteriores- vamos a solicitar a la delegación del Poder Ejecutivo que conteste las preguntas que se han formulado, y cuando entienda que la respuesta ya ha sido dada, la reitere someramente y señale que en la versión taquigráfica se podrá revisar con más profundidad lo expresado al respecto.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- De acuerdo con el orden de las interrogantes formuladas por el señor Senador Larrañaga, creo que correspondería que se evacuaran sus dudas sobre el artículo 4º, aunque eso ya ha sido comentado hoy por el contador Mesa, así como también sobre las demás normas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para contestar la pregunta formulada con relación al artículo 18, le cederíamos la palabra al Director de Servicios de Apoyo de la Presidencia y luego a la Directora del Instituto Nacional de Estadística, que también se encuentra presente.

                Por último, en lo concerniente a la URSEC contestarán los directores de dicha Unidad Reguladora.

SEÑOR VIERA.- Con mucho gusto le contestaré al señor Senador Larrañaga. Los argumentos acerca de la necesidad de que exista un sistema nacional de inversión en general, no sólo público sino también privado, han sido expuestos “in extenso” por mí esta mañana. Por tanto, me remitiré a las manifestaciones vertidas anteriormente. Entiendo que lo que está planteado en el artículo 4º es un avance en lo que concierne a la inversión pública. En este aspecto, existe la necesidad de establecer una contrapartida nacional con un monto bastante exiguo, por lo que el Legislador puede apreciar. Además, luego hay un préstamo no reembolsable, que no tiene costo para el Estado, de U$S 700.000; es decir que estamos hablando de cantidades pequeñas.

 Acerca de las finalidades,  puedo decir que sustentan, como dice el artículo, “el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversiones Públicas”. Hay que preguntarse qué tiene que contener dicho diseño, así como también cómo centralizamos toda la información, y no me refiero a la de los proyectos globalmente considerados sino al detalle de cada uno. A su vez, hay que estudiar cuánto tiempo lleva la ejecución, cuántos son los insumos que corresponden, cuál es el nivel de demanda de otras actividades y cuál es la prioridad de ese proyecto dentro del Ministerio. Un tema importante es el de la centralización de la información. Luego, como he dicho, viene la evaluación del proyecto en sí mismo que complementará la que proviene del organismo que lo propone. Seguidamente, está la priorización del asesoramiento, ya que la Oficina de Planteamiento y Presupuesto esencialmente es asesora y no toma decisiones.

 En cuanto al tema de si se van a poner topes en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y si eso colide con la actividad del Ministerio de Economía y Finanzas, no podemos verlo desde ese punto de vista. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está planteando esto al solo efecto del asesoramiento que  realiza al Poder Ejecutivo, como establece la Constitución de la República. Por lo tanto, no hay superposición con el Ministerio de Economía y Finanzas desde ningún punto de vista, y lo digo porque éste es un proyecto que se va a realizar en conjunto con dicha Cartera. En ese sentido, sabemos que tenemos la misión de asesorar la importancia y bondad de los proyectos. Como decía el señor Senador, debemos monitorear y ver si lo que se ejecutó luego de la decisión pertinente, se corresponde con los impactos y con los efectos que se pensaba que iban a tener. También, en ese sentido, estamos pensando en que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas contenga ese tipo de tareas.

                Es cuanto me corresponde informar.

SEÑOR RICCINO.-  La inclusión de esta partida del artículo 18, entre las cuales hay una suma asignada a una publicación mensual, obedece a ciertas necesidades que surgieron cuando ya estaba a consideración del Poder Legislativo el proyecto de Presupuesto quinquenal o que aparecieron en el correr del presente año. Con respecto a la publicación mensual, quiero decir que está pensada para mejorar la información de la Presidencia de la República hacia el público. Independientemente de que la Presidencia tiene algunos medios de comunicación, como la información que periódicamente se coloca y se renueva en su sitio web, se pretende llegar a algunos sectores de población que no tienen acceso a las tecnologías de la comunicación informática y, a la vez, mediante esta publicación poder difundir no solo actividades que hacen al funcionamiento de la Presidencia en general, sino también al desarrollo de algunos programas que ésta cumple y que carecen de una adecuada visibilidad en los medios de comunicación masivos debido a que no tienen una trascendencia política inmediata, más allá de la importancia social.

 Esta partida prevé una publicación mensual con un máximo de 30.000 ejemplares y un contenido de carácter sustancialmente informativo, que además de informar sobre ciertas actividades que pueda cumplir el Gobierno Nacional, haga conocer programas tales como “Knock out a las drogas” que desarrolla la Presidencia de la República, dirigido a medios socioeconómicos donde prolifera el consumo de algún tipo de droga, y que trata de captar población juvenil a través de la práctica del deporte, en particular del boxeo.

