SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 16 y 09 minutos)

                Tenemos el gusto de recibir a la señora Ministra de Desarrollo Social y a su equipo de jerarcas, compuesto por las señoras Mariela Mazzotti y Miriam Imbert y el señor Christian Mirza. La Comisión está considerando el proyecto relativo a las cooperativas sociales y, tal como habrán leído en la versión taquigráfica de la sesión pasada, nos interesaba tener la palabra de la señora Ministra y de su equipo, sobre algunos aspectos particulares de este proyecto. La Comisión se apresta a tratarlo y, seguramente, a resolverlo en el menor tiempo posible, ya que esa ha sido la actitud que hemos tomado con relación  a las iniciativas que han venido del MIDES, porque sabemos que de estos marcos legales depende la implementación de muchas opciones.

SEÑORA MINISTRA.- Buenas tardes para todos y gracias por la invitación.

                Realmente estábamos ansiosos y ansiosas de recibir esta invitación, ya que eso significaba que este proyecto  -que fue aprobado en la Cámara de Representantes- había ingresado en esta  Comisión y, de esa manera, podíamos avanzar en su desarrollo.

                Efectivamente, este es un proyecto de ley que para nosotros tiene una gran importancia: es una herramienta que nos permite otorgar un marco legal para poder trabajar con lo que denominamos las salidas de la emergencia.

Tenemos un material impreso para repartir a la Comisión que refiere a la Rendición de Cuentas del MIDES, al año de su creación y, junto con este, trajimos otro material de iniciativas locales que más adelante  la Directora de Desarrollo Ciudadano, señora Mariela Mazzotti, va a explicar. También me acompaña en el día de hoy el señor Christian Mirza, que es Director de Políticas Sociales y Asistente Social. En la órbita de esta Dirección se encuentra, por un lado, el componente del Plan Rutas de Salidas -que no es lo mismo que la salida del plan- que es un componente muy interesante -sobre todo a la luz de los resultados- muy heterogéneo y rico y, por otro, los proyectos de pequeñas opciones productivas, pensando siempre en la salida.

En ese sentido, también se destaca el trabajo de la psicóloga Miriam Imbert -que pertenece a la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Programas- quien tiene una larga trayectoria en el movimiento cooperativo.

                Estos tres profesionales mencionados son representantes de nuestro Ministerio ante la Comisión Honoraria del Cooperativismo -que depende de la OPP- que fue el organismo que nos orientó y con el que trabajamos en forma colectiva en torno a este proyecto de ley.

                Cabe agregar que con la Comisión Honoraria tenemos firmado un convenio de trabajo colectivo, de calificación, orientación y formación en torno al cooperativismo dirigido a los protagonistas del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social y para aquellos que, aunque  no ingresaron en este Plan  -porque felizmente no se encuentran en la indigencia- están en un grado de pobreza que necesita la instrumentación de salidas, de emprendimientos y, por lo tanto, de herramientas para conformarse como grupo con una concepción asociativa. En ese sentido, tenemos muchísimos proyectos presentados que se pueden adoptar para los distintos caminos que se tomen.

                Luego, si la señora Presidenta está de acuerdo, le cedería el uso de la palabra a mis compañeros, pero simplemente como información quiero señalar que se cumplió un año desde que el Parlamento aprobara la creación del MIDES y del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social. Fue un año en el cual hicimos un trabajo muy importante de inclusión en el Plan, lo cual implica identificar con hogares, con rostros, con dificultades y con niveles educativos la población que se encuentra en la indigencia. Al mismo tiempo, ya el año pasado comenzamos el despliegue de los otros componentes del Plan. Como siempre decimos, tenemos un problema comunicacional muy serio. Aún cuando hemos trabajado en contra, pero sin éxito, se ha dado una identificación muy fuerte de la transferencia monetaria que representa el ingreso ciudadano.  Como sabrán con más detalle los señores Senadores, la transferencia económica o monetaria condicionada es un tema de debate a nivel académico, en el mundo y en los organismos internacionales de crédito. Dos de nuestros Directores han recibido una invitación para concurrir a un encuentro a nivel mundial organizado por el Banco Mundial, precisamente, para debatir sobre qué valor tiene una transferencia monetaria. Si la misma puede ser a término, como en el Uruguay, si puede o no ser condicionada, es decir si debe o no haber contrapartida -nosotros hablamos de compromisos recíprocos- o si se trata de un derecho de las personas que se encuentran en determinada situación en cuanto a recibir la transferencia por parte del Estado.  Por otro lado, sabemos que si esto quedaba solamente en una transferencia monetaria, no se cumplía el objetivo, porque no se trata de un programa a término, sino de uno que debe generar las pistas -como dice el asistente social Mirza-  para el despegue de la emergencia hacia la inclusión social.

En ese sentido, hay toda una serie de componentes que tienen que ver con la identidad. Este es un tema que corresponde a la Dirección de Desarrollo Ciudadano, encabezada por Mariela Mazzotti,  por lo que sería interesante que explicara cómo valoramos el tema de la identidad, que está representado por la cédula, que termina siendo un plástico, aunque para llegar a ella hubo que recorrer un largo camino, pues algunos compatriotas ni siquiera existían en las estadísticas y mucho menos en los Registros. Por lo tanto, tampoco podían ejercer sus derechos.  Asimismo, hubo que llevar a cabo ciertas capacitaciones, por ejemplo, en el Trabajo por Uruguay. Allí se realiza capacitación y eso fue modificado desde el año pasado a este.  Luego de analizar el Programa, llegamos a la conclusión de que  4 meses eran pocos y que necesitamos 5 más 1, es decir, 5 meses de trabajo con capacitación más 1 de capacitación pura. Así se aprobó el programa para el año 2006. 

                Debo señalar que estamos hablando de una población que se anota voluntariamente y que luego es sorteada. Aquí hay dos elementos a tener en cuenta: uno es la voluntad de salir de quien se anota y otro es el azar.   Tantas veces se dice ¡qué suerte que hay tanta gente que se anota; mucha más que los puestos de trabajo! A nosotros eso nos da una angustia tremenda, porque pensamos ¡ojalá tuviéramos tantos puestos de Trabajo por Uruguay como gente que se anota y no precisáramos hacer un sorteo, sino tan sólo una adjudicación! Lo mismo sucede con “Construyendo Rutas de Salida”. Tenemos una población -los señores Senadores habrán recibido el material que enviamos- donde la escolaridad promedio es tercer año de escuela. Tenemos una pirámide etária -Miriam Imbert después podrá referirse a ella- con una base ancha de niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista de los varones y las mujeres, el número de estas últimas es mayoritario.  Asimismo, ha ido aumentando el porcentaje de participación de las mujeres en todos los programas, el que pasó de más de un 70 % al 82 %.

                Luego, debemos hacer referencia a algo muy importante, sobre lo que informábamos la semana pasada en la Cámara de Diputados. Se trata de un acuerdo que fue aprobado por unanimidad por el nuevo Directorio del Banco de Previsión Social. Me refiero a que el BPS va a adjudicar la pensión por vejez a aquellas personas con 70 años y más que están en el Plan de Emergencia. Lo hará, precisamente, visitando sus hogares. Es decir que vamos a tener un nuevo encuentro con esos hogares. También vamos a tener que legislar para poder comprender a las personas menores de 70 años, pues algunas que tienen entre 60 y 70 años no están en condiciones de trabajar. Las hemos encontrado en “Trabajo por Uruguay”, en “Construyendo Rutas de Salida” y en “Mejoramiento del Hábitat” y realmente -reitero- no están en condiciones de trabajar.   Los 60 años figuran en su documentación, pero tienen un enorme deterioro y agotamiento. 

