SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 18 minutos)

Tal como habíamos convenido, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibe al representante del Banco de Previsión Social, señor Heber Galli, que fuera convocado oportunamente para explicar el contenido del artículo 24 de la Rendición de Cuentas remitida por la Cámara de Representantes, que se encuentra a consideración de esta Comisión. Le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR GALLI.- El señor Presidente de la Comisión nos convocó, en su oportunidad, señalando que existían algunas dudas sobre el régimen que se seguiría, en el área de la salud del Banco de Previsión Social, con respecto al tema de los suplentes.

El tema de los suplentes en el área de la salud del Banco de Previsión Social es de larga data. A principios de la década del 90 el Banco de Previsión Social tenía alrededor de 600 personas en esta situación. En los años 1991 y 1992 se dio de baja a unos 300 suplentes que no aceptaban convocatorias y el resto –algo más de 300 personas-, en realidad, no eran suplentes, ya que no suplían a ninguna persona. Eran suplentes contratados por honorarios o por la vía del contrato de obra, contratos puntuales pagados por hora efectivamente trabajada, y cubrían el servicio regular y permanente del área de la salud del Banco de Previsión Social. Yo siempre pedía que pusieran el nombre de la persona a la cual suplía "Fulano de Tal", que era la prueba inequívoca de que estaban supliendo a alguien. Pero, en realidad, no suplían a nadie, sino que cubrían carencias que había en los puestos de trabajo.

En los años 96 y 97 fueron regularizados algo así como 300 suplentes: 238 en el año 96 y 97 en el año 97. Quedó un grupo de personas –de estas 48 ó 49 personas a las que refiere este artículo- sin regularizar. Todas son personas que entraron en el año 1993, con mucha antigüedad en el Banco, que vienen trabajando en forma regular y permanente desde aquella época.

El Banco de Previsión Social desde hace 25 años funciona en su área de la salud sin un régimen de suplencias reales y cuando falta un profesional o un técnico, se cubre o bien con titulares que ya completaron su turno, o extendiendo el horario de los suplentes porque, para trabajar más horas, el funcionario presupuestado cobra horas extra, que en los sucesivos años han sido recortadas en forma sustancial. En cambio, los suplentes cobran por hora efectivamente trabajada. Por lo tanto, el suplente además de cumplir un turno –por llamarlo de alguna manera- trabajaba más horas para cubrir alguna carencia.

Además, con esta regularización, la Administración tiene intención de pasar raya al tema de los suplentes, generar un reglamento de suplencias reales en el Banco de Previsión Social de modo que los suplentes digan a qué persona están supliendo, por qué período y que sea en forma limitada y, a la vez, procesar el ordenamiento de las categorías. Estos suplentes de los que hablamos atienden, tanto el Sanatorio Canzani como las consultas de las policlínicas de los centros materno infantil. Allí, para tener una idea, en materia de especialidades, en el año 2004 se atendieron algo más 85.000 consultas de las cuales entendemos que hay algunas especialidades en las que existe atraso en la consulta por primera vez. Entendemos que estas cosas tienen que ver con este atraso, tal es el caso de algunas especialidades como odontología, donde durante algún período hubo suplentes. Para el año 2006 hemos previsto en el Presupuesto 3.190 horas de suplente que equivalen a unas 110 horas mensuales, promedio, de unos 29 suplentes. Esto está tomado teniendo en cuenta el nivel de ausentismo y la importancia de las especialidades, porque suplentes puede haber no sólo médicos sino personal licenciado en enfermería y técnicos en registros médicos y otras especialidades. Hay que ponderar el hecho de cuándo es imprescindible convocar a un suplente. Estas son medidas que estamos tomando con respecto al área de la salud, área que nos preocupa mucho y que creemos que tiene muchas cosas para mejorar.

Aprovecho para informar en este ámbito que, en el marco de esa preocupación y de lo que a nuestro juicio era la necesidad de dotar de un mejor gerenciamiento al área de la salud, la semana pasada el Directorio dispuso que se hiciera cargo de la Gerencia de Salud el ingeniero Hugo Odizzio, para lograr una mayor integración del funcionamiento administrativo del Banco en esta materia. A su vez, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como Gerente de Salud fue designado Gerente Técnico de Salud en virtud de que, a pesar de que el Banco de Previsión Social cumple un grado de atención importante, carecía de una dirección técnica médica. Coincidía que el Gerente de Salud era médico pero, como dije, no había una gerencia técnica médica, y por ello fue que se creó. Entonces, el sentido del artículo que está en consideración es una parte de la necesaria regularización de los servicios del área de la salud y de la situación del personal que allí trabaja.

Es cuanto tenía que informar.

SEÑOR ABREU.- Con relación al contrato de función pública, no me quedó claro cuál es el número de los que hoy van a ingresar.

SEÑOR GALLI.- Son 48 personas.

SEÑOR ABREU.- ¿El contrato de función pública se refiere a un arrendamiento de servicios, a un arrendamiento de obra, a un régimen especial o a un ingreso como funcionario presupuestado en el ámbito del Banco de Previsión Social?

SEÑOR GALLI.- Es un contrato de función pública y, en lo referente a los cargos, tenemos cargos presupuestados y contratos de función pública. Es decir que se trata de un contrato de función pública permanente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún otro señor Senador desea formular preguntas, agradecemos la presencia del señor Vicepresidente del Banco de Previsión Social, Heber Galli, y procederemos a invitar a ingresar a Sala a la siguiente delegación, encabezada por el señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura.

(Se retira de Sala el señor Vicepresidente del Banco de Previsión Social)

- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24.

(Se vota:)

• 9 en 11. Afirmativa.

(Ingresan a Sala el señor Subsecretario de Educación y Cultura, sus asesores, y una representante del Ministerio de Economía y Finanzas)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de los Ministerios de Educación y Cultura y de Economía y Finanzas, encabezada por el señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, doctor Felipe Michelini, quien viene acompañado por la Directora del Sistema Nacional de Televisión, señora Sonia Breccia, del Director del Sistema de Radiodifusión Nacional, señor Sergio Sacomani, del contador Pompeyo Ragni y de la Directora General de Registros, escribana Ana Olano; está presente también en esta delegación la contadora Elizabeth Oria en representación del Ministerio de Economía y Finanzas.