Otro programa que tiene poca visibilidad pública y que seguramente va a estar incluido dentro de las próximas ediciones de esta revista, que aún no se ha editado, es el relativo a la Salud Bucal Escolar que desarrolla y coordina la Presidencia de la República a través de la Comisión Honoraria Asesora en conjunto con el Consejo de Educación Primaria. También hay actividades que se realizan a través de la Secretaría Nacional de Drogas respecto a la prevención, asistencia y difusión de algunas actividades tendientes a la disminución del consumo de drogas que, si bien en estos momentos pueden tener cierta visibilidad en la prensa, merecen una publicidad mayor de la que tienen. Reitero, se trata de una publicación que tendrá, fundamentalmente, contenido informativo.

SEÑOR LEV.- Como este tema ya fue tratado, le vamos a ceder el uso de la palabra a la ingeniera Alicia Fernández para que amplíe la información.

SEÑORA FERNANDEZ.- Lo primero que quería aclarar, es que los montos previstos se cubren con los ingresos reales estimados de la Unidad. Me refiero a los que fueron calculados teniendo en cuenta también la morosidad que tenemos a veces para cobrar tanto las tasas como los ingresos. Esos números, hasta los que corresponden al final del quinquenio, se cierran con los ingresos de recaudación previstos para el año 2006.

                En cuanto a los montos que están previstos para remuneraciones, se incluye el pago de los salarios de los funcionarios que actualmente se encuentran en comisión, alguno de los cuales optarán por ingresar a la Unidad y otros tendrán que ser sustituidos mediante los concursos respectivos, y esas funciones se van a tener que cubrir. Además, está previsto el fortalecimiento en la Gerencia de Planificación Regulatoria que desempeña una tarea que actualmente está muy débil en la Unidad.

                Finalmente, vuelvo a aclarar que los montos previstos para la escala salarial corresponden a los que fueron votados por los propios señores Legisladores para la URSEA. Es más; quiero decir que dichos montos van a ser menores a los que se registren en los años 2008 y 2009, porque durante este tiempo se va a llevar a cabo un proceso de concursos para cubrir los cargos y así poder llegar al final del Período.

SEÑORA MELGAR.- Con mucho gusto voy a responder las interrogantes planteadas por el señor Senador Larrañaga.

                Con respecto a la pregunta de por qué cambiamos las bases de los índices, quiero señalar que tanto el Índice de Precios al Consumo como el Índice Medio de Salarios corresponden a índices con metodología tipo Laspeyres, que consiste en tomar una ponderación en un año base determinado, dejarla permanente durante cierto período y, en función de ella, calcular únicamente los precios. Esto significa que cuando las ponderaciones cambian por la vía de los hechos, -esto es, porque la sociedad y la economía cambian- es necesario de alguna forma tratar de actualizarlas.

                Las ponderaciones de los Índices de Precios al Consumo se calculan a partir de las encuestas de gastos e ingresos de las familias y la última encuesta que se realizó fue en 1994-1995. En función de ello, debe quedar claro que la ponderación del Índice para calcular la inflación seguramente se ha modificado mucho como consecuencia del cambio en el consumo registrado en los hogares del país a lo largo de estos años. Solamente podremos tener una nueva ponderación si realizamos una nueva encuesta de ingresos y gastos lo que, precisamente, está teniendo lugar en el presente año. Tal vez, el problema de todo esto radica en el hecho de que las encuestas deberían hacerse más seguido para evitar que la base del índice se desactualice demasiado.

                En el caso del Índice Medio de Salarios, la situación es muy similar. Cuando se calcula la ponderación base del Índice Medio de Salarios que, en este caso, data de 2002, hay que tomar en cuenta, tanto en el sector público como privado, diferentes ponderaciones de Unidades Ejecutoras -para el sector público- y de categorías de trabajadores. Esto ha cambiado bastante porque el país sufrió, realmente, modificaciones de importancia.

                En definitiva, creemos que es necesario que hoy tengamos nuevas ponderaciones de índices para que las variaciones que se registren reflejen la realidad; esto es, lo que está ocurriendo en el país. Ahora bien; ¿cómo lo calculamos? Obviamente que no lo hacemos sentados detrás de un escritorio, sino que nos basamos en nuevas estadísticas y encuestas de actividad económica y de ingresos y gastos. Para llevar a cabo esta tarea, muchas veces contamos con el apoyo de personal contratado por organismos internacionales, como el PNUD y el UNFPA, además de tener un permanente contacto con las autoridades de la Universidad de la República. Debemos destacar que, una vez que se realizó el cálculo del índice, se hace público a través de la página web, la cual está a disposición de cualquier persona que desee consultarla.

