SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 11 y 16 minutos)

                - Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, está presente la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas encabezada, por el economista Mario Bergara, Subsecretario de dicha Cartera. Lo acompañan el contador Ariel Rodríguez, Contador General de la Nación;  el doctor Miguel Toma, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil; el economista Hugo Villarino, Director de la Dirección General Impositiva; el Director de la Dirección General de Rentas, economista Eduardo Zaidensztat; el contador José Galeano, Sub Contador General de la Nación; el economista Jorge Polgar, Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas; las contadoras Susana Díaz y Marta Abilleira, asesoras del Ministerio y el contador David Eibe, Jefe de la Asesoría Tributaria del Ministerio.

                Tal como habíamos quedado, producto de que  la sesión pasada se tuvo que levantar a las 17 horas, le damos la palabra al señor Senador Alfie, quien hará preguntas sobre la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal en general. Luego de respondidas las mismas y si ningún otro Senador desea intervenir sobre el punto, cederíamos la palabra al señor Subsecretario Bergara para que hable puntualmente sobre el Inciso “Ministerio de Economía y Finanzas”.

SEÑOR ALFIE.- Quisiera dar la bienvenida a la delegación. Lamentablemente no vino el señor Ministro, pues en la sesión pasada me quedó una intervención para realizar. De todas maneras, la haré porque está presente el señor Subsecretario que  es tan solvente como el señor Ministro y, seguramente, él me podrá responder.

                Mi intervención va a constar de tres partes. En primer lugar, me voy a referir a algunas afirmaciones de carácter general que realizó el señor Ministro, que estimo que son incorrectas y voy a explicar  por qué lo son. Me parece bueno que se expresen en este ámbito y si bien no se van a dirimir, es conveniente que cada uno dé su punto de vista. La segunda parte refiere a apreciaciones sobre el proyecto en sí y, la tercera, la constituyen preguntas relativas al tema anterior y el articulado, sobre el cual, realmente, tengo unas cuantas inquietudes.

                En primer lugar, como decía, quiero aludir a aseveraciones realizadas. Se dijo que la pobreza y la indigencia del año 2004 fue la más alta de la historia. Esto es absolutamente incorrecto.  Las estadísticas oficiales dicen otra cosa: que en los años l984 y 1985 la pobreza en los hogares era del 48% y no del 30%, como en el año 2004, que la indigencia superaba el 12% y no el 2% o el 3% -no recuerdo exactamente- como en el  año 2004. Pero lo que más me extraña de esta aseveración es lo siguiente.

                Todos saben, el señor Ministro y el equipo económico, que  más menos entre el 10%  y el 15% del rango de pobreza, se concentra, prácticamente, el  30% de la población. Por lo tanto, es decisivo el nivel de ingreso y de crecimiento para salir o entrar a los niveles de  pobreza. De no ser así, no hubiera sido tan fácil llegar en apenas doce o trece años del 48% al 15%. Es sólo crecimiento porque éste, apenas sube razonablemente enseguida se va para el otro lado. No quiere decir que la mejora sea sustancial y, por eso, se mantuvo esto hasta el año 2002 porque, el promedio tampoco da un aumento enorme de los pobres. A partir del cambio de precio que trajo la devaluación  se elevó el número de pobres porque, con el mismo ingreso, muchos pasaron descendieron rápidamente. Por lo tanto,  me extraña mucho que se diga que la baja en el total de pobreza del año pasado    -que bienvenida sea y, obviamente, va a continuar- sea producto del Plan de Emergencia. Es producto del aumento de los ingresos provocado, lisa y llanamente, por el crecimiento.

                Esta  es la primera afirmación que considero incorrecta y, por supuesto, entiendo al señor Ministro o al Gobierno, quienes deben defender sus logros y resaltar lo que están haciendo como mérito propio pero me extraña, reitero, que el señor Ministro haya entrado en este juego pues sabe que no es exactamente así.

                El segundo punto tiene que ver con que el señor Ministro dijo que las reservas internacionales netas estaban superando los U$S 3.500:000.000 y yo digo que se trata de reservas brutas. Con respecto a las reservas netas, sé que hay una deuda con el Fondo Monetario de U$S 1.700:000.000, lo que resta seguro porque se trata de activos de reserva y el pasivo de reserva no está contado por lo que estaríamos, como máximo, en U$S 1.800:000.000 pero, seguramente haya menos reservas netas. Lo que sí es cierto -y me complazco en resaltarlo porque me parece bueno- es que se están fortaleciendo las reservas, tanto las netas como las brutas. Y esto es lo positivo y no el número que luce como que era el mayor, ya que no es comparable con el que teníamos antes de la crisis que eran tres mil y pico de reservas netas de verdad. También dentro de  esas reservas netas están los depósitos de los Bancos como un activo y no como un pasivo de reserva neta y todos  sabemos que los depósitos de los Bancos no son nuestros.

Por lo tanto, me da la impresión de que técnicamente no es lo mejor resaltar ese número; me parece que deberíamos decir que está mejorando la posición de reserva  y la posición en moneda extranjera del Banco Central  -lo cual es cierto y es bueno  que así sea, por lo menos desde mi punto de vista- aunque no suceda esto con las reservas, como dato absoluto. De hecho, la posición de reservas y las propias reservas están mejorando desde marzo de 2003 de manera ininterrumpida.

Con respecto a la deuda se hicieron muchas afirmaciones; creo que demasiadas. En primer lugar, no es cierto que la deuda del año 2004 era la más alta de la historia del Uruguay, ni la más alta del mundo en relación al Producto. En relación al Producto hay una cantidad de países que superan largamente ese valor, y tampoco era la deuda más alta en la historia del Uruguay. Quiero recordar -el señor Subsecretario y su equipo seguramente saben esto-  que en los años 1984 y 1985, cuando el país retorna a la democracia, la deuda bruta alcanzaba el 95% del producto -recalco que estoy hablando de la deuda bruta; después me voy a pronunciar sobre por qué estoy a favor de medir la deuda bruta y no la neta- aunque en realidad no era 95%, sino que estaba creciendo de manera explosiva y ese era el problema. Además, en diciembre de 1984 nuestro país declaró el “default”, por lo que se tuvo que salir a renegociar.  En el año 2004 la deuda queda aproximadamente en el 80% del Producto Bruto, pero estaba cayendo y había comenzado una curva hacia atrás. O sea que la situación era totalmente diferente al principio que al final.

Sin embargo, más importante que el valor de deuda -que de por sí ya es importante y al día de hoy tiene su influencia-  es el valor de intereses a Producto y, sobre todo, el sacrificio que hace el país en la cuenta corriente del balance de pago, es decir, los intereses netos que transferimos al interior, la renta que se va al exterior. En los años 1984-1985, eso alcanzaba a 7,5 puntos del Producto: 9,3 salían y 1,8 entraban. El términos del Producto de este año, que van a ser como U$S 19.000:000.000, estaríamos hablamos, prácticamente, de U$S 1.400:000.000.

¿Cómo quedó el país en el 2004? También con tendencia descendente, y con 3.2% del Producto; menos de la mitad. En términos brutos, en lugar de 9,3%, 5%, o sea, un poquito más de la mitad. Esos son los números relevantes, porque el esfuerzo para pagar la deuda que refleja la carga de intereses, es mucho menor; era menos de la mitad en el 2004, que en el año 1985.  Creo que ese es el número más relevante.

Además, no sólo la deuda no quedó en “default”, sino que quedó renegociada; la deuda con privados quedó renegociada a largo plazo, y la deuda con los organismos ‑que como todos sabemos, tiene una parte de corto y una parte de largo plazo- quedó como siempre.

Ahora bien, ¿por qué desde mi punto de vista lo relevante es la deuda bruta y no la neta, y es un error medir esta última?  Porque la historia demuestra, no sólo en el Uruguay sino en todos los países del mundo, que los Gobiernos primero agotan las reservas hasta un límite bien importante antes de hacer el ajuste que corresponda. Eso ha sido usual en todos los Gobiernos.

Le aclaro al señor Senador Korzeniak que estoy hablando en base a la bibliografía que aparece todos los días y no hay experiencia en el mundo que muestre que los Gobiernos no hayan agotado las reservas antes de ir al final.

SEÑOR KORZENIAK.- En Indonesia no ocurrió lo que dice el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- A mi entender, sí ocurrió.

                Además, si mi cálculos no me fallan, las autoridades del Gobierno tienen en caja entre U$S 400:000.000 y U$S 500:000.000 de prefinanciamiento -por la cuenta de financiamiento es lo que debe tener aproximadamente- que en el fondo son para gastar. Evidentemente, cuando está en deuda neta eso no se considera, pero la cantidad está en la deuda bruta.

Respecto al ahorro de interés me voy a permitir discrepar, porque creo que no es tal como se dijo. Lo que hizo el Gobierno fue prefinanciar -creo que acertadamente- es decir, adelantar financiamiento. Pero desde el momento en que adelanta financiamiento a tasas de mercado -usualmente por encima del 8%, y al final un poco por debajo de ese porcentaje- lo que hace es tener más intereses. Obviamente, con una caja sobrando, si paga antes ahorra intereses de los que tenían -no está duplicando la deuda porque su activo le rinde menos que el pasivo- pero no es un ahorro efectivo de intereses: se endeuda por adelantado en el mercado y cancela con organismos internacionales también por adelantado. En ese caso, entre la tasa que se le paga a los organismos y la tasa que paga el que gana las reservas, se genera un ahorro, que no voy a cuantificar porque me parece que no es lo relevante y además porque no es un monto muy alto.

                Además, se nos dice que se está cambiando deuda cara por barata. Es cierto que la deuda que se está amortizando con los organismos es la más cara, porque fue tomada en medio de la emergencia. Eso es absolutamente cierto. Lo que no es cierto es que los organismos no estuvieran dispuestos a renegociar esa deuda a 15 o a 20 años; de hecho, ya estaban previstos -y los organismos lo habían aceptado- los planes de renegociación a 15 o a 20 años. Esos planes, llamados préstamos de política, o sea, préstamos estructurales, no fueron tomados por el Gobierno y ahí sí perdió el financiamiento barato y de largo plazo, que básicamente es sobre tasa Líbor, como todo el resto de la deuda. Si no recuerdo mal, la deuda total con el BID y con el Banco Mundial debe estar en el entorno de los U$S 3.000:000.000, de los cuales en estas condiciones no había más de U$S 700:000.000, o sea, la cuarta parte del total.

El señor Subsecretario Bergara debe saber bien cómo quedaron determinados los acuerdos preliminares que dejó la Administración anterior para que este Gobierno los continuara y pudiera llevar a 15 o a 20 años -según fuera con el Banco Mundial o el BID, respectivamente- a tasa baja, los préstamos tomados en la emergencia.

                Por otro lado, con todo el respeto profesional y el cariño que siento por las personas que integran la Oficina de Deuda, tanto aquí como en el exterior -uno fue mi primer jefe directo, y de la otra persona me considero su tutor- el señor Ministro no me puede decir que es la primera vez que tenemos gente “full-time” y profesional en este tema. El país hizo todos los manejos de deuda habidos y por haber, con las mismas personas, sólo que con otros jefes. Entonces, no se puede decir que ahora se hizo un cambio estructural.

                Por último, respecto al proyecto de ley de Rendición de Cuentas, había entendido que existía una saludable intención de ahorrar y hacer una política contracíclica, en la medida de lo posible, aunque todos sabemos que hasta constitucionalmente tenemos una política fiscal procíclica. A pesar de la intención, creo que el proyecto es de lo más procíclico que hay, porque el aumento de gasto permanente, adicional al del presupuesto, es de casi 0.8% del Producto. Digo esto porque no creo que cuando termine el PANES ese gasto se acabe, sino que vendrá otro el año que viene para el 2008. Con respecto a la parte que maneja el Gobierno, hablamos de mucho dinero y, con lo que tiene que ver con la parte que no maneja -es decir, que viene por afuera- no importa. Esto me hace acordar a aquellas Rendiciones de Cuentas donde el gasto aumentaba un 10% o un 12% y la  inflación era del 60% o 70%; en enero no se revaluaban los coeficientes de gastos y quedaba todo bien. Pero esto no es así; ahora, por suerte, la inflación es baja, entonces no es fácil hacer esto, más bien es difícil. Con este gasto, estamos perdiendo una oportunidad, a mi gusto fenomenal, de seguir reduciendo el ratio de gasto a producto. Todos sabemos que el ratio de gasto a producto en Uruguay es alto, comparativamente a lo tiene que ser; es más del 20%, llegó a ser bastante más, comenzó a bajar a partir de 2003 y, sobre todo en el 2004 bajó fuertemente, porque básicamente el gasto no creció, quedó constante y lo que sí creció un 12% fue el producto: el año pasado creció un 6% y ahora seguramente  será del 5%, 4%, 4.5% o 5.5%. Si el gasto no crece, fácilmente se generarán los espacios para llegar a un nivel de gasto y, por ende, a un nivel impuestos más consistentes con el nivel de desarrollo relativo del país, lo que  le va a permitir desarrollarse mejor en el futuro.

Por lo tanto, todo este gasto es inconveniente, en términos generales, por el aumento del volumen pero, además, porque es absolutamente procíclico, está hecho en el medio de un crecimiento económico de los más fuertes que hemos visto  desde la posguerra; de hecho tenemos, en relación con el mundo, una de las tasas más altas después de la guerra de Corea.

Además, me queda la impresión de que perdemos la oportunidad, nuevamente porque este gasto no es sostenible. Apenas el producto pegue un traspié -que en algún momento va a pegar y no va a ser por culpa de las autoridades, sino porque cíclicamente pasan estas cosas- esto se va a complicar.

Es bastante difícil encontrar relaciones por los sucesivos cambios de tributación hacia el alza o hacia la baja del país. Claramente, lo que se ve es que la recaudación, en el corto plazo, crece más o cada vez más que la variación del producto. Si no estoy entendiendo mal, creo que es lo que dice el informe de la DGI, cuando habla de ciclo.

Si no recuerdo mal, algunos estudios que se realizaron daban que la elasticidad a corto plazo -es decir el porcentaje en que crece la recaudación respecto al crecimiento producto- era del 1,2, o sea que crecía, normalmente, en promedio, un 20% más en términos de porcentaje.  

Por lo tanto, dejamos los gastos constantes arriba y tenemos problemas si  el producto no crece o lo hace poco. Además, el Presupuesto como tal, prevé un aumento del gasto muy importante para el 2008 y el 2009.

La verdad que siento que se está dilapidando un esfuerzo de ajuste fiscal que se llevó adelante durante la crisis, que se mantuvo en el 2003, continuó en el 2004 y en parte se mantuvo en el 2005, pero reitero que se empezó a dilapidar.

Hubiera sido muy fácil para nosotros, cuando nos íbamos, haber aumentado en un 10% el gasto; en vez de un aumento del 3% en enero de 2005, haber dado un  10% , porque con una inflación del 7,7%, nadie hubiera dicho nada y aumentar el coeficiente de las partidas de gastos discrecionales e inversión en un 10%, las que fueron revaluadas en cero para que el Gobierno tuviera la libertad absoluta; así hubiéramos dilapidado todo. Siento que ahora se está dilapidando, que acá hay un quiebre con lo que ha sido la conducta y un quiebre con el discurso.

En otro orden, señor Presidente, quiero decir que aquí vemos, justamente, que la Dirección General Impositiva hace un cálculo sobre cuánto corresponde a eficiencia, a producto y al ciclo de aumento de la recaudación. A mi juicio, se trata de un cálculo justo, abierto, y que técnicamente puede considerarse totalmente justificable. Quizás pueda pensarse que un poco más o menos corresponde a la eficiencia; en todo caso, la ganancia   por   eficiencia fue de U$S 58:000.000 en el año, según dijo el Director General de Rentas el otro día, y de acuerdo con mis cálculos la cifra sería de U$S 51:000.000, seguramente porque yo hago mis números en base a la recaudación neta y no sobre la bruta. En todo caso, estamos hablando de una cifra razonable y aceptable. En realidad, toda la ganancia podría gastarse, pero todo el resto no se debería gastar. Si uno quiere aumentar el gasto, podría decidir gastar toda la eficiencia y, en ese sentido, creo haber escuchado un discurso, no del actual Presidente, sino del ex-Presidente Lacalle, que proponía pagar todos un poco para que todos paguemos menos. La ganancia por eficiencia significa que se está poniendo a más gente a pagar un poco con la idea de que todos paguemos menos. Sin embargo, si gastamos todo, todos seguimos pagando lo mismo y algunos, incluso, pagarán más.

