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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 15 minutos)

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene mucho gusto en recibir, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las señoras Directora Nacional de Empleo (DINAE), Doctora Sara Payssé, y a la Directora Nacional de Coordinación con el Interior (DINACOIN), Doctora Rosario Lagarmilla, para continuar con el estudio del proyecto de ley por el que se establecen normas de protección integral a personas discapacitadas, presentado por el señor Senador Long.

SEÑORA PAYSSE.- Deseo hacer unas apreciaciones muy preliminares sobre este proyecto de ley y, básicamente, me voy a referir a los temas relacionados con el empleo, que es mi especialidad. En términos generales, el espíritu de esta iniciativa es totalmente compartible. Tenemos una sociedad en la cual la discapacidad es un tema que, de alguna manera, se ha asumido pero al que no se lo ha dotado de las medidas y acciones suficientes como para que las personas con discapacidad sientan que están totalmente incluidas. En ese sentido, cualquier tipo de propuesta que se realice siempre será en beneficio de nivelar un poco esa situación de exclusión.

Como decía el señor Senador Long en la anterior sesión de la Comisión, recién ahora se hizo una encuesta para determinar cuál es la situación de la discapacidad. Cabe resaltar que es la primera investigación que se hace y, sinceramente, sorprende que haya más de un 7% de la población en esas condiciones. De todos modos, pensamos que el porcentaje debe ser mayor, pero lo que sucede es que habría que definir claramente qué es lo que consideramos como discapacidad. Por lo tanto, esta iniciativa me parece muy loable en ese sentido y, como lo conozco, sé del interés del señor Senador Long por los temas de raigambre social y también de su inquietud por considerar como un deber ciudadano apoyar a quienes están en estas situaciones de discriminación.

En la actualidad, contamos con la Ley madre, la Nº 16.095, en la cual se articularon derechos, deberes y situaciones en relación con la discapacidad. Creo que este proyecto de ley contiene algunos aspectos de avance con respecto a aquélla, pero entiendo que –al menos en la forma en que está planteada- no vendría a dejar sin efecto la normativa anterior, sino que la complementaría. En tal sentido, los temas que aborda son muy importantes.

En lo personal, estimo que es un buen momento para iniciar un diálogo general sobre el tema de la discapacidad, para ver si se pueden adoptar políticas de Estado. Aquí se habla de la parte de promoción cultural, pero creo que también habría que crear una nueva cultura con respecto a la discapacidad. Nosotros sabemos que ésta depende mucho de la forma en que la sociedad la tome e incorpore. Quizás, entonces, habría que darle un nuevo enfoque. En este momento tenemos la deformación –dicho esto entre comillas- de lo que se está haciendo a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con respecto al tripartismo, en cuanto a citar y a incorporar a todas las partes dentro del diálogo para evaluar qué es lo que se necesita y pretende de cada uno de los lugares. Insisto en que estamos en un momento especial como para iniciar un diálogo con todas las organizaciones vinculadas con la discapacidad, a fin de ahondar realmente en lo que se quiere y así poder armar un marco más profundo que, incluso, pueda servir para cambiar esa Ley madre por una nueva donde se proyecte más a las personas con discapacidad como sujetos de Derecho; esa debe ser la idea que rija todo.

No voy a extenderme en lo que tiene que ver con la creación del premio a la integración, sino que simplemente diré que en lo que refiere a la evaluación que hacemos a los tipos de discapacidad, hay otra categoría que es la de los discapacitados viscerales. Desde el PROCLADIS -Proyecto de Capacitación Laboral de Personas con Discapacidad- se habla de cuatro tipos de discapacidad: motora, sensorial, mental y visceral. Realmente no tengo muchos conocimientos médicos, pero supongo que esta última categoría debe incluir a todos aquellos que tienen dependencia de algún tipo de tratamiento en especial.

Con respecto al Programa de Asistentes Personales para Discapacitados Severos, quiero señalar que se trata de una idea muy importante y que constituye una perspectiva distinta para abordar el problema de la discapacidad. No se me ocurre la forma a través de la cual instrumentar esa asistencia personal, porque todos sabemos que en estos temas de la salud, de la discapacidad y de la infancia, son las mujeres las que toman a su cargo el trabajo que implica el cuidado de quienes no pueden valerse por sí mismos. Hay una nueva Ley de Voluntariado y, entonces, quizás podría estudiarse la manera de hacer algo con relación a esto o, al menos, de generar alguna actividad específica -lo cual también daría empleo- con una certificación puntual sobre la asistencia. Acá se establece que se dotará de un cierto monto para la contratación de esas personas. Me preocupa ese hecho porque se corre el riesgo de que esos recursos no se utilicen. Por lo tanto, habrá que hacer un seguimiento de esa asistencia y, en tal sentido, me parece que será necesario profundizar un poco más en este aspecto.

Por otro lado, me parece perfecto el aumento de la proporción mínima de personas con discapacidad que pueden ocupar cargos en la Administración Pública. No obstante, leí que el señor Senador Heber planteó algunas dificultades y, a mi juicio, las mismas son ciertas. De la forma que hasta hoy está establecido este 4% de ingreso a la Administración de las personas con discapacidad, me atrevería a decir que no creo que haya habido alguna inserción laboral; acaso se hayan dado muy pocas. Digo esto porque en el año 2002 cuando yo estaba en la Dirección Nacional de Empleo junto a la Doctora María Carmen Ferreira, planteamos la contratación de telefonistas con discapacidad para que atendieran los teléfonos de la Dirección de Empleos para derivar a los programas, etcétera, pero no fue posible porque ese 4% de las economías que se generaban ni siquiera alcanzaban para dotar un solo cargo. Es decir, repito, que ese 4% de las economías por vacante era insuficiente para generar un solo cargo, con lo cual, de alguna manera, si bien la ley tenía un propósito loable, después, en los hechos, la instrumentación era prácticamente imposible. Quizás habría que revisar esa forma de instrumentarlo para que sí sea efectivo el acceso de las personas con discapacidad a las vacantes que pueda haber.