                En cuanto a las líneas de pobreza, debemos decir que la situación también es similar, pues para su cálculo se toman en cuenta las encuestas de gastos e ingresos de las familias. Para llevar a cabo esta elaboración, que es compleja, se necesita del apoyo de distintos técnicos, tales como nutricionistas, economistas, sociólogos, etcétera.

                Aquí de lo que se trata es, justamente, de reflejar la realidad que va cambiando y que no podemos dejar congelada en el tiempo. Entonces, el hecho de que se calculen nuevas líneas de pobreza y nuevos índices, no significa que se vaya a perder información ni a utilizarla con determinado criterio; por el contrario, se va a adecuar la información que se tiene a la realidad del país.

                También en lo que tiene que ver con el personal que se va a contratar -esto está vinculado a la última parte del artículo 18- quiero decir lo siguiente. Cuando hacemos encuestas, necesitamos más gente de la que tiene el Instituto: encuestadores, supervisores y personal de apoyo, en términos administrativos.

Respecto a los criterios de selección, quiero manifestar que desde abril de 2005 -es decir, desde el momento en que comencé a desempeñar funciones en el Instituto Nacional de Estadística- se han realizado concursos abiertos y todavía se siguen realizando, porque muchas veces se nos va gente y, entonces, cada poco tiempo hacemos llamados para varias regiones o para todo el país. Las personas que se presentan a esos llamados son cuidadosamente evaluadas, se les dan cursos de capacitación, se les efectúan pruebas y, finalmente, se selecciona a quienes entran a trabajar en el área de las encuestas. Eso también figura en la página web y los señores Senadores lo pueden comprobar en cualquier momento.

SEÑOR RUBIO.- Quiero hacer dos preguntas. En primer lugar, el Estado tiene amplia experiencia sobre sistemas que se han aplicado bien y otros que se han desvirtuado, como es el caso de los contratos de obra, las becas y pasantías, los pases en comisión, así como otros sistemas que dan flexibilidades. En este aspecto, quiero saber si la Oficina Nacional del Servicio Civil ha hecho algo en lo que tiene que ver con la reglamentación del régimen de contratos de becas y pasantías. Digo esto porque en  los distintos Ministerios y también en la URSEC, aparecen recursos con este destino y porque también he visto que en el artículo 33 la Oficina avanzó de una manera interesante en este punto. Por la legislación vigente, no había una distinción entre los contratos de becas y los de pasantías. Sin embargo, en esa disposición se establece que se considerará becario al estudiante, y pasante a quien haya culminado los estudios correspondientes, y se remite a la Ley de Presupuesto del año 2001, en la que los artículos 620 al 627, avanzaban en la definición del sistema. Pero por lo que veo, en el artículo 621 de la anterior Ley de Presupuesto se dispone que el Poder Ejecutivo va a reglamentar los sistemas de ingreso, de selección, de remuneración, que se van a hacer por llamado público -cuando no se trate de convenios con instituciones educativas- y que se va a tener en cuenta para la selección, la escolaridad mínima exigible y el grado de avance en la carrera. En consecuencia, esto podría ser aplicable a unos casos pero no para los pasantes. Me parece que, en realidad, hay ciertas incongruencias desde el punto de vista de la legislación.

                Por otra parte, quiero saber qué es lo que la URSEC piensa hacer, en el caso específico del artículo 75, en cuanto a la selección y al tipo de actividad que realizarían. Esta es la pregunta que quería hacer con relación al sistema de becas y pasantías.

                La otra pregunta que quiero formular tiene que ver con la representación ante organismos internacionales. Quisiera saber cuáles serían las funciones que antes tenía ANTEL y que ahora asume la URSEC, y si se ha acordado algún orden de complementación en cuanto a la representación internacional. Esto refiere al inciso final del artículo 76, que refiere al 90 de la Ley Nº 17.296 -seguramente el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo tendrá más claro- que establece que “La URSEC tendrá asimismo, la representación del Estado en las distintas organizaciones internacionales de telecomunicaciones y postales”.

SEÑOR RUOCCO.- Cada uno de los artículos que aquí aparece tiene un afán ordenador, aunque sabemos que en esta materia vamos avanzando en sucesivas aproximaciones. Tenemos la necesidad de esclarecer y tratar de uniformizar, en lo posible, todo lo relativo a los vínculos laborales con el Estado, pero debe quedar claro que cuando promovimos este artículo -en el que se ordenan las mejores definiciones de relacionamiento del Estado con becarios, pasantes y otras formas que en la disposición se describen- lo hicimos conociendo la necesidad que tiene el Estado de contar con ese tipo de personas de manera temporaria, en primer lugar para cumplir una tarea de ese carácter y, en segundo término, para no perder esa vocación social de posibilitar, en algunos casos, una primera experiencia laboral, y en otros, una tarea de carácter zafral que comience y termine, o una tarea eventual, que supone una situación bastante similar a la anterior.

