SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora  10 y 29 minutos)

La Comisión de Hacienda del Senado tiene muchísimo gusto en recibir en la mañana de hoy al señor Daniel Olivera, Director Ejecutivo de Micro Lending Americana (MILA) y al contador Raúl Díaz, quienes han venido para expresar su opinión sobre el proyecto de ley de USURA (Carpeta Nº 344/2005). Al tratar esta iniciativa, estamos intentando escuchar lo que piensan todos los sectores, a fin de equivocarnos menos a la hora de hacer nuestro trabajo.

SEÑOR OLIVERA.-  Antes que nada, queremos agradecer a los señores Senadores la posibilidad que nos brindan de estar hoy aquí y de recibirnos para que, en el marco del proyecto que ustedes tienen a estudio, les podamos trasmitir la visión de nuestra empresa que, además, recoge la posición de un sinnúmero de pequeñas empresas que están ubicadas en el interior del país. Estas empresas, tal como hemos podido analizar, no han tenido posibilidad de dar su punto de vista y, por eso, nos parecía interesante que la Comisión pudiera incorporar a su análisis la visión y la realidad de las mismas, que difiere en mucho de la de algunos de los otros actores financieros del mercado.

                En ese sentido, lo primero que queremos decir es que compartimos plenamente el espíritu de este proyecto de ley. Entendemos que es una iniciativa saludable, puesto que apunta a poner límites a algunos excesos que hoy ocurren en el mercado, a tratar de proteger de mejor manera a quienes toman los créditos -sobre todo a aquellos que tienen menos posibilidades de defender sus intereses- y a regularizar y llevar a la formalidad del mercado a distintos actores que hoy no están en ella. O sea que, en ese sentido, para nosotros es muy compartible el espíritu de este proyecto y lo vemos con buenos ojos. Sin perjuicio de ello, nos permitimos mencionar que hemos observado algunos elementos en su redacción que pueden, de alguna manera, comprometer -a través del marco y los parámetros que se mencionan- el objetivo final y el espíritu del propio proyecto.

                No pretendemos aquí entrar en demasiadas discusiones técnicas -ni mucho menos- pues seguramente la Comisión ya ha recibido aportes de esa índole de parte de personas mucho más capacitadas que nosotros o de empresas y sectores que tienen otras posibilidades de análisis y de obtención de información.

                Como decía al principio, nosotros queremos aportar nuestra visión de lo que es la realidad de las pequeñas empresas de crédito ubicadas en el interior del país. Cabe aclarar que no existe ningún organismo ni cámara que aglutine a dichas empresas, debido a las características de las mismas, pues se trata de empresas muy pequeñas que a veces están en una ciudad, en dos o en tres o en pequeñas localidades.

En ese sentido, nos parecía muy importante -más allá de ahondar y enumerar muy sucintamente algunos conceptos que ya hemos visto que otros sectores vinculados al crédito han manejado- hacer especial hincapié en las características de este tipo de empresas que están ubicadas, como decía, en el interior del país y muchas veces en lugares a los que no acceden ni los Bancos -o muy pocos de ellos- y donde no están presentes las grandes empresas de crédito que sí lo están en todo el país, pero no en el interior profundo o en las pequeñas localidades. Pensamos que mediante algunas normas contenidas en este proyecto de ley se puede ver seriamente comprometida su viabilidad, desde el punto de vista de la rentabilidad y la operativa.

                Somos una empresa  que, al igual que las que mencioné anteriormente, trabaja básicamente con créditos al consumo, a través de la modalidad de órdenes de compra para los comercios del interior del país y con pequeños préstamos en efectivo, otorgados a personas cuya principal característica es que no acceden al sector bancarizado, tienen bajos ingresos y, en general, no acceden con facilidad a otro tipo de créditos disponibles en plaza.

