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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 25 minutos)

(Se suspende momentáneamente la toma de versión taquigráfica)

(Se reanuda la toma de versión taquigráfica)

En primer lugar, estaríamos de acuerdo en que los artículos 13 a 17 y 26 del proyecto de ley original del Poder Ejecutivo se remitan a la Comisión de Constitución y Legislación a efectos de ver si se puede elaborar un proyecto por separado que tenga que ver con delitos penales. Eso implica que se eliminen los artículos 13 y 22 del proyecto que estamos analizando porque corresponden a los artículos 17 y 26 del proyecto de ley original. A su vez, los artículos 13 a 16 ya se habían eliminado en la reunión anterior.

Por otra parte, si ningún señor Senador tiene consideraciones específicas que hacer sobre ninguno de los proyectos, se va a votar el proyecto de ley sobre Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

(Se vota:)

7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Debemos designar al miembro informante.

SEÑOR ASTORI.- Propongo al señor Senador Atchugarry.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, se ha votado el proyecto por unanimidad y se designa como miembro informante al señor Senador Atchugarry.

SEÑOR COSTA.- Solamente me resta agradecer el esfuerzo de los miembros de esta Comisión.

(Se retiran de Sala el Pro-Secretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y la contadora Testa)

(Ingresan a Sala representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros")

SEÑOR PRESIDENTE.- Comenzando esta segunda parte de la reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, cabe señalar que realizamos algunas consultas con los señores Senadores que integran este ámbito y, unánimemente, decidimos recibir en una tercera oportunidad, para tratar este tema, a los representantes de AEBU, de la Federación Rural, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, de ANMYPE y de la Asociación de Productores.

Tenemos sobre nuestras mesas -ya lo hemos distribuido porque así lo pedimos al Banco Central del Uruguay- el contrato con la empresa Thesis que es uno de los elementos nuevos que ha aparecido desde la última visita que ustedes nos hicieron.

SEÑOR URIARTE.- Antes que nada, quiero disculpar a algunos compañeros que no pudieron concurrir como, por ejemplo, el Presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, señor Fernando López, quien se encuentra en el departamento de Cerro Largo, los compañeros de la ANPL y los colonos que aún no han llegado.

Una vez más nos reunimos para referirnos a este punto que, por lo menos a las gremiales, nos ha tenido pendientes durante muchos meses y que tiene que ver con la dilucidación de temas tan complejos e importantes. A modo de introducción, quiero señalar que el tema sigue a nivel del Poder Ejecutivo y vemos que para los fondos del Banco de Crédito se va a elegir el mismo camino que se siguió para este, contrariando en cierto sentido la opinión mayoritaria de esta Cámara o del Parlamento, en cuanto a que esta no es la manera adecuada de resolver este problema.

Simplemente, queríamos decir que no vemos cómo se utiliza esta tercerización a privados para una parte del problema mientras que la otra, como es el caso del fideicomiso del Banco República, sigue en manos del Estado. Es decir que hay dos criterios para resolver el mismo problema.

Poco más vamos a abundar sobre este tema desde el punto de vista técnico. Queremos recordarles que las intimaciones judiciales siguen en un orden creciente.

Como se sabe, conseguir el dato del número de remates de la semana es más fácil -sabemos que para la semana próxima hay 40 remates fijados- pero en lo referente a las intimaciones de pago, se genera todo un contexto problemático, muchas veces familiar, que hace que la gente no hable del tema, por lo que es más difícil obtener cifras. De todas maneras, reitero, nos consta que las intimaciones de pago han crecido en forma abrumadora.

Hemos visto cómo se ha manejado el tema, incluso a nivel de la prensa, y pensamos que la situación es grave porque detrás de ella hay grandes intereses en juego por parte de distintos sectores. Aunque no tengamos pruebas de lo que estamos diciendo, como expresa el dicho "algo huele mal en Dinamarca" y detrás de esto hay intereses fuertes porque a nadie escapa cómo a veces los manejos de la prensa obran como intimidación hacia a la gente al sacar a publicidad estos problemas.

Hemos concurrido tres veces a esta Comisión y actuamos de la forma más realista posible defendiendo lo que nos piden nuestros gremios. Los miembros de esta Comisión saben lo que pensamos, en el acierto o en el error, pero lo que nos gustaría es tener una opinión por parte de ustedes -cualquiera sea la resolución que se tome sobre el tema- para ir sabiendo lo que realmente piensa este órgano. Es un deseo que les expresamos porque nosotros también nos debemos a nuestras gremiales y tenemos que darles una respuesta para decidir el camino a seguir en base a una mejor información que permita actuar de la manera más adecuada.