                En lo que respecta al becario, estamos hablando de la posibilidad de que el estudiante tenga un emolumento por parte del Estado, para que pueda proseguir sus estudios.

Sin embargo, en todos estos casos, a efectos de no ingresar en una cadena sinfin de desorden, es preciso cuidar lo que representa una parte sustantiva de este asunto, que es el hecho de que esta gente ingrese y egrese del Estado en los plazos comprometidos. De no ser así, cada persona que pensara trabajar en el ordenamiento de los recursos humanos del Estado, como primer paso debería encontrar -como tuvimos que promover nosotros en el artículo 7º del Presupuesto- un proceso de naturalización de las relaciones de funcionarios que, por no poder ingresar a través de las vías democráticas, lo hicieron bajo esas otras formas de contratación, y posteriormente fueron quedando en la función pública, pasando a cumplir tareas de carácter permanente, desnaturalizándose la razón de su contratación.

                Por lo tanto, estamos advertidos -y creo que el señor Senador Rubio nos lo recuerda- en el sentido de no hacer un círculo insano que determine que quienes ingresan bajo estas formas queden trabajando en el Estado. Indudablemente, desde el punto de vista del rol social que el Estado debe llevar a cabo, esto representaría una forma de incumplimiento y, además, también se estaría rompiendo la cadena de solidaridad con aquellos que puedan ingresar en el Estado para concretar su primera experiencia laboral o lograr un sustento para continuar sus estudios y llegar a recibirse.

Reitero que se trata de sucesivas aproximaciones que estamos haciendo.

Los señores Senadores saben que todo el sistema de recursos humanos del Estado se encontraba bastante entreverado; se habían hecho cambios, pero de manera incremental, sumatoria, para los que no se había realizado realmente un trabajo de fondo como en este caso, donde nosotros promovemos definiciones claras que nos comprometen ante el Parlamento, el Poder Ejecutivo y la ciudadanía a su cumplimiento, máxime cuando este Poder Legislativo ha posibilitado, a través del Presupuesto Nacional, el ingreso democrático a la función pública. Por lo tanto, para tareas permanentes vamos a promover que en el Estado ingresen funcionarios con ese carácter.

SEÑORA FERNANDEZ.- El tema de los becarios está especialmente previsto para que estudiantes complementen su formación con la experiencia técnica y práctica de los funcionarios idóneos con que cuenta la institución, sobre todo en la especialidad de monitoreo de espectro y gestión del espectro. Debemos tener presente que esta experiencia no se puede adquirir en otros organismos ni instituciones. A su vez, se procura que ellos aporten todo el conocimiento teórico y el manejo de nuevas herramientas. En particular, los nuevos equipos de monitoreo se manejan con herramientas de “software”, por lo que tener la posibilidad de que gente joven haga pasantías, enriquecerá a la institución sin necesidad de generar un “staff” permanente, aunque de todos modos luego podrá tenerlo a través de los llamados y concursos correspondientes. Esa es, principalmente, una de las carencias que encontramos en la institución.

SEÑOR CAMELO.- Con respecto a la representación, la ley de creación de la URSEC estableció que dicha Unidad sería la encargada de mantener las relaciones internacionales con los organismos de comunicación, así como de proponer al Poder Ejecutivo la realización o asistencia a reuniones de dichos organismos, y también los delegados. Si bien para telecomunicaciones estaba bastante claro, en materia postal no existía esa claridad y surgía la duda -no para nosotros que sabíamos que el regulador es quien ejerce la representación- a nivel de organismos internacionales como la UPAEP, que tiene sede en nuestro país. Se dio una situación no deseable que pretendemos solucionar a través de la aclaración por la vía legislativa. El país sede es autoridad de inspección y como tal debe entender en los recursos que se interponen contra decisiones de la UPAEP. Es así que se presentó un recurso por parte de funcionarios jubilados de la UPAEP y ésta lo envió a la Administración Nacional de Correos y a la URSEC para su resolución. Afortunadamente, ambos organismos entendieron que eran Autoridades de Alta Inspección y resolvieron en el mismo sentido, pero hubiera sido un tremendo papelón que uno dijera una cosa y el otro una distinta. De manera que es un tema que se debe aclarar.

Desde el punto de vista internacional es natural -y así se hace- que el regulador ejerza la representación, ya que es lógico que esa misión no puede estar en manos de un operador. Pensemos, por ejemplo, en la Administración Nacional de Correos, que si bien es el correo oficial, es sólo uno de los operadores postales, y otro operador podría argumentar que la balanza está inclinada hacia un lado. El regulador es, naturalmente, quien debe ejercer la representación. Así está establecido en materia de telecomunicaciones y aspiramos a que ocurra lo mismo en materia postal.

                Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.-  Lamento que en este momento no esté presente el señor Secretario de la Presidencia porque muchas de las preguntas que voy a formular son de carácter político y están dirigidas a él, a no ser que las pueda derivar a otro.

SEÑOR LARRAÑAGA.-  ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Gracias señor Senador; de paso vamos ganando tiempo para que ingrese al recinto el señor Secretario de la Presidencia.

                Quisiera preguntarle a la delegación de la URSEC, encabezada por su Presidente, cuáles son las facultades previstas por el artículo 77 del proyecto de ley a examen, en donde se le da un mayor poder sancionatorio a la URSEC, en donde se  consagra una verdadera policía de las telecomunicaciones. Queremos tener alguna explicación sobre esas potestades en virtud de que evidentemente, en este caso, hay una acumulación de poder.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El señor Senador Heber prefiere que se conteste esta pregunta al señor Senador Larrañaga para después hacer uso de la palabra?

SEÑOR HEBER.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR LEV.- Quiero aclarar que no se le dan nuevas atribuciones, sino que se clarifican sus responsabilidades en el cumplimiento de la autoridad y aplicación de las normas de defensa de la competencia, en el ámbito de los cometidos comprendidos en las leyes vigentes. Repito que aquí no se amplían las potestades, sino que se clarifican las responsabilidades que tiene la Unidad Reguladora además de los cometidos y poderes jurídicos establecidos en los artículos 86 y 90 de la ley de creación de la Unidad Reguladora, la Nº 17.296. También clarifica las leyes de 2000 y de 2001, porque efectivamente muchas veces el Ministerio de Economía y Finanzas, en todo lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, traslada los temas de las telecomunicaciones a la Unidad Reguladora. Esto es lo único que estamos clarificando en el ejercicio de la normativa vigente. No se están ampliando aspectos, sino que este es el ordenamiento jurídico vigente y la responsabilidad de la Unidad Reguladora en los ámbitos que le corresponde.

SEÑOR CAMELO.- Quiero aclarar al señor Senador Larrañaga que, probablemente, el tenor del artículo induce a pensar que se amplían las potestades y, en cierta manera, es así en el siguiente aspecto. La Ley de Rendición de Cuentas Nº 17.556 estableció que la URSEC dispondrá, además de los cometidos de los artículos 86 y 90 de la Ley de creación, prevenir conductas anticompetitivas o de abuso de posición dominante en las actividades referidas en el artículo 71 de la citada Ley, es decir, las relacionadas con telecomunicaciones y postal.

                Es natural que en estas materias, en la medida que organismo especializado entre comunicaciones y postales, la Dirección de Comercio ‑como señaló el señor Presidente Lev- remita normalmente a la URSEC para que entienda en esas denuncias. Lo que sucede es que el tenor de la Ley de Rendición de Cuentas, en la medida que habla de prevenir conductas anticompetitivas, implicaba en la interpretación de algunos -no de nosotros- que no podíamos sancionar conductas anticompetitivas. Entonces, si solamente puede prevenir esa clase de conductas, quedaría en la nada o muy vacía de contenido la actuación de la URSEC. En una interpretación que efectuamos en la Unidad, entendimos que no se trataba solamente de prevenir las conductas anticompetitivas, sino también de sancionarlas, que es lo que se incluye en el texto.

Esto clarifica la situación, aunque era algo que ya teníamos en nuestra competencia, pero para evitar discusiones y dudas, se colocó a texto expreso que la URSEC no solamente va a prevenir conductas anticompetitivas -como decía la Ley de Rendición de Cuentas- sino que también las va a sancionar, lo cual parece bastante lógico por ser el organismo especializado en ello.

SEÑOR HEBER.- Ahora que se encuentra nuevamente presente en Sala el señor Secretario de la Presidencia, me gustaría formular algunas interrogantes en torno a temas políticos que han salido a la luz en la prensa en los últimos días y que son realmente preocupantes; además, no tengo otro ámbito para preguntar sobre ellos más que éste.

                Concretamente, en determinados programas periodísticos emitidos por televisión se han efectuado algunas afirmaciones que nos han creado preocupación, sobre las cuales no vemos ningún indicio en el planillado ni en el articulado. Me estoy refiriendo a la voluntad del Poder Ejecutivo de comprar un avión que cuesta U$S 20:000.000. Según tengo entendido, se ha informado que el Gobierno está desestimando la idea. Me gustaría que se me confirmara si eso es así, en cuyo caso felicitaría al Poder Ejecutivo porque, francamente, gastar U$S 20:000.000 en un avión presidencial no es la mejor señal para emitir en un país que trata de salir de una crisis.

