SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 10 minutos)

Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

Montevideo, 22 de setiembre de 2005.-

Sra. Susana Dalmás

Presente.-

De nuestra mayor consideración.

Por medio de la presente tenemos el placer de invitarle a Ud. o a quien usted designe al Seminario Nuevos Abordajes de la Violencia Familiar que tendrá lugar el 30 de setiembre de 9.00 a 13.00hs - 14.30 a 19.30hs y el 1º de octubre de 9.00 a 13.00hs en el Aula Magna de nuestra Universidad.

Dicho seminario será dictado en español por el Dr. Reynaldo Perrone, médico psiquiatra vinculado a las Universidades Pierre-Mendes, France de Grenoble y Complutence de Madrid. Entre sus numerosas investigaciones y publicaciones destacamos el libro Violencia y Abuso Sexual en la Familia publicado por Paidós que en su versión francesa ha tenido ya tres ediciones.

Sin otro particular y esperando contar con su presencia, le saluda atentamente.

Mag. Nuria Masjuan

Coordinadora

Post. En Ps. Sistémica y Familias."

SEÑORA PRESIDENTA.- Se trata de una invitación para concurrir a un seminario, cuyo repartido vamos a enviar a cada Senador ya que, si no pueden asistir, podrían designar a un representante.

La Comisión ha recibido el Distribuido Nº 458/05, que será repartido entre los señores Senadores y que refiere al trabajo solicitado por el señor Senador Vaillant para conocer los comentarios institucionales que han motivado los distintos artículos de la ley.

Por otro lado, estamos esperando a una delegación de la Comisión Honoraria del Discapacitado, que solicitó concurrir a la Comisión.

Era nuestra intención, a su vez, solicitar la comparecencia de representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero se entendió que correspondía que vinieran en otra fecha, tal vez porque tenían que analizar los artículos que atañen a esa Cartera. Por lo tanto, por ese motivo y dado que la Presidencia ha solicitado no citar varias delegaciones porque ello extendería el horario de la sesión y hay que contemplar la situación de aquellos Senadores que tienen una Comisión con posterioridad a ésta, solamente tenemos previsto recibir a la delegación de la Comisión Honoraria del Discapacitado

(Ingresa a Sala la delegación de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado)

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene el inmenso placer de recibir al señor Della Gatta y a la señora Tuana, representantes de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, quienes concurren en el día de hoy para asesorarnos sobre el proyecto de ley de Protección Integral a Personas Discapacitadas, presentado por el señor Senador Long.

SEÑOR DELLA GATTA.- Agradecemos a la Comisión por habernos invitado a participar en el análisis del proyecto de ley presentado por el señor Senador Long.

Antes de comenzar, queremos manifestar que no vamos a analizar, capítulo por capítulo, la iniciativa presentada sino que vamos a reivindicar el cometido que tiene en este país la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, que fue creada por la Ley 16.095, de octubre de 1989, aprobada por la unanimidad de los Legisladores.

Como saben los señores Senadores, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado tiene potestades muy amplias, de articulación, de proyección y de ejecución y, de alguna forma, rige todo lo referente a la discapacidad en la República Oriental del Uruguay.

Es cierto que durante muchos años, esta Comisión -por decirlo de alguna manera- ha tenido un perfil bajo, pero también es cierto que no ha sido jerarquizada en forma suficiente y eso no fue sólo culpa de sus integrantes sino que tampoco hubo voluntad política para que pudiera desarrollar una tarea competente. Cabe señalar que en la mañana de hoy concurrimos a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. En esta nueva etapa, estamos tratando de fortalecer a las Comisiones Honorarias Departamentales de los restantes dieciocho departamentos y de descentralizar el tema de la discapacidad ya que es imposible dirigirlo desde Montevideo. Es así que estamos realizando un gran esfuerzo para recorrer el país y lograr que las Comisiones Honorarias Departamentales cumplan su función en su departamento.

Por otra parte, existe desconocimiento acerca de las tareas que realizamos. Por ejemplo, tenemos un servicio único de transporte, puerta a puerta, para los discapacitados de menores recursos, que viven en los rincones perdidos de Montevideo. Por año se transportan mil personas hacia la rehabilitación médica y los centros de estudios.

Es un servicio que solamente cuenta con el apoyo de unos vales de nafta del Hospital de Clínicas y algún apoyo del Ministerio de Salud Pública.

Esta Comisión recibe anualmente $ 590.000 para desempeñarse con 10 funcionarios, entre ellos unos cuantos choferes porque son tres las camionetas que cumplen la tarea de transporte puerta a puerta. Los sueldos son muy bajos; no se han podido aumentar desde hace cuatro años. Aún así creemos que se cumple el servicio con bastante eficiencia, pero no sabemos por cuanto tiempo más vamos a poder mantenerlo.

La Comisión tiene un programa de ayudas técnicas por el que apoya la compra de elementos técnicos de costo elevado a personas con discapacidades de muy bajos recursos. Por otra parte, está embarcada en la capacitación en informática de un conjunto de chicos con discapacidad intelectual. En este momento está firmando un convenio con la Universidad de la República, tratando de que los estudiantes sordos de este país cuenten con un intérprete en lengua de señas porque, increíblemente, los jóvenes sordos de este país no pueden ir a la Universidad.

Asimismo, la Comisión acaba de firmar un convenio con OSE para llevar adelante el artículo 42 de la ley. Es un convenio de asesoramiento a OSE mediante el cual más de cien personas con discapacidad van a ingresar a los cuadros funcionales, a la plantilla de trabajadores de OSE en los próximos meses.

Como decíamos, la Ley Nº 16.095 legisla en casi todos los capítulos que tienen que ver con la discapacidad. Es cierto que hay aspectos de la ley que no han sido reglamentados, y decimos claramente que ello se debe a un tema de voluntad política, esfuerzo que estamos intentando realizar.

No tenemos ningún empacho en decir -nos lo han trasmitido las autoridades anteriores- que, por ejemplo, cuando se quiso legislar el capítulo relativo al transporte, el expediente durmió más de dos años y medio en el cajón del entonces Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Tampoco tenemos ningún problema en decir que legislar en el tema educación es sumamente difícil porque existen errores en la ley ya que, por ejemplo, da competencias que son del CODICEN al Ministerio de Educación y Cultura. Es un entuerto jurídico que estamos tratando de desentrañar conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura y con las autoridades del CODICEN.