El motivo de la convocatoria es el análisis de la Rendición de Cuentas, en particular los artículos 6º, 7º, 11, 17 y 18, que se relacionan con la Cartera de Educación y Cultura –más puntualmente los artículos 11 y 12-, por lo que otorgamos el uso de la palabra al señor Subsecretario de Educación y Cultura, doctor Michelini.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Gracias, señor Presidente.

Antes que nada, la delegación del Ministerio de Educación y Cultura que presido quiere expresar las excusas del señor Ministro, ingeniero químico Jorge Brovetto, quien por razones de agenda establecida con anterioridad no ha podido asistir en el día de hoy. De todos modos, de acuerdo con lo conversado, cuando este Ministerio fue citado a esta segunda sesión de la Comisión, se le indicó que no era imprescindible su presencia. Por lo tanto, hecha esa constancia, estamos abiertos a las consultas en relación a los artículos a consideración.

Antes de que los señores Senadores hagan las consultas pertinentes, quiero hacer dos planteos. Por una parte, en principio ratificamos los dichos expresados en la sesión anterior de la Comisión, en particular en relación a las modificaciones de la Comisión Asesora en materia económico-financiera del Estado, conocida como Junta Anticorrupción. Hemos promovido que se generen los contactos políticos a los efectos de encontrar niveles de solución contestes, en el marco del fortalecimiento de la lucha anticorrupción de todos los partidos políticos y del Estado uruguayo en general.

En ese sentido –y este sería el otro planteo-, queremos generar los mejores espacios y ámbitos de convivencia, diálogo y tolerancia en el sistema político uruguayo, sin perjuicio de que ratificamos la gran mayoría de las expresiones vertidas en la Cámara de Representantes, tanto en la Comisión como en el Plenario, aunque estamos atentos también a la búsqueda de esas otras soluciones.

Lamentablemente no tenemos hoy una posición concreta. Los señores Senadores comprenderán que la semana pasada hubo una agenda que llevó a que los integrantes del Poder Ejecutivo y del sistema político en general consideraran otros temas, lo cual nos retrasó un poco. De todas maneras, aspiramos a que cuando este tema pase al Plenario pueda arribarse a una solución que, justamente, recoja lo que el sistema político uruguayo generalmente ha podido hacer: encontrar soluciones consensuadas en aquellos temas en donde son necesarias.

Hechas estas dos consideraciones, estamos abiertos a las consultas, tanto por parte de los integrantes de la delegación como por mi parte, para ilustrar a los señores integrantes de la Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar constancia expresa que el señor Senador Isaac Alfie hoy no puede estar presente en esta Comisión por tener un compromiso ineludible, al haber fallecido el padre del ingeniero Martín Aguirrezabala.

Procederíamos, pues, a considerar cada artículo en particular, es decir, el 6º, 7º, 11, 12, 17 y 18.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

• 12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Se vota:)

• 12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ante las manifestaciones del Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, doctor Felipe Michelini, correspondería postergar el tratamiento de este artículo.

SEÑOR VAILLANT.- Propongo su postergación.

SEÑOR MICHELINI.- A los efectos de ahorrar trámites, quiero trasmitir que la voluntad de la bancada oficialista es que en el día de hoy se voten estos dos artículos, que la negociación prosiga y que, en todo caso, las modificaciones se hagan en Sala; si hay que retirar alguno, que también se realice en ese ámbito. Aclaro que ya hemos trasmitido ese mensaje al Partido Nacional y al Partido Colorado y sus representantes nos han manifestado que estaban contestes a concluir la discusión hoy. Esperemos que de aquí al momento en que se traten para su votación, se encuentre la solución.

SEÑOR KORZENIAK.- La solución más feliz a que se puede arribar es que se llegue a un acuerdo sobre la designación de esta Junta. De todos modos, quiero dejar una constancia de tipo jurídico, al margen del mérito político o partidario del artículo.

Deseo señalar que en todos los sistemas jurídicos, cuando se establece la necesidad de las mayorías calificadas o muy especiales, por una razón de técnica jurídica, siempre existe un dispositivo subsidiario para los casos en que los Partidos políticos, con razones o sin ella, no llegan a los acuerdos necesarios para cubrir esas mayorías especiales. Se ha verificado que se trata de una regla de construcción legislativa y constitucional.

En nuestro país, los constituyentes uruguayos, partiendo de una base que es deseable y la mejor, la de la racionalidad de los Partidos, lo han tenido en cuenta, por ejemplo, para la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a esos efectos se exigen dos tercios de votos de la Asamblea General. Sin embargo, para el caso de que los Partidos políticos, con justificadas razones o no tan buenas, no lleguen a un acuerdo, dan un mecanismo subsidiario, que es el de la carrera judicial. En el caso del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, en donde se exigen esas mayorías especiales, la Constitución, partiendo de la base de la racionalidad de los Partidos políticos, no se previó un mecanismo subsidiario. Sin entrar a juzgar quienes tienen o no razón en sus argumentos, está claro –esa es una carencia desde el punto de vista técnico- que no hay un mecanismo subsidiario, que le genera un "impasse".

Por lo tanto, quiero dejar la constancia de que en el entendido de que se va a lograr una solución acordada para la designación, no me parece del todo mal que cuando se exige una mayoría calificada se prevea el mecanismo subsidiario, como el que está previsto acá u otro, ya que pueden haber mejores, pues tampoco me juego directamente por éste.

SEÑOR RUBIO.- Creo que el procedimiento indicado por el señor Senador Michelini es el más adecuado.

Entonces, acordaríamos que la discusión sobre este tema no la vamos a hacer en este momento; los argumentos ya han sido dados y sabemos que está en camino una solución por acuerdo político. Por eso, sería conveniente que votemos ahora este asunto a partir de las distintas posturas que tenemos y lo analicemos luego en el Plenario, donde encontraremos una solución más satisfactoria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11.

