SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 23 minutos.)

Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores en el marco del tratamiento del Presupuesto quinquenal 2005 - 2009.

Para esta Comisión es un verdadero placer recibir a los señores Intendentes de todo el país, representados por su Congreso, que está encabezado por su Presidente, el señor Carmelo Vidalín. La razón de su presencia en este Cuerpo es conversar, escucharlos e intercambiar ideas con respecto a los artículos que les afectan de este Presupuesto, del 439 al final, que -si no me equivoco- es el 447.

Damos la palabra al Presidente del Congreso de Intendentes, señor Carmelo Vidalín, a efectos de que exponga sobre su visión del Presupuesto y, luego, las señoras y señores Senadores harán las preguntas y comentarios necesarios.

SEÑOR VIDALIN.- Señor Presidente y señores Senadores: muchas gracias. Nos honra ser recibidos por los señores Senadores y agradecemos, muy especialmente, esta posibilidad de hacer conocer nuestras inquietudes y, fundamentalmente, lo que hemos acordado con el Gobierno nacional en cuanto a las posibilidades de mejoras o de crecimiento que, a través del diálogo con los miembros de la Comisión, podamos obtener en beneficio de nuestra gente.

En particular, agradecemos al señor Presidente esta posibilidad y le cederemos la palabra al señor Intendente de Lavalleja, que ha estado trabajando tan intensamente en estos temas.

SEÑOR VERGARA.- Señor Presidente: saludamos a todos y damos las gracias por recibirnos en la mañana de hoy. Hacemos nuestras las palabras del colega Carmelo Vidalín.

En esta oportunidad, aquí, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, seguimos trabajando sobre aquellos artículos del Presupuesto quinquenal que tienen relación con nuestros Municipios; tenemos algunos puntos que todavía son objeto de discusión y, naturalmente, de interés para todos nosotros.

Entre otros, hay un tema que preocupa fundamentalmente a aquellos departamentos que hemos sido partícipes en compartir una política nacional de forestación y que, por la naturaleza de nuestros suelos -que tienen prioridad forestal- tenemos áreas dedicadas a esta actividad. Es por todos conocido que para facilitar el desarrollo productivo del país, se exoneró el pago de la Contribución Inmobiliaria Rural a través de una ley y, hasta hace muy poco existían unos subsidios cuya aplicación fue derogada. Ahora bien, se sigue manteniendo la exoneración del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural. Los señores Senadores comprenderán que esta problemática no es común a todos los departamentos sino sólo a algunos que hemos venido soportando esa exoneración, sin ninguna contraprestación del Gobierno Nacional. Si bien esto facilita el desarrollo de nuestros departamentos, también genera una importante pérdida de recursos genuinos de los Municipios. A su vez, a la altura en que nos encontramos, con un proceso de trabajo en ese sentido, se plantea otra problemática -tan o más importante y grave- que es la de la extracción de la madera. Es absolutamente imposible que los recursos municipales puedan atender la caminería rural por donde se realiza dicha tarea. Para que los señores Senadores tengan idea de la magnitud de la problemática que nos aqueja, en el caso puntual de nuestro departamento, estamos hablando de unos 35.000 camiones anuales con un peso de entre 40 y 50 toneladas entre camión y carga. Obviamente, la caminería rural, los cursos de agua con alcantarillas y algunos puentecitos construidos hace muchos años, no fueron pensados para soportar estos pesos.

Creemos que, si no encontramos alguna solución a esta problemática, se va a afectar a otros sectores de la producción nacional que también tienen un peso muy importante para la economía del país. Reitero que nuestras rutas se están destruyendo en forma acelerada y no hay posibilidad real de que nuestras finanzas puedan atender esta situación.

Es por esta razón que estamos planteando la eliminación de esta exoneración o la posibilidad de que el Gobierno Nacional -si es que no desea enviar un mensaje en un momento en que se están realizando inversiones de mucha trascendencia- realice alguna contribución que mitigue esta problemática, que -reitero- para nosotros es de una enorme gravedad.

Este es el primer punto que queríamos plantear. Pregunto a la Presidencia acerca de la metodología de trabajo. Se puede plantear cada punto y luego ponerlo a consideración de los señores Senadores, de los colegas Intendentes y, por supuesto, de los técnicos que nos acompañan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese puede ser el criterio de trabajo, sin perjuicio de que, si algún señor Senador quiere plantear una interrogante sobre un tema que se está exponiendo, puede hacerlo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero decir a los representantes del Congreso Nacional de Intendentes que en la Comisión de Ganadería y Agricultura del Senado hemos tratado este tema con la División Forestal del Ministerio y nos consta que se está estudiando la posibilidad de una compensación por ese "plus" de tareas y de inconvenientes que genera la forestación, aunque por otro lado traiga otros beneficios; acá la cuestión es buscar el equilibrio. Nos había explicado el ingeniero Berterreche que se estaba estudiando algún mecanismo que tuviera que ver con la carga, porque hay caminos que empiezan en un departamento y continúan en otro, entonces hay que monitorear un poco las rutas; es decir que el tema tiene una cierta complejidad y, si bien hay alguna zona que se podría definir como cuenca forestal, también hay otros departamentos -como, por ejemplo, Lavalleja- que estarían hacia otro lado.

Lo único que quiero decir -reitero- es que nos consta que el Ministerio, a través de su División Forestal, está analizando este punto. No sé exactamente cómo se va a resolver, si va a ser por la eliminación de la exoneración o por una tasa compensatoria; yo no lo puedo adelantar, pero el tema está planteado y así nos lo informaron en Comisión.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Damos la bienvenida a los amigos que integran el Congreso Nacional de Intendentes, órgano que personalmente tuve el honor de presidir y de integrar durante diez años.

Quisiera hacer una pregunta de índole general con respecto al tema de los recursos presupuestales. Según lo que emerge de las propias cifras presupuestales, se estaría pasando de un 3,54% de participación en lo vinculado a los recursos, a un 3,33%, porcentaje que involucra al propio departamento de Montevideo. Por supuesto que no aspiramos ni estamos de acuerdo con una discriminación dirigida hacia ningún departamento del país -mucho menos hacia la capital de la República- pero es evidente que hay una diferencia sustancial de posibilidades y asimetrías en el territorio nacional. Cuando se proyectó la reforma constitucional de 1997, se hizo, entre otras razones, para viabilizar a través del Fondo de Descentralización, las posibilidades del interior de la República en cuanto a restablecer algo que siempre hemos pregonado: el principio de igualdad de oportunidades, por lo menos en el arranque, para los compatriotas que viven en cualquier punto del país. Si pensamos en recursos para el Gobierno Departamental de Montevideo, obviamente, hay muchas otras herramientas a las cuales poder acudir para equilibrar los tantos, como se dice en campaña. Pero la pregunta está referida a la disminución en el porcentaje y quizás pueda estar dirigida a algunos de los asesores del Congreso Nacional de Intendentes que estoy viendo, algunos que tienen un conocimiento acumulado de toda la historia de participación de los gobiernos departamentales en los distintos presupuestos.