SEÑOR BERNINI.- Quiero reiterar nuestro agradecimiento a la Comisión porque sabemos que no es normal que reciban tres veces a una delegación para tratar el mismo tema y consideramos que es más que saludable que así haya ocurrido. De todas maneras, si hemos solicitado tres veces la entrevista es porque, entre otras cosas, tenemos un sentimiento de frustración muy grande en este tema. En especial lamentamos que hayamos llegado al final de un período parlamentario, en un momento que además es muy particular porque estamos en medio de una campaña electoral y a pocos días -apenas dos meses- de una elección nacional. El motivo de nuestra frustración es que este grupo de gremiales hace un año que está trabajando en el tema. Recordamos que el día 23 de setiembre fue la primera vez que el Banco Central del Uruguay planteó su intención de ceder en gestión estos tres fondos de recuperación y anunció que iba a vender el otro fondo, que es el del Banco de Crédito. Desde entonces pasó mucha agua bajo el puente y el día 17 de diciembre de 2003 hicimos una presentación en el anexo del Palacio Legislativo -a la que invitamos a todos los Legisladores- donde presentamos un documento que exponía nuestra visión sobre el problema del endeudamiento interno. Más adelante, en el mes de marzo, presentamos en el Parlamento un proyecto de ley que atendía la recuperación de los activos que eran básicamente propiedad del Estado -nos referimos a los del Banco de la República y a los de los fondos de recuperación - y, desde ese momento, comenzamos a trabajar con aquellos sectores político-parlamentarios que nos recibieron. Aclaramos que no excluimos a nadie de antemano. Pretendimos entonces que el proceso de debate se desarrollara en un marco adecuado, dada la jerarquía del tema.

Decimos entonces que tenemos cierto nivel de frustración por el resultado de este debate, a pesar de que sabemos que puede haber opiniones absolutamente contradictorias sobre el tema; no tenemos una postura maniqueísta en cuanto a que algunos pretenden hacer daño y otros quieren hacer el bien.

El problema es que esto se ha dado en un marco que, por sobre todas las cosas, ha tenido carencias de información de tipo sustantivo, que es fundamental para que exista un proceso de debate democrático adecuado. Eso ha brillado por su ausencia. Nosotros y el propio Parlamento nacional hemos debido dar este debate basándonos más en trascendidos e informes de prensa que en la información necesaria para profundizar en un tema de tal jerarquía e importancia. Tan es así, que en el ámbito parlamentario se ha debatido y tomado decisiones sobre esta temática basándose en informaciones que luego se supo no eran correctas. Uno de estos casos es el relativo a la comisión que esta empresa privada va a cobrar en función de la recuperación de activos reales que consiga. Recuerdo -porque asistí a la sesión desde la Barra- que el día en que la Cámara de Senadores votó en general el proyecto de ley, el debate se basó en el porcentaje de 13,48% más IVA, que supuestamente iba a cobrar esta empresa privada -aclaro que en ese momento todavía no se había firmado el contrato, pero el Banco Central ya había seleccionado para ello- pero pocos días después, a partir de trascendidos de prensa, se supo que podía llegar hasta algo más de 33%, en función de que se iban a pagar progresivos cada U$S 40:000.000 de recuperos, a partir de los primeros U$S 40:000.000, para los que sí regía ese 13,48%. Un poco antes en el tiempo, en el mes de febrero, durante la Comisión Permanente, el señor Senador Rubio planteó una interpelación al Ministro de Economía y Finanzas en la que se manejó un 40% de comisión. Sin embargo, el equipo económico dijo que eso no era así y que el porcentaje iba a quedar en menos de un 20%. Más tarde se dijo públicamente que de las dos empresas que licitaron al final, una planteaba el 22% más IVA y otra, un 19% más IVA. El propio equipo económico entendió que se trataba de una comisión exagerada, motivo por el cual se declaró desierta la licitación y se adjudicó a la empresa que finalmente firmó el contrato por un 13,48%. Sin embargo, todos sabemos -y así figura en el contrato- que es un progresivo que va a ir infinitamente mucho más allá de estos guarismos.

Por lo tanto, es muy difícil poder hacer un debate y contribuir con la claridad necesaria para adoptar una decisión de Estado como ésta, que va a comprometer el futuro de muchas generaciones de uruguayos y, sin duda, a los gobiernos que vendrán, sobre bases que no son sólidas ni ciertas y han entreverado este proceso arrojando más opacidad de la que ya existía.

