SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 15 minutos)

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene el agrado de recibir a los Coordinadores del Consejo Laboral de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU), señores Gabriel Soto, Alejandro Rodríguez y Ricardo Scarabini, a los efectos de conocer su opinión sobre el proyecto de ley Protección Integral a Personas Discapacitadas que tenemos a estudio. A fin de que nuestros visitantes estén informados, aclaro que están presentes el señor Senador Antía, las señoras Senadoras Percovich y Xavier, los Secretarios y quien habla, Presidenta de esta Comisión por este año, Senadora Susana Dalmás.

No sólo queremos escuchar la opinión de ustedes en general, sino también en cuanto a su articulado. Por lo tanto, les cedemos el uso de la palabra y les pedimos que se identifiquen antes de hablar, a los efectos de la toma de la versión taquigráfica.

SEÑOR SOTO.- Antes que nada, queremos agradecer que nos hayan recibido y que nos permitan manifestar humildemente algunas opiniones sobre este proyecto de ley.

En la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay formamos un Consejo Laboral el 2 de abril del presente año, en donde no sólo están participando asociados, sino también quienes están vinculados al colectivo de los ciegos y personas de baja visión. En ese Consejo Laboral venimos trabajando, principalmente -como su nombre lo dice- en el tema del trabajo, el cual interesa mucho a nuestra agrupación de discapacitados porque es uno de los más desprotegidos en ese ámbito y con pocas posibilidades en ese sentido. Por ese motivo venimos trabajando en muchas áreas, representando lo que podemos realizar en tareas administrativas y generales, así como también en temas legales. Con esa finalidad, hemos participado en proyectos de reglamentación de temas laborales.

Nos llamó mucho la atención el proyecto de ley que ha presentado el señor Senador Long y nos plantea varias interrogantes que queremos exponer en este ámbito para que nos sean aclaradas. Principalmente, hay un aspecto que nos interesa. Tenemos una ley base, la Nº 16.095, aprobada en 1989, en donde se ha ido organizando de a poco el tema de la discapacidad en el país. En sí, es una ley bastante ambiciosa por su amplitud, pero muchos de sus aspectos se han ido reglamentando de a poco. Otros aspectos todavía están pendientes y algunos se encuentran a estudio. En ese sentido, debemos señalar que nos llamó mucho la atención cuando apareció este proyecto de ley, porque varios de sus asuntos ya se están estudiando para intentar reglamentarlos en la Ley Nº 16.095. Pensamos que al aprobarse un proyecto de esta naturaleza, también va a ser necesario reglamentar muchos de sus artículos.

Entonces, vamos a correr el riesgo de caer en un trabajo desmedido, porque ya se están estudiando reglamentaciones particulares y, en caso de que este proyecto de ley se apruebe, podría quedar sin efecto lo que se está transitando.

Otra cosa que no nos queda claro es si esta iniciativa es complementaria de la Ley Nº 16.095 o si puede echar por tierra mucho de lo dispuesto allí.

En términos generales, estas son nuestras grandes inquietudes.

Por otro lado, y yendo a lo particular, queremos comentar algunos aspectos. Por ejemplo, en la exposición de motivos, el señor Senador Long hace una distinción entre las diferentes discapacidades y las divide en tres áreas: las sensoriales, las motrices y las mentales. También nosotros en algún momento discutimos la idea de dividir las discapacidades, asesorados por gente que hace más años que nosotros que está en esto. Entendemos, entonces, que al dividirlas así se está dejando de lado otras que pueden ser accesorias o también discapacidades múltiples. Quiere decir que es un riesgo hablar de discapacidades sensoriales, motrices y mentales. Asimismo, nos parece que no está bien aplicado el término "mental"; nos suena un poco peyorativo aunque, naturalmente, es una cuestión subjetiva.

Por estas razones, pues, creemos que no deberían dividirse las discapacidades.

En lo que tiene que ver con la parte cultural, nos parece muy bien la iniciativa de promover el acceso de los discapacitados a la cultura. Creemos que eso es muy bueno, pero debemos decir que en esta materia ha habido logros. Algunas Intendencias y también la Comisión Honoraria han trabajado en el tema. Naturalmente, no tenemos mayores inconvenientes, pero pensamos que tal vez no sea indispensable incluir en una ley el punto de la premiación. A lo mejor, con un simple decreto del Poder Ejecutivo eso se podría solucionar.

En cuanto a los asistentes a las personas con discapacidad severa, no sé si ustedes saben -supongo que sí porque han mantenido alguna entrevista con la Comisión Honoraria- que la Comisión Honoraria viene trabajando desde hace bastante tiempo en el tema de cómo poder reglamentarlo y organizarlo. Al igual que en los otros casos, insistimos en que ya se está trabajando en esto, por lo que creemos peligroso incursionar nuevamente en ello.

El punto que más nos compete a nosotros, como Consejo Laboral, es la disposición que habla de readecuar el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, en donde el señor Senador Long propone que el acceso al empleo público por parte de los discapacitados se ubique, como mínimo, en un 7%. Esto se basa en la Encuesta Nacional de Hogares que realizó el INE a solicitud de la Comisión Honoraria, el año pasado. Allí se establece que alrededor de un 7,6% de la población del país es discapacitada.

En este sentido, queríamos hacer una acotación. Si bien el 7% todavía es poco, habría que tener en cuenta que en la redacción original del artículo 42 de la Ley Nº 16.095 se dice que las instituciones estatales deben proveer el 4% como mínimo de las vacantes que haya en los empleos públicos. Esto significa que se toma este porcentaje como base, es decir, de ahí para arriba, y no se lo pone como límite. Lamentablemente, las administraciones sucesivas a la promulgación de esa ley no aplicaron el artículo 42 y se buscaron otras formas para poder entender el concepto "vacante", lo cual incluso perjudicó más su aplicabilidad.

Entonces, el tema de la posibilidad de ingreso al trabajo público no tiene que ver solamente con un 4%, un 5%, un 10% o un 20%, sino que ha existido un problema de voluntad política de los diferentes actores del momento. Nosotros creemos que el respetar la redacción original permite que no se tome un porcentaje como tope sino, al contrario, como base. Incluso, no sé si los señores Senadores tienen conocimiento de que está por salir un llamado de OSE para personas discapacitadas, donde se pretende proveer alrededor de 100 ó 150 cargos, lo cual significa mucho más del 4% o del 7% que propone el Senador Long. Incluso, al aprobarse este artículo se puede estar dejando de lado el trabajo que durante todo este año nosotros, como consejo laboral, junto a otras organizaciones de discapacitados y personas particulares, hemos llevado a cabo en relación a la elaboración de la reglamentación del artículo 42, con el Diputado Pablo Alvarez. Dicha redacción está pronta para ser presentada en estos días y ser incluida en el proyecto de ley de Presupuesto, y ha sido aprobada también por la propia Comisión Honoraria que participó en su elaboración.

Por lo tanto, vemos que hay varios puntos peligrosos -entre comillas y en el buen sentido de la palabra- en este proyecto de ley, que pueden echar por tierra mucho trabajo realizado.

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar, quiero aclarar que el señor Senador Long hoy no está presente ya que en este momento se encuentra en el exterior, pero normalmente asiste a esta Comisión pues el proyecto fue iniciativa suya. Sin embargo, me atrevería a ir despejando algunas cuestiones que se plantean como interrogantes.

¿Es este un proyecto derogatorio de la Ley Nº 16.095? No. Es un proyecto de ley complementario; si bien puede tener errores o superposiciones, hasta donde sabemos la intención es que sea complementario.

Por lo tanto, si aparece algún artículo 42 reglamentado por una nueva ley, seguramente tomaremos noticia de ello y le daremos un tratamiento distinto a esta disposición.

Otro punto que quería aclarar es que en el artículo 14, que se refiere al porcentaje de las vacantes, se establece un mínimo. Esta norma dice: "La proporción mínima de vacantes establecida en el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de fecha 26 de octubre de 1989, será de 7%". Aquí se eleva el porcentaje, pero se lo mantiene como mínimo y no como tope.

Por otra parte, quería aclarar que de conversaciones mantenidas con el señor Senador Long a propósito de estos temas, surgió que existen algunos elementos que fueron objeto de reglamentación en forma posterior a la aprobación de la Ley Nº 16.095. Es más; existió un proyecto de decreto que, por razones que desconocemos, no se concretó. Entonces, la intención del señor Senador Long es la de recoger estos elementos y transformarlos en ley, lo que les estaría otorgando un rango diferente. No es malo que se transforme un decreto reglamentario en ley, aunque pueda ser discutible su contenido.