En ese sentido, el Banco de Previsión Social ha manifestado buena voluntad, pero vamos a tener que legislar sobre este tema para que estas personas puedan contar con una cobertura y una protección social. Al menos, en una primera instancia, se pretende que se  habilite a todos aquellos que están dentro del Plan de Emergencia. Por lo tanto, iremos concentrándonos en aquellas personas que están en edad de trabajar y que, contrariamente a lo que se dice, quieren hacerlo. También haremos lo propio con los niños, niñas y adolescentes que representan más del 60% de la población del Plan. Esto tiene que ver con la inclusión de los mismos a nivel escolar, con la recuperación de aquellos que tiene dificultades -ese es otro camino sobre el que podríamos conversar más adelante, si la Comisión tiene interés en ello- por medio de los maestros comunitarios y los profesores de educación física. En relación a los maestros comunitarios, cuando aprobaron el Presupuesto habrán advertido que un tercio de ellos son pagos por ANEP -están incluidos presupuestalmente- y el año que viene esa cantidad va a aumentar y en el siguiente año ya todos serán maestros presupuestados por la Administración. Por lo tanto, dejarán de ser parte de un programa a término para formar parte de la institucionalidad. Lo mismo sucederá con el primer nivel de atención a la salud y la idea es que como se trata de políticas sociales, estas queden instauradas como políticas universales y no de emergencia.

SEÑORA MAZZOTTI.- La señora Ministra hizo alusión al Programa de Fortalecimiento de Iniciativas Locales, que forma parte del Ministerio, aunque no es un componente del Plan de Emergencia. Se trata de un programa que nosotros perfilamos con un carácter permanente y que busca promover, mediante el fortalecimiento de las redes locales de las organizaciones que existen en los diversos departamentos y localidades del país y en los barrios de Montevideo, distintas apoyaturas para las iniciativas que los grupos asociativos vayan elaborando, en relación a todo tipo de propuestas vinculadas con la mejora de la calidad de vida de los integrantes de estos grupos u organizaciones sociales. Fundamentalmente, cuando hablamos de una mejora de la calidad de vida, estamos pensando en aquellas iniciativas que tienen un carácter económico y que, de alguna manera, están vinculadas a procesos de producción, comercialización o servicios, que van generando ingresos a los participantes de esos grupos pero que también, mediante ese trabajo, van produciendo un impacto positivo en la localidad en la que están insertas. Si bien pensamos que por aquí va a llegar el 80% de las propuestas, también tienen cabida en el Programa de Fortalecimiento de Iniciativas Locales, las propuestas de tipo social, cultural o ambiental, que mejoran la calidad de vida de la gente y que muchas veces forman parte de las ideas que la comunidad tiene para mejorarse a sí misma pero que, a su vez, no encuentran formas de lograr financiamientos mínimos que les permitan llevarlas adelante.

                Por lo tanto, este Programa busca fortalecer y articular la iniciativa local, en el marco de los procesos de desarrollo local, en coordinación con las distintas redes de instituciones públicas o de organizaciones de la sociedad civil que allí estén. En este momento, estamos trabajando con un fondo de iniciativas locales que está siendo financiado por medio de un convenio que hemos suscrito con el Ministerio de la Economía Popular de Venezuela, que nos va a permitir el desarrollo de este programa mediante créditos sociales. Aclaro que hablamos de créditos sociales para hacerlo de una forma sencilla, para que ustedes lo comprendan y puedan advertir que no hay una perspectiva de mecanismo financiero alrededor de estos. Es decir que se trata de apoyaturas financieras que son posibles debido a la donación que recibimos del gobierno venezolano, reintegrables -por parte de los grupos- mediante moneda nacional y sin cobrar intereses, que en cierto porcentaje podrán retornar a través de servicios comunitarios o descuentos en el pago de impuestos. Entendemos que esta es una medida que permitirá la formalización de estos grupos. Pensamos que la selección y aprobación final de estas propuestas tiene que ser avalada por la comunidad donde están insertas. Por lo tanto, luego de ser presentadas las propuestas, directamente por los grupos y de haber pasado por un proceso de selección técnica por parte del equipo del Ministerio, será un organismo departamental tripartito el que las priorice, de acuerdo con la percepción  que estas instituciones y agentes de la sociedad civil consideren de valor para el fortalecimiento de la comunidad.

Estimamos que, como decía la señora Ministra, este programa tendrá un impacto muy importante, nos estamos dirigiendo a personas y familias en condición de pobreza, pero que no tenían una situación de extrema gravedad, lo que les impidió ingresar al Plan de Emergencia, sin embargo buscan un mejoramiento en la calidad de vida y, a su vez, mantienen recursos, potencialidades o posibilidades de generar, con pequeñas apoyaturas, procesos autónomos y sinérgicos de impacto a nivel local. En este sentido, en el marco de este programa creemos en la posibilidad de que estos grupos asociativos a los que nos dirigimos, que muchas veces están en el área simbólica de lo que llamamos la economía social, consigan su personería jurídica. Estos grupos asociativos podrán convertirse en cooperativas sociales en la medida en que sea una figura legal que, de alguna manera, responda al perfil y a las necesidades de estas personas. Estas agrupaciones se potencian; estos colectivos se han formado y son preexistentes a la realidad de esta ley. Muchas veces se manejan en el marco de la informalidad, del cual pretenden salir, pero no cuentan con un marco jurídico que les permita dar ese salto en calidad para su integración más plena a los procesos económicos y sociales a los que están respondiendo. Desde este punto de vista, cabe destacar que este no es el único programa existente, pero mi intervención es acotada en la medida en que, seguramente, será complementada por el Director Mirza. Evidentemente, no se trata del único programa del Ministerio que será respaldado por esta futura ley de cooperativas sociales, pero es esencial para lograr el impacto que pretendemos en la mejora de la comunidad. Ya hemos hecho una difusión de este programa en distintos departamentos del país y podemos decir que, realmente, responde a las necesidades de la gente e, inmediatamente, los interlocutores a quienes les contamos la posibilidad de esta propuesta identifican grupos y colectivos que ya están en los barrios, en los diversos pueblos y localidades de todo nuestro país y consideran que será una propuesta interesante. Por estas razones, creemos que la propuesta legislativa es muy importante, de la misma manera que va a fortalecer el accionar de muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esta área y que también requieren de estos respaldos jurídicos para poder profundizar sus acciones.

Si la señora Ministra no tiene inconveniente, dejaría por acá mi intervención y luego podremos complementar la información con los otros programas de la Dirección.

SEÑOR MIRZA.-   Como siempre, señoras Senadoras y señores Senadores, es un gusto estar en este ámbito, especialmente cuando se trata de acompañar a la Ministra de Desarrollo Social.

                En primer lugar, la ley de cooperativas sociales que ustedes están examinando constituye uno de los pilares fundamentales en los cuales se soporta el programa de  opción productiva, que es una de las alternativas o salidas -por cierto, no la única y, seguramente, no la mayoritaria- del Plan de Emergencia Social. Se trata de una respuesta eficaz para muchísimos hogares -yo diría, miles de hogares- y ciudadanos que están en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social. 

                Si los señores Senadores me lo permiten, voy a realizar un repaso o brindar un marco general de cómo están hoy concretándose y tomando forma los distintos proyectos de opción productiva para lo cual, reitero, la iniciativa que está hoy en estudio es fundamental en términos del marco legal y normativo correspondiente. 

                Como recordarán, en algún momento informamos de un programa -al que hoy hizo referencia la señora Ministra-   para ir construyendo rutas de salida. Este es un componente fundamental por cuanto convoca, a las jefas y los jefes de hogar,  a trabajar en un proceso socio educativo, en el cual se desarrollan actividades educativas y comunitarias,  durante seis meses en una primera etapa y con posibilidad de continuar un trabajo seis meses más, en la siguiente etapa.  Hay más de trescientos de estos  grupos de veinticinco que están diseminados en todo el territorio nacional. Probablemente, en el mes de junio vamos a estar abarcando 15.100 hogares en todo el país, lo que equivale a 64.000 personas implicadas en estos procesos socio educativos. Cabe consignar que se convoca a los jefes y jefas de hogar y, luego, el Ministerio de Desarrollo Social  confecciona los grupos a partir de algunos criterios, sobre todo de proximidad territorial, relacionados con las organizaciones, fundamentalmente de tipo educativo y de la sociedad civil, que trabajan y acompañan en este proceso. 