Otro elemento que nos ha llamado mucho la atención es lo que expresa un artículo de la Ley Nº 17.613, de diciembre de 2002, que plantea la necesidad de que las empresas, ante la posibilidad de conceder en gestión a terceros la cartera de estos fondos, solamente -este es el término del artículo- podían ser Bancos instalados en plaza o fondos de inversión autorizados. Está claro que desde el punto de vista formal, según tenemos entendido, algunas de las empresas interesadas -incluyendo a Thesis, que no lo estaba- iniciaron el trámite de autorización. Pero lo que nos llama la atención es que el mismo día en que se adjudica a esta empresa, se le da la habilitación para operar como fondo de inversión. Se me aclara que la fecha fue el 23 de agosto y que la comunicación se produjo el 24 de agosto. Nosotros tenemos entendido que la adjudicación fue el 23 y que al día siguiente se la comunicó. Por eso digo que el mismo día que se la adjudica se le da la habilitación. Esto es como si dijéramos que vamos a regalar este vaso a todas las personas morochas del país, y entre todos los aspirantes se presentan dos rubios; entonces, cuando el premio va para uno de los rubios, éste se tiñe de morocho.

Pido disculpas porque quizás esté graficando demasiado el tema, pero más allá de la cuestión formal, si hay algo que está claro es que cuando los Legisladores aprobaron -la iniciativa fue del Ministerio de Economía y Finanzas de la época- que las empresas debían estar necesariamente autorizadas en el Uruguay, fue porque entre otras cosas también se pretendía resolver el problema de cuál había sido el comportamiento de esas organizaciones en nuestra plaza.

En la reunión pasada mencionamos que hay referencias de la experiencia de esta empresa en Ecuador, aportamos elementos al respecto, dijimos a cuánto había ascendido el recupero, cuál había sido el recupero por gestión bancaria -algo más del 0%- y que por ejecuciones judiciales, de los más de U$S 400:000.000, se habían recuperado U$S 186:000.000. Estos datos abonaban, de alguna manera, nuestra visión en cuanto a que este tipo de organizaciones, a partir de la realidad de estos activos y de las garantías que están detrás de ellos, necesariamente van a realizar los recuperos por la vía más corta que les permita cobrar en mejores condiciones, entre otras cosas, en efectivo.

Está claro que todo lo que se cobre en otro tipo de valores se tiene que pasar a valores de mercado para poder cobrar la comisión, lo que, naturalmente, constituye un desestímulo para su objetivo lógico de rentar como empresa.

Estamos poniendo algunos ejemplos sobre los que, de alguna manera, nosotros -y entendemos que también los propios parlamentarios- hemos tenido que debatir e informarnos, no porque no hayan existido pedido de informes, porque debemos recordar que en la Cámara de Representantes, en dos oportunidades, se solicitaron informes al Banco Central para analizar este proceso, pero nunca llegaron. Es más, el propio Tribunal de Cuentas, de oficio, envió una nota al Banco Central el día 18 de agosto solicitando información porque no había recibido un solo elemento de este proceso. Nos consta que el Banco Central entiende que no es pasible de ser controlado en este caso por el propio Tribunal de Cuentas. Por nuestra parte podemos brindar a los señores Senadores un informe de nuestra Sala Jurídica -y nos consta que el Tribunal de Cuentas está en lo mismo- donde claramente surge que por supuesto es el Tribunal de Cuentas el que en todo caso resuelve su competencia respecto al contralor de este tipo de operaciones de un ente autónomo. Al respecto, un Capítulo entero de la Constitución de la República refiere concretamente a las potestades y en este caso posibilita en forma clara que el Tribunal de Cuentas lo pueda hacer.

Quiero insistir en que sentimos la frustración de no haber podido dar un debate en tiempo y forma. Consideramos que el mismo se ha dado de la peor manera, a través de trascendidos de prensa y de información en cuenta gotas que muchas veces -para usar un término mesurado- no reflejaba la realidad.

Antes de ingresar a la Comisión estaba pensando a cuánta gente representábamos. No puedo decirlo con precisión pero, en lo que respecta a las gremiales, sin duda son decenas de miles y en cuanto a la cantidad de gente que tiene la expectativa de que se resuelva este problema podemos decir que se habla de una cantidad muy grande de deudores en dólares.

Personalmente, días atrás tuve la posibilidad de participar en un remate. Al respecto, se había hablado que podía haber una solución administrativa y también a nivel de los medios de comunicación se dio la señal que se había arribado a un acuerdo para que éstos no prosperaran. Incluso, se llegó a manejar que en el transcurso del año se habían realizado solamente dos remates. La última vez que concurrimos a la Comisión informamos cómo muchas veces las empresas financieras, cuando llega el momento de rematar, ceden esos créditos a estudios jurídicos y eso no figura en las estadísticas. Nosotros podemos decir con propiedad que luego de la feria judicial llovieron los cedulones de ejecuciones. En ese sentido, durante esta semana se realizaron 14 ejecuciones y hay 40 para la próxima semana y, muchas veces, detrás de las mismas están los bancos. Entonces, por un lado públicamente se habla de que no se van a realizar ejecuciones; por otro, la vida nos demuestra que esto no es así. Además, tenemos el proyecto que está a consideración que, de alguna manera, pretende ordenar la forma de recuperar estos activos vinculados con el endeudamiento interno a través de soluciones que no destruyan la riqueza del país. ´

