SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

- La Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda tiene como único punto del Orden del Día recibir al Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, y todo el equipo económico, para presentar ante la Cámara de Senadores el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al período 2004.

En primera instancia le damos la palabra al señor Ministro y, posteriormente, los señores Senadores podrán plantear las interrogantes y los comentarios que crean necesarios.

SEÑOR MINISTRO.- Buenas tardes a todos.

Vamos a hacer una pequeña introducción para presentar el proyecto de ley 2004.

He venido acompañado por el Subsecretario de Economía y Finanzas, economista Mario Bergara, por el Director de Planeamiento y Presupuesto, economista Carlos Viera, por el Subdirector de Planeamiento y Presupuesto, contador Daniel Mesa, así como por el Director y el Subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, doctor Toma y señor Ruocco.

Vamos a hacer una pequeña introducción para presentar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2004 y desde estas diferentes perspectivas representadas hoy aquí, esperamos poder satisfacer las inquietudes de los señores Senadores.

Hay un informe económico-financiero respecto de 2004, que fue presentado junto con el proyecto de ley que, como los señores Senadores habrán visto, refiere precisamente a algunos aspectos importantes de la evolución económico-financiera del país que aluden, sistemáticamente, a la evolución del nivel de actividad y el empleo, al sector externo, a la evolución de los precios, a los salarios y al tipo de cambio. Asimismo, hay un informe en materia de finanzas públicas y sistema financiero, y se culmina con un análisis de la ejecución presupuestal de 2004.

Simplemente quiero destacar, en términos generales, que el resultado de las cuentas públicas en 2004 exhibe un superávit primario de aproximadamente 4% y un déficit global consolidado de alrededor del 1,9% del Producto Bruto Interno.

En materia de ejecución presupuestal, los números fundamentales, los resultados, se presentan en el artículo 1º. Como los señores Senadores podrán apreciar, hay un resultado deficitario que tiene dos componentes: uno de carácter presupuestal propiamente dicho y el otro obedece a un resultado extraordinario que, a su vez, tiene distintos componentes, de los cuales mencionaría tres. En primer lugar, está la previsión sobre los créditos del Gobierno Central contra los bancos suspendidos por la crisis financiera de 2002. En tal sentido, hay una previsión del 80% respecto a la cuantía nominal de estos créditos. En segundo término, hay una previsión de incobrabilidad de los créditos del fideicomiso de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, cuya magnitud es de algo más de $ 325:000.000. Finalmente, se incluye una pérdida algo menor a los $ 350:000.000, que es resultado del canje de Títulos que realizó el Gobierno Central respecto al Banco de Crédito. Todo esto compone el resultado extraordinario y, al mismo tiempo, junto con el presupuestal propiamente dicho, el resultado global del Ejercicio 2004.

Luego hay diversos artículos que tienen que ver con disposiciones adoptadas en materia salarial -en acuerdo con los funcionarios de la Administración Central- con la regularización de algunos funcionarios eventuales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con las retribuciones de la Junta Asesora en Materia Económico–Financiera del Estado, y con una transposición de créditos en el Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con el Registro Patronímico, lo cual para el Ministerio de Economía y Finanzas es muy importante dado el acuerdo que la Dirección General Impositiva celebró con la Dirección General de Registros.

Por otro lado, hay una disposición vinculada al Ministerio de Desarrollo Social y sus pases en comisión. Finalmente, se regularizan algunas partidas de deudas que al no haber habido Rendición de Cuentas del Ejercicio 2003, debemos hacerlo en la correspondiente al Ejercicio 2004. Por ejemplo, esto tiene que ver con el artículo que asigna un crédito al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para posibilitar el registro de las deudas de subsidios con el Fondo Forestal.

Asimismo, otros artículos de este proyecto de ley tienen que ver con la deuda que tiene el Estado con los organismos internacionales por cuotas de afiliación. Se trata de deudas del Ejercicio 2004 para atrás -esto es, de dicho Ejercicio y de los anteriores- que no fueron registradas, reitero, por no tener crédito suficiente.

Aquí se impone reiterar el comentario anterior, en el sentido de que esto fue postergado en el tiempo por el hecho de que no se aprobó la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2003, o no la hubo.

En resumidas cuentas, estos son los aspectos fundamentales que aborda el proyecto de ley y los comentarios que entendemos pertinente realizar a título introductorio.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo remite a consideración del Parlamento la aprobación de la Rendición de Cuentas del Ejercicio anterior y una serie de artículos sobre los que luego efectuaremos algunas preguntas al señor Ministro y a la delegación que lo acompaña; pero, en primera instancia, quisiéramos saber si la aprobación de la Rendición de Cuentas que remite, es una señal de aprobación del resultado de la política económica llevada adelante por el Gobierno anterior, ya que las cifras y el resultado de éstas trasmiten una serie de datos positivos con relación a economías, a superávit y al estado de crecimiento que el país tuvo en el último Ejercicio Presupuestal. Quiero saber si esto es lo que el Gobierno entiende como un inicio positivo, ya que en determinados momentos algunos actores de la actual Administración han hablado de "herencia maldita" y han hecho consideraciones negativas con relación al resultado económico-presupuestal de la gestión pasada.

Entonces, lo primero que quisiera es conocer la opinión del señor Ministro de Economía y Finanzas con relación a si, en líneas generales, comparte una apreciación positiva de los resultados del Ejercicio anterior; no de toda la gestión del Gobierno, señor Presidente, sino del Ejercicio Presupuestal anterior y referido a esta última Rendición de Cuentas.

Esta es la primera pregunta que quería plantear; más adelante efectuaremos otras con relación a algunos artículos.

SEÑOR MINISTRO.- Debemos distinguir tres aspectos que son absolutamente diferentes entre sí. En primer lugar, el concepto de Rendición de Cuentas; en segundo término, el de política económica; y, en tercer lugar, el que refiere a la evolución de algunas variables económicas en 2004.

Primeramente, quiero decir que aprobar una Rendición de Cuentas no significa aprobar una política económica sino, desde el punto de vista legal, el estado de las cuentas públicas. Por lo tanto, a la pregunta de si aprobar una Rendición de Cuentas implica aprobar una política económica doy una respuesta negativa, porque son dos conceptos totalmente diferentes.

En cuanto a la evolución de algunas variables que se exponen, debo decir que celebramos todas las evoluciones positivas, porque como uruguayos debemos estar contentos de que la economía crezca, de que también aumenten las exportaciones y de que mejoren las finanzas públicas; pero debo recordar que de allí a aprobar una política económica no hay uno, sino varios abismos de diferencia.

SEÑOR PENADES.- Comparto las afirmaciones y creo que son importantes las distinciones -que todos conocemos- que el señor Ministro reafirma en su intervención, sin perjuicio de lo cual, aprobar la Rendición de Cuentas es convalidar los resultados de la gestión presupuestal del Gobierno anterior. Me parece que es una decisión no menor que el Gobierno ha asumido al remitir y votar afirmativamente el proyecto de Rendición de Cuentas, tal como ha sucedido en la Cámara de Representantes.

Tendría que hacer algunas preguntas con respecto al articulado, pero como quizás algún otro Senador quiera hacer alguna consideración de carácter general, lo haré luego.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pese a la contestación que diera el señor Ministro a las preguntas formuladas por el señor Senador Penadés, en el informe económico-financiero adjunto a la Rendición de Cuentas nosotros creemos advertir una cierta valoración positiva de la conducción económica de la anterior Administración, en particular la gestión 2003 y 2004, resaltando especialmente cierta fortaleza de las finanzas públicas en el cierre del Ejercicio 2004.

Nosotros queremos preguntar al señor Ministro cómo se compatibiliza eso con las serias dificultades -expresadas en forma pública a través de sus titulares- con que se encontraron algunos Ministerios. Esa es una primera pregunta.

Por otro lado, si las dificultades expresadas -incluso con ciertas calificaciones- no eran de orden financiero sino de gestión, ¿se nos podría brindar algunos avances acerca de las auditorías externas que se vienen llevando adelante en las diferentes reparticiones de la Administración Pública? De acuerdo con lo expresado, incluso, por calificados voceros, esas auditorías ya se estarían realizando. Entonces, la pregunta es si en el articulado de esta Rendición de Cuentas se corrigen posibles errores, irregularidades u otro tipo de anomalías que se hayan detectado como consecuencia de los avances de los trabajos de las auditorías externas.