Se ha dicho que va a haber un crecimiento de la recaudación en los distintos departamentos del país -más allá del abatimiento del porcentaje y de la inclusión del departamento de Montevideo- lo que queda plasmado en el comparativo. Sin embargo, con respecto a este Presupuesto mantengo una polémica con el señor Ministro de Economía y Finanzas, quien es contador y, como tal, maneja los números en función de lo que él quiere hacerles decir. Entonces, en el Presupuesto hay un planillado que es extraordinario, porque el incremento del gasto público es del 40%. Ahora bien; cuando dentro del Presupuesto analizamos lo relativo a los topes y la disminución de los mismos, advertimos que el mencionado incremento baja en el quinquenio. Quiere decir que el Presupuesto, que tiene una gran cantidad de artículos se basa en tres, en los Artículos 31, 32 y 40. Por lo tanto, el verdadero Presupuesto está ahí, porque con estas tres disposiciones se hace lo que se quiere.

En consecuencia, nos gustaría conocer la opinión del Congreso Nacional de Intendentes con respecto a este porcentaje que se ha acordado y que, obviamente, tiene la enorme relatividad de lo que pueda suceder en los próximos años puesto que la variación de la política monetaria tiene un grado de alterabilidad del Presupuesto, como pocas veces se ha visto en la historia del país. Esta es la primera interrogante concreta que quería trasladar a la delegación que hoy nos visita.

Con respecto al tema que comenzara a analizar el Intendente Municipal de Lavalleja, escribano Hernán Vergara, vinculado al plan forestal, queremos plantear nuestra preocupación por el hecho de que en algunos departamentos esta actividad va a determinar el colapso del sistema vial departamental. Estamos hablando de caminos departamentales que requieren de un mantenimiento de parte de los Gobiernos Departamentales, más allá de los planes de caminería que cuentan con asistencia del Gobierno Nacional y de organismos internacionales. Con relación a esto, queremos saber si no existe un plan de caminería para atender precisamente el tema forestal, que en muchos departamentos es de una gran importancia y que va a provocar un efecto reflejo en los distintos sectores de la actividad económica productiva vinculada al sector agropecuario. También se producirá un impacto en la población, porque el estado de la caminería puede provocar enormes dificultades en las comunicaciones entre los distintos centros urbanos.

En principio, estas son las interrogantes que queríamos trasladar a la delegación del Congreso de Intendentes.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que lo señalado por el señor Senador Larrañaga ayuda a encauzar el trámite de la sesión. Es muy importante escuchar los planteos del Congreso Nacional de Intendentes, tanto los vinculados al proyecto de ley de Presupuesto como aquellos que ellos quisieran que hubieran formado parte de él, pero no lo integran; ese es uno de los planteamientos que acaba de realizar el señor Intendente Municipal Vergara. Después podríamos ir a una explicación del articulado -en definitiva, no son tantas disposiciones- de parte de los representantes del Congreso para que, finalmente, se nos habilite a hacer preguntas.

Simplemente, pedí la palabra para referirme al tema forestal -sobre el cual hablaba el señor Intendente Vergara cuyas palabras, por supuesto, comparto en todos sus términos- y complementar lo que señalaba la señora Senadora Topolansky.

Hace algunos meses el Gobierno envió al Parlamento una iniciativa planteando la derogación del subsidio a la forestación, el cual fue remitido por el Cuerpo a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta invitó a representantes del Gobierno para que fundamentaran el alcance de la propuesta; en esa circunstancia, señalamos que no teníamos ningún inconveniente en acompañar una medida de esas características porque el subsidio había cumplido su ciclo. También adelantamos al Gobierno que había que generar señales claras al inversor; que se debía tener cuidado con derogar hoy el subsidio a la forestación y mañana seguir en esa línea de cambiar las reglas de juego porque -planteábamos entonces- se haría necesario revocar la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural. Si esto último no se podía hacer, se debería buscar el camino a través del cual el Poder Ejecutivo, por la vía de una norma legal, compensara periódicamente a las Intendencias Municipales por lo que reciban en menos como consecuencia de un beneficio de estas características. Es a raíz de ese planteamiento que se nos trasmite, por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la posibilidad de recorrer este último camino, para lo cual se estaría negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida sea una solución de estas características que, repito, creo debe tener una naturaleza legal; quizás el Presupuesto hubiera sido el instrumento adecuado para ello.

Comparto lo que dijo el señor Presidente al comienzo de la sesión, en el sentido de que, quizás, el trámite podría ser el que acabamos de mencionar a los efectos de escuchar a los señores Intendentes.

Esa era la intervención que quería hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido disculpas al señor Intendente Vergara, porque antes de que continúe con su exposición, voy a ceder el uso de la palabra a dos señores Senadores que están anotados.

SEÑOR NUÑEZ.- Básicamente, voy a hacer varias aclaraciones políticas motivadas, sin duda alguna, por la intervención del señor Senador Larrañaga; no era mi deseo hacerlo en presencia de los señores Intendentes, pero me siento obligado por los temas que se mencionan y por la forma en que ello se hace. Uno de los modos que tenemos de hacerlo cuando nos parece que las cosas no están en su cauce, es pedir que se retiren esas palabras de la versión taquigráfica. No obstante ello, hay otra posibilidad, y es la que estoy utilizando, es decir, hacer algunas declaraciones políticas.

Sin duda que el Congreso Nacional de Intendentes no vio contemplada la totalidad de sus demandas, por lo que seguramente estará disconforme, de lo que nos enteraremos cuando realicen sus exposiciones. Sé que ya hizo uso de la palabra el señor Intendente Municipal de Lavalleja, escribano Vergara, cuando yo aún no había llegado.

Está muy popularizado aquello de los abogados respecto a que existen dos bibliotecas, y ahora se emplea una frase del señor Cataldi, vinculada a los contadores, en el sentido de que los números no mienten. Me parece que ese tipo de frases dichas a la ligera y en ambientes formales como este, en el que se registra versión taquigráfica, merecen aclaraciones políticas, porque no corresponden.

El contador Danilo Astori ingresó a la Facultad antes de 1966 y, por lo tanto, es contador-economista; la otra posibilidad en aquel tiempo era la de contador-hacendista. Con esto quiero aclarar que no es solamente contador.

En segundo lugar, me parece absolutamente gratuito lo expresado por el señor Senador Larrañaga que, casi textualmente, dijo: "maneja los números de acuerdo con lo que les quiere hacer decir". Realmente, esa declaración se puede comparar con algunas que últimamente hemos escuchado del otro lado de la frontera, que tienen algún tipo de acusación velada. El contador Astori es un muy buen expositor y dice las cosas con convicción y claramente; a lo mejor, en esa convicción que pone al decir las cosas, molesta a algunos señores Senadores, pero acusarlo de que maneja los números de acuerdo con lo que le conviene, no es de recibo.

Esta es la aclaración política que quería hacer.