Por último, se ha firmado un contrato respecto del cual nos consta que si se revierte no hay que pagar multas. Insisto, nos consta que no hay que pagar una multa si se revierte ese contrato, por lo que nada impide que este proceso parlamentario continúe. Nosotros consideramos que es fundamental que el parlamento nacional explicite su posición sobre el tema porque, de lo contrario, no sirve todo el esfuerzo realizado, toda nuestra apuesta a un debate parlamentario adecuado y toda la energía que hemos puesto para darle transparencia a la definición de Estado, lo que implica resolver este problema. En este sentido, nosotros debemos rendir cuentas y hay que considerar que el 15 de setiembre finaliza el período parlamentario. Se ha elaborado un proyecto de ley cuya discusión en general fue sancionada por el Senado y se ingresó a la discusión particular. Permanentemente hemos dado señales de todo tipo -a pesar de que no nos compete a nosotros este tema una vez que toma estado parlamentario- en cuanto a la flexibilidad, a las variantes que se pueden realizar al proyecto presentado y a la búsqueda de otras herramientas que pudieran ser útiles para el Estado a fin de resolver el tema y ser coherentes, por ejemplo, con el proceso que está haciendo el Banco de la República en su propio fideicomiso.

Todas esas aperturas en el momento se ven frustrado en la medida que no se ha continuado con el debate parlamentario y tampoco con la votación en general, concretamente en el Senado. Desde nuestro punto de vista sería lastimoso que culminara este Período parlamentario prevaleciendo los hechos consumados y sin que haya una opinión explícita de los sectores políticos representados en el ámbito parlamentario de cómo concluirá esto y cuál es su opinión.

Le hace falta al país que esto concluya, por lo menos de una manera u otra, pero con las distintas visiones explícitamente planteadas a nivel parlamentario. Ese es uno de los motivos de nuestra comparecencia, pues nos preocupa que termine este Período parlamentario sin que el Senado explícitamente laude el debate que se inició a partir de la votación en general de este proyecto.

Nosotros tenemos muchos elementos a tener en cuenta. Cuando concurrimos anteriormente presentamos un documento que pretendía aportar algunos elementos más al debate, sobre todo debido a algunos dichos de las autoridades económicas y a ciertos manejos periodísticos. Lamentablemente, cuando concurrimos en ocasión anterior -y ahora también- nos encontramos con que no estaba presente la bancada del Partido Nacional. Para nosotros es una lástima que sea así porque sabemos que fue un sector que, en general, planteó algunas objeciones que pretendíamos aclarar. Nosotros pensamos que está muy bien, que hay que hacer un esfuerzo para aclarar este tema; el problema está en que se ha firmado un contrato y se ha avanzado en un hecho consumado que desde nuestro punto de vista no obsta para que el Parlamento pueda seguir trabajando sobre el tema y laudarlo.

Nuestra actitud será rendir cuentas a nuestros mandantes en determinado momento por todo lo que hemos hecho luego de que el Parlamento exprese formalmente sus puntos de vista después de culminar el debate que inició. Reiteramos que nuestra inquietud es que culmine.

Queríamos manifestar nuestro estado de ánimo y reafirmar nuestra visión del problema. En el día de ayer comentábamos que después del 15 de setiembre nos vamos a sentir indefensos porque no va a funcionar el Parlamento y van a seguir las ejecuciones. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para sacar de la discusión y de nuestras propuestas lo que hubiera sido mucho más fácil, o sea, plantear suspender las ejecuciones y aprobar un proyecto de ley de financiamiento al barrer; pero nuestro proyecto está en contra de todo eso. Ese esfuerzo se tradujo en aportar al Parlamento una forma de encarar el tema con la promesa de que hay que pagar. Nosotros vemos al país en inmejorables condiciones como para que luego del 15 de setiembre no empiecen a aparecer nuevos problemas en función de que las ejecuciones se multipliquen y se opte por el camino de que hay que tirar la pelota para adelante, cuando tenemos herramientas legales para no llegar a eso. Este esfuerzo lo valoramos como muy importante y queremos que como tal sea considerado también por los señores Senadores.

SEÑOR DE LA IGLESIA.- Reitero el agradecimiento a la Comisión por habernos recibido. No quiero ser reiterativo, pero hay algunos elementos que es importante manejen los señores Senadores.

Nuestra preocupación radica en el tema de las ejecuciones, sobre todo porque leímos en la versión taquigráfica que el señor Ministro manejó la información de que había habido una o dos ejecuciones por año. Lean ustedes "La Gaceta Comercial" o el "Diario Español" y verán una serie de ejecuciones que se están dando en forma más o menos permanente, sobre todo respecto de créditos hipotecarios obtenidos con los bancos.