(Se vota:)

• 8 en 14. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Como esperamos que de aquí a que se trate la Rendición de Cuentas tengamos una solución a partir de un acuerdo político, creemos que este artículo 12, que busca lograr economías para otros sectores del Ministerio de Educación y Cultura, debería tener una redacción modificada, porque aspiramos a que los nuevos integrantes de la Junta Anticorrupción –como comúnmente se le llama- estén en el 85 % del salario del Subsecretario. En la hipótesis de que se retire el artículo 11, habría que modificar esta disposición. Por ello, vamos a pedir al Ministerio de Educación y Cultura que nos vaya acercando una redacción para que después no estemos a las corridas.

Si se diera la situación –naturalmente, por acuerdo político- de que para la Junta Anticorrupción se llegara a los tres quintos y se votara rápidamente, aún cuando la Rendición de Cuentas no estuviera votada, estaríamos frente a la hipótesis de que las economías que se pretenden hacer a partir de ahí, en función de una racionalidad, no estarían.

Entonces, la voluntad es que a partir del 1º de setiembre corra ese artículo 12 para las nuevas designaciones, aunque sea votado después de las incorporaciones. Creo que no va a ocurrir así, pero que igual debería ser modificado.

SEÑOR HEBER.- Pregunto a los integrantes del oficialismo cuánto ganan los funcionarios que van a cumplir tan importante función en el futuro, sobretodo, si lo comparamos con los sueldos de la Dirección General Impositiva, que también han tenido un notorio aumento. ¿Cuánto ganan los designados para la Junta Nacional Asesora en Materia Económico Financiera? ¿Alguien lo sabe?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- La información de cuánto ganan efectivamente por retribución los miembros es del orden de los $ 58.000. Entonces, nos parece que el sueldo debería estar equiparado a la remuneración del Director General de Secretaría, que representa un salario digno en una escala razonable para ese tipo de función.

SEÑOR HEBER.- Entonces, pregunto cuánto estarían ganando los miembros. ¿El 85% del Subsecretario?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En la actualidad el Director General de Secretaría gana, efectivamente, el 85% de la remuneración del Subsecretario, es decir que su sueldo ha de rondar los $ 28.000.

SEÑOR HEBER.- Sinceramente, me parece equivocado el concepto del Poder Ejecutivo. En el Estado no hay posición más importante en materia económica y financiera que la Junta y creo que, además, cumple una misión mucho más importante que la de un Director de la DGI. Creo que le estamos dando una responsabilidad muy grande porque nos tiene que cuidar todo el sistema. Realmente, no entiendo por qué insiste en esto el Gobierno. ¿Qué ahorro hace con el tema de los tres miembros de la Junta Nacional Asesora?

Si quieren, tenemos tiempo de aquí hasta el comienzo del Plenario, para reflexionar sobre esto porque ¿realmente creemos que con $ 28.000 vamos a tener una figura muy importante que se va a dedicar a este tema? Entonces, o lo hacemos en serio o no lo hacemos. Nosotros estamos dispuestos a votar –ya lo hemos dicho públicamente-, incluso, a gente que, aunque no esté afiliada a nuestro Partido, sea proba, ecuánime y con trayectoria incuestionable, para que nos dé esas garantías, pero con un buen sueldo ¿Por qué les vamos a bajar el sueldo si se tienen que dedicar, nada más ni nada menos, que al tema de la corrupción que, lamentablemente, siempre hay en la Administración Pública?

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: nuestra propuesta es que votemos el artículo tal cual viene y que el Ministerio nos alcance la redacción para no andar a las corridas. Vamos a meditar la sugerencia del señor Senador Heber y a tenerla en cuenta cuando hablemos de las posibles modificaciones que vamos a hacer en Sala. Aclaro que en Sala no vamos a improvisar, sino que vamos a hacer las modificaciones antes de esa instancia. Esas modificaciones se concretarán mediante acuerdos que buscaremos con anterioridad.

También quería hacer una puntualización. Nosotros estamos trabajando en serio; que no se nos diga lo contrario. En el tema de la anticorrupción puedo decir que nosotros vamos con fuerza en ese sentido, señor Presidente, y que no se nos diga lo contrario o se nos ponga en tela de juicio por un problema de administración -o también de equilibrio de cuentas-, diciendo que no estamos yendo en serio en ese aspecto. Además, estamos tomando todas las consideraciones de la oposición.

Entonces, ahorremos palabras y votemos hoy, y de aquí al martes o miércoles próximos tendremos las soluciones correspondientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 12 de la Rendición de Cuentas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

• 8 en 14. Afirmativa.

Correspondería pasar a considerar los artículos 17 y 18 de la Rendición de Cuentas.

En consideración el artículo 17. La Mesa recuerda que se encuentra presente la señora Directora de la Dirección Nacional de Registros.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

• 13 en 14. Afirmativa.

SEÑOR GAMOU.- Quería decir algo a los efectos de facilitar la discusión de este artículo 18, que fue muy trabajado a nivel de la otra Cámara. Se llegó a una serie de acuerdos entre los partidos integrantes del sistema político con respecto al Canal 5 y a la Radio.

Cuando se advirtió que Tveo, en la situación actual de falta de recursos, no podía seguir funcionando, se llegó al siguiente acuerdo con la bancada del Partido Nacional y la del Partido Colorado.

Antes que nada, todos fuimos contestes en afirmar que Tveo y las radios del SODRE tuvieran un presupuesto fijo votado por el Parlamento. No obstante, encontramos dos dificultades. Una de ellas es que el Presupuesto entra en vigencia el 1º de enero del próximo año y, la otra, es que no había tiempo –tal como efectivamente sucedió- para que el presupuesto de Tveo y de las radios del SODRE apareciera en la Ley de Presupuesto. En la Cámara de Representantes, la bancada de Gobierno votó el 20% con el compromiso de que en el momento en que apareciera un presupuesto –ya sea en un mensaje complementario o el próximo año en la Rendición de Cuentas-, se derogaría este artículo. Es más, la redacción final de dicha norma fue acordada entre los diputados del Partido Nacional y de la bancada de gobierno.

Por lo tanto, esa discusión acerca de si es mejor o peor tener una partida fija, ya se realizó en la Cámara de Representantes y se advirtió la imposibilidad de que el SODRE pudiera funcionar en lo que resta del año si no se le concede este porcentaje de la propaganda oficial.