De todas maneras, como la intención de la Comisión es poner en debate todos estos temas, a esos efectos ha invitado a la Comisión Honoraria, a representantes de los distintos Ministerios y a Asociaciones. Queremos seguir por este camino de poner en consideración el tema, porque aquí no hay nada terminado; de ahí nuestro interés en conocer la opinión de ustedes sobre este tema.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Soy coordinador del Consejo Laboral de la Unión Nacional de Ciegos y quiero agradecer a la Comisión habernos recibido en la tarde de hoy.

Todos los que estamos aquí tenemos unos cuantos años de lucha en procura de que la legislación que existe sobre discapacidad se cumpla y de que se reglamenten las leyes que todavía no se han reglamentado. Sabemos que este es un proceso lento, trabajoso, y en el que se deben hacer negociaciones. Nos preocupa que aparezcan leyes que de alguna manera hagan que todo vuelva a empezar, sobre todo en lo relativo a la parte laboral. Este grupo de trabajo -al que pertenece Pablo Álvarez- elaboró un proyecto de reglamentación -que hace poco logró ingresar al Parlamento- sobre el artículo 42, que es el que refiere al ingreso de un 4%, como mínimo, de personas con discapacidad a la Administración Pública. Reitero que nuestro temor es que nuevas legislaciones puedan poner en riesgo todo el trabajo que se ha venido haciendo.

Realmente valoro el hecho de estar hoy en esta Comisión tratando este asunto y que el señor Senador Long haya presentado este proyecto de ley. Es muy importante que en el Parlamento se hable sobre discapacidad y sobre un sistema de discriminación positiva. Creo que esta es una buena y linda oportunidad para aprovechar ese interés y empuje que están mostrando los parlamentarios hoy en día, para construir sobre lo construido y no perder nada de lo que se ha logrado.

Por ahí van nuestros indicios con respecto al análisis de este proyecto, más concretamente en lo laboral donde, por una cuestión de especificidad del Consejo Laboral, nos hemos fijado más. En general, tratamos de dosificar y entendemos que el Parlamento, que debe resolver todas las situaciones planteadas en el país, dispone de un tiempo limitado. Pero debemos aprovechar el tiempo que los parlamentarios puedan destinar al tratamiento de este tema para construir sobre lo construido y no empezar de cero con algunos asuntos, como pensamos que puede ser este artículo que lleva el porcentaje a un 7%. Tenemos un poco de temor porque, obviamente, quienes trabajamos en el tema de la discapacidad desde hace años queremos que el porcentaje sea mayor que el propuesto, pero el tema es no caer en voluntarismos que hacen aún más difícil la resolución. Con un porcentaje del 4% ya hemos tenido algunas dificultades, y más allá de que esta Administración ha demostrado voluntad política para cumplir con los porcentajes, hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de números.

Finalmente, quiero recalcar lo que decía Gabriel Soto, en el sentido de que en la ley original de 1989 se habla de un 4% como piso, al igual que en ésta. De manera que no debe quedar la idea de que la Ley Nº 16.095 pone un tope del 4%, sino que en realidad es un piso para la inserción de personas con discapacidad en la administración pública.

SEÑOR SCARABINI.- Como Coordinador del Consejo Laboral, quiero remarcar lo que han dicho mis compañeros en cuanto a este tema del trabajo, tan preocupante para muchos, sobre todo para personas discapacitadas.

Quiero aclarar que se ha dificultado mucho llegar a un 4%, por lo que un 7% sería altamente costoso. Pero tanto a mis compañeros como a mí nos preocupa la intervención que va a tener la Comisión Nacional Honoraria en este proyecto. Como hombre del interior y sabiendo que la Comisión participa en todo el país, me interesa saber cuál va a ser su acción porque no podemos dejar de reconocer la posición y la importancia que tiene el interior en el tema de la discapacidad, en el que hay un gran desconocimiento. Hoy podemos estar discutiendo entre un 4% o un 7%, pero creo que lo más importante es recalcar las posibilidades que puede llegar a tener una persona con discapacidad a la que se le da una oportunidad. Podemos hablar de un 4%, de un 5% o de un 7%, pero lo fundamental es que se dé la oportunidad a esa persona discapacitada y que se aproveche todo lo que ya se ha venido haciendo, que no tiren ni se desconozcan los trabajos que se han realizado. Hasta sería interesante que se pudieran coordinar los diferentes temas: transporte, vivienda, trabajo, en fin, existen varios puntos interesantes que se pueden plantear, como es el ingreso a la función pública o qué pasa con los privados, tema al que todavía no se le ha hincado el diente pero que es fundamental.

En lo particular, me preocupa mucho el interior y considero que se debe tener en cuenta muchísimo a la Comisión Nacional Honoraria, que es la posibilidad que tiene el discapacitado de cualquier pueblito remoto de tener acceso a la función pública.

SEÑOR SOTO.- Tal como dijo la señora Senadora Dalmás, este proyecto es complementario de la Ley Nº 16.095.

Creo que si esta iniciativa es aprobada, tendríamos que aclarar ese aspecto. No soy lego en estos temas pero, repito, creo que habría que aclarar que este proyecto se complementaría con lo que estipula la Ley Nº 16.095. Digo esto porque si bien en la Ley Nº 16.095 se incluyen muchos conceptos que, a lo mejor, hoy no tendrían la misma vigencia, también contiene muchos otros que, en su momento, fueron una revolución.

También quería referirme a otro capítulo del proyecto de ley. A nosotros no nos queda claro, por ejemplo, el tema relativo a todos los beneficios que tendrían las madres de niños Down. Nos parece muy bien que se tenga en cuenta lo que significa dar a luz un hijo con el Síndrome de Down y todas las preocupaciones que ese hecho implica, pero creemos que las madres que tienen hijos ciegos también enfrentan un gran problema, así como las que tienen niños que han nacido, por ejemplo, con una pierna menos. Si se va a apoyar a las madres con niños Down, también debería hacerse lo mismo con todas las que tengan un hijo discapacitado, porque ello implica momentos muy difíciles en los que es necesario mucho apoyo, no solamente de los familiares. Entonces, si el Estado puede brindar otro tipo de apoyo, pensamos que este debe generalizarse. Esta es una de las puntualizaciones que queríamos hacer con respecto a este tema.

En relación al tema de los talleres protegidos y del transporte y la libre circulación, creemos que se tendría que tener más en cuenta lo que ha trabajado tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la Comisión Honoraria sobre dichos asuntos. Nosotros no tenemos una opinión totalmente formada sobre los talleres protegidos, pero hay personas que son especialistas en estos temas. Creo que el mencionarlos de la forma en que se ha hecho, va a implicar una reglamentación y si ya se está trabajando en reglamentarlos, como lo prevé la Ley Nº 16.095, me parece que sería doble trabajo. Nosotros debemos apuntar a que un proyecto de ley de estas características ayude a que la discapacidad pueda ser más respetada y que no ponga más trabas de las que ya existen.

Otro tema que me parece muy interesante es el de la accesibilidad. Nosotros compartimos de principio a fin los conceptos desarrollados en ese capítulo, tal como los describe el señor Senador Long. Ahí se habla de un proceso de reglamentación de -si no me equivoco- más o menos tres años. Debo decir que hay organismos que han trabajado en el tema de la accesibilidad. Ustedes deben conocer muy bien lo que es UNIT, que tiene un Comité de Accesibilidad y en esto ha trabajado -no quiero mentir- por lo menos cinco años. Asimismo, la arquitecta Mabel Ubiría, que trabaja en la Comisión Honoraria, es pionera en todo este tema de la accesibilidad en el Uruguay y se han plasmado normas en todos los ámbitos que el señor Senador Long expone en su proyecto de ley, en el capítulo relativo a la accesibilidad. Justamente se debería, por lo menos, si se aprueba este capítulo relativo a la accesibilidad, recurrir a lo que ya se ha trabajado a este respecto, principalmente, por especialistas y arquitectos.

Por ejemplo, la SAU está incorporada al Comité de Sensibilidad, así como lo están los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas, el Banco de Previsión Social y las instituciones de discapacitados como la nuestra. Es decir que hay un trabajo muy profundo y muy profesional que, por lo menos, se debería citar.

La situación de las Normas UNIT en el Uruguay es distinta a la de otros países. Aquí pueden ser tomadas en consideración por el Poder Ejecutivo y pueden o no ser modificadas; no hay obligatoriedad de que al salir una norma, esta tenga que ser cumplida. Por suerte, hoy en día la Intendencia Municipal de Montevideo está trabajando con el Comité de Sensibilidad para modernizar el Digesto Municipal en cuanto a todas las normas de sensibilidad. También se está intentando trabajar con el Ministerio de Turismo para que se analice el tema de la sensibilidad desde el turismo. No obstante, se trata de una tarea muy ardua. Cabe acotar que hay mucho material impreso en este sentido y que las Normas UNIT se van modificando todos los años. Entonces, sería bueno recurrir a estas fuentes a la hora de considerar este capítulo específico.