También quisiera preguntar al señor Ministro con qué modalidad y en base a qué criterios –si es que están definidos- se reasignarán las economías generadas por los artículos 2º y 3º de la Rendición de Cuentas. ¿Dichas economías están cuantificadas? Algunos hablan de U$S 160:000.000, como se ha expresado en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes. Queremos saber, específicamente, qué contestación tiene sobre ese extremo el Ministerio.

Por ahora, señor Presidente, dejo planteadas estas preguntas. Sin perjuicio de que tengo algunas más para formular, comienzo con estas tres, que son de carácter general.

SEÑOR MINISTRO.- Todo el primer tramo de la intervención del señor Senador Larrañaga es similar a lo planteado por el señor Senador Penadés. Reitero mi respuesta: en el informe económico-financiero, simplemente, hay una exposición objetiva de la evolución de diversas variables importantes para la economía nacional, pero no hay ninguna afirmación, ni explícita ni implícita, de aprobación de la política económica. En cuanto a la apreciación que puedan realizar los diferentes Ministerios sobre esta evolución, creo conveniente inquirir directamente a sus titulares ya que no puedo responder por ellos.

Desde el punto de vista de los avances de auditoría, aclaro que al citarme a esta reunión no se me requirió esa información y, por lo tanto, he venido a presentar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En la medida en que se trata de una tarea que está en curso, también contesto negativamente a que en este proyecto de ley y con respecto al Ejercicio 2004, no se han corregido presuntas o supuestas anomalías.

En lo que tiene que ver con la pregunta sobre las economías, corrijo la moneda ya que no son U$S 160:000.000 sino $ 160:000.000, y le solicito al economista Viera que responda la interrogante.

SEÑOR VIERA.- Con relación a las economías generadas en el artículo 2º del proyecto de ley de Rendición de Cuentas aprobado por la Cámara de Representantes, digamos que recién tendrán aplicación a partir de 2007, ya que en 2006 se tendrán que abonar los premios considerados según la evaluación que se realice en 2005. Las calificaciones previstas en la ley de referencia se vienen pagando con un año de retraso; por lo tanto, recién en 2007 se van a poder distribuir esas economías, cuyo monto asciende a los $ 120:000.000.

En cuanto a cómo se van a distribuir, está previsto que se determine por un nuevo procedimiento de cálculo que se hará en conjunto con COFE, lo que se realizará 15 días después de aprobada la Rendición de Cuentas.

Con relación a las economías del artículo 3º, serían de muy escasa entidad, dado que el aditamento que ha puesto la Cámara de Representantes al articulado que figuraba en la propuesta, de alguna manera implica que sean escasísimos los funcionarios que hayan percibido este tipo de retribución sin que haya sido en forma regular y permanente. En consecuencia, son muy pocos y el monto respectivo no llegaría a $ 10:000.000; se va a volver a calcular cómo se distribuye a partir de 2006. Pero vuelvo a repetir que se hará a través de una Comisión que se establecerá por medio de un nuevo régimen, que se dictará 15 después de la sanción del presente proyecto de ley.

SEÑOR GALLINAL.- Si me lo permiten, me gustaría formular una pregunta relativa al articulado que viene aprobado por la Cámara de Representantes y que fue motivo de iniciativa del Poder Ejecutivo. Concretamente, me voy a referir al artículo 11 que refiere a lo que conocemos como la Junta Anticorrupción. Allí se establece una modificación de la Ley Nº 17.060, del año 1998, en cuanto a la forma de designación de los tres miembros que tienen la responsabilidad de conducir sus destinos. Esta iniciativa corresponde al Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores, hasta hoy otorgada por los tres quintos de los votos del total de sus componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone reducir las mayorías requeridas en el Senado de la República de tres quintos a mayoría absoluta. El proyecto sufrió una transformación en la Cámara de Representantes porque establece una nueva instancia para la búsqueda de esos tres quintos, agotada la cual nuevamente vuelve a la mayoría absoluta que, en definitiva, es la nueva definición que nos trae el Poder Ejecutivo.

Nos sorprende enormemente esta iniciativa porque creemos que la exigencia de los tres quintos es una muy buena solución. También lo son las mayorías especiales por encima de la mayoría absoluta, que se tienen que dar, por ejemplo, para la designación de integrantes de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. En ese sentido, mayores fundamentos hay aún para un organismo de estas características, que hace a la transparencia y a la cristalinidad de la gestión de todos los gobernantes, ya sean integrantes del Poder Ejecutivo, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, del Poder Legislativo o de cualquier otro organismo público.

Creo que el hecho de bajar a mayoría absoluta, partiendo además del dato de la realidad de que el Gobierno la tiene, supone un paso atrás muy grande en esta materia. Entonces, el Gobierno pretende por sí y ante sí designar a quienes tienen la responsabilidad de ejercer competencias como las que se establecieron en la Ley Nº 17.060. Ni siquiera se intentó recorrer el camino de mandar una propuesta, conforme a la ley vigente, con nombres que por su trayectoria, reconocida experiencia y solvencia profesional y moral podían integrarla. Felizmente, en el país existen personas así en un muy buen número, incluso por encima de los partidos políticos o dentro de ellos, como en la fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar, en nuestra fuerza política, así como en los demás partidos políticos. No titubeamos en señalar que existe gente con probadas condiciones para ocupar un cargo de estas características, para ejercer una responsabilidad que cada vez debe tener una mayor jerarquía y prestigio porque, lamentablemente, el mundo y la región viven problemas de estas características. Entonces, todo lo que hagamos para dar transparencia y cristalinidad al ejercicio de nuestras responsabilidades, debe ser bienvenido.

El hecho de que un Gobierno pretenda tener por sí mismo las mayorías para designar estos fiscales, estos ciudadanos que tendrán esta responsabilidad, nos parece que no es bueno. Creo que en este caso no vale el argumento de decir que no se alcanzarían los tres quintos; si bien ello depende de los nombres, pienso que se pueden alcanzar los tres quintos, lo cual sería una muy buena señal para la sociedad en su conjunto; pero no admitimos la amenaza de que si no lo sacamos con tres quintos, lo sacamos por mayoría. Ahí las cosas van a cambiar totalmente; vamos a entrar en un enfrentamiento de carácter político que no me parece que le haga bien a hechos de jerarquía, valor y de esta importancia.

Tampoco es un tema propio de una Rendición de Cuentas. Esto no sólo lo dice el Senador que habla, sino que también lo expresaron integrantes de la propia fuerza política que integra el Gobierno, porque en todas las oportunidades que se plantearon normas de estas características en Rendiciones de Cuentas o en Presupuestos, han traído objeciones de este tenor.

Nosotros vamos a dar la batalla en el Senado por este tema, porque nos parece que es una pésima señal; entendemos que debería haber espacio suficiente para el diálogo, para el entendimiento y para la búsqueda de soluciones. Además, ni siquiera se agotó la instancia previa, que era la de mandar la iniciativa, ya que probablemente se hubieran encontrado con que estaban las manos levantadas para alcanzar los tres quintos.

Fíjese, señor Presidente, que no se trata de un asunto menor aunque, quizás no tiene la dimensión de transparencia y cristalinidad que tiene este tema. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Comisionado Parlamentario se trabajó a nivel de la Asamblea General y de Comisión, se evaluaron distintos nombres y se llegó a una decisión unánime. Reitero, una decisión unánime en la Comisión y en la Asamblea General, ya no en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque cuando se requieren ciudadanas y ciudadanos de este nivel y jerarquía, el país los tiene dentro y fuera de las fuerzas políticas. Entonces, no se trata de una de esas iniciativas que nos imagináramos llegando a conocimiento del Parlamento en el Presupuesto Nacional y a iniciativa del señor Ministro de Economía y Finanzas. Al contrario, creemos que si el señor Ministro Astori hubiera estado aquí, en el Senado -felizmente está ocupando una responsabilidad para la que tiene condiciones acreditadas- seguramente hubiera compartido un razonamiento de estas características.