                Por otra parte, el señor Ministro ha hablado de la eficiencia en el Banco de Previsión Social. Con respecto a eso, tengo mis dudas, porque no creo que dicho Banco haya mejorado su eficiencia, si bien sí ocurrió eso con la DGI, que mejora mes a mes, de acuerdo con lo que se ve en los números, y aclaro que no digo esto porque se encuentre hoy presente aquí el Director General de Rentas. En el Banco de Previsión Social lo que se vio fue un salto en la recaudación, producto básicamente de los mínimos de los Consejos de Salarios. Cuando uno analiza las cifras del Banco mes a mes, comprueba que se mantienen constantes y no hay una mejora progresiva. Eso hizo mejorar el resultado del Banco de Previsión Social el año pasado y, seguramente, también lo hará mejorar este año, porque ese proceso empezó en agosto o setiembre del año pasado. No obstante, reitero, la mejora no es progresiva y, por lo tanto, no es bueno desde ese punto de vista, gastar ese dinero de una supuesta mejora que, como dije, es producto de los mínimos -que aumentaron mucho, porque como sabemos el sector servicios y comercio paga sólo por los mínimos-  y no de una mejora real.

                El resultado fiscal como tal, correspondiente al año 2005, realmente me sorprende, porque en realidad da peor que el del año 2004, si lo medimos de la siguiente manera. Si tomamos los intereses con un dólar a la misma cotización y tenemos en cuenta cuánto menos de transferencia se fue en el 2004 frente al 2005 en las empresas públicas, es decir, cuánto más le sacamos a esas empresas, veremos que el resultado ordinario del 2005 es negativo, porque da una cifra de $ 11.900:000.000, aproximadamente, contra $ 11.600:000.000 del año 2004. Quiere decir que es peor el resultado del 2005 -a pesar del crecimiento- que el del año 2004. Además, el grueso de la diferencia  es de $ 4.850:000.000, pero $ 4.150:000.000 corresponden a la carga de intereses medida en términos constantes, porque la carga de intereses, si la medimos en dólares, sube casi en U$S 25:000.000; en ese sentido, no hay que olvidar que la carga de intereses, cuando la medimos en dólares, baja precisamente por el valor de esta moneda, y nada más que por eso. Por lo tanto, todo esto me extraña y, además, veo que los gastos han aumentado en toda la línea y en todos los rubros.

 Señor Presidente: tengo que decir al equipo económico, en este caso al señor Subsecretario -o Ministro en ejercicio, porque no sé exactamente en que condición está ahora-  que no estamos haciendo lo que debemos para escaparnos definitivamente de Argentina y Brasil y cada vez nos estamos pegando más al ciclo de estos dos países. Esto es lo más peligroso que estamos haciendo.

                En cuanto al proyecto de ley en sí, quiero comenzar por el cuadro resumen, en el cual se establece cuánto es el aumento del Presupuesto, el de esta Rendición de Cuentas y cuánto está por fuera de estos números. Con respecto a las cifras tengo una pequeña diferencia pero, seguramente, sean correctas las del Gobierno y, por lo tanto, no voy a ahondar en detalles. Se dice que a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo se producirá un aumento de inversión de U$S 40.000.000. Advierto que, en realidad, ese incremento se dará por la Corporación Vial del Uruguay, CVU. Quisiera saber si el Gobierno va a firmar la garantía, más allá de que personalmente estoy casi convencido de que lo hará porque, de otra forma, a la CVU no le van a prestar nada. Si bien acá se dice que son U$S 40.000.000, en la prensa se habla de U$S 100.000.000. Tal vez esa sea la cifra global y los U$S 40.000.000 refieran solamente a este año. Deseo expresar al señor Ministro que esto es de lo más peligroso que se pueda hacer y, confieso, preferiría que se hiciera todo ahora a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No parece conveniente dejar a una empresa que se rige por el Derecho Privado, que hace gasto público, endeudarse libremente. Confío en la palabra del señor Ministro cuando dice que serán U$S 40.000.000. ¿Y si cambiara el Ministro y esa cifra aumenta a más de U$S 100.000.000? Estamos haciendo gasto público por fuera y no lo comparto. Sé que me dirán: “¿Y usted viene a hablar de la Corporación Nacional para el Desarrollo? Todos sabemos lo que pasó pero, por lo menos, todo era con subsidio directo establecido en el Presupuesto. No quiero imaginar lo que podría haber pasado si se hubiera dado esta forma de endeudamiento a través del mercado. De todos modos, creo que con la Corporación Nacional para el Desarrollo no me cae el sayo porque fui uno de los que quiso cerrarla en algún momento, aunque no tuve éxito.

                En lo que tiene que ver con el resto de las inversiones, quiero decir lo siguiente. En la Rendición de Cuentas aparece una inversión para AFE de, aproximadamente, U$S 20.000.000 los cuales no serán para un año, sino que supongo que esa partida se distribuirá -yo así lo hice- por tercios. Asimismo, también se habla de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas pero no sabemos dónde están porque no aparecen. También se hace mención a otras inversiones de empresas públicas como, por ejemplo, para el dragado del Puerto, la fibra óptica, etcétera. Dado que estamos en tren de asociarnos y que hasta ANTEL anunció una asociación -bienvenida sea, aunque si es todo privado quizás sea mucho mejor porque luego esa asociación la pagamos todos- consulto por qué no se hace lo mismo con el Puerto cuando ya estaba previsto que el dragado lo realizara una empresa privada y se constituyera un fideicomiso por el peaje que se cobra por uso del canal. No sé por qué lo tiene que hacer el sector público -cuando el costo del dragado bajó al 40%; es decir que la disminución fue del 60%- cuando se planteó hacerlo a través de privados. A continuación voy a formular algunas preguntas específicas sobre los cuadros y el articulado. 

                En el Tomo de resúmenes, página 76, cuadro 57 B se incluye una deuda de tesorería de $ 9.422:000.000, obviamente, al 31 de diciembre. En pantalla, aparece una deuda flotante del Ministerio de Economía y Finanzas de $2.500:000.000 -en realidad, se trata de algo más de $ 2.400:000.000- y  a esa deuda hay que sumarle lo que se debe por diciembre al Banco de Previsión Social y los salarios que se adeudan también por ese mes, lo que da un total de $ 3.600:000.000 que, sumado a los $ 2.500:000.000, da $ 6.100:000.000. Sin embargo, la deuda de Tesorería que aparece es de $ 9.422:000.000. La verdad es que no encontré de dónde surge esta diferencia de $ 3.300:000.000, que no es menor. En algún lugar hay algo que me estoy olvidando y quisiera saberlo.

                Luego aparece una deuda con Banco Central del Uruguay, Swap, que supongo  es por una compra  de dólares. Me gustaría saber si se trata de una compra de dólares a futuro y cómo ha evolucionado este año.

                En el mismo Tomo, cuadro 69, hay una partida a regularizar para la Administración Nacional de Correos de $ 210:000.000. Esto está por encima del subsidio votado que si no me equivoco era de $ 225:000.000. Quisiera saber si, en realidad, la asistencia al Correo fue de algo más de $ 430:000.000, por lo cual  le diría al señor Ministro: ¡Cierre ya el Correo, por favor, porque esto va camino a ser un eterno barril sin fondo!

                También en el mismo Tomo, página 107, cuadro 82, se habla de certificados emitidos por la Dirección General Impositiva. Al respecto tengo la duda de si se trata sólo de certificados de IVA o si también se incluyen los certificados de devolución de impuestos indirectos. Formulo esta interrogante porque en la página 115 del cuadro 85 cuando se refiere a los certificados rescatados, son bastante menos que los certificados emitidos -esto también sería un aumento de deuda- lo que explicaría en parte el aumento de deuda que no está reflejado -pero que de todas formas quisiera saber- y que, en todo caso, aumenta la deuda flotante.

                Tengo otra pregunta para formular que no se la voy a hacer al señor Subsecretario sino al economista Viera cuando concurra porque habló de gas natural envasado y que yo sepa en Uruguay el único gas natural envasado es el gas licuado de petróleo, a menos que estemos pensando en hacer gas para autos. Por lo tanto, quisiera preguntarle a qué se refirió.

                Voy a hacer otra pregunta también referida a los cuadros en general, pero por fuera de esto. Creo que fue el Director de Rentas, el contador Zaidensztat que dijo que,  en la Dirección General Impositiva, por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, estaba previsto recaudar el 7% del total de los ingresos del 2007.

El Poder Ejecutivo habla de U$S 350:000.000 y yo tengo U$S 400:000.000, pero en cualquiera de los casos implicaría que se está previendo para el año 2007 una recaudación 50% real con respecto a la del año 2006. Esto implicaría $ 120.000:000.000  porque es el 7% de U$S 350:000.000 y si no estoy errado, este año se va a recaudar, aproximadamente, $ 80.000:000.000. En realidad, quisiera que me ratificaran esta cifra, porque tal vez haya entendido mal el concepto.

                Por otra parte, se hace una afirmación con respecto al sobre costo de UTE. Personalmente, estuve revisando los números y me sorprendió lo que dijo el señor Ministro en cuanto a que el sobrecosto era de U$S 130:000.000 y que se habían recuperado sólo U$S 30:000.000 por el último aumento especial. Entonces, revisé las cifras del 2004 y del 2005 y sumé todos los gastos de compra de bienes y servicios en términos constantes y luego traduje a dólares la diferencia, para ser más operativos.

                El mayor gasto del 2005 respecto del 2004 fue, apenas, de U$S 15:000.000, pero  en lo que va del 2006 -por los cinco primeros meses- la diferencia respecto del 2005 es del orden de los U$S 27:000.000. De todas maneras, seguramente no va a crecer mucho más porque, por suerte, ha empezado a llover. Además, el año pasado hubo mayores pagos a partir de junio    -creo que los más grandes fueron en junio y julio- por lo que supongo que este año no van a ser tan grandes.  Entonces, si proyectamos esos U$S 27:000.000, en el año podría llegarse a U$S 45:000.000 o U$S 50:000.000, pero nunca a U$S 130:000.000. En realidad, el aumento de la tarifa promedio de este año -no tomo sólo el último aumento- va a ser 10% sobre el promedio del año pasado, que tomado sobre los ingresos en moneda nacional internos, sin IVA, da U$S 53:000.000 más de ingreso. Aproximadamente, da para cubrir los gastos, por lo que no veo dónde está el desfase y de dónde surge que debió aumentar 25%. Quizás el señor Ministro se esté refiriendo a esa cantidad para financiar la inversión. Esto sería algo diferente, pero no sería un aumento de la tarifa de U$S 130:000.000, como señalaba el señor Ministro.

                Ahora me voy a referir al articulado y voy a tratar de hacerlo en orden.

                El artículo 3º se refiere a una renovación de flota -obviamente, de vehículos- y no se prevé crédito presupuestal. Quisiera saber si  se podría poner que esto no implicaría un incremento de gastos, ni presupuestal ni de caja.

                En el artículo 12 se da un presupuesto de infraestructura a la sede de los museos. Allí se expresa que el Inciso va a distribuir directamente la partida a lo largo, es decir, en gastos de inversión, de funcionamiento y de salarios. Claramente, esto no se compadece con el artículo 214 de la Constitución, ya que las partidas se distribuyen acá y, por lo tanto, habría que poner los máximos autorizados en cada uno de los rubros. Aclaro que no estoy objetando la partida -aunque podría llegar a hacerlo- sino que estoy señalando que no podemos decir: “ustedes tienen tanto dinero para gastar, gástenlo como quieran y dónde quieran”. Esto ya se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social, muy a pesar del voto en contra de la Bancada del Partido Colorado.

                En lo que respecta al artículo 14, me gustaría saber cómo queda la inversión en vivienda y de qué sector a qué sector están pasando los recursos. Sobre esto tengo alguna presunción, pero me gustaría saber, exactamente, hacia dónde se están desviando los recursos con este artículo.

SEÑOR RUBIO.-Desviando no; encauzando.

SEÑOR ALFIE.- El inciso segundo del artículo 15 -referido también al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- dice que podrá abonar horas extras, compensaciones especiales, promoción social a los recursos humanos del Inciso, así como también contratar becarios y pasantes necesarios para el cumplimiento de sus fines. Allí no se establecen  montos máximos, ni fuentes de financiación, ni limitación de recursos para esto, y es algo bastante común en todo este Presupuesto. Dos incisos más abajo se habla de la contratación eventual de quince personas, pero tampoco se hace referencia al límite de tiempo sino que se expresa que se los contratará hasta que terminen las obras. Todos sabemos que las obras pueden terminar, más o menos, dentro de 50 años.

                En el artículo 25, nuevamente se habla de partidas globales sin ninguna discriminación.

                En el artículo 29 se establece la suspensión de funcionarios que tuvieron mala conducta o actividades hasta dolosas. Esta redacción es “sine die”: hasta los que asesinan redimen las penas.  Uno podría pensar que la suspensión es por 10 ó 15 años pero, la expresión “sine die” parece que va en contra de todo lo que es el Derecho Penal uruguayo y, en general, de todo nuestro Derecho.

                Luego, empieza la creación de cargos de confianza por doquier. En el artículo 30 se crean tres cargos de confianza; en realidad, eran Direcciones profesionales de carrera. Con esto se está topeando la carrera administrativa y, ahora, pasan a ser Directores de Programa, ni siquiera de Unidad Ejecutora.

SEÑOR RUBIO.- ¿Cuál es el artículo que hace referencia a ello, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- El artículo 31.

                Había algo así como 143 cargos de confianza hasta el año 2005 y, si no recuerdo mal, en el Presupuesto se crearon 47, ahora 11 más, lo que da un total de 58 cargos que, eran técnicos y pasaron a ser de confianza. Además, se crean 12 cargos: 5 de alta especialización y 7 de alta prioridad. Me extraña, porque en la Rendición de Cuentas del año pasado poco menos que habíamos liquidado el régimen, dijimos que íbamos a cambiar este régimen de alta especialización, habíamos sacado las compensaciones porque no habían dado resultado y, ahora, resulta que creamos los mismos cargos pero con el agravante de que preferiría que todos fueran de alta especialización porque son por concurso ya que los de alta prioridad  son por  designación directa.

                El artículo 33, en su inciso cuarto, establece: “Autorízase a las unidades ejecutoras de los Incisos del Presupuesto Nacional a contratar en calidad de becarios o pasantes,” ‑otros más- “de acuerdo con la definición anterior, a estudiantes y egresados, por sí,” ‑enfatizo la expresión “por sí”- “cuando se cuente con crédito presupuestal…”, etcétera. O sea que el señor Ministro no se va a enterar de cuántos becarios y pasantes pondrán los Directores de las Unidades Ejecutoras. A mí me parece que él, como responsable último del Inciso de que se trate debería, por lo menos, enterarse de cuántos nombramientos hay en su Ministerio. Pero, además, en el artículo no se establece un porcentaje máximo de becarios o pasantes respecto a la planilla normal de la Unidad Ejecutora, por lo que al final, podría haber un 50% o un 60% de gente en calidad de becarios o pasantes. Tampoco se establece un plazo máximo, aunque confieso que no sé si ya no existe en el Presupuesto una norma a ese respecto, en cuyo caso, si aquí no se dice nada, se debería regir por lo que en ella se establece. Entonces, a lo mejor habría que hacer referencia a eso, aunque desde cierto punto de vista, no sería algo estrictamente necesario.

                En lo que respecta al artículo 34, me gustaría que se explicara qué es lo que se quiere decir exactamente, o sea, si implica o no el congelamiento de la partida de diferencias, pues no logro entender el alcance verdadero de la disposición. A su vez, en cuanto a las partidas adicionales que se cobran sobre los sueldos -que son muchas- , me gustaría saber si se seguirán cobrando sobre todo el sueldo, incluyendo la diferencia, o sólo sobre el sueldo del grado inferior.

                En el artículo 37 se modifica el régimen de contratos y, básicamente, se quita el beneficio de DISSE. Me interesaría saber por qué se hace esto, dado que se quería asimilarlo a los privados; sin embargo, resulta que aquí se está haciendo una especie de híbrido público-privado que ignoro cómo podrá terminar. Lo que no puede suceder es que al final se nos reclamen los derechos de los funcionarios públicos y terminemos precisamente como funcionarios públicos. Pero, además, si no he entendido mal, la derogación del artículo 29 de la Ley significa que no importa que aumente el número de funcionarios en los Incisos, o sea que se puede contratar aún a pesar de la limitación anterior -recordemos que allí se decía que los contratos valían siempre que no aumentara el número de funcionarios- por lo que aquí se está abriendo otra ventana u otra compuerta más para el ingreso a la Administración Pública.

