SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 32 minutos)

-La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación tiene el placer de recibir a la delegación de ahorristas del Banco Montevideo y le cede la palabra.

SEÑORA BARBANI.- Queremos agradecer a la Comisión que gentilmente nos ha recibido en tan breve plazo para explicarles nuestra situación.

Somos ahorristas del Banco Montevideo y nuestros fondos han sido desviados sin nuestro consentimiento al TCB. Hace seis meses que venimos defendiendo a ultranza nuestro derecho de propiedad que ha sido violado y consideramos que hemos sido damnificados por partida doble. En primer lugar, estamos tratando que se nos confiera, como ahorristas del Banco Montevideo, porque así lo dicen nuestros depósitos. En segundo término, hemos probado ya, fehacientemente, que se trató de una estafa muy grande; de hecho, el Juzgado Penal procesó a las personas responsables de una de las estafas más grandes de la historia uruguaya.

Entonces, nosotros apelamos en este momento a la inteligencia emocional de los señores Senadores para ver si nos pueden incluir en este proyecto de ley. Como ahorristas del Banco Montevideo queremos que se haga justicia, y por ese motivo venimos a exponer lo que sentimos. Hay familias enteras que están esperando una resolución de los Legisladores, y está en nuestras manos poder trasmitirles a ustedes todo lo que estamos pasando y lo que hemos pasado durante estos seis meses.

No les vamos a explicar en qué se basó todo esto porque es de público conocimiento; lo único que queremos decir es que estamos muy preocupados porque hay familias enteras que hemos quedado, prácticamente, sin los ahorros que hemos ganado honrada y legítimamente. Depositamos nuestro dinero en un Banco uruguayo, con empleados uruguayos y en ningún momento nuestro ánimo fue desviarlo a otro país. Además, de hecho confiamos en el sistema financiero uruguayo y creímos en lo que se nos dijo, y en razón de ello es que hoy vivimos esta circunstancia penosa.

SEÑOR PETINGI.- No tengo mucho que agregar desde el punto de vista conceptual a lo que acaba de decir -que por supuesto compartimos en un todo- la escribana Barbani.

Brevemente quiero decir que nosotros somos un grupo de 1.200 ahorristas; aproximadamente el 80% es de clase media, lo que hemos podido comprobar fehacientemente. Depositamos y confiamos, con anterioridad a este proceso, en el Banco Montevideo, un Banco uruguayo calificado con triple "A", de vanguardia, de orgullo nacional y de una solidez históricamente inigualable.

Personalmente, durante el tiempo en que ejercí mi profesión deposité en el Banco Montevideo los depósitos de mis clientes, las señas de los contratos y de todas las operaciones. Como yo, la mayoría de los ahorristas habíamos logrado nuestros ahorros en base a esfuerzos y sacrificios, y teníamos tranquilidad porque sabíamos que había un control financiero a través del Banco Central. Evidentemente, en cada una de las operaciones que realizamos teníamos el convencimiento total de que hacíamos una operación beneficiosa y segura al mismo tiempo. Es decir, depositamos nuestros ahorros creyendo en un producto legal.

Con esta introducción queremos expresarles que somos ahorristas del Banco Montevideo, como dijo muy bien la escribana Barbani, y en ningún momento -y eso sí lo podemos asegurar- hicimos algún tipo de colocación en el exterior, no firmamos ningún contrato de consentimiento con ninguna de las empresas del Grupo Peirano en el exterior ni con las modalidades que, evidentemente, el Banco podía tener. Queremos que esto quede bien claro.

El 21 de junio, el Banco Montevideo fue intervenido por el Banco Central y ese día nos enteramos, con tristeza y desesperación, que nuestros ahorros habían sido desviados sin nuestro conocimiento ni consentimiento a empresas del Grupo Peirano, quedando al descubierto la estafa, a mi criterio, más grande de la historia nacional. Se violó el derecho de propiedad de las personas, consagrado en el artículo 7º de la Constitución, que tan dignamente depositaron los ahorros de toda una vida.