En consecuencia, señor Presidente, vamos a tratar de que en el Senado de la República no prospere este artículo, más allá de toda actuación que podamos tener en el conjunto de la Rendición de Cuentas y de las distintas disposiciones. Reitero, en este caso en particular, nuestro Partido va a tratar que este artículo no prospere. Quisiéramos conocer el fundamento del Poder Ejecutivo para traerlo desde el punto de vista formal, aunque no es un tema de enorme trascendencia pero, fundamentalmente, desde el punto de vista sustancial, para conocer el porqué de un cambio de estas características.

SEÑOR MINISTRO.- Señor Presidente, este tema ya fue planteado en la Cámara de Representantes y seguramente motivó uno de los cambios que se introdujeron en el pasaje por dicha Cámara. Ahora bien; con todo respeto le voy a solicitar al señor Senador Gallinal que no imagine –sobre este ni sobre ningún otro tema- mis actitudes si estuviera en el Senado, porque ahora estoy en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Quiero sí señalar que se trata de un tema de recibo y de discusión totalmente legítima. Por supuesto, hay que respetar todas las opiniones, las que oímos cuando pasó este proyecto por la Cámara de Representantes y las que estamos escuchado ahora.

La verdad es que la historia del país es larga, y sobre estas designaciones o similares que exigen mayorías especiales no hemos tenido una buena experiencia. Nosotros estamos sufriendo desde hace años la posibilidad de renovar la integración de los organismos de contralor: el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Seguramente esto pesa en el ánimo de la búsqueda de caminos para agilitar otras posibilidades que entendemos necesita el país. Por supuesto que estaremos abiertos a la consulta en materia de nombres así como a la agregación de garantías a la propuesta original.

Ahora hay un segundo período de sesenta días, si no me equivoco, a los efectos de proceder a la designación de los integrantes de este organismo, lo que torna un poco más rigurosas las condiciones para la selección de las personas. No obstante, les pido a los señores Senadores que tengan en cuenta lo que ha ocurrido durante mucho tiempo con experiencias que no son iguales sino similares, pero que también apuntan a mayorías especiales, de las cuales no hemos podido obtener como conclusión el camino que a nosotros nos parece más justo: por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral tengan una composición más acorde con lo que es la estructura del sistema político partidario del país a partir de las últimas elecciones. Aquí no hay, en absoluto, un ánimo de hegemonía política ni mucho menos. Quizás sí haya una respuesta a malas experiencias del pasado, pero también hay –por lo menos de nuestra parte– disposición a escuchar propuestas y a que en estos organismos haya personas que sean de confianza del país en su conjunto y no sólo de una parte. Como señalaba, hay disposición a escuchar alternativas al respecto y, sobre todo, representatividad de diferentes intereses provenientes de distintos sectores de la sociedad. No se debe ver en esto un intento de hacer predominar nuestra opinión sobre la del resto de los uruguayos y desde el punto de vista partidario sobre el resto de los partidos políticos que actúan en el país.

SEÑOR GALLINAL.- Lo que hago con mi imaginación es un problema mío y el señor Ministro no tiene por qué compartirlo.

Quiero señalar que es al revés de lo que dice el señor Ministro. Creo que la experiencia que el país tiene en esta materia –sobre todo la más reciente– es altamente positiva para el Gobierno. Por sí sólo no tiene mayorías suficientes para nombrar a los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y la mayoría del Partido Nacional puso los votos para que no tuvieran que esperar sesenta días. Hicimos esto porque nos imaginábamos que para un Gobierno que recién asumía y no era un tema menor tener que esperar que transcurrieran dos meses para designar a sus representantes en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, sobre todo teniendo en cuenta que mientras tanto iba a tener Presidentes y Directores de otras fuerzas políticas, con una visión política diferente. La oposición ayudó a superar ese trance y a pesar de las notorias diferencias que se vivieron en esos días –porque las partes estaban confrontadas, legítima, pero fuertemente–, el Partido Nacional compareció en Sala para otorgar los votos y habilitar la pronta incorporación. Sin embargo, de acuerdo con lo que se desprende de las palabras del señor Ministro, el Poder Ejecutivo, si pudiera, cambiaría lo que dice el texto constitucional para poder integrar el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral por sí y ante sí. Además, creo que este organismo tiene una dimensión diferente, porque no estamos en un tema político sino de cometidos, que todos conocemos. Por lo tanto, quisiéramos conocer –porque no se explicó– el fundamento jurídico en función del cual se pretende tener una mayoría menor que la que exige la ley original. Obviamente, no hay una norma jurídica que nos ampare en este sentido, pero por algo se establecieron los tres quintos; pero resulta que ahora se va a usar la mayoría para derogar eso de manera de poder seguir recurriendo a las mayorías para la designación. Lo único que se hizo en la Cámara de Representantes fue aplazar por sesenta días la posibilidad de una resolución; no es una mejoría sustantiva. Por tanto, quisiéramos conocer los fundamentos de esta decisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permite el señor Senador Gallinal, si bien la pregunta ya había sido realizada y fue respondida por el señor Ministro, es válida la opinión que da en esta segunda intervención, aunque la pregunta sigue siendo la misma.

SEÑOR GALLINAL.- Yo pretendía que me contestara el señor Ministro -porque no lo hizo cuando le pregunté- cuál era el fundamento jurídico en función del cual se pretende llegar a esto.

SEÑOR MINISTRO.- Yo me remito a la misma respuesta que, por supuesto, se funda también en argumento de tipo político.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Comparto en forma total la argumentación vertida por el señor Senador Gallinal. No considero para nada válido los argumentos políticos dados por el señor Ministro, y mucho menos los ausentes jurídicos que también nos parece que nos hacen marchar hacia un régimen de cierto absolutismo que, aparentemente, cuenta en este caso con la aceptación del señor Ministro de Economía y Finanzas. Nos parece que es muy malo que esta Junta Anticorrupción del artículo 11 termine, precisamente, cambiando la forma de elegir sus integrantes, donde se requería una mayoría especial, por una mayoría, atento a la nueva realidad política. El relato de las experiencias anteriores que cita el propio Ministro, a la luz de los ejemplos que citó el señor Senador Gallinal, evidentemente no tienen razón de ser al punto de que nuestra colectividad política colaboró con el otorgamiento de las mayorías requeridas por la Constitución para la integración de los Directorios de las empresas públicas.

Voy a esperar que esa conversación entre el Ministro y un integrante de la Comisión cese para poder seguir hablando.

SEÑOR KORZENIAK.- Ya termina, señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Muchas gracias, señor Senador, porque si no después no nos entendemos ni nos escuchamos, o cuando no nos gustan las cosas nos vamos de Sala, como hace el Senador.

Insisto, señor Presidente y señor Ministro, en que nos parece que se trata de una pésima señal política.

El señor Senador Michelini me solicita una interrupción, y yo se la concedo con mucho gusto.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que se debería avanzar en otros temas, pues por lo que yo escuché, el señor Ministro dijo que el Gobierno estaba abierto a escuchar. El señor Senador Larrañaga no puede desconocer que hubo un planteo sobre este tema en reuniones parlamentarias que, además, fue recibido con cierta calidez por parte de los parlamentarios del oficialismo. Entonces, sería bueno que ese tipo de encuentros se siga dando, pues no hay respuestas definitivas.

Naturalmente que por ahora la voluntad del Gobierno es que este artículo se apruebe tal como viene de la Cámara de Representantes; pero el señor Ministro ha dejado claro aquí y en otras reuniones -el señor Senador Couriel, quizás más que ningún otro parlamentario, fue en eso explícito- que hay una voluntad abierta. Creo que si se sigue insistiendo en que se trata de una actitud absolutista -cuando en realidad estamos dando muestras de que estamos dispuestos a escuchar- no nos vamos a entender.

Considero que podríamos cerrar el capítulo de este comentario hoy aquí, avanzar sobre otros temas y luego tendremos las sesiones de la Comisión y reuniones parlamentarias con relación a estos asuntos, pero es claro que estamos abiertos. Por ahora está el proyecto de ley.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En todo caso, vamos a seguir como actualmente estamos, es decir, como reunión de ciegos.