SEÑOR VAILLANT.- ¿El 4% de las economías de las vacantes que no se llenan, no alcanza para cubrir un cargo? No entendí bien, puedo estar equivocado, pero mi interpretación es que si se establece un 4% de las vacantes que hay que incorporar, cada 100 vacantes hay que incorporar cuatro personas discapacitadas.

SEÑORA LAGARMILLA.- Quien habla es representante del Ministerio ante la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

La Ley Nº 17.216 modifica la Ley Nº 16.095 y, a su vez, la Ley Nº 17.226 modifica esta. ¿Por qué? A continuación, voy a explicitar lo que señalaba mi compañera Payssé. La Ley Nº 16.095 establecía que el Estado estaba obligado a contratar a un porcentaje no inferior al 4% de las vacantes. Luego, eso fue modificado y se llegó a un 4% del crédito porque en ese ínterin se aprueba la norma de supresión de vacantes de la Administración Central. Entonces, al suprimirse las vacantes se reestudió el tema –no recuerdo de quién fue el proyecto- y se aprueba una ley de Presupuesto donde se interpreta que el 4% de las vacantes es el 4% de los créditos, lo que no comparto. Se hace necesario rehabilitar el cargo suprimido, porque ese 4% de todos los cargos suprimidos tiene un único objeto de gasto, con lo cual, no es un 4% de las vacantes, sino un 4% de un crédito de un cargo suprimido. Cuando la doctora Payssé plantea el caso de que cuando estuvo en la Dirección Nacional de Empleo no pudo contratar, es porque el dinero de ese 4% de crédito no le alcanzaba para pagar un sueldo.

Es bueno hacer esta especificación -incluso, después me gustaría referirme a este tema con más profundidad- pero el hecho es que, aún hoy, el 4% del crédito es una noción mucha más confusa que el 4% de las vacantes. Es decir que si hay 100 vacantes, cada 25, tenemos un puesto. En cambio, con el crédito vaya uno a saber lo que eso significa en este mundo rodeado de contadores; pido disculpas al ingeniero Long que es de las ciencias, pero acá estamos hablando de las ciencias contables y cuando nos enfrentamos a eso, todos nos sentimos disminuidos porque se manejan terminologías y casi diría procedimientos a los cuales, los que estamos en el área social, no estamos acostumbrados.

SEÑOR VAILLANT.- Esto puede ser corregido perfectamente en una discusión que se incluya en esta ley. Incluso, si no me equivoco, se incluye porque en el artículo de referencia se aumenta al 7% y hace referencia a la Ley de origen, la 16.095.

SEÑOR LONG.- Estoy totalmente de acuerdo; creo que sería la ocasión propicia para subsanar el problema planteado.

SEÑORA PAYSSE.- A veces, uno tiene que advertir estas cosas para que luego en los hechos las leyes no queden en aspiraciones que después en los hechos no se pueden concretar.

Respecto a otros artículos que están en ese mismo Capítulo de Actividades de la Orbita Pública hay una suerte de promoción en el empleo o en la actividad de organizaciones en las cuales participen discapacitados. Creo que eso también es importante. Quizás habría que profundizar un poco más a qué se refiere con el uso del dominio público privado. No sé si sería exactamente eso o el hecho a cuando el Estado contrata, que es un tema más amplio, es decir, si se refiere nada más a la utilización de los bienes del dominio del Estado o a los temas también relacionados a las contrataciones que hace el Estado. Tal vez este sería un aspecto a estudiar y tendría que ser evaluado con los principios de la contratación del Estado, donde en estos casos, que llamamos medidas positivas, tiene que haber igualdad entre los oferentes, equidad, etcétera, teniendo en cuenta que también, de alguna manera, desde el empleo, se trata de promocionar a otras poblaciones con características de vulnerabilidad como los jóvenes, mujeres, etcétera, que también se pretendería promover en lo que son las contrataciones del Estado.

SEÑOR LONG.- Con el fin de aclarar, quiero decir que por un lado se prevé que en aquellos casos de igualdad en cuanto al costo de adquisición de insumos o provisiones, allí se le dé prioridad a empresas, por supuesto que respetando que tiene que haber igualdad de condiciones porque, de lo contrario, sería imposible o perjudicial para el Estado.

Otra disposición distinta dice: "Siempre que se conceda y otorgue el uso de bienes del dominio público privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios," -allí son concesiones- "se dará prioridad a los discapacitados que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que determine el Poder Ejecutivo". Por lo tanto, son dos cosas distintas: una es la compra y otra es la concesión, por ejemplo, de un quiosco o de alguna explotación de un servicio en una playa. En otros lugares existen disposiciones similares; y reitero que se trata de dos andariveles distintos.

SEÑORA PAYSEE.- Con respecto al tema relacionado específicamente con la Dirección Nacional de Empleo, así como con mi otra función, que es presidir la Junta Nacional de Empleo, señalo que lo primero que plantea el proyecto de ley es una deducción en los aportes patronales. Estas deducciones que en principio creo que deberían ser medidas de fomento del empleo, en la actualidad están un poco tergiversadas por lo que ha sido la realidad. En ese sentido, recuerdo lo que fueron las disposiciones referidas al empleo juvenil, donde se estableció esta serie de exoneraciones de aportes patronales para promover dicho empleo; pero posteriormente se brindaron a grandes sectores de la actividad, como la manufactura, etcétera, con lo cual estas exoneraciones parciales o excepcionales para determinados colectivos quedaron subsumidas en esa exoneración mayor y, de hecho, perdieron todo tipo de eficacia.

Otras normas que previeron de alguna manera el fomento de la ocupación y del empleo a través de disposiciones como las leyes de emergencia, en realidad no pusieron ningún tipo de condicionamiento. Es decir que se hicieron exoneraciones de aportes, pero no las condicionaron a la inserción laboral y al aumento específico de la dotación de trabajadores. Por lo tanto, si bien el Banco de Previsión Social es el que evalúa si las normas han tenido algún tipo de efecto, hasta ahora no hemos podido ver ninguna solución que haya tenido un impacto favorable. Quizás, si se hace una evaluación de lo que han sido y lo que son las exoneraciones de aportes patronales y las reducimos a incentivar a este tipo de poblaciones que tienen especiales dificultades en el empleo, las medidas sí podrían tener un efecto. Pero mientras se mantengan esas exoneraciones a nivel general, obviamente, más allá de la voluntad de la norma, no van a tener eficacia en los hechos.