De cualquier manera, según surge de algunas conversaciones que mantuvimos, quizás habría que modificar este artículo, por una cuestión eminentemente interna de cómo se reparten los porcentajes.

Era cuanto deseaba señalar.

SEÑORA BRECCIA.- Lo primero que debo decir es que o se apoya de este modo al canal estatal o se cierra. No hay otra. Lo que sigue es la fundamentación de lo que estoy afirmando.

La revitalización de la disposición que establece que el 20% de toda la publicidad oficial que hagan los organismos del Estado debe destinarse a los medios del SODRE –o de la televisión nacional-, debería complementar el presupuesto propio que este canal presentará para el plan quinquenal y no sustituirlo. La disposición de este 20% -que si se dividiera equitativamente entre todos los canales de televisión abierta debería fijarse en un 25%- estaría afectando los intereses de las agencias de publicidad que representan además los intereses de los canales de televisión privado y de algunas empresas de medición de audiencia.

Se habla de que se originaría una desventaja para las empresas que están en régimen de competencia -como ANCEL, Banco de Seguros, BROU y ANCAP-, por el hecho de estar obligadas a pautar un porcentaje de la publicidad en lugares que no tienen el mejor "rating", pero se ignora que las mediciones se realizan en general solamente sobre Montevideo y que este canal llega a todo el país, a diferencia de los canales privados, que únicamente tiene cobertura en la capital.

Además, hay que tener en cuenta que un canal que hasta ahora no ha tenido los recursos económicos, técnicos ni humanos necesarios para manejarse con las mínimas condiciones de trabajo y tener al aire una programación competitiva, difícilmente haya tenido las condiciones para marcar un "rating". Si directamente se otorgara este dinero al canal, como indicaría esta disposición, las agencias de publicidad dejarían de cobrar sus comisiones por la pauta en el canal y se perdería gran parte de su principal negocio: las comisiones sobre las ventas de espacios.

A esta situación se suma que los Entes estatales, sin la aplicación de esta disposición para pautar en el canal público, deben hoy pagar, además de la comisión a la agencia con la que trabajan, una comisión extra del 30% a la empresa comercializadora que, por contratos con la anterior Administración y por la condición de Unidad Ejecutora, tiene en la actualidad el canal. Esta situación genera que el Estado está pagando por un negocio entre dos organismos públicos una doble comisión a terceros. Esto no sólo es inconveniente, sino casi indecente, en la situación presupuestal del país.

La televisión nacional, a pedido del señor Presidente de la República, en su estrategia tiene planteada la competencia con los canales privados para llegar a ser el mejor canal con uno de los primeros lugares en el "rating", no sólo cuantitativa sino cualitativamente hablando. Tal como lo conversamos en la sesión anterior con el señor Senador Penadés, nosotros hablamos de rentabilidad social.

Además del financiamiento del Estado, el hecho de que el canal público posea publicidad propia, no tiene diferencia alguna con que se consigan fondos de terceros para hospitales y escuelas públicas. Este financiamiento servirá, además de contribuir al "aggiornamento" tecnológico del canal, para invertir en programación, ya sea para producción propia, compra de derechos de películas y documentales para televisión. Estoy haciendo esta aclaración porque todos los días nos preguntan por qué no pasamos películas en la televisión estatal para todo el país, a lo que respondemos que no tenemos dinero. ¿Por qué no hacemos intercambio? Porque no tenemos dinero para producción propia para intercambiar. ¿Por qué no hacemos acuerdos para tener documentales, películas o producciones de otros países? Porque no tenemos dinero. ¿Por qué no salimos mejor al aire? Porque no tenemos dinero. ¿Por qué no tenemos mejores técnicos? Porque no tenemos dinero. ¿Por qué no tenemos mejores recursos humanos? Porque no tenemos dinero. Sabemos cómo se hace la televisión, pero sin recursos no podemos hacerla.

Como decía, el financiamiento va a servir para contribuir al "aggiornamento" tecnológico del canal, para invertir en programación, producción propia, compra de derechos de películas y documentales para televisión, derechos de distintos formatos de televisión, compra de derechos de televisión para transmisiones y programas especiales, deportivos y culturales, hasta eventos de diversa trascendencia mundial como conciertos "Live 8", Cumbres de las Américas, Forum de las Culturas y Olimpíadas.

Para la contratación de artistas para la producción de programas informativos y culturales y para niños y adolescentes de calidad –y quiero detenerme particularmente en este aspecto porque es una responsabilidad del Estado- la televisión cumple una función de agente de socialización y formación primordial.

Precisamos tener presupuesto para la producción de nuevos programas que luego intercambiaremos con otras televisoras públicas con las cuales ya estamos firmando convenios.

Parte del presupuesto de programación se utilizará también para ampliar los servicios de coproducción que hoy brinda el canal solamente en el área técnica y que le permitirá transformarse en un verdadero coproductor de programas locales o internacionales, pudiendo intervenir en los contenidos de propuestas que cumplan con las funciones de la televisión pública, educativa, social, democrática, cultural, de calidad, de equilibrio territorial, económica, dinamizadora de la industria, de divulgación, de guía, ejemplarizante, moral y de desarrollo, entre otras.

Asimismo, tengo un detalle –que dejaré en poder de los miembros de la Comisión- de las nuevas incorporaciones que se harán a partir del mes de setiembre. Entre ellas, figuran: "La mano que mira" que está en el aire; el espacio de "La escuela de cine" y "La noticia y su contexto", donde habrá horas de producción cultural y de espectáculos.

La tanda institucional del canal es la única que apoya la cultura, la promoción de obras literarias; trasmite todas las funciones de la Orquesta Filarmónica, del teatro independiente, del Galpón; apoya la difusión de obras de la Comedia Nacional, la promoción de conciertos y de sociedades de ópera, además, de las transmisiones en directo de conciertos, que son solamente posibles con inversión.

Por último, voy a decir algo que pertenece a una observación que realizan dos argentinos y que me parece particularmente importante porque sé que todos los Senadores están preocupados por la educación, por la infancia y por las carreteras de la comunicación. En el Semanario "Noticias" salió una polémica sobre la infancia rendidora. "La explotación de los chicos en televisión sigue generando voces críticas. Padres, programadores y Estados, ¿quién tira la primera piedra?"