                En el artículo 41 se habla de estructuras, y aquí voy a detenerme un poco más, lamentando nuevamente que el señor Ministro no se encuentre hoy junto a nosotros. El año pasado se nos dijo que con esta Rendición de Cuentas vendría el gran cambio de las estructuras del Estado, o sea, la reforma de la administración del personal. Es claro que eso no ha venido. Sin embargo, en este artículo se crea una agencia electrónica del Gobierno y se asimilan los sueldos a los de URSEA y URSEC. Aquí figura la tabla correspondiente, por lo que podemos observar que son sueldos asimilables a los de las empresas públicas. La razón, básicamente, para que la URSEA y la URSEC tuvieran sueldos asimilables a las empresas públicas es que tenían que tomar gente de las mismas o, en todo caso, que no fuera capturada por el regulador. Ahora bien, esta agencia es pública, normal y no tiene esos problemas. Por tanto, la verdad es que me gustaría saber cuál es la razón para que se establezcan estos sueldos que están totalmente fuera de línea con el resto de la Administración Pública, ya que estamos hablando de una agencia netamente de Administración Pública y no tiene esos problemas de regulado o regulador.

                Con respecto al artículo 43, debo expresar que no dice -quizás no deba hacerlo- cuál es la fuente de financiamiento del aumento del costo. Además, me gustaría que me dijeran cuál es el costo de este artículo porque son de los que realmente no pude calcular.

                Los artículos 50 a 57 son los que generan cada vez más burocracia, más gente, más cargos de confianza, etcétera.

                También quisiera conocer el costo del artículo 58, ya que no es fácil calcularlo; seguramente la gente del Ministerio de Economía y Finanzas lo sabe.

                Por otra parte, me gustaría que me explicaran -obviamente que tengo una interpretación- a qué refiere el artículo 60.

                Por otro lado, a través del artículo 72 seguimos con la contratación de becarios en forma directa. Es más: aquí se expresa que es en forma directa para el Ministerio de Desarrollo Social -¡oh casualidad!- previendo la suma de $ 3:000.000 para contratar en forma directa becarios y pasantes.

En relación al artículo 79, creo que está habilitado por el artículo 74 del TOCAF, por lo que no cuestiono la legalidad pero, realmente, tengo mis dudas. Es una interpretación bastante laxa del artículo 74 del TOCAF, en el sentido de que las utilizaciones transitorias con afectación especial, al solo efecto de las cancelaciones de obligaciones de la financiación de Rentas Generales, quedan como definitiva de fondo. Este artículo 74 dice que se podrá autorizar la utilización transitoria de fondos para efectuar pagos cuando por razones circunstanciales o de tiempo deba hacerse frente a apremios financieros y que puedan solucionarse de esa forma. Además, la norma expresa que dicha utilización transitoria no significa cambio de financiamiento ni destino de los recursos y sólo consiste en el uso circunstancial de dinero efectivo existente sin utilización. A su vez menciona que la utilización transitoria sólo puede realizarse o efectuarse con acuerdo del organismo o dependencia que administre los recursos y no deberá provocar perjuicio o entorpecimiento. En realidad, leyéndolo de nuevo, pasarla a definitiva no me parece correcto. Por supuesto que es una ley contra otra ley y, por tanto, se puede realizar, pero me parece que se manoteó para otro lado y, básicamente, eso es lo que pasó. Pero, más allá de esto, y teniendo esta disquisición, me gustaría saber cuánto fue la discriminación y en qué Ministerios.

El artículo 90 deroga una disposición que fue modificada en la última Ley de Presupuesto. En este sentido, quizás esté interpretando mal pero me parece que aquí tiene que haber un error, porque, de una manera u otra, a quienes usan fondos públicos, sean organismos paraestatales o privados, siempre se les pide algún control, algún dictamen. Sin embargo, en este caso, según mi interpretación, se les transfieren los fondos y ellos pueden presentar sus balances sin ningún dictamen. Reitero que quizás esté equivocado; me hace señas la contadora Díaz, en quien confío plenamente y seguramente me va a aclarar la duda.

El artículo 91 aumenta una partida para salarios en la ANEP por $ 214:200.000 anuales, pero la mitad se adelanta para el año 2006. Es decir que entre los años 2006 y 2007 en realidad no hay aumento de gasto; el incremento se va a producir en 2008 frente a 2006, porque en este caso sí se duplica. Si no entendí mal, en 2006 fue de $ 107:100.000; en 2007 va a ser de $ 107:100.000, y en 2008, de $ 214:200.000. Ahora bien, si es así, ¿cómo puede ser que haya un déficit de $ 107:000.000 en la ANEP en sueldos? El Rubro 0 no es reforzable; entonces, quiere decir que estamos reforzando “ex post” el Rubro 0. De manera que aquí hay una clara ilegalidad; en más de veinte años nunca había visto algo así.

Por aquí finalizo, señor Presidente, no sin dejar de decir que el artículo 94 nuevamente presupuesta más gente, y la verdad es que no entiendo bien por qué se está presupuestando a todas las personas. Después nos quejamos de la inamovilidad del Estado.

Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En primer lugar -y ahora sí formalmente- quiero excusar la ausencia del señor Ministro, quien tenía planeado viajar en la tarde a Córdoba dado que mañana es la reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, pero el duende de las aerolíneas hace que ya en este momento deba estar tomándose el avión para tener una espera de seis horas en Buenos Aires antes de hacer un vuelo de dos horas a Córdoba.

Agradecemos los comentarios y el planteo del señor Senador Alfie, y trataremos de ir revisando los aspectos generales y conceptuales, tanto de política económica -a la cual se refirió en la primera parte de su intervención- como específicamente del proyecto de Rendición de Cuentas. En cuanto a la última parte, referida a aspectos puntuales del articulado, le pediría al señor Presidente que nos auxiliara con respecto a cuál sería la mejor forma de trabajar.

                Obviamente, pensábamos repasar los artículos que tienen relación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas o, de alguna manera, están en su órbita. Algunos de ellos están incluidos en el grupo de artículos que el señor Senador Alfie mencionó, mientras que otros deberían ser desarrollados y explicados por los jerarcas de otros Incisos. Entonces, antes de entrar en los aspectos relativos al articulado, queremos hacer la presentación de los artículos que nosotros entendemos que corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas y, eventualmente, aprovechando la presencia del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, vamos a incluir algunos de aquellos a los que aludió el señor Senador Alfie, dejando pendientes los que se vinculan a la labor de otros Ministerios, que en su momento cada Ministro tendrá la oportunidad de desarrollar y explicar.

                Voy a tratar de ser relativamente breve en los aspectos generales, porque aquí hay cuestiones de información, pero también de opinión, y entiendo que el señor Senador Alfie aproveche esta instancia para plantear esos aspectos de opinión. Por nuestra parte, nos remitiremos también a dar algunas opiniones, pero de manera relativamente breve, porque obviamente son aspectos importantes desde el punto de vista político, así como de la visión y del fundamento de la política económica, y que, de alguna manera, pautan el marco de la formulación presupuestal y, en particular, de la Rendición de Cuentas. Por algo, el Ministerio y el Poder Ejecutivo decidieron incorporar una extensa Exposición de Motivos en el proyecto de Rendición de Cuentas. Para nosotros ésta debe, específicamente, incluirse en un cierto marco macroeconómico, de política económica y de situación de las cuentas públicas. Por lo tanto, aquella debe operar como un entorno de análisis de por qué la Rendición de Cuentas contiene lo que efectivamente contiene.

                Algunos de los aspectos que vamos a revisar son más bien de carácter técnico, otros son de visión política, y otros, de opinión.

                En primer lugar, vamos a referirnos a los aspectos de pobreza e indigencia. Es cierto que hubo una reducción importante de la pobreza desde la salida de la dictadura. El señor Senador Alfie planteaba muy altos índices de pobreza               -coincidimos en eso- hacia el año 1984, en la salida del período de facto. El crecimiento económico y algunos aspectos de política social contribuyeron a una reducción sustancial de la pobreza durante la década del 90 hasta los años 2001 y 2002. También es cierto -creo que todos coincidimos también en esto- que desde el año 2002, como fruto principal de la crisis, ha habido esencialmente una duplicación de los niveles de pobreza. Al respecto, queremos decir que lo relevante no es, quizá, ver si hubo períodos en la historia del país en que la pobreza fue un poco mayor o un poco menor; lo que sí está claro es que la situación de pobreza actual es acuciante, comprende una proporción muy alta de la población y sobre ella tenemos que trabajar y operar de manera inmediata. En consecuencia, no se trata solamente de una cuestión de formas de medición, de cómo incide la inflación o el tipo de cambio o la fijación relativamente arbitraria de por dónde pasa la línea de pobreza. Incluso, el propio INE publica no una, sino tres líneas de pobreza: la comparable internacionalmente en función de los criterios de CEPAL, otra metodología diferente y, por último, la metodología INE que es la más “exigente” -dicho entre comillas- la más abarcativa y la que implica mayores volúmenes de pobreza en la medición.

                Más allá de la cuestión metodológica que puede arrojar que cuantitativamente el índice de pobreza pueda estar un poco más arriba o un poco más abajo, queremos enfatizar que la principal polea hacia la pobreza fue el desempleo, la crisis, y no cómo evolucionó  estrictamente la inflación. Es una cuestión de medición. En la vida real la gente atravesaba la línea de pobreza hacia abajo, esencialmente por problemas de desempleo. Por lo tanto, esa discrepancia con el enfoque que planteaba el señor Senador Alfie nos conduce a reivindicar algo que fue planteado por el señor Ministro y que de alguna manera quería enfatizar el señor Senador Alfie. Me refiero a que el crecimiento que debe traducirse en aumento de fuentes de trabajo, de empleo, es la principal polea de transmisión para salir de la pobreza.

                Evidentemente, el señor Ministro enfatizaba el rol del Plan de Emergencia, sobre todo, en que atacaba no al grupo de gente que está cerca de la línea de pobreza, sino a los sectores más indigentes. Entiendo que el señor Ministro fue claro en cuanto a reivindicar el rol del crecimiento y del aumento del empleo como elemento de salida de la pobreza, así como también el rol del PANES, operando sobre todo en los niveles de indigencia. Tengamos en cuenta que en el año 2005 hay 80.000 personas menos bajo la línea de pobreza y 12.000 menos por debajo de la línea de indigencia. Para nosotros, la reivindicación del Plan de Emergencia es justa y razonable, sobre todo para explicar la salida de la indigencia. Además, creemos que una sana interacción entre crecimiento económico, generación de empleo y políticas sociales -principalmente en este aspecto está la aplicación del Plan de Emergencia- es un buen cóctel que está arrojando resultados promisorios con respecto al tema de la pobreza y de la indigencia en el país. Como es obvio, todavía hay mucho sobre lo que trabajar. Lamentablemente, 80.000 personas en un marco de alrededor de 1:000.000 de pobres es una cifra pequeña y, por tanto, deberemos seguir trabajando.

                La discusión más técnica sobre reservas brutas también tiene un componente de arbitrariedad y coincidimos en que lo importante es que se está viendo un proceso de fortalecimiento de reservas. Luego, si la deuda del Fondo va como pasivo de reservas o no, obviamente es una convención contable, pero no necesariamente es una deuda de corto plazo. De repente, la situación puede ser “la misma” -dicho entre comillas- y si uno le debe al Banco Mundial eso no está en los pasivos de reserva y si le debe al Fondo sí, aunque los plazos sean relativamente largos. A lo que voy es a que ahí hay una cuestión de diferenciación entre una situación y otra que, esencialmente, se debe a convenciones contables. Reitero que lo importante es que se está fortaleciendo la posición de reservas del país.

                Con respecto al proceso de deuda, queremos reivindicar lo que planteaba el señor Ministro en cuanto a que era muy alta la relación deuda - producto que recibió la actual Administración. A su vez, en cuanto al programa del Fondo Monetario Internacional -que es el principal acreedor- con respecto al Producto Bruto Interno de los países, el del Uruguay es el más alto del mundo. Simplemente eso vale como elemento ilustrativo, porque estamos ante una situación angustiante en cuanto al endeudamiento externo e interno. Por ese motivo, había que tener una política directa en los primeros meses del Gobierno, a efectos de renegociar con los organismos multilaterales.

Como bien decía el señor Senador Alfie, hubo un proceso de racionalización en cuanto a la deuda voluntaria. Evidentemente, era acuciante la deuda en los últimos dos años con los organismos multilaterales, principalmente con el Fondo Monetario Internacional, e incluso no sólo con él. Indudablemente, si pretendíamos tener políticas activas en otras áreas, incluyendo las políticas sociales, debíamos rápidamente acordar con los organismos multilaterales una racionalización y un reperfilamiento de esa deuda en las mejores condiciones posibles.

La comparación con el año 1984 es relativamente incorrecta si tenemos en cuenta lo que era el mundo de tasas internacionales. Sí queremos enfatizar que el manejo del endeudamiento público, de las estrategias y demás, ha pasado a ser un elemento que tiene un objetivo bien especificado, y esto lo uno a otro comentario que hacía el señor Senador Alfie con respecto a que, obviamente, antes también alguien manejaba la deuda y definía en cada caso qué deuda colocar, en qué plazo, en qué mercados, etcétera. Podemos decir que, obviamente, el Uruguay no nace al mundo de los organismos internacionales y de los mercados voluntarios de deuda en el año 2005. De todos modos, antes nadie sabía cuál era la estrategia en ese sentido porque no había una formal. De alguna manera, manejándose un poco mejor o peor, había esencialmente una política de operar al “golpe del balde”, en cuanto a qué oportunidades y posibilidades había. Además, si bien  las decisiones se tomaban en el Ministerio de Economía y Finanzas, toda la parte operativa estaba concentrada en las operaciones del Banco Central.

Obviamente, esto se sigue utilizando porque existe experiencia y una historia de trabajo, pero creemos que por primera vez hay una estrategia explícita con gente que se dedica esencialmente al tema del manejo del endeudamiento público con una visión o perspectiva a mediano plazo.

El otro aspecto que planteaba el señor Senador Alfie tiene que ver con las posibilidades de las políticas anticíclicas. Lo cierto es que no hace políticas anticíclicas el que quiere sino el que puede y eso depende de los puntos de partida y de las efectivas capacidades que puedan tener las administraciones de generar más o menos ahorros en los momentos buenos para tener colchones de financiamiento o de gasto para los momentos malos. Si nosotros partiéramos de la base de que recibimos un país con las cuentas públicas saneadas, con un endeudamiento y una trayectoria de cuenta pública sustentable y despilfarráramos esa situación, coincido en que sería imperdonable, pero esa no es la realidad.

También se puede ver que tanto la situación de pobreza, como la salarial y la de las inversiones privadas y públicas, estaban en pisos históricos. Entonces, es muy difícil reclamar una política anticíclica cuando lo que se deja es una situación con salarios e inversiones en esos términos. Por lo tanto el país,  para crecer y tener una perspectiva a futuro de poder consolidar políticas anticíclicas, necesitaba recuperar mínimamente los niveles de funcionamiento del Estado y de las inversiones públicas, que estaban deterioradas por la situación de crisis de 2002 y por no haber ahorrado en los buenos momentos. En este sentido, creo que si bien la crisis de 2002 igual hubiera golpeado  duramente al país, a la economía y a la sociedad uruguaya, hubiéramos estado mejor protegidos si efectivamente hubiera habido una política anticíclica en la década del noventa, cuando había posibilidades de tenerla. Nobleza obliga a decir que el aumento de gastos puede ser tan irresponsable como una rebaja de impuestos en momentos en que se tiene la necesidad de llevar adelante políticas anticíclicas. Quizás hubiera sido bueno entablar una discusión sobre dichas políticas en 2004, cuando el Gobierno tomó decisiones. En este momento, aparentemente es dramática la situación si uno aumenta los gastos en un 0,8% del Producto -aunque no es permanente y lo veremos más adelante- pero no pareció dramático bajar más de un 1% del Producto en impuestos unos meses antes de las elecciones.

                Me reconforta que el señor Senador Alfie reconozca las bondades del funcionamiento de los Consejo de Salarios, expresado en este caso a través de los resultados del Banco de Previsión Social. Todos sabemos que la reinstalación de la negociación colectiva y de los Consejos de Salarios fue un elemento muy discutido en diversos ámbitos, por lo que creo que es saludable que a un año de operar con esa nueva lógica y esa metodología reimplantada después de más de 15 años, comencemos a verle elementos positivos y bondades de funcionamiento.

                En cuanto a algunos aspectos específicos que estaban planteados en el proyecto de ley, el señor Senador Alfie enfatizó el tema de la Corporación Nacional para el Desarrollo y de la Corporación Vial. Obviamente, todos podemos tener una visión crítica de lo que fue el funcionamiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero también en eso creemos estar marcando que el futuro tiene que ser diferente. Precisamente, por primera vez en su historia el organismo ha planteado públicamente un plan estratégico con cuarenta líneas de acción específicas; serán discutibles o no, pero es claro que por primera vez hay un plan explícito, con una visión estratégica y con una Corporación Nacional para el Desarrollo cumpliendo el rol que efectivamente mandata la ley que la concibió.