Más allá de que nuestra visión sobre la iniciativa no coincidía con un proyecto de ley de suspensión de ejecuciones, de alguna manera se hizo público un acuerdo entre el entonces Senador Larrañaga y el señor Ministro de Economía y Finanzas, que puso de relieve que se iban a suspender en forma administrativa las ejecuciones. Este fue un elemento que manejamos en su momento, pero hoy la realidad demuestra todo lo contrario. A tal punto esto es así, que tanto el Banco de la República Oriental del Uruguay como la empresa CARA S.A. están enviando cedulones a mansalva, más allá de que los mismos no tengan fecha de ejecución. En el día de ayer estuvimos reunidos con un directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural, miembro de la Mesa Ejecutiva, que tiene fecha para el remate de su establecimiento. Toda esta situación de celebrar acuerdos con el fideicomiso y del envío por parte del Banco de la República Oriental del Uruguay de cedulones apareja un nivel de incertidumbre muy grande tanto para las familias como para los establecimientos rurales y las empresas. Créanme que esta situación se agudiza, pero mucho más se agudizará después del 15 de setiembre.

Ahora bien; si este ha sido el proceso que el Poder Ejecutivo ha venido anunciando -insistimos en que desde setiembre del año pasado se viene diciendo que se van a poner a gestionar estos fondos por el sector privado- y que viene aplicando con los fondos en liquidación y lo hará con el Banco de Crédito, ¿dónde creen ustedes que con esta política de derecho consumado va a terminar gran parte de las Carteras del fideicomiso del Banco de la República Oriental del Uruguay desde el 15 de setiembre al 1º de marzo del año que viene? No tenemos duda de que se van a empezar a vender parte de las acciones de esa sociedad anónima a algunos estudios particulares y se van a comenzar a realizar ejecuciones, como una forma indirecta de privatización de las Carteras del Banco de la República Oriental del Uruguay.

No vamos a seguir fundamentando nuestro proyecto de ley, pues creemos que lo hemos hecho en forma harto suficiente. Sin embargo, me gustaría ver lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en todo este período. Insisto -y voy a marcar hechos de la realidad- en que todo lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido abonar mayor nivel de incertidumbre y de inestabilidad a la plaza, lo cual conspira claramente contra la posibilidad de aprovechar el crecimiento económico que se puede estar dando. Como se puede apreciar, los depósitos, en su mayoría, siguen siendo a la vista y, a lo máximo, a sesenta días. Todas las acciones que desde hace seis o siete meses viene realizando el Poder Ejecutivo no han podido revertir esta situación. Creo que este es un elemento que el Parlamento debe tener en cuenta, porque si no hay crédito no habrá crecimiento económico o el mismo tendrá un techo muy limitado. El financiamiento que hoy en día tiene el sector rural, lo obtiene de fuera del sistema financiero tradicional -por decirlo de alguna manera- lo cual conspira contra un posible mayor crecimiento. Pienso que las acciones que sigue tomando el Poder Ejecutivo sobre la base de los hechos consumados siguen generando mayor nivel de incertidumbre. Así pues, los pequeños inversionistas -como somos nosotros- estaremos siempre en un nivel de preocupación mucho mayor en la medida en que los Bancos no tengan la liquidez suficiente como para prestar a largo plazo.

Para finalizar quiero decir, humildemente, que el proyecto de ley está vigente. El Poder Ejecutivo hizo lo que anunció, por lo que no se puede decir que ha cambiado de rumbo. Creo que la cuestión ahora está en manos del Parlamento, concretamente del Senado. Nosotros pretendemos que este Cuerpo se expida y forme opinión sobre esta iniciativa, sobre la que no hemos escuchado ni un solo argumento de peso, como así tampoco ningún proyecto alternativo. Digo esto en especial por las expresiones del señor Senador Gallinal -que lamentablemente hoy no se encuentra presente- que era quien tenía algunas opciones para presentar.

Reitero que nuestra intención es la de que el Senado se expida definitivamente sobre este tema. Nosotros, las gremiales, aun luego del 15 de setiembre, tenemos una responsabilidad con nuestros asociados -a quienes debemos rendir cuentas sobre los pasos que hemos dado tanto nosotros como el Parlamento- en el sentido de continuar con esta lucha, pero estamos convencidos de que el Parlamento tiene que jugar un papel importante.

SEÑOR MANINI.- En primer lugar, quería agradecerles la atención que nos han brindado en este tema.