Nosotros vimos en la prensa el lanzamiento con bombos y platillos de este proyecto del señor Senador Long y leímos en la versión taquigráfica de esta Comisión que el señor Senador Long dice: "Luego de presentar el proyecto de ley hemos recibido a una veintena de organizaciones, motivo por el cual contamos con amplia información como para saber cuáles son las cosas que más interesan y cuáles son las que menos importan". Creemos que para saber qué les importa a las personas con discapacidad hay que consultar antes de hacer la ley, y no después. La virtud del Parlamento de la época en que se elaboró la Ley Nº 16.095 fue que la hizo conjuntamente la comunidad de discapacitados; los Legisladores consultaron a más de cincuenta organizaciones y luego legislaron, con los defectos que pueda tener la ley.

Cuando revisamos la ley nos encontramos con un cúmulo de equivocaciones y un desconocimiento de la temática de la discapacidad que verdaderamente nos asusta. Esta ley ha sido analizada por la Comisión que está integrada por ocho delegados de organismos oficiales y por siete delegados de organizaciones de discapacitados que representan a más de sesenta organizaciones de discapacitados. Esto que decimos aquí fue el sentir general del plenario de la Comisión que sesionó ayer estudiando los distintos aspectos de la ley.

Nosotros no pretendemos analizar capítulo por capítulo. Reivindicamos la Ley Nº16.095. Aceptamos que se le puedan hacer mejoras, pero creemos que el mecanismo es que la propia ley sea reformada y no que sea sustituida por otra que tiene importantes carencias en muchos aspectos.

Si los señores Senadores están de acuerdo, a continuación cedería el uso de la palabra a la profesora Élida Tuana, quien viene trabajando en la Comisión desde su creación, es decir, desde el año 1990. La profesora Tuana estudió bastante el proyecto de ley y tiene algunas precisiones que plantear, por lo que me gustaría que los señores Senadores la escucharan con suma atención pues sus aportes siempre son muy importantes, aun en el seno de la Comisión.

SEÑORA TUANA.- Por cierto, integro la Comisión desde el primer día en que se constituyó, en el año 1990. En este momento, el Consejo Directivo Central me volvió a reelegir como representante.

Indudablemente, la Comisión tuvo muchos inconvenientes. En primer término, nació en el año en que se aprobó el Presupuesto, sin un centésimo. Todo lo que tiene la Comisión en este momento se fue consiguiendo por su esfuerzo que, por supuesto, no fue todo lo importante que tendría que haber sido; de todos modos, de funcionar en un salón del Ministerio de Salud Pública, los días jueves de 12 a 14 horas -único día- pasamos a tener una casa, donde se dispone de cuatro habitaciones, lo cual, aunque no es suficiente, es un logro importante.

Quisiera hacer algunas reflexiones con respecto a este proyecto de ley. En primer lugar, creo que parte de un concepto de discapacidad que no es el que se maneja a nivel del mundo en este momento. Los discapacitados primero son personas, y luego personas que, desafortunadamente, tienen alguna discapacidad.

Por lo tanto, no pretendemos hablar de proteger a esas personas y ser paternalistas -este proyecto tiene el gran defecto de ser paternalista-, sino de darles la oportunidad de que puedan desenvolverse de alguna manera, así como de reconocer su diversidad. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo al reconocimiento de la diversidad ya en aquellos niños que se van a integrar a las escuelas en las aulas comunes, hasta las personas adultas que se van a incorporar a algún trabajo. Hablamos también de favorecer las posibilidades de oportunidades para que esas personas puedan integrar la sociedad del mismo modo que el resto.

De modo que una de las graves deficiencias de este proyecto de ley es un paternalismo excesivo y la falta de reconocimiento de la diversidad de las personas con discapacidad. No hablamos de la diversidad entre un ciego y un discapacitado mental, sino de esa diversidad que existe, por ejemplo, a nivel de todos los ciegos; diversidad que, por cierto, existe también entre todas las personas comunes y corrientes.

Por lo tanto, esa homogeneización que hace el proyecto de ley al hablar de los discapacitados como al barrer es otro de los defectos que padece, y ya hemos señalado tres, o sea: la falta de respeto a la Comisión, el no reconocimiento de la individualidad de las personas con discapacidad y su diversidad. Son tres inconvenientes bastante serios, aunque lógicamente hay otros.

Una de las pocas cosas que hizo la Comisión -que, creo fue muy importante- fue una encuesta para saber cuántos son los discapacitados y dónde podemos encontrar personas con discapacidad. Costó mucho hacer esta encuesta, porque no teníamos dinero y no podíamos hacer un censo porque, internacionalmente, se dice que no se pueden hacer en forma conjunta un censo de población con uno de discapacidad, ya que se precisan personas especializadas. Entonces, se realizó una encuesta de hogares y tenemos una cantidad de datos para aportar.

A todas aquellas personas que quieran trabajar o hacer algo para ayudar a los discapacitados tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, se habla de un 10% mundial de discapacidad y, con este trabajo pudimos saber que en Uruguay un 7,6% de las personas tienen alguna discapacidad, un 7,7 % en Montevideo y un 7,5% en el interior. Entonces, si consideramos ese monto de discapacidades como el 100% la forma en que se establecen los porcentajes son muy distintos. Los niños representan el 3,6% pero las personas de más de 65 años son el 25% de ese grupo. Por lo tanto, el trabajo que hay para hacer es muy distinto porque en ese 25% de personas con discapacidad que tiene más de 65 años predomina la discapacidad motriz. Esto quiere decir que esta gente en otro tiempo fue útil y, ahora, tiene problemas de desplazamiento, etcétera. Entonces, es sumamente importante recuperar a esa población para que no se discapacite más y ello no está reflejado en esta ley.

En lo que respecta a la educación -tal como lo dijo el señor Della Gatta- existen problemas, porque hay dos leyes que se sancionaron y promulgaron en el mismo Período, una de fecha 1985 y la otra de 1989.