                Cuando una persona se acerca a solicitar un crédito a cualquiera de las sucursales de nuestra empresa o a cualquier otra de las que mencionamos en el interior del país, lo hace porque seguramente no tuvo acceso al crédito bancario, ya que no reunía las condiciones mínimas que exigen estas  instituciones para otorgarlo. Seguramente, estas personas  también han utilizado las ofertas de crédito que pueden ofrecer otras instituciones como las cooperativas que trabajan con la modalidad de retención de sueldos. Por último, una vez recorrido ese camino -tanto si han obtenido un crédito en esas condiciones, como si no han podido acceder a él- estas personas que son tomadoras de crédito por razones de necesidad, primero se acercan a las empresas de crédito que podríamos denominar como grandes. Al hablar de estas últimas, me estoy refiriendo a las  empresas administradoras de crédito que operan en el interior del país, pero que tienen una proyección nacional y están alineadas en la Asociación de Empresas Administradoras de Crédito.

En consecuencia, como una cuarta posibilidad, estas personas consideran el tomar créditos con nuestras empresas, por lo que quienes lo hacen están en una situación de mayor riesgo, dado que no les han otorgado créditos en ninguno de los otros tres estamentos anteriores. Lo mismo sucede con aquellos que ya han accedido a créditos y por eso sus posibilidades están topeadas por el margen de riesgo que representan para las otras empresas.

                En consecuencia, el riesgo que asumen las empresas como las nuestras es muy distinto del que pueden verse enfrentados los demás agentes financieros que intervienen en plaza.

                Por otro lado, nuestras empresas están ubicadas en lugares donde no existen otros agentes o empresas financieras, que puedan cumplir el rol de dar soluciones de crédito a las personas de bajos recursos. Para mencionar un caso en particular, quiero destacar que nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Libertad y aunque no se encuentra muy lejos de Montevideo, ninguna de las empresas grandes de crédito está presente. Allí tampoco  hay Bancos de proyección nacional puesto que, por ejemplo, el nuevo Banco Comercial no está presente y prácticamente toda la operativa se reduce al Banco de la República Oriental del Uruguay. Entonces, si estas pequeñas empresas como la nuestra dejaran de operar en esas localidades, no se quién  podría dar soluciones de crédito a las personas con bajos ingresos. Existe también el caso de Sarandí Grande, lugar en donde si bien nuestra empresa no está presente, sabemos de la experiencia de otras similares a la nuestra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no entendí mal, lo que nuestro invitado está afirmando es que este proyecto de ley hace inviable a las empresas de crédito para pequeños consumidores.

SEÑOR OLIVERA.- Queda claro que esta norma va en contra del espíritu que se persigue cuando lleva a empresas de este volumen, es decir, pequeñas,  con altos costos operativos y que se manejan a una escala totalmente diferente de las demás empresas de crédito, a desaparecer del mercado. En la ciudad de Sarandí Grande o San Ramón, donde no existen financieras, salvo una -o, en algún caso, dos- de este tipo, me parece que su proyecto de viabilidad es absolutamente -valga la redundancia- inviable, por los costos con los que se maneja y por la rentabilidad que esto, de alguna manera, conllevaría.