                Por su parte, la Corporación Vial tiene como principal accionista a la Corporación Nacional para el Desarrollo y va a ser quien canalice algunas de las inversiones previstas para este Período. Aclaro que parte de ellas no tienen carácter permanente, sino que son transitorias. Si bien como dice el señor Senador Alfie, de alguna manera canalizan gasto público, éste está bajo el control del marco presupuestal, porque los préstamos o el financiamiento que obtenga la Corporación Vial va a ser repagada, en parte, con presupuesto nacional por vía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, en particular, de la Dirección Nacional de Vialidad.

SEÑOR ALFIE.- Me gustaría saber si el préstamo tiene garantía del Estado.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Precisamente, a eso me iba a referir.

                El financiamiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo -que además está descripto en la exposición de motivos- prevé diversas fuentes. Una parte sí va a tener la garantía del Estado, la que corresponde al préstamo de la Corporación Andina de Fomento, pero los otros componentes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo no la van a tener; luego está la eventualidad de emitir Obligaciones Negociables, lo que todavía está por instrumentarse.

                De todas maneras, como obviamente se creyó a la hora de formular la Corporación Vial como un instrumento válido para el desarrollo de la infraestructura vial relevante para el país, creemos que hay que usarlo razonable y adecuadamente, en los términos en que está planteado.

                Ahora bien: me voy a permitir discrepar con que en el pasado, mal o bien usada, la Corporación siempre tuvo un subsidio presupuestal explícito. Eso no es necesariamente así, sobre todo cuando se analiza su efectivo estado de situación patrimonial y se observa que buena parte de su actual patrimonio no deja de ser papeles en el aire. Apuntamos a la racionalización, a la explicitación de la verdadera situación presupuestal de la Corporación Nacional para el Desarrollo y, eventualmente, a trabajar para que efectivamente su patrimonio pueda operar como palanca para contribuir al desarrollo, sobre todo en el marco del plan estratégico señalado por sus autoridades.

                También se hacía referencia a las inversiones asociadas a algunas empresas públicas como AFE, ANTEL, Administración Nacional de Puertos y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Efectivamente, en la Rendición de Cuentas se incluye un artículo donde se prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo asigne un cierto monto para infraestructura ferroviaria. Evidentemente, eso está pensado en el marco de un proceso que se está impulsando en el sentido de contar con  un emprendimiento público-privado para el desarrollo de infraestructura ferroviaria, sobre todo en los tramos demandados por la industria forestal. Se han regenerado mercados rentables en ese sector, pero la capacidad de inversión estrictamente del Estado es limitada; por lo tanto, apuntamos a hacer palanca tanto en la inversión pública como en la privada, lo que no sólo va a dar respuesta a las tan relevantes necesidades de inversión -como sucede con la industria forestal- sino que también va a permitir descargar el peso que tendrían las rutas viales de no hacerse esta inversión en el ámbito ferroviario. Eso está explícito en la Rendición de Cuentas, donde figura el monto asignado.

                En lo que respecta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la exposición de motivos y en la presentación que hizo el señor Ministro se  aclaraba que la inversión era, sobre todo, para mejorar y completar el proceso de la Ruta 1. En este sentido se asigna un cierto monto que, de hecho, opera como parte del levantamiento de topes que el Poder Ejecutivo pueda hacer de los créditos presupuestales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Quiere decir que sobre los créditos presupuestales que ya tiene el Ministerio, el Poder Ejecutivo tiene la facultad -dada por la Ley de Presupuesto- de manejar el tope. Lo que vamos a hacer es levantar ese tope de ejecución del Ministerio, lo que implica una inversión adicional a la que estaba prevista originariamente en la Ley de Presupuesto.

                En el caso de ANTEL y de la Administración Nacional de Puertos, obviamente las inversiones irán por la vía presupuestal de las respectivas empresas.

Entiendo que es discutible que el dragado del puerto de Montevideo deba hacerlo la Administración Nacional de Puertos sola o asociada con una empresa privada, o que directamente lo realice un privado. La opción que ha elegido el Gobierno es clara en cuanto entendemos que ese proceso debe ser conducido esencialmente por la  Administración Nacional de Puertos. Esto no quiere decir que neguemos el rol privado, porque en buena medida el dragado opera como un elemento de infraestructura que seguramente va a permitir mayor y mejor inversión privada a nivel del puerto y de los negocios que se pueden hacer a través de él.

                Antes de entrar al articulado, voy a referirme a algunos aspectos específicos, y en ciertos temas voy a pedir a algunos integrantes del equipo asesor que me complementen.

Sin perjuicio del mayor desarrollo que puedan hacer después el Contador General o algún otro asesor, quiero decir que respecto a la diferencia de deuda de pantalla, evidentemente vamos a chequear bien los números que se mencionaban en la pregunta.

SEÑOR LONG.- Antes de que se pase a considerar otro tema, voy a hacer una pregunta concreta respecto al dragado del puerto de Montevideo, que es un asunto importante porque puede sentar precedente para otras acciones futuras. En este aspecto, me gustaría saber si no se exploró la alternativa de algún sistema de concesión mixta o subsidiada para el dragado. Me parece que allí hay una oportunidad interesante, y como el Uruguay va a tener que seguir dragando en el futuro, le puede servir explorar alternativas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Como norma general, no descartamos el hecho de buscar los mejores caminos para cada caso. Respecto a cómo se  llegó a esa decisión, creo que está en mejores condiciones de explicarlo el Ministro del área. Evidentemente, no hay una tesitura cerrada en estas cosas, sino que se evalúa en cada oportunidad, pensando que la inversión privada es necesaria. En ese aspecto, el dragado está pensado para impulsar la inversión privada y, por lo tanto, en ese sentido hay apertura. En este caso se entendió, sobre todo por parte de las autoridades de la propia Administración Nacional de Puertos, que el mecanismo planteado era el más adecuado.

De todas maneras, reitero que las autoridades del Ministerio correspondiente podrán explayarse más en cuánto a cómo fue el proceso de la toma de decisiones en este caso.

                Con respecto a otros puntos planteados por el señor Senador Alfie, en primer lugar, sobre el tema de deuda en pantalla y deuda explícita, aquí se están haciendo algunos reconocimientos.

SEÑOR HEBER.- Deseo realizar algunos comentarios ante las palabras del señor Subsecretario respondiendo a las interrogantes del señor Senador Alfie, que no son sólo de dicho señor Senador, sino también de muchos de nosotros.

                Me parece bien que derivemos el análisis de estas preguntas sobre el tema del dragado del puerto de Montevideo al Ministro del ramo. Asimismo, es válido el costo financiero que seguramente va a tener. El señor Subsecretario estaba diciendo que se están elevando los topes de inversión pública de modo tal de que las ejecuciones sean mayores de las que se venían haciendo; es decir que estamos administrando recursos escasos, y la pregunta del señor Senador Long era tendiente a que los recursos se potenciaran mejor.

Básicamente, la posibilidad de tener una concesión no era por un afán de traer al privado que estaba ahí, sino justamente para tratar de ahorrar dineros públicos que nos salen mucho y que empleados, por ejemplo, en el puerto y en el dragado, son fundamentales, porque son muy importantes para el desarrollo económico y comercial del país. Si tuviéramos la posibilidad de que existiera interés privado, podríamos liberar recursos para otras áreas donde la infraestructura es tan  necesaria como en el puerto.

                Seguramente, cuando venga el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas trataremos el tema, pero no deja de estar en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata de la posibilidad de liberar recursos que son escasos y que, como estamos viendo, están ajustados a la inversión pública, que es tan necesaria. También puede ser un aspecto válido para el Ministerio del Interior -y no estoy fuera de tema-  cuando dice “vamos a construir cárceles”. Si existe la posibilidad de que venga alguien y nos construya las cárceles por un sistema de “leasing” para que el Estado pueda ir pagando en cuotas, de modo tal de no desembolsar dinero que no tenemos en la actualidad, eso va a ayudar al buen desempeño del Estado en el gasto de este tipo de inversiones.

                Quería dejar planteado este comentario, porque no deja de ser un tema compartible lo señalado por el señor Senador Long: gastar mejor y hacer rendir más el dinero.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Me referí, concretamente, a la pregunta del señor Senador Long, respecto a si se evalúa, en este caso concreto, una posibilidad u otra, y en ese sentido lo derivé al Ministro de Transporte y Obras Públicas. De todas maneras, no planteo que esto sea totalmente ajeno a lo que es el funcionamiento de la política económica  y del manejo financiero, en general.

Es más; sobre esto quiero hacer un par de comentarios. Estos cuatro bloques de inversión, correspondientes a AFE, ANP, ANTEL y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en realidad están asociados a la utilización de una parte de los ingresos derivados de la venta del Nuevo Banco Comercial. Digo esto para aclarar, de alguna manera, el tema del financiamiento. En la Rendición de Cuentas damos el espacio presupuestal a aquellas inversiones que lo requieren y las otras van a ir por los presupuestos de las empresas públicas. No obstante, sí quiero plantear que tenemos en cuenta y evaluamos, en los términos que señalaba el señor Senador Heber, las diversas posibilidades de inversión pública o procesos de participación público-privados, al punto de que, justamente, el Ministerio de Economía y Finanzas está en este momento elaborando -uno de los artículos de la Rendición de Cuentas así lo avala- la conformación de una oficina de asistencia o de atención al sector privado, uno de cuyos aspectos o línea de trabajo específica va a ser, justamente, explorar y evaluar potenciales proyectos de participación público-privada.

En última instancia, no se trata de que los privados vengan a regalar inversiones y, por lo tanto, no las tenga que hacer el sector público; esencialmente, estamos hablando de un mecanismo por el cual el sector público, en lugar de tener que hacer directamente la inversión, la pueda realizar en un ámbito contractual distinto, de modo que igualmente la termina pagando; o sea que financieramente no estamos ante algo inocuo.

Efectivamente, una de las líneas de trabajo de la futura oficina de atención al sector privado que se está conformando a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas ‑y, reitero, está incluida en la Rendición de Cuentas- va a ser la de analizar, explorar y evaluar los mecanismos idóneos para los distintos emprendimientos. Uno de esos mecanismos puede ser el de las asociaciones privadas y, en ese sentido, el ejemplo de las cárceles creo que puede resultar muy ilustrativo. Hay experiencia a nivel internacional -y creemos que a priori no hay que descartar- de construcción y operación de cárceles, obviamente que con clara responsabilidad del Estado, pero en el marco de procesos de participación público-privada. Quisiera también reiterar que esos procesos en ningún momento diluyen la responsabilidad del Estado sobre los servicios o bienes públicos que hay que distribuir en cada caso.

Ahora quisiera volver al tercer bloque de preguntas formuladas por el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Con mucho gusto; se ve que este tema siempre los atrae.

SEÑOR ALFIE.- No; en realidad, no se trata de ese tema, y sobre el puerto ya dijimos lo que bajó el costo del dragado cuando se concedió a privados.

Sinceramente, quiero saber, porque no me quedó claro, cuánto se va a gastar por año, es decir, cuánto va a ser el gasto no presupuestal o gasto público por fuera del Presupuesto, porque repito que no sé de qué monto se está hablando. El señor Subsecretario mencionó la fuente de financiamiento, pero no el monto. Quiero conocer bien ese aspecto, porque finalmente eso se va a convertir en deuda pública que vamos a tener que pagar.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El préstamo que está planteado con la Corporación Andina de Fomento está previsto para una autorización durante tres años y va a ser del entorno de los U$S 50:000.000. El monto con el Banco Interamericano de Desarrollo está en proceso de negociación y todavía no se ha definido la eventual emisión de Obligaciones Negociables, dato que va a ser público, obviamente.

                Con respecto al tema de la explicitación de deuda, decíamos que estamos en un proceso de explicitar y reconocer deudas que existían y no estaban explícitas, como por ejemplo, las vinculadas al subsidio forestal y al caso del Banco de la República. De alguna manera, eso puede explicar que haya dos criterios de registro. De todas formas,  asumimos el compromiso de enviar a la brevedad, al señor Senador Alfie y a esta Comisión, una conciliación de las cifras por él planteadas.

Con respecto a la deuda con el Banco Central del Uruguay, por “swap”, efectivamente, se hicieron operaciones de “forward” durante el año, que ya se están liquidando o “matando”, por decirlo de alguna manera. La utilización de “forward” con el Banco Central del Uruguay creemos que es un instrumento sano, de buena administración. Los señores Senadores saben que el Estado, a través del Banco Central del Uruguay o del propio Ministerio de Economía y Finanzas, es el principal demandante de dólares en el mercado. Hay una cadencia adecuada u óptima de participación en el mercado de cambios que no necesariamente coincide con la cadencia con que el Estado obtiene sus ingresos a través de los impuestos. Por lo tanto, el manejo de mecanismos de “forward” con el Banco Central del Uruguay permite adecuar los puntos de participación en el mercado de cambios, de manera que no queden totalmente dependientes de los tiempos que tiene el cobro de impuestos.

                En lo que tiene que ver con la Administración Nacional de Correos, lo que se hace es regularizar anticipos de Tesorería. Evidentemente, al tema del Correo habrá que focalizarlo con un criterio bien amplio en cuanto a la necesidad de racionalizar su funcionamiento. No pensamos que haya que cerrarlo definitivamente porque, entre otras razones, cumple algunas funciones específicas que no desarrollan los privados como, por ejemplo, el Servicio Postal Universal que, incluso, fue aprobado como mecanismo en la Ley de Presupuesto. Además, somos conscientes de que en el pasado el Correo fue utilizado como una bolsa en donde se ponían funcionarios excedentarios de otros organismos, por lo que tiene sobrecostos que en algunos casos refieren más a política social que a aspectos empresariales de una firma postal.

En consecuencia, repito, habrá que encarar este tema de manera global, incluyendo estos aspectos, y no solamente desde el punto de vista financiero. A nadie escapa que esto no es nuevo. El déficit del Correo es crónico y durante años se financió cobrando un canon a los privados hasta que en 2000 -si mal no recuerdo- se dejó de hacer. Incluso, hasta este propio año siguió prestando el Servicio Postal Universal sin que le fuera retribuido más que por la vía del subsidio estatal.

SEÑOR ALFIE.- ¿Usted está diciendo que, en realidad, son $ 435.000.000 el subsidio al Correo? Si es así, se duplicó con respecto a 2004. En líneas generales comparto todo lo que ha dicho pero, de todos modos, antes el subsidio era la mitad.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Debemos tener en cuenta que esto refiere a la Rendición de Cuentas de 2005, lo cual no se suma a lo establecido en la Ley de Presupuesto, donde están previstos $ 236.000.000. Esto es una regularización de gastos de 2005. La Ley de Presupuesto rige a partir de 2006 y, repito, prevé $ 236.000.000 como subsidio directo a la Administración Nacional de Correos. Queda claro, entonces, que no es que se haya duplicado ese subsidio.

                En lo que tiene que ver con los sobrecostos de UTE, quiero decir lo siguiente. Obviamente, nosotros manejamos información que elabora el propio Ente. Asimismo, advierto que no hablamos de un sobrecosto en función de una comparación histórica con los años anteriores, sino respecto de la programación. Entonces, es un sobrecosto con respecto a un programa que, en general, se elabora en base a condiciones climáticas razonables. En la medida en que el clima no ayudó, hay un sobrecosto con respecto a ese programa que, como bien dijo el señor Ministro, fue absorbido en un altísimo porcentaje por las cuentas públicas y, en particular, por la mejora de eficiencia de la Dirección General Impositiva.

                Sobre el aspecto de los certificados emitidos por la Dirección General Impositiva, le pediría al señor Director General de Rentas -si el señor Presidente lo permite- que explique qué incluyen esos certificados. Si mal no recuerdo la pregunta se refería a si ahí también habían certificados por devolución de impuestos indirectos y no sé si lo vinculaba a la explicación de las diferencias de deuda.

SEÑOR ALFIE.- Si los certificados incluían la devolución de impuestos indirectos, debíamos sumar la autorización tanto en la Dirección General Impositiva como en el Banco de Previsión Social, y así más o menos los números cerraban; de lo contrario había un aumento de deuda y eso era lo que lo explicaba.

SEÑOR ZAIDENSZTAT.-  Efectivamente, el sistema de emisión de certificados de crédito incluye lo que se utiliza para el pago del Banco de Previsión Social, así como para el pago de la Dirección General Impositiva.