Concretamente, queremos saber si se desestimó la idea; de ser así, ¿dónde estaba estimado el gasto? Y pregunto esto porque si se resolvió no efectuarlo, supongo que figurará en alguna planilla, ya que dentro del Presupuesto estaba previsto hacer ese gasto.

En caso de que no se haya desestimado, podríamos realizar una serie de comentarios; o sea, en caso de que el Poder Ejecutivo entienda que debe seguir adelante con la compra del avión presidencial, nos gustaría dedicarnos a debatir sobre el tema, ya que para nosotros es altamente inconveniente, además de innecesario, efectuar ese gasto.

                En definitiva, lo importante es saber si este gasto ha sido desestimado, porque si disponemos de U$S 20:000.000 en caja, que no se van a utilizar, entonces podríamos restarlos de algún impuesto, de ser posible.

                En segundo lugar, quiero señalar que en estos mismos programas televisivos, así como en distintas publicaciones, se habló de las obras de seguridad de la residencia presidencial de la avenida Suárez -no sé si este tema debe estar dirigido a la Secretaría de la Presidencia o al señor Jorge Vázquez, que también se encuentra aquí presente- donde se colocaron vidrios blindados y se levantaron muros más altos, en fin, donde se implementaron medidas de mayor seguridad. En principio, nos gustaría saber cuánto costaron dichas medidas. ¿Cuánto le costó a los uruguayos esta inversión en mayor seguridad? A nuestro juicio, parecería que este tema está teñido con un poco de paranoia: vidrios blindados, mayor cantidad de muros, además de reforzados. Realmente no vemos cuál puede ser la razón aunque, de pronto, puede haber información dentro del Poder Ejecutivo que justifique esta obra. Entonces, a pesar de la información que nos brinden, queremos saber cuánto nos está saliendo esta obra.

                Tengo dos preguntas más de este tenor para realizar. Una de ellas se refiere al cambio del administrador de la Estancia Presidencial Anchorena. En realidad, me parece que es una decisión legítima del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, que quiere tener un administrador de su confianza. Si mal no recuerdo, ahora está allá  un productor de Zapicán que,  quizás, dé confianza al señor Presidente de la República.  Al respecto, quiero saber si se le hizo un contrato, si se le dio la facultad de administrador y cuánto se le está pagando. Sería bueno saber todo esto, no por el volumen sino por el criterio aplicado. Me parece válido el hecho de que si el administrador anterior no era de confianza del Presidente, haya querido cambiarlo; pero, reitero, quiero saber cuánto se le está pagando, si el contrato es por año, si es un contrato de resultado o si es un contrato que está dentro de los dineros de confidencialidad o gastos reservados que tiene el Presidente.

                La  pregunta que voy a formular a continuación, deseo que la responda el señor Jorge Vázquez, quien es Jefe de Seguridad.

                En el día de ayer, en la ciudad de Melo, se realizó un planteo muy duro al señor Presidente de la República por parte de los periodistas, con respecto a los gastos en seguridad. Esto motivó que el Presidente de la República saliera a decir -lo vemos en los diarios de hoy- que sus gastos en seguridad son los mismos que los de sus antecesores. Además, el señor Presidente manifestó que lo puede probar. Quien habla no pretende tanto, pero sí quiere que le aporten alguna justificación que pueda acercar los gastos que se están haciendo en este momento -algo que para mí es difícil de comparar- con los que tuvieron anteriores Presidentes. Quizás, la Administración lo justifique en función de que el mundo y el Uruguay vienen cambiando y de que hay problemas de seguridad en el país; quizás, la justificación viene por ese lado.

                Me gustaría que la Secretaría de la Presidencia, o quien ella designe, nos haga un comentario sobre estas interrogantes que no son odiosas, sino que se deben hacer, ya que si nosotros salimos de esta Sala con dudas, podemos hacer comentarios equivocados que pueden generar situaciones ríspidas. Es mejor hablar de frente y descarnadamente sobre temas que puede resultar odioso contestar.

SEÑOR FERNANDEZ.- Con mucho gusto, señor Senador, voy a contestar las dos preguntas que formuló. Debo aclarar que no las considero odiosas ni en su formulación ni en su respuesta, más allá de que, obviamente, no están relacionadas con el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que hoy estamos considerando. Más allá de ello, al señor Senador le consta que tiene un canal abierto y que este no es el único ámbito ni la única instancia en la que puede acudir a mí para preguntar sobre estos temas.

                En primer lugar, voy a pasar a responder la inquietud del señor Senador sobre el avión presidencial.

                Obviamente, este tema no esta incluido en el planillado de la Rendición de Cuentas, porque merece ser estudiado y meditado en profundidad lo que, en definitiva, significa resolver una ecuación costo - beneficio.