                Lógicamente, uno de los ejes que se está manejando y va dando sus frutos, tiene que ver con la identificación de actitudes y aptitudes para el trabajo. Se profundiza en la dimensión socio laboral, en la generación de ingresos y en la iniciativa productiva.  En función de ello es que se promueven  -donde es posible hacerlo- proyectos de la más variada naturaleza en los ámbitos, rubros y actividades más plurales y heterogéneos. Se trata de iniciativas en producción de bienes y de servicios de modo que, efectivamente, puedan fraguarse en emprendimientos capaces de sostener ingresos estables, a mediano y largo plazo, para estos hogares.  En lo que concierne a la dimensión económica, estos ingresos constituyen una salida plausible para un porcentaje importante de gente que está hoy en el Plan de Emergencia Social. 

                Para ello, dentro del Ministerio de Desarrollo Social tenemos prácticamente toda la normativa aprobada y están en curso las gestiones y los procedimientos administrativos y financieros, a la espera de una pronta resolución de la normativa jurídica.

                Como decía al principio, es importante destacar que el aspecto legal es una de las patas del trípode que sostiene este programa. Los otros dos puntos de apoyo están vinculados: uno, a la asistencia técnica que es absolutamente indispensable para que estos proyectos de opción productiva puedan, realmente, ser encaminados con eficacia y con  sostenibilidad y, el otro, al aspecto financiero -que es el tercero de los puntos de apoyo que sostiene este programa-  que considera la transferencia monetaria para lo que sea equipamiento, capital de giro, compra de insumos y materia prima, en fin, todo aquello que permita que un proyecto productivo pueda ponerse en marcha y tener resultados a corto y mediano plazo. 

                Entonces, reitero, el aspecto legal normativo -Ley de Cooperativas Sociales- el aspecto financiero -Fondo Binacional, de acuerdo con el Gobierno venezolano, más fondos propios del Plan de Emergencia que ya estaban estipulados y presupuestados- y el tercer aspecto, asistencia técnica y capacitación, constituyen una panoplia, un arco de instrumentos que ponemos a disposición de los jefes y jefas de hogar quienes, en buena medida, tomarán iniciativas de carácter asociativo o colectivo. Por ello, la forma de cooperativas sociales no es sólo algo meramente jurídico -aunque el término “meramente” pueda resultar un poco peyorativo o estar de más- sino, y sobre todo, un aspecto sustantivo, por cuanto refuerza los vínculos de solidaridad, de acción colectiva, de apoyo mutuo, de construcción de proyectos colectivos. Quiere decir que “Rutas de Salida”, de la misma manera que el programa “Trabajo por Uruguay”, genera iniciativas de carácter económico productivo y el programa “Proyectos de Opción Productiva” va a seguir captando proyectos, tal como ya lo está haciendo. Actualmente, hay aproximadamente 250 proyectos, ya en cartera para ser estudiados y ya se está procediendo efectivamente a su análisis por parte de los equipos técnicos -economistas, contadores, asistentes sociales especializados- de manera de poder, efectivamente, impulsar una de las salidas. Reiteramos que puede no ser la única; de pronto, no es la mayoritaria, pero sí muy significativa para muchísimos trabajadores desocupados de larga data, desempleados crónicos que, teniendo capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos, no encuentran inserción en el mercado laboral ni la respuesta para la superación de esa situación de vulnerabilidad social.

                De manera que, junto con los otros componentes del Plan de Emergencia, éstos constituyen un abordaje integral y subrayo este aspecto de integralidad de las políticas públicas sociales, en este caso aquellas dirigidas al sector de extrema pobreza. Es por eso que resulta fundamental -y lo sabemos porque este Cuerpo ha dado más que señales en ese sentido- el tratamiento del proyecto  y su pronta aprobación, ya que muchos están esperando la posibilidad de constituirse como tales.

                Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Me parece que es un proyecto muy interesante, pero quisiera saber cuál es el perfil de los proyectos o qué tipo de actividades comprenden a nivel de idea o de preproyecto. Por otra parte, no sé si entendí bien, pero me pareció que la calificación, el análisis y la viabilidad de los proyectos eran efectuados por técnicos, ¿o los llevan a cabo otras organizaciones de la sociedad civil? En el caso de los créditos, el país ya tiene experiencia en el tema, por lo menos en proyectos individuales, no ya cooperativos; se trataba de pequeños proyectos que se canalizaban con créditos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. A veces estas experiencias han resultado muy frustrantes, porque terminaron no teniendo viabilidad económica y no reintegrando el dinero que la sociedad, a través de la Corporación, había invertido en ellos. Al margen de las ideas originales y la necesidad de la gente, no siempre es fácil hacer prosperar los proyectos.

                Entonces, habría que ver cómo se viabiliza esto. Se ha hablado de una fase de capacitación y, a este respecto, quisiera saber quién capacita, quién califica y cuál es el tope de los créditos, porque me imagino que habrá proyectos de distinto monto económico, que habrá diferentes topes y, por ende, iniciativas más baratas que otras. En definitiva, quisiera saber cómo es la mecánica de funcionamiento práctico de esto.

                Otra pregunta es si las Intendencias Municipales no participan en nada de esto.

SEÑORA MAZZOTTI.- Sí, participan; lo explicaremos más adelante.

                Estamos hablando de dos programas y, como están dirigidos a poblaciones diferentes, tienen algunos mecanismos distintos; es decir que se distinguen entre sí, por más que tienen un objetivo común, que es el promover procesos de integración social mediante las iniciativas sociales productivas de generación de ingresos económicos de familias, unas en condiciones de pobreza y otras en condiciones de pobreza extrema. 

                En el caso del programa de iniciativas locales, que se dirige a grupos asociativos que ya, de alguna forma, están generando producción y tienen esa experiencia, puedo decir que se trata de proyectos que pueden ser de carácter productivo, social o de servicios. Hay muchos casos de esta naturaleza -ya sea en el área rural o en el área urbana- es decir, de personas que tienen sus oficios y que generan servicios de enorme diversidad. 

                Estos grupos asociativos deben presentar sus proyectos y detallar qué incluyen, qué es lo que hacen y cuánto dinero requieren -siempre estamos hablando de pequeñas transferencias económicas- y, a su vez,  plantean cuál va a ser su modalidad de pago.  Esta primera propuesta tiene que venir con un garante social -si son grupos que no tienen su personería jurídica previa- y, además, deben traer un aval institucional que complementa a dicho garante.

                En este caso, como nosotros estamos trabajando en la promoción de iniciativas que sean consideradas por la comunidad como de valor local, el aval institucional puede ser de organismos públicos si estos grupos están en redes promovidas o apuntaladas por éstos. Aquí, las Juntas Locales o las Intendencias Municipales tienen un papel muy importante en ese sentido. Es más, nosotros creemos que hay muchos grupos que tienen existencia a lo largo y ancho del país y que están recibiendo, de alguna manera, una cierta apoyatura por parte de las oficinas de desarrollo. Sin embargo, éstas no tienen forma de apuntalarlos en cuanto a materias primas, a comprar herramientas, a mejorar los locales en los que están trabajando, etcétera. Entonces, este va a ser un programa que fortalezca y apuntale esas iniciativas ya existentes.

                Esta presentación de solicitud de apoyo hacia el Ministerio tiene una primera etapa de evaluación técnica en la que se evalúan tres aspectos. Uno de ellos tiene que ver con todos los aspectos formales que estamos exigiendo desde el punto de vista del garante social y del aval institucional. El garante social es quien se asocia con esa iniciativa local prestándole toda la apoyatura jurídica y el aval institucional es el que respalda el valor local de lo que están haciendo, por ejemplo, los grupos de productores, los de pescadores o las pequeñas agrupaciones de mujeres que elaboran desde productos de alimentación hasta confecciones a pequeña escala. También  hay grupos de servicios, por ejemplo, de limpieza, de multioficios, etcétera.

Esto pasa, entonces, por una evaluación que primero se hace desde el punto de vista tanto formal -teniendo en cuenta si todos los aspectos jurídicos están cubiertos- como económico y social. Es decir que se pone énfasis en que cierre la factibilidad económica del emprendimiento y se analiza también la viabilidad social, o sea, que el grupo exista y que, de alguna manera, tenga una cierta constitución que garantice su continuidad.  