Por otro lado, el proyecto de ley plantea el establecimiento de un Registro nacional de empleadores de personas con discapacidad en la Dirección Nacional de Empleo. Creo que es posible hacerlo; habría que establecer claramente cuál es la contribución y qué es lo que implica tomar personas con discapacidad. En ese sentido, entiendo que aquí hay que apuntar a lo que se llama actualmente la responsabilidad social empresarial. Esto quiere decir que desde donde está la demanda de trabajo se debe ver la importancia que tiene contribuir socialmente al entorno donde está inserta esa actividad productiva. Además, esto debe realizarse con una responsabilidad social y con una conciencia de la necesidad de modificar las situaciones de dificultad o desigualdad. Hemos visto que algunas empresas han asumido esa responsabilidad social empresarial y que se han relacionado con el entorno barrial o social en el que viven. Pienso que esta norma sería un hito importante para comenzar a trabajar, y sería fundamental definir qué se entiende por responsabilidad social empresarial y que las empresas la asumieran. Inclusive, estoy de acuerdo con que a veces el tema de las acciones premiales es más importante que el de las sancionatorias, es decir, promover un premio o algún tipo de estímulo a las empresas que asuman esa responsabilidad y que verdaderamente colaboren con las dificultades que tiene la sociedad toda.

En lo que refiere al artículo 22, que habla sobre el acceso de las personas con discapacidad a programas socio-laborales financiados con fondos públicos, quiero hacer una acotación. Cuando el señor Senador Long habló de este artículo, puso como ejemplo los programas del Plan de Emergencia. Quería puntualizar que esos son programas asistenciales y no socio-laborales. Entonces, creo que si bien es importante apoyar la discapacidad también en lo que refiere al Plan de Emergencia -y dotarlo de los apoyos que necesite- la estrategia debería pasar por la promoción de las personas con discapacidad hacia lo que es la inserción en lo que nosotros llamamos un empleo de calidad, es decir, permanente, con todos los derechos, con las coberturas necesarias de la seguridad social, en el que las personas sientan que están siendo dignificadas a través del trabajo. En ese sentido -termino con esto para que la doctora Lagarmilla se refiera a los demás aspectos- desde la Junta Nacional de Empleo tenemos un programa descentralizado que se llama PROCLADIS, que es de capacitación laboral para el empleo. Ese Programa trabaja en dos modalidades: una es de capacitación para el empleo, a fin de que las personas que tienen alguna discapacidad puedan tener una opción laboral; la otra es la capacitación con inserción laboral. De hecho, ha habido inserciones muy interesantes en varias empresas, porque se ha trabajado a nivel de Gobiernos departamentales y de varios departamentos en general.

Traje aquí un artículo publicado en una página que se llama "Uruguay solidario", donde una delegación inglesa que visitó una citrícola, expresó que quedó asombrada al ver personas con discapacidad trabajando en el "packing". Entonces, decidieron poner a ese producto una etiqueta en la que se mencionaba el hecho de que en ese tipo de actividad trabajaba gente con discapacidad, porque para Europa este es un valor agregado para la venta. En ese sentido, me parece que son ejemplos importantes a tomar en cuenta, porque en la actualidad se habla mucho de la trazabilidad de los productos, y el hecho de saber que los mismos tienen ese componente les da otro carácter y otra relevancia.

Desde PROCLADIS, propendemos a generar, en primer lugar, la capacidad de las personas para que sientan que pueden incorporarse al trabajo de la misma forma que aquellos que no tienen discapacidad. Asimismo, de lo que se trata es de que puedan insertarse en los programas comunes, es decir que no vayan necesariamente al programa de personas con discapacidad. En algunos casos eso se puede hacer y, de hecho, desde el Banco de Previsión Social se derivan muchos casos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que implican una limitación en la capacidad de trabajo. Esas personas hacen los cursos normales y después, en algunos casos, logran insertarse.

A propósito de todo esto, si a los integrantes de la Comisión les interesa, puedo dejarles un material en el que se brinda información sobre la evaluación del Programa de Capacitación Laboral y también sobre una evaluación de impacto de PROCLADIS, que se hizo el año pasado. Es importante señalar que todas las personas beneficiarias del Programa lo valoraron muy especialmente, más allá del hecho de que algunos se insertaran laboralmente y otros no. Entonces, de pronto, una de las vías de salida importante es el hecho de que quienes están en condiciones de trabajar, puedan hacerlo y, de esa manera, puedan también sentirse ciudadanos de este país al igual que todos los demás, no siendo la discapacidad una limitación que les impida valerse por sí mismos y tener una vida digna.

Entonces, además de dejar esta información, quedo a sus órdenes en lo que respecta a brindar otros datos sobre el tema de la discapacidad o a la posibilidad -si existe interés- de recibir en este ámbito a representantes del Programa de Capacitación Laboral, específicamente.

Muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes estas consideraciones.

SEÑORA LAGARMILLA.- Dado que mi compañera, la doctora Payssé, se refirió a los aspectos generales y específicos del empleo y, en especial, a la integración al mercado de trabajo regular, quisiera aludir al Capítulo de los Talleres de Producción Protegida.

Estos Talleres constituyen una figura que existe a nivel del Derecho Comparado. A través de ellos, se trata de integrar a personas con discapacidad a los procesos de producción, mediante la formación y el trabajo productivo; luego, el resultado, es decir, ese trabajo –ya sean bienes o servicios- se coloca en el mercado. Esta es una forma de integrar a las personas con discapacidad que no pueden ingresar al mercado laboral abierto. Por nuestra parte, entendemos que un instrumento sumamente importante de una política de empleo es, precisamente, el de favorecer estos Talleres de Producción Protegida. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que compartir -junto al señor Senador Long- el espíritu de este tipo de figura. Ahora bien, el artículo 45 de la Ley Nº 16.095 colocaba a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la instalación, el equipamiento y la dirección de estos Talleres. Por nuestra parte, compartimos con la Doctora Payssé la idea de que una modificación o un complemento de una Ley tan importante, debería tener una mayor discusión con una base social que avalara esa instancia. Muchas veces, cuando nos ponemos a trabajar, es importante que lo hagamos con los actores involucrados; tal vez esto sea una especie de deformación nuestra en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el mundo de la discapacidad, existen muchos actores, pues hay distintas discapacidades y diversos intereses; entonces, cuanto mayor sea el número de representantes, mejor. Es decir, la discusión tiene que tener una gran base social para que esta Ley refleje efectivamente lo que desean las personas con discapacidad y lo que el propio Estado quiere hacer en una política de discapacidad.