SEÑOR DA ROSA.- Deseo formular dos preguntas. En primer lugar, el artículo 439, que establece el porcentaje que deberá ser transferido a las Intendencias de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución, dice: "Si de la aplicación de dicho criterio, resulta una partida inferior a $ 3.400:000.000 (tres mil cuatrocientos millones de pesos uruguayos), expresada a valores promedio de 2005, el monto anual a transferir será de dicha cifra, en la medida en que se cumplan las metas que emerjan de compromisos de gestión que los Gobiernos Departamentales suscribirán en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización."

Quisiera saber si esos compromisos de gestión implican algún tipo de acuerdo o de pacto que cada Gobierno Departamental tendrá que celebrar con el Gobierno Nacional, en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización.

Por otro lado, no veo ninguna previsión de recursos para la adquisición de maquinaria vial. De nuestros tiempos no tan lejanos en el Congreso de Intendentes, recordamos que una de las preocupaciones y prioridades mayores de todos los Intendentes es ese tema, porque todos sabemos que el parque de maquinaria está bastante envejecido y deteriorado.

SEÑOR VERGARA.- Son varios los aspectos que se han traído a colación. En definitiva, el Congreso de Intendentes ha venido a esta Comisión para tratar de explicitar todos los temas. En ese sentido, alcanzamos a la Mesa un documento que hace un compendio de distintos planteamientos referidos al Presupuesto Quinquenal.

Por otro lado, si bien es cierto que en ninguna negociación se obtiene el cien por ciento de los reclamos, luego de una larga discusión sobre el porcentaje del 3,33%, hemos llegado a una instancia que, de cumplirse las metas presupuestales, nos asegura un piso. Si bien el porcentaje es inferior al que nosotros pretendíamos, con ese piso se asegura que recibiremos algo más de dinero en los futuros ejercicios.

Con relación al tema puntual de la contribución inmobiliaria rural de los predios forestados, debo decir que esta propuesta también está relacionada con la Ley Nº 11.029 del Instituto Nacional de Colonización, a los efectos de que anualmente seamos informados con respecto a los padrones propiedad del organismo, con sus números correspondientes, con el área y, en caso de estar ocupados por colonos, también con la naturaleza de la ocupación, para tener un proceso de información adecuado acerca de si realmente mantienen el destino para el que, en sus orígenes, fueron otorgados.

Nosotros estimamos que este tema del corte de la madera y de las exoneraciones es de una trascendencia enorme porque, como bien se expresó, estamos a punto de colapsar con respecto a algunos de nuestros caminos interiores. Creemos sinceramente que si no tiene una solución muy inmediata, seguramente esto nos va a ocasionar enormes perjuicios, no sólo en la caminería interna de nuestros departamentos, sino también a lo que hace a las rutas nacionales, porque vemos que no existe un control de balanza adecuado y no tenemos dudas de que gran parte de esta extracción de madera excede los pesos permitidos para el tránsito por nuestras rutas de carácter nacional.

Pensamos que este es un tema al que hay que encontrarle necesariamente una solución con rapidez porque es enorme el tránsito que hoy se está produciendo como consecuencia del corte de madera.

En lo que tiene que ver con lo que preguntaba el señor Senador Da Rosa debo decir que, efectivamente, nosotros hemos planteado el tema de la maquinaria vial. Como fue Intendente sabe que la última maquinaria con que cuentan los Municipios proviene, por lo menos, de seis o siete años atrás. Todos sabemos el brutal desgaste que se ocasiona en la maquinaria con el trabajo en el interior, por lo que es imprescindible encontrar alguna solución a este tema.

Como dije, este asunto ha sido planteado y tenemos la esperanza de que a través del tradicional sistema de "leasing" con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con la intervención del Banco de la República, en este período podamos acceder a nueva maquinaria para atender todos estos temas que son de vital importancia para la producción nacional.

Creo que quedaba otra pregunta por contestar sobre el artículo 439, referido al compromiso de gestión. Todavía no están determinados con la Comisión de Descentralización, los alcances de nuestros compromisos. Se trata de un tema que lo tenemos en carpeta y en el que vamos a ir avanzando porque, naturalmente, a todos nosotros sin excepción nos interesan nuestras gestiones como organismos públicos del interior. En este sentido, tenemos la seguridad -porque también así se ha convenido- de que discutiremos el tema y veremos hasta dónde podemos asumir compromisos, porque también es sabido por todos que la realidad de cada Municipio no es un calco de la de otro.

Entonces, aspiramos a que estos criterios sean iguales para todos y en ese compromiso también está la responsabilidad de cada uno de nosotros, como Intendentes y como equipo de Gobierno en el plano municipal, para que realmente podamos tener organismos eficientes y demos la mejor respuesta a nuestra gente, que es lo que se espera de cada uno de nosotros.

No sé si con esto le doy contestación a la inquietud del señor Senador.

SEÑOR SAMAITZ.- Antes que nada, quiero decir que es un honor participar y hacer uso de la palabra en nombre del Congreso de Intendentes. Hemos trabajado mucho junto a su presidente, profesor Vidalín, y por eso quisiera hacer una precisión respecto a una pregunta planteada por el señor Senador Larrañaga relacionada con los porcentajes.

Efectivamente, en el período anterior el porcentaje llegaba al 3.54%. Ahora, en el proyecto de Presupuesto se habla de un 3.33%. El punto es que la base de cálculo sobre la que se aplican los porcentajes es distinta. En el porcentaje del 3.54% sobre la recaudación total del Gobierno nacional, los tributos que se consideraban eran los que estaban vigentes al momento de aprobar la Ley de Presupuesto anterior, pero los nuevos tributos no fueron incluidos, lo cual implica que, si bien la tasa de transferencia es mayor, en definitiva, lo que se transfiere son cantidades menores. Por cierto, tuvimos mucho cuidado al plantear el 3.33% y podemos decir que ese porcentaje se considera en el total de tributos del Presupuesto nacional y los que se creen. Esto implicará que las Intendencias -sumado a lo que planteaba el señor Intendente Vergara en cuanto al piso mínimo de 3.400:000.000 a valores de 2005- globalmente, van a obtener una transferencia del Gobierno Central que se ubicará en un 28% superior al promedio del período 2001 - 2004.

Quería agregar este elemento, porque me parece que puede enriquecer la discusión.

SEÑOR VIDALIN.- Antes de ceder nuevamente el uso de la palabra al Intendente Vergara, quiero transmitir a los señores Senadores que hemos venido a esta Comisión a plantear algunos temas que, en nuestra opinión, representan aquellas áreas en las que aún podemos lograr mejoras a través del diálogo y el consenso de los diferentes partidos políticos.