Luego de que se ve si existe una viabilidad económica y social, las iniciativas que se presenten serán evaluadas por comités departamentales; en cada departamento se verá qué instituciones los van a formar. Por supuesto que estará la oficina departamental del MIDES y representantes del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Ciudadano, pero luego, en cada departamento, participará un organismo público o institución -que puede ser privada, de la sociedad civil- de trayectoria y relevancia, para priorizar esas iniciativas locales.

Nosotros tenemos un fondo de U$S 1:000.000 que ha sido distribuido en los departamentos de acuerdo con el porcentaje de la población en condiciones de pobreza y desocupación. Por ejemplo, hace unos quince días estuvimos en Paysandú y nos enteramos de que se planteó y se está evaluando al Consejo Económico Social de esa ciudad para que integre el Comité Departamental de Selección de los Proyectos, que tiene carácter mixto, porque en él participan la Intendencia Municipal y una red de actores económicos y sociales de relevancia del departamento. Eso va a variar de acuerdo con las realidades de cada uno.

                También estamos pensando, no ya en una capacitación individualizada de cada una de las iniciativas, sino en la posibilidad de brindar un servicio -se verá cuál es la institución de relevancia; en este momento estamos trabajando con la Universidad de la República, que tiene equipos técnicos en distintos departamentos, sobre todo en el norte del país- que fortalezca esas redes de intercambio que existen en cada uno de los departamentos, a través de asistencia técnica y apoyatura a cada uno de los emprendimientos de acuerdo con el rango, el rubro y sus necesidades. De ese modo es que estamos pensando básicamente el Programa.

                Por supuesto que todos estos detalles están en la página “web” del Ministerio, en donde figura el llamado en el que se indican los requisitos que deben reunir los grupos para poder presentarse.

SEÑOR ANTIA.- Quisiera saber si ese U$S 1:000.000 tiene que ver con el Fondo Económico Popular de Venezuela.

SEÑORA MAZZOTTI.- El Gobierno de Venezuela nos trasladó U$S 3:000.000, de los cuales U$S 1:000.000 son para el Programa “Aulas para crecer”;       U$S 1:000.000 para los proyectos de opción productiva y U$S 1:000.000 para las iniciativas locales.

SEÑOR ANTÍA.-  ¿Son no reintegrables?

SEÑORA MAZZOTTI.- Exactamente, señor Senador. Según la población, vamos a pedir porcentajes diferentes de reintegro, que se volcarán nuevamente a los programas, pero insisto en que se trata de una donación del Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio de Economía Popular, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.

SEÑOR AMARO.- No me quedó claro el tema que refiere a los Gobiernos Departamentales, sobre todo a las Intendencias Municipales y las Juntas Locales. Cabe recordar que las Juntas Locales con poder son sólo cinco en el país. Por ejemplo, las de mi departamento no son electivas y, por ende, desempeñan el rol de asesoras del Intendente, sin ningún otro tipo de poder ni de manejo económico. Por lo tanto, a modo de reflexión, quiero decir lo siguiente. En el caso concreto del pueblo 25 de Agosto, que es donde se advierten los problemas sociales más importantes del departamento de Florida, ¿es la Junta Local la que va a tener en sus manos el Programa?

SEÑORA MINISTRA.- A esta altura de los hechos, podemos decir que nosotros tenemos nuestra propia jerga que nos lleva a entendernos simplemente con decir las letras del Programa.

                Con respecto a lo planteado por el señor Senador, quiero citar algunos ejemplos de cosas que ya hemos hecho, de forma tal que se pueda visualizar bien el tema que estamos considerando.

                Nosotros pasamos por la experiencia de tener que confeccionar túnicas escolares, que era una gran necesidad. Para poder llevar a cabo ese emprendimiento, debíamos transitar por dos caminos, aunque podían ser más. Uno de ellos era el de realizar un llamado a licitación común y corriente -que fue efectuado- y, el otro, era llamar a mujeres -también podían ser hombres, pero digo “mujeres” porque, en realidad, se presentó un solo hombre y por voluntad propia- que estuvieran en condiciones de capacitarse para cortar y coser túnicas que se destinarían a Primaria y al INAU. Nuestra aspiración era la de que los chiquitos que se encuentran en los lugares de amparo y entraban a la escuela por primera vez, lo hicieran con una túnica y moña nuevas en lugar de aquellas viejas  y usadas que les regalaran.

                Nosotros teníamos dudas y debíamos hacer la prueba. Fue así que decidimos que de las 50.000 túnicas, 40.000 fueran realizadas mediante el llamado a licitación, que fue efectuado por las vías comunes y corrientes. Aclaro esto, porque mucha gente nos pregunta si nosotros pasamos por los avatares de la Administración Pública y hacemos todo el papeleo. A ello respondemos que pasamos por todos, incluido el Tribunal de Cuentas, como lo hace todo el mundo. Y con respecto a las otras 10.000 -que, al principio, establecimos que iban a ser 5.000, pero después nos pusimos más audaces y elevamos la cifra- lo que hicimos fue hacer un llamado entre las mujeres, que se debían anotar y pasar por la capacitación. De esta manera y con mujeres de Montevideo, Canelones, Florida y San José -que actualmente continúan capacitándose- fue que se confeccionaron 10.000 túnicas de dos talles. Aquí se valora mucho el destino que ellas tendrán, porque no se trata de hacer por hacer, por un subsidio encubierto o por una transferencia económica. Estas mujeres que hicieron estas hermosísimas túnicas, en muchos casos, aprendieron y en otros -y nosotros ponemos este ejemplo porque es muy lindo desde otro punto de vista y así fue valorado- realizaron aportes, como el caso de una mujer que incorporó a su esposo al trabajo. Además, debo indicar que todo el trabajo fue realizado en un plazo más breve que el que nosotros habíamos previsto.

                El viernes próximo pasado firmamos un convenio para confeccionar sábanas que serán destinadas a los refugios. Aquí no se trata de inventar tareas, sino que son necesidades que se tienen. Entonces, nuestra idea es que esas sábanas para los refugios sean cosidas por esta gente que se encuentra en capacitación.

                Por otra parte, en el mes de diciembre y en acuerdo con los señores Intendentes del área metropolitana, con los distintos Ministerios y con estas mujeres emprendedoras -artesanas que hacen productos, conservas, artesanías, etcétera- se firmaron doce medidas que tuvieron un gran impacto. A tal punto esto fue así, que desde otras regiones del país nos solicitaron ser incluidos en esta tarea.

El Instituto Nacional de la Mujer analizó el tema y consideró que era mejor que se hiciera algo regional y no por áreas del país, es decir que estos grupos de mujeres emprendedoras se fueran instituyendo de este modo, porque cada departamento es distinto y las realidades también son diferentes.

En este momento, nosotros estamos trabajando para cubrir la necesidad de acompañantes terapéuticos. Ahora, casi a comienzos del invierno, tenemos altas del Vilardebó, del Piñeyro del Campo y post operatorios de hospitales que precisan hogares de medio camino. En estos hogares de medio camino -que funcionan en convenio con Salud Pública- necesitamos personal de salud, médicos, enfermeras; en fin, todo lo que Salud Pública debe proporcionar, pero también se necesita lo que en el lenguaje de las mutualistas o de los sanatorios privados se denominan “acompañantes terapéuticos”. El Ministerio de Salud Pública haría una capacitación destinada a  aquellos que estuvieran en condiciones de acompañar, de mantener la higiene y de hacer un seguimiento de la persona. Ya existe un grupo en el Zonal 17. Nosotros pretendemos que esto nos permita desconcentrar.