Por otro lado, quiero hacer referencia al tema de las ayudas especiales, que figura en el capítulo de las exoneraciones. Me preocupa que lamentablemente a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas va a ser muy difícil que la situación sea tan sencilla como la propone el señor Senador Long. Eso es lo que todos aspiramos: que sea mucho más fácil la importación de materiales tiflológicos, tiflotécnicos u ortopédicos, es decir, materiales de ayuda para los discapacitados. No sé si han conversado con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas sobre ese aspecto, pero la traba burocrática es bastante grande debido a que en algunos momentos, cuando se permitió un poco más de sensibilidad en ese sentido, hubo ciertos abusos. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas se protegió y con mucha razón.

SEÑORA PRESIDENTA.- Deseo responder a nuestro invitado que sí, que ya hemos recibido a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas para tratar el tema de las exoneraciones.

Si ningún señor Senador desea formular alguna pregunta o consideración, les agradecemos mucho las opiniones que ustedes han vertido en este ámbito y les señalamos que las tomaremos en cuenta, así como también haremos lo propio con las que hemos escuchado anteriormente y las que vamos a escuchar seguramente después, ya que hay un buen número de organizaciones que todavía están por exponer sus opiniones aquí. Como estamos en un sistema parlamentario bicameral, a veces surgen esos inconvenientes. Me refiero a que hay iniciativas de pronto similares o que tienen parcialmente algo que ver en una Cámara y en la otra. Por ello, estamos tratando de analizar cómo mejoramos esa coordinación, pero si viene alguna disposición incluida en el Presupuesto, no será objeto del tratamiento de este proyecto de ley, sino del propio artículo del Presupuesto.

De todas formas, les agradecemos mucho que hayan brindado parte de su tiempo para conversar con nosotros y estamos a su disposición por cualquier información que soliciten.

SEÑOR SOTO.- Nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos haber sido algo claros en nuestra exposición.

SEÑOR VAILLANT.- En primer lugar, pido disculpas porque llegué con la reunión empezada pero, justamente, a raíz de esta última intervención donde se nos plantea la esperanza de haber sido claros, quiero hacerles conocer la sensación que me queda de lo que escuché. A mi juicio, esta exposición tiene puntos en común con otras intervenciones realizadas por otros invitados que hemos recibido en este mismo ámbito sobre este tema. También en esas oportunidades se nos ha planteado la preocupación que hay en el sentido de que tomemos en cuenta las opiniones que tienen las distintas organizaciones que están trabajando sobre este asunto. Quiero señalar que, justamente, es lo que estamos haciendo, porque el hecho de haberlos convocado, al igual que hicimos con otras instituciones que ya han comparecido y otras que más adelante también lo harán tiene este sentido: fundamentalmente, tomar en cuenta todas las opiniones y pensamientos. Insisto en que me queda la sensación, cada vez que nos visita una organización que nos solicita que tengamos en cuenta la opinión que tienen sobre el tema pero, a veces, nos quedamos sin saber cuál es. Me refiero a la opinión concreta sobre un documento de trabajo -que es un proyecto de ley- y quiero señalar que es la única iniciativa que existe y que tenemos a consideración. En concreto esto es lo que personalmente quería que ustedes tuvieran conocimiento. En esta Cámara no tenemos otro proyecto de ley presentado que no sea este que estamos analizando, porque ninguna institución presentó iniciativas, me refiero, por ejemplo a la Comisión Honoraria o algún otro grupo de trabajo que esté involucrado en el tema. Puede haber mucha gente trabajando pero, insisto que en el Parlamento hay un solo proyecto de ley sobre este tema y la única posibilidad que tenemos de sancionar una ley es trabajar sobre una iniciativa. Entonces, la forma que tienen los distintos sectores -que es lo que buscamos- para participar es, justamente la siguiente: ponemos el proyecto de ley a su consideración para que ustedes nos digan qué es lo que a vuestro juicio habría que sacar, porque les parece malo o, agregar, porque es bueno. Ahora bien, si lo que tenemos son reuniones en las que se plantea la necesidad de que tengamos en cuenta las opiniones de otro, va pasando el tiempo y cuando analizamos el material recabado en dichas reuniones, terminamos preguntándonos: ¿Estos muchachos, con qué no están de acuerdo? Por ejemplo, ustedes las plantearon y quiero señalar que coincide con lo que han planteado otras instituciones. El proyecto tiene una enorme cantidad de artículos y, en general, todos coincidimos -el propio señor Senador Long también coincide- en que cuando se planteó el tema de las madres de los niños Down, se lo puso como referencia pero, naturalmente hay que ampliarlo. Ustedes han planteado un punto en el cual hay una diferencia y debo decirles que coincide con lo planteado por otros visitantes así como también con la opinión de otros Senadores y la de todos los integrantes de la Comisión. Concretamente hicieron referencia al tema del 4% y el 7% que es la misma preocupación que, reitero, las otras instituciones también han tenido. A nosotros, con franqueza -y creo que el señor Senador Long opina de la misma manera- no nos ha parecido un tema central porque, en definitiva, lo que importa es que finalmente se cumpla. La voluntad política tiene una forma de expresarse en la democracia y es a través de una ley, por eso, alguna vez se estableció que el porcentaje tenía que ser del 4%, porque de lo contrario no existiría. Lo que les pido -les reitero mis disculpas por haber llegado tarde y perder la primera parte, que debe haber sido muy rica- es que como vamos a seguir tratando este proyecto de ley -porque es el único que tenemos- hay dos posibilidades de incidir en el Parlamento: antes de que terminemos de analizarlo las organizaciones que están trabajando sobre el tema desde hace mucho tiempo, presenten una iniciativa para que no tengamos uno solo para considerar o, de lo contrario, nos acerquen modificaciones concretas que planteen que artículos o cuestiones consideran que hay que modificar o sobre las cuales hay carencias. Entendemos que esto es trabajar por la positiva. Lo que esta Comisión quiere -estoy seguro que el señor Senador Long está de acuerdo en ello- es que a partir de la iniciativa original, la podamos enriquecer. Un proyecto de ley es un eje sobre el cual se discute y se hacen aportes, ya sea para quitarle cosas que estén mal planteadas o para agregarle.

No quiero que se vayan con la sensación que ésta es la última oportunidad para incidir en el proyecto, a mi juicio -quiero ser muy franco- todavía no lo han hecho. Reitero que creo que no lo están haciendo, como creo que tampoco están incidiendo las otras organizaciones que hemos invitado. Lo que nos plantean es cómo hubieran querido que fuese el procedimiento, así como también que hay gente que desde hace tiempo viene trabajando en el tema. Quiero que quede claro que nosotros no trabajamos sobre el trabajo de otros, sino en función de un proyecto de ley y que si no se concretan y se presentan en esta mesa, no tenemos posibilidad de analizarlo.Entonces, como la discusión de este proyecto de ley no ha terminado, si en el día de mañana ustedes consideran que es pertinente pedir una nueva audiencia para decir que creen que, por ejemplo, el artículo 1º debería modificarse de una cierta forma y el artículo 7º de otra, o que debe incluirse algún otro aspecto, deberían hacerlo porque es la forma en que más efectivamente podrán colaborar para que la iniciativa que se apruebe en este Parlamento sea la mejor.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos su presencia.

(Se retiran de sala los representantes de la Unión de Ciegos del Uruguay)

(Ingresan a Sala los representantes de la Organización Nacional Pro-Laboral Para Lisiados)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene el agrado de recibir a nuestros invitados, los representantes de ONPLI. El señor Reyes es el Vicepresidente de la Institución y el señor Valiero, el Secretario de la misma. Quienes nos visitan vienen a darnos su opinión sobre el proyecto de ley a estudio de esta Comisión, relativo a la protección integral a personas discapacitadas. En consecuencia, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR REYES.- Soy el Vicepresidente de ONPLI, Organización Nacional Pro-Laboral para Lisiados y en primera instancia quería agradecer esta invitación que nos da la oportunidad de dar nuestra opinión respecto a este proyecto de ley. Hace relativamente poco tiempo que hemos tomado conocimiento de la existencia de esta iniciativa y el Consejo Directivo de ONPLI nos ha pedido que trasladáramos su opinión al respecto.

En un principio sería importante aclarar dos cosas que son fundamentales. Primero, queremos destacar que ONPLI es una organización que este año cumple 33 años de trayectoria en el área de la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Si bien atiende todo lo relativo a la parte cultural, a la recreación y fundamentalmente a la práctica deportiva de las personas con discapacidad, el mayor énfasis de esta organización está puesto -tal como lo dice su sigla- en la formación profesional de las personas con discapacidad y su inserción o reinserción en el mercado laboral, tanto público como privado.