La primera le otorga la educación al Consejo Directivo Central, lo crea y le da todo el control de la educación y la formación de los docentes y, la relativa a la discapacidad, de fecha 1989, le da la educación de las personas con discapacidad al Ministerio de Educación y Cultura con la obligación de integrarlas al aula común. Entonces, los niños deben ser integrados al aula común -legislación que corresponde al Consejo Directivo Central y a la Administración Nacional de Educación Pública- pero lo tiene que hacer el Ministerio de Educación y Cultura. Cuando la Comisión trabajó sobre la reglamentación de la ley y llegó a Jurídica de la Presidencia de la República, se la cuestionó, ya que en la Constitución hay un artículo que impide que un Ministerio intervenga en los problemas de un Ente Autónomo. Fue así que la Comisión trabajó en ese problema y hace más o menos diez años que se está tratando de resolver uno de los tantos problemas que tenemos, ya que existen otros.

Creo que lo dicho es suficiente para ver cuál es el problema que tenemos en la actualidad. Como decía el señor Della Gatta, si la Comisión está trabajando en la reglamentación de la ley, debe tenerse en cuenta que hay muchas cuestiones que corregir y mejorar, así como también que en estos diez años -desde que se reglamentó hasta la actualidad- la iniciativa que se ha presentado no nos ayuda en nada, porque tiene fallas básicas de criterio internacional y nacional en el concepto de la educación y del trabajo con personas discapacitadas.

Muchas gracias.

SEÑOR LONG.- Voy a realizar algunos comentarios importantes.

Antes que nada, sobre el tema del reconocimiento de la Comisión Honoraria del Discapacitado, debo decir que, por supuesto, no hay el más mínimo desconocimiento de mi parte. Como es notorio, en numerosas ocasiones he estado en su sede y en actividades conexas con lo que es mi actividad al frente del Comité Paralímpico Uruguayo. De modo que conozco bien el trabajo de esa Comisión y sé del esfuerzo que implican -justamente por la escasez de recursos que generalmente hay en el país- todas las actividades que tienen que ver con las discapacidades. Por lo tanto, lejos de haber aquí un desconocimiento, como se ha dicho -tomé nota de ello-, en el sentido de que "no se respeta a la Comisión", sucede todo lo contrario. Con relación al proceso de elaboración de la iniciativa, todo Legislador -como corresponde- toma en cuenta aquellas opiniones y comentarios de organizaciones con las que uno está trabajando y tiene una relación más estrecha, pero luego viene el momento en que es necesario armonizar las diferentes visiones, que es en el que estamos en la Comisión. Precisamente, la primera organización en ser invitada, no del aparato estatal estrictamente, es la Comisión Honoraria del Discapacitado, que es la que está presente en este momento. Reitero, pues, que a mi juicio no ha habido ningún tipo de desconocimiento a la Comisión, sino que, por el contrario, en este momento se está en la instancia de recoger diversas opiniones.

En cuanto a lo que referí en alguna oportunidad sobre el proceso de elaboración que seguimos, consultamos a personas que tienen una vasta trayectoria en la materia -personalmente, hace unos cuantos años que estoy relacionado con este tema- y en forma permanente estamos recogiendo opiniones de las diversas organizaciones. Acabo de venir de San José, en donde hicimos una reunión con las organizaciones involucradas en el tema; en esa instancia me he limitado a exponer sobre el proyecto de ley y a recibir opiniones, como lo hago periódicamente desde el día que lo presentamos y como lo había hecho antes, más a puertas cerradas, en su preparación.

Con respecto al proyecto específicamente -porque lo que acabo de manifestar tiene que ver con el reconocimiento y el respeto a la Comisión- y a su preparación, quiero recordar que aquí se ha hablado de reivindicar la Ley Nº 16.095 y no de sustituirla. Por supuesto, eso es lo que dice exactamente este proyecto de ley, en cuya Exposición de Motivos lo primero que se dice es que la Ley Nº 16.095, de tal fecha, determinó un hito en el tratamiento del tema de la discapacidad en el Uruguay.

A su vez, destaca la importancia que significó su promulgación, lo cual fue un punto muy importante en el desarrollo legislativo nacional. También dice lo mismo que lo que se acaba de manifestar en la Comisión, es decir que, sin embargo, la ausencia de reglamentación de esta ley impidió en muchos casos -no en todos- el efectivo goce de los derechos allí consagrados. En este caso, pasados 15 años -esto no tiene nada de particular- la ley se podrá complementar, no sustituir -eso tiene que quedar bien claro-, con una serie de disposiciones que abarquen algunos de los temas que, a nuestro juicio, son más sensibles, ya que lo hemos recogido de muchos de los actores en el tema.

Asimismo, aclaré aquí en la Comisión, y lo reitero nuevamente, que aquí no se pretende abarcar todos los temas, sino que esto es un primer paso en un asunto en el cual el Uruguay viene bastante rezagado. Por ejemplo, como bien se ha dicho, el tema de la educación -que es un tema muy complejo en nuestro país, por razones que ya se han expresado- no aparece abordado. Sí se aborda el tema del trabajo, que no aparece -al menos a mi juicio- con ningún sesgo paternalista, más allá de algunos artículos que tienden a ser correctivos, a la luz de la última encuesta en relación a lo que oportunamente sancionara la Ley Nº 16.095 en cuanto al porcentaje de participación. Las otras iniciativas tienden a abrir oportunidades dentro de las concesiones del Estado, como la posibilidad de utilizar el instrumento de los pequeños comercios o similares y dando participación también en el trabajo en la actividad privada, estableciendo algún estímulo o acicate para que esto transcurra. Se reconocen a su vez los talleres de producción protegida, lo cual no creo que sea una iniciativa paternalista sino que, por el contrario, tiende a reconocer -como también aquí lo dijimos- una realidad que en muchos casos puede ser transitoria -ya que puede representar un primer paso para participar en el mercado laboral abierto- y en otros, ante personas con dificultades más importantes, sí puede ser una alternativa de carácter definitivo, al menos por períodos importantes de tiempo. Esto en relación a uno de los temas sustanciales como es el del trabajo.

En cuanto a la consideración de las diversas discapacidades, creo que no se trata a los discapacitados "al barrer" -como aquí se dijo textualmente-, sino que hay disposiciones que sí son de carácter general e involucran al conjunto de las discapacidades, y otras que son muy específicas para algunas situaciones particulares. No me voy a extender más en este momento, pero sí quisiera terminar diciendo muy enfáticamente a los representantes de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado que el espíritu es trabajar justamente en equipo y que personalmente pienso que ésta puede ser simplemente una base.