Con respecto a la pregunta que planteó el señor Senador, debo decir que el jueves se fueron a ver a dos instituciones del Estado en el departamento de Colonia que tienen abandonados sus locales y que los estamos pidiendo. Se trata de atender a aquellos que están en el Piñeyro del Campo porque no tienen familia y, en realidad, no tienen necesidad de atención de salud permanente, sino que se encuentran allí porque no tienen a dónde ir. En igual sentido, hablamos con el Director y la Subdirectora del Vilardebó, porque ahora que empieza el Plan Invierno vamos a tener un empuje de altas  en el Vilardebó de personas que no necesitan estar internadas y que, por diversas razones, no tienen a dónde ir. No se trata de amontonarlos  en algún lugar, sino de juntarlos de a 10 o de a 15 como mucho.

Con respecto al mejoramiento del hábitat, llamamos a licitación y licitó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que era el que en ese momento estaba en condiciones de licitar en todos los departamentos del país. Nosotros no estamos conformes con esa licitación, en el sentido de que lo que queríamos -y lo vamos a hacer, aunque no lo pudimos lograr en esta oportunidad- era que las barracas de cada departamento proveyeran los materiales necesarios para darle vida al departamento como, por ejemplo, los ladrilleros que hoy le vendieron a un gran comprador y distribuidor que ganó la licitación. Nosotros pagamos $ 3 y el ladrillero se lleva $ 0.89. El ladrillero tiene su cooperativa y, si nosotros podemos comprar los ladrillos en el departamento para el mejoramiento del programa y del hábitat, preferimos adquirirlos en el emprendimiento de ese trabajador, sin pasar por ningún intermediario, ya que no lo precisamos. De esta forma, estamos dándole vida al departamento o a la localidad con emprendimientos que la gente lleva adelante. De la misma manera, en lo que tiene que ver con la alimentación, la fruta, la verdura y las aves en lo relativo a los distintos comedores escolares y los CAIF, preferimos comprar lo natural en el departamento y, por lo tanto, hacer circular el dinero allí. Voy a dar algunos ejemplos concretos que materializan aquello a lo que nosotros aspiramos. Para poner un ejemplo absurdo, si alguien dice que se va a dedicar a fabricar chifles de plástico, es obvio que vamos a decirle que no, puesto que no nos va a ser de utilidad. Hemos constatado en el programa “Trabajo por Uruguay”  o en “Construyendo Rutas de Salida” que hay muchos huecos, es decir, cosas que se necesitan y que todavía no se han podido obtener. Insisto en que tenemos mucha gente trabajando en “Trabajo por Uruguay” que está cumpliendo tareas que son demanda estatal fundamentalmente de Ministerios y Entes, así como también de todas las Intendencias del país. Es más, éstas han propuesto tareas  y, de acuerdo a las normas que están establecidas, puedo decir que los funcionarios municipales no las pueden desarrollar. Quiero señalar que no estamos hablando de mano de obra más barata, ya que hay una capacitación. Entonces, volviendo al tema, reitero que ese trabajo no lo pueden realizar los municipales. También sucede que si  la tarea a desempeñar es de riesgo o los funcionarios municipales no  la quieren realizar  -como sucede, por ejemplo, con  las zanjas, de pronto, porque necesitan determinado calzado- tampoco van a ir los funcionarios del Plan de Emergencia por el hecho de que se esté en una emergencia.

                Para ilustrar un poco todo esto quiero señalar  algo -y no voy a entrar en anécdotas, aunque sería fantástico poder contarlas, porque son tragicómicas- que tiene que ver con las mujeres. En general los capataces, o sea los que tienen oficio, pertenecen al SUNCA y, como es de esperar, cobran de acuerdo al laudo y al Consejo de Salarios. Para sorpresa nuestra nos muestran, de brazos cruzados, cómo las mujeres se treparon a una escalera, colocaron azulejos, fueron capaces de pintar un techo o instalar la cañería de un baño.  En este momento tengo presente que cuando  vino una delegación del Banco Mundial -insisto en que no voy a seguir relatando anécdotas, porque nos pasaríamos toda la tarde-  a observar el campo de trabajo, se eligió el trabajo de mejoramiento de hábitat  en “La Lanera” en el departamento de Florida -creo que ya no se llama más así porque la ex fábrica no le permite utilizar ese nombre al barrio- donde hubo todo un proceso de inclusión. Cuando comenzamos a trabajar en el asentamiento los vecinos tenían problemas entre ellos; pero con el correr del tiempo se pudo empezar a trabajar en pequeños grupos y, al día de hoy, incluso se están ayudando para construir, en el caso de que haya hacinamiento, un baño y una habitación. Esto no es definitivo; estas personas no se van a quedar allí pero, igualmente, este trabajo hay que hacerlo porque, teniendo en cuenta las condiciones en las que están viviendo, se pueden enfermar de hepatitis o padecer cualquier otra afección. Incluso cuando le comenté esto al señor Presidente me dijo “cómo podía alegrarme por recibir 40 inodoros”. Creo que tiene razón, pero el tema es que nosotros nos alegramos por cada logro obtenido, porque partimos de un piso muy bajo, extremo. Tratamos de hablar en términos generales, pero cuando ponemos algunos ejemplos hay gente que los  ridiculiza. Los ejemplos que mencionamos son de la vida real; no se trata sólo de números y esa gente real la vemos crecer y nos alegramos, porque eso es parte de nuestro trabajo.

SEÑOR AMARO.- Creo que la exposición de la señora Ministra ha sido muy exhaustiva  y es la realidad. Quiero señalar con ánimo contractivo que muchas veces por más buena voluntad que se tenga,  no se llega realmente a donde está la necesidad. Esto ocurre por muchos motivos, que no son de ahora, sino que existen desde siempre. Por lo general, las capitales departamentales siempre están bien abastecidas e, inclusive, tienen sobrantes. Por ejemplo, en Florida, tienen solamente un asentamiento -que la señora Ministra lo conoce- que es el Paseo Pintado. Pero a los pueblos como Polanco del Yi y 25 de Agosto llega la ayuda y, a veces, llega mal. Aclaro que, de ninguna manera estoy culpando de esto al Ministerio. No sé si no debería existir un cuerpo inspectivo de contralor -o el Ministerio puede aportar algo similar- para poder clarificar esas necesidades que uno ve, porque las críticas siempre están, ya sea con el gobierno anterior, con éste o con el que vendrá.

                El último mes en la ciudad de Florida -y la señora Ministra lo debe saber- faltaron canastas. Se trajo otro camión, se tomaron las diligencias y, finalmente, pudo solucionarse el tema, lo que quiere decir que siempre hay que contar con los mecanismos necesarios para ello.

                Reitero -y quiero que esto quede bien claro- que no estoy formulando críticas, pero creo que hay que ajustar los mecanismos y encontrar dónde está la verdadera necesidad.

SEÑOR MIRZA.- Con respecto a este último punto que señala el señor Senador, tenemos dispuestos algunos mecanismos que es importante destacar en este ámbito. En primer lugar, tenemos la instalación que se viene haciendo, en estas últimas semanas, de las mesas interinstitucionales a nivel de cada departamento, que son ámbitos de coordinación y articulación público estatal y que, como no podía ser de otra manera, también integra en ese ámbito a las Intendencias Municipales de cada uno de los departamentos. Lo mismo ocurre con organismos tales como Primaria y Secundaria, INAU, Banco de Previsión Social o los distintos Ministerios que tienen referentes departamentales. Este es un ámbito que se está instalando, pero todavía falta en algunos departamentos. Luego existe uno paralelo, que comenzará a instalarse una vez que lo estén todas las mesas público estatales, que está formado por los Consejos Consultivos Sociales. Efectivamente, allí las organizaciones sociales a nivel de cada localidad o ciudad van a poder tener un recinto, un espacio institucionalizado de articulación, de coordinación, de participación y de señalamiento de lo que el señor Senador indica como insuficiencias, aspectos deficitarios, lagunas, vacíos, etcétera. Al mismo tiempo, desde otros programas estamos disponiendo algunos técnicos. Por ejemplo, para uno de ellos en particular, junto con el Consejo de Educación Técnico Profesional, estamos trabajando para tener, seguramente, la posibilidad de contar con más de veinticinco supervisores técnicos en todo el país. Este también será un punto fundamental para identificar los problemas en cada una de las localidades. Siempre digo que nosotros, en la actualidad, tenemos cuatro o cinco asistentes sociales que están supervisando más de 300 grupos, pero cuando tengamos 1.000 ó 1.500 grupos va a ser materialmente imposible. Por ello, el dispositivo a los supervisores técnicos va a ayudar en la verificación, no solamente de los aspectos metodológicos de los distintos procesos educativos, sino también con los problemas de gestión o de llegada de los bienes o servicios sociales hacia donde, efectivamente, tienen que llegar.