Por todo esto, celebro que se haya considerado aspectos importantes relacionados con las personas con discapacidad, que deben ser regulados, pero entiendo que esto debería llevar un proceso en el que se integraran varias instituciones, reviéndose, a su vez, la propia Ley Nº 16.095. Como se recordará, ella fue sancionada en octubre de 1989, es decir, hace ya muchos años; evidentemente, el mundo ha evolucionado bastante, por lo que la norma requeriría un "aggiornamento". Ya hemos dicho que el artículo 45 de la citada Ley pone a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinadas obligaciones. Por nuestra parte, hemos estado trabajando en el tema junto a la OIT y a CINTERFOR desde el año 1990 -casi inmediatamente después de haber sido aprobada la Ley- y constatamos que uno de los problemas de la norma era que se había establecido y asignado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinadas obligaciones que esta Cartera no podía ni puede cumplir, porque dentro de sus cometidos no está el de instalar, equipar y dirigir Talleres de Producción Protegida. Sí puede propiciar, regular, cooperar y brindar asistencia técnica, pero es muy difícil –reitero- que pueda instalar, equipar y dirigir. Es más: en los países desarrollados, si bien existe una financiación importante de parte del Estado, también las propias organizaciones sociales realizan un gran trabajo y ellas son las que están llevando a cabo todas estas tareas. Sin perjuicio de esto, debemos recordar que los presupuestos de los países desarrollados no son como los de nuestro país y que los recursos que se asignan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a veces no alcanzan para poder cumplir con excelencia todos los cometidos fijados por ley.

En definitiva, queremos hacer la puntualización de que, a nuestro entender, en una futura norma debería modificarse este aspecto que hemos señalado. Nos referimos a que habría que quitarle al Ministerio esa obligación terrible de instalar, equipar y dirigir Talleres de Producción Protegida, pues se trata de algo que no ha podido ni podrá cumplir con el presupuesto que tiene. Cabe agregar que el artículo 45 de la citada Ley no sólo establecía la instalación de esos Talleres, sino algo todavía más ajeno al Ministerio, como son los hogares comunitarios para aquellos discapacitados que lo requieran por carecer de apoyo familiar. Esto, de acuerdo con la Ley Nº 16.095, se encuentra –reitero- en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Si vamos a hacer un estudio del tema, pues hagámoslo en profundidad y atrevámonos a eliminar aquellas obligaciones que el Ministerio no va a poder desempeñar y a sustituirlas por otras que son importantes y refieren, quizás, a tener una política en materia de trabajo con personas con discapacidad. Nos referimos a una política uniforme, que comprenda el trabajo tanto en el mercado de empleo abierto como en el de empleo protegido, donde se ubicarían estos Talleres de Producción Protegida.

Es sabido que en el mundo existen diversas formas de empleo protegido. En España, por ejemplo, desde tiempos recientes existen los enclaves laborales; allí, dentro de una misma empresa, existe una subcontratación de otra empresa, con personas con discapacidad que tienen una tutoría –digamos- y desempeñan algunas tareas dentro del propio edificio donde se desarrollan las actividades de la empresa.

En definitiva, creemos que es importante que exista una regulación de los Talleres de Producción Protegida. De hecho, me siento honrada por la actitud del señor Senador Long, quien ha tomado parte en el proyecto que elaboráramos con respecto a estos Talleres. Sin embargo, también diría que hay cuestiones muy importantes que tienen que ver, no solamente con la regulación del Taller de Producción Protegida, sino también con que se lo diferencie de otros. Creo que hay que ser absolutamente sinceros y abiertos de mente porque, obviamente, un Taller de Producción Protegida no compite con una empresa normalmente constituida. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que estas personas con discapacidad, que quieren integrarse al mercado laboral y la única forma que tienen es ingresando a esos Talleres, puedan competir con empresas regulares? Obviamente, nosotros no estamos en Francia, Italia, Reino Unido ni España y, por lo tanto, no tenemos fondos por lo que hay que incentivar la imaginación. En todos estos países desarrollados hay fuertes subvenciones –creo que lo explica muy bien el señor Senador Long en su exposición de motivos- pero en Uruguay no podemos hacer eso. ¿Cómo podemos manejarnos si, muchas veces, los uruguayos tenemos que ser muy creativos? Bueno, tenemos que tratar que en esa producción se tengan en cuenta los desniveles y hay que neutralizar las desventajas que tiene el Taller frente a una empresa regular. ¿Por qué? Porque los que hemos visitado talleres de Producción Protegida sabemos que las personas, muchas veces, se levantan para ir al baño, se distraen, quizá tienen otros problemas y esto les resta productividad. La única forma de competir, que nosotros entendemos que podría existir, es la de tratar de exonerar del IVA a la producción derivada de esos talleres. Esto lo hemos hablado muchísimo con representantes de la Dirección General Impositiva y de las organizaciones de discapacitados y todos estuvieron de acuerdo. La propia Dirección General Impositiva entendió este problema y asumió que no estábamos frente a una empresa cualquiera. Comprendió que eran muchas las dificultades que tenían los talleres para poder producir y competir. Por esa razón entendimos que podíamos hacer una interpretación del artículo 42 de la ley y allí hay bastante doctrina y jurisprudencia sobre lo que se entendía por incentivos y beneficios. Ese artículo 42 establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas deberían establecer incentivos y beneficios para los Talleres de Producción Protegida. Nosotros entendemos que uno de los incentivos o beneficios en este sentido, tenía que ver con la parte tributaria. De alguna manera tenía que reflejarse esa desventaja en el mercado competitivo y, por lo tanto, sugerimos la exoneración de tributos para estos talleres. Quiero recordar que el artículo 69 de la Constitución también exonera a las instituciones de enseñanza y hay una ley -no recuerdo exactamente cuál- que hace un listado de las instituciones que están exoneradas. Entonces, por qué si el Estado no puede asumir de por sí, no propicia seriamente la inspección del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que vea cómo están esos trabajadores. Es decir, que observen si reciben una retribución económica adecuada a lo que es su categoría y el laudo correspondiente; si las condiciones de seguridad e higiene de ese taller son las adecuadas para que no exista un accidente y se encuentren en peor situación que cuando ingresaron y, sobre todo, para tener en cuenta que tiene que haber una necesaria asistencia técnica para que esos talleres, realmente, puedan tener una conformación similar a la de una empresa. De lo contrario, no se puede competir. Reitero, si no hay una buena gestión no se puede competir. De hecho, en Uruguay existen talleres, algunos son muy buenos mientras otros cuentan con enormes dificultades de gestión.