El 24 de junio nos entregaron un comunicado firmado por Juan Peirano, actualmente prófugo, en donde se nos prometía que se iban a cumplir los compromisos asumidos, que compartía nuestra preocupación y que dentro de treinta días nos iban a dar una solución.

Sabemos que saldremos heridos de esta operación, y en razón de que ha sido violado el derecho al goce de la propiedad de nuestros ahorros -artículos 7º y 32 de la Constitución- pedimos que, por favor, no nos maten excluyéndonos de una justa reprogramación.

Cabe aquí plantear dos interrogantes. Si se liquidan los Bancos -se excluya o no al Banco de Crédito- y se forma un nuevo Banco ¿cómo recurrimos al Grupo Peirano y, además, al Banco Central? Supongamos la otra posibilidad, que es tomar los activos y formar esta nueva institución. En dicho caso, ¿qué perspectivas de credibilidad y de confiabilidad tendrá esa nueva institución, con los innumerables juicios que hay contra el Banco Central y contra el propio Estado? Sólo una justa reprogramación legal en el "status" de ahorristas del Banco Montevideo, contesta satisfactoriamente esta pregunta.

No voy a ahondar sobre los aspectos legales, más aún teniendo en cuenta que esta Comisión está integrada con la de Constitución y Legislación; pero, en lo personal, debo decir que tengo muy clara una concepción sobre la operación realizada, incluyendo al TCB o cualquier otra modalidad. Los ahorros a plazo fijo los tenemos, en definitiva, en el Banco Montevideo. Si hubo, o no, autorización del Banco Central para esas modalidades, esa es una situación que evidentemente nosotros ignorábamos e incluso no era de nuestra incumbencia. Sin embargo, tampoco lo hicimos -o se hizo- con la intención de desviar fondos hacia fuera del país, ni a empresas del Grupo Peirano.

En el comprobante de nuestros ahorros -membretado y suscrito por los gerentes del Banco y por todas las agencias y responsables- figura que se trató de un depósito a plazo fijo de ahorros, bajo el rubro de certificado de depósito. Quiere decir que se trata de un certificado de depósito y no de un ahorro a plazo fijo con el TCB ni con ninguna otra modalidad. Resulta con total claridad que somos ahorristas del Banco Montevideo, ignorando totalmente lo que sucedía, incluso los más formados, los más ilustrados o los que podíamos tener alguna información.

Este proceso empezó a fines de 2000 y se extendió en 2001, aunque en el año 1997 el Banco Montevideo llamó a importantes empresas nacionales y a grandes clientes del Banco para empezar a operar con el TCB. Pero en 2001 nos engañaron y fuimos verdaderamente estafados, con la inclusión -no voy a entrar aquí en detalle desde el punto de vista legal y penal- de los delitos de fraude y simulación.

También resulta claro que el Banco Montevideo figura como comisionista en esa operación. La tipificación jurídica existente entre el TCB u otro organismo con el Banco Montevideo es la de la comisión, desde el punto de vista contable y jurídico. Al respecto, los artículos 335 y 337 del Código de Comercio establecen claramente esta situación; allí se define la comisión y se aclara que el comisionista -que en este caso es el Banco Montevideo- debe concluir bajo su exclusiva responsabilidad, todas las operaciones del grupo comitente. Para ahondar más aún, el artículo 337 dice con absoluta claridad, en forma incuestionable, que todas aquellas operaciones que contratare el comisionista -en este caso, el Banco Montevideo- con terceros, serán de exclusiva responsabilidad del comisionista. Aquí no se dio derecho alguno, por lo que esto mantiene toda su vigencia. Evidentemente, esto fue controlado en su momento -desde la primera operación en 1997, a fines del 2000 y en el 2001- por las autoridades financieras correspondientes, a través del Banco Central.

Por último, resulta claro que existe una responsabilidad financiera del Banco Central, que está establecida -solamente enumero las disposiciones, ya que los Legisladores, con la formación e ilustración que tienen y con el asesoramiento debido, las conocen muy bien- por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, artículo 23 y otros, por el literal G), artículo 7º de la Ley Nº 16.396, de 30 de marzo de 1995, así como los artículos 38, 39 y 34 de la misma ley. En cuanto al artículo 39, que refiere a las atribuciones, señalamos que hubo omisiones y grandes demoras en cuanto a los cometidos de los incisos a), f), g), h), i), j), k), l), m) y parte final del citado artículo. Como norma constitucional, basta citar el artículo 7º, fundamentalmente el 24 y el 32 de la Constitución de la República.