Desde el 2001 nosotros hacemos una apuesta en este sentido y desde que las gremiales empezamos a reunirnos para elaborar acuerdos estratégicos con los trabajadores y con el PIT-CNT entendimos que lo que había que enaltecer era el sistema político con representación parlamentaria; siempre nuestras preocupaciones y nuestros desvelos los hemos traído y sometido a consideración del Parlamento. Por ese motivo quiero reafirmar que sería muy triste para el futuro de nuestro país que esto terminara, como bien decía el señor Bernini, por la vía de los hechos consumados, porque eso es lo peor que podría pasar. Queremos que cada sector político con representación parlamentaria sea explícito y diga sus líneas argumentales acerca de por qué no está de acuerdo con el proyecto que nosotros presentamos.

Por otro lado, vemos con gran pesar que la prensa -que en este país está flechada; vamos a decir la verdad- muchas veces pretende invalidar y desacreditar nuestros argumentos, personalizando esto en algunos de los dirigentes que estamos trabajando desde hace un año en este tema. Son enfoques hasta absurdos de los problemas porque, por ejemplo, se habla de endeudamiento como si en este país quien no se endeudó fue porque estaba cómodo con el modelo rentístico y especulativo que agonizó en los años 2001 y 2002 o porque se trataba de personas respetables por su edad que tenían que estar a la sombra de colocaciones a plazo fijo. Pero aquí todos los que apostamos al país tenemos importantes pasivos pero también la convicción de la voluntad de seguir apostando al país y de cumplir y honrar nuestros compromisos. De manera que esa invalidación que se pretende hacer por la vía de algunos órganos de prensa no tiene ninguna validez.

Asimismo y dado que el señor Presidente de la Comisión nos informó que el sector político del Partido Nacional está en Masoller, quería decir algo que está un poco fuera de contexto pero que es una pequeña reflexión.

Respetamos mucho la memoria de los héroes de la Patria Vieja que hicieron nuestra patria, es decir, de los héroes de los partidos históricos, como puede ser el General Aparicio Saravia. Hace pocos años salió un libro magnífico de un profesor de la Universidad de Carolina del Norte que se llama "Héroes a caballo" de John Charles Chasteen que está centrado en las personalidades de Gumersindo y de Aparicio Saravia y que muestra una interpretación muy aguda de la sociología de lo que es la llanura pampeana.

Volviendo al tema digo que como nosotros aspiramos a conocer más de los entretelones de todo esto y de por qué hay oposición a nuestro proyecto, también pretendemos saber quién es quién en toda esta historia, y vamos a saberlo. Por eso nada mejor para honrar a la memoria de Saravia, a cien años de su muerte, que recordar una frase que se dijo muchas veces y que hoy cobra mayor significación: "Dignidad arriba y regocijo abajo". Pretendemos que se cumpla con estos preceptos y que se diga toda la verdad acerca de quiénes se oponen al proyecto que durante un año estas doce gremiales elaboramos.

Muchas gracias.

SEÑOR CARVALHO.- Quería preguntar a la delegación que recibimos si desde su punto de vista podría ser una solución o un camino a seguir encomendar la gestión de estos fondos de recuperación al fideicomiso constituido por el Banco de la República.

SEÑOR DE LA IGLESIA.- Nosotros siempre hemos dicho que el proyecto de ley es abierto y esta opción en algún momento la manejamos con algún miembro de la Comisión. Pensamos que hoy, dada la situación, puede ser una alternativa viable que podría ser aceptada por parte de estas gremiales. Tal vez habría algunas condicionantes como, por ejemplo, la integración de algunos de los sectores en la Sindicatura.

Ese es uno de los elementos que, a título personal, se me ocurre que podrían estar modificando alguna parte del contrato o de la ley que creó el fideicomiso. Como instrumento alternativo a la situación, viendo las dificultades que hay para seguir tratando el proyecto de ley que presentamos, creo que sería una salida razonable y, si generara el consenso de todos los partidos en el Parlamento, con más razón estaríamos de acuerdo con ello.

SEÑOR CLADERA.- Agradezco a los señores Senadores que nos hayan recibido. Quiero agregar dos elementos que, a mi juicio, son los que avalan la propuesta del señor Senador. De acuerdo con el contrato que ustedes tienen, Thesis podría empezar a trabajar el año que viene, mientras que el fideicomiso del Banco de la República ya está trabajando. O sea que podríamos comenzar a viabilizar la situación del endeudamiento y a generar confianza desde ya, y no esperar al próximo año.

Por otra parte, si mal no recuerdo, cuando vino el Presidente del Banco de la República, contador Cairo, dijo que los costos del fideicomiso del Banco de la República eran el 4%. Creo que les haríamos un gran favor a los ahorristas y al Estado si la comisión que cobra el Banco de la República también se estableciera para los fondos de estos tres Bancos y para el Banco de Crédito, y no se dilapidara o se regalara impunemente esta comisión leonina. Puede ser que se utilice en otros países como México, de donde viene la empresa y donde todos sabemos cómo funciona el sistema político, pero en el Uruguay, comisiones que superen el 5%, el 7% o el 10%, yo como uruguayo siento que se las están regalando al peor postor. Discúlpenme, pero creo que acá viene cualquier "chanta" y nos convence de que es bueno.