Por esa razón, desde siempre ONPLI ha sido una de las organizaciones que ha llevado adelante el tema de talleres protegidos. En ese sentido decimos -y creemos que tenemos pruebas suficientes para afirmarlo- que nuestra Institución ha sido una de las que ha dado un cambio en la formación profesional, sobre todo en lo que tiene que ver con los talleres protegidos en la historia del Uruguay. Sin ahondar en el tema, queremos decir que durante muchos años la labor terapia fue la fundamentación del taller protegido, pero muy rara vez había dado la posibilidad al trabajador de ganar un salario digno por esa tarea que realizaba dentro del mismo. Luego de un tiempo donde se produjeron una serie de cambios y ajustes, ONPLI estudió la manera de poder llevar a cabo un taller que, además de trabajar dentro del área protegida, fuera productivo y diera la posibilidad de generar recursos genuinos al trabajador, muchas veces el jefe de familia. En ese sentido, durante muchos años el taller de encuadernación fue el caballito de batalla de esta organización. Más adelante, con el aporte que brindó el gobierno de Canadá, se pudo implementar una imprenta que complementó el taller de encuadernación lo que, evidentemente, aumentó el número de trabajadores discapacitados en esa área.

Como en todas las cosas de la vida, si bien la capacidad es importante, el factor suerte cumple un rol importante y creo que nosotros tuvimos nuestra cuota parte cuando conocimos a una institución alemana en el año 1989 que nos apoyó, no económicamente, sino en fundamentos, en máquinas, en herramientas, en cursos por los cuales, entre otros, quien habla, tuvo la posibilidad de viajar tres meses a ese país para tomar un curso de formación en soldaduras y en técnicas de sillas de ruedas. A nuestro regreso, instalamos el taller metalúrgico ortopédico que fabrica y repara sillas de ruedas y elementos de rehabilitación y donde actualmente, también trabajan otros compañeros. Con la ayuda y el apoyo de esa institución alemana -que también trabaja en la formación profesional- se creo el lavadero. Como cada cinco años se realiza un recambio de su planta industrial tuvimos la oportunidad de recibir esa donación. Entonces, con eso y aportes propios de nuestra institución, se montó el lavadero familiar e industrial.

Por otra parte, la revista de básquetbol "Zona Naranja", que es propiedad de nuestra organización -se imprime, diseña, diagrama, encuaderna y distribuye por nuestra gente- generó unos cincuenta puestos de trabajo a personas con discapacidad en el área de la organización. Creemos que no es poca cosa hablar de cincuenta personas que reciben un salario por la tarea que realizan en un ámbito tan difícil, tan competitivo y, a veces tan desigual en esa competencia, como es en el área de una organización con personas con discapacidad. Creemos que no estuvimos tan equivocados, porque en el año 1997 se nos reconoció con el segundo premio PYMEs a la pequeña y mediana industria. Este premio reconoce a la empresa innovadora generadora de puestos de trabajo y significó mucho para nosotros porque nos afirmó en el camino que estabamos recorriendo y, además, la repercusión que tuvo en el exterior nos llevó a que esta institución pusiera el énfasis en nosotros y no sólo nos apoyara con las máquinas y talleres, sino también con vehículos, con profesores y gente que ha venido de Alemania a dictar distintos cursos para que lo que comenzó en el año 1972 y se reafirmó en 1989, hoy cuente con estos talleres protegidos de producción.

No quiero extenderme demasiado en este tema, pero consideramos que está enlazado con este proyecto de ley porque quienes venimos a dejar una opinión hoy aquí en nombre de ONPLI no somos nuevos en este tema; hace muchos años que estamos en esto. Concurrimos permanentemente a seminarios y reuniones para hablar de talleres protegidos. Hemos tenido la suerte de recorrer todo el país y podemos decir que en este momento hay muy pocas instituciones que desarrollan talleres protegidos de producción.

Muchas veces me he encontrado con compañeros que me dicen: "No, pero nosotros tenemos talleres", a lo que respondo: "Me parece muy bien. Comentame un poquito. ¿Cómo haces para pagarle el sueldo a tus trabajadores?" Y me dicen que no tienen sueldo. Entonces, no es un taller protegido de producción; es un taller de laborterapia, de formación, pero no un taller protegido.

Nosotros entendemos como taller protegido aquel que genera un bien o un servicio, pero que tiene una remuneración para el trabajador. De lo contrario, no podemos hablar de taller propiamente dicho y menos protegido o de producción.

ONPLI tiene aprendices en el área de la formación profesional que actúan dentro de un taller operativo, y es el mismo taller que genera los recursos en la venta de sus servicios y bienes el que fundamentalmente cubre los costos de servicios, de materiales y de mano de obra de sus trabajadores. Si restan algunas utilidades -que muchas veces no tiene por qué dejarlas, pero que en otras oportunidades sí puede- las vuelca directamente en arcas de la organización. Por eso decimos que aquí no existen fines de lucro, que no hay reparto de utilidades y que se generan puestos de trabajo y formación profesional y esas utilidades se vuelcan directamente en los servicios que la organización presta.

Insisto en que nosotros tomamos conocimiento de este proyecto hace relativamente poco tiempo, pero si hoy viniéramos a hablar acerca de él no podríamos opinar sobre todas las áreas de la discapacidad. Me parece que sería un atrevimiento de parte de nuestra organización. Nosotros trabajamos con un sector de la discapacidad, que es la discapacidad motriz.

El tema de la discapacidad es muy vasto y creo que son los mismos actores los que tienen que dar sus puntos de vista en las distintas áreas. Por eso sólo vamos a dar una opinión en lo que tiene que ver con el tema de los talleres protegidos con respecto a los cuales este proyecto contiene una parte muy interesante.

Si me permiten, daré lectura a la nota que el Consejo Directivo ha confeccionado para presentar hoy ante esta Comisión con respecto a nuestra posición sobre este tema. Dice así: "Montevideo, octubre 3 de 2005.

Cámara de Senadores.

Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

Señora Presidenta Senadora Susana Dalmás.

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Nuestra organización, que cuenta con 33 años de trayectoria ininterrumpida en la rehabilitación integral de las personas con discapacidad, concurre en el día de hoy a esta Comisión aceptando y agradeciendo vuestra invitación con la esperanza de que el aporte que podamos realizar colabore en concretar medidas en favor de las personas con discapacidad de nuestro país. Por ello quisiéramos hacer constar algunas puntualizaciones que nos parecen de orden:

1º) Por el conocimiento que tenemos de la persona del señor Senador Ruperto Long y el respeto que nos merece el trabajo por él realizado en el proyecto de ley que ha presentado y por tal hemos tomado conocimiento, queremos expresar que nos hubiera gustado haber participado en la confección del mismo, ya que, modestia aparte, creemos que nuestra experiencia en el terreno de la discapacidad y, sobre todo en lo relacionado a talleres protegidos y de formación profesional, ha marcado un antecedente en la historia de nuestro país y creemos ser una de las pocas instituciones que mantienen sus talleres protegidos de producción funcionando como tales y por ello nuestro aporte hubiera enriquecido aún más el trabajo realizado.

2º) No obstante ello y no dejando de reconocer las inquietudes que pueden surgir por parte de Legisladores en crear nuevas leyes que tiendan a mejorar la situación de este colectivo, nos preocupa saber que habiendo apoyado fervientemente en otras oportunidades proyectos como el que hoy nos ocupa, con el pasar de los años y a pesar de estar vigentes leyes como la 16.095, aún se encuentran sin reglamentar. Seguramente a esa ley le faltarán cosas que se podrían mejorar, pero seguramente de lo que sí se tiene, si se encontrara reglamentada, sería sumamente beneficiosa y aplicable.

Por ello no vamos a dejar de reconocer y discutir este proyecto que hoy se nos presenta, pero sí debemos decir que es hora de concretar cosas más que crear otras nuevas y seguimos insistiendo en un concepto que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: aunemos esfuerzos coordinando entre los organismos oficiales y privados que trabajan en la discapacidad. Utilicemos la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado para tales fines. Las personas con discapacidad necesitamos un gran proyecto reivindicador.

Luchemos porque éste cuente con un consenso necesario, sumando todos esos valiosos esfuerzos, volcándolos en un sólo fin: el que, sin lugar a dudas, merecen las personas con discapacidad".

Muy brevemente quisiera fundamentar estas líneas.

No sé cuanto tiempo hace que está vigente la Ley Nº 16.095, pero sí puedo decir que hace más de diez años que está por reglamentarse. Sin dudas, tiene carencias, pero muchos de sus instrumentos son aplicables aun sin reglamentar; entendemos que si estuvieran reglamentados, sería muy positivo contar con ese bien jurídico que apoya la gestión en distintas áreas de la discapacidad.