Quiero transmitir también, no como Intendente, sino como nacionalista

-porque tengo buena memoria y sé cómo ha luchado siempre mi Partido por los destinos de los Gobiernos departamentales- que en esta ocasión hemos trabajado de manera diferente, por encima de los colores y de los partidos, tratando de intensificar el diálogo con el Gobierno nacional para encontrar aquellos elementos que nos puedan servir a todos. Por esa razón. hemos venido a plantear pocos puntos, porque en los otros hemos logrado una coincidencia con el Gobierno nacional lo que, a su vez, nos permitirá alcanzar beneficios para nuestra gente.

No obstante, conocedores de la capacidad, la sensibilidad y dedicación de los Senadores de nuestro país, hoy recurrimos a realizar el planteamiento de estos temas a través de los cuales se podrá lograr equidad y enmendar aquellas situaciones que creemos pueden mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Ese es el espíritu de nuestra comparecencia en esta Comisión y, a pesar de ser reiterativo, vuelvo a agradecer que nos hayan recibido y escuchado nuestros planteamientos.

Nos honra que los señores Senadores de nuestro país nos reciban para escuchar nuestras inquietudes y planteamientos a fin de que, entre todos, podamos lograr puntos coincidentes para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Si el señor Presidente lo autoriza, le cedo la palabra al intendente Vergara.

SEÑOR VERGARA.- No sé si los señores Senadores consideran que el tema forestal y lo relativo a las exoneraciones y a las eventuales partidas -en el caso en que no se considere conveniente enviar un Mensaje de exoneración, más allá de que se ha eliminado el subsidio- ha sido suficientemente aclarado o si prefieren seguir profundizando en esta materia, realizar alguna pregunta concreta o, de lo contrario, pasar a tratar otro asunto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores lo permiten, me gustaría hacer una pregunta respecto a la posibilidad de levantar las exoneraciones a la Contribución Inmobiliaria. Tal como lo planteaba el señor Senador Gallinal, hacerlo de golpe puede significar un cambio en las reglas de juego para aquellos forestadores que recién comienzan en la actividad. En ese sentido, quisiera saber si se ha planteado la alternativa de proceder de forma gradual, comenzando con aquellos que ya se han beneficiado de la exoneración desde hace tiempo y postergando el cobro de la Contribución Inmobiliaria para aquellos que han iniciado emprendimientos recientes. Ese levantamiento gradual o progresivo ¿podría contemplar lo que los intendentes reclaman?

SEÑORA DALMAS.- Creo que es fundamental, más allá de respetar las opiniones de los señores intendentes con respecto a los mecanismos de exoneración y a eliminaciones futuras, recordar que el señor Ministro de Economía y Finanzas ha expuesto más de una vez que hay dos iniciativas fundamentales que marcarán caminos y que están a punto de ser enviadas al Parlamento. Una de ellas es la reforma tributaria y la otra un estudio -que para esta ley es imprescindible- de todas las exoneraciones existentes en el país en distintos aspectos, que arrojará datos que luego podremos utilizar para nuevos mecanismos. Por lo tanto, estando todo eso en análisis, me parece que es bueno escuchar las opiniones con respecto a cómo inciden las diferentes medidas, pero probablemente no sea posible tomar decisiones concretas al no tener aún el panorama definido en forma global.

SEÑOR NUÑEZ.- Quisiera hacer una aclaración respecto a lo que quedó en evidencia, básicamente, luego de la intervención de los señores intendentes y del señor contador Samaitz en el sentido de que -y es cierto- que en esos $ 3.400:000.000 del convenio, a pesar de la inclusión de Montevideo en el reparto -que hasta ahora no estaba- en general todas las intendencias van a tener una partida superior a la que se les dio en el quinquenio 2001 - 2004.

Esa es la conclusión que parece surgir de las intervenciones realizadas tanto por el señor contador como por los señores intendentes, y quería dejar constancia de ello en la versión taquigráfica.

SEÑOR VERGARA.- En primer lugar queremos establecer que si en la etapa presupuestal o de discusión de la reforma tributaria -aspecto sobre el que hemos pedido al señor Ministro que escuche nuestra opinión porque, históricamente, ha habido modificaciones que nosotros consideramos inconvenientes para los recursos de los Municipios- se optara por la eliminación de la exoneración de los predios forestados, ello no sería suficiente para atender la caminería. Dado que este es un tema gravísimo, me gustaría que todos tomen conciencia de la situación porque estamos teniendo inconvenientes con productores que no son forestales, que se quejan y nos plantean el tema amargamente, pues no pueden transitar con sus camionetas o autos. Además, es comprensible que a la hora de sacar la madera a la empresa transportista le interese hacer la mayor cantidad de viajes posible -pues ahí está su ganancia, y es legítimo que así sea- sin importar si llueve ni como están los caminos. Y esta situación nos está generando muchos problemas.

Por lo tanto, debe quedar claro que no todos los departamentos del país han soportado esta política nacional de forestación, que compartimos. Solamente algunos han vivido esta experiencia; y son, justamente, aquellos que tienen altos suelos o áreas de prioridad forestal y que, por ello, cuentan con un menor índice CONEAT y menor calidad de la tierra. En consecuencia, estos departamentos son los que tienen una mayor participación en el PBI o, dicho en términos más criollos, son los más pobres.

Entonces, creo que el hecho de que exista una preocupación sincera, honesta, real y urgente sobre esta temática tiene una doble justificación. Consideramos que tiene que encontrarse una solución porque, realmente, esta situación se está haciendo de difícil manejo, no sólo para los Municipios, sino para quienes viven en las zonas rurales.

Este era el planteamiento que deseábamos realizar sobre este aspecto en el que, reitero, también está comprendido el tema del Instituto Nacional de Colonización, en el sentido de conocer quién tiene la tierra, quién la explota, y si esta situación se arrastra de años. Es importante saber esto porque es algo que nos afecta desde el punto de vista económico-financiero.

A continuación, queremos hacer referencia al artículo 446 del proyecto de ley que alude a la posibilidad de que el Congreso Nacional de Intendentes tenga su propio presupuesto, tal como fue institucionalizado por la reforma constitucional de 1996, que actualmente rige. Creemos que como todo órgano del Estado, debe contar con su propio presupuesto y transitar las instancias de contralor del Tribunal de Cuentas, entre otras. En el inciso segundo del artículo 446, en el que se prevé esta situación, se dice: "Los recursos para su financiación" -se refiere al presupuesto del Congreso Nacional de Intendentes- "serán los correspondientes a los Gobiernos Departamentales que éstos determinen y cualquier otro con distinto origen, excepto los establecidos en el artículo 445 de la presente ley".

Nosotros habíamos acordado que del 25% -establecido en el inciso tercero del artículo 445 del período anterior- que le corresponde a los Municipios se destinara un 3% para que los técnicos de DIPRODE pudieran realizar el control técnico de los proyectos que cada una de las Intendencias eleva para su consideración y que luego llegan al Plenario de la Comisión Sectorial para su aprobación.