No estoy hablando por supuesto del contenido de las conversaciones que se han venido dando entre parlamentarios, con la presencia del señor Vicepresidente; estoy al tanto de éstas, pero no hacen referencia al tema central que estamos cuestionando, que es bajar los porcentajes exigidos para la integración de ese organismo. En definitiva, lo que verdaderamente estamos cuestionando es el hecho de que el Gobierno, apoyándose en las mayorías que actualmente tiene -y que legítimamente conquistó en las urnas- modifique el quórum de los tres quintos y lo sustituya por una mayoría simple para la integración, nada menos, que de la Junta Anticorrupción . Eso es lo grave y es, precisamente, lo que cuestionamos; es decir, no se trata de ofertas para ingresar o no a la integración de dicho Cuerpo, sino de ver cómo elegimos a estos ciudadanos que estarán en un organismo de estas características.

Ahora bien, más allá del hecho de que no compartimos la contestación dada por el señor Ministro porque nos parece que es insuficiente, no vamos a seguir en este tema, sino que haremos algunas preguntas de carácter general.

Creo que se esperaba que esta Rendición de Cuentas contuviera, en su articulado, la regularización de gastos autorizados genéricamente y de manera urgente, incluso para que el Gobierno hiciera frente a algunas de sus principales y más imperiosas propuestas. Sin embargo, ella no contiene –como debió haber sido, a nuestro juicio y según lo dispone el inciso final del artículo 214 de la Constitución de la República- las modificaciones presupuestales que se han realizado en materia de gastos, inversiones y sueldos al crearse por ley el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Acaso el señor Ministro no entiende que esta Rendición de Cuentas debió regular el monto que el Poder Ejecutivo está destinando sin autorización legal para pagar sueldos, gastos de funcionamiento y, eventualmente, inversiones, en un Ministerio que recién tendrá su primer presupuesto a partir del año próximo? ¿No se debió haber regularizado en esta Rendición de Cuentas aquello en cuya aprobación, incluso, colaboró el Partido Nacional, que fue la ley a través de la cual se creó el citado Ministerio?

Por otro lado, voy a realizar una pregunta relacionada con la economía procesal. En la Rendición de Cuentas se observa una tendencia derogatoria de algunas disposiciones legales en varios sentidos, particularmente en materia de salarios de funcionarios públicos y su traslado a la reglamentación. Entonces, queremos saber si el Ministerio no entiende que se está generando una discrecionalidad del Poder Ejecutivo con estas normas que se incorporaron a la Rendición de Cuentas. Nos gustaría conocer el fundamento legal –el fundamento del propio Ministerio de Economía y Finanzas- para apuntalar la derogación de estas normas trasladando la reglamentación, que significa la regulación.

SEÑOR MINISTRO.- La verdad es que no entendí a qué normas refiere la última pregunta formulada por el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Concretamente, a normas que terminan derogándose y trasladando la reglamentación a la facultad o discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Hay algunos artículos como ejemplo, y si se quiere podemos ingresar después en una discusión más particular.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es probable que el señor Senador esté haciendo referencia al artículo 4º.

SEÑOR MINISTRO.- El señor Senador comprenderá que, para poder responder a su pregunta, necesito saber exactamente a qué disposición se está refiriendo.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Bien. Entonces, cuando ingresemos a la discusión particular, mencionaremos específicamente esos artículos.

SEÑOR MINISTRO.- De acuerdo. Lógicamente, cada artículo tiene un fundamento diferente; entonces, para poder responder la pregunta, necesito saber la referencia exacta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En varios artículos se traslada, precisamente, esa facultad al ámbito de la reglamentación y del Poder Ejecutivo, por supuesto, con distintos temas específicos a cada una de las áreas. Es como una línea en la que se siguen distintos artículos vinculados a varios temas. Eso no significa que haya una atadura entre los asuntos, pero sí se trasladan a la vía de la reglamentación, es decir, a la vía del decreto y del Poder Ejecutivo.

SEÑOR MINISTRO.- Insistía con los artículos, señor Senador, porque según el tema de que se trate, pueden manejarse distintas razones; pero de todos modos lo iremos viendo.

En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, hay una ley que aprobó el Parlamento, que dispone créditos presupuestales para el Plan de Emergencia y que constituye, por eso mismo, el punto de referencia fundamental para administrarlos y poner en vigencia dicho Plan ya desde este año 2005.

Tengo entendido que además hay otra norma que alude a los recursos humanos del Ministerio de Desarrollo Social y adelanto que en el proyecto de ley de Presupuesto -que va a ingresar la semana que viene en el Parlamento- se abordan otros aspectos que encaran el futuro de dicho Ministerio con un horizonte quinquenal.

En lo que tiene que ver con el tema que planteaba el señor Senador Larrañaga -concretamente, le pregunté a qué artículos específicos se refería- solicito autorización para que el señor Subdirector Ruocco, de la Oficina Nacional del Servicio Civil, adelante una primera respuesta al respecto.

SEÑOR RUOCCO.- Naturalmente que hay un grupo de artículos que, como decía el señor Senador Larrañaga, pueden tener un cierto elemento vinculante y también poseen independencia. Creo que es bueno analizarlos en el marco de una nueva situación que se ha generado en el país. Hoy tenemos negociación colectiva en el plano del Gobierno y a los funcionarios públicos con sus organizaciones más representativas. Muchas veces, estas negociaciones tienen algunas dificultades en cuanto a los tiempos diferentes y, a veces, pueden ser un poco más extensos que los establecidos para la presentación. Sin embargo, y dentro de los plazos establecidos por el debate, pueden avizorarse mejoras en la presentación de los temas que a la postre favorezcan al bien común.

Esta presentación me parece necesaria porque nosotros venimos de un debate que se roza con éste, realizado en la Cámara de Representantes, donde por lo parecido, debimos despejar la confusión entre lo que aquí se expresa como el premio al desempeño y al que se refiere al desempeño de tareas de mayor responsabilidad y especialización. En aquella ocasión dijimos –y ahora lo reafirmamos- que no nos sentimos responsables de esa falta de imaginación para nombrar de manera parecida -y que induce a la confusión- dos conceptos que son diferentes y así los tratamos, más allá de cómo se puedan entrelazar no entre sí, sino en la negociación colectiva. Por eso, el que refiere en el artículo 2º -que, como dijo el economista Viera, regirá su disponibilidad a partir de 2007- para cumplir con todos los procesos que ya fueron echados a andar, queda claro que no hay ni habrá violación de derechos adquiridos por parte de los trabajadores.

Por otra parte, nos abocaremos –y esto es una respuesta complementaria- a realizar una nueva reglamentación que vaya en línea con el fomento de la "meritocracia" y la profesionalización de la función pública.

En cuanto al artículo 3º, se ha dicho –lo hemos leído- que lesiona el derecho de quienes perciben una retribución de carácter permanente, que su fin ha sido permitir a la Administración mejorar la retribución de algunos funcionarios que desempeñan tareas de mayor responsabilidad, dado que muchas veces la escala salarial vigente no permite una retribución acorde y diferencial que motive mínimamente a quien asume esa mayor carga funcional.

Los señores Senadores deben saber que la forma de su distribución es de una formidable discrecionalidad en cuanto a montos, reglamentaciones, periodicidad, etcétera. Digo esto porque estamos manifestando que la ley protege la distribución de estos dineros y protege a los funcionarios.

No obstante ello, y sin renunciar a su consideración –como ya veremos más adelante- en el artículo 4º se ha incorporado un párrafo que dice que "El decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que perciban las retribuciones citadas en el artículo 3º de la presente ley en forma regular y permanente sin cambiar su naturaleza."

Entonces, es tan importante ese derecho de los funcionarios como la naturaleza de la compensación -o sea mayor responsabilidad y especialización- que, como dije antes, tiene variadas reglamentaciones, entre ellas la rotación de esa compensación por los motivos que la determinada reglamentación lo exprese. Este criterio anticipa nuestra visión de cómo se deben componer las retribuciones en el Estado, y más allá de la dispersión que tienen, ordenarlas no es tan sólo hacer una sumatoria de ellas, ya que algunas podrán ser salarizadas y otras seguirán siendo retribuciones variables; o sea que se pueden ganar o perder de acuerdo con parámetros objetivos que estudiaremos en su oportunidad.