SEÑOR SUBSECRETARIO.-  Referente a los aspectos específicos del articulado, la consulta que había hecho al señor Presidente era si nos referíamos primero a los artículos que mencionó el señor Senador Alfie o si ya hacíamos la presentación de los artículos que entendemos corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe  aclarar que algunos de los planteados por el señor Senador Alfie están en este grupo y otros no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Utilicemos el siguiente procedimiento: vayamos a los artículos que corresponden directamente al Inciso, posteriormente, le daremos la palabra al señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil para contestar lo que corresponde a su Oficina y al final se realizaría la contestación con respecto a otros Incisos sobre los cuales también ha sido consultado el señor Subsecretario.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El primer punto que quisiera aclarar es que en el artículo 1º hay un “trabuque numérico”. El literal b) refiere en números a $ 6.721:781.000, mientras que en letras dice seis mil doscientos setenta y un millones setecientos ochenta y un mil, es decir, está trabucado el dos por el siete. En el mensaje y en letras está correcto, no así en los números; es decir que se trata de $ 6.271:781.000.

SEÑOR LARRAÑAGA.-  En el artículo 1º se presenta como resultado deficitario del Ejercicio, $ 7.044:921.000 correspondiente a la ejecución presupuestaria y $ 6.271:000.000 -según la corrección que se estableciera- correspondiente a operaciones extrapresupuestarias. Por otro lado, del planillado surge un déficit global del sector público de $ 2.700:000.000.

Concretamente, quisiera saber cómo se llega de una cifra a la otra. No decimos que haya una contradicción entre una y otra cifra; simplemente, queremos que se nos brinde una explicación con  mayor detalle, más allá de lo que surge del planillado.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Para la conciliación contable de esto, solicitaría que el Contador General de la Nación, contador Ariel Rodríguez, hiciera uso de la palabra.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- En realidad, esta contabilización en dos partes -en resultado presupuestario y resultado extraordinario- fue una novedad del año 2002. Se hizo de esta manera porque hay una parte que surge, justamente, de la ejecución de los créditos presupuestales aprobados por el Parlamento y otra que refiere a operaciones por fuera del Presupuesto y que originan un resultado en las arcas del Gobierno. Esto se dio por la crisis financiera de 2002 y todo esto son coletazos de ese resultado.

                En cuanto a las cifras, básicamente se refieren a resultados originados, por ejemplo, por fideicomisos con el Banco Hipotecario, pérdidas por diferencia de cambio o reperfilamiento de la deuda. Todas ellas son consecuencias de registraciones contables.

                En realidad, no sé si el objetivo de la pregunta estaba referida a qué había dentro de los resultados extraordinarios.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Una posibilidad es que, a la brevedad, enviemos información acerca del camino que se sigue para llegar de una cifra a la otra, con los conceptos correspondientes.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: en el artículo 1º se presenta, como resultado deficitario del Ejercicio, $ 7.044:000.000 correspondientes a la ejecución presupuestaria y $ 6.271:000.000 con respecto a operaciones extrapresupuestarias. Por otro lado, según el planillado, del resultado del sector público surge un déficit global de $ 2.700:000.000. Entonces pregunto cómo se llega a esa cifra. No queremos decir que haya una contradicción entre ambas cifras; simplemente, nos gustaría que se nos explicara con mayor detalle este resultado.

SEÑOR RODRIGUEZ.- En el Cuadro 1 del Estado de Resultados, en la página 7 del Tomo I, aparece discriminado el resultado presupuestario y el resultado extraordinario.  El resultado presupuestario es de $ 7.044:000.000 y están incluidos $ 898:000.000 de partidas a regularizar, cifra bastante extraordinaria que incluye lo que hablamos anteriormente sobre las partidas de financiación del Correo y de aumentos de Salud Pública de los años 2004 y 2005, que se están regularizando acá. Después, hay una sentencia contra el Ministerio de Industria, Energía y Minería por una inspección del Banco de Previsión Social. Todo ello suma $ 898:000.000 y, finalmente, se llega a un resultado de $ 7.044:000.000, a lo que le sumamos $ 6.271:000.000. Ahora bien; no sé de dónde salió la cifra de $ 3.000:000.000 que mencionó el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Estoy hablando del resultado del sector público donde aparece un déficit global de $ 2.700:000.000.

SEÑOR ALFIE.- Supongo que incluye el Banco Central y las empresas públicas.

(Dialogados)

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Sin perjuicio de que después podamos mandar el camino de un número a otro, esencialmente la ejecución presupuestal refiere a los componentes que tiene la Ley de Presupuesto y no incluye a las empresas públicas ni los resultados del Banco Central. Estamos hablando de dos conceptos distintos, pero reitero nuestra disposición de enviar a la brevedad la consolidación de ellos.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Más allá de los planillados, concretamente quiero preguntar cuánto transfirieron las empresas públicas a Rentas Generales y cuánto contribuyeron al resultado del sector público.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En este momento no tenemos con nosotros esa cifra, pero también podemos enviarla a la brevedad. Podemos enviar con detalles el cuadro completo sobre el resultado del sector público; es decir, empresas públicas, Banco Central y Gobierno Central.

SEÑOR ALFIE.- Quiero formular una pregunta que me vino a la mente cuando mencionamos el tema del Correo.

                Si estoy mirando bien el Tomo referente a los Recursos, la transferencia a las empresas públicas es de $ 3.832:000.000 y hay una transferencia a PLUNA que no figura acá, que es la siguiente. ANCAP hizo un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas donde reconoció una deuda con esta Cartera por el 3% o el 2% de pago de tasas de Aduana sobre las materias primas. Esto fue compensado, en una sustitución, por una subrogación del Ministerio de Economía y Finanzas con PLUNA. En realidad, lo que pasó fue que, supuestamente, ANCAP dijo que le debía a este Ministerio -a tales efectos hicieron un acuerdo- y éste tuvo que asistir a PLUNA -ya que dicha aerolínea le debía a ANCAP-; entonces, lo que hicieron fue un cambio de recibos. En el fondo, eso es un subsidio a PLUNA, pero no veo ese subsidio en este Presupuesto. Quizá fue hecho en el año 2006; no lo sé, y por eso consulto al respecto.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Fue hecho, efectivamente, en el año 2006 y no está planteado como subsidio, sino como una transferencia o un aporte a cuenta de futura capitalización. Pero, obviamente, en su oportunidad se presentará, teniendo en cuenta también el proceso que se inicia con miras a la racionalización en el tema de PLUNA.

SEÑOR ALFIE.- De todas maneras, creo sinceramente que como se trata de algo que sabemos, sería bueno que se estableciera ya en un artículo, de forma tal que quedara fijado legalmente y no se regularizara, como se tendría que hacer, en la próxima Rendición de Cuentas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Por nuestra parte, en principio, preferimos ver cómo va a quedar definido el tema de PLUNA, que seguramente, a nuestro entender, quedará totalmente despejado en el correr del año 2006. Verdaderamente, confiamos en que habrá un proceso razonable y abierto que irá despejando la situación de dicha empresa, después de todas las idas y venidas, de las negociaciones con VARIG, etcétera. Claramente existe la posibilidad de que surjan nuevos socios para la operación de la aerolínea -socios estratégicos- y por eso reiteramos que el tema quedará resuelto en el transcurso del presente año.

                Por mi parte, pasaría a enumerar los artículos que entendemos debemos presentar, sin perjuicio de las opiniones y sugerencias de los señores Legisladores. Concretamente, los artículos serían los siguientes: 7º, 20, 26, 35, 36, 37, 39, 48, 60, 61, 62, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96.

                En el artículo 7º se plantea la asignación presupuestal de $ 1:500.000 para el Inciso 5 “Ministerio de Economía y Finanzas”, a efectos del desarrollo informático de las unidades centralizadas de compra, además del fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio exterior y el espacio presupuestal, aprovechando esencialmente el financiamiento del BID a los efectos del fortalecimiento de la administración tributaria.  En síntesis, el artículo 7º está compuesto por asignaciones presupuestales para Unidades Ejecutoras del Ministerio de Economía y Finanzas.

                Con respecto al artículo 20, debemos decir que contiene algunas modificaciones de carácter presupuestal. Una de ellas refiere a la Unidad de Gestión de Deuda pública. En este sentido se plantea, esencialmente, un cambio de fuente, que va de la financiación 1.1 a la 2.1, o sea que el crédito no se modifica en términos netos. Luego se incorporan algunos créditos de cuantía relativamente menor, destinados a gastos de funcionamiento en Unidades Centralizadas de Compras, instalación de la Unidad de Atención al Sector Privado y de la Auditoría Interna de la Nación. Quiere decir que aquí figuran algunos incrementos de asignaciones presupuestales para cubrir gastos de funcionamiento de diversas Unidades dentro del Ministerio.

                En el artículo 26 se hace referencia a las disposiciones de la Ley de Presupuesto Nacional, que involucran subsidios y subvenciones y, concretamente, se establece la prórroga de los subsidios establecidos en los artículos 445 y 446 de la mencionada ley. Entonces, en atención a lo planteado por la propia Ley de Presupuesto, esa prórroga tiene que estar condicionada a la opinión favorable de los respectivos Incisos que tienen competencia en las diversas áreas de las organizaciones que están recibiendo subsidios y subvenciones. En consecuencia, planteamos que la conformidad sea remitida al Ministerio de Economía y Finanzas antes de fin de año.

                A su vez, hay dos elementos adicionales de subsidio. Uno de ellos tiene que ver con una situación que habíamos adelantado en la Ley de Presupuesto y que requería algún tipo de refuerzo que, en este caso, son $ 8:000.000. Estamos hablando del Programa de Desarrollo en Ciencias Básicas (PEDECIBA). Por otro lado, hay un pequeño refuerzo al Programa de “Knock Out a las Drogas”, el cual refiere al Fortalecimiento de la Práctica Segura del Deporte, el cual está en la órbita de la Presidencia.

                En el caso del artículo 35, hay una corrección, ampliación o un aspecto de mejora a la luz de cómo ha venido procesándose el artículo 29 de la Ley de Presupuesto que, como recordarán, es el que habilitaba el retiro a partir de los 58 años con una remuneración del 65%. Lo que se plantea es que ese 65% se seguiría destinando al pago del incentivo de retiro y el 35% restante iría a una partida global a efectos de financiar la reformulación de estructuras. Obviamente que esto no es algo que quede abierto, porque las reestructuras después tienen que aprobarse en forma explícita; pero, reitero, estamos planteando que el 35% que va entre la remuneración actual y el 65% que es el incentivo de retiro, conforme esa partida global que permitirá el financiamiento de reestructuras.

A su vez, el inciso siguiente plantea que una vez que termine el plazo en el cual se paga el incentivo al retiro y la persona complete la causal jubilatoria y, efectivamente, empiece a recibir la jubilación, la partida correspondiente sea restituida al Grupo 0, “Servicios Personales”. O sea que aquí hay un complemento a lo que era el artículo 29 de la Ley de Presupuesto, que preveía el retiro anticipado con el incentivo del 65% de la remuneración.

                El artículo 36 también es una aclaración al artículo 14 de la Ley de Presupuesto que, prácticamente, preveía la posible incorporación de pases en comisión después de tres años. Con esta norma estamos aclarando que esa disposición no debería regir para el caso particular de los funcionarios públicos que apoyan a la Aduana a través del mecanismo llamado FUPA. Entendemos que la filosofía de ese mecanismo no es el de los pases en comisión en general y, por tanto, no tenía sentido aplicar la lógica de que después de tres años pudieran incorporarse en forma definitiva.

SEÑOR LONG.- Quisiera conocer cuál es la razón de este planteo. Pregunto esto porque hay muchas situaciones que podrían considerarse excepcionales.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Esto estaba pensado como un grupo de trabajo o de tareas que explícitamente estaba operando con una lógica distinta a lo que es el funcionamiento general de los funcionarios de Aduana. Otra razón es que estamos encarando un proceso de reforma integral de la Aduana que, obviamente, también va a involucrar modificaciones en las relaciones de toda índole en su funcionamiento. Por lo tanto, entendíamos que, además de que no veíamos como una continuidad natural de los FUPA integrarse definitivamente a la Aduana -por la lógica con que fueron definidas sus tareas- esto colidiría con el proceso de reforma integral que se está visualizando en la Aduana. Obviamente va a venir a este Parlamento un marco legal que involucrará un marco normativo aduanero, pero también un marco de funcionamiento de la Aduana, y creemos que en esa instancia va a ser razonable discutir y ver cuáles son las mejores formas de incorporar eventualmente a esta gente, si es que deben incorporarse. Es decir: la idea es dar esa discusión a la luz de la visión de reforma integral de la Dirección Nacional de Aduanas.

El artículo 37 refiere a la eliminación del pago de DISSE a los contratos a término y a la derogación del artículo 29 de la Ley Nº 17.556, del año 2002. Este era uno de los aspectos a los que hacía referencia, si mal no recuerdo, el señor Senador Alfie. Es una propuesta que debe verse enmarcada en la negociación con los funcionarios públicos que apunta a ampliar la cobertura de DISSE para ellos. En todo caso le pediría a la contadora Susana Díaz que comentara este artículo.

SEÑORA DIAZ.- Con respecto a la aplicación del régimen de DISSE a las personas que estaban vinculadas a la Administración por medio de contratos a término, no ha sido feliz la solución que se buscó en su momento. Actualmente se está negociando una nueva forma de vincularse a DISSE. Hoy por hoy DISSE no puede prestar ni siquiera la licencia o el pago de las retribuciones correspondientes, sino que el Estado debe hacerse cargo de ellas. Entonces, se entendió que si había una solución general para DISSE y los funcionarios dependientes del Estado, estos contratos deberían incluirse dentro de la misma y no mantener esta situación híbrida, que no había dado resultados en su momento.

En cuanto a la derogación del artículo 29 de la Ley Nº 17.556, lo que se busca es eliminar las inflexibilidades que tenía esa norma, sobre todo con respecto a la medición de la disminución de funcionarios. Dentro de los márgenes de los créditos presupuestales que tienen cada una de las Unidades e Incisos, se entiende que la renovación es necesaria y que esa forma de cómputo de la disminución de funcionarios públicos no necesariamente hacía efectiva la renovación de las estructuras de las oficinas. Concretamente, nos encontramos ante pedidos o necesidades con financiamiento, pero que no cumplían con alguno de esos requisitos, y se decidió que, dentro de las condiciones de no incremento de los créditos presupuestales, sí podría evitarse esa limitación de reducción.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En el artículo 39, el Poder Ejecutivo se hace eco de una solicitud de un grupo de Legisladores encabezados por la señora Diputada Silvana Charlone, que requería, obviamente, iniciativa del Poder Ejecutivo. Esta norma, básicamente, crea un beneficio equivalente a la prima por nacimiento para los casos de funcionarios públicos que legitimen adoptivamente o adopten menores de edad.

                El artículo 48 refiere a la Auditoría Interna de la Nación, y en este caso también solicitaría a la contadora Díaz que realizara algún comentario sobre él.

SEÑORA DIAZ.- El artículo 231 de la Ley Nº 15.809 autorizaba a la Auditoría Interna de la Nación a abonar una compensación a los Directores que ocuparan los dos grados legales superiores de cada uno de los escalafones; pero con distintos incentivos de retiro y redistribuciones, la Auditoría Interna se ha quedado sin esa posibilidad, dado que prácticamente no tiene grados superiores en los escalafones, y los que están cumpliendo las funciones tienen grados inferiores. Entonces, se habilita a que esa compensación se abone a los dos grados superiores de su propia estructura, no necesariamente a los dos grados superiores legales.

En el mismo orden, la Auditoría Interna ha recibido un refuerzo de funcionarios, fundamentalmente contadores de la Dirección General Impositiva, y se ha quedado sin escribanos ni abogados. En este caso, el segundo inciso elimina una condición de uno de los cargos de escribano que, al vacar, se transformaba en uno de contador, y lo está dejando como cargo de escribano, que efectivamente es más necesario en la situación actual de funcionarios que  tiene la Unidad.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El artículo 60 refiere esencialmente a la posibilidad de que en los incentivos -sobre todo los grupales, que están en el marco del compromiso de gestión entre la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Economía y Finanzas, así como en el marco de la ley y del decreto reglamentario referidos al fortalecimiento y la reforma de la Dirección General Impositiva- se incluya también a aquel grupo de funcionarios que actualmente tiene un rol muy importante en la Dirección General Impositiva y es contratado a término. Esto se plantea, básicamente, por la vía de la interpretación del segundo inciso de la ley de reforma de la Dirección General Impositiva, de noviembre de 2003.

SEÑOR ALFIE.- ¿Quiere decir, entonces, que son todos los funcionarios? Creí que se dudaba de que había funcionarios que podían tener, o no, esta prima, pero esta disposición establece que todos acceden a ella.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Para fundamentar este aspecto, voy a solicitar la complementación de la información por parte del Director General de Rentas.