Como talleres protegidos nos hemos encontrado, diría, entre la espada y la pared con el tema de las exoneraciones que estos talleres deben tener y la desigualdad de oportunidades en que se encuentran para competir. A este respecto, hemos hablado con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y con el Presidente de la Comisión Nacional del Discapacitado. Puedo decir, también, que desde hace muchos años venimos trabajando en la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo y hay por allí algún proyecto que trata directamente el tema de los talleres protegidos.

En nuestra opinión, el camino podría ser el de concretar las leyes que están vigentes y, de pronto, agregarle importantes materiales como el que este proyecto de ley propone a algo que sea palpable, de modo tal que dentro de cinco o diez años no tengamos que volver a sentarnos aquí a tratar otras interesantes propuestas sobre el mismo tema porque no se pudo concretar las que, en su momento, creímos podían ser salvadoras.

Concretamente, respecto al tema talleres protegidos habría algunos puntos sobre los que podríamos conversar, pero simplemente vamos a hacer alguna acotación respecto a la propuesta de llevar a un 7% el porcentaje vigente del 4% para el ingreso de funcionarios con discapacidad a la Administración Pública. En el año 1975, en virtud de una gestión realizada por nuestra Institución, se crea la Ley Nº 16.102 que procura que el 2% de las vacantes en la Administración Pública sea ocupado por personal con discapacidad. Se hace un llamado y, en esa oportunidad, ingresan a trabajar ciento cincuenta compañeros discapacitados. Pero, a pesar de estar vigente esta Ley, por distintas razones nunca más se aplicó. Luego, la Ley Nº 16.095 subió el porcentaje al 4%, mejorándolo en el doble. En su momento, eso no nos pareció mal, pero ya planteábamos que si había una ley vigente por qué no se aplicaba en lugar de aumentar el porcentaje y crear una expectativa que iba a ser difícil de cumplir. Lamentablemente, el correr de los años nos dio la razón y, lejos de cubrir ese 4%, ya casi no hay vacantes en la Administración Pública, salvo raras excepciones como, por ejemplo, la de la Intendencia Municipal de Montevideo, en donde ingresaron ciento y pico de compañeros por un llamado que respondía a una política social que aplicó esta Intendencia más allá de las leyes vigentes. Lo cierto es, entonces, que ese 4% jamás se aplicó.

Este proyecto de ley hoy habla de un 7% y creo que expresa el entusiasmo y la esperanza del señor Senador en poder contemplar la real necesidad de trabajo que tienen las personas con discapacidad, pero no más allá que eso. Es impensable que en un país que no ha tenido la evolución que todos hubiéramos deseado, lejos de cumplir con un 4%, hoy por ley se pueda lograr ese 7%.

Evidentemente, no nos vamos a poner en contra de una iniciativa de este tipo, pero nos preguntamos si no sería mejor aplicar las leyes que están vigentes, que pudieran entrar los compañeros que correspondiera como para cumplir con ese 4% y, si después podemos mejorar ese porcentaje, bienvenido sea. Preferimos optar por un camino de concreciones. El sector de la discapacidad se encuentra en un momento crítico. La gente necesita trabajar. No podemos pensar que las pensiones y jubilaciones para la discapacidad pueden cubrir esa necesidad que tiene este colectivo de la sociedad.

Entendemos que tanto el trabajo como la reactivación de talleres son unas de las pocas soluciones que puede haber para enmarcar a toda esta gente dentro de un ámbito de trabajo de producción, y no de carga social.

También nos preocupa mucho el hecho de que compañeros que, por recibir el Plan de Emergencia implementado por el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, cuiden ese pequeño aporte que perciben y no quieran trabajar, para no perderlo. Nuestra institución sabe lo que ha sido salir a la calle a vender bonos colaboradores para lograr un fin y una meta concreta que era la sede propia, los talleres funcionando que hoy se concretaron, pero esta posibilidad de venta de bonos colaboradores se eliminó. No se debe incentivar la mendicidad como una forma de vida de las personas con discapacidad, creo que fue una demostración, con hechos, la que ONPLI realizó, ya que hoy no hay ni un solo compañero vendiendo bonos en ningún lado. Estos compañeros hoy están trabajando en los talleres protegidos.

Por todo esto, más que discutir este proyecto de ley, proponemos que este sea un tema de Gobierno y nacional, de discusión, utilizando los medios que tenemos. Al respecto, vuelvo a insistir en la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado porque, a nuestro entender, en las Administraciones anteriores dejó mucho que desear ya que los años pasaron y la reglamentación no apareció. Tenemos toda la esperanza de que el Presidente de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, señor Alberto Della Gatta -que ya ha demostrado en la Intendencia de Montevideo su política y la forma en que aplica las leyes y decretos para que, en definitiva, se concreten y constituyan beneficios reales para las personas con discapacidad- pueda realizar dentro de esta Comisión un cambio que beneficie realmente y que centralice este tema de la discapacidad. No podemos -con esto finalizo- seguir enterándonos, día a día, de que siguen apareciendo proyectos sin que, cuando hablamos de talleres protegidos o del tema que sea, se pueda consultar a estos talleres o a los involucrados con el tema del que estemos hablando. En ONPLI no somos el ombligo del mundo, no lo creemos así, pero tenemos una experiencia que no se puede desconocer; la ofrecemos y está al alcance de quien quiera ir, consultar, hablar, verlo, palparlo, el día y en el momento que quiera.

Reitero que, por todo esto, nosotros no vamos a discutir ni a plantear puntualmente ninguno de los temas que tiene este proyecto pero sí estamos dispuestos a sentarnos a conversar para poder conjugar esto con algo que se pueda concretar y que, a la brevedad, empiece a darnos soluciones.

SEÑORA PERCOVICH.- En el proyecto hay artículos concretos sobre un capítulo específico, que es el de los Talleres de Producción Protegida y, conociendo la tarea de ONPLI, me gustaría tener alguna opinión acerca de ciertos artículos sobre los que no tengo ningún conocimiento. Por ejemplo, quiero saber si la definición que se da, de Talleres de Producción Protegida es, a su entender, correcta. Después, hay un segundo artículo que habla de quién es la población objetiva y también me gustaría saber la opinión de ustedes. Además, en todo lo relativo a los incentivos, beneficios, etcétera -que se desarrollan en varios artículos- quisiera saber, justamente, cuál es su experiencia, más allá de las aspiraciones que tengan de esta nueva Administración, es decir, si los ha habido o no, si han servido o, si por el contrario, ha sido complicado.

Otro tema que me gustaría saber es si el porcentaje que se establece en el artículo 27 de este proyecto, con relación a la cantidad de personas discapacitadas que deberían ser trabajadores, es correcto y si está bien, o no, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido.

Por último, quisiera saber si les parece viable lo que se indica en el artículo 32, en el sentido de que se percibiría una remuneración no inferior al mínimo salarial de la categoría correspondiente al sector.

SEÑOR REYES.- Con respecto al mínimo salarial que se establece en el artículo 32, voy a comentar qué es lo que aplicamos en nuestros talleres y cuáles son los problemas que tenemos por ello.

En ONPLI no se paga el Salario Mínimo Nacional, sino el que corresponde a los gremios: en la lavandería, las remuneraciones de este sector; en imprenta, lo que abonan los gráficos y en la metalúrgica, lo que paga el UNTMRA. Es decir, se abona el laudo correspondiente a la categoría que tenga cada trabajador dentro del taller. Ahí tenemos un problema porque los salarios de las lavanderías son tan bajos que, prácticamente, es indigno pagarlo a una persona, máxime si tiene una discapacidad, por lo que los tenemos mejorados. A su vez, esto nos ocasiona problemas de rentabilidad del taller, pues competimos con otras empresas que hacen efectivas esas remuneraciones y tienen formas de trabajar más económicas, que nosotros no podemos seguir. Si nosotros, personas con discapacidad, no damos el ejemplo de lo que debe ganar un trabajador con esa problemática, perdemos desde el arranque. Por cierto que no sería aceptable que un trabajador estuviera en una lista de trabajadores, si bien ganando todos los beneficios, pero percibiendo menos del salario mínimo, por tener una discapacidad.