Esa es una preocupación central del Ministerio. Los señores Senadores sabrán que actualmente hay 80.000 jefes de hogares que están habilitados al cobro del ingreso ciudadano, pero todavía estamos preocupados por aquellos hogares que, si bien no son  importantes cuantitativamente, aún no están incluidos en el Plan de Emergencia por diversas razones. Si me permiten decirlo, mucho más grave que el hecho de que un hogar, de pronto, pasándose un poco más del ingreso establecido, esté incluido en el Plan, lo es que todavía haya  familias en situación de carencia que aún no lo estén. En esa dirección, el Ministerio también está trabajando intensamente y en forma cotidiana. Reitero, entonces, que por esos motivos el número de hogares es muy pequeño y estos mecanismos y ámbitos institucionalizados van a permitir ir haciendo los correctivos necesarios.

                Por otra parte, sobre el tema de los distintos sectores o rubros que señalaba el señor Senador Moreira, la señora Mazzotti ya ha  detallado en distintos ejemplos la variedad y pluralidad de iniciativas productivas que se han emprendido. En tal sentido desde el sector hortícola, pasando por el frutícola, la granja, las empresas de servicios de mantenimiento de áreas verdes de espacios públicos, las tareas de limpieza, de construcción, de fabricación de bloques de baldosas hasta la confección de prendas de vestir, la heterogeneidad de rubros es tan grande, como lo es la universalidad de micro y pequeños emprendimientos que existen en el país.

Cabe señalar que los proyectos de hogar productivo tienen varias diferencias importantes con respecto al Fondo de Iniciativa Local. Como señalaba mi colega, ese Fondo está dirigido, básicamente, a la población mayoritaria que no está incorporada en el PANES mientras que, los proyectos de orden productivo, están focalizados en la población que hoy se ha incorporado al plan de emergencia. Por lo tanto, el instrumento tiene que ser adaptado y adecuado al perfil de cada uno de los sectores y a sus condiciones, incluso, de repago. Mientras que para el Fondo de Iniciativa Local la devolución es casi del 100% -aunque se considera un porcentaje, si no me equivoco, del 20% aproximadamente, para un subsidio liso y llano- la situación es la inversa en el caso de los proyectos de orden productivo. Vale decir que manejamos fuertemente el componente de subsidio del hogar con un componente de devolución porque, efectivamente, sabemos que la capacidad de repago de emprendimientos de este nivel, en los primeros dos y tres años, es realmente difícil. Aquí tenemos que ser conscientes, como gobierno y como Ministerio, que hay costos sociales que han pagado estos sectores, un importante contingente humano, a lo largo de varias décadas y que, de alguna forma, la sociedad en su conjunto y, el Estado en particular, asume que tiene que pagar para poder generar mecanismos y estrategias de redignificación humana. Si es necesario subsidiar, estamos absolutamente convencidos de que hay que hacerlo. El 40% del mecanismo tiene un efecto simbólico, emblemático, de generar una cultura de responsabilidad social y colectiva frente a otros en la medida en que esperaron para recibir el beneficio del Ministerio. También es fundamental en este caso, el seguimiento permanente, por lo menos durante 10 y 11 años, tal cual está previsto en el Programa.

A esos efectos, ya se hizo un llamado público para elaborar un registro de entidades de asistencia técnica, cuyo vencimiento es, si no me equivoco, a fines de mayo. Básicamente, van a precalificar las instituciones no gubernamentales, pero también pueden presentarse las públicas. Para la calificación va a trabajar un equipo que va a evaluar la capacidad, idoneidad y pericia de estas instituciones de asistencia técnica para proveer los servicios de capacitación, asesoramiento y seguimiento durante un período tal vez mucho más prolongado que otro tipo de proyectos, por la propia conformación sociocultural y el perfil socioeducativo de la población, lo que hace que sea fundamental este apoyo.

                Si hace dos años señalábamos la importancia del seguimiento para las microempresas en el sector más característico en Uruguay, con más razón tenemos que sostenerlo para una población que no ha tenido o no tiene experiencia sustancial en términos de gestión de emprendimientos productivos.

                De modo que estas son algunas de las diferencias que existen entre los proyectos de acción productiva y el Fondo de Iniciativas Locales. Ya fue señalado tanto por la señora Ministra como por la señora Directora Mazzotti, pero cabe reiterar que en ambos casos la participación de los actores locales y las Intendencias Municipales es fundamental. Es más; en el programa “Construyendo Rutas de Salidas” algunas de las iniciativas y los proyectos que están en ejecución han sido presentados y avalados por las propias Intendencias Municipales  y sus equipos técnicos como, por ejemplo, la de Cerro Largo, Artigas, Salto, Paysandú, Maldonado y, en esta última convocatoria,  Canelones.

                Por nuestra parte, nos vamos a apoyar en nuestros equipos técnicos que, como decía hoy, están integrados por economistas, contadores, asistentes sociales, sociólogos y psicólogos, así como por las Intendencias Municipales en cada departamento y otros organismos públicos. Puede darse el caso, por ejemplo, de la presentación de un proyecto determinado de cría de cerdo, para lo cual no tenemos la especificidad. En ese sentido, vamos a tener que recurrir al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca toda vez que sea necesario.

                Por supuesto, tal como señaló la señora Ministra, debe tenerse la certeza de que se va  a examinar la viabilidad de las diferentes propuestas, porque no se trata de apoyar la aventura productiva para la frustración posterior e inmediata. En definitiva, se trata de que esto sea un camino sostenible y viable social, económica y productivamente. De otra manera, no sería una salida seria para la emergencia social, sino un engaño o una suerte de intento fallido o de encubrimiento de una salida que no se encuentra de manera auténtica y genuina.

SEÑOR AMARO.- Quiero decir que hice estos planteos, porque lo vivo. Lo digo sanamente. Observen los señores Senadores el ejemplo de Florida donde pasaron tres o cuatro responsables jerárquicos que estaban al frente del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. Se trata de excelentes personalidades, pero terminaron excedidos por la falta de apoyatura. ¿Qué sucede? Ocurre que cuando van al lugar que el Ministerio entiende que se debe atender, se encuentran con que les plantean razonamientos -con razón o sin razón- imposibles de abordar. Es una realidad que, reitero, “enfermaba” a cualquiera. Un día tuve la oportunidad de  ver la labor de los representantes del Ministerio que, por cierto, fue excelente, pero están sobrecargados porque deben enfrentarse a “los vivos” que quieren llevarse lo que no les pertenece.

                Por este motivo, me parece muy importante todo lo que tenga que ver con los planes de apoyatura.

SEÑORA DALMAS.-  En realidad, me congratula la presencia del equipo del Ministerio, porque todos los Legisladores y, diría, la mayoría de los ciudadanos, estamos preocupados porque si bien se está atendiendo muy adecuadamente la emergencia social, todos vemos en el horizonte la necesidad de la salida. Eso es compartido por todos. Los Programas que acá se han descrito van en esa dirección y, por eso, nos llenan de esperanza y, en lo personal, apostamos mucho a ellos. 

No obstante, acá estamos tratando un proyecto de ley y yo quisiera preguntarles lo siguiente. Tengo esta duda, tal vez, por no haber analizado el tema con suficiente profundidad.  Yendo al articulado, creo entender que la necesidad está -ello está establecido, en primera instancia, en el artículo 1º- en generar la figura de la cooperativa social. Hoy hay un marco jurídico existente y en el artículo 2º se hace referencia, precisamente, al régimen aplicable a las cooperativas.  Entonces, además de la creación de la figura “cooperativa social” y de aclarar qué legislación es aplicable, ¿cuál es la otra peculiaridad que el Ministerio encontró para ver la necesidad de redactar un nuevo proyecto de ley sobre cooperativas? Seguramente, debe haber habido algún otro aspecto que no estaba legislado y me gustaría saber cuál es.