                La adquisición de lo que la prensa ha llamado avión presidencial es, en rigor, la adquisición de un avión para uso del Estado que, fundamentalmente, podría abaratar costos cuando se trata de viajes de delegaciones numerosas,  tanto por los precios de los pasajes en vuelos regulares de línea, como por el costo que implica la movilización de los aviones Hércules o Brasilia -los que tienen mayor capacidad de la Fuerza Aérea- que generan un costo muy importante de combustible. De modo que acá es cuestión de hacer cuentas con el lápiz, afinarlo, y ver qué conviene más: seguir gastando en lo que se está gastando o adquirir un recurso que quedará para el Estado uruguayo y que a la larga puede ser más económico, más beneficioso.

                El tema se está estudiando, porque dentro de las posibilidades existentes hay algunas variantes ventajosas, como son las de entregar -al igual que sucede con el mercado de automóviles- un avión usado y obtener uno nuevo cero kilómetro -si se me permite llamarlo así- que podría entregarse bajo un sistema de leasing, es decir de arrendamiento, y que la opción de compra recién estuviera al final, seguramente fuera de este período de Gobierno.

Por ahora sólo son ideas. No puedo decir que estén descartadas en forma definitiva, pero tampoco puedo señalar que la decisión esté tomada, porque efectivamente no lo está. Sí quiero insistir, con absoluta franqueza, en que el objetivo y propósito de esta idea es, eventualmente, dotar al Estado uruguayo de una aeronave que posibilite, a futuro y por muchos años -no sólo durante este período de Gobierno- el traslado de delegaciones presidenciales y ministeriales numerosas para abaratar el costo que hoy significa todo eso.

Hasta aquí es lo que puedo señalar al día de hoy; en el momento en que esto se defina, con mucho gusto se los habré de comunicar.

La segunda pregunta que formuló el señor Senador, refiere al cambio de administración en el Establecimiento Presidencial de Anchorena. Al respecto, debo decir que la información con la que usted cuenta es equivocada. La administración de Anchorena está a cargo del Jefe de la Casa Militar que, desde luego, cuenta con los servicios de algún subalterno con grado de Mayor, y para la parte específicamente productiva, con dos técnicos, ingenieros agrónomos. La persona que usted menciona ha sido contratada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              como casero del Establecimiento, no como administrador o capataz, y se le abona merced a un contrato de adscripción de los que tiene a disposición el señor Presidente. Su salario no es nada del otro mundo; no recuerdo la cifra con exactitud, pero si le satisface una aproximación, podría decir que se sitúa entre los $ 10.000 y los $ 15.000 mensuales. No es el administrador, sino el casero del Establecimiento Presidencial de Anchorena.

Respecto de las obras y de los gastos de seguridad de Suárez que ha planteado el señor Senador, le cedo el uso de la palabra al señor Prosecretario de la Presidencia.

SEÑOR VAZQUEZ.-  Antes que nada, quisiera formular una aclaración al señor Senador. Yo no soy el Jefe de Seguridad, sino que lo es el Comisario Álvaro Vergara. Simplemente, la Seguridad Presidencial, como servicio, depende de la Prosecretaría, tal como fue aprobado en la última Ley de Presupuesto.

Por nuestra parte, no llamaríamos obras de seguridad a las obras de Suárez, sino que formarían parte de una de las reestructuras que se hicieron en la Residencia Presidencial de Suárez. Desde el momento en que en uno de los edificios ubicados fuera de la Casa Presidencial comenzaron a funcionar las oficinas del señor Presidente, se habilitó una nueva entrada por la calle Suárez, eliminando aquel muro y aquellos portones negros, que sin lugar a dudas ustedes conocían. Se creó una nueva entrada, a nuestro criterio más moderna, adecuada y útil para el ingreso de las delegaciones, mandatarios, personal extranjero y nacional, que se entrevistan con el señor Presidente en ese lugar. Además, la Residencia de Suárez no tenía Sala de Prensa, y ahora se habilitó una que permite a los señores periodistas disponer de un lugar adecuado y resguardado del frío y de la lluvia.

Como decíamos, las obras no revisten medidas de seguridad en especial, salvo en lo relacionado con los vidrios de la caseta de entrada donde está el funcionario policial que, precisamente por razones de su seguridad, son de mayor grosor que los habituales. Por lo tanto, entendemos que se trata de obras financiadas por los rubros presupuestales que fueron aprobados en la última Ley de Presupuesto.