Entendemos -porque la lógica y el sentido común así lo establecen- que si bien eso fue acordado en el período anterior, esos recursos son genuinos, están avalados por la Constitución de la República y le corresponden a los Municipios. También estimamos que para que el Congreso de Intendentes pueda tener un funcionamiento adecuado, es necesario no sólo que se disponga de la partida a que hacíamos referencia, sino también -es una opinión personal- que deba eliminarse ese 3% que fue acordado en el anterior período. No nos parece conveniente que a través de este artículo -donde dice "excepto lo establecido en el artículo 445 de la presente ley"- se nos impida que de esos recursos que le corresponden a las Intendencias, podamos utilizar, por lo menos, una parte. A mi juicio, debe reconocerse que ese 3% le corresponde a los Municipios, así como también que, en cada instancia de comienzo de un Gobierno, acordemos la utilización del mismo de la mejor manera. En aquel momento se llegó a ese 3% pero ahora, en lo que me es personal, pensamos que debe ser modificado. Digo esto porque en ese entonces dicho porcentaje correspondía a U$S 3:000.000 y nos parece que es una cifra excesiva; quizás la mitad de esa suma pueda ser utilizada por DIPRODE y otro tanto destinarlo al Congreso de Intendentes para que también tengamos la posibilidad de tener un Presupuesto y técnicos que nos asesoren cuando presentamos los distintos proyectos a la Comisión Sectorial. Nos parece que para que un organismo funcione adecuadamente no sólo tiene que tener la voluntad de la gente que se encarga de los asuntos de carácter administrativo, sino que también debe contar con técnicos que sean la apoyatura natural para llevar adelante proyectos que requieren cada vez mayor exigencia. Por eso planteamos que se elimine esa frase y después, en el marco de la Comisión Sectorial, nosotros negociaremos cómo vamos a utilizar ese 3%. Luego determinaremos si se utilizará la mitad, pero no nos parece conveniente que, por la vía presupuestal, se nos cercene la posibilidad de utilizar una cuota parte de un porcentaje que le corresponde en forma exclusiva a los Municipios.

SEÑOR AMARO.- Siento que, fundamentalmente, con los Intendentes del interior, hablamos un mismo lenguaje. Digo esto porque todo lo que están reclamando en este momento, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ocurre lo mismo con respecto a las conquistas que se han logrado, así como también la gran preocupación que existe con respecto al tema de la forestación y lo atinente a la exoneración de la contribución rural.

También quiero decir que se recalca que en el Presupuesto se asigna un 28% más que el Gobierno anterior y me alegro porque es una actitud de buenos deseos; buenos deseos tenemos todos, pero lo difícil es poder cumplir después.

Mi Partido, que estuvo al frente del último Gobierno antes de este, cumplió estrictamente con las obligaciones contraídas y prometió lo que podía dar. Ojalá -y lo digo como uruguayo- puedan cumplir con ese 28%.

SEÑOR VERGARA.- El otro punto que queríamos analizar es el tema de los pases en comisión. Creemos que el Estado es uno solo, tiene un carácter unitario en los aspectos formales y, por lo tanto, nos parece que aquí deben estar incluidos los Municipios, porque somos parte del mismo.

Por otro lado, consideramos que los Municipios, fundamentalmente, del interior, desde hace décadas estamos cumpliendo una cantidad importante de roles que no son de nuestra estricta competencia, pero la relación de cercanía y de conocimiento, por la escasa población de los departamentos, hace que tengamos una relación muy estrecha con la gente en general. Existe una realidad y es que hemos tenido que ir prestando funcionarios al Ministerio de Salud Pública -por ejemplo para que alguien maneje la ambulancia- a la educación en general, a los liceos, a los institutos magisteriales, a la UTU, a las escuelas, etcétera, porque alguien tiene que elaborar la comida y limpiar y los presupuestos no estaban y la posibilidad de cargos tampoco. Más allá de que se considere legítimo que estemos actuando fuera de nuestros roles y competencias, es necesario que las cosas funcionen. Entonces, esa cercanía que tienen los Municipios con la gente y con los que también les toca dirigir otros organismos del Estado, hace que nosotros tengamos unos cuantos funcionarios cumpliendo tareas fuera del Municipio. Aquí se establecía un plazo de cuatro años, tal vez pensando en que si el plazo era demasiado exiguo se podía dar lugar a alguna viveza criolla para que los absorbiera algún otro organismo. Sin embargo, entendemos que cuatro años es mucho tiempo, por lo que ese plazo podría reducirse a dos años -por decir algo- porque realmente hemos venido soportando esta situación teniendo nuestras economías muy menguadas -como ocurre en los Municipios- y dando una mano muy importante a una cantidad enorme de organismos. Siempre digo que en el interior es muy difícil que en una escuelita haya una "kermese", alguna penca para conseguir algunos fondos, o algo relacionado con el club de baby fútbol o lo que fuere, en lo que los Municipios no tengamos algo que ver. Nada acontece en el interior, si no es así.

SEÑOR AMARO.- Quiero señalar que precisamente por un tema relacionado con el baby fútbol tuve que ir a declarar a la justicia después de 43 años consecutivos en cargos de gobierno. Así que no hagan más canchas de baby fútbol en este país, porque los pueden llevar presos. Al único que aplaudo es al Presidente Tabaré Vázquez porque lleva los niños a la Residencia de Suárez; hace muy bien en actuar así y tiene una comprensión que no tienen los Directores de OSE.

SEÑOR VERGARA.- También debemos decir que cuando tenemos alguna dificultad por una crecida, por vientos fuertes, por granizo, por alguna tormenta, es muy probable que la Comisión de Padres, el Director de la escuela, del liceo o de lo que fuera, vaya a consultar a sus autoridades naturales, y adonde concurren inmediatamente después de producido el hecho, es a los Municipios.

Por ese motivo, hay gente nuestra trabajando en estos organismos y ¡vaya si prestan una función más que importante!

Nosotros creemos que debemos estar comprendidos como parte del Estado en el tema de los pases en comisión y que debería acotarse el plazo, no llevándolo a plazos demasiado exiguos como seis meses ni demasiado largos como cuatro años, pero sí, por ejemplo, a dos años, que sería un plazo apropiado en este tema.

No sé si algún señor Senador desea plantear preguntas sobre algún aspecto puntual. Me parece que el tema es bastante claro y también justo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿En el artículo 13 propondrían dos modificaciones: incorporar a las Intendencias Municipales en la relación de organismos que pueden realizar los pedidos y hacer la variación relativa a los dos años?

SEÑOR VERGARA.- Así es, señora Senadora.

Si no hay más preguntas sobre alguna cuestión puntual, pasamos a otro tema. Hay una interpretación inveterada en el Tribunal de Cuentas en el sentido de que sobre aquellos recursos que, de tiempo en tiempo, el Parlamento aprueba con destino a los Gobiernos Municipales, éstos no tienen la misma disposición y manejo que tienen con respecto a otros. Concretamente, para ser más explícitos, nos referimos al impuesto a los semovientes y a la Contribución Rural. Nos parece -y lo hemos dicho permanentemente- que es una interpretación equivocada. No hay ninguna norma que así lo establezca.