SEÑOR VALLIANT.- Comparto totalmente la visión de que los talleres o emprendimientos económicos integrados por personas con discapacidad, naturalmente, los ubica en una situación de desventaja ante la competencia y no tengo ninguna duda de que tienen que ser asistidos.

Lo que no entiendo es una afirmación que parte por reconocer que en el Estado uruguayo no se puede hacer lo mismo que en otros, es decir subvencionar o subsidiar -que, a mi juicio, sería el mecanismo más lógico- entonces lo que se sugiere es exonerar cuando, en realidad, es exactamente lo mismo pero mucho más complicado. Digo esto porque, al final de cuentas, los recursos que el Estado no tiene para aportar, tampoco los tendría para perder del impuesto. En realidad, cuando se busca el mecanismo, no del subsidio directo sino de la exoneración impositiva, el primer efecto es que se complica el régimen tributario y, el segundo, que no se traduce exactamente lo que se quiere hacer porque, luego, ese producto que tiene que competir en el mercado lo termina comprando alguien que, como no puede descontar IVA porque no lo tiene el producto que se le vende, no le resulta negocio comprarlo, por ejemplo, en el mayoreo. Entonces, lo que no entiendo es por qué si se coincide -como yo lo hago- con el mecanismo de subsidio, se establece una alternativa que, desde el punto de vista económico no es la más conveniente. La más conveniente para el Estado y para el beneficiario no es la exoneración impositiva -que para el Estado tiene el mismo costo- sino el subsidio directo. Y si el argumento fuera que el Estado no está en condiciones de hacerlo, tampoco está en condiciones de exonerar, porque lo que no paga lo pierde de recaudar.

En definitiva, si bien es un problema económico, esta experiencia se ha hecho con otras actividades y destinatarios y el efecto siempre terminó siendo distinto al que se pretendía lograr porque, en definitiva, en los costos de producción de cualquier empresa, sea un taller asistido o no, están los insumos. La exoneración del IVA implica que pueden, eventualmente, no facturar el IVA de venta pero lo están pagando siempre en el insumo que compran.

SEÑORA PERCOVICH.- Quisiera conocer la evaluación del Ministerio de Trabajo de la experiencia en Montevideo sobre taller que hace sillas en el Prado, es decir ONPLI.

SEÑORA LAGARMILLA.- En primer lugar, diría que pueden existir múltiples soluciones, pero la que planteé es la que estudiamos con impositiva. No soy contadora pero voy a hacer una salvedad; cuando uno tiene una producción, hay un resultado material y sobre éste se aplica la deducción. Sin embargo, cuando uno subvenciona quizá está en una postura más asistencial donde no se miden los resultados que se pretenden. Es un tema de la subvención que no es medible, no hace que se traten de elevar los niveles de producción sino que, de alguna manera, desestimula los niveles de producción. Sin perjuicio de eso, en Europa hay subvención y exoneración.

En cuanto a la segunda pregunta, quiero decir que con ONPLI trabajamos en el proyecto de talleres de producción protegida. Es un taller que funciona muy bien, que hace grandes esfuerzos y que paga. Puedo decir que es así, porque estuvimos inspeccionándolo y comprobamos que pagan salarios dignos y vierten sus aportes. En cuanto a la seguridad e higiene cumple con todos los requisitos, salvo una caldera que no se le habilitó. Incluso, entendemos que no tiene mucho que envidiarle a algunos talleres que conocimos en Europa en cuanto a su gestión y podría tener un mayor crecimiento.

Durante mucho tiempo ONPLI no tributó IVA porque entendía que estaba amparado en el artículo 69 de la Constitución porque también hacía capacitación. Como la Dirección General Impositiva no lo entendió así, hay un gran problema porque si tienen que tributar IVA –quizás esto conteste parcialmente por qué el IVA– seguramente tengan que cerrar porque es un porcentaje muy alto que deberían pagar. Toda esa gente que hoy está trabajando también se está formando y recogiendo lo que dice el proyecto y la realidad de los talleres acá y en el resto del mundo podemos decir que se socializa. No hay que olvidar que hay gente que no puede formarse ni trabajar pero allí encuentra un medio laboral donde se siente persona digna, y donde interactúa con otras personas que no la discriminan. Entonces, el taller es una realidad compleja que incluye la formación, la producción y la parte social que es muy importante para las personas con discapacidad.

Quizás esto que acabo de decir explique un poco lo de la subvención y por qué se empezó a estudiar el tema de la exoneración de IVA. ONPLI sigue teniendo una espada de Damócles sobre ella, a pesar de que es una institución que puede dar muy buenos ejemplos de lo que es un taller de producción protegida.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿En el taller de producción protegida todos los funcionarios son discapacitados o habilitan un cierto porcentaje de trabajadores comunes? A su vez, quisiera saber si tienen alguna ventaja en cuanto a aportes patronales.

SEÑORA LAGARMILLA.- Creo que en el proyecto hay una exoneración, pero no la hay ahora.