Sinceramente, agradezco mucho al señor Senador la sugerencia que hace. Pensamos que el Banco de la República, que todos reconocemos como el "Banco País" podrá tener sus carencias, pero para las gremiales -que lo dicen permanentemente- siempre ha sido un factor de crecimiento del país y, con mayores o menores aciertos, siempre ha estado del lado del fomento y el desarrollo del país. Las empresas que vienen en esas condiciones no creo que tengan esa vocación.

SEÑOR URIARTE.- Con respecto a la propuesta que se había manejado, creo que es un camino a explorar. Me parece mejor esa solución que la que tenemos. Seguimos pensando que este problema del endeudamiento interno es de todos los uruguayos de un lado y del otro y, si no somos capaces de resolverlo en la interna -por ejemplo, con este mecanismo- tampoco lo vamos a solucionar. Consideramos que esa solución es mejor que la que está, siempre que al Directorio del Banco de la República se le adjunte alguna otra Administración que ayude con este tema, que es muy complejo y complicado. Pensamos que ese puede ser un instrumento hábil para solucionar este problema.

SEÑOR HERRERA.- Quisiera plantear una pregunta de orden fáctico. En la comparecencia anterior, el señor Bernini o Ramos, nos explicaban la diferencia de cifras que había en cuanto a las ejecuciones entre la información del Ministro y lo que estaba sucediendo en la realidad. Me quedó clara la explicación y me parece lógico que -creo que era Ramos quien lo decía- como en todo el sistema se utiliza, una vez que se pasa a pérdidas, se venda la Cartera y ejecute el estudio de abogados XXZZ.

Mi preocupación es la siguiente. Vamos a ponernos en una hipótesis en la que encontramos una solución.

Pero, cualquiera que fuera la solución, ya no ampararía a lo que se vendió y no sé cuánto se vendió; entonces, no sé a cuántos estoy dando una solución. Digo esto, porque en las intervenciones de los señores De la Iglesia y Bernini se dijo que la semana que viene iban a haber cuarenta ejecuciones o cedulones que indican que va a haber un remate en tal fecha. De la explicación brindada por ustedes en la sesión pasada creo haber entendido que tampoco tenemos cómo saber exactamente cuánto se vendió de la Cartera. Entonces, ¿a cuántos ampararían si llegáramos a una solución distinta? Este es el problema fáctico que me planteo, más allá del pronunciamiento que no estoy haciendo en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- En el contrato con la empresa Thesis le pasan U$S 500:000.000 de activos.

SEÑOR BERNINI.- Nosotros hacemos referencia a que ese es un procedimiento natural en la banca privada; estamos hablando de que los activos a considerar en este proyecto son donde el Estado es el principal acreedor, y no es casualidad que esto sea así porque nosotros quisimos evitar el debate que pudiera generar el hecho de no violentar contratos. En este caso, en que el acreedor es el Estado, el Banco de la República utiliza su propia oficina jurídica y contrata estudios jurídicos en el exterior pero siempre sometidos a la jerarquía del propio Banco. Cuando nos referíamos a cuál es el procedimiento a que hace referencia el señor Senador quiero decir que es, fundamentalmente, de la banca privada y no así de los fondos de recuperación ni del Banco de la República que es lo que está a consideración o que comprendería la gestión de estos activos. Es más; como bien decía el señor Senador Núñez acá estamos hablando de U$S 500:000.000 que hoy están dentro de los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario. Pero en estos casos no se incluirían las situaciones que ya se cedieron a estudios jurídicos producto de que la banca privada castigara pérdidas y, una vez que lo hace, el balance es cero y todo lo que cobre por ese activo se pasa a ganancia. Aclaro que solamente es la banca privada la que actúa de esta manera. Concretamente, las ejecuciones que se están dando en estos días son por Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario como el acreedor que, directamente, es el que lleva a la ejecución o es el Banco de la República que ejecuta. Vamos a entendernos y a desmistificar algunas cosas: todos sabemos que pueden seguir habiendo remates aun con una forma de gestión como la que está planteada en estos momentos. Entonces, lo que primero que hay hacer es un estudio caso a caso, una gestión bancaria y un intento de buscar, a partir de la viabilidad de la empresa o de la familia a considerar, que pueda haber un reintegro o recupero de esos préstamos a partir de las posibilidades que se tengan y de la propia viabilidad. Nosotros siempre dijimos que acá hay deudas que se tendrían que haber ejecutado hace diez años, pero el problema es que, si no se hizo, fue porque es producto de decisiones que van más allá de lo técnico y que no es lo que está a consideración. Es más; creo que una de las virtudes que puede tener una gestión de este tipo es, precisamente, la posibilidad de discernir cuáles son aquellas deudas sobre las cuales, por la propia carpeta del cliente, va a aparecer que el informe técnico del Banco de la República es no conceder el préstamo y, sin embargo, se concede igual. Esta es la única hoja que hay porque después de ella no hay nada, no hay intimación, y esto hay que ejecutarlo. Lo que estamos planteando es que, cuando el principal acreedor sea el Estado puede haber remate pero lo primero que se debe buscar es un análisis de viabilidad del recupero de ese crédito a través de una gestión bancaria, que fue el espíritu planteado para los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario en la Ley Nº 17.613 y, lamentablemente, en este tema perdimos un año y medio. Esto también castiga a los propios activos aunque ahora puede haber una revalorización de las garantías -sobre todo, aquellas que son valor tierra porque éste ha crecido- que pueden dar mejores posibilidades.