                Tenemos algunas diferencias y ya no voy a mencionar las que podemos tener con un Banco. Este proyecto de ley nos referencia a una misma tasa, poniéndonos en igualdad de condiciones al referirnos, por ejemplo, con el Banco de la República y con el resto de los Bancos. Obviamente, somos empresas que no captamos ahorro y nos tenemos que manejar con fondeo de otro tipo. Tampoco somos empresas grandes de crédito que podamos tener volúmenes y herramientas adecuadas como para captar fondos, con relativa sencillez, de un costo razonable para este tipo de negocio. Tuve la posibilidad de ver una versión taquigráfica de una exposición que hizo gente de la Cámara de Empresas Administradoras de Crédito, la que situaba el entorno promedio de su fondeo en alrededor del 15%. Con el contador Díaz estamos pidiendo que de alguna manera nos faciliten esa posibilidad de acceder a esas condiciones, porque para nosotros esa no es la cifra del costo del fondeo. Digo esto, porque nosotros no tenemos volumen ni esas herramientas para poder hacer un fideicomiso. Entonces, nos vemos reducidos a colocar fondos propios -que, obviamente, son muy limitados- o a tomar fondos de terceros, de particulares. Estos tienen, en primer lugar,  un costo mayor y, en segundo término, en forma adicional, presentan una desventaja, porque no son deducibles desde el punto de vista fiscal. Perdemos intereses por la captación de fondos de terceros o por fondos de particulares, que son a los únicos que podemos acceder. Reitero que, por características y por volumen, no podemos acceder a préstamos bancarios ni a fideicomiso para este tipo de operación y, entonces, los tomamos de terceros. Por otra parte, esos fondos, además de ser bastante más caros de lo que se mencionaba en esa versión, tampoco son deducibles fiscalmente, con lo cual todavía el encarecimiento es bastante mayor. Estos costos operativos más altos se reflejan, no sólo en el fondeo, sino que también se ven, por supuesto, en cada una de las pequeñas cosas que componen el otorgamiento de un crédito. Voy a poner un ejemplo al respecto. Una cosa es el costo que paga una empresa administradora de crédito importante con proyección nacional por cada consulta al clearing de informes y, otra muy distinta, el que pagamos nosotros. Lógicamente, estas empresas acceden, por volumen, a unos costos a los que nosotros no podemos llegar.

                Como decía, las personas de bajos ingresos -con las características que mencionaba- que necesitan tomar un crédito, si no lo pudieron tomar en un Banco, seguramente, en primer lugar, recurrirán a las empresas o cooperativas que trabajan con retención de sueldo y, finalmente, lo harán con las grandes empresas de crédito. En forma residual recurren a nuestras empresas, con lo cual el riesgo que se toma es mucho mayor que en los otros casos. En concreto y redondeando un poco nuestra propuesta, diré lo siguiente. No  queremos desalentar la participación de este tipo de pequeñas empresas que están mucho más cerca de la informalidad que otras que tienen alcance nacional. Estamos hablando de empresas, que están instaladas en pequeñas localidades que no superan las 2.000 ó 3.000 personas y que casi son unipersonales -ya que  cuentan con el propietario y uno o dos empleados- pero, igualmente, le dan una solución a dicha localidad. Creo que el espíritu de este proyecto tiende a formalizar todo el mercado lo cual nos parece muy bien pero, simplemente, queremos dar nuestra voz de alerta, en el sentido de que hay empresas de estas características a las que la coyuntura las va a llevar a acercarse más a la informalidad que a la formalidad. Digo esto, porque no sólo no les va a resultar atractivo, sino que tampoco  va a ser rentable desde ningún punto de vista. 

                Queremos plantear dos sugerencias que pienso que van a servir para el análisis y también para incorporar al proyecto. Es justo decir que hemos coincidido con algunas exposiciones que han realizado otros actores financieros del mercado. Uno de los aportes que deseamos realizar -y, además, creo que es absolutamente saludable- tiene que ver con la necesidad  de segmentar el mercado, atendiendo las  características particulares de cada rubro. Digo esto, porque no es lo mismo una entidad bancaria que las entidades administradoras de crédito o las empresas que tienen retenciones de sueldo, que aquéllas que no las tenemos. Por eso, nos parece que es de estricta justicia y reflejaría una realidad del mercado mucho más próxima al mundo real, el hecho de que  el mercado se pudiera segmentar.

SEÑOR HEBER.- Quisiera saber si hay una propuesta escrita ya planteada.