Con respecto al porcentaje de trabajadores con discapacidad, el proyecto del señor Senador Long maneja más o menos el mismo que nosotros, de un 75%. Se decidió poner este porcentaje luego de analizar legislaciones de diversos países como Bélgica, Francia o España. Lo importante era cuidar que el taller no se transformara en una especie de pretexto para la explotación de personas con discapacidad. Entonces, se entendió que con un 25% de no discapacitados el taller podía funcionar. Además, se quiso poner un porcentaje alto para darle seriedad y se manejaron algunos parámetros internacionales. En realidad no hay una cifra exacta sino que se intenta que el taller esté constituido principalmente por discapacitados. Por ejemplo, las personas que manejan las camionetas en ONPLI no tienen discapacidad.

SEÑOR LONG.- Quiero hacer algunos comentarios respecto de lo que dijeron tanto la doctora Paysée como la doctora Lagarmilla. En primer lugar, quiero agradecer a ambas su aporte, ya que se trata de dos personas sumamente calificadas en esta temática y lo que han dicho enriquece mucho la iniciativa y todo el trabajo que se puede hacer en el futuro, sin perjuicio de que, como ellas dijeron, esto hay que tomarlo como un trabajo colectivo. Como dije aquí cuando presentamos el proyecto, hay que sumar diversos puntos de vista y experiencias, y en ese sentido las experiencias de las doctoras Paysée y Lagarmilla son muy valiosas.

Luego hay algo que me parece importante desde el punto de vista conceptual. La idea es que este proyecto sea lo más abarcativo posible y que haya un diálogo con las instituciones del Estado vinculadas al tema y con muchas de las organizaciones involucradas. No obstante, por lo menos por la forma en que encaramos el tema, los problemas de las personas con discapacidad son tan variados y la cantidad de situaciones es tan grande, que sería imposible abarcar todas las realidades en esta etapa. Entonces, aplicamos aquello de que "lo mejor es enemigo de lo bueno" y decidimos tener en cuenta algunos aspectos relevantes que nos parece que se pueden complementar con la Ley Nº 16.095. Como dije en la anterior ocasión, no pretendemos cubrir con esto la totalidad de los temas, sino algunos que antes no lo estaban. Por supuesto, en el diálogo con las organizaciones iremos enriqueciendo el proyecto hasta un cierto punto.

De hecho, en la preparación de este proyecto estuvimos en diálogo con varias organizaciones y con personas especializadas en el tema. Por ejemplo, el tema de los asistentes para discapacitados severos es recurrente desde hace muchos años. O sea que se hizo una especie de balance entre algunas viejas reivindicaciones y algunos temas que nos parecieron más novedosos.

Respecto a los discapacitados severos, como se refirió la doctora Paysée, la idea es que quienes reciban estos recursos sean personas debidamente capacitadas. O sea que en el proyecto se define al asistente personal como una persona que tiene que haber obtenido un certificado habilitante, más allá de que en muchos casos hay aportes por parte de la familia o de voluntarios. En este caso se pagaría o se daría una compensación económica a la asistencia profesional. Creo que es muy notoria la diferencia que hay en la evolución de una persona con discapacidad cuando está en manos de un profesional o de una persona que simplemente pone buena voluntad, por más valiosa que esta sea. Aquí se apunta a contar con asistentes debidamente capacitados.

En cuanto al tema de los incentivos para las empresas, que figura en los artículos 20 y 21, es muy cierto lo que ha dicho la doctora. Hoy en día, hay muchas empresas, como las rurales y manufactureras, en las que no existe el aporte patronal. No obstante, quiero señalar dos cosas. Están todas las empresas vinculadas al sector servicios –en número y en puestos de trabajo son las que ocupan mayor cantidad de personal- y se les daría la estabilidad de la ley frente a un tema que está siendo objeto de revisión. Estableceríamos algunas categorías especiales, destinadas a perdurar. Estoy de acuerdo en que si en el futuro no se disminuye, sino que, por el contrario, se sigue expandiendo la exoneración patronal, esto va a perder toda utilidad. Sin embargo, hoy en día habría un vasto campo –todas las empresas de servicios- y la seguridad en el tiempo.

En cuanto al artículo 22 sobre el acceso a los programas del Estado, entiendo que está muy bien la precisión del ejemplo que se maneja en la exposición de motivos y no en el texto de la ley. Considero que quizás haya que revisar el texto de este artículo. Creo que es importante que programas como el PANES incluyan esta situación y se pueda garantizar -ahí sí tenemos un caso de discriminación positiva más que justificable- el 7% por encima de ese porcentaje. Pienso que sería bueno ver cómo es posible vincular lo de PROCLADIS con este tipo de iniciativas. Tal vez haya que reestructurar el artículo 22, tomando en cuenta esos dos comentarios de la doctora Payseé, más uno que me sorprendió y me parece interesante, que se refería a esa etiqueta o marca –dicho más técnicamente- que le garantice al consumidor que en la elaboración de un producto han participado personas discapacitadas. Entiendo que esto podría tener un gran impacto, más aún fuera de fronteras y creo que no sería difícil de establecer. Me parece que ese sería un aporte más que interesante.

También deseo hacer un par de comentarios más en cuanto a los talleres de producción protegida. Uno tiene que ver con lo que decía el señor Senador Vaillant y la doctora Lagarmilla. Entiendo que, sin duda, hay una coincidencia de fondo en la necesidad de contar con algún tipo de incentivo claro para que puedan competir. En eso, fuimos un poco temerosos –no sé cómo llamarle- pues no se debe interpretar que uno está tratando de dar más y más beneficios, lo que ocurre es que realmente no hay otra alternativa. Me parece muy bueno que haya surgido esa discusión y, tal vez, haya que ver cómo incluirlo a texto expreso, aunque habrá que ver cuál es la mejor solución.

Finalmente, acá se mencionaba el caso de ONPLI y su problema. Me parece adecuado que se haya dejado constancia en actas porque, de repente, la propia Comisión tiene que tomar algún rol en la materia, aunque no lo sé. ONPLI debe ser de los ejemplos más importantes del Uruguay en todo sentido. Se trata de una organización excelente que trabaja con un profesionalismo formidable y si hubiera un problema importante en ONPLI realmente sería grande para toda la gente que está vinculada al tema. También hay otras organizaciones y para mencionar una sola está APADISTA en Tacuarembó, que es otro modelo ejemplar. A su vez, hay muchas otras que, sin llegar a la categoría de modelo, funcionan muy bien.