En ella, el periodista argentino, Roberto Petinatto, señala: "La televisión argentina es una televisión vieja y utilitaria que explota a los niños y entre otras cosas es vieja porque en la televisión se trata de invertir lo menos posible, explotar a los niños y no invertir en ideas sino baratas, porque las ideas caras, la gente que piensa, cuesta dinero".

Finalmente, les leo esto que me parece significativo: "En la televisión se está explotando a los niños, no se hace una televisión para niños, se hace una televisión con niños. Se los hace llorar en televisión, se los hace bailar en televisión, se les hace disfrutar los cinco segundos de gloria que les permitan a sus padres pensar que de pronto tienen una carrera que solvente las necesidades de los más carenciados".

Tomo un fragmento del periodista argentino Jorge Novoa: "Rebasan de la pantalla programas con chicos y se levantan programas para chicos". Precisamente, es una de nuestras metas la emisión de programas no con chicos sino para chicos, en todo el país.

Para una mejor comprensión del concepto de lo moral, que para mí es el sustento de la televisión nacional, voy a utilizar una pequeña historia que solía ilustrar Kant que cuenta que un chico de cinco años va a comprar a un almacén y recibe un vuelto exacto de un comerciante que lo ve por primera vez. El chico no tiene la menor idea de lo que recibió, pero el comerciante respetó su integridad. No se les ocurre pensar que a pesar de que algunos ganen una computadora, la mayoría no recibe un vuelto exacto en la televisión. Este es el fundamento de mi planteo.

Muchas gracias.

SEÑOR SACOMANI.- Para ratificar todos los aspectos mencionados por Sonia Breccia, en este caso relacionados con el SODRE, quiero decir que, tal como lo he expresado en otra oportunidad, estamos en un momento de refundación y relanzamiento de sus cuatro emisoras. Por primera vez esto se hace con una Dirección que se ha propuesto –tal como se expresa en el documento que se ha entregado a los señores Senadores- conformar una verdadera red nacional que llegue a todo el país. Los únicos que tenemos la obligación de hacerlo somos los medios del Estado; el único que tiene la obligación de llegar a todo el país donde haya un uruguayo, no importa en qué poblado pequeño o en qué caserío, es el Estado uruguayo.

Son estremecedores los relatos y las solicitudes que nos llegan del interior, de pequeños poblados en donde la gente hoy sigue teniendo parabólicas, medio por el cual lo único que puede recibir, en imagen y también en sonido, aunque sea increíble, son radios brasileñas y argentinas. Aquella anécdota famosa del niño que en Colonia conocía cuál era el Presidente argentino, pero no el uruguayo, es real.

Es imperdonable que tengamos que decir, ahora, en pleno siglo XXI, que el Estado uruguayo todavía no ha descubierto –creo que tenemos ese lamentable privilegio en el contexto latinoamericano- la potencialidad de los medios estatales. Quienes estamos hoy coyunturalmente al frente de los medios de comunicación estatal debemos predicar y "evangelizar" –entre comillas- en pleno siglo XXI acerca de la importancia, la trascendencia, el impacto de los medios de comunicación. Como ese es el desafío, lo hacemos. Pero estamos en el siglo XXI y en buena parte del mundo desarrollado, donde esto ya no se debate, así como en buena parte de América Latina, con altibajos y matices, esto se ha descubierto hace muchísimos años, menos en el Uruguay. Aquí todavía seguimos ignorando, subsumiendo a los medios del Estado y hablando del conflicto con los medios privados, cuando es una responsabilidad del Gobierno de turno potenciar a los medios de comunicación. Luego, la competencia o no, la incidencia o no de los medios del Estado junto a los privados se ve en los hechos, en la creatividad y en la competitividad de cada uno de los medios, para lo cual, ser del Estado o no, no coarta absolutamente para nada la capacidad de éxito.

Con esto reitero la importancia que tiene cada recurso que podamos obtener. Más allá de lo que decía Gamou de la propuesta que insinuó el Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, de un subsidio hacia el futuro o de un presupuesto que hoy no está sobre la mesa, considero que es vital votar este artículo para comenzar a caminar entre todos en el relanzamiento de los medios del Estado e insisto en este concepto: del Estado y no del Gobierno. Tenemos un largo camino por delante para recorrer y quienes estamos al frente de los medios del Estado asumimos el compromiso de llevar adelante esa concepción. Esto no es fácil, pero se puede lograr con profesionalismo y eso implica tener los recursos para captar a los mejores profesionales del medio; implica ser creativos y, además, contar con una voluntad política muy fuerte de caminar a partir de este momento y en ese sentido. Hemos asumido el compromiso de que cada peso que se otorgue a los medios de comunicación del Estado –en este caso las radios- será bien invertido. Se pueden establecer todos los controles que se consideren necesarios y estamos abiertos al diálogo permanente con todos los sectores. Comenzando un camino de juego abierto, en su oportunidad, entregué a esta Comisión el proyecto relativo a todas las radios y solicité que se entregara también a los señores Representantes. Pienso que más allá de la reflexión, de los matices y las preocupaciones expresadas por los miembros de la Comisión, ya contaríamos con los elementos suficientes sobre la mesa como para solicitar firmemente el apoyo de los señores Senadores.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Simplemente quiero ratificar lo expresado por el señor Sacomani y la profesora Sonia Breccia al tiempo que quiero recordar que esta es una instancia de Rendición de Cuentas. Digo esto para ubicar, desde el punto de vista temporal, la aprobación de este artículo. Se trata de generar un puente hasta la instancia de la discusión presupuestal. En ese sentido, los representantes del Ministerio ya han manifestado que están abiertos a escuchar todas las propuestas que vayan en el sentido de fortalecer al canal oficial -que es el canal de la sociedad y el Estado uruguayo- y al sistema de radios del SODRE.

Por lo tanto, en ese marco de puente hasta la discusión presupuestal, consideramos que es bueno el texto que se aprobó en la Cámara de Representantes.

SEÑOR GALLINAL.- Quiero señalar que vamos a acompañar con nuestro voto este artículo porque consideramos que es importante darle a los medios de difusión oficiales los instrumentos necesarios para que puedan cumplir cabalmente con sus cometidos, objetivos y responsabilidades.