Con respecto al artículo 27, quiero decir que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social participamos en la elaboración de un proyecto de decreto -que en este momento está en Macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas- junto con la doctora Rosario Lagarmilla -en aquel momento Directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- una Asistente Social del Banco de Previsión Social y el propio Director de Rentas, contador Zaindesztat; nuestro aporte tuvo que ver con la necesidad y la solución de distintos problemas. Concretamente, está relacionado con el pago del IVA vendedor, del que las instituciones están exoneradas por el artículo 69 de la Constitución de la República. Después de más de veinte años de aplicación, la Dirección General Impositiva entendió que no era viable y se intimaba a pagar todos los impuestos, como correspondía. Por ello, el contador Zaindesztat nos pidió que elaboráramos un proyecto, que es el que está en Macroeconomía en este momento. Entre otros puntos, contempla un porcentaje de personas con discapacidad; ahora no lo recuerdo con exactitud, pero se trata del 75% o apenas superior, con lo cual estaríamos de acuerdo. Evidentemente, esto ayuda a que otros intereses que no persiguen lo que realmente se procura -es decir, este tipo de talleres- y en busca de exoneraciones a varios de ellos, no cuenten con un mínimo de personas con discapacidad. Entonces, en nuestro caso -y pienso que también está en el ánimo del Legislador- esto apunta a que haya un mínimo de personas con discapacidad para conformar -aquí viene la respuesta a la otra pregunta formulada por la señora Senadora- el taller protegido de producción, denominación que sí me parece correcta. Como decíamos al principio, ese taller protegido cuenta con una protección -como su nombre lo indica- a la persona con discapacidad, que está en desigualdad de oportunidades con respecto a un trabajador convencional. ¿Qué quiere decir? Que hay que ubicarse en el puesto de trabajo de esa persona para potenciar su capacidad y minimizar la discapacidad en los movimientos que realiza, en la altura de la mesa donde trabaja, en los trayectos que debe efectuar, y coordinarlo con las personas convencionales para que el taller sea operativo y tenga el menor contrapeso funcional.

Esto es lo que se realiza en un taller protegido. Sucede lo mismo en el caso de una persona que tiene que ir mayor cantidad de veces al baño que un trabajador convencional, o que tiene que llegar tarde con más frecuencia, por tal o cual razón física atribuible a su condición. Todo eso que cubre, que contempla el taller protegido, no lo tenemos en el taller convencional. Por eso hay compañeros que luego de realizar su pasantía en un taller protegido van a poder acceder a uno convencional, y otros que lamentablemente nunca podrán hacerlo, pero que cumplieron un proceso de formación que igualmente sirve para ilustrarlos, para darles otros potenciales a fin de que luego puedan aplicar esos conocimientos en otras áreas.

Lo que se agrega ahora en cuanto a producción, ya sea "taller de producción protegida" o "talleres protegidos de producción" es justamente eso, es decir que ese taller tenga como fin generar un bien o un servicio que al momento de ser comercializado genere un recurso genuino que permita su funcionamiento, poder generar nuevos talleres y también seguir ocupando mano de obra de personas con discapacidad. O sea que la idea no es seguir generando puestos de trabajo dentro de talleres protegidos; el cometido es que el mayor porcentaje de compañeros que realizan su formación profesional en un taller de producción protegida pueda luego acceder a un taller convencional. Vuelvo a insistir: no sé en qué porcentaje, porque eso depende del tipo de discapacidad. Generalmente, la discapacidad motriz es la que permite un mayor poder de maniobra en ese tema, pero lamentablemente esto se ve acentuado en las discapacidades intelectuales o en compañeros ciegos.

No sé si con esto respondo a la interrogante planteada por la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Es decir que, a criterio de ustedes, estos textos, sea por la vía de la ley o de la reglamentación de la Ley Nº 16.095, son correctos. Hago el planteo, porque estas son las cosas que necesitamos para ver cómo nos vamos a manejar.

SEÑOR REYES.- Entendemos que sí, pero volvemos a insistir en que la discusión de cada punto podría sumar o restar alguna cosa, aunque no hace a la diferencia. A nuestro entender, la intención es buena. No obstante, creo haber planteado que la forma no es volver a crear nuevos proyectos. Ese es el punto. De pronto, habría que conjugarlos, pero si dentro de diez años venimos y los Legisladores de turno nos plantean "Tenemos un proyecto aquí que va a mejorar profundamente lo ya existente", y el tema es que todavía no pudimos reglamentar este que desde hace diez años tratamos de impulsar, seguramente volveremos a decir lo mismo.

SEÑORA PERCOVICH.- ¿Esto no sirve para reglamentar?

SEÑOR REYES.- Sí, creo que podría servir.

SEÑOR VAILLANT.- Tengo unos cuantos años y nunca me había encontrado con un proyecto de ley para el que convocamos tantas opiniones, lo que nos permite tener esta experiencia que creo es muy rica.

Los invitados nos preguntan -y creo que es de recibo- de qué sirve legislar si luego las leyes no se cumplen. ¿Es así?

SEÑOR REYES.- Es correcto.

SEÑOR VAILLANT.- Los invitados también nos dicen que existen leyes que no se cumplen porque no están reglamentadas. ¿Es así?

SEÑOR REYES.- También es cierto.

SEÑOR VAILLANT.- Es correcto, pero nosotros somos Legisladores y nuestro trabajo consiste en legislar y discutir los proyectos que se nos presentan. Ahora bien; es cierto que aquellas leyes que pueden parecer buenas, pero que dejan todo librado a la reglamentación, en el fondo sólo son leyes de buenas intenciones, porque una ley que para cumplirla hay que reglamentarla, no se cumple hasta que se la reglamenta. En este país estamos llenos de leyes de ese tipo. Por eso creo que es una buena técnica que cuando uno descubre que hay leyes que no se cumplen porque no están reglamentadas, transforme esos aspectos en ley para que se tengan que cumplir obligatoriamente.

Cabe destacar que la responsabilidad de reglamentar las leyes es de los Poderes Ejecutivos y de las instituciones que tienen que aplicarlas, y si existe una ley que desde hace mucho tiempo no se ha reglamentado, es responsabilidad de quienes tuvieron el Gobierno en sus manos no haberlo hecho. Pero como pienso que no nos debemos conformar con simplemente adjudicar responsabilidades, sino que tenemos que corregir esas situaciones, creo que no es malo tratar de resolver por la vía de la ley lo que la reglamentación no hizo. Desde ese punto de vista, quiero reivindicar la ley frente a los reglamentos o a los decretos reglamentarios. Esto no quiere decir que la ley sea buena o mala, o que la reglamentación que se intenta hacer por esta vía sea buena o mala, y por ese motivo se los invitó a ustedes y a muchas otras personas.

Comparto con nuestros visitantes que a la hora de legislar no hay que hacerlo con la soberbia de sentir que como uno es Legislador lo sabe todo, sino que hay que recurrir a las organizaciones que tienen vasta experiencia en esto, y quiero que sepan que no otra cosa es lo que estamos intentando hacer. Es decir que estamos respondiendo el reclamo que nos hacen cuando nos dicen que consultemos, pues desde hace mucho tiempo estamos invitando a todos los que quieran, tratando que nos cuenten cómo ven el proyecto. Por ejemplo, ustedes en ONPLI -y ni qué hablar en los talleres protegidos- nos pueden contar su experiencia y decir si esto que aquí está planteado es lo correcto y lo que corresponde, o no.

Con toda franqueza debo decir que soy Legislador pero tengo enormes dudas, pues no soy un especialista en la materia; por eso, para mí -y supongo que para todos- es muy importante lo que ustedes nos digan. Por eso me sorprendió que después de haber hecho el planteo que reivindica que se escuche la voz de los que en esto tienen experiencia -porque no por otra cosa los llamamos- nos dijeran que no iban a comentar el proyecto de ley. Dicho de otra forma: nos reclaman que su voz es importante -en lo cual coincidimos- y luego nos dicen que no van a discutir los artículos, quedándonos sin vuestra opinión. Comparto entonces la pregunta que ha formulado la Senadora Percovich -por lo que me podría eximir de este planteo- porque, de alguna manera, los ha hecho a ustedes dar su opinión. Creo que todo lo que podamos conversar tiene sentido justamente en la medida en que ustedes, a partir de vuestra experiencia, que es infinitamente más importante que la nuestra - y que la de los que presentaron el proyecto- nos aporten elementos para trabajar. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer algo que se aplique nuevamente mal. Nosotros no los convocamos para discutir las formas, pues es un tema político, sino para que nos ayuden a hacer algo bien hecho. Por eso para nosotros es muy importante que ustedes nos digan lo que no nos iban a decir. Por ejemplo, ustedes tienen experiencia en producción protegida, por lo que nos pueden decir si el artículo 23 es correcto o no. Si los que tienen experiencia nos dan su opinión, eso ya es un elemento, que luego analizaremos. ¿Con quién vamos a discutir esto si no es con ustedes, que son los que tienen la enorme experiencia?

Entonces, nuestra voluntad es escucharlos y creemos que ustedes, o cualquier otra organización o institución de la que queramos conocer su experiencia, harían muy mal en no aprovechar esta instancia. De lo contrario, más allá de nuestra voluntad, terminaríamos legislando sin saber verdaderamente su opinión sobre cada uno de los artículos.