SEÑORA IMBERT.-  Me pareció muy oportuna la pregunta de la señora Senadora Dalmás porque creo, justamente, que esto hace al espíritu de la elaboración de este proyecto de ley.

                Para entender el tema no podemos perder de vista que esta iniciativa se enmarca desde la visión de un proyecto integral de sociedad. La señora Ministra y los Directores Mazzotti y Mirza vienen hablando de la necesidad de establecer redes tanto con el sector público como con el privado. En este sentido, nosotros creemos que la salida de la exclusión debe estar apoyada, justamente, en este tipo de alianzas y redes. Al respecto, interviene el sector cooperativo como un actor histórico y muy importante de la economía de nuestro país, más allá de que muchas veces no es conocido por todos.  Este sector nuclea en nuestro país a prácticamente  900.000 personas en todas sus modalidades, es decir, a alrededor de un tercio de nuestra población.  En este actor social reconocemos un instrumento válido como apoyatura para una de las salidas de emergencia. En este sentido, como dijo la señora Ministra, cuando comenzamos a pensar en las cooperativas sociales -y ahora les voy a contar también acerca de los otros motivos por los que empezamos a pensar en ellas-  solicitamos, para desarrollar este instrumento, el asesoramiento y el acompañamiento del movimiento cooperativo, representado por la Comisión Honoraria de Cooperativismo que depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ellos nos ayudaron a elaborar este proyecto de ley.  No se trata de que se nos haya “prendido la lamparita” a nosotros con respecto a las cooperativas sociales, porque ya había un antecedente que estaba ingresado en la Ley General de Cooperativas, que está en estudio desde hace un tiempo. Me refiero a la existencia de un capítulo especial para las cooperativas sociales.  Entonces, el Ministerio comenzó a transitar un camino conjunto con el movimiento cooperativo en este sentido, además porque a nivel mundial teníamos antecedentes con relación a estas experiencias.

Tal como lo marcaron las Resoluciones 5158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 193 de la OIT, emitidas más o menos en el mismo período de tiempo, en el decenio de los noventa, se recomienda a todos los países del mundo prestar especial atención a este sector de la economía mundial que, muy silenciosamente, venía desarrollando determinadas actividades, de gran envergadura desde el punto de vista económico en algunos países y en otros de menor porte, pero siempre sosteniendo una parte de la economía. Tanto la resolución de las Naciones Unidas como la de la OIT, piden que se tenga especial atención a este sector  y que todos los gobiernos del mundo se involucren en el desarrollo de las cooperativas, dándoles todo el apoyo necesario, para llevar adelante programas de gobierno que tiendan al desarrollo económico y social de sus naciones. Lo mismo se pide para aquellos programas que tiendan a incluir a los sectores excluidos de las sociedades de todos los países. A partir de ese decenio, en países como España, Italia y Francia, comienzan a desarrollarse las cooperativas sociales, es decir, experiencias de emprendimientos llevados adelante por poblaciones excluidas de la sociedad. Esta exclusión puede tener carácter económico pero también puede tratarse de sectores minoritarios como, por ejemplo, los discapacitados, los adictos a sustancias o la tercera edad.

En este sentido, el Ministerio ha hecho contactos con esos países que han llevado a la práctica estas experiencias, como son España o Italia, y se ha mantenido un relacionamiento permanente que nos ha permitido tener las bases necesarias como para que ellos puedan venir a trasladar sus conocimientos técnicos, con la finalidad de fortalecer las experiencias propias de Uruguay en el tema cooperativo.

En pocas palabras, queremos decir que creemos que la salida a la emergencia está atravesada por distintas dimensiones y que solamente se podrá llegar a ella mirando la situación desde la integralidad, es decir, que para que haya inclusión y desarrollo social también tiene que haber desarrollo personal y económico. Consideramos que esta es una herramienta que, además, como todos saben, tiene un fuerte componente educativo. El movimiento cooperativo desarrolla sus cooperativas dentro de un fuerte principio educativo, entre muchos otros. Nosotros nunca lo deslindamos  del componente de ayuda económica,  de subsidio o de crédito, como es el caso de los fondos de iniciativas locales.

SEÑORA PERCOVICH.- Simplemente, deseo afirmar que me parece que esto es un adelanto de algo que, desde el punto de vista legislativo, estamos reclamando desde hace mucho tiempo y que nos debíamos porque, incluso, en el TOCAF agrega una cláusula que se estaba necesitando. En realidad, son muchas las experiencias que tiene el Estado uruguayo con relación a las organizaciones sociales.

                Quisiera saber si la reglamentación de esta ley la hará el propio Ministerio de Desarrollo Social y, de ser así -o a quien le corresponda- creo que uno de los “debe” que tenemos es la calificación de “vulnerabilidad social”. Me parece que es un tema muy importante que se incorpora, así como las necesidades básicas insatisfechas están claramente identificadas desde hace tiempo; nos gustará o no pero lo cierto es que son un parámetro muy claro para medir. Por su parte, la vulnerabilidad social requiere, según creo, un poco más de especificación y, quizá, en la regulación sería interesante avanzar también sobre esta calificación.

SEÑORA MINISTRA.-  Quisiera puntualizar, por lo menos, un par de preocupaciones que se mencionaron, fundamentalmente por parte del señor Senador Amaro, que nosotros compartimos.

                Como sabrán, desde el punto de vista técnico contamos con el personal para hacer la descentralización y para que realmente el Ministerio exista en el territorio -que es donde se materializa como tal- de acuerdo con la ley de pases en comisión que votó este Parlamento, lo que nos permitió tener 38 delegados territoriales en distintas localidades. De todas maneras esto no alcanza e, incluso, la idea original era contar con un delegado y, por cada uno de ellos, un técnico y un administrativo. Para dar un ejemplo muy concreto puedo decir que hemos comentado con la Directora de Coordinación Territorial, Leonor Soria, el hecho de que ha quedado demostrado que en Canelones, con cuatro delegados, lo único que logramos es un desgaste brutal de esas personas, que en este caso son mujeres y no es por casualidad. A veces digo, en broma, que podemos comparar, con una mirada de género, el Ministerio de Economía y Finanzas con el de Desarrollo Social y veremos que la situación no es casual. Además, en general, las políticas sociales son “cosas de nenas” y le pido perdón a Mirza, pero él sabe que muchas veces le tomamos el pelo por esta razón -a él y a dos o tres más- diciéndole que está en medio de un harén.

El hecho concreto es como lo dice el señor Senador Amaro; Florida es un caso muy claro, pero no se trata sólo de ese departamento. Hace poco hicimos un llamado a licitación, donde se presentaron diversas instituciones públicas y privadas, para hacer un acompañamiento y una contención de la gente que trabaja en campo. Nos ha pasado a todos porque hemos trabajado en campo de una manera directa, pero le sucede mucho más al que permanentemente se dedica al trabajo de campo. Esto nos ha llevado a quebrantos de salud, debido a experiencias muy removedoras para los estudiantes que trabajan con nosotros por medio de la Universidad de la República -la UTU- porque en el caso de nuestro Ministerio -creo que en todos los Ministerios y en todas partes debería ser así- es muy claro que los expedientes son gente. Por lo tanto, ese trabajo de campo es muy desgastante, hay mucha angustia y un proceso que todos hemos vivido de una u otra manera. Un poco en broma, a veces nos decimos “estás en la fase tal o en la fase cual”, pero se trata de incluirse en  exclusión; los que trabajamos en esto terminamos incluidos en la exclusión, con las mismas angustias. Lo cierto es que hay una absorción muy grande y por ello ahora estamos trabajando con una institución, cuya presentación fue la que ganó, para hacer el acompañamiento y la contención, así como la elaboración de todo eso que está viviendo nuestra gente. Ahora bien, esto implica claramente un problema, porque no se trata solamente de la visita, sino que hay un proceso muy fuerte cuando se hace una denegatoria, es decir cuando se le da a la persona la comunicación de que no le corresponde el plan, se le explica por qué, cómo puede apelar y en qué plazo debe hacerlo. En Montevideo no es tan así porque, en números, es más grande, pero en el interior hay una gran presión y es una realidad mucho más compleja,  porque quizás esa persona sea un vecino o una vecina con la que uno se cruza habitualmente.