De la misma manera, en el horizonte de esta concepción esbozada, estábamos acordando con COFE un acuerdo parcial para discutir los criterios de asignación a los funcionarios, antes consagrados en los artículos 27 y 725 de la Ley Nº 16.736, los que deben ser modificados. Por lo tanto, analizaremos nuevas formas de distribución de los recursos vinculados al cumplimiento de los objetivos previstos en el acuerdo marco de fecha 22 de julio de 2005 y, en especial, lo dispuesto en las cláusulas 11 –que habla de mecanismo de reforma de la gestión pública- y 12, que habla de la carrera administrativa. En este sentido, las partes entonces acordarán negociar en este ámbito el decreto reglamentario conforme a lo establecido en el artículo 4º del proyecto de Rendición de Cuentas.

Esta es una manera de establecer que parte de la financiación de esas reformas necesarias y acordadas como prueba de buena fe de las partes que negocian, surgirá de los rubros ya utilizados para las retribuciones. Quiere decir que todas estas normas -que se pueden analizar independientemente- forman un conglomerado dentro de la negociación que estamos haciendo con la organización de los trabajadores del Estado de la Administración Central. Me parece muy importante que cada cosa que vayamos haciendo esté concatenada con la siguiente, porque estamos demostrando de alguna manera que juntos vamos en una dirección, que nosotros pensamos que es la dirección correcta.

Con respecto a este tema, señalamos que tiene que haber tranquilidad en el marco de la negociación colectiva, ya que se harán esas negociaciones; también tiene que haber tranquilidad en el sentido de que los dineros que de ella queden, serán vertidos para los mecanismos de la reforma de la gestión pública y de la carrera administrativa, superando así un tema que venimos arrastrando y con respecto al cual estoy casi seguro que ninguno de los señores Senadores está conforme. Me refiero a cómo se está manejando el tema de la falta de la profesionalización de la función pública.

SEÑOR PENADES.- El señor Ministro y el señor Ruocco hacían referencia a algunos artículos sobre los que nos interesaría volver a realizar preguntas.

Con relación al artículo 2º, quisiéramos saber si el Poder Ejecutivo ha calculado las economías que va a implicar dejar sin efecto los premios al desempeño. Además, sin perjuicio de que ya se ha explicado, me gustaría reafirmar algunos conceptos.

Quiero saber si en lo que respecta al tema de dejar sin efecto los premios al desempeño, no sería más lógico y racional derogar esta medida en oportunidad de la aprobación del nuevo Reglamento de Evaluación del Desempeño, si así se creyera conveniente, sabiendo que en el año 2007 se van a poder utilizar las economías, según lo que explicó en la Cámara de Representantes el Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil con motivo de su concurrencia para tratar esta misma Rendición de Cuentas. No me quedó claro qué es lo que se va a hacer con las economías resultantes de la derogación de este premio al desempeño.

En el artículo 3º, la derogación de este régimen de compensaciones, de acuerdo con el texto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, generaba una economía de aproximadamente $ 120:000.000 que, según el artículo 4º y el convenio que el Poder Ejecutivo firmó con COFE, se distribuiría entre los funcionarios de las distintas Unidades Ejecutoras de la Administración Central.

En virtud del agregado que se hizo al artículo 4º en la Cámara de Representantes en cuanto a mantener las compensaciones de los funcionarios que las han percibido en forma regular y permanente, queremos saber a qué suma ascenderían las economías resultantes de esa derogación y de dónde piensa sacar los fondos el Poder Ejecutivo para dar cumplimiento al acuerdo con COFE.

En lo que respecta al artículo 4º, me parece importante tener claro algunos conceptos, porque creemos que de votarse este artículo, se pueden estar lesionando derechos adquiridos.

Como primer punto, nos gustaría preguntar cómo es posible que el decreto respete los derechos adquiridos de los funcionarios con relación a las compensaciones que se derogan por el artículo 3º y, además, qué es lo que seguirán cobrando y en qué calidad estarían cobrando lo que, por otro lado, se pretende derogar.

También queremos saber cuáles son los criterios que manejará el Poder Ejecutivo para la distribución de las economías que se generen por la derogación del premio al desempeño y las compensaciones por mayor responsabilidad y especialización. Nos gustaría que el Poder Ejecutivo explicara cuáles son las compensaciones que deberán ser respetadas, porque los funcionarios las vienen percibiendo en forma regular y permanente, concepto nuevo y novedoso, por lo que nos gustaría saber a qué se refiere.

Asimismo, nos gustaría saber a qué se refiere el último inciso del artículo 4º cuando habla de "sin cambiar su naturaleza". Quisiéramos que se nos explicara claramente qué es lo que el Poder Ejecutivo interpreta con relación a ese concepto.

Con respecto al artículo 6º y en lo que tiene que ver con la media de la remuneración de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, queremos preguntar al señor Ministro si para fijarla se toman en cuenta también las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección General Impositiva, que comienza a regir con su reestructura.

En lo que tiene que ver con el artículo 7º, nos gustaría saber a cuánto asciende anualmente el importe de los recursos a que refiere esta norma. En este sentido, el señor Ministro en varias oportunidades ha manifestado que para llevar a cabo la reestructura de la Dirección General Impositiva se utilizaría menos de la mitad de estos fondos. Entonces, consulto acerca de qué porcentaje se piensa destinar para aumentar el Fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170. ¿Se le ha pensado dar un destino específico al remanente? ¿A juicio del señor Ministro, sería conveniente distribuir los fondos sobrantes para mejorar, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios del INAU, para contratar un mayor número de funcionarios y para afectarlo a mejorar sus instalaciones edilicias?

Tengo dos preguntas más que formular al señor Ministro, pero propondría que fuera dando respuesta a las ya planteadas.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a pedir al economista Carlos Viera que responda a las interrogantes formuladas.

SEÑOR VIERA.- Nuevamente me voy a referir a las preguntas planteadas anteriormente, relativas a los artículos 2º, 3º y 4º del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Se consultaba acerca de cuál era el monto que estaba en consideración, lo que ya ha sido objeto de respuesta. Ahora se nos pregunta cuáles son los fundamentos por los cuales se procede a este tipo de planteamiento en el articulado.

En el artículo 2º se dice: "Déjase sin efecto la asignación de los ‘premios al desempeño’ creados por el artículo 27 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a partir del período de evaluación comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005".

Como he dicho, esta evaluación –que está vigente- se va a pagar en 2006, porque se viene haciendo con retraso. Por lo tanto, el fundamento es que se deje sin efecto este tipo de "premio al desempeño" a partir del año 2006, ya que es intención del actual Gobierno no incurrir en las anomalías que esta norma estaba provocando a nivel de la administración del recurso humano. En ese sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.736 establecía: "Créase el premio por desempeño excelente y muy bueno para los funcionarios que alcancen la calificación de excelente y muy bueno en sus respectivas evaluaciones. Dicho premio consistirá en una única cantidad anual equivalente al 10% (diez por ciento) de la suma de la retribución anual nominal de los funcionarios para los que obtengan una calificación de excelente. Los funcionarios que tengan una calificación de muy bueno recibirán un premio del 3% (tres por ciento) de su retribución anual nominal".

Como se puede apreciar, se trataba de una retribución importante; no era poca cosa. El régimen que establecía esa situación estaba distorsionado porque, como consecuencia de algunas comprobaciones que hemos tenido que hacer, notamos que se aplicaba con una discrecionalidad tal que desviaba claramente el objetivo de la ley.

SEÑOR PENADES.- El señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ha reiterado la afirmación de la discrecionalidad y de la mala práctica con que algunos jerarcas aplicaban estos beneficios consagrados en la Ley Nº 16.736. Me gustaría que se especificara si esa discrecionalidad y esa mala aplicación del artículo 27 corresponde a los jerarcas de carrera de la Administración Central, o si se nos está queriendo decir -por eso pido que se especifique- que las autoridades anteriores aplicaron mal este artículo relativo a la calificación de los funcionarios.