SEÑOR ZAIDENSZTAT.- Tal como la Comisión sabe, la reforma de la Dirección General Impositiva implicó una salida importante de personas que optaron por mantener su actividad privada. Por lo tanto, haciendo cumplir la ley, se les dijo que debían elegir, ya que no se puede trabajar simultáneamente en la Administración Central y en la Dirección General Impositiva. Ello implicó que aproximadamente un 25% de los profesionales de la Dirección General Impositiva optara por marcharse hacia otros destinos de la Administración Central. Asimismo, una tercera parte de los gerentes también optó por este camino del retiro. Simultáneamente, en un proceso durante el cual la Dirección General Impositiva -como el resto de la Administración Central- experimentó una disminución en el número de funcionarios por concepto de distintos incentivos planteados en los años 2003 y 2004, la plantilla de profesionales, fundamentalmente, se vio reducida. Por tal motivo, trabajando con la Universidad de la República y las universidades privadas, la Dirección General Impositiva incorporó a jóvenes profesionales que ingresaron por concurso de oposición y méritos.

                En su estructura actual, la Dirección General Impositiva tiene, aproximadamente, 1.175 funcionarios, de los cuales, si mal no recuerdo, 320 son profesionales. De esos 320, hay 108 profesionales que ingresaron por concurso en 2003 y en 2004.

                En el marco de la disposición que reglamentó la ley de reestructura de la Dirección General Impositiva, concretamente el Decreto Nº 166, se establecieron compromisos de gestión y de obtención de metas. Obviamente, estos funcionarios, que son contratados, tienen un rol importantísimo en el cumplimiento de las metas y objetivos fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por consiguiente, en el artículo 60 se establece simplemente que estos funcionarios son parte esencial de la Administración, y gracias a ellos, con el aporte de su trabajo, se alcanzaron las metas requeridas por el Ministerio de Economía y Finanzas en el compromiso de gestión. Por tanto, se entiende necesario integrarlos y no segregarlos del resto de los funcionarios de la Dirección General Impositiva.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El artículo 61 plantea, esencialmente, en la interna del Ministerio de Economía y Finanzas, una transferencia de créditos presupuestales desde la Dirección General de Secretaría y desde la Contaduría General de la Nación hacia la Dirección General de Comercio, debido a que se evaluó la necesidad de reforzar el trabajo de esta última en algunas de sus áreas. En esencia, es un artículo que transfiere créditos presupuestales de dos de las Unidades Ejecutoras a una tercera dentro del Ministerio de Economía y Finanzas.

                El artículo 62 prevé la utilización de una parte de los recursos de afectación especial que tiene la Contaduría General de la Nación, para la contratación de becarios y pasantes, esencialmente, con una alta carga en materia informática. A nivel de la Contaduría está planteándose, fundamentalmente, el desarrollo de dos proyectos importantes que requieren este apoyo: uno es el diseño y la implementación de un nuevo sistema vinculado a la administración de recursos humanos, y el otro, la reingeniería y el perfeccionamiento del sistema integrado de información financiera. Reitero que lo que el artículo prevé es la posibilidad de utilizar hasta $ 2:800.000 para ese fin.

                El artículo 79 refiere a que se consideren aplicaciones definitivas de fondos, las utilizaciones transitorias de los fondos de libre disponibilidad realizadas por los Incisos 02 al 15, es decir la Administración Central. Nosotros entendemos que esto es parte de una lógica de buena administración en el marco del reordenamiento financiero que, de alguna manera, es consistente con uno de los criterios que manejamos a nivel del Presupuesto que refiere a dar buenos incentivos al gasto. De alguna manera, el hecho de no transformar en definitivas estas utilizaciones transitorias, está dejando la puerta abierta a incentivos relativamente perversos desde nuestro punto de vista.

                Solicitaría que la contadora Marta Abilleira explicara estrictamente cómo operaría esta lógica.

SEÑORA ABILLEIRA.- En realidad, este artículo va de la mano con el 81, y lo que el Ministerio busca a través de ellos es sanear situaciones existentes. Históricamente se han utilizado transitoriamente fondos por parte de los Ministerios para pagar deuda de Rentas Generales, lo que hace pensar -en los hechos hoy es así- en una especie de derecho de las Unidades Ejecutoras que, teniendo excedentes en su momento, cubrieron déficit de Rentas Generales. Lo que pretende este artículo es pasar raya  hasta la fecha de vigencia de la ley y que se aplique definitivamente. Quiere decir que los Ministerios prestaron el dinero porque tenían excedentes en un momento en que Rentas Generales no tenía disponibilidad.

                ¿Por qué decimos que éste va de la mano con el  artículo 81? Porque si bien  el Ministerio reconoce la existencia de todos los recursos con afectación especial, pretende que aquellas Unidades que tengan excedentes no necesarios para la aplicación de su presupuesto contribuyan, de alguna manera, al financiamiento general del Presupuesto. De esta forma establecemos cierto orden. Entonces, primero se cubren las necesidades de la Unidad Ejecutora, una vez cubierto su presupuesto contribuye con los excedentes a cubrir el déficit del resto del Ministerio, es decir, de aquellas unidades que tienen objetivos comunes y afines a la unidad que generó el recurso, y finalmente, si aún existieran excedentes, se destinan a Rentas Generales. Simplemente, se trata de una política tendiente a no seguir generando bolsas y excedentes por encima de lo necesario para el presupuesto.

SEÑOR SUBSECRETARIO.-  Con la respuesta de la señora contadora, doy por presentados los artículos 79 y 81.

SEÑOR MICHELINI.-  Según entiendo, entonces, el artículo 79 da una solución hacia atrás y el artículo 81 constituye una autorización general hacia adelante, mejor dicho, un protocolo de cómo determinar esas partidas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Así es; esa es esencialmente la lógica que, por un lado, determina que las bolsas excedentes contribuyan al financiamiento del Presupuesto a la vez que le da flexibilidad, en el ámbito de los Incisos, a efectos de ir cancelando la deuda flotante.

SEÑOR ALFIE.- Es un cambio, aunque no muy grande, frente al actual, porque hoy, en Rentas Generales, me daba un 80% cuando terminaba el año. Pero, en realidad, yo había solicitado si se me podía enviar la lista de los Incisos, uno por uno.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quedamos comprometidos a enviar esa información a la Comisión.

                El artículo 82 refiere a algo que el señor Ministro había adelantado la semana pasada.

Estudios preliminares, que se van a completar  a lo largo de este año, indican que los montos que se están destinando al marco o mandato legal de la devolución de impuestos indirectos a las exportaciones, superan largamente los montos correspondientes a la tributación indirecta contenida en esas transacciones. Por lo tanto, estamos revisando esa situación y esencialmente lo que queremos es que el marco legal se cumpla de manera explícita, es decir, que lo que se devuelva como impuestos indirectos sea efectivamente el monto equivalente a los impuestos indirectos que debieron pagar esas actividades.

Entonces, en el entendido de que pueda generarse una diferencia entre lo que actualmente se está otorgando y lo que debe otorgarse por una cuestión legal  -con el ánimo de la transparencia necesaria de lo que es el uso de los fondos públicos y también a fin de dejar en claro que detrás de esta medida no hay un afán fiscalista en ningún caso-  planteamos en el artículo 82 la posibilidad de que se faculte al Poder Ejecutivo para que esa diferencia entre lo que hoy se otorga como certificados por devolución de impuestos indirectos y lo que efectivamente debiera hacerse por mandato legal, sea utilizado para políticas activas en el sector productivo y que esto sea definido por una Comisión integrada por los Ministerios asociados al tema, básicamente, los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, de Turismo y Deporte y de Transporte y Obras Públicas.  Aquí no está planteándose lo que hoy por hoy opera como apoyo al sector privado, sino que se dice que siga operando, pero  de manera explícita y transparente. Quizá se termine apoyando los mismos sectores que hoy ya reciben ese apoyo y esto habrá que verlo. Aquí no hay una cuestión a priori que implique modificaciones, aunque tal vez sí puedan darse. De todas formas, entendemos que debe ser explícito y transparente para que el Poder Legislativo y la sociedad en su conjunto sepan a qué se destinan los fondos públicos.

No hay mandato legal, por el momento, para esa utilización de fondos, más que lo que corresponde a la devolución de impuestos indirectos.  Por lo tanto, lo que estamos planteando es hacer el cálculo correcto de lo que efectivamente debería ser la devolución de impuestos indirectos y la diferencia con lo que hoy se está asignando. A su vez, que lo que debe asignarse por devolución de impuestos indirectos sea utilizado para el desarrollo de políticas en el sector productivo a partir de las definiciones de esta Comisión, integrada por los Ministerios, asociada a los sectores productivos.

                Esa es un poco la idea de esta facultad que el Poder Ejecutivo estaría solicitando al Poder Legislativo.

SEÑOR ALFIE.- La reiterada referencia a la transparencia y no sé qué historia más,  hace presumir que hoy no es transparente, y nada hace suponer eso. Hoy es absolutamente transparente, en primer lugar, porque está votado por el Parlamento -como debe ser-; en segundo término, porque está hecho con un criterio público, con una metodología que todos conocen, y en tercer lugar, en razón de que hay decretos que dicen, uno por uno -por lo menos hay diez mil ítems- cómo es cada uno. Podrá ser igual, pero no creo que sea más transparente.

                Por otra parte, pienso que esta Comisión -y aquí comienzan los problemas- va a decidir por sectores, y así tendríamos que entrar a considerar la veleidad de los hombres; quizás algunos digan: “A mí me gusta más esto”, y otros pueden decir: “Yo pienso que este tiene más potencial”, etcétera. No voy a prejuzgar, pero ese hecho tiene sus complicaciones.

Más allá de eso, como la Comisión va a tomar apoyos -es decir, subsidios- ello necesariamente tiene que ser votado; se tendrá que redactar una ley para hacerlo, porque no se puede dar una autorización genérica sobre algo que no se sabe. Por ejemplo, el subsidio forestal fue votado con determinadas características, pero todo se encontraba establecido en la ley. Eso tiene que ser autorizado por el Parlamento y, a mi gusto, no se puede delegar en una Comisión la tarea de asignar fondos.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Antes que nada, quiero reiterar un aspecto: si acá se está planteando un régimen de devolución de impuestos indirectos, creo que es razonable pensar que lo que hay que devolver son los impuestos indirectos. Los estudios preliminares -más allá de los decretos y las explicitaciones correspondientes- se realizaron  en base a una norma que apunta a algo que es lógico y que compartimos: que no deben exportarse impuestos indirectos. Pero cuando llegamos a la conclusión de que lo que se devuelve es mucho más que los impuestos indirectos, planteamos la necesidad de que se haga esa mención específica, reitero que con el fin de que quede claro que no se trata de un tema de voracidad fiscal, sino de que deben definirse cosas teniendo como objetivo, lógicamente, las políticas económicas. Entonces, debemos establecer qué es lo que se debe tomar como devolución de impuestos indirectos, y la diferencia se podrá utilizar en apoyo a los sectores productivos.

                Uno podría no solicitar esta facultad, recalcular la devolución de impuestos y, de hecho, la diferencia quedaría en Rentas Generales -eso no me lo digan dos veces- pero la idea no es que ese sea el destino de estos fondos, sino que se sigan apoyando emprendimientos productivos.

                Todavía no tenemos el cálculo exacto, pero no quiere decir que no haya una cifra concreta; sí la hay, porque es la diferencia entre los certificados recibidos por las agencias de recaudación por concepto de devolución de impuestos del Ejercicio 2006 y el monto de beneficios que deben pagar. Quiere decir que el monto tope está determinado y lo que se está haciendo en este momento es el cálculo numérico. Reitero que uno podría decir, directamente, que se recalcule la devolución de impuestos, se devuelva lo que hay que devolver y que el resto, por la vía de los hechos, quede en Rentas Generales. Sin embargo, planteamos la necesidad de este artículo para dejar claramente establecido que la intención no es retacear el apoyo a los sectores productivos, sino mantenerlo, y creemos que esta es la vía razonable.

                Obviamente podría redactarse un artículo una vez que esté hecho el cálculo y fijado el monto; lo que sucede es que eso implicaría no poder empezar a trabajar antes con eso. Entendemos que la forma de respetar los objetivos de política económica queda bien reflejada por la integración de la Comisión propuesta. También está claro que uno podría reportar al Parlamento en qué se usa, cuánto ha sido la diferencia y en qué programas y planes se pueden utilizar, sin perjuicio de que en instancias posteriores el Parlamento pueda modificar esa utilización.

                Reitero que la lógica de este artículo es dejar señalada esa facultad a efectos de que quede claro que esto no tiene una perspectiva fiscal, sino la intención de hacer explícitos y más razonables los apoyos al sector productivo.

SEÑOR MICHELINI.- Es lógico que se necesite una norma legal si se quiere apoyar proyectos para el sector productivo. Recalculados estos ítems, si hubiera diferencias -eso lo determinará el futuro- notoriamente se necesitará un artículo que permita incrementar los créditos presupuestales para financiar proyectos de apoyo al sector productivo. Una cosa es decir que el Estado uruguayo tiene la intención de colaborar con el 100% de la trazabilidad y otra que decida que con esos créditos no va a apoyar un proyecto sino a subvencionar un sector -como en el caso de la forestación- para lo cual va a necesitar de la ley correspondiente. Son cosas distintas apoyar financieramente un proyecto y subvencionar directamente a un sector. Aquí tenemos la autorización para que el Estado uruguayo, el Poder Ejecutivo, tome la decisión de subvencionar determinados proyectos.

                De todas formas, me gustaría saber si a este artículo se le puede agregar en alguna parte lo relativo a la comunicación a la Asamblea General o a las Comisiones respectivas de cada Cámara.

SEÑOR LARRAÑAGA.- La facultad establecida en el artículo 82 representa el reino de la más absoluta discrecionalidad, porque con la posibilidad de recalcular el régimen de devolución de impuestos, más el otorgamiento de esta facultad al Poder Ejecutivo para incrementar los créditos presupuestales de los Incisos que se mencionan con el fin de financiar proyectos de apoyo al sector productivo, ¿de qué ley posterior estamos hablando? La facultad está inserta en el artículo; el Poder Ejecutivo, con el dedo, tendría la posibilidad de financiar los proyectos que se le antoje. Yo interpreto así esta facultad del artículo 82, y no de la forma en que lo ha hecho el señor Senador preopinante. Por este artículo se faculta a redistribuir recursos, una vez que se revise el actual régimen de devolución de impuestos.

Por lo que aparenta la norma, ya estaba bastante avanzado el trabajo del Ministerio en lo que tiene que ver con la revisión del sistema de devolución de impuestos. ¿Hay algún cálculo con respecto a los recursos a redistribuir? O mejor dicho, ¿hay algún cálculo de aquellos recursos que se están devolviendo por un régimen no transparente de devolución de impuestos? ¿Hay alguna estimación de cuánto se está devolviendo de más por este régimen? ¿Podemos apreciarlo en algún monto? Esta es la pregunta y la afirmación que realizo con respecto a la discrecionalidad que  resulta del texto. No estoy emitiendo una apreciación subjetiva, caprichosa y antojadiza sobre el contenido del texto; es lo que él dice. Me parece que debería quedar claro que más allá del crédito presupuestal que se va a tener mediante la reasignación de los recursos, por este artículo ya se da al Poder Ejecutivo la posibilidad de financiar determinados proyectos. Me parece que esto no puede funcionar  con esta  latitud, esta  discrecionalidad y esta amplitud  concedida por el artículo 82.

SEÑOR LONG.- Pensamos que esto genera una especie de bolsa de subsidios que después pueden ser asignados en forma arbitraria y menos transparente que el mecanismo anterior. Hoy se podrá coincidir o discrepar, pero se sigue un mecanismo claro en el cálculo, mientras que aquí transferiríamos a una Comisión de Ministerios una asignación de recursos que puede ser muy cuantiosa.

Ahora, sobre lo que decía el señor Senador Michelini, llamémosle apoyo a proyectos, ayuda inteligente -como dicen los chilenos- u otros conceptos que se han utilizado en todo el mundo, con más énfasis en la tecnología y en la generación de capacidades de los propios sectores, no dejan de ser transferencias del Estado al sector privado, lo que termina siendo, de una forma u otra, subsidios. Eso es así.

De modo que nos parece que esto, lejos de ser un avance, es un retroceso, más allá de que el espíritu inicial sea otro. Digo esto porque dejaríamos en manos de una Comisión tal vez decenas de millones de dólares, para asignarlo a  un sector u otro, a una empresa u otra, sin estar eso definido por ningún criterio.

                Por otro lado, nos preocupa el quantum de estas ayudas a los sectores productivos. En el Presupuesto del año pasado se debatió bastante el tema de la escasa magnitud de recursos de apoyo al sector productivo, por diversas vías. Aquí estaríamos manteniendo el mismo número. Nos preocuparía ver, en todo caso, cómo es posible incrementarlo; pero aquí estaríamos haciendo una  transferencia entre un sector y otro, entre una empresa y otra, en que una dejaría de percibirlo o pasaría a percibir menos, aunque el número total sería el mismo. Esto va más allá de este artículo y nos preocupa como concepto general. Reitero que no compartimos hacia dónde va este artículo.