Por otra parte, tengo la impresión que este es un tema que hace a una política que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, tendrá que definir muy claramente ya sea en el Presupuesto Nacional o en otra instancia, porque considero que un artículo de estas características aislado, probablemente no llegue a cumplir en toda su dimensión el efecto o el objetivo que pretende alcanzar.

Necesitamos conocer una política de Estado, del Estado, en materia de propaganda, difusión y publicidad que esté pensada para el mediano y largo plazo, que sin lugar a dudas tenga en cuenta parámetros de eficiencia pero que además busque compensar aquello que como contrapartida se le exige a los órganos oficiales que es la difusión de determinadas áreas de la cultura nacional. Y que, evidentemente, quizá por las circunstancias difíciles que vive el país, no son todo lo redituables que uno quisiera y no tienen un nivel de "rating" -como se dice ahora-, porque si lo tuvieran, posiblemente, por sí solos y sin necesidad de una norma de estas características, estarían convocando al empresario privado a invertir en publicidad en los canales oficiales. Digo esto porque una norma de estas características no es necesaria ya que basta que el gobierno tome esa decisión a nivel del Poder Ejecutivo y de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, imponiendo la necesidad de observar determinados criterios para la distribución de la publicidad. Seguramente eso va a ser mucho más efectivo que la norma legal que por algún mecanismo luego intenta ser burlada por los propios Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que son los que realizan y llevan adelante buena parte de la publicidad. Por eso creo que la norma aislada es una expresión interesante, que puede tener algún efecto desde el punto de vista legal, que puede motivar e incentivar a que se gaste efectivamente el 20% en publicidad a través de los medios de difusión oficiales, pero que no va a alcanzar todo el efecto que se busca si no hay detrás una política del Poder Ejecutivo claramente dirigida en ese sentido.

Agrego, además, algo que para nosotros es muy importante y por lo cual también votamos la norma. Me refiero al hecho de que conducir medios de difusión oficiales es una responsabilidad peculiar que obliga a guiarse por un conjunto de principios y parámetros de objetividad que a veces, en el ejercicio del poder, es difícil cumplir. Un canal oficial debe mantener un equilibrio, sobre todo, desde el punto de vista político; una radio oficial también debe mantener dicho equilibrio desde el punto de vista político. En consecuencia, desde el Ministro de Educación y Cultura hasta quienes tienen responsabilidades en las distintas áreas, tienen que estar permanentemente cuidando y custodiando ese aspecto, para prestigio del propio medio y de la institución. Ese es el tema que con mayor atención vamos a estar mirando en el transcurso de los próximos años, no por una cuestión de desconfianza -no tenemos motivos para ello- sino por un punto de vista que hace a esa definición que precisamente le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo para cuando llegue el momento del Presupuesto o de la instancia que considere fundamental para tomar definiciones de esas características. Ese es un tema tan importante como el primero.

También se debe señalar que en materia de "rating" –no manejo y no conozco encuestas; seguramente deben existir- me imagino que las autoridades del SODRE y de los medios manejarán ese tipo de información. Aunque no cuenten con recursos suficientes para contratar las encuestas, por otros medios pueden acceder a ellas porque son de una utilidad fundamental. Les puedo decir -como también les consta a todos los que estamos aquí, por haber participado en distintos programas o instancias, tanto de radio como de televisión oficial- que el retorno es muy importante. En consecuencia, eso le da una importancia superior a este tema y nos preocupa este punto de vista. Entonces, así como hoy estamos dando todo el respaldo para que esto se implemente, también plantearemos un conjunto de normas complementarias que abarquen la temática en su conjunto porque es muy importante la fuerza que los medios de difusión oficiales puedan tener, sobre todo, para la difusión de aquellos temas que los demás medios no van a divulgar porque no le son redituables o porque se guían por otros parámetros. En atención a todo esto vamos a dar nuestro respaldo con la confianza de que efectivamente, en la dirección de estas instituciones, se va a seguir un norte de estas características.

SEÑOR ABREU.- En primer lugar, quiero darle la bienvenida a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y también a las distintas empresas de comunicaciones estatales.

En segundo término, deseo fundamentar por qué vamos a votar favorablemente este artículo. Pensamos que es muy importante dotar de recursos a los órganos de comunicación del Estado. Digo esto, en el entendido de que si el Poder Ejecutivo distribuye recursos dentro del ámbito nacional en el sector privado, es lógico que dé el respaldo suficiente a los órganos estatales para poder competir en el mercado y para que puedan interpretar, de alguna forma, la orientación y la visión del Estado en lo que tiene que ver con la política cultural. Con respecto a este asunto, creo que no se trata sólo de la política cultural, sino que hay que mirarla desde otro punto de vista que es, justamente, el tercer punto que queremos abordar.

Como partido político siempre hemos entendido que el Estado debe ser orientador, regulador y garante, que no es lo mismo que hablar de un Estado empresario, monopólico. Cuando me refiero a un Estado orientador lo hago en el sentido de que va marcando las pautas y lineamientos de la defensa de la identidad nacional que es, precisamente, uno de los elementos puestos a disposición de los medios de comunicación del Estado. A nuestro juicio, la protección y la defensa del patrimonio cultural del país, es la defensa de la identidad del país que no tiene color político, sino que tiene una visión de Estado y una proyección mucho más extensa que un período de Gobierno. En ese sentido, nos afiliamos a las palabras expresadas en este ámbito, en el entendido de que se trata de un compromiso que debe asumirse políticamente, más allá de las distintas posiciones políticas que pueda ejercer cada uno.

Cuando hablo del Estado regulador, quiero hacer una reflexión sobre la importancia que tienen, en este ámbito, las unidades reguladoras. En el proyecto de ley de Presupuesto se anuncia su inclusión en la órbita de la Secretaría de la Presidencia y me adelanto a señalar que nosotros ya tenemos una reserva en este tema. Digo esto porque, durante mucho tiempo, hemos venido impulsando la función que tiene la unidad reguladora pero, sobre todo, hemos insistido en el hecho de que dichas unidades sean parte complementaria de la función del Estado para que la función técnica sea absolutamente independiente de los aspectos políticos. Además, aspiramos a que la regulación sea un elemento que garantice, a los distintos actores, contar con reglas de juego equidistantes para poder participar.