SEÑOR VIERA.- No sé si el señor Senador Penadés se refiere a lo manifestado por el señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil o a lo que yo he manifestado como Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El artículo al que estamos haciendo referencia remite a las Administraciones, que aplicaban con mucha discrecionalidad este peculiar modo de proceder a premiar. Cualquier manual moderno de Administración Pública sostiene que se califica a la persona, y es pertinente; pero para premiar económicamente, hoy en día ya no se califica a la persona sino a la Unidad Ejecutora en su conjunto, que se puede evaluar objetivamente, de acuerdo con indicadores de desempeño previamente establecidos. Hoy en día se procede de esta manera.

Estos son los fundamentos que la actual Administración ha considerado para dejar de lado una calificación que, por ser personal, admite muchísimos ejemplos de subjetividad y discrecionalidad. Nosotros queremos evitar que continúen ocurriendo estas cosas por parte de los jerarcas de cada Inciso ya que, en última instancia, es a quienes corresponde calificar. Este es el fundamento del artículo 2º. Considero que es bueno establecer un momento de detención para que esto no se siga practicando y para que, a partir de 2007, tengamos otros mecanismos para evaluar a los funcionarios públicos, lo que será muy productivo para toda la Administración.

Las economías que genera este artículo, como ya lo he explicado, se distribuirán de la forma planteada: habrá una nueva reglamentación que establecerá cuáles serán las maneras de premiar al desempeño, que no serán a nivel individual y subjetivo, sino a nivel colectivo y objetivo. Esa es la idea que está detrás del artículo.

En cuanto al artículo 3º, hemos visto que estas retribuciones que se pueden estar aplicando, en tanto no sean permanentes y regulares, deberían ser objeto de revisión. Creo que a nivel de la Administración Pública está todo distorsionado y existe caos salarial por efecto de las compensaciones personales. Vigilando que éstas no sean regulares y permanentes, podremos dejarlas sin efecto; cuando sí lo sean, se mantendrán a efectos de no lesionar derechos adquiridos, porque mucha gente las está percibiendo efectivamente desde 1997, cuando se sancionó la ley.

La economía que implica este artículo no llega a $ 10:000.000 anuales. De manera que es muy menor la cantidad que se podría obtener de este procedimiento.

Esto es lo que me parece importante resaltar. Considero que está suficientemente fundado el porqué se procede de esta manera, y es el primer anticipo de una reforma muy importante que se va a procesar a nivel de la Administración Pública en cuanto a la administración del personal y de las remuneraciones.

SEÑOR MINISTRO.- Creo que el tramo final de la intervención del señor Senador Penadés aludía a los fondos previstos por el artículo 7º de este proyecto de ley, los cuales, a su vez, refieren a los recursos dispuestos por el artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de reforma de la Dirección General Impositiva, en la que se establece un tope de hasta 25% de la mejora real de su recaudación. Nuestras estimaciones –como ya lo hemos expuesto y lo reiteraba el propio señor Senador Penadés- indican que se utilizará una parte bastante inferior para financiar la reforma de la Dirección General Impositiva.

Esto se liga con el artículo 6º de la Rendición de Cuentas, que establece la necesidad de que de ese total de recursos se aporte al Fondo creado por la Ley Nº 16.170. Consideramos que el porcentaje será similar o inferior al 5%. A fin de profundizar en este análisis, solicito a la Mesa que habilite el uso de la palabra el señor Subsecretario.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- El régimen establecido originalmente por el artículo 169 preveía que la Dirección General Impositiva –donde existen fondos de libre disponibilidad- también aportara al Fondo de Equiparación Salarial Interno del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en la medida en que se ha procesado la reforma de dicha repartición, no existirían fondos de afectación especial o de libre disponibilidad, por lo que no podría aportar a dicho Fondo. La idea es compensar esto, por cuanto la Dirección General Impositiva era uno de los contribuyentes netos del Fondo, que ayudaba a achicar las diferencias entre los mismos cargos en las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso. Luego habrá que evaluar el número concreto, que obviamente será muy pequeño, tal como decía el señor Ministro. En definitiva, la intención es equiparar el aporte que en el inicio del Fondo de Equiparación estaba previsto que aportara la Dirección General Impositiva.

SEÑOR ALFIE.- Quiero hacer algunas preguntas, en parte referidas a lo que se habló recién.

En cuanto a lo que señaló el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, debo decir que no entiendo esa discrecionalidad genérica, cuando todos sabemos que la calificación la hacía el personal de carrera; nunca la hicieron los jerarcas. Entonces, repito, no entiendo esa discrecionalidad que lleva a sacar el premio a algunos –que normalmente son los que trabajan- y repartirlo entre todos. Por más moderno que sea, sigo sin comprender el fundamento de fondo. Tampoco entiendo dónde está la norma legal que habilita a otorgar ese premio por Unidades Ejecutoras. El artículo 5º tiene dos incisos, el primero de los cuales repite una norma vigente y el otro deroga los premios. Hasta ahora estaba vigente la norma por la que se facultaba al Poder Ejecutivo a hacer una reglamentación para elaborar un nuevo plan de premios, por decirlo de alguna manera. Ahora se deroga y no hay nada en el medio. Entonces, no sé cómo va a ser el nuevo plan de premios, y aunque se sepa cómo va a ser, en la medida en que no tenga habilitación legal, no se va a poder dar.

Como bien dijo el señor Subsecretario, los artículos 6º y 7º están conectados. El artículo 6º cambia ligeramente el artículo 169 de la ley. En realidad, me gustaría saber cuánto dinero involucra ahora este artículo 6º nuevo, frente al otro. Digo esto, porque no me quedó clara la redacción, en ningún caso. Asimismo, hay un cambio en la forma de la equiparación respecto al anterior. El anterior era, en cuanto a los promediales, por escalafón y grado, pero aquí se elimina el escalafón. Por lo tanto, ahora la pirámide es toda igual, es decir que cada vez estamos achicando más y evitando cualquier tipo de premio o dispersión por calificación. Me parece que no corresponde, pero esa es una opinión y el Poder Ejecutivo, claramente, puede hacer lo que desee.

Luego de la explicación del señor Subsecretario, empecé a entender ahora por qué en el artículo 7º se dejó abierto y discrecional el porcentaje al Poder Ejecutivo. De todas maneras, me parece que, incluso por el bien del Poder Ejecutivo, sería bueno topear en un porcentaje máximo, aunque más no sea, aquí mismo. De acuerdo con los números que fueron enviados cuando se envió la reforma a la Dirección General Impositiva, el sobrante total estaría dando -para multiplicar por 2,5- todos los sueldos del Ministerio de Economía y Finanzas, con la excepción de la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Por supuesto que Casinos no, porque tiene un presupuesto aparte.

SEÑOR MINISTRO.- Pero eso no puede durar.

SEÑOR ALFIE.- Pero, de todos modos, el Casino es como la Dirección General Impositiva.

SEÑOR MINISTRO.- Es peor.

SEÑOR ALFIE.- Lo que pasa es que se pueden multiplicar todos los sueldos por 2,5 y me parece que la presión va a ser enorme. Por lo tanto, creo que sería bueno establecer una cifra con un máximo de equis porcentaje, para dejar todo más claro. No seremos nosotros quienes soportemos la presión, pero también puede dar lugar a que los sueldos suban mucho.

Tengo dos preguntas más con respecto al pago de deudas, que pertenecen a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca. En primer lugar, estaría el artículo 22, si no me equivoco, que refiere a organismos internacionales y el otro tiene que ver con el artículo 8º. Se trata de partidas para pagar deuda. Salvo que esté equivocado, esta deuda ya está, se reconoce como deuda, está imputada. Es decir que está en los libros como deuda imputada en los años que corresponde.

SEÑOR MINISTRO.- No es así; no tiene crédito.