Culminando esta breve exposición y pidiendo disculpas a los señores Legisladores por ella, debo decir que, como decía la escribana, han transcurrido casi seis meses y seguimos, por ahora, a fojas cero, sin vislumbrar perspectivas y con la absoluta impresión de que hemos sido despojados de nuestros ahorros y estafados. Evidentemente, solo dependemos, desde el punto de vista legal, de una justa reprogramación de nuestros depósitos como ahorristas del Banco Montevideo a través del proyecto de ley que hoy está a estudio de esta Comisión.

SEÑOR LIOTENSTEIN.- Quiero agregar a las palabras vertidas que, inclusive, los ahorristas del Banco Montevideo estamos dispuestos a subrogar nuestros derechos hacia el Banco Central, a los efectos de que éste centralice todo el poder del fraude y pueda ir contra las personas que cometieron todo esto, para poder cobrar exactamente lo que corresponda. O sea que no tendríamos inconveniente en subrogar eso, inclusive, a los efectos de evitarle al Banco Central la posibilidad de que existan 1.200 juicios, que es una erogación bastante importante para el país.

SEÑORA BARBANI.- Para terminar -pues sé que el tiempo no es muy extenso- quiero decir que hay situaciones muy difíciles y que dentro del grupo ya ocurrieron dos suicidios; yo presencié uno de ellos y me siento muy mal al respecto. En este momento hay un niño muriéndose de leucemia, cuyos padres necesitan ahora sus ahorros; no tenemos forma de poder recuperarlos y la situación económica de cada uno de nosotros en este momento es muy difícil como para poder ayudarlos. En el día de ayer estuve reunida por más de media hora con el Ministro Atchugarry intercambiando ideas; se me ha manifestado la posibilidad de que existan pruebas documentales, pero es muy difícil probar eso cuando se ha tratado de un Banco que ha estafado, donde no se dieron las cosas con transparencia. Lo único que sí sabemos es que hablamos con algunos gerentes ayer de noche y todos coinciden en que somos ahorristas del Banco Montevideo y que los documentos de nuestros depósitos llevan el nombre de esa institución. Incluso, ellos están dispuestos a declarar que fuimos inducidos a error y a simulación y que, efectivamente, hubo fraude y simulación, porque ya se pudo comprobar.

En el día de hoy, a las 11 horas, tengo que suministrar otras pruebas al Juez Eguren para esta causa. Asimismo, nuestro interés es que sea el Estado el que inicie el juicio y esté detrás de todos los bienes de esa familia que ha causado tanto daño. Se supone que en esta época debemos tener espíritu navideño y, sin embargo, en este momento nuestro espíritu se encuentra en un estado indescriptible, porque nos han quitado la vida, estando vivos.

No quiero sentirme en este momento como si estuviera en un juicio frente a un jurado que tiene que dictaminar una sentencia, porque no se trata de eso; en realidad, esta es una cuestión de humanidad. Además, nuestra situación ya fue bien explicada y apelamos a la inteligencia emocional de los señores Senadores para que se entienda la circunstancia en que nos encontramos. En lo personal, desde el primer día estuve convencida -creo que el convencimiento de una persona es un factor muy importante- de que se iba a hacer justicia con respecto a lo que nos ha pasado.

SEÑOR MICHELINI.- Es muy difícil hablar después de lo que hemos escuchado. Creo que este asunto no es nuevo para ninguno de quienes estamos aquí presentes. En ese sentido, quisiera dejar algunas constancias, con el fin de que quienes nos visitan puedan situarse mejor con respecto a este proyecto de ley que tenemos a consideración.