Yo los invito -sin que esta tenga por qué ser la última oportunidad en la que conversemos- a que nos hagan saber los cuestionamientos que puedan tener a los artículos del proyecto de ley en general o las modificaciones que sugerirían. No tengo ninguna duda de que la Comisión Honoraria está haciendo un buen trabajo y que seguramente va a hacer uno todavía mejor. Pero lo que tenemos para discutir nosotros hoy es un proyecto de ley y lo que necesitamos de ustedes y de la Comisión Honoraria son aportes, que pueden consistir en comentarios sobre los artículos en consideración o bien podría ser otro proyecto que se remitiera al Parlamento; si sucede esto último, lo que haremos será tratar las dos iniciativas a la vez.

Aclaro que, de alguna manera, la pregunta que formuló la señora Senadora Percovich y la respuesta corrigen la situación, pero yo había pedido la palabra antes porque, con toda franqueza, me quedé sorprendido.

SEÑORA XAVIER.- Antes de retirarme quiero dejar constancia de mi opinión con respecto a este tema.

Me parece que lo planteado por nuestros visitantes, como lo manifestado por representantes de otras organizaciones, es un mensaje muy claro. Muchas veces ocurre que los Legisladores sentimos la misma frustración que sienten ustedes. Nosotros debatimos arduamente proyectos de ley y exponemos sobre todas las dificultades de financiamiento y de implementación que puedan existir y luego todo ello queda en letra muerta.

Reitero que el mensaje de ustedes es muy claro. Acá hay una norma legal que necesita implementación. Entonces, me parece lógico que frente a la expectativa de un nuevo Ejecutivo, ustedes renueven lo que piensan y que yo he escuchado en más de una oportunidad, cuando he tenido ocasión de asistir a eventos que ustedes han realizado: "Queremos que esto se reglamente y exista voluntad política al respecto". Considero que nosotros tenemos un déficit, en virtud del cual no sólo debemos legislar, sino monitorear las leyes que legislamos. Esta no es una práctica que nosotros llevemos adelante en forma sistemática. Por ejemplo, la Bancada de mujeres parlamentarias -con todo lo que cuesta introducir en la agenda política algunos temas- tiene el cometido de seguir la implementación y el cumplimiento de lo acordado. Sin embargo, de una Legislatura a otra uno puede apreciar que hay reglamentaciones que no reflejan la voluntad del Legislador y leyes que -aunque en este país no esté reglamentado, el derecho asiste- no llegan a sus destinatarios porque no tienen la traducción concreta en los derechos que supuestamente consagra la gente.

Por lo tanto, creo que ustedes, las organizaciones directamente involucradas, y nosotros, debemos -en esta oportunidad que tenemos de debatir el tema- hacer una superposición de lo que tenemos y de lo que puede en este proyecto de ley servir de reglamentación a los efectos de generar un consenso para monitorear la existencia y la aplicabilidad de las leyes. A su vez, nosotros, como parlamentarios, no debemos desatendernos, después que votamos las leyes, de la correcta o incorrecta aplicación que los Ejecutivos hacen de esto.

Lo manifestado en esta Comisión me deja como enseñanza que tenemos por delante un trabajo de filigrana; esto es, de entresacar lo que aporta esta propuesta del señor Senador Long y aquello que necesita agregarse a la norma madre. Tenemos que ver, sobre todo, de qué manera nos podemos involucrar con la reglamentación de muchos artículos, que ha sido motivo de un reclamo histórico de vuestra parte. Por lo tanto, debemos aprovechar esta instancia para conjugar ese trabajo.

SEÑOR REYES.- Quiero expresar que el concepto esgrimido por el señor Senador Vaillant es muy claro. Si bien no voy a discrepar, porque estamos de acuerdo, entiendo la postura de la señora Senadora Xavier.

Ustedes no nos citaron para preguntarnos cómo hay que legislar, porque no somos Legisladores; no es nuestro interés serlo y seríamos atrevidos si viniéramos a este ámbito a decirles cómo tienen que trabajar. Lo mismo sucede al revés. Por ejemplo, yo trabajo en un taller metalúrgico y nadie me va a venir a hablar de soldadura porque el soldador soy yo. Pero, ¿qué sucede? Como discapacitado y como dirigente social por más de veinte años, cuando todos los días me levanto me preocupa mucho saber si surgió algo en torno al tema de la discapacidad. Voy a poner un ejemplo que puede ser muy válido.

Hace muchos años que trabajo en la Comisión de Autos para Lisiados del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Comisión Nacional Honoraria. Alguien alguna vez se iluminó y dijo que los autos para discapacitados tienen que ser de hasta 1.500 centímetros cúbicos, pero no se consultó a nadie por eso. La idea le debe haber llegado al Legislador de turno, a quien le pareció bien y así, un día, apareció la disposición en el Ministerio de Economía y Finanzas por la cual los autos para discapacitados tenían que ser de hasta 1.500 centímetros cúbicos. Pero no se había tenido en cuenta que las personas en sillas de ruedas no entran en los autos de 1.500 centímetros cúbicos y que tampoco las sillas entran en la parte de atrás. Tampoco se había considerado que el costo de los autos que venían con caja automática no estaba comprendido entre los que tenían 1.500 centímetros cúbicos. Entonces esto fue todo un problema porque alguien no consultó ni tuvo una directriz en ese sentido con respecto al tema.

Por ese mal ejemplo nosotros tenemos miedo de que suceda algo similar. Este proyecto puede ser muy bueno, pero ya hay cosas al respecto y por eso mencionamos a la Comisión Nacional Honoraria, que puede tener déficits en algunos aspectos pero cuenta con la información de lo que se está trabajando en el tema.

Es decir que pensamos que alguien tiene que coordinar todo esto porque no puede ser que mañana nos levantemos y nos encontremos con un decreto que establece que todos los discapacitados tienen que ganar $ 5.000; de esa forma, todo el país va a ser discapacitado. Ahora bien, si el decreto dijera que todos tienen que ir a picar piedra, no habría más discapacitados.

Entonces, esto es lo que nosotros queríamos decir aunque no nos hayan preguntado: que nos parece que, de pronto, las formas podrían ser más directas y aplicables de otra manera.

Si ustedes nos permiten, nosotros les vamos a hacer llegar en forma escrita, punto por punto, nuestra opinión, pero nos parecía muy importante poder comunicarles -tal como lo interpretó la señora Senadora Xavier- cuál era nuestro punto de vista al respecto.

SEÑOR VAILLANT.- Les voy a decir, con toda franqueza, dónde está la diferencia: ustedes no están hablando aquí con quien presentó el proyecto, sino con Legisladores de todos los partidos que, a partir de la presentación de una iniciativa, queremos hacer precisamente eso, consultar, para que no nos pase que no entre la silla de ruedas en la valija del auto. ¿Está claro? Esa es nuestra misión y por eso los convocamos. Pero ustedes nos están reprochando el no hacer lo que estamos haciendo.

Entonces, quiero ver si traduzco bien lo que ustedes nos quieren decir. Ustedes, de alguna forma, lo que están diciendo es que hubiera sido bueno que el señor Senador Long los consultara antes de presentar el proyecto. ¿Es eso?

SEÑOR REYES.- En la invitación dice que había sido invitado para esta ocasión el señor Senador Long, por lo que vinimos con la idea de que él iba a estar.

SEÑOR VAILLANT.- Está bien.

SEÑOR REYES.- Por eso en la nota que manda ONPLI decimos que, como nos conocemos, nos hubiera gustado participar antes en este proyecto.

SEÑOR VAILLANT.- Está bien, creo que no entendí mal. Me parece que lo que ustedes sienten es que hubiesen querido que el señor Senador Long -o cualquiera de nosotros que hubiera presentado el proyecto- los hubiese consultado. Está bien, pero este es un tema del que ustedes, personalmente, pueden conversar con el Senador que presente el proyecto cuando quieran. La mecánica parlamentaria hace que, justamente, este sea el ámbito donde se corrigen esas cosas, porque a veces se presentan proyectos que han sido consultados pero no con todos. Entonces, nosotros cuando los invitamos a venir es, precisamente, para hacerles la consulta y con toda franqueza debo decir que siento que, a lo largo de estas reuniones que hemos tenido con distintas delegaciones que hemos invitado, el mensaje que de alguna manera escuchamos repetidamente -de forma explícita o implícita- es un reproche porque quien hizo el proyecto no los consultó. Pero no nos hacen los comentarios sobre el proyecto de ley en sí mismo y, entonces, se están perdiendo una oportunidad enorme. Digo esto porque nos vienen a decir exclusivamente que les hubiese gustado que los consultáramos antes de hacer el proyecto, y después ustedes se van y nosotros nos quedamos trabajando precisamente con el proyecto.