                Con respecto a las otras medidas de seguridad -que en los últimos tiempos han tenido bastante repercusión a través de la prensa- podemos manifestar, para tranquilidad de todos, que no hay ningún riesgo potencial a tener en cuenta en este momento, que amerite reforzarlas. Por lo demás, consideramos que dichas medidas forman parte de las habituales, así como de los gastos que fueron aprobados en el último Presupuesto para el funcionamiento de la Presidencia de la República.

SEÑOR ALFIE.- El Secretario de la Presidencia había dicho que estaba a estudio el tema de los costos de los pasajes. En la página 10 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en el cuadro II del Tomo de Funcionamiento, figura el total de gastos de pasajes al exterior de todo el Gobierno, de toda la Administración Central y de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución. Según lo que allí consta, el total del año pasado ascendió a U$S 873.000, que es menos del 4,5 % del costo del avión, de los supuestamente U$S 20:000.000. Eso no cubre ni los intereses. Me parece que si este es el tema -recuerdo que estos valores son más o menos iguales todos los años- no resiste el más mínimo análisis, más allá de que hay que agregar lo concerniente al costo de capital y de funcionamiento, como así también el “overhall” del avión, que todos sabemos que es carísimo. De hecho, tenemos aviones de la Fuerza Área parados en Chile, a los que se les está haciendo el “overhall”. Entonces, creo que debe de haber algún otro argumento, porque de lo contrario este tema no resiste un análisis.

SEÑOR FERNANDEZ.- Respeto que para el señor Senador existan cosas que no resisten el análisis. Vuelvo a insistir en que no se trata de la compra de un avión para un Presidente, sino para el Estado, que sería manejado y operado por la Fuerza Área y que vendría a sustituir otros aviones bastante más obsoletos. Pero, en definitiva, la operación de compra ni siquiera está definida, porque una de las hipótesis que se barajan -como acabo de manifestar- es el leasing, es decir, un arrendamiento con opción a compra que, finalmente, puede efectivizarse o no.

                Insisto en que el tema del avión no está resuelto y que en él inciden varios factores. Uno es el de los costos y otro, sin duda, el de la imagen institucional del país, que podría tener, no un avión suntuario o de lujosas dimensiones, pero sí un medio de transporte adecuado que permita trasladar no sólo al Presidente sino también, eventualmente, a delegaciones del Gobierno y, quizás, a los propios parlamentarios que deban viajar al exterior.

                De todas maneras, expreso modestamente mi opinión en el sentido de que estamos hablando en abstracto de algo que no se ha concretado y que está siendo objeto de análisis y de meditación. Por ende, parece ocioso -más allá de atender con mucho respeto las observaciones que formulan los señores Senadores- ponerse a discutir este asunto en el día de hoy.

SEÑOR HEBER.- Ha quedado claro el tema de la compra del avión, pero entiendo que si se produce una decisión favorable al respecto, tendremos que considerarlo en el Parlamento, para cumplir con la función de contralor que hace la oposición.

                También ha quedado clara la exposición del señor Secretario con respecto al casero de la Estancia Anchorena. Para nosotros era importante contar con estos datos, porque según la información que nos había llegado de la prensa, se lo había despedido.

                En cuanto a la seguridad, no recibimos el bosquejo que contiene las comparaciones a que hacía referencia el señor Presidente en las declaraciones formuladas en la ciudad de Melo, relativas a que se estaba gastando lo mismo que en anteriores presidencias. Quizás el señor Vázquez tenga algún comentario para hacer en ese sentido.

                Por otro lado, quisiéramos saber cuántos contratos de este tipo se han realizado por parte de la Presidencia. No tenemos la información sobre si pueden ser diez, veinte, cincuenta o quizás cien, los contratos de este tipo que se agregan a los establecidos en el Presupuesto.

SEÑOR FERNANDEZ.- En este momento no cuento con la nómina exacta de los contratos de adscripción que se han realizado. Sin embargo, como los señores Senadores saben, la Presidencia tiene un cupo de contratos de adscripción que tanto el Presidente actual como los anteriores han utilizado. Sí puedo informar acerca de las funciones que se están cubriendo con estos contratos como, por ejemplo, la de la secretaria personal del Presidente -aunque parezca absurdo, en este país el Presidente no tiene derecho a tener una secretaria de confianza, y por eso tiene que utilizar un contrato de adscripción- la del casero de la Residencia de Suárez y la de algún asesor letrado. Sin duda, hay un cupo determinado, de manera que no se trata de un número ilimitado de posibilidades ni hay un permiso para gastar sin ninguna clase de cortapisa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de finalizar la sesión, informamos a los señores Senadores que a partir de la hora 15 se recibirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y que la visita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, prevista para la tarde de hoy, ha sido suspendida y se realizará el día 2 de agosto a la hora 9.

                Agradecemos la presencia de la delegación encabezada por el señor Secretario de la Presidencia de la República y el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

                Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 11 y 49 minutos)