En primer lugar, cabe destacar que hasta que no se apruebe, esta iniciativa no va a tener valor de ley. Eso no depende sólo de nosotros, más allá de la opinión que tengamos sobre este tema; obviamente, cada uno podrá tener una opinión afirmativa, negativa o afirmativa en parte sobre este problema. Por lo tanto, esta Comisión no puede dar una respuesta a lo que aquí se ha planteado, sino que simplemente trasmitiremos al resto de los señores Senadores lo que se registre en la versión taquigráfica, así como una serie de artículos que nos han presentado. De ese modo, podremos tomar decisiones contando con la mayor información posible.

En segundo término, independientemente del hecho de que la ley se aprobara y existiera la voluntad de incluir un artículo con respecto a este tema, lo que el Parlamento puede llegar a hacer es determinar que a los ahorristas del Banco Montevideo a quienes sin su expresa voluntad se les hayan derivado sus ahorros al TCB, se les considere ahorristas del Banco Montevideo. Ahora bien; quien posteriormente tendrá que clarificar esas situaciones es la autoridad administrativa y no nosotros. No hay forma de que el Parlamento pueda determinar qué ahorristas se encuentran en ese caso y cuáles no. No se puede tratar a quienes se los perjudicó en su buena fe igual que a quienes expresamente -en un momento de corrida bancaria- quisieron sacar su dinero del país, aunque tuvieran el legítimo derecho a hacerlo. De todos modos, y sin negar ese derecho, considero que es muy distinta la situación de quien notoriamente fue víctima de una estafa que la de quien, en las oficinas del TCB o en las del Banco Montevideo, expresamente solicitó que sus ahorros se derivaran al TCB. En lo personal, conozco a algunos que se encuentran en este último caso y que inmediatamente después de reconocer que habían actuado así, se lamentaban por haber sido estafados.

Sin duda que se trató de una estafa -no estoy diciendo lo contrario- pero hay que hacer la distinción entre una situación y otra. Llegado el caso, si hay voluntad política en el contenido de la ley y se incluye un artículo en ese sentido, la que podrá determinar la índole de cada caso es la autoridad administrativa o la judicial, pero no la legislativa. Creo que si en el Parlamento pretendiéramos hacer eso, estaríamos ingresando en un asunto muy complejo y actuando de una forma que no corresponde. Nosotros tenemos que establecer el marco para que la autoridad administrativa o la judicial determinen sobre cada caso.

Por último, quiero decir que, a mi juicio, este proyecto tiene un gran número de aspectos y, en ese sentido, a nosotros -sin negar nuestra voluntad legislativa- nos podría ayudar mucho que nos trasladaran, además de toda la información, lo relativo a algunos elementos que, al incluirse en el proyecto, permitirían que a los ahorristas sí se los comprendiera en su alcance. En definitiva, lo que quiero decir es que nos ayudaría en esta tarea el hecho de que quienes están aquí o leen la versión taquigráfica, sepan a dónde recurrir.

SEÑOR NUÑEZ.- Puedo observar la situación emocional en que se encuentran nuestros visitantes, pero de todos modos debo decir que todo este asunto me había quedado mucho más claro que hoy en las reuniones particulares.

En primer lugar, quiero señalar que la solución legal que plantea la iniciativa del Poder Ejecutivo en el sentido de que quienes tienen derechos son aquellos que figuran en los libros como acreedores, no comprende a este grupo de ahorristas. Este punto se dio por sobreentendido y sobrevoló en la intervención del escribano Petingi, pero creo que debe quedar claro. En ese mismo sentido se manifestó el Ministro Atchugarry cuando le preguntamos al respecto en esta Comisión.

En segundo término, de acuerdo con lo que he entendido en las reuniones personales que mantuve con ustedes, sé que quisieran que este proyecto de ley los comprendiera directamente, y no que en el futuro se elabore una ley cuya redacción sí los tuviera en cuenta. Me gustaría que me ratificaran este punto, porque en las reuniones de carácter personal que hemos mantenido así se expresó y, en cambio, ahora no me queda tan claro este punto.

En tercer lugar, si eso no sucede, a pesar de que soliciten que se realice una modificación del articulado de modo que la ley los comprenda, sin duda tendrán derecho a llevar a cabo otro tipo de acciones y recién entonces veremos cómo podemos colaborar para solucionar