A un productor rural que tiene su camioneta, su predio rural y, eventualmente, por el estudio de sus niños, tiene alguna casita en el pueblo y al que, producto de la situación de crisis que le ha tocado vivir al país y que aún vive, nos vimos obligados a darle algunas facilidades, es muy difícil explicarle que cuando las cosas mejoran, como ha sucedido hoy con el sector rural fundamentalmente, su camioneta y su casita en el pueblo siguen determinado régimen, mientras que el impuesto a los semovientes y el predio rural siguen otro. Es muy difícil explicarle a un ciudadano por qué, si es contribuyente con un organismo, determinados impuestos debe abonarlos de una forma y otros impuestos de otra.

Por eso nosotros pretendíamos que se estableciera algún artículo a este respecto. Quisiera leer el que nosotros proponemos, aunque quizás se le pueda dar una redacción más adecuada y más allá de que cada uno de los señores Senadores tengan nuestro repartido. Dice así: "Los impuestos o recursos ya aprobados o que se aprueben en el futuro por el Parlamento nacional con destino a las Intendencias Municipales, éstas podrán establecer su forma de pago, exoneraciones por pago contado o por buenos pagadores. Quedan facultados los Gobiernos Municipales para que, en el caso de otorgarse sistemas de facilidades de pago, determinar los plazos, la fórmula de cálculo y/o exoneraciones de intereses corrientes o de mora, o la conversión del monto del tributo o sus intereses a diferentes unidades de valor, todo dando cumplimiento a las formalidades constitucionales y legales que corresponda".

Acá se da un caso muy curioso que creo que no hay por qué ocultarlo sino plantearlo con toda claridad. Cuando la Junta Departamental aprueba algún régimen de facilidades, la normativa indica que debe enviarse al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas observa que para el impuesto a los semovientes y la Contribución Rural no puede aplicarse el mismo régimen. En definitiva, las Intendencias lo utilizamos igual porque nos resulta casi imposible explicarles a los contribuyentes por qué tienen que pagar de una forma en un caso y de otra forma en otro, siendo contribuyentes del mismo organismo. El Tribunal de Cuentas me parece que hace como que no lo ve.

Me parece que en este asunto debe haber una solución, que es la lógica: desde el momento que se nos asigna un tributo para un organismo -en este caso, Intendencias Municipales- debemos tener la plena disposición y manejo del mismo. De lo contrario, se pueden generar problemas internos y también malas interpretaciones del contribuyente que se enoja mucho porque cree que le estamos haciendo una "joroba" especial.

Cabe señalar que este tema es simplemente de interpretación y no está establecido en ninguna norma -al menos que nosotros conozcamos- que esto deba ser así. Hace muy poco alguien decía que es común que en el Derecho existan por lo menos dos bibliotecas; nosotros pensamos que en este tema -que no hace al fondo del asunto- el contribuyente debe tener la misma posibilidad con un tributo u otro.

No sé si nuestra explicación ha sido clara; de lo contrario, con mucho gusto estamos dispuestos a evacuar las dudas correspondientes.

SEÑOR GALLINAL.- Me quería referir a un tema al que aludió anteriormente el Intendente Vergara, que es el de los artículos 13, 14 y 15 referidos a los pases en Comisión.

Pienso que, en todo caso, más que modificar habría que buscar otro alcance. Las normas en cuestión no comprenden a los Gobiernos Municipales ni a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para ello es necesario alcanzar mayorías especiales exigidas en la Constitución de la República. Toda norma referida al estatuto del personal que pretenda incluir, alcanzar, a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales y de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, requiere una mayoría de dos tercios, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución de la República. Tengo entendido -no tengo ahora en mi poder la versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Representantes en la que se aprobaron estos artículos- que incluso quienes votaron a favor de la norma dejaron en claro que no alcanzaba a los Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos. Me parece que en la discusión que tengamos en la Comisión y luego en el Senado tendremos que estudiar más a fondo estos artículos para analizar qué modificaciones se le podrían incorporar -de acuerdo al planteamiento que nos hacen los propios Intendentes- y, quizás, si ellos tienen esa voluntad y es coincidente con la del Cuerpo, con una nueva redacción se pueda hacer extensivo a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, siempre y cuando, por supuesto, se cuente con las mayorías que exige el artículo al que he hecho referencia de la Constitución de la República.

SEÑOR VERGARA.- Debido a toda la problemática laboral, que es uno de los temas más preocupantes para todos los uruguayos, aquella familia en la que generalmente trabajaba el hombre y la mujer hacía las tareas de la casa hoy no existe más. Debido a la dimensión territorial de nuestro país, también sucede habitualmente que uno de los miembros de la familia trabaje en otro lugar, por lo que muchas veces termina arrastrando al otro porque las condiciones así lo establecen.

Estado que somos, dentro del estudio de este tema, ya que la lógica de los hechos nos indica que así debería ser. No hay por qué distinguir si el funcionario pertenece al Gobierno Central, a los Entes Autónomos o a los Municipios. En definitiva, todos son funcionarios públicos y pensamos que deben regir las mismas reglas para todos.

El otro punto que nosotros establecíamos aquí refiere al tema de los incentivos de retiro. Con la misma filosofía que nos inspiraba el tema anterior, pensamos que también deben estar comprendidos los funcionarios de los Municipios.

Diría que aquí hay funcionarios del Congreso de Intendentes -que también es un órgano del Estado- y, aunque no sé exactamente en qué situación se encuentran, de alguna manera deberían estar contemplados porque, en definitiva, son funcionarios que pertenecen al Estado en su conjunto.

Quiero hacer referencia a otro aspecto que estoy seguro que todos advierten, pues se trata de un tema muy actual. Al respecto, hemos visto en muchos órganos de prensa comentarios del señor Presidente de la Oficina Nacional de Servicio Civil. En el día de ayer, advertimos expresiones del CEPRE en una prensa de circulación nacional, relativas a que no sólo nuestros funcionarios deberían ser contemplados en el tema de los retiros. La problemática que plantea, además de CEPRE, este Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, es que a este sistema le falta una parte. Entonces, si no se establece una edad obligatoria de retiro, todo esto no tiene sentido y no se va a lograr el objetivo. Hace un rato hablábamos con Giachetto y creo que manejamos números parecidos; tenemos más de cien funcionarios con una edad avanzada.