SEÑOR RUBIO.- Me parece que lo que nos debería preocupar es que exista esta diferencia y que esto se haya prolongado en el tiempo, según todo indica, por montos muy importantes.

                En realidad, si la ley habilita a devolver los impuestos indirectos que se hayan pagado y las sumas son muy superiores, acá hay un problema. Entonces, lo que se quiere es previo; es poder asignar estos fondos a proyectos del sector productivo. Este es uno de los reclamos más insistentes que tiene el propio Gobierno y la oposición. Lo que no se quiere es perder el tiempo en materia de asignación de recursos; en la próxima Rendición de Cuentas tendremos lo asignado y el proyecto de lo que seguirá.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Obviamente, algunas cosas son opinables y otras no lo son tanto. Creo que con el régimen de la devolución de impuestos, esencialmente, se procura devolver los impuestos indirectos, porque en su filosofía está la idea de que no deben exportarse impuestos indirectos, concepto con lo que estamos todos de acuerdo. Cuando posteriormente, en una primera aproximación, vemos que los montos no tienen una relación clara y que lo que efectivamente se asigna es muy superior a lo que debería hacerse por concepto de devolución de impuestos indirectos, está claro que existen subsidios.

                Con relación a la consulta del señor Senador Larrañaga, debo decir que estamos afinando el trabajo, o sea que estas cifras que voy a manejar no deben tomarse como definitivas. No obstante, entendemos que esa diferencia puede no ser menor a los U$S 50:000.000; o sea que se trata de un monto significativo para elaborar políticas o para desarrollar políticas explícitas de apoyo a los distintos sectores.

Si bien efectivamente, en el marco de este artículo, lo que dice el señor Senador Long es correcto -o sea, que lo que estamos planteando es que lo que hoy se está asignando por una vía, se asigne por otra diferente- no es cierto que el impacto sobre el sector productivo sea el mismo. Nosotros creemos que incluso un mismo monto, mejor utilizado, va a tener mejores efectos en el área productiva, sin perjuicio de que también sería saludable poder disponer de más recursos para apoyar a los sectores productivos. Ahora bien; para citar un ejemplo, podría decir que si uno está devolviéndole de más a las exportaciones de carne a los mercados más calificados del mundo, seguramente ese será un subsidio o un apoyo que quizás no sea estrictamente necesario en el marco de las necesidades y prioridades de cada sector. Si ese mismo dinero puede utilizarse para apoyar industrias incipientes o que requieran de un apoyo inicial para poder desarrollar nuevos sectores, la utilización de la misma suma de dinero y de recursos va a tener, sin duda, efectos productivos mucho más eficientes.

                Por lo tanto, creemos que este es un paso necesario a la hora de marcar el compromiso del Gobierno de apoyo a los sectores productivos, porque tal como decía el señor Senador Larrañaga, el Poder Ejecutivo ya puede hacer esto, en el sentido de que el recálculo de los impuestos indirectos evidentemente ya se está haciendo y se puede hacer; en consecuencia, la devolución de impuestos en ese sentido puede modificarse. El espíritu del artículo es dejar explícito que aquí no hay una intención de ahorro fiscal ‑o sea, de retacear recursos al sector productivo- sino que procuramos que haya una mejor utilización de dichos recursos que, además, sea conocida por todos.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quiero agradecer al señor Subsecretario por su contestación, porque me parece que fue muy clara, a pesar de que pueda o no compartirse. Ahora bien; la pregunta que me surge inmediatamente, es la siguiente: ¿una Comisión de Ministerios, por la facultad que se prevé en este artículo 82, va a administrar U$S 50:000.000 por año, alegremente, para aquellos amigos o sectores productivos a los que se les va a dar asistencia, con una absoluta discrecionalidad? Quiero preguntar ‑y retiro el término “amigos”, por si molesta a algún señor Senador- una vez más, si esta querida Comisión va a administrar U$S 50:000.000 por año, en una reunión de Ministros, estableciendo que se le va a dar “a éste, a éste y a éste”. Pido una contestación, señor Presidente, porque me parece que el giro de la redacción no tiene desperdicio.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- La idea ha sido planteada en el sentido de cuál es la intención del artículo aunque, obviamente, como siempre, existe margen para la discrepancia. Hay un tema de tiempo que puede ayudar a que el Parlamento pueda informarse y, de hecho, ratificar o rectificar lo que el Poder Ejecutivo pueda hacer con esto. En ese sentido, hasta podría explicitarse en el propio artículo la necesidad de rendir cuentas. Como dije, el Parlamento tiene la facultad de chequear y modificar lo hecho. Dejo la continuidad de la discusión al proceso parlamentario.

                Con respecto al artículo 83, cabe decir que propone la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de asumir, ante el Banco de la República Oriental del Uruguay, una deuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca referida al Plan Nacional de Silos. Esto surge como parte de un acuerdo entre ambos Ministerios y el Banco. Entonces, a través de esta disposición estamos solicitando autorización legal para concretar esa operación.

                Por su parte, el artículo 84 está referido a una situación de endeudamiento bancario que oportunamente contrajo la Administración Nacional de Correos y que incumplió. Eso trajo como consecuencia la presentación de una demanda judicial y una posterior sentencia en su contra, de setiembre de 2003. De hecho, la negociación con el Bank Boston la asumió el Ministerio de Economía y Finanzas. Concretamente, se solicita la autorización para que también pueda llevar a cabo una eventual cancelación bajo determinadas condiciones, con la consiguiente subrogación de los derechos a su favor y en contra de la Administración Nacional de Correos, a efectos de que también se acuerden la forma y plazos para el pago de tales sumas.

SEÑOR LARRAÑAGA.-  Si no estoy equivocado, esas deudas se generaron para hacer frente al pago de sueldos y a los gastos de funcionamiento. Quiero saber, aunque sea en líneas generales, cuál es la situación financiera actual de la Administración Nacional de Correos.              

                Por otro lado, consulto por qué se realiza esta operación entre el Correo y el Bank Boston y no se lleva a cabo otra similar con algunos proveedores del Estado a los cuales se les está debiendo.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En el año 2003 ya hay una sentencia judicial que ordena al Correo la cancelación de esta deuda. Esto implica un cambio cualitativo con lo que es todo un proceso que comúnmente se le llama de deuda flotante con proveedores, en donde básicamente hay plazos que se demoran un poco más o un poco menos, pero que el Estado va cancelando con cierto rezago, pero cancelando al fin.

 En este caso fue diferente; el Correo nunca consideró la capacidad de ir repagando esto, a tal punto que se llegó a una demanda judicial y a una sentencia en su contra. La situación financiera del Correo no es buena -hoy hacíamos referencia al tema- a tal punto de que requiere subsidios directos, incluso en el ámbito presupuestal, del orden de los U$S 10:000.000. Ahora bien; ¿a qué rubro destinó el Correo este endeudamiento? Me imagino que sería a cuestiones referidas al propio funcionamiento de la Administración, porque su situación deficitaria no es nueva, y en el marco de ese funcionamiento se endeudó con el sistema bancario. Evidentemente, este Gobierno tiene  que encarar -y de hecho se está empezando a hacer- los roles, las capacidades y la situación económico-financiera de la Administración Nacional de Correos porque, evidentemente, tal como están las cosas, la situación no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, habrá que analizar en profundidad las causas de la situación y ver qué elementos correctivos deben tomarse en cuenta con miras a que pasemos a una situación más sana en ese sentido.

El artículo 85 se refiere a la facultad de utilizar fondos a efectos de viabilizar los emprendimientos para la mejora de la infraestructura en el ámbito ferroviario. Hace un momento se comentó sobre la posibilidad de utilizar fondos a través de AFE en el marco de nuevos emprendimientos, que involucren probablemente inversión privada. Lo que sucede es que, justamente, el aporte público en esos emprendimientos -la forma que adopta- debería ser la de un subsidio al organismo correspondiente a efectos de participar o capitalizar nuevos emprendimientos que apunten a la conformación de infraestructura y operación de emprendimientos en materia ferroviaria.

El artículo 86 procura la autorización legal a efectos de que el Poder Ejecutivo pueda asumir y recibir activos y pasivos del Banco Hipotecario del Uruguay, en el marco del proceso integral de reforma de este organismo que, de alguna manera, procure ordenar la situación económico-financiera, pero también la situación funcional. Esto apunta esencialmente a poner la casa en orden, a redimensionar y reorientar las funciones que el Banco Hipotecario siempre debió tener, explicitando además que algunas de las funciones que históricamente cumplió dicho Banco y que no lo hizo de buena manera, deben ser cumplidas por otros organismos, en particular por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por lo tanto, lo que hace el artículo 86 es solicitar la autorización a efectos de que puedan realizarse estas operaciones de transferencia de activos y pasivos al Ministerio de Economía y Finanzas, facultando a su vez, por diferencia, ciertos mecanismos de capitalización que permitan que el Banco Hipotecario pueda cumplir, ya reorientado y redimensionado, las funciones que entendemos corresponden.

                A partir del artículo 88 nos estamos refiriendo a asignaciones que el Poder Ejecutivo propone para los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República. Seguramente, los señores Senadores también conversarán estos temas con las propias delegaciones de estos organismos, pero entendíamos que correspondía que nosotros de alguna manera presentáramos y fundamentáramos la propuesta del Poder Ejecutivo con respecto a esta Sección.

                El artículo 88, en particular, está asociado a la operación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para la transferencia del edificio conocido como Palacio de Justicia. Obviamente, esto implica transferencia mutua de activos y de recursos. En concreto, a través de convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Judicial estaría transfiriendo el Palacio de Justicia, que va a seguir construyéndose por parte del Poder Ejecutivo. En definitiva, este artículo plantea la autorización para la regularización de esa transferencia, así como la de bienes y recursos del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, como contrapartida. O sea que con este artículo se viabiliza la operación por la que el Palacio de Justicia pasa al Poder Ejecutivo, que va a ser el que  culmine las obras, y el Poder Judicial recibe las contrapartidas convenidas.

                El artículo 89 contempla una necesidad del Tribunal de Cuentas relativa a la adquisición de un inmueble, con fondos que ya tiene afectados. Según tengo entendido -seguramente, ellos podrán explicarlo con mayor detalle- cuentan con aproximadamente U$S 5:000.000 para este fin y, por razones de carácter fiscal y presupuestal, nosotros vemos la posibilidad de asignarles partidas anuales del entorno de U$S 1:000.000 para que esa operación de adquisición pueda hacerse a través de modalidades que permitan diferir el pago en algunos años, como podría ser la del leasing.

                En cuanto al artículo 90, solicitaría a la contadora Susana Díaz que lo explicara.

SEÑORA DIAZ.- Señor Presidente: este artículo deroga una derogación. En la Ley de Presupuesto ‑entendíamos que por un problema de materialidad- se autorizó la derogación de la presentación de los balances con auditoría externa. Eso obedecía a que muchas de las organizaciones que debían presentar esos balances recibían subsidios que no eran ajustados para la presentación de informes de auditoría, por los costos asociados que tenían. Entonces, ante una solicitud del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación, se derogó esa imposición.

                En este momento lo que se recoge es la solicitud en contrario, dado que tanto la Auditoría Interna como el Tribunal de Cuentas ha visto que, cuando van a hacer sus respectivas tareas de auditoría de aquellas organizaciones que reciben y tienen muchos ingresos, no existe obligación de presentar un informe de auditoría.

Entonces, planteamos el mantenimiento de la obligatoriedad pero dando la posibilidad al Poder Ejecutivo de que, en aquellas organizaciones en que los fondos que reciben del Estado sean exiguos o manejen partidas de subsidios inferiores a determinados montos, no sea requerido el informe.

Muchas gracias.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- A efectos de explicar detalladamente la asignación presupuestal del artículo 91, que refiere a lo dispuesto por el literal A del artículo 476 de la Ley de Presupuesto, que asociaba un incremento de partidas presupuestales para la educación, tanto para la ANEP como para la Universidad de la República, en función de la evolución de la economía y del crecimiento del Producto Bruto, solicitaría que hiciera uso de la palabra la contadora Marta Abilleira.

SEÑORA ABILLEIRA.- La asignación de esta partida de la Universidad de la República es clara y directa, y es a partir del Ejercicio 2007.

                La pregunta del señor Senador Alfie hacía referencia a la asignación de la ANEP y, tal como él interpretó, lo que se hace en este artículo es adelantar el 50% de la partida del Ejercicio 2007 para ser ejecutada en 2006, de modo de cubrir un déficit que va a tener en el Rubro 0 -según nos informó la ANEP- debido a ciertas medidas que adoptaron los Consejos sin tener crédito presupuestal. Lo que nosotros hacemos es asegurarnos de que ese déficit va a ser cubierto y, por lo tanto, en los años 2006 y 2007 el nivel de ejecución sería  el mismo; entonces, recién habría un incremento real a partir del año 2008.

SEÑOR LONG.- Quiero saber cuál es el monto que se pagó o se contrajo de deuda, sin autorización.

SEÑORA ABILLEIRA.- El monto es de $ 107:100.000, es decir, el 50% de lo que se está asignando anualmente, por lo que se adelanta, del Ejercicio 2006, el equivalente para asegurarnos que pueden cubrir el déficit del año 2006 y el mismo nivel de ejecución del Rubro Cero para el Ejercicio 2007.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Los artículos 92 y 93 son la concreción de lo planteado en el artículo 476 de la Ley de Presupuesto, en particular, el literal b), que refería a U$S 20:000.000 que se asignarían a la educación, repartidos entre la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República. Esta cifra sería destinada a proyectos específicos que se describen tanto en el artículo 92, para la ANEP, como en el 93, para la Universidad de la República, tal como estaba planteado en la Ley de Presupuesto. Es decir que esta es la concreción de ese compromiso que estaba planteado de manera programática en la Ley de Presupuesto y que suman los U$S 20:000.000 comprometidos.

                En el artículo 94 -referente al INAU- se otorgan, básicamente, partidas adicionales al Instituto en un entorno de los $ 120:000.000, equivalentes a unos U$S 5:000.000. Aquí hay refuerzos de $ 20:000.000 para el año 2006, lo que implica algo así como una duplicación en las partidas de inversiones que tanto el organismo como el Poder Ejecutivo entendían imprescindibles. Concretamente, el artículo 94 asigna partidas adicionales al INAU por un entorno de los U$S 5:000.000.

                El artículo 95 está relacionado con la extensión del régimen -que ya se aprobó para la Administración Central- de retiros incentivados para los funcionarios del INAU que, si mal no recuerdo, estaba prevista en el artículo 29 de la Ley de Presupuesto. Este Instituto solicitó la posibilidad de que se le extendiera dicho régimen, y es en este artículo 95 que se lo propone.

                Por el artículo 96, también se autoriza al INAU el mecanismo de transposición de créditos que hoy ya tienen la ANEP y la Universidad de la República, es decir, que por esta disposición se le otorga al organismo el mismo tratamiento que tienen éstas, a los efectos de trasponer créditos presupuestales.

                Quedamos a las órdenes para responder cualquier tipo de interrogantes o consultas. Nosotros entendemos que estos eran los artículos que, de alguna manera, comprendían al Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio -tal como había planteado el señor Presidente- de que exista la posibilidad de formular comentarios sobre algunos artículos que había planteado el señor Senador Alfie, así como también, sobre alguna otra disposición adicional -aprovechando la presencia del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil- referida a  aspectos relativos a los funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como había fijado esta Comisión en el régimen de trabajo, ahora correspondería escuchar al Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y, posteriormente, el equipo económico comentaría aquellos artículos que, a requerimiento del señor Senador Alfie, no fueron aludidos.  

SEÑOR TOMA.- Para comenzar, me referiré al artículo 29 de este proyecto de ley. Debemos señalar que en el Estatuto del Funcionario existen incompatibilidades y sujeciones que no tienen límite temporal. Entonces, esta norma, básicamente, existe hoy en nuestro Derecho Positivo, sólo que no tiene rango legal, sino sólo reglamentario, ya que el decreto-ley Nº 500/991 -que dicta normas generales de actuación administrativa- establece en su artículo 226 que los funcionarios públicos que registren sanciones de suspensión como consecuencia de su responsabilidad comprobada en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia financiera, de adquisiciones, de gestión, de inventarios o manejo de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades.

Esta es una sujeción que la Administración viene aplicando sanamente cuando enfrenta la situación de que un funcionario se ve involucrado en alguna de estas situaciones indeseables; entonces, cuando se aplica la sanción grave de suspensión por seis meses, se establece “con sujeción a lo dispuesto por el artículo 226 del Decreto 500/991”. Es claro que, tratándose de una incompatibilidad, no existe límite temporal.

Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha advertido que esta norma -de notable bondad, por lo que voy a decir más adelante- debería tener rango legal; por eso, con las adecuaciones del caso, traemos al Parlamento una propuesta en ese sentido.  La razón de ello es que debemos ser fieles a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 3º de la Convención Interamericana sobre Corrupción -celebrada en Caracas en marzo de 1996 y ratificada por Ley Nº 17.008 de 25 de setiembre de 1998- donde se establece la obligación de los Estados Parte de disponer, dentro de sus propios sistemas institucionales, medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Precisamente, esto se cumplió a nivel legislativo mediante la sanción de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Así pues, entendemos que es menester remover el obstáculo jurídico que actualmente pende para la aplicación del principio consagrado en la norma arriba señalada -esto es, el artículo 226 del decreto-ley Nº 500/991- no sin adecuarla al actual régimen impuesto por el decreto del Poder Ejecutivo que dicta normas de conducta sobre función pública y cuyo ámbito de aplicación ahora se extiende a los Poderes del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y Personas Jurídicas de Derecho Público no Estatal. En su mérito entendemos que el alcance de la sujeción prevista, debe abordar la esfera de los funcionarios públicos llamados a integrar el órgano directriz de la Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal. Incluso, pensamos que iríamos por buen camino si integráramos normas de combate a la corrupción, disposiciones que pudieran ser ejecutadas por la Administración sin que pendiera ningún obstáculo jurídico como el analizado previamente.

El artículo 33, por su parte, constituye una propuesta en el sentido de limitar las fronteras de las contrataciones de pasantes y becarios, así como también zafrales y eventuales, que realiza el  Estado. Hoy en día no existía un marco normativo que fijara esas fronteras. Desde nuestra instalación en la Oficina Nacional del Servicio Civil, bregamos por impulsar, proponer y propiciar normas que naturalicen los vínculos y que no se desvirtúen. Una forma de hacerlo fue usar los mecanismos o previsiones contenidos en la Ley Nº 17.930 -Ley de Presupuesto- por la cual el Parlamento nos autorizó a naturalizar los vínculos que con el tiempo habían sido desvirtuados. A partir de la concreción del artículo 7º y su puesta en ejecución, nos encontramos frente al proceso de naturalización de esos vínculos desvirtuados y, por consiguiente, no queremos que en el futuro se vuelvan a desvirtuar.  Por tanto, entendemos que ponerle fronteras o límites a lo que es la condición de un pasante, de un becario u otras figuras como el zafral y el eventual, son ingredientes que contribuyen a esa normalización y adecuación de las figuras a los estatutos propios que le son inherentes, de forma de no desvirtuar de aquí en más las relaciones funcionales.

                Como bien establecía el señor Senador Alfie, en el artículo 623 de la Ley Nº 17.296, del año 2000, se había establecido una limitación, es decir que los contratos se hacen por doce meses y pueden ser renovados por un año más. 

SEÑOR ALFIE.- En realidad, lo que observé es que aquí los Directores de las Unidades Ejecutoras -o ni siquiera éstos- pueden contratar por sí y el Ministro ni se entera. Además, no existe ningún máximo, ni siquiera en porcentaje, en cuanto al personal contratado en forma permanente.

SEÑOR TOMA.- Estamos de acuerdo en retirar el pasaje “por sí” y mantener el sistema que ya venía operando.

                En cuanto al artículo 34, se plantea que los funcionarios que desempeñan funciones contratadas de carácter permanente en los Incisos 02 al 15, pasarán a ocupar cargos presupuestados del grado de ingreso del respectivo escalafón, sin perjuicio de continuar interinamente y hasta su provisión definitiva, en las funciones que venían desempeñando. Esto ya fue explicitado ampliamente en nuestra anterior comparecencia a través de la exposición que hizo el señor Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Humberto Ruocco, en la cual se establecieron las distintas aproximaciones hacia la transformación de los recursos humanos que estaba encarando el Poder Ejecutivo. Allí también se estableció cómo veníamos naturalizando los vínculos funcionales que se habían desvirtuado. Además, se hizo hincapié en cómo veníamos trabajando en el sistema integrado ocupacional y retributivo que nos había impuesto la ley, a través del artículo 23, para orientar una carrera administrativa profesional. A su vez, se estableció que la promoción del presente artículo es encontrar la posibilidad de cumplir con el espíritu que inspiró el artículo 56 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, disposición que declaró que el ejercicio de la función pública en tareas permanentes deberá efectuarse en cargos presupuestales y bajo el sistema de carrera administrativa. La única forma de incluir en la carrera administrativa a esta gente contratada en funciones públicas, es transitar el camino que siguió el artículo 272 de la Ley de Presupuesto con respecto a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública que estaban en situaciones similares. Entendemos que, dentro de este marco regulatorio de la actividad de los recursos humanos, se impone seguir esta experiencia que vivió el Ministerio de Salud Pública y, por lo tanto, ingresar a estas personas a la presupuestación y a la carrera administrativa, así como ensamblar todo esto con el sistema integrado ocupacional y retributivo que estamos desarrollando en este momento y que se une al sistema de recursos humanos que estamos implantando en la Administración Central, para luego generalizarlo a toda la Administración Pública.

SEÑOR ALFIE.- En realidad, más que lo que usted me contesta, había preguntado qué quiere decir esto, o sea, cómo queda esta diferencia, si queda congelada o no, y si las partidas que se toman como porcentaje del sueldo del grado, van sobre el grado mínimo o sobre toda la partida, incluyendo el complemento, etcétera.

SEÑOR TOMA.- Cuando hacía alusión al mecanismo del artículo 272 de la Ley de Presupuesto, la Nº 17.930, apuntaba a seguir ese procedimiento, es decir, los funcionarios que ingresan a la carrera en el último grado del escalafón van a seguir percibiendo la retribución de su función. Y estas personas pasan a desarrollar esa función en forma interina, hasta que se produzca la provisión por el ascenso y se ensamblen en la carrera administrativa. Por lo tanto, los niveles retributivos no van a ser alterados y esas compensaciones tampoco van a ser congeladas. Esto, obviamente, va a requerir un reglamento por parte del Poder Ejecutivo, pero sobre estas bases.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Voy a hacer algunas referencias a los artículos que puntualizaba el señor Senador Alfie, algunas de las cuales deben necesariamente tomarse como un primer titular, porque tendrán que ser desarrolladas, obviamente, por los respectivos Ministros o jerarcas de los organismos a que refieren.

Entiendo que de lo planteado por el señor Senador Alfie y de lo desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Oficina Nacional del Servicio Civil, los artículos 29, 33, 34, 37, 60, 79, 90 y 91 ya fueron tratados.

Con respecto al artículo 3º, se plantea el tema de la permuta de la flota vehicular. En este caso está planteado que no haya gasto de caja; es decir, que la permuta opere efectivamente como tal sin gasto de caja adicional, pero a efectos de hacer posible la permuta, sí se requiere crédito presupuestal.

                Con relación al artículo 12, el señor Senador Alfie planteaba la distribución de los montos asignados al Ministerio de Educación y Cultura para museos y demás, tema que, entiendo, puede ser desarrollado luego por los jerarcas de la Cartera.

                Lo mismo decimos respecto de los artículos 14 y 15, que hacen referencia al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Quizás sí podemos explicitar -y nos parece razonable- que, de alguna manera, se está aislando la recaudación de lo cobrado por el sistema cooperativo, con el compromiso de financiar nuevos emprendimientos de carácter cooperativo de ayuda mutua. Pero la reformulación financiera prevista en el artículo seguramente va a ser bien explicada por los jerarcas del Ministerio.

                Con respecto al artículo 15 -también referido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- el señor Senador Alfie ponía el énfasis en el segundo inciso del artículo que se modifica. En realidad, ese inciso ya existía, pero se apunta a regularizar por la vía de que las compensaciones en lugar del trabajo extraordinario y el cálculo de imputación sean análogos o similares al resto de lo que ya fue aprobado desde la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Pero reitero que estas cosas van a ser, seguramente, explicadas con detalle por el jerarca correspondiente.

SEÑOR ALFIE.- Respecto de este artículo -así como de otros- solicitaba una opinión, porque entendía que se contrataban becarios y pasantes necesarios para el cumplimiento de sus fines. No sé si formulé claramente la pregunta, pero quisiera saber si tienen alguna estimación -no sólo en lo que refiere a este artículo, sino en lo que hace a todo el proyecto- de cuántos becarios y pasantes van a entrar, porque la verdad es que hay una cantidad de cosas abiertas por todos lados y no tengo ni idea de cuántas personas se trata.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En la mayor parte de los otros artículos que prevén becarios o pasantes, está explicitado el número; en éste, en particular, no, porque el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio tenía libertades en ese sentido. Sin embargo, entiendo que ese detalle podrá ser afinado y acotado cuando venga el Ministro.

                En el artículo 25, se plantea que la asignación de créditos presupuestales al Ministerio de Salud Pública se destinará a gastos de funcionamiento. La duda refería, creo, a la asignación.

SEÑOR ALFIE.- ¿Es para la Unidad Ejecutora?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Es para gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora 068, ASSE. Al respecto, seguramente los jerarcas del Ministerio de Salud Pública se explayarán.

                En lo que tiene que ver con el artículo 31, voy a solicitar se dé la palabra a la contadora Díaz.

SEÑORA DIAZ.- Con relación al acápite del artículo, diremos que se intenta regularizar la situación de todos los cargos de confianza que estaban incluidos en los literales que van del e) al h) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809. Quiere decir que se trata de adecuarse un poco más a las realidades y mantener un nivel más o menos homogéneo respecto a los Directores de Unidad. El literal de los que se crean a través del presente proyecto de ley -muchos de ellos, como decía el señor Senador Alfie, en los Ministerios del Interior y de Desarrollo Social- obedece a la jerarquía con respecto a otros cargos de confianza ya existentes. Entonces, puede haber sucedido que, de pronto, no se haya respetado el literal d) y se le haya tenido que otorgar un literal superior. De ahí, lo de que se respeta lo que dice la presente ley.

                Con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, el Inciso solicita la creación de estos cargos. Estas funciones no se estaban desempeñando actualmente por parte de funcionarios del Ministerio, entonces, se pretende dar un énfasis a estas áreas y, por tanto, se solicita la creación o, por lo menos, la autorización para que  personal de confianza del Ministro encabece esas áreas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Creo que esto refiere tanto a este artículo, como a la consulta relacionada con el artículo 72 que implicaba asignación presupuestal para el Ministerio de Desarrollo Social. Entiendo que, en su oportunidad, la señora Ministra desarrollará estos puntos.

                En cuanto al artículo 41, referido al diseño de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, entiendo que esto es algo que está en el ámbito de Presidencia y, por tanto, cuando ese Inciso comparezca lo podrá desarrollar.

                El señor Senador Alfie también nos consultaba sobre los costos estimados de algunos artículos, en particular, el 43 y el 58 que tienen que ver con el Ministerio de Defensa Nacional. Tanto para estos artículos como para los demás, les diría a los integrantes de la Comisión que en la página 65 de la exposición de motivos, se presenta un trabajo que pensamos podía facilitar el análisis a los Legisladores. Se trata de un costo estimativo -por supuesto hay que tomarlo como tal- respecto de lo que serían las asignaciones presupuestales para los años 2007, 2008 y 2009. El trabajo se ha realizado artículo por artículo, en los casos en que hay un costo presupuestal. Por ejemplo, para el caso del artículo 43 que está dentro de la parte de remuneraciones del Ministerio de Defensa Nacional, que es la transformación de 1.104 cargos de soldados de segunda en soldados de primera, hay una estimación de unos $ 30:000.000 anuales. Para el caso del artículo 58, que refiere a la vigilancia externa en establecimientos carcelarios, se estimaron unos $ 5:000.000 anuales. Tomo un poco como excusa la consulta del señor Senador Alfie, a efectos de que todos puedan aprovechar ese trabajo adicional que, normalmente, no se presentaba pero que nosotros entendimos que era de ayuda. Son estimaciones preliminares que hemos hecho a nivel del Ministerio sobre el costo presupuestal, artículo por artículo.

SEÑOR ALFIE.- Tiene razón el Subsecretario porque es de gran ayuda. De paso miré el que está abajo, el artículo 59 que figura con $ 760 que es el doble de lo que yo había estimado. Por tanto, la pregunta que hago es si los $ 760 son para la parte ejecutiva.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No, para todo el escalafón y, por eso, da más.

SEÑOR ALFIE.- Muy bien.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Creo que hemos repasado todas las consultas, pero si quedó alguna pendiente, estamos a las órdenes.

SEÑOR ALFIE.- Escuché y no quise intervenir en la primera parte en que el señor Subsecretario hizo algunas consideraciones. Sin embargo, ahora tengo la intención de hacerlo a manera de resumen y obviamente podría desembocar en una polémica de no terminar, pero no tendría sentido.

                La primera puntualización que quiero hacer es que así como está, la Corporación Vial del Uruguay es un Ministerio de Transporte y Obras Públicas II con, quizás, la mitad del presupuesto o con un incremento del 50% y vuelvo a decir que me parece que no corresponde porque queda por fuera de todo control.

                En segundo término, una aseveración que me pareció demasiado fuerte fue la relativa a la baja de impuestos. La baja de impuestos fue en mayo de 2004 y desde ahí hasta que se entregó el Gobierno, el superávit primario creció en 0,8 del producto y ese fue el país que le entregamos, señor Subsecretario. Si no hubiéramos bajado los impuestos el superávit primario hubiera sido de más de  5 puntos del Producto y no es comparable esto con una suba de gastos. En todo caso, si me dan a elegir, prefiero la baja de impuestos a la suba del gasto. De todas formas, no es comparable una suba de gasto permanente que sumando la Rendición de Cuentas más el Presupuesto, da 1,2 del producto.

                En tercer lugar, respecto a los intereses de la deuda, es cierto lo que dice el señor Subsecretario en cuanto a que eran más altos en la década del ochenta que ahora, pero  no por mérito de los Gobiernos  en general, sino por las circunstancias internacionales. Lo que planteé es que las circunstancias son diferentes y que los intereses de la deuda -que son los que más restricción o presión ponen- son menos de la mitad que en el año 1985, por lo que la restricción es mucho menor. Eso fue lo que quise decir y nada más que eso.

                Evidentemente, quedan muchas preguntas sin contestar aunque entiendo que algunas no se quieran responder o se hayan olvidado. No obstante, con respecto a que la señora contadora Díaz dijo que no dio resultado el tema de  DISSE a causa del subsidio cuando la persona estaba enferma; quiero decir que ese, en realidad, era el núcleo de todo. Quisiera escuchar si tienen alguna explicación de por qué no dio resultado porque lo cierto es que pagando DISSE, se formaba parte del sector privado y se evitaba el tema de los enfermos eternos que cobraban el 100% del sueldo, quienes pasaban a cobrar el subsidio correspondiente.

SEÑORA DIAZ.-  Realmente, la pregunta habría que formulársela al Banco de Previsión Social. Lo que tenemos es la experiencia que los Incisos que fueron los debutantes en la aplicación del régimen nos trasmitieron y las resoluciones emitidas por el Banco de Previsión Social diciendo que se les debe otorgar la licencia como funcionarios públicos cuando están enfermos. Esto es lo que ha llevado a un cambio en el relacionamiento -que se está estudiando en el momento- y veremos qué resultado tiene.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quiero agradecer la posibilidad de esta presentación y de intercambiar ideas con los señores Legisladores. No fue nuestra intención no contestar alguna pregunta. Quizá haya quedado alguna pendiente pero había muchas que eran temas de opinión y no de consulta. Seguimos estando a la orden para cualquier información y quedamos comprometidos a enviar  algunas cosas  a la brevedad. A manera no de resumen pero sí de énfasis, quiero decir que estamos convencidos de que todo el esquema presupuestal, tanto desde la formulación de la Ley de Presupuesto a los mecanismos previstos para eventuales ajustes, están incluidos en la propia ley  y que esta formulación de Rendición de Cuentas es absolutamente consistente con una programación financiera prudente y con un enfoque de sustentatibilidad de las cuentas públicas. Entendemos a la Rendición de Cuentas  como un instrumento para hacer lo que creemos estamos haciendo acá. Si las cosas fueron un poco mejor de lo que preveía la Ley de Presupuesto, era de esperarse que la Rendición de Cuentas lo reflejara y, por lo tanto, habilitara la posibilidad de cubrir algunas de las tantas necesidades que tiene el funcionamiento del Estado y de la sociedad en su conjunto, pero siempre con la confianza y la tranquilidad de que es una formulación absolutamente consistente con una programación y un manejo prudente de las cuentas públicas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos al señor Subsecretario y a la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas la información brindada en la mañana de hoy.

Esta Comisión, en la tarde, recibe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, posteriormente al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y, finalmente, al señor Ministro de Educación y Cultura por lo que pasamos a un cuarto intermedio hasta la hora 15.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 12 y 55 minutos)