SEÑOR OLIVERA.- Nosotros vimos una, señor Senador. Por ejemplo, el artículo 12 del proyecto de ley de usura se ha ido modificando, pero en la versión que tengo se habla de las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local, y, en concreto, vimos una propuesta  que tendía a sustituir esto por agentes financieros que, de alguna manera, estuvieran dirigidos y designados por el Banco Central. Si no me equivoco esta propuesta establecía que el Banco Central del Uruguay  considerará las operaciones de créditos concedidas a residentes del sector privado no financiero, informado por los agentes financieros que dicho Banco determine para cada tipo de crédito y que opere en el mercado local. Si bien no es todo a lo que aspiramos, por lo menos nos abre una instancia para que técnicamente el Banco Central pueda determinar cuáles son las referencias que, desde el punto de vista financiero, se deben tomar para cada caso, apuntando, por supuesto, a la segmentación del mercado. En el mismo artículo cuando expresa “ En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, al menos para tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas.”, nos permitimos sugerir que también ahí se plantee una diferenciación. Digo esto, porque es necesario que haya una clara diferenciación entre aquellos préstamos que tienen garantía por la retención salarial y aquéllos que no la tienen, porque los costos de gestión de cobro, los costos de análisis de crédito y la morosidad -que es un factor muy importante en la rentabilidad de estas empresas-  son diametralmente distintos si tenemos en cuenta, precisamente, los que tienen retención salarial de aquéllas que no la tienen.

                Por último, vamos a permitirnos hacer otra sugerencia en relación a los costos fijos que se excluyen de la consideración de la tasa y que están fijados -no sé si hubo alguna modificación- como máximo en las 90 Unidades Indexadas por cliente. Concretamente estoy hablando  del literal  b) del artículo 7 que dice lo siguiente: “b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 90 U.I. (noventa unidades indexadas). No podrán  excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito si existiera otro crédito vigente. Este importe se distribuirá de la siguiente forma: hasta 48 U.I. (cuarenta y ocho unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 7 U.I. (siete unidades indexadas) por cuota con un máximo de seis cuotas.”

                Nuestros análisis de costos en el otorgamiento del crédito, nos dan una cifra absolutamente superior a la que se menciona aquí. Establecer 48 Unidades Indexadas, que deben equivaler a unos $ 75, apenas si alcanza para cubrir el costo mínimo de consulta al Clearing y para alguna cosa más. Y ni que hablar del costo por cuota que se establece aquí, de 7 Unidades Indexadas; huelgan los comentarios acerca de lo que nosotros tenemos como costos asociados a ese tipo de gestiones de recupero, de cobranza, etcétera.

                Hay un análisis que hace  el economista Adrián Fernández -al que tuvimos acceso- que habla de que el costo asociado promedio a este tipo de crédito, -considerando las empresas grandes y no las nuestras, que tenemos costos operativos mayores- está en el entorno de los $ 850 en total. Entonces, la cifra que se establece nos resulta absolutamente insignificante para el valor del costo operativo que tiene tanto el otorgamiento del crédito como el cobro de las subsiguientes cuotas.

                En este sentido, lo que también vemos es que nuestros créditos, nuestros préstamos, tienen un costo asociado a la cuota de acuerdo al plan que uno tenga. Digo esto, porque si se tiene un plan de 12 cuotas, el costo de la cuota lo tengo en las 12 y aquí se limita a seis cuotas. Es decir que si doy un crédito de diez cuotas, sólo puedo cobrar estas 7 UR en las primeras seis y no en las subsiguientes. No entendemos bien por qué razón esto es así, porque el costo nosotros lo vamos a tener asociado a la duración del crédito, es decir que si son cuatro cuotas lo cobraremos por cuatro cuotas, y si son 12 cuotas lo tenemos asociado a las 12 cuotas. Entonces, repito, no entendemos esa limitante, por lo que también nos permitimos sugerir que se revise la cantidad de cuotas tope que se fija para imputar este costo fijo, que queda excluido de la consideración de la tasa de referencia.

                Nosotros, en general, tendríamos muchas más cosas para decir, pero creemos que lo sustantivo ya está dicho. Me refiero al espíritu de compartir el objetivo que persigue esta ley y prestar nuestra visión que, seguramente, es diferente a la de otros actores del mercado. Sin embargo, creemos que es importante que ustedes la conozcan, porque muchas veces se habla del interior del país y de la centralización, y yo aquí hablo, incluso, de la centralización dentro del propio interior del país. Expreso esto, porque aquí estamos hablando de pequeñas localidades que no cuentan con las herramientas del crédito y que nadie se las va a ir a dar -ni los Bancos, ni las grandes empresas de crédito- porque no son rentables y con esto lo van a ser menos todavía.