La normativa establece que a los 70 años el funcionario tiene que retirarse, tenga o no causal, aunque más no sea para acogerse a la jubilación por edad avanzada. Inclusive, el señor Intendente Barrios planteó hace poco la necesidad de establecer una edad con causal a los 60 años, más el incentivo. Si alguno tiene tiempo, le pido que después mire las conclusiones y la proyección que plantea el CEPRE. Allí se presentan distintas alternativas: una, fija la edad de 60 años y otra los 64 y 65 años para mujeres y hombres respectivamente. Si, realmente, el objetivo que se busca -tal como se expresa- es bajar la edad de la plantilla del Estado -naturalmente, cuando hablo del Estado parto de la base de que los funcionarios municipales también lo integramos- además de las medidas que se están adoptando, se debe establecer una edad a partir de la cual el funcionario tenga la obligación de retirarse, sobre todo, porque ya cumplió el ciclo útil dentro del organismo que, con toda seguridad, será de 35 ó 40 años de trabajo. Además, ahora se le ofrece la posibilidad del retiro. Eso va a permitir que los que vienen detrás también puedan ir ocupando esos lugares que, por todos los años transcurridos dentro del organismo, generalmente, representan cargos altos e importantes. De esa forma, se posibilitaría que la plantilla más joven accediera a ellos. En definitiva, se estaría comenzando a atacar un problema que vemos que también es preocupante para el actual Gobierno -y nos alegra que así sea- porque, realmente, los promedios de edad son muy altos. En los comentarios que hace el CEPRE se dice que en la proyección de muy pocos años hacia delante el problema se agrava notablemente. Lógicamente, eso va a implicar -como no puede se de otra manera, por la edad de estos funcionarios- que la eficiencia y la respuesta que el organismo tiene que dar a los ciudadanos en general, según de qué se trate, evidentemente, sea mucho más lenta, cansina y demorada en el tiempo.

SEÑOR GALLINAL.- No comprendo la primera parte del planteo del Congreso de Intendentes, cuando se pide que los Gobiernos departamentales estén incluidos. Creo que los Gobiernos departamentales tienen, de por sí, la potestad de tomar decisiones de estas características y no necesitan de una ley. Si el Gobierno departamental quiere establecer un plan de incentivos con la misma modalidad de la que aquí se establece, a mi juicio, no tiene dificultades. Más aún, creo que si nosotros aprobáramos una ley de esta naturaleza, quizás, estaríamos violando la autonomía municipal. Por eso, pregunto al señor Intendente: ¿cuál es la razón del pedido?

Creo que otra cosa es el tema del pase a retiro o el cese del funcionario cuando cumpla determinada edad. Según tenía entendido, esa norma existía a nivel municipal.

Entonces, estas son las dos preguntas que deseo formular al estimado amigo Intendente de Lavalleja, Herman Vergara.

SEÑOR VERGARA.- Es verdad lo planteado por el señor Senador, que conoce nuestro departamento y sabe que desde el período anterior tenemos un régimen de incentivos permanente, para los que constituyeron la causal y para los que la constituyan en el futuro. Por supuesto, que esto está en el ámbito de la autonomía de cada departamento. Sin embargo, el problema radica en que este artículo prevé el tema de la aportación. No voy a opinar desde el punto de vista jurídico pero, quizás, quienes son abogados deban estudiar con mayor profundidad este asunto porque es verdad que las Intendencias tienen potestades para obrar en ese sentido, pero también lo es que lo relativo a los aportes vaya si es importante.

Por otra parte, compartimos totalmente lo expresado por el Director de la Oficina del Servicio Civil y también el estudio realizado por el CEPRE. Si realmente lo que se busca es rejuvenecer la plantilla del Estado en su conjunto, se debe establecer una edad inferior a los 70 años y aquí está la alternativa del CEPRE, de los 60 años, o alguna otra que habla de 64 ó 65 años. Lo que sí es evidente es que esa normativa debe estar y tiene que ser de carácter general.

SEÑORA DALMAS.- Simplemente, quiero aclarar que el carácter nacional está dado por los aportes al Banco de Previsión Social, que incluye esta forma de incentivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas maneras, creo que lo que plantea el señor Senador Gallinal tiene que ver con este artículo en la medida en que lo que se está haciendo, de acuerdo con la redacción propuesta, es autorizar a los funcionarios cuando, en realidad, para no violar la autonomía, lo que debería hacerse sería autorizar a los Gobiernos Departamentales a acogerse a sistemas similares. De esa forma, los Gobiernos en forma autónoma podrán resolver si se ajustan o no a este criterio. Ahora bien, tal como lo establece el artículo -que autoriza a los funcionarios- creo que sí se está violentando la autonomía.

SEÑOR DA ROSA.- Creo que la apreciación realizada por el señor Intendente Vergara respecto a la preceptividad del retiro es muy importante. Es verdad que, tal cual está establecido en la ley nacional, el retiro obligatorio recién es preceptivo a los setenta años. También es cierto que en muchos casos las Intendencias -sobre todo aquellas que tienen exceso de personal- tienen la necesidad de contar con menos personal y una de la formas es hacerlo a través de alguna norma que sea imperativa. Digo esto, por distintas razones, mucha gente prefiere seguir en la estructura municipal y no retirarse. En este sentido, en mi departamento se dio un antecedente, que fue muy polémico, en la Junta Departamental. Se tomó la iniciativa de que el retiro fuera incentivado pero, a su vez, obligatorio a los 60 años, pese a que la ley nacional establece como tope los 70 años. Recuerdo que el tema fue sometido a consulta del Tribunal de Cuentas, el que avaló la posición de la Intendencia estableciendo que, en virtud de la autonomía municipal, se entendía que los Gobiernos Departamentales tenían potestades para establecer un régimen diferente del que establece la Ley Nacional.

Digo esto para que quede como precedente y porque me parece importante que se tenga conocimiento de lo que ha sucedido, sin perjuicio de compartir la preocupación que plantean los señores Intendentes, ya que es verdad que esa situación se da en muchísimos casos y que existe la necesidad de que se implemente un retiro obligatorio. Considero que para las Intendencias es preferible que se retire gente que, mal o bien, ya tiene la posibilidad de acceder a un beneficio jubilatorio y a algún incentivo que pueda brindarle el organismo como, por ejemplo, pagarle la diferencia entre el sueldo que percibe y la jubilación que recibirá por determinada cantidad de años -esta es una de las formas de ayudar a quienes se retiran para que sus ingresos no caigan drásticamente- que tener que tomar medidas drásticas masivas de destitución de funcionarios, que muchas veces son jóvenes y que recién están constituyendo una familia, por lo que desde el punto de vista social estas decisiones son mucho más dramáticas. Planteo todo esto como antecedente y aclaro que comparto la preocupación que plantea el Intendente Vergara que considero muy válida, ya que es uno de los problemas a los que deben enfrentarse los Intendentes Municipales.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Este problema de la edad promedio del funcionariado público atraviesa todo el país y no solamente afecta a las Intendencias. Más allá de que este sea un país de viejos, se plantea un problema, porque no se abre cauce a algo muy importante como la informática, que los funcionarios que ingresan -esto se advierte claramente en los becarios- traen consigo incorporado. Creo que la informática es fundamental en la modernización del Estado y quienes somos veteranos tenemos dificultad con ella y es bueno reconocerlo. Por lo tanto, la renovación de la plantilla general es un problema y comparto la idea de que habrá que buscar un mecanismo para solucionarlo.

Otro problema que se cruza con éste -y es probablemente el que le ha salido al paso- es el relativo a los topes jubilatorios, que prácticamente están impuestos por la ecuación de la seguridad social que, en la relación activo - pasivo y en cuanto a las transferencias necesarias todavía es mala. Pero, me parece sano que todos tratemos de visualizar el problema para buscar caminos alternativos.