SEÑOR ALFIE.- Tengo mis dudas. Recuerdo que el año pasado, cuando se hizo un pago de la deuda forestal, estaba imputado y tenía crédito. Entonces, interpreto que esto ya está imputado como deuda porque, de lo contrario, ¿cómo se reconoce como tal? ¿De dónde salen los registros de que se debe esto? ¿De un registro extracontable? En general, esta información surge de los registros contables, pero no sé qué ocurrió. Si surgiera de los registros contables, estaríamos duplicando el crédito. No es necesario tener este crédito para pagarlo, porque ya se paga un cargo a crédito del Ejercicio anterior.

Sé que ahora se cambió, no por filosofía, sino por derechos adquiridos, el artículo 4º original, en el cual se eliminan las compensaciones a los cargos de alta especialización, es decir, las compensaciones discrecionales, a tareas importantes o de cargos de alta especialización. Sin embargo, para el Ministerio de Desarrollo Social se pone una redacción exactamente igual a la que tenía la ley original y se deja en manos de la autoridad la discreción de contratar o de pagar sobresueldos a determinadas personas, obviamente con un monto máximo de caja, en base a su especialización o a la tarea relevante que desempeñe. Me parece que hay como una contradicción porque, por un lado, se elimina y, por otro, se crea exactamente lo mismo. Seguramente todo esto tiene una explicación, pero aclaro que no llego a comprenderlo.

Por último, no voy a hacer referencia a los cambios en la Junta Anticorrupción porque se trata de una discusión interna, sino que me voy a referir al artículo 18, por el cual se reinstaura el impuesto del 20% a la publicidad de las empresas públicas para el SODRE. Todos conocemos la razón por la que se había eliminado, es decir, para poner a las empresas en competencia. De hecho, una parte de las empresas están en competencia y esto les genera una especie de impuesto adicional del 20% sobre su publicidad. No digo que esto las deje fuera de competencia, pero puede significarle una sobrecarga a sus costos. Por lo tanto, no llego a comprender el alcance de este artículo.

Finalmente, tampoco llego a comprender el alcance del artículo 24 que otorga la facultad al Banco de Previsión Social de realizar contratos de función pública a aquellos funcionarios que tenían el carácter de suplentes. Básicamente, estas personas están fuera, y por esta disposición se las estaría presupuestando.

SEÑOR MINISTRO.- Esperamos poder recordar todos los planteos formulados por el señor Senador Alfie. Quisiera comenzar reiterando algo que dije cuando interrumpí al señor Senador, en el sentido de que las partidas a regularizar refieren tanto a la deuda con el fondo forestal como con los organismos internacionales; es decir, no disponían de crédito presupuestal y, por lo tanto, no estaban contablemente imputadas. El hecho de que no hubo Rendición de Cuentas del Ejercicio 2003 tiene que ver con esto porque, de otra forma, ya estarían hechas. Como no tuvimos una Rendición de Cuentas de 2003 lo estamos haciendo ahora. Simplemente estamos registrando la deuda a fin de tener noticia contable de ella.

Por supuesto que en materia de organismos internacionales estamos intentando, con mucho esfuerzo y gradualidad, disminuir la deuda, entre otras cosas porque afecta la posibilidad de votar en eventos internacionales. Por ejemplo, es urgente reducir la deuda que mantenemos con la Oficina Panamericana de la Salud porque en un evento próximo tenemos la necesidad de votar, lo que requiere de la mencionada reducción.

Con respecto a los pases en comisión, tengo entendido que se estimulan por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

SEÑOR ALFIE.- Yo me refería a las partidas que se otorgan para que se pueda decir que a determinada persona se le van a pagar $ 10.000 más, y a otra una suma diferente.

SEÑOR MINISTRO.- Pido disculpas porque en realidad no se trata de pases en comisión, sino que se trata de transferencias de recursos humanos de un organismo a otro. Obviamente, esto simplemente no es otra cosa que la posibilidad de estimular fuertemente esa transferencia de recursos humanos de modo de hacer posible el funcionamiento del Ministerio. Creo que esa es la explicación.

De todas maneras, quiero adelantar que estamos analizando, no para incluir en el proyecto de ley de Presupuesto pero sí para plantear el próximo año, una regularización general de la administración de recursos humanos en el sector público, incluidos los salarios, ingresos, promociones, escalafones y carreras. No lo estamos incluyendo en el proyecto de ley de Presupuesto porque es tan grande la tarea a realizar que queremos hacerla con calma, con profundidad y con la mayor rigurosidad posible. En ese sentido, nos hemos fijado presentarlo en la próxima instancia presupuestal del año 2006. También tendrá que ver con situaciones de este tipo que, obviamente, no son normales, pero que plantean necesidades que hay encarar en el sector público con un enfoque de urgencia, como es la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el comienzo de la aplicación inmediata del Plan de Emergencia Social.

En cuanto al SODRE, creo que lo que necesita es un subsidio, y esta es una manera de hacerla. Otra forma, sería a través de un subsidio explícito, directo. No nos afiliamos dogmáticamente a ninguno de los dos caminos; en lo personal, siempre he preferido los directos, los explícitos, pero aquí se optó por ese otro camino. Incluso, cuando se realizó el tratamiento en la Cámara de Representantes, dijimos lo mismo que ahora, o sea, que estamos abiertos a la solución que los Legisladores puedan entender mejor para el país. Tampoco nos opondremos a que, si lo estiman necesario, establezcan un tope; me refiero al fondo de aplicación a los recursos de la mejora real de la recaudación en la Dirección General Impositiva.

SEÑOR ALFIE.- Me parece que son mejores las dos últimas soluciones que el señor Ministro propuso.

SEÑOR MINISTRO.- Las propuso usted. En última instancia, eso quedará en manos de los Legisladores.

SEÑOR ALFIE.- Para hacer esto deberíamos tener noción de los números y saber de cuánto es el subsidio y el monto de dinero que habría que distribuir para establecer el porcentaje. Esto, claramente, tiene que ser enviado por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR MINISTRO.- Haremos los números, señor Senador.

Volviendo a mi exposición, me anticipé a dar respuesta a algunos de los temas tocados. Sobre los demás, si bien ya habíamos dado respuesta, vamos a volver a darlas.

Al respecto, solicito que haga uso de la palabra el economista Viera.

SEÑOR VIERA.- No cabe duda de que las calificaciones las realizan los jerarcas que tienen competencia para hacerlo y que generalmente son funcionarios de carrera; nadie niega eso, pero tienen que ser avaladas por el jerarca máximo del Inciso. Eso siempre es así.

Ahora bien; siempre han quedado a cargo del Poder Ejecutivo y no de la ley los detalles de cómo se procede cuando la ley habilita. Así, el artículo 26 de la Ley Nº 16.736 -que estamos planteando corregir- establece: "El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo de noventa días, el sistema de evaluación del desempeño y facilitará a los diversos Incisos un instructivo a efectos de la instrumentación del mismo".

Hay que tomar en cuenta que el sistema de evaluación del desempeño estaba anexado a una remuneración. De manera que quedaba absolutamente a cargo de una reglamentación del Poder Ejecutivo, en noventa días, cómo se distribuían los recursos. En este caso creemos que tanto antes como ahora estaba aplicada la disposición por la cual se traslada una reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo.

Por último, quiero decir que las constataciones que hemos podido realizar indican que los calificados como excelentes, en algunos lugares eran siempre los mismos; en otros lugares hasta había sistemas de rotación de las personas a efectos de redistribuirse esa partida en forma común, y en algunos sitios se daba la situación de que los excelentes eran personas absolutamente ligadas a los jerarcas. Estos vínculos y constataciones nos han llevado a la convicción de que la práctica ha sido incorrecta. La incorrección siempre queda a cargo del jerarca máximo del Inciso, que es el responsable último de las calificaciones, más allá de que éstas sean propuestas por los jefes que son funcionarios de carrera, lo que no está en discusión.

SEÑOR ALFIE.- Es cierto lo que se dice en cuanto a que el jerarca era quien disponía la calificación final, pero no conozco a ninguno que la haya cambiado.

En cuanto a que los excelentes son siempre los mismos, puedo decir que como profesor he observado que en clase los mejores son siempre los mismos; todos los años son los mismos los mejores y es muy difícil que eso no pase.