                Ahora estamos haciendo lo que llamamos revisitas -aunque, en realidad, siempre las hemos realizado- donde se hacen paneos de barrios o de zonas con asistentes sociales que no son del departamento y cuya  mirada técnica no está impregnada de la presión que se tiene cuando se conoce a la persona. Es lo mismo que nos ocurre a todos nosotros. Personalmente, salgo a la vereda de mi barrio y vienen los vecinos y las vecinas a hacer sus reclamos y debemos decirles que “no” y explicarles por qué es así. En muchos casos tenemos que negarnos cuando hay problemas  muy serios y cito un ejemplo, que me ocurrió personalmente, de una señora con el mayor de los niños a su cargo adicto a la pasta base. En ese caso no hacemos transferencia monetaria para no provocar abusos, violencia doméstica, etcétera, aunque sí buscamos que se sigan otros caminos.  Esto también nos pasa con los refugios. Hay refugios que denominamos de crónicos y hay otra gente con problemas psiquiátricos que no logramos convencer que vaya al refugio nocturno, pero que sí acude al diurno donde hace actividades y recreaciones.  Todas estas cosas hacen que necesitemos más gente. Por eso le decía al director Mirza que la respuesta era suya. Tenemos un  debate de algo que se dijo al pasar, pero que a mí me importa mucho. Nosotros nos comprometimos, y creemos que estamos cumpliendo -por lo menos, lo podemos demostrar- a que el apoyo llegue al destinatario pasando por las menor cantidad posible de manos. Todos nosotros -porque somos todos los que andamos por el país- tratamos de corroborar la realidad in situ y conocer las caras. En este sentido, la experiencia del barrio Andresito de Florida es para nosotros interesantísima porque, junto a  la Intendencia, se han implementado los programas “Rutas de Salida” y “Mejoramiento del Hábitat”; en un lugar donde la mayoría son mujeres jefas de hogar. Allí se ha hecho todo un proceso de transformación en el que la Intendencia ha abordado la parte del saneamiento. En Los Molles, departamento de Tacuarembó, también hemos trabajado junto al Intendente, que ha puesto maquinaria; también hemos estado juntos conversando con la gente. El tema radica en cómo se generan esos acompañamientos mutuos entre los protagonistas. Como decía el Director Mirza, tenemos un drama que es el más grave de todos. A modo de ejemplo, hace una semana supimos del caso, en Paso de los Toros -porque las organizaciones sociales, las instituciones públicas, los maestros, los CAIF y las policlínicas están atentos- de una familia que está viviendo en condiciones de indigencia total y ni siquiera se ha anotado; y no se ha anotado porque como nunca le tocó nada, consideraba que no le iba a tocar nada. Esta familia vive en la indigencia y está para ingresar al Plan de Emergencia. Ese es el problema más grave  que podemos llegar a tener.

También existen casos -por suerte, son los menos debido a la condición de honestos de los uruguayos- de delitos, de fraudes, de gente que no es pobre y que, por ejemplo, cuando se la visita esconde el televisor, pero no gana nada, porque este objeto no tiene casi peso en el Índice. Estoy hablando, también, de gente que esconde animales, campos, camiones, sociedades anónimas y otras yerbas. Ya hemos hecho denuncias penales en varios departamentos con documentación de DICOSE y con empresas que corroboramos con lo que nos envía ATYR. Porque una cosa es el que se siente muy pobre y tiene como estrategia de supervivencia esconder tal cosa, negar al marido -esto también nos ha pasado- o hacerse entrevistar en el galpón del fondo; pero otra muy diferente es estafar por una cifra miserable para el nivel de vida que esa gente tiene, máxime tratándose de dineros destinados a quienes no tienen nada. Es en este entendido que estamos presentando las denuncias penales correspondientes, porque estamos hablando de estafa, de fraude, ya que se firma una declaración jurada tanto al anotarse como al ser visitados. Se dan distintos niveles. Felizmente -como pasa en el conjunto de la sociedad- estos casos son los menos.

                Vuelvo a insistir en que nuestra preocupación es la que expresan los delegados en todo el país. Cuando una persona, al firmar la comunicación en la que se le informa que no le corresponde, agacha la cabeza, se da media vuelta y se va sin protestar, ahí, en esas ocasiones, vamos detrás de ella, porque lo más probable -y se da en el 90% de los casos- es que esa persona esté en la indigencia. En cambio, el otro protesta. Es decir, se da todo un procedimiento que nuestros trabajadores están aprendiendo a distinguir.

                Ahora bien, es formidable constatar cómo el grueso de la gente pone ganas, fuerza y participa de esto con alegría. Existe una mayor apoyatura por parte de la gente, que a veces cuestiona -generalmente, se da en el interior- que no nos hayan conseguido un local o que tengamos la computadora en tal lado. En muchos casos recién estamos logrando empezar a compartir locales con otras dependencias del Estado o tratando de instalarnos en edificios vacíos. También nos costó llegar a tener computadoras para que todos los delegados pudieran ingresar a la base de datos PANES.

                Aspiramos a que la menor cantidad de dinero se vaya en este tipo de cosas. Sé que es discutible, pero hemos tenido muchas donaciones de maquinaria y de computadoras por parte de empresas y de uruguayos que residen en el exterior. Realmente,  hemos tenido un muy buen apoyo.

                Por otra parte, en lo que tiene que ver con las mediciones, trabajamos para conseguir, en este caso, la cooperación del Banco Mundial, sobre la cual hemos discutido arduamente. Finalmente se consiguió y es una cooperación sin devolución, o sea que es una donación; para ellos es una pequeña cantidad, pero para nosotros es mucho, porque nos permitirá efectuar las mediciones de los impactos y que no se nos vaya dinero del Plan en pagar consultorías o cosas por el estilo y, a la vez, tendremos la posibilidad de contar con una medición seria.

                Hay algunas modificaciones en el proyecto de ley que tienen que ver con alguno de los planteos efectuados por la señora Senadora Percovich y conversamos sobre esto con el señor Ministro de Economía y  Finanzas en el día de hoy. Por lo menos, las que yo ví, son propuestas de modificaciones en el Senado -cabe aclarar que compartimos totalmente el proyecto con las modificaciones que se le efectuaron en la Cámara de Representantes-; una tiene que ver con la definición de vulnerabilidad social y la otra con los controles de la DGI, del BPS, etcétera. Mi interpretación es que, en realidad, son obvias, pero que no está mal que se incluyan en la reglamentación. Digo esto, porque parecería evidente que la DGI y el BPS tengan que controlar, pero también hay que tener en cuenta un aspecto ya mencionado, de alguna manera, por la señora Miriam Imbert,  porque hemos visto experiencias de otras partes del mundo y hemos constatado el cuidado que hay que tener para que no haya quienes se disfracen de cooperativa social sin serlo.  Entonces, este también es un elemento  importante a tener en cuenta.

                Nosotros aspiraríamos a que estos aspectos se contemplaran por la vía de la reglamentación y a que pudiéramos aprobar esta iniciativa en el Senado de la República. Si nos preguntan, reitero, puedo decir que compartimos que esto tendría que ir en el decreto reglamentario. Este proyecto no va a ser solamente del Ministerio de Desarrollo Social; no lo elaboró sólo esta Cartera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que hemos tenido una  importante sesión y somos conscientes de que tenemos una gran tarea por delante. Nos mantendremos en contacto y esperamos que en el menor tiempo posible podamos aprobar este proyecto que sin dudas va a ayudar a mejorar la condición de nuestros compatriotas.

 Agradecemos la presencia de la señora Ministra de Desarrollo Social y del equipo de jerarcas que la acompaña.

                (Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

                (Es la hora 17 y 47 minutos)