Días atrás, cuando recibimos a un organismo, me sorprendí al escuchar a uno de sus representantes que manifestó que tenía 60 años en la función pública. A partir de ello, saqué una cuenta elemental, porque si comenzó a trabajar a los 20 años y tiene 60 de trabajo, ¿cuántos años tenía en ese momento, 80? Quiere decir que tenemos que analizar esto muy bien si no queremos que la juventud se vaya.

SEÑOR VERGARA.- Hay otro aspecto, vinculado al Artículo 214 de la Constitución, al que me quiero referir puesto que se cambió la forma de reparto. Cabe aclarar que antes había 10 ó 12 partidas de diferente origen y una de ellas es la que tenía que ver con los Casinos del Estado. Como ustedes saben, con el Artículo 214 se eliminaron una cantidad de partidas puntuales, de origen diverso, para establecer una bolsa y una de las que se eliminó fue la de los Casinos, es decir, lo relativo al porcentaje que corresponde a los Municipios por los ingresos de los mismos.

Hay algunos Gobiernos Municipales -nos los refería recién el Intendente de Florida, señor Giachetto y el Jefe Comunal de Flores, según se me acota; seguramente habrá algún otro- que han asumido determinados contratos y obligaciones, ya sea por alquiler del local para el Casino, para limpieza, en fin, por conceptos diversos. Ellos les crea obligaciones en una situación que ahora sufre un cambio sustancial, porque desaparece la partida puntual de Casinos para comprender una de carácter global. Los señores Intendentes colegas nos enteraban de que, al cambiar el sistema de aportación para transformarlo en una partida única, sería conveniente que los Municipios que, de alguna manera, tienen obligaciones producto de la situación anterior, queden liberados de las mismas.

Entonces, la propuesta es -la leo en forma textual, más allá de que en el repartido los señores Senadores tienen el desarrollo que va en la línea de nuestras palabras- que serán de cuenta de la Unidad Ejecutora Casinos del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, todos los gastos de funcionamiento ocasionados por las actividades propias de dicha Unidad Ejecutora en las Salas de Juego.

Nos parece que ello es de justicia. No es el caso de nuestro departamento, porque el Casino hace mucho que está y, si bien seguimos haciendo limpieza, como una interrelación amable que tenemos con otros organismos -como lo manifestábamos hace un rato- nos parece de estricta justicia que las obligaciones que realmente están establecidas en los contratos aún vigentes deberían tener una forma diferente.

SEÑOR GREZZI.- Precisamente, la referencia que hacía el señor Intendente Vergara tiene que ver con muchas Comunas, pero puntualmente con dos. Hablábamos con el Intendente Municipal de Flores y con el señor Giachetto, Intendente Municipal de Florida, en el sentido de que los porcentajes que se toman en cuenta para las Comunas, al no tener Casino, las utilidades correspondientes no están en la misma. Tanto las Intendencias de Flores como la de Florida tenían perspectivas por inversiones ya realizadas -que ya saben que no volverán a recuperar- en vista de una futura utilidad que podía establecerse de acuerdo con lo establecido por la ley. Esto se cambió y, por ende, pretendemos no asumir algunos compromisos, porque había contratos de renta firmados que las Intendencias debían asumir. Es obvio que al no recibir ninguna utilidad, resulta muy sensato que Casinos asuma esos contratos de renta, porque va a percibir todas las utilidades y el beneficio correspondiente a Casinos quedará para esta Unidad Ejecutora. Por lo tanto, estos compromisos ya firmados por las anteriores Administraciones pueden generar alguna obligación desde el punto de vista jurídico que sea comprometedor para las Intendencias. Tras la inversión que tuvimos que hacer, que no sabemos si vamos a recuperar, comprometernos para el futuro realmente nos resulta muy perjudicial. De esta forma, tanto en Flores como en Florida en el tema de los Casinos que, de aquí en más, va a depender exclusivamente de Casinos del Estado, éste resolverá si lo abre o no. Ese es un problema de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas y no de las Intendencias que, como está claro, no van a recibir ninguna utilidad.

SEÑOR GALLINAL.- En principio, por lo menos nuestra colectividad política está de acuerdo con todos los aditivos que nos ha presentado el Congreso de Intendentes. Sería bueno que la bancada oficialista se lo llevara en consulta, porque algunos temas están en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para cerrar este capítulo -porque creo que después iríamos a la consideración de los demás artículos contenidos en el Presupuesto- quiero decir que el artículo 28 me sigue generando dudas. No entiendo la redacción de su inciso final, en el que sería necesaria una norma legal para que queden comprendidos los Gobiernos Departamentales. Creo que ese fue el objeto de la propuesta que realizó el Intendente Vergara.

Por otra parte, no sé qué es el Grupo 0 y el Grupo 5.

SEÑORA DALMÁS.- Se trata de rubros, de remuneraciones.

SEÑOR GALLINAL.- Nunca vi que en un Presupuesto se hablara de Grupo 5 o de Grupo 0. Ahora me dicen que se trata de rubros; entonces, habría que empezar por decir al Ministro de Economía y Finanzas que se equivocó en la redacción que le dio a este artículo. Parece que a veces también el contador Astori se equivoca. Por tanto, donde dice "Grupo", debería decir "Rubro".

SEÑORA DALMÁS.- No, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL. Entonces, desearía que me explicaran el tema.

SEÑORA DALMÁS.- Son grupos de rubros.

SEÑOR VERGARA.- En general, los temas que todavía no han sido definidos en el proyecto de ley presupuestal son los que figuran en el documento que hemos alcanzado a los señores Senadores. Naturalmente, como expresaba el Presidente del Congreso, el Intendente Vidalín, se ha llegado a determinados acuerdos que están plasmados en el Mensaje que votó la Cámara de Representantes.

No sé si hay otros artículos dentro del Presupuesto que tengan relación directa con los Gobiernos Municipales y a los que los colegas Intendentes, sus asesores o los señores Senadores quieran hacer referencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún señor Senador desea hacer preguntas y si los señores Intendentes han hecho la totalidad de su exposición, agradecemos su presencia a través de su Congreso y les decimos que la Comisión tendrá en cuenta los planteos realizados.

SEÑOR VERGARA.- Señor Presidente: nosotros queremos agradecer la buena disposición que han tenido los señores Senadores integrantes de esta Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda -al igual que la han tenido los señores Representantes- al recibir a los Intendentes Municipales y sus asesores para permitirnos discutir y analizar temas que son esenciales para el funcionamiento de los Gobiernos Departamentales. Asimismo, queremos decirles que si hay otra instancia en la que consideran que deben escucharnos o clarificar algún tema puntual, naturalmente el Congreso está a disposición de los señores Senadores, ya que son temas que nos resultan muy caros para el funcionamiento de nuestros Municipios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 10 y 53 minutos)