Lo cierto es que no se me ha contestado y me parece que se comete un error de interpretación cuando se dice que la reglamentación establecía cómo se hacía la distribución. En realidad, lo que decía la reglamentación era cómo se hacía el instructivo de calificación y cómo se calificaba. La ley decía claramente que había un porcentaje equis de excelentes y otra cantidad de muy buenos y tal porcentaje del sueldo; pero ahora no dice nada. En realidad, se elimina todo por la derogación del inciso segundo del artículo 5º, y queda todo en nada. Realmente, sigo sin entender.

Lo otro que no se me contestó es por qué la eliminación del artículo 6º de la referencia a los escalafones quedando sólo los promedios por grado. Así, diferentes escalafones, que tienen distintas especialidades, calificaciones y ganan diferente, ahora, pueden ser iguales al ser todo por grado.

SEÑOR VIERA.- Para mí es exactamente lo mismo. Si la ley establecía que quedaba a cargo de la reglamentación cómo se iba a hacer la calificación y ésta estaba ligada a una remuneración, es exactamente lo mismo. Si se quiere, ahora vamos a revisar este sistema y a instaurar otro. Que el otro no esté dicho, en la ley me parece absolutamente normal y conveniente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- A esto apuntaba, precisamente, la consulta, es decir, a este tipo de discrecionalidades que se autorizan a través de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º. Se sustituye una discrecionalidad por otra y aquí termina escapándose, al contralor del Parlamento, la fijación de estas partidas. Ahora lo que va a regir es el acuerdo con COFE del 26 de julio pasado en lo que hace, precisamente, a la forma cómo ha acordado COFE con el Poder Ejecutivo. A todo esto, pido disculpas al señor Ministro y Legisladores si regreso a estos artículos, puesto que quería plantear este tema. Es decir que se deroga el premio por desempeño que, según la posición del Poder Ejecutivo, lleva implícito una discrecionalidad, por otra discrecionalidad. Además, es el Poder Ejecutivo el que va a tener el poder de esa discrecionalidad, y el Parlamento termina siendo sorteado en la definición de estos criterios.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, solicito que se recuerde la intervención general que hizo el Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que se refería, precisamente, al conjunto de estos aspectos.

En segundo término, el sistema por el que se le da 15 días al Poder Ejecutivo para reglamentar estas disposiciones es exactamente igual al que existía, y simplemente se va a pensar un nuevo régimen al respecto.

Por otro lado, pido que también se recuerde que con esta primera reglamentación que va a hacer el Poder Ejecutivo –a 15 días de la promulgación de la Rendición de Cuentas– no sólo pensamos mejorar lo que hay ahora, sino que vamos a ir más a fondo. De acuerdo con lo que señalé hace unos minutos, vamos a presentar un conjunto de normas legales de transformación de la administración de los recursos humanos en el sector público, y la decisión va a estar en manos del Parlamento, no del Poder Ejecutivo. Será el Parlamento el que tratará el proyecto y decidirá si lo aprueba, si lo modifica, si lo mejora. Por lo tanto, de ninguna manera hay intención de ignorar al Parlamento, que es fundamental en estos temas y volverá a serlo cuando se haga el enfoque estructural del problema.

Vamos a entendernos con toda sinceridad: estas normas pretenden mejorar lo que hoy tenemos en aspectos muy parciales y no constituyen la solución del problema. Para nosotros la solución es mucho más profunda. Es más, creo que ninguno de los que estamos acá discrepamos con la afirmación de que hay una situación de caos en el sector público, ya sea desde el punto de vista de las responsabilidades, de la administración de los recursos, de las normas y disposiciones en materia de retribución de los recursos o de los niveles comparativos de esas retribuciones. Realmente es caótica la situación porque, por diversas razones, el país no pudo –o no quiso– abordar este tema con un enfoque global durante mucho tiempo. Entonces, por aluvión, se fueron gestando disposiciones, agregados o parches.

Por tanto, contesto que el Parlamento va a jugar un papel protagónico en la solución de este problema. A tal punto queremos que juegue un papel protagónico que queremos tomarnos un tiempo importante para elaborar esa transformación estructural. Incluso, este tema va a venir en un proyecto por fuera del Presupuesto, en una instancia posterior.

SEÑOR VIERA.- Queda claro que las partidas quedan determinadas en su cuantía por la magnitud que tienen en este momento. No hay ninguna incertidumbre en cuanto al monto de las partidas, y la forma de distribuirlo será determinada por la reglamentación establecida, tal como se expresa en el artículo 4º, que dice que se "distribuirán entre sus funcionarios las economías generadas por la aplicación de los artículos 2º y 3º de la presente ley, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo dentro de los quince días de la promulgación". No cabe duda de que esto es así y, en todo caso, es exactamente la misma discrecionalidad que existía en la norma anterior respecto a la forma de distribuir la partida, porque se remitía a cómo calificar, y la calificación estaba ligada a una retribución, que quedaba en manos del Poder Ejecutivo.

SEÑOR RUOCCO.- Quiero agregar un comentario a lo dicho por el señor Ministro y algunas cuestiones planteadas por el señor Senador Larrañaga, que hace mención a un acuerdo parcial que realizamos en la negociación con COFE.

En su momento comencé mi intervención hablando de un problema de tiempos, y quisiera agregar un problema de movilidad: una negociación se mueve. No es algo estático, en que se toman decisiones para siempre, y creo que se mueve en un sentido positivo y de mejora. Sería difícil de comprender que la negociación no hubiera tenido movilidad, desconociendo algunos agregados, por ejemplo con el artículo 4º, que han surgido de la Cámara de Diputados; pero también es bueno conocer -por eso lo leí casi textualmente- este acuerdo que tenemos en formación, porque aún no lo hemos firmado. Nosotros estamos hablando de parte de los destinos, cuando hablamos para los mecanismos de reforma de la gestión pública y cuando hablamos para la carrera administrativa. En realidad lo que estamos diciendo es lo que dice el señor Ministro: estamos tratando de trabajar en la estrategia del cambio, no en los paliativos que necesariamente tenemos que hacer en esta etapa.

Alguien podría preguntarse por qué no se ha podido hacer antes; la respuesta es que cuando los trabajos son muy largos, lo único importante es empezar lo antes posible, pero es impredecible si podemos terminar mañana, porque esto tiene amplias ramificaciones. Esto tiene la fortaleza de que venimos aquí con una negociación colectiva previa con el conjunto de los trabajadores públicos, pero también debe tener la fortaleza de la discusión y el debate del Poder Legislativo.

Por lo tanto, pensamos que estos grandes cambios fortalecen a las instituciones, pero también al Poder Ejecutivo, que no viene solo, sino con una negociación colectiva detrás en su propuesta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El jerarca preopinante refiere a la estrategia del cambio en el sentido general. Ahora bien, no nos parece correcto que la discusión de los salarios públicos se pacte fuera del Parlamento, que es hacia donde se está apuntando, y se deje al Parlamento simplemente como un organismo que libera las partidas para que después el Poder Ejecutivo, en función de la negociación con los sindicatos, las establezca. Creemos que eso es claramente inconstitucional, dado el propio artículo 86 cuando habla de las dotaciones.

En consecuencia, me gustaría que se me explicara cuál es ese criterio, ya que se está sustituyendo una discrecionalidad por otra. Toda la arenga de la estrategia del cambio me parece una muy buena literatura, pero no explica la contradicción constitucional abierta y manifiesta que esta modificación supone a nuestro juicio y en nuestra modesta forma de entender estos artículos.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera decir que aquí no hay la más mínima contradicción constitucional. Aquí se están discutiendo los créditos presupuestales y se está rindiendo cuentas sobre el Ejercicio 2004; asimismo, aclaro que se va a seguir asignando al Parlamento el rol protagónico que tiene en toda la discusión presupuestal. En cuanto a las discusiones de acuerdos salariales, obviamente el Poder Ejecutivo reivindica su papel y su posibilidad de hacerlo, como ha ocurrido toda la vida en este país.

Tenga la seguridad el señor Senador Larrañaga que este Gobierno no sólo no va a desconocer al Parlamento, sino que va a respetar totalmente sus fueros en todas estas discusiones.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores anotados, sólo nos resta agradecer la presencia del equipo económico en el día de hoy.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18)