Este es el problema que traté de trasmitirles y no tengo diferencias con lo que se ha dicho en el sentido de que, por supuesto, los proyectos hay que hacerlos de forma participativa y que además, luego hay que preocuparse de hacer cumplir las leyes. Pero si nosotros recibimos aquí a veinte delegaciones y todas nos dicen que no tienen ningún interés en discutir el proyecto, entonces, no tenemos más remedio que pensar en no sancionar el proyecto y en que cuando el Poder Ejecutivo sancione la ley, nos ponemos a trabajar en una reglamentación; pero ustedes se pierden una oportunidad, como sector interesado, de hacernos saber su opinión, ¿está claro lo que quiero decir?

Entonces, quiero decir que cuando nosotros recibimos a los invitados no lo hacemos para preguntarles si están de acuerdo o no con el procedimiento que siguió tal Senador o Diputado a la hora de elaborar el proyecto de ley. Yo no pertenezco al sector político del señor Senador Long; no le estoy haciendo una defensa ni un ataque al señor Senador. Ni siquiera se me ocurre ponerme a pensar cada vez que un Senador o Diputado presenta un proyecto de ley cuál pudo haber sido el procedimiento que recorrió para elaborarlo, pues cada cual puede seguir el suyo y puede que no coincida con el mío. La institución Parlamento los convoca para tratar de corregir esa iniciativa. Suponemos que pueden no haber sido consultados, entonces, los citamos para que nos den su opinión. Si ustedes no descubren la riqueza de todo esto y se dejan ganar por el hecho de que no comparten el procedimiento que siguió el que redactó el proyecto de ley, pierden una gran oportunidad. Justamente, nosotros estamos tratando de corregir la norma y, para eso, los convocamos a fin de que nos hagan saber su opinión.

Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que a lo largo de todas las entrevistas que hemos tenido ha sido visible un cuestionamiento, por parte de cada una de las delegaciones que concurrió, a la forma que siguió el autor de la iniciativa para redactarla. Ese no es tema de esta Comisión, sino que se trata de un asunto político de cada uno de nosotros como Legisladores. Y es como si se hubiesen puesto de acuerdo en cuestionar la forma en que se hizo el proyecto de ley en lugar de aprovechar la instancia para corregirlo.

SEÑOR REYES.- Creo que hay una mala interpretación…

SEÑOR VAILLANT.- Creo que sí.

SEÑOR REYES.-… por parte de lo que el señor Senador me está diciendo.

Si me permiten, nuestro cuestionamiento no es a la forma en que, en este caso, el señor Senador Long presenta el proyecto de ley. El señor Senador puede presentarlo de la manera que quiere y consultar a quien él desee. Creo que nuestra propuesta va más allá de eso. El problema está en seguir recibiendo -por su parte, ustedes atenderán a todos los que tengan que recibir- proyectos nuevos sin terminar los que tenemos. Está la Ley Nº 16.095; hay que terminarla.

SEÑOR VAILLANT.- Pero ese no es un proyecto. Entonces, ¿ustedes creen que lo que hay que hacer no es legislar, sino aplicar la Ley Nº 16.095?

SEÑOR REYES.- Eso fue lo que dijimos desde un principio, pero si los miembros de esta Comisión nos preguntan qué nos parece este proyecto de ley, les vamos a contestar, aunque no sin antes darles nuestra opinión. Por ejemplo, mañana surgirá otra iniciativa y nos podrán pedir nuestra opinión. Entonces, en ese caso, preguntaremos qué pasó con el proyecto de ley del señor Senador Long sobre el que ya nos consultaron.

SEÑOR VAILLANT.- El señor Reyes se ha referido a ciertas cosas que no están incluidas en la Ley Nº 16.095, como por ejemplo lo relativo a los talleres protegidos. Precisamente, las definiciones que aquí se hacen no están en esa Ley. Entonces, ¿ustedes creen que no es necesario nada más?

SEÑOR REYES.- Siempre se puede mejorar.

SEÑOR VAILLANT.- Pero, si no es necesario, no lo hacemos. Y esa es la respuesta que precisamos.

SEÑOR REYES.- Nosotros se lo vamos a traer por escrito y pensamos que habrán consultado a todos.

SEÑOR VAILLANT.- Por nuestra parte, convocamos a la Comisión Honoraria para que nos hablaran de la iniciativa y obtuvimos una respuesta similar. Entonces, en esta misma mesa tuvimos que decirles que no se perdieran la oportunidad de responder. Asimismo, les consultamos acerca de cuánto tiempo necesitaban para contestarnos sobre el proyecto de ley.

Vamos a citar a una enorme cantidad de delegaciones para que concurran a expresarse sobre esta iniciativa y cuando termine esa instancia no nos va a quedar nada para poder agregar o modificar; no vamos a sacar nada en limpio. Por eso, vamos a terminar legislando incorrectamente.

SEÑOR VALIERO.- En mi calidad de Secretario de ONPLI, quisiera responder al señor Senador, aunque lo que voy a señalar creo que ya lo ha dicho mi compañero. No tengo la facilidad de palabra que él tiene, pero creo entender lo que sucede. El tema no pasa porque nosotros cuestionamos el proyecto de ley del señor Senador Long, sino que decimos que nos parece bien todo lo que sirva para favorecer a todas las personas con discapacidad y a la población del Uruguay en su conjunto, sea cual sea la discapacidad o la segregación que sufra un individuo. Siempre estamos de acuerdo cuando se legisla para mejorar pero, lamentablemente, al igual que muchas personas en el Uruguay, estamos cansados del cuento -pido disculpas a los señores Senadores, pues no tengo facilidad de palabras- de que se va a legislar y terminan las Administraciones sin que eso se concrete. Todos los Períodos aparece una norma nueva, pero las anteriores siguen existiendo y no pasa nada.

SEÑOR ANTIA.- Entiendo el planteo que ha hecho la Organización; sienten que no hay respuesta de los distintos Poderes Ejecutivos y eso duele. Temen entrar en otro pantanal. El propio señor Senador Long -es una lástima que el señor Senador no esté presente- planteó la necesidad de convocar, tanto a esta organización como a otras para que aportaran al proyecto de ley que tenemos como base. Esto que estoy señalando va en el sentido de lo que ha expresado el señor Senador Vaillant anteriormente. Si es posible dictar una ley que contenga todo lo que es reglamentación y no dejar todo librado a lo que crea conveniente el Ejecutivo de turno, a mi juicio, sería muy positivo, porque lograremos una ley con mucho más sustento. Esta Comisión del Senado tiene por objeto pulir el proyecto de ley para que el margen de improvisación sea el menor posible. Insisto que en el correr de los tiempos, los Ejecutivos van a seguir cambiando y, por eso, lo que queremos es no dejar las cosas libradas a la discrecionalidad de dicho Poder. Por supuesto que habrá que hacerle a la ley los ajustes que sean necesarios, pero cuanto menos cosas se dejen para improvisar, es mejor. Este es el planteo que se ha hecho en este ámbito. Quiero señalar que comparto totalmente lo planteado por el señor Senador Vaillant y me parece que sería muy positivo que, aprovechando la oportunidad que se les brinda -después de haber planteado todo lo que piensan sobre las dificultades del cumplimiento de la ley- para agregar o quitar elementos, si les parece que son insuficientes, lo cual va a ser muy bienvenido para la Comisión.

SEÑOR VAILLANT.- Si estamos estudiando una ley que teóricamente contiene a determinados sectores que va a proteger, los convocamos y nos dicen que no tienen ningún interés en la iniciativa, ¡no vamos a legislar contra la voluntad de los interesados! Entonces, sencillamente, no legislemos. Digo esto porque es un poco la sensación que tenemos. Si mañana nos dicen "estamos conformes con la legislación que existe y lo que falta no es la creación de una nueva ley, sino que se aplique o reglamente la que está.", ese, para nosotros, es un planteo concreto. Los Legisladores no vamos a legislar por ejercicio. Señalo, con toda franqueza, que todos los que estamos aquí reunidos, queremos cumplir con nuestro trabajo y ayudar.

SEÑOR REYES.- En nombre de ONPLI nos comprometemos a hacerles llegar por escrito nuestra opinión.

En otro orden de cosas, señora Presidenta, queremos dejarle una nota.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, por supuesto.

SEÑOR VAILLANT.- En la elaboración de los proyectos de ley las organizaciones participan cuando el Parlamento las convoca. Entonces, es bueno que ustedes hagan sus planteamientos e, incluso, nos digan que, por ejemplo, tal o cual artículo no son pertinentes o que le falta todo un capítulo. Esta es la instancia donde se discute el proyecto de ley. Insisto que una iniciativa entra al Parlamento, pero no podemos saber cómo sale.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queremos agradecerles por haber comparecido en esta Comisión.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 16 y 54 minutos)