Como ya he expresado aquí, esto puede ser modificado, sustituido, corregido o ampliado, pero representa una base de trabajo. Justamente una de las cosas buenas que tiene esta iniciativa es que en este momento estamos tratando este tema y con mucha intensidad. En honor a la verdad, yo no integro esta Comisión pero debo decir que el trabajo de la Presidenta y de los demás integrantes de la Comisión ha sido de gran dedicación en estas semanas, lo cual desde ya tiene un sesgo positivo.

SEÑOR VAILLANT.- En primer lugar, quisiera señalar que quienes integramos el Parlamento -naturalmente, esto que voy a decir es sabido, pero me parece importante señalarlo- y particularmente esta Comisión, somos Legisladores y estamos aquí no por nuestros conocimientos técnicos en las materias que analizamos, sino porque la gente nos eligió para estar acá y porque tenemos esa sensibilidad por los temas que intentamos tratar. En realidad, la gente conoce más que nosotros, que simplemente somos sensibles y hemos sido puestos aquí mediante el voto de esa gente.

Es por esa razón que cuando tratamos un proyecto de ley invitamos a quienes conocen y tienen experiencia en el tema -porque son técnicos en la materia-, para que nos enriquezcan y aporten aquellos elementos que a nosotros nos faltan. Este es el sentido de lo que nosotros hacemos, y no otro.

Quiero hacer saber a nuestros invitados que si esta Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión está tratando este tema en el día de hoy -y todos los señores Legisladores que la integramos estamos abocados a ello- es porque, pura y exclusivamente, un señor Senador presentó un proyecto de ley; de no haber sido así, el mismo no hubiera figurado en nuestra agenda de trabajo porque hay otras iniciativas presentadas.

Como es sabido, los Legisladores en las Comisiones del Parlamento trabajamos en función de las iniciativas legislativas que se nos acercan y, en este momento, no tenemos dos proyectos para analizar, sino uno solo, el presentado por el señor Senador Long y, por lo tanto, es mérito de dicho Senador que hoy estemos conversando y discutiendo sobre este tema. Pese a que no pertenezco al partido político del señor Senador Long, quiero decir que me complazco en decir esto porque, si lo hubiera dicho un colega de su partido, seguramente, se hubiera interpretado como solidaridad partidaria. Me pareció importante realizar esta aclaración.

Por otra parte, quiero señalar que cuando nosotros invitamos a gente especializada en la materia -como lo son ustedes-, justamente lo hacemos para que nos indiquen las cosas que pueden compartir o no del proyecto de ley. Y, obviamente, dentro de las posibilidades que se pueden dar está la de que nos digan que esta iniciativa no sirve para nada.

A continuación, quiero formular algunas interrogantes. Ustedes han manifestado -de alguna manera, sintetizando lo que han dicho- que este proyecto de ley, que contiene aproximadamente cincuenta artículos, no sirve. Esto es algo que, naturalmente, puede ser y constituye una opinión respetable. ¡Vaya si es una opinión respetable! Como Legislador deseo preguntar a nuestros invitados si consideran que la Ley Nº 16.095 no necesita ninguna modificación. De pronto sí. ¿Ustedes están conformes con lo que desde el punto de vista legal existe hoy en el país sobre el tema discapacitados? Planteo esto porque si ustedes, que pertenecen a una de las instituciones más importantes que hay en la materia, están conformes, no tiene mucho sentido que trabajemos para modificar algo que no requiere modificación. Entonces, tiene razón de ser que nosotros estemos discutiendo estas cosas si realmente es bueno y necesario modificar la ley.

Ahora bien; ante la eventualidad de que crean que es necesario introducir cambios en esta norma, ¿piensan que no es rescatable ninguna de las propuestas que se realizan en los cincuenta artículos del proyecto?

Formulo estas dos preguntas porque quiero sacarme de la mente algo que quizá interpreté incorrectamente. Mi primera sensación, después de escuchar a nuestros visitantes, fue la de que este proyecto de ley no sirve para nada y que lo que aquí hay que hacer es poner voluntad política, lo cual se traduce en cosas concretas o en leyes, como lo puede hacer el Poder Legislativo.

Concretamente, ¿ustedes creen que no es necesario modificar nada? -¡y vaya que para nosotros es importante que esto sea así!- y; en caso contrario, ¿consideran que ninguna de estas modificaciones sirve? En caso de que entiendan que se debe modificar, pero estas no son las modificaciones que hay que introducir, ¿nos podrían acercar las que ustedes entienden convenientes? Planteo esto, porque lo peor que nos podría pasar en un tema que parece trascendente, sería llegar al convencimiento de que lo que hay no es definitivamente bueno pero tampoco hay propuestas para cambiarlo.

Finalmente, queremos decir que si esta Comisión parlamentaria hubiera recibido de parte de nuestros visitantes o de quien fuera -no hay necesidad de que sean Legisladores- alguna iniciativa para introducir mejoras, la estaría tratando; si no lo estamos haciendo es porque, sencillamente, no hemos recibido ninguna.

Quería dejar planteadas esas preguntas porque, con toda franqueza, me quedan dudas en cuanto al significado de lo que los invitados han expresado.

SEÑORA PERCOVICH.- Me quería referir a un tema que ha quedado pendiente en virtud de su dificultad.

En lo que tiene que ver con el sistema de certificación, quisiera saber si la Comisión Nacional Honoraria está participando de la discusión sobre la unificación de los baremos, asunto que en los últimos años ha generado muchos problemas, sobre todo para la aplicación de las pensiones, etcétera.

SEÑOR DELLA GATTA.- Esta Comisión lleva tres meses de gestión; desde ese entonces estamos al frente de ella y hace dos meses que cambiamos los delegados oficiales -quienes ya se han incorporado-, salvo honrosas excepciones, como la profesora Tuana que, como dijimos, viene desde hace largo tiempo. Sucede que aquí hubo incumplimiento de la ley y falta de reglamentación durante 15 años; 15 años de absoluto silencio, de voces aisladas y solitarias reclamando por la reglamentación de la ley. Pero reivindico ese papel, porque en aquel momento era Director de Área en la Intendencia Municipal de Montevideo y junto con el señor Intendente reclamamos la reglamentación de la Ley Nº 16.095, así como los puestos de trabajo que los organismos públicos debían otorgar a las personas discapacitadas. Y predicábamos con el ejemplo, porque en esos años, más allá de los porcentajes, en la Intendencia Municipal de Montevideo, por concurso o por sorteo, ingresaron 100 personas con discapacidad, lo que superaba largamente aquel 4% a que se aspiraba. Luego vinieron 15 años de silencio, una nueva Administración y a dos meses de asumidas las nuevas autoridades, se nos planteó la siguiente pregunta: ¿en qué estábamos las nuevas autoridades de la Comisión?