Como bien se dijo, el tema de los talleres protegidos es un modo de socializar y de entrar un poco en el mercado, todavía en una condición especial. De pronto, luego muchas personas puedan pasar al mercado abierto, en el caso de ONPLI, en general. En el caso de los discapacitados físicos, el pasaje al mercado abierto es bastante sencillo, aunque en el caso de una discapacidad intelectual, es más complejo. Se cumple una función, en algunos casos, definitiva, pero en muchos otros, simplemente es la palanca para que luego se ingrese en el mercado abierto. Se trata de dar un apoyo, aunque no hay que verlo como un apoyo permanente, porque si bien es así para algunas personas, otras siguen adelante sin ningún apoyo.

SEÑORA LAGARMILLA.- Quisiera hacer un agregado con respecto al porcentaje del 7% y 4%. Sé que se está estudiando un proyecto del Representante Nacional, señor Pablo Alvarez con respecto a la regulación del 4% de las vacantes. Digo que es interesante porque veo que hay preocupación por varios lados y si hay preocupación es porque, como decía la doctora Payseé, esto no funcionó. A veces, podemos hacer leyes preciosas, pero que no funcionan. Entonces, más allá del porcentaje hay que apuntar a otra cosa. El artículo hace referencia a la Ley Nº 16.095, pero les recuerdo que ésta fue modificada con una ley interpretativa. Allí se decía: no inferior al 4% de las vacantes. Al decir: no inferior, se establece un piso, pero no tenemos techo y eso es muy importante. A su vez, ¿sobre qué medimos los números? ¿Sobre esta encuesta de la que surge que hay un 7,6% de personas con discapacidad? Lo que ocurre es que en ese 7,6% no estamos hablando de la APEA y se incluyen niños. Si bien allí hay un muestreo de población económicamente activa, tendríamos que restringirnos a lo que es la APEA y ahí el porcentaje quizás no fuera del 7%.

Acá tiene que haber voluntad política para llenar esas vacantes y eso es lo más importante. Vinimos con el doctor Della Gatta, Presidente de la Comisión Honoraria de Discapacitados, a la Cámara de Representantes a charlar sobre el tema del 4% de las vacantes y manifestamos que era importantísima la voluntad política. Si volvemos a la versión del artículo 42 de la Ley Nº 16.095 vemos que se habla de "proporción mínima". Yo dejaría el término "mínima" para que oficiara como piso y a partir de ahí, si se quiere, se podría fijar un techo, pero entre ambos podría hacerse lo que se quisiera.

Considero que lo que es muy engorroso son los procedimientos y en esto la doctora Payseé fue absolutamente clara. Recorriendo los antecedentes veo que es el único caso que conozco donde se solicitó una persona con discapacidad. Los otros días encontré la nota donde se pedía precisamente a una persona con discapacidad dentro de la Administración Central. Tengo información de la Contaduría General de la Nación acerca de que en la Administración Central no se llenaron las vacantes, sino que, además, no se solicitaron. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue el único y ahora estamos con un trámite para contar con un asistente en la biblioteca de esa Cartera. Lo que ocurre es que primero hay que rehabilitar la vacante y tiene que haber un decreto que lleva la firma del Presidente de la República. Recuerden que con la supresión de las vacantes, tenemos que rehabilitarlas. Entonces, más allá de este proyecto, creo que sería una oportunidad única para que en el Presupuesto se estudiara, de una vez por todas, el tema de cómo son ocupadas efectivamente las vacantes con personas con discapacidad. Debería haber un mecanismo ágil para hacerlo ya que en la actualidad demora muchísimo, es engorroso y requiere, en principio y de acuerdo a las exigencias actuales, varios trámites. He estado hablando con personas que me han dicho que con un solo acto del Poder Ejecutivo se podría rehabilitar el cargo y designar al funcionario correspondiente. De hecho, hoy se requieren dos decretos del Poder Ejecutivo, uno para rehabilitar el cargo y otro para la designación. Sería muy interesante que se pudiera lograr un procedimiento ágil que permitiera, en el menor plazo posible, integrar efectivamente esas vacantes.

Por último quiero decir que existe una Comisión Honoraria del Discapacitado y nosotros como Ministerio estamos dispuestos a apoyar totalmente a esta Comisión porque creemos que es un ámbito representativo, tanto de instituciones públicas como de organizaciones privadas. Además, entendemos que el Presidente actual cuenta con una vasta experiencia en el tema de la discapacidad, no tiene ningún interés personal ya que no pertenece a ninguna institución y simplemente su trayectoria lo ha llevado allí. Estamos trabajando fuertemente para tratar de ir organizando toda esta temática, tratando de que se plasme en normas más "aggiornadas" con la realidad actual. Por lo tanto, creo que este es un trabajo conjunto, no excluyente, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Aquí lo importante es tener una ley de discapacidad que contemple a todos los colectivos de discapacitados y también una política moderna y eficaz en materia de discapacidad.

Les agradezco la invitación y estoy a disposición para lo que necesiten.

SEÑORA PAYSSE.- Comparto todas las apreciaciones formuladas por el señor Senador Long en cuanto a nuestras manifestaciones previas y, también, hago míos los dichos de la doctora Lagarmilla. Pienso que quizás este proyecto es una instancia removedora como para lograr un diálogo más amplio con todos los involucrados en este tema. Quizás se pueda generar un proyecto de ley que sea comprensivo de todas las situaciones de la discapacidad.

Quería referirme a un tema que en sí mismo es muy relevante y que tiene que ver con la educación. Si bien hablábamos de la cultura y del hecho de que la sociedad tiene que incorporar una nueva visión sobre qué es la discapacidad, la educación también es básica para promover, desde la niñez y desde el principio de la vida el concepto de que hay personas que no son iguales pero que, por un lado tienen los mismo derechos y, por otro, también tienen la posibilidad de vivir en forma plena, a pesar de que no sean exactamente iguales a otros. En eso radica la riqueza, en la diversidad y creemos importante que la educación tome eso y se logre que, a través de la educación de todos nosotros, las personas con discapacidad, conjuntamente con los demás colectivos que puedan estar en situación de iniquidad, puedan tener una vida más placentera.