                Entonces, aquellas pequeñas empresas que cumplimos -por supuesto que persiguiendo un fin económico y de lucro, porque para eso estamos, es decir, trabajamos para obtener un rédito económico pero, de alguna manera, también cumplimos un rol social atendiendo las necesidades de ese segmento de bajos ingresos en ese tipo de poblaciones de poca cantidad de habitantes- nos vamos a ver obligados, en muchos casos, a restringir nuestra actividad y, estoy seguro, en muchos otros, a desaparecer. Por esto mucho me temo que algunos de los actores de este tipo de empresas, que están a lo largo de todo el país y que suman decenas y decenas de empresas -la cifra no la podemos cuantificar con exactitud, porque por su propia característica no hay una organización que las aglutine- que, repito, están en el interior  del país, se van a ver empujadas, o bien a cerrar o bien a pasarse a la informalidad que, justamente,  es todo lo contrario de lo que este proyecto pretende.

SEÑOR DÍAZ.- Quiero decir que el motivo de mi presencia en este ámbito era para evacuar alguna duda que se presentara con relación al proyecto de ley que está a consideración, pero considero que lo manifestado por el señor Olivera ha sido muy claro, pues ha trasmitido lo que es el espíritu de nuestra empresa.

SEÑOR MICHELINI.- Pienso que sería bueno para los integrantes de la Comisión que nos hagan llegar por escrito algunas de las preocupaciones que tienen con relación a determinados artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de que acaban de ingresar a Sala dos señores Senadores, la Mesa quiere informar a nuestros visitantes que ellos leerán la versión taquigráfica de esta sesión y que, a la hora de poner a votación la iniciativa, sus opiniones y críticas serán tenidas en cuenta.

                La Comisión de Hacienda les agradece la presencia en este ámbito y les comunica que seguiremos en contacto.

(Se  retiran  de  Sala los  representantes  de  Micro  Lending  Americana (MILA

Continúa la sesión.

SEÑOR RUBIO.- En una sesión anterior acordamos formar una Subcomisión de la Comisión de Hacienda -por supuesto que abierta, como todas- a efectos de poder avanzar en el proyecto de ley relativo a la usura, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con los aspectos económicos y jurídicos. Esa Subcomisión estaría integrada por los señores Senadores Heber, Michelini, Alfie, Baráibar y quien habla. En tal sentido, se fijó una reunión para el próximo viernes en horas de la mañana, a la que concurrirían los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero aclarar que esta fue una resolución que se adoptó en momentos en que el señor Presidente estaba enfermo, pero si existen dificultades, no tengo inconveniente en que se cambie la fecha. Asimismo, se acordó convocar a los señores Polgar y Antía, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, que son expertos en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, la propuesta del señor Senador Rubio es que la Subcomisión de la Comisión de Hacienda sesione en el día de mañana. ¿Eso fue lo que se acordó?

SEÑOR RUBIO.- Eso se hizo a solicitud del señor Senador Alfie.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica)

SEÑOR PRESIDENTE.- En función de conversaciones informales que mantuvimos hace unos instantes con los señores Senadores, se decidió que la Subcomisión de la Comisión de Hacienda, conformada por los señores Senadores Alfie, Rubio, Michelini, Baráibar y quien habla, va a sesionar el próximo martes a las 16 horas a efectos de avanzar en el proyecto de ley de usura.

                Por otra parte, la Mesa debe dar cuenta de que dentro de los asuntos entrados hay un proyecto de ley sobre empresas administradoras de grupos de ahorro previo, que se diferencia de otros por contar con la firma de los señores Senadores Alfie, Baráibar, Couriel, Larrañaga, Michelini, Nicolini, Rubio y quien habla, es decir, de todos los integrantes la Comisión.