Quiero ser justo y aclarar que esta no ha sido la actitud de todos los integrantes de este Parlamento. La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes -que preside el Legislador Botana, Diputado del Partido Nacional por Cerro Largo- está tratando de reglamentar el capítulo de la ley referido al transporte de media y larga distancia. Ese Legislador y todos los integrantes de la Comisión invitaron a la Comisión Nacional Honoraria a intervenir y a debatir en torno a cuál era la mejor forma de reglamentar esa ley. El Diputado Pablo Álvarez -a quien no conocía; lo vi por primera vez hace muy poco tiempo-, interesado en por qué no se cumplía con lo establecido por el artículo 42, se dispuso a modificar la ley. Pero ocurre que planteó una modificación que creemos tenía algunos errores. Entonces, invitó a la Comisión Nacional Honoraria a debatir sobre el tema, y que nuestros técnicos hicieron algunas sugerencias, y con gran humildad y gran categoría, incorporó esas sugerencias a la propuesta que próximamente va a hacer en el Parlamento a propósito del artículo 42 de la ley.

Somos hombres de política y venimos en la práctica política desde hace muchos años; nadie discute cuál es el papel de un Legislador y los derechos que tiene, pero sí decimos que cuando se trata de temas tan especializados en los que existe un grupo de gente, de técnicos y profesionales que vienen trabajando desde hace muchísimos años, nos parece que sería bueno que se acordaran de ellos.

Le contesto al señor Senador Vaillant con sumo respeto que la Comisión tiene ocho Subcomisiones trabajando en nuevas modificaciones a la ley, que queremos hacer llegar al Parlamento. No es una tarea de dos meses; como dije, son ocho Subcomisiones que vienen trabajando, capítulo por capítulo, tratando de hacer desaparecer algunas frases y algunos artículos de la ley que realmente no son buenos. Se trata de una ley demasiado amplia y que, quizás, tiene demasiado texto; tal vez este sea uno de sus principales defectos. Me refiero a la Ley Nº 16.095.

Entonces, nosotros estábamos trabajando en una propuesta de modificación de esa ley. Entre otras cosas, estamos proponiendo que se incorpore a esta Comisión. No tiene sentido, por ejemplo, que exista un delegado del Banco de Previsión Social sin voz ni voto. Vamos a pedir, pues, que ese delegado tenga voz y voto. Tampoco tiene sentido que en esta Comisión exista -no sabemos por qué- un delegado de la Facultad de Odontología y no uno del Ministerio de Desarrollo Social. En consecuencia, también vamos a pedir la presencia de un delegado de ese Ministerio.

Yendo un poco más al contenido de la iniciativa del señor Senador Long -que estoy seguro de que, por supuesto, la hizo con la máxima honestidad, aunque creo que con un mal asesoramiento- debo decir que, por ejemplo, en la versión taquigráfica de esta Comisión leí que se enfrascaban en una discusión sobre exoneración para la importación de sillas de ruedas. Ante esto es necesario que aclare que en la Comisión hay 250 sillas de ruedas que no tengo a quién destinar; repartimos 500 y, como dije, hay 250 que están esperando que alguien las reclame. En el país hay una saturación de sillas de ruedas que fueron donadas en su totalidad por organismos internacionales. Además, en el Uruguay existen organizaciones de discapacitados que fabrican sillas de ruedas.

Entonces, creo que tendríamos que apuntar a apuntalar esas organizaciones de personas discapacitadas que, con una cantidad de dificultades, fabrican sillas de ruedas y trabajan en la metalurgia. Digo más: en estos años se han firmado varios convenios entre la Comuna capitalina y ONPLI, que es la Organización que fabrica esas columnas de hierro que se ven por Montevideo y también arma sillas de ruedas en el país.

En definitiva, hay una cantidad de organizaciones que están trabajando fuertemente en aspectos y elementos técnicos que ayudan a vivir mejor a las personas con discapacidad.

Sí creo que tendríamos que pensar, por ejemplo, en cómo resolver cosas inauditas como esta: acabo de perder un contenedor en el Puerto de Montevideo -que contenía sillas donadas, camas articuladas y una cantidad de cosas más- porque el costo para sacarlo de allí era de U$S 8.000 y la Comisión Nacional no tenía posibilidades de pagarlo. Tal vez algún día este y otros tantos contenedores que organizaciones de discapacitados y organismos paraestatales -como es esta Comisión- han perdido en las explanadas portuarias, serán rematados.

Me parece que esta es una buena punta para trabajar y para tratar de resolver este tema de los costos de las donaciones internacionales que, realmente, son muy valiosas monetariamente y, por supuesto, también resuelven muchos aspectos.

No estamos conformes con la ley, entre otras cosas, porque pretendemos que se hagan las leyes con la participación de los propios interesados; esta es nuestra filosofía. Por eso es que nosotros, a veces, somos bastante susceptibles cuando surgen leyes sin la suficiente participación de los propios involucrados o de las personas idóneas para opinar sobre los diferentes problemas que presenta un tema tan complejo como la discapacidad. Por mencionar alguno que otro capítulo que vimos por allí, debo decir que no entendemos el por qué de las licencias de los padres con chicos con Síndrome de Down, como si los demás retardos no tuvieran una problemática parecida.

Entonces, apreciamos en el proyecto de ley elementos que no parecen ser de gente vinculada a la problemática de la discapacidad.

Por otro lado -honestamente, lo tengo que decir; no queremos molestar a nadie y no sabemos cómo ha sucedido-, en este proyecto aparecen versiones textuales de trabajos internos de la Comisión. Estoy seguro que el señor Senador Long no tiene nada que ver, pero aquí, en medio de esta iniciativa, vinculado al trabajo de talleres protegidos y también de vida independiente y de asistentes de vida, aparecen trabajos internos de la Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero aprovechar para hacer una aclaración.