Me pareció que no correspondía que nos expresáramos sobre otros temas comprendidos en el proyecto de ley, porque no refieren especialmente a nuestro tema. Sin embargo, en lo relativo a la licencia por maternidad, podríamos dar alguna opinión. Hay algo que ya estaba en la discusión y que creemos positivo en relación a abrirla hacia niños con otros tipos de discapacidad y no solamente a los que padecen el síndrome de Down. Obviamente, eso parte del diagnóstico prenatal o luego del nacimiento del niño y, si bien el relacionamiento siempre se profundiza más con la madre, creemos que sería bueno que esa licencia fuera parental, es decir, que ambos padres pudieran de alguna manera compartir las responsabilidades frente a ese hijo o hija que tiene esa situación tan especial.

De todas maneras, reitero que estamos a las órdenes.

SEÑOR VAILLANT.- Tengo una inquietud que deseo plantear. Me da la impresión de que ustedes quisieron transmitir que han estudiado el tema, que hay un trabajo realizado al respecto –lo que demostraron- aunque no se ha traducido en un proyecto de ley. Por otro lado, nos han dicho que son partidarios del tripartismo. Además, han expresado que tal vez sea el momento para que este proyecto genere un diálogo. Resumiendo todo esto, siento que nos están transmitiendo que comparten la idea pero no los procedimientos utilizados y que sienten que debería hacerse otra cosa previamente. Eso sería totalmente válido y el Parlamento tiene alternativas para llevarlo a cabo, esta Comisión normalmente lo hace y su convocatoria ha sido un ejemplo de ello. Cuando tratamos un proyecto de estas características, invitamos a determinadas personas para que nos den su opinión y, en este caso, para nosotros es muy importante saber qué piensan en concreto de esta iniciativa. Tengo la impresión de que quizás ustedes sientan que en lugar de trabajar sobre este proyecto en el ámbito del Parlamento, sería oportuno crear un ámbito tripartito, que tendría que ver con la estrategia del Ministerio. Quisiera saber si es así, independientemente de que si esa fuera la idea ya adelanto que no la comparto.

Por otro lado, quisiera saber si todo el trabajo que se ha realizado en el Ministerio durante tanto tiempo había surgido alguna iniciativa.

SEÑORA PAYSSE.- Nuestro mensaje es que la ley es positiva y que no creemos -y en esto quiero ser muy clara- que este tema deba ser definido en forma tripartita. Si bien el PROGRADI, que es un programa de la Junta Nacional de Empleo, es tripartito y tiene integración de las organizaciones de discapacitados y representación tripartita de empleadores y trabajadores, ese no es el tema. El planteo que hice va en el sentido de que este es un proyecto de ley propenso para el diálogo social amplio, ya que me parece que tiene una potencialidad adecuada en cuanto a los planteamientos. Sin embargo, hay otras cosas que podrían incorporarse y elaborar un proyecto de ley – aunque no pretendo que seamos siempre los ganadores olímpicos- que pueda presentar precedentes en la legislación, por lo menos en la latinoamericana, aunque no en la europea. Este proyecto de ley presenta algunos aspectos o modificaciones que son bien interesantes y, quizás, se pueda lograr un diálogo social con todas las instituciones relacionadas con la discapacidad, donde se encuentren las organizaciones de discapacitados, el ámbito del Estado y de la sociedad civil que tratan este tema. Por supuesto, tenemos claro que el ámbito para la promoción y la proyección de las leyes es el Poder Legislativo, pero es un buen momento para tener ese diálogo social.

SEÑOR VAILLANT.- Más allá de la reflexión y la invitación, creo que cada uno debe asumir la parte que le corresponde. En este caso sería muy bueno que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos trajera esas propuestas concretas, que para nosotros serían muy importantes, porque la frustración más grande que puede tener una Comisión que trabaja en cualquier proyecto de ley es convocar a las partes y que todos digan que hay que conversar pero nadie aporte una propuesta concreta. Entonces, para no dar por agotada esta invitación al Ministerio y tomando como válidos los muy interesantes planteos que nos han hecho y las preocupaciones que han compartido con nosotros, sería bueno que, a la luz de la experiencia del trabajo de sus técnicos, nos hiciera los aportes pertinentes. Desde ese punto de vista, creo que tenemos que dejar abierto el diálogo con el Ministerio.

SEÑOR LONG.- Por mi parte considero que de la sesión de hoy ya surge una serie de aportes muy concretos y de mejoras para introducir, de los que hemos tomado debida nota y han quedado registrados en la versión taquigráfica. Esto no quita que, como decía el señor Senador Vaillant, cualquier otro aporte -incluso sobre temas que no están en el proyecto de ley- será más que bienvenido.

SEÑORA LAGARMILLA.- Quiero puntualizar que sobre este proyecto hemos respondido sólo por la parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero hay mucho para trabajar. Por ejemplo, está planteada la discusión en torno a si la educación debe ser inclusiva o especial; este es un gran tema de debate nacional que el Uruguay no ha resuelto hasta ahora. Por eso nos parece importante que los señores Senadores tengan un diálogo con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Nosotros estamos representando al Ministerio en esa Comisión, en la que se han formado Comisiones especiales para tratar estos grandes temas, con profesionales muy valiosos, pero creemos que el BPS, que es la institución que más maneja el tema de la discapacidad, debería participar en esta Comisión Honoraria regulada por la Ley Nº 16.095. Ese es el primer proyecto de ley que tiene que haber, y el Ministerio está asumiendo un rol proactivo en ese sentido.

Por otro lado, si bien el Ministerio no tiene la tutela administrativa -como en el caso del BPS, que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio- entendemos que el Banco de Seguros del Estado también debería estar integrando esa Comisión, porque tiene a todos los rentistas por accidentes de trabajo, así como un sanatorio que los atiende, donde se podrían instrumentar programas para los accidentados a fin de procurar su reinserción laboral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a las representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su presencia en el día de hoy.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 16 y 40 minutos.)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.