Concretamente, ante la pregunta del señor Senador Herrera quiero decir que, lo que pasa a estudios jurídicos, normalmente, los hace la banca extranjera que, entre otras cosas, en general no tiene oficina jurídica propia, sino que tienen grandes buffetes que operan en ese sentido.

SEÑOR URIARTE.- La impresión que uno tiene es que esto empezará a caminar a partir de setiembre. No creo que ya se esté actuando fuertemente contra los deudores de la banca. Y, en el caso del Banco de la República, creo que recién está empezando a actuar.

De todos modos, en todo proceso hay una línea. Si uno va por un camino que es malo, eso no lo inhabilita para cortar y parar. Creo que en todos los terrenos de la vida y en todos los aspectos es así. Es decir que tiempo siempre hay, como así también un camino de retorno que muchas veces va a ser mejor que seguir por el que vamos. Esa es la impresión que nosotros tenemos.

SEÑOR DE LA IGLESIA.- Si bien voy a hablar en primera persona, creo interpretar el espíritu de los miembros de esta representación y, en ese entendido, si la Comisión considera que la vía de incorporar al fideicomiso del Banco de la República genera consensos, nosotros queremos acompañar. Digo esto por la visión que tenemos de que las soluciones deben ser de Estado más allá de que, insisto, defendemos un proyecto de ley que elaboramos con mucha seriedad y, además, entendemos que las respuestas deben estar por encima de los intereses que cada uno pudiera tener.

Repito: si esto genera consensos, nosotros apoyaremos y evaluaremos muy favorablemente esta idea que, supongo, tendrá consenso también en la Cámara de Representantes. Tal vez se podría considerar la posibilidad de incorporar a la sindicatura alguno de los sectores, por ejemplo, el rural -que es uno de los más importantes dentro de la deuda de este Banco- ya que en el caso del Banco de la República está ejercida exclusivamente, por parte del sector empresarial, por la Cámara de Industrias.

SEÑOR BERNINI.- Cabe señalar que el 52% de la deuda incluida en el Fideicomiso del Banco de la República es Cartera rural.

SEÑOR DE LA IGLESIA.- Por lo tanto, queremos que sepan que cuentan con nuestro apoyo y si este consenso involucra a los tres partidos, aplaudimos con alegría esta solución.

SEÑOR BERNINI.- Quiero dejar en poder de la Comisión varios informes. Uno de ellos tiene que ver con comentarios sobre la opinión del Banco Central en torno a la competencia o no del Tribunal de Cuentas en el control del proceso de adjudicación. Otro documento está relacionado con comentarios sobre los dichos del doctor Borrelli, en nombre del Directorio del Banco de la República, sobre los riesgos que traería que el fideicomiso de esta institución fuera pasado a la administradora de fondos. Y, por último, el 9 de setiembre está anunciado que se adjudica -para nosotros, a Thesis- lo relativo al Banco de Crédito. Habíamos dicho que se precipitaba la firma del contrato; ahora estamos diciendo que el 9 de setiembre se va a adjudicar lo referente al Banco de Crédito. Es decir que estaríamos ante los hechos consumados.

Asimismo, por lo que sabemos, el contrato que se firmó con la empresa Thesis, operativamente va a empezar dentro de 150 días. Es decir que se firma hoy y empezará dentro de 150 días. Y explícitamente tenemos entendido que si hay una ley, se rescinde el contrato, por lo que lo único que habría que hacer es devolver el depósito entregado más los intereses normales de cualquier depósito bancario. Por otra parte el riesgo de una multa -que, realmente, pensamos que se iba a dar- no existe. En consecuencia, si de alguna manera esto alivia la defensa de los intereses del Estado, creo que está muy bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su presencia y la información brindada.

Hacemos un breve cuarto intermedio para despedir a nuestros visitantes.

(Se suspende la toma de versión taquigráfica)

(Es la hora 12 y 14 minutos)

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.