Como tercer elemento, mencioné al Estado garante que supone tener una visión de esa política cultural y de la identidad en el ámbito de las comunicaciones, que va proyectando sobre los ciudadanos el respeto adecuado para que la formación de los distintos valores, que en forma paulatina se van integrando en la sociedad, sea la garantía social que el Estado tiene obligación de brindarle, sin perjuicio de algunas discusiones que se puedan dar sobre aspectos económicos, que no son del caso abordar. En estas circunstancias, lo importante es que los medios de comunicación del Estado estén –como se ha dicho muy bien- diferenciados del Gobierno porque forman parte exclusiva de la defensa de lo más preciado que tiene una sociedad: sus valores, su identidad y un nacionalismo no xenófobo, sino que sepa identificarse con la proyección a las distintas generaciones involucradas.

En tercer lugar y aprovechando la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, quiero hacer una reflexión que se relaciona con alguna exposición que hicimos, tanto en el Senado como en la hora previa y, también, en Comisión. En concreto, me refiero al tema de Telesur.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quiero señalar que en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara realizamos una exposición bastante importante sobre Telesur y pienso que es un elemento a tener en cuenta a la hora de discutir el tema.

SEÑOR ABREU.- No le voy a atribuir intenciones; lo que sí le diría es que no lo hice con ninguna picardía política ni para aprovechar esta circunstancia para poder hacer una reflexión sobre este tema. En la Comisión de Asuntos Internacionales hemos sostenido la inconstitucionalidad de la decisión del Poder Ejecutivo para avanzar en un Tratado que no está aprobado por el Parlamento. Me parece que es importante que el Ministerio de Educación y Cultura tenga en cuenta esta posición. Los otros aspectos se tratarán en la Comisión de Educación y Cultura, pero insisto en nuestra postura: hasta que no se apruebe el Tratado, el Poder Ejecutivo está actuando en forma ilegal si sigue adelante con Telesur por no estar contenido dentro de las normas constitucionales y cumpliendo con las exigencias de la Carta Magna.

Podemos seguir analizando otros temas puntuales, pero decimos esto para que quede constancia de esta circunstancia de modo tal que, sin perjuicio de las coincidencias que hemos tenido en otros temas, podamos advertir acerca de nuestra preocupación por no confundir amistades de Estados, con amistades de Gobiernos. Esta es nuestra visión y la queremos dejar claramente establecida. El Estado, a este respecto, tiene que tratar de buscar este tipo de abstracción para evitar que las circunstancias lleven a aprobar tratados sin los debidos recaudos constitucionales, tal como sucede en este caso.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En esa Comisión del Senado se registró, con versión taquigráfica, la posición muy clara del Poder Ejecutivo con relación al acuerdo firmado por el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Hugo Chávez, en el sentido de que éste era un convenio internacional con una potencia extranjera. El acuerdo, según la Constitución de la República, para que le imponga obligaciones al país tiene que estar ratificado y, antes de la ratificación, debe contar con autorización parlamentaria, conforme a la ley. Esto fue claramente expresado en esa sesión de la Comisión. Como bien saben los señores legisladores, el suscribir el acuerdo es un acto de Gobierno que no necesita, en definitiva, ningún otro tipo de autorización, al tiempo que el enviarlo al Poder Legislativo para su ratificación también es un acto de Gobierno que está sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo quien, cuando entienda conveniente y oportuno, así lo hará. La única obligación que surge de la suscripción de un tratado es la de no hacer nada en contra del mismo, tal como lo establece la Convención de Viena sobre los tratados que, en definitiva, es una obligación de buena fe.

En este sentido, claramente hemos señalado que no se va a avanzar –como no se ha avanzado en nada- con relación al proyecto de Telesur, hasta tanto no exista esa ratificación, previa discusión parlamentaria. Así se ha comprometido, además, el señor Ministro Brovetto señalando que, una vez que se envíe el tema a consideración del Parlamento, estaremos atentos a la discusión que se genere, más allá de los aspectos jurídicos, sobre los contenidos y las implicancias políticas que un tratado de esta naturaleza tiene.

Al mismo tiempo hemos señalado que, en el marco de los cometidos normales del Sistema Nacional de Televisión, la Dirección del Canal 5, con autoridad, legitimidad y norma habilitante, ha trasmitido ciertos contenidos, pero no producto del tratado, es decir, como si pudiese tomar, por ejemplo, de la BBC de Londres o de la televisión pública americana, determinados contenidos y pasarlos. En ese sentido, no creemos que sea nada ofensivo.

Esta es la aclaración que quería realizar.

SEÑOR DA ROSA.- Vamos a acompañar este artículo porque es la fórmula que se acordó en la Cámara de Representantes pero, además, en el entendido de que estas son áreas en las que, nosotros siempre insistimos, debe haber políticas de Estado que tienen que estar más allá de los gobiernos de turno que pasen por la vida institucional del país. Estamos hablando de dotar de recursos a los medios de comunicación del Estado y de lo que ello significa en este mundo, en el que la interdependencia es muy fuerte y donde todos los días vemos, de alguna manera, cómo la voluntad y la conducta de los gobiernos y de los Estados se ve limitada y recortada. ¡Pobres de los países pequeños, como el nuestro, que no defiendan su identidad cultural! Este es el tema central, hoy en día, en este siglo XXI que estamos comenzando, para defender el concepto de soberanía.

Eso es algo que tenemos absolutamente claro y afirmado y, además, lo hemos visto en el terreno de los hechos. En alguna oportunidad, recorriendo poblaciones del norte del país, he podido ver la sorpresa de la gente cuando el Canal 5 comenzó a tener repetidoras allí. Pude apreciar directamente en los hechos lo que era para la familia que los hijos pudieran disfrutar los dibujos animados en español y no en portugués; incluso, alguien decía que un niño había comentado en la escuela su asombro porque los personajes de los dibujos animados no hablaban solo portugués sino también español.