SEÑOR DELLA GATTA.- Olvidé responder a una pregunta de la señora Senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- De todas formas, deseo hacer la siguiente aclaración.

Es muy probable -eso no lo puedo contestar yo por el señor Senador que presentó el proyecto- que el señor Senador se haya munido de todos los antecedentes que existen sobre este tema. En general, cuando los Legisladores vamos a redactar un proyecto de ley consultamos la legislación anterior y los reglamentos que se han elaborado en el Poder Ejecutivo y en diversos ámbitos, para contar con material de trabajo que nos permita elaborar los artículos de nueva iniciativa. Si no me equivoco, es muy raro encontrar en el mundo una ley cuyo texto sea absolutamente originario de la cabeza de un Legislador, porque los antecedentes siempre son bibliografías diferentes de distintos ámbitos o reglamentos que en algún momento existieron. En realidad, nunca pensamos en rastrear de dónde surge el material porque es sabido que el Legislador lo busca. Inclusive, a veces, lo hace para convertir reglamentos al rango de ley, y eso es bueno porque la ley tiene más fuerza que el reglamento de un Ministerio.

Con esta aclaración general -no me refiero al caso puntual porque no sé de dónde surgieron los antecedentes-, de alguna manera, como acá se usó el término "reivindicar", estoy reivindicando cómo los Legisladores hacemos nuestros trabajos, de dónde sacamos material y cuáles son nuestras fuentes de información.

No obstante, restaba responder a una pregunta formulada por la señora Senadora Percovich.

SEÑOR DELLA GATTA.- Sí, porque además tenemos la responsabilidad de estar en la Dirección del Programa de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública.

Los diferentes criterios de medición de la discapacidad por parte de los distintos organismos públicos constituyen una fuerte preocupación tanto de la Comisión como del Ministerio. Por ello hace diez días se constituyó una Comisión, convocada por nosotros, para unificar criterios de medición de la discapacidad, de la capacidad remanente y los baremos para ser utilizados en el Banco de Previsión Social, en el Banco de Seguros del Estado y en los distintos organismos públicos, fundados en la CIF, que es la Clasificación Internacional de la Discapacidad más moderna que existe, que no solamente enfoca el tema de la discapacidad desde el punto de vista médico, sino también desde el social.

Esa Comisión está integrada por delegados del Banco de Previsión Social, del Banco de Seguros del Estado, del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia y de la Comisión Nacional Honoraria y tiene un plazo de tres meses para armar un proyecto que posteriormente el Ministerio de Salud Pública reglamentará. No es un tema sencillo y, quizás, ustedes saben que los organismos públicos se mueven con diferentes criterios. Por ejemplo, ello sucede con el tema de las pensiones. Al respecto, planteamos nuestra opinión. Para nosotros es disparatado que para llegar a una pensión alguien deba tener un 66% de discapacidad, porque prácticamente es una planta. Por eso estamos discutiendo para tratar de unificar estos criterios de manera que las personas con discapacidad tengan mejor defensa ante las mediciones de los distintos organismos públicos.

SEÑORA TUANA.- Nosotros procedimos con la ley para que se pudiera aplicar lo más tempranamente posible. Además, tratamos que la reglamentación cubriera aquellos aspectos de la ley que tenían que ser perfectibles, y con esto creo que le contesto su pregunta.

Pensamos que hay que perfeccionar la ley en algunos aspectos; pero para que se pueda poner en práctica -porque con la de educación ello no fue posible, a pesar de que esta ley tiene 16 años- sería necesario modificar los aspectos por la voluntad o por la buena disposición de las partes involucradas en la ley. Indudablemente creemos que hay que modificar la norma y reflexionar en el sentido de si la modificación viene por el lado de la reglamentación, incorporando alguna de las ideas del proyecto de ley del señor Senador Long, sobre el cual señalo que discrepamos con algunos principios pero no pensamos que tenga aspectos totalmente descartables. Creo que hay que determinar si es posible que comience a funcionar la reglamentación sin llegar a crearse otra ley o si realmente hay que llegar a esta instancia. En lo personal, no sé cuál de los dos procedimientos llevaría más tiempo: terminar la reglamentación con los ajustes que sean necesarios, o crear, reitero, una nueva ley.

Quiero resaltar que el trabajo apuntó a perfeccionar la reglamentación en el menor tiempo posible, para que se pudiera comenzar a aplicar. Ello es así porque es una ley que se necesita y que actualmente no funciona.

SEÑOR VAILLANT.- En la medida en que se va desarrollando el tema voy entendiendo la preocupación existente y el planteo de nuestros visitantes.

Me siento en la obligación de hacer una aclaración. Comparto totalmente lo que se ha planteado en el sentido de que el proceso de elaboración de una ley implica la realización de consultas y justamente eso es lo que está haciendo esta Comisión. Concretamente, la Comisión recibió un proyecto de ley y ahora estamos haciendo las consultas del caso. Por supuesto que no podíamos consultar a nuestros visitantes sobre la base de un proyecto que todavía no existía. A partir del momento en que el señor Senador Long presentó esta iniciativa se generaron las condiciones óptimas para realizar dichas consultas. En la elaboración de un proyecto de ley cada Legislador -no me refiero al Cuerpo, al Parlamento o a la Comisión- tiene la libertad de buscar la información donde estime conveniente y utilizando el tiempo que él mismo considere es necesario.

Me parece que en este momento es oportuno ratificar lo que señaló la Presidenta de la Comisión: cualquier iniciativa sobre la que queramos trabajar siempre cuenta con antecedentes. Creo que en lo que a legislación se refiere, no pasa por la autoría el hecho de mejorar las condiciones de vida de los uruguayos. Si así fuera, en 1985 quien habla presentó un proyecto de ley sobre fuero sindical y ahora, veinte años después, se está discutiendo una iniciativa que contiene algunos aspectos que fueron tomados textualmente. ¿Qué es lo que hago? Lo apoyo. No se me ocurre oponerme porque tomaron algo que era de mi autoría. A lo largo de la vida me ha pasado esto con una cantidad de iniciativas. Concretamente, en estos días, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -de mi propio sector- está enviando un proyecto de ley con respecto a las tercerizaciones que toma textualmente lo que en forma personal le llevé al señor Ministro. Y yo estoy encantado de la vida de que el proyecto de ley salga por la vía del Ministerio, porque de esa forma ya cuenta con el aval del Poder Ejecutivo.

Creo que el tema de la paternidad de los antecedentes y las frases textuales no es relevante; lo que sí importa, en definitiva, es que se logren los objetivos.

Me parece que lo que nos están pidiendo -no sé si los estoy interpretando bien- no es que sea necesario que se modifique la ley o avanzar sobre lo que ya existe.

Creo que lo que nos están diciendo es que, si bien hay un proyecto de ley, durante este tiempo han venido trabajando en algo similar y, por lo tanto, necesitan tiempo. Por supuesto que si ese es el planteo, es bienvenido, pero nosotros no tenemos más remedio que trabajar sobre el proyecto de ley presentado. Deben entender que el Parlamento sería censurable desde el punto de vista de la sociedad si, cuando se presentara un proyecto de ley, no lo tratara porque está esperando que alguien presente otro. Entonces, nos pusimos a trabajar en esta iniciativa porque es la única que tenemos, y si alguna organización importante y representativa, como la de ustedes, nos pide que le demos un poco de tiempo para considerar la propuesta y para, eventualmente -ya que están trabajando en el tema-, hacer algún aporte, seguramente la Comisión lo discutirá, lo analizará y hasta podrá tenerlo en cuenta. Tengo la sensación de que su planteo va en ese sentido y, con toda franqueza, no quiero quedarme con la sensación y la mala imagen que recibí al comienzo de la reunión, en el sentido de que por un problema de celos estábamos diciendo que esta iniciativa no iba a funcionar.

SEÑORA PERCOVICH.- Voy a aprovechar que una de las personas que nos visitan integra la Comisión que entiende en lo relativo a los baremos, ya que en la Comisión de Asuntos Administrativos nos ha surgido una preocupación en lo que tiene que ver con los funcionarios públicos con discapacidades mentales. Tenemos el problema de que nos hemos enfrentado a distintas interpretaciones, según los organismos, para la destitución y la jubilación de aquellos funcionarios que no pueden seguir cumpliendo funciones, son destituidos por su discapacidad, pero respecto de quienes el Banco de Previsión Social considera que no tienen los porcentajes para otorgarles la jubilación. Nos ha preocupado verdaderamente que, en esos casos, los funcionarios, que realmente están discapacitados para cumplir con la función, queden en una especie de limbo. Traslado esta preocupación porque creo que es el ámbito para discutirlo y realizar alguna sugerencia o modificación a lo ya existente.

También quisiera formular una pregunta a la profesora Tuana, quien hace muchos años está trabajando en este tema. Evidentemente, quienes hacemos el seguimiento del tema de la educación hemos advertido que se han dado idas y venidas en cuanto a la incorporación al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad. Me gustaría saber si se ha avanzado en este asunto, ya que también forma parte de los temas importantes sobre los que, en el caso de que haya de discutirlos o debatirlos, los Legisladores podemos propiciar ámbitos de discusión y hacer preguntas cuando nos visitan los organismos correspondientes. El señor Senador Long preside la Comisión de Educación y Cultura y el mes que viene contaremos con la presencia del CODICEN, por lo que creo que debemos seguir trabajando en estos temas concretos.

SEÑOR DELLA GATTA.- El señor Senador Vaillant hizo una interpretación correcta, aunque me gustaría agregar algo más. No se trata de un tema de celos sino de que esta Comisión ha sido ignorada durante muchos años y nosotros, la nueva gestión, hemos tomado la decisión de que, a partir de ahora, va a ocupar el lugar que le corresponde, es decir, gestionar y coordinar con el resto de los organismos públicos toda la temática vinculada con la discapacidad. Entonces, cuando un organismo fue desconocido durante tantos años, es lógico que la defensa sea -si se quiere- pasional porque también responde al estilo personal de cada uno. Hablo de la defensa pasional de un ámbito de trabajo ignorado y sin recursos, lo que ha dañado mucho el trabajo en la temática de la discapacidad. Es por eso que decimos que nos parece un verdadero despropósito que se pase por encima de un ámbito que reúne a una cincuentena de técnicos de primera línea vinculados a la discapacidad.

En cuanto al tema de la discapacidad intelectual, creo que es una problemática que deberá discutirse en profundidad, más allá de que la Comisión fije criterios de unificación. Además, creo que es una temática que debería discutirse a fondo con el Banco de Previsión Social. El porcentaje del 66% surge como uno de los últimos actos de gobierno del Presidente Sanguinetti, en 1989, cuando se elevó la cifra a ese 66% para otorgar una pensión por discapacidad.

Desde el punto de vista médico -sé que aquí hay médicos, por lo que no quiero parecer atrevido-, tener una discapacidad de un 66% es durísimo. Entonces, me parece que el haber elevado el porcentaje a esos baremos, está más vinculado a quitar la pensión por discapacidad a unos cuantos miles de personas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quizá la profesora Tuana quiera que se le amplíe la pregunta con respecto a la incorporación a la educación de personas con discapacidad, tema que planteó la señora Senadora Percovich.

SEÑORA TUANA.- Pediría, si fuera posible, que se me planteara nuevamente la pregunta.

SEÑORA PERCOVICH.- Me gustaría saber si se ha avanzado en el debate acerca del tema de la incorporación de los niños, niñas y adolescentes discapacitados al aula común en los ámbitos educativos. La profesora ya ha insinuado las dificultades que presenta el hecho de que los Consejos de Enseñanza sean autónomos. Por nuestra parte, sabemos que en estos momentos se están realizando esfuerzos en algunos organismos, es decir, en algunas escuelas, liceos y centros de enseñanza privados. De todos modos, el tema se ha venido debatiendo en los últimos años y, en consecuencia, queríamos saber si eso también ha sido motivo de discusión reciente con las nuevas autoridades.

SEÑORA TUANA.- En efecto, ese ha sido un tema de discusión y de modificación. Desde el año 1989 -cuando se hizo la Ley- al momento actual, la Comisión ha adoptado un criterio diferente. La norma habla de incorporar al discapacitado al aula común. Estamos hablando de inclusión para tener en cuenta la diversidad de los alumnos y, en tal sentido, tratamos de que se haga una modificación en el sistema educativo de manera que se respete a los niños discapacitados y que ellos puedan trabajar junto con los no discapacitados.

Para el siglo XXI se plantea como ideal la implementación de cuatro aprendizajes: el aprendizaje realmente cognitivo, que es el que se da, fundamentalmente, en las escuelas; el aprendizaje del hacer, al que no damos tanta importancia porque olvidamos que la mano es nuestro segundo cerebro, ya que sin ellas no podemos trabajar; el aprendizaje a convivir, que implica incluir y respetar al diferente, para lo que es necesario modificar el aula común y todos los lugares de trabajo. Por lo tanto, el aprendizaje de la convivencia se hace, no de palabra sino, como decía Varela, desde los que estaban juntos en los bancos de la escuela. Es decir que, partiendo de la concepción vareliana de la educación, tenemos una enseñanza a convivir que se hacía en la escuela pública. Por último, está la enseñanza a ser, a no sentirse menos y a potenciarse, de modo que se reconozcan las características de las personas diferentes en los lugares donde tenemos que trabajar y actuar y donde los niños van formando su personalidad.

Por lo tanto, esos cuatro aprendizajes, que son sumamente importantes y que vienen, como propuesta mundial, para mejorar las condiciones del siglo XXI, tienen que darse en la educación y, en tal sentido, pensamos que la educación inclusiva, tal como la considera la Comisión, es fundamental. Sin embargo, estamos dispuestos a discutirla las veces que sea necesario y a modificar nuestros principios si nos convencen de que hay otra manera de lograrla. Esta será una forma de habilitar posibilidades para que los niños que vamos formando puedan convivir y disminuir así otros problemas, que no son sólo de la escuela, como la agresividad que existe en todo el mundo y contra la que nosotros no estamos vacunados.

SEÑOR LONG.- Quiero realizar un par de comentarios para tratar de encontrar los puntos donde se pueden tener avances importantes.

En lo que tiene que ver con el comentario del señor Della Gatta sobre el tema de las importaciones, es importante destacar que lo que aquí se establece es la exoneración de los derechos de importación y de las tasas por servicios portuarios y aeroportuarios para un conjunto de elementos que ayudan a personas que tienen discapacidades y que en esta iniciativa se clasifican en siete categorías. Allí se incluyen elementos de apoyo físico, educativos, pedagógicos, de comunicación, etcétera. Si bien en la Comisión, creo que por un planteo realizado por uno de los asistentes, se mencionó la silla de ruedas y eso provocó que se hablara al respecto, en realidad en el proyecto de ley se establecen categorías, y ni siquiera se menciona específicamente a la silla de ruedas, sino que se establecen conceptos más amplios.

Sin duda, si se aprobara este proyecto de ley, los temas que el señor Della Gatta planteó con respecto a los contenedores y las donaciones, quedarían automáticamente resueltos. En la iniciativa se prevé y se deja aparte un tema que también es opinable -pero mucho más complejo-, como es el de cuando existe producción nacional. La iniciativa establece a texto expreso que esto es para cuando no hay producción nacional. En principio, la iniciativa incluye elementos muy variados que es necesario importar, y considero que estos artículos podrían resolver ese tipo de problemas.

Con respecto a la licencia por maternidad por una hija o un hijo con síndrome de Down, quiero decir que lo aclaré en su momento, aunque nuestros invitados no tienen por qué saberlo. Se tomó esa categoría para dar un primer paso en el tema ya que buscamos extensamente en la legislación comparada y observamos que era el caso que, en cuanto a sus efectos posteriores, aparecía en forma más recurrentemente dentro de los más delicados para ese período inmediato después del nacimiento. Sin embargo, desde el mismo día en que personalmente lo planteé, felizmente el espíritu de los integrantes de la Comisión -incluso, hay Senadores que conocen el tema desde el punto de vista médico- fue el de darle un alcance mucho más amplio. Por supuesto que hay que actuar con cuidado y ver cuáles son los casos en los cuales esa licencia maternal -por la relación entre la madre y el niño- va a tener un efecto realmente significativo en la vida futura de esa persona.

Estos son dos puntos concretos en los cuales se han producido avances importantes y sobre los que se podría trabajar, además de otros que han surgido en el día de hoy.

SEÑOR DELLA GATTA.- Tengo que puntualizar que en nuestra primera intervención manifestamos -quizás no se recuerda, pero puede leerse en la versión taquigráfica- que, por supuesto, no nos oponemos a los elementos que se quieren incorporar para enriquecer la ley original Nº 16.095.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si nadie desea hacer consideraciones, les agradecemos profundamente el tiempo que han dedicado a asesorarnos e, incluso, contamos desde ya con la posibilidad de que nos acerquen más propuestas, si así lo entienden, tanto de adición como de modificación a lo que ya está escrito en las distintas leyes.

Termino agradeciendo la presencia de nuestros visitantes.

SEÑOR VAILLANT.- Como planteé que tenía la sensación de que nos habían pedido tiempo porque comenzaron a trabajar recientemente en esto, y como nosotros tenemos que seguir discutiendo el tema en las próximas reuniones de esta Comisión, quisiera saber en cuánto tiempo podrían aportarnos una propuesta de cambio, una visión sobre el tema.

SEÑOR DELLA GATTA.- Creo que en treinta o cuarenta días estaremos terminando con las Comisiones, porque vienen trabajando desde hace un mes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos hablando de modificaciones o aditivos.

SEÑOR DELLA GATTA.- Nosotros hablamos de modificaciones a la Ley Nº 16.095, no al proyecto de ley presentado por el señor Senador Long.

SEÑORA PRESIDENTA.- Además, habría agregados.

SEÑOR LONG.- De repente se pueden incorporar al mismo conjunto de iniciativas.

SEÑOR LORIER.- Creo que de esta riquísima discusión, señora Presidenta, surge la posibilidad de tomar un camino que tenga como eje la ley ya existente, para ir incorporándole los aportes presentados por el señor Senador Long en su proyecto de ley. Entonces, tomaríamos como base lo que va a venir por parte de la Comisión Honoraria Nacional.

Como síntesis, creo que deberíamos seguir trabajando por este camino de aquí en adelante.

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo otros asuntos que considerar, se levanta la sesión.