Creo que ese es un aspecto muy importante; es un tema central de la vida del país. Por eso en una economía con limitaciones y tremendos problemas, como la nuestra, todo lo que signifique dotar de recursos a estos organismos me parece muy importante y trascendente. Asimismo, me parece muy importante y trascendente, precisamente para afirmar el concepto de identidad nacional, que el contenido de la programación esté dirigido no solamente desde la capital o del exterior hacia todo el país, sino que se nutra de programas provenientes del interior, porque considero que eso hace a la integración nacional y a que el conjunto de la sociedad se conozca más. Un país, para integrarse y afirmarse como identidad, tiene que conocerse porque, si no se conoce, no puede haber soberanía ni defensa de una identidad cultural.

De manera que, desde todo punto de vista y en función de estos parámetros y objetivos, decimos que no solamente vamos a votar esto que fue acordado en la Cámara de Representantes, sino que también vamos a apoyar lo que signifique mejorar la dotación de recursos a esta dependencia del Estado a fin de que responda en esos lineamientos básicos y fundamentales a una concepción de Estado que, repito, debe estar por encima de los gobiernos circunstanciales que pasen en la vida institucional del país. Naturalmente, tenemos que ayudarla, fortalecerla y dotarla de recursos porque, sin dinero, como decía la Directora de Canal 5, lamentablemente no es mucho lo que se puede hacer.

SEÑORA BRECCIA.- Quisiera ratificar lo que está señalando el señor Senador Da Rosa e, incluso, podría hacer llegar a la Comisión una serie de pedidos que vienen de representantes nacionales porque en diferentes poblaciones quieren ver el Canal, y eso requiere inversión.

Por otra parte, es propósito de esta Dirección la generación creciente de contenidos locales, para lo cual ya se han cerrado acuerdos con diferentes actores sociales de los distintos departamentos del país. La idea central -la verá esta Administración o no- es que las repetidoras vayan progresivamente transformándose y llegando a ser canales de producción local que, justamente, integren lo nacional con lo local. Esa es nuestra intención y para eso pedimos inversión.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que la semilla del debate es bien interesante, pero tenemos que pasar a votar el artículo tal cual está. Además, eso se acordó en la Cámara de Representantes con todos los partidos, independientemente de que de aquí al Plenario pudiéramos traer alguna modificación, que sería consultada con los otros partidos. Si quisiéramos modificar lo que se votó en la Cámara de Representantes, consultaríamos a los demás partidos.

SEÑOR NICOLINI.- Me gustaría que el señor Subsecretario dejara dos constancias que no me quedan claras con respecto a este artículo.

Una de ellas tiene que ver con la distribución de este 20%: cuánto es para el servicio de televisión y cuánto para la radio. La segunda pregunta refiere a cómo se contempla a las coproducciones porque este porcentaje ya existió en una parte de la historia del país y por esa vía también se ingresaba, no percibiendo el canal o las emisoras de radio el porcentaje total del 20% de cada Ente Autónomo u organismo del Poder Ejecutivo. Concretamente la pregunta es si este 20% contempla a las coproductoras o si directamente va en su totalidad para el canal o, en su defecto, para las radios.

SEÑOR MICHELINI.- Exhorto para que se vote este artículo, obviamente, dando respuesta previa a las preguntas planteadas por el señor Senador Nicolini.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En primer término, quiero decir que la división de este porcentaje para las radios o para el Sistema Nacional de Televisión, de acuerdo con la interpretación que nosotros hacemos del texto aprobado en la Cámara de Representantes, es que el 20% de lo que cada empresa -ya sean Entes Autónomos, Servicios Descentralizados u organismos del Poder Ejecutivo- contrate con televisión es para el Canal 5, y cuando contraten con radio, es para el Sistema de Radiodifusión del Servicio Oficial del SODRE.

En segundo lugar, quiero señalar que me parece que las coproductoras no entran en este mecanismo; es decir que no se les puede imputar a cumplir con ese 20% si el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado contrató con una coproductora. Esto va por cuerda separada.

Por último, nosotros creemos que, en definitiva, la reglamentación tendrá que resolver adecuadamente el porcentaje que establece la aplicación del artículo 127 de la Ley Nº 17.556. Entendemos que esto estará exceptuado de lo que dice en el artículo, en cuanto a que de lo que va para el Canal 5, una parte es para el SODRE. En definitiva, si esto no lo resuelve la legislación, lo hará la reglamentación. Digo esto en el entendido de que este es un artículo puente para el Presupuesto. Además, hemos tomado debida nota de las observaciones formuladas por todos los señores legisladores para que, en el marco de esas consideraciones, se busquen los mayores consensos para dotar al Canal 5 y a las radios del SODRE de los mayores apoyos, a fin de que puedan cumplir con los cometidos ambiciosos que se les quiere establecer.

SEÑOR RUBIO.- Celebro que haya una franja tan ancha de acuerdo sobre la sustancia, es decir, sobre el rol de la comunicación pública. Creo que estamos de acuerdo en que este es un artículo puente y tendremos una discusión más en profundidad en la oportunidad del Presupuesto sobre la forma de canalización de los recursos.

Me parece muy pertinente lo planteado por el señor Senador Gallinal en el sentido de que a este tema hay que darle una discusión parlamentaria y política en profundidad, incluso en lo que refiere a la inserción institucional. Quien habla es partidario de los mayores márgenes de autonomía posibles en los medios de comunicación públicos, aunque cree que esta no es la oportunidad para tratarlo porque primero debemos votar el artículo; después veremos qué pasa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18.

(Se vota:)

-11 en 11. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De esta forma, pues, queda aprobado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR NICOLINI.- No votamos el artículo 24, que fue informado por el Vicepresidente del Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, señor Senador, porque en el momento de la votación usted no se encontraba en Sala. Ese artículo fue votado por nueve Senadores en once presentes.

Se agradece la presencia del señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, de la señora Directora del Sistema Nacional de Televisión, del señor Director del Sistema Nacional de Radiodifusión, del contador Ragni, de la escribana Olano y de la contadora Oria.

(Se retiran de Sala el señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura y asesores, y la representante del Ministerio de Economía y Finanzas)

Corresponde ahora designar a los miembros informantes del proyecto de ley, uno por la mayoría y otro por la minoría. De acuerdo con lo sugerido en su momento, lo serán el señor Senador Vaillant y el señor Senador Da Rosa, respectivamente.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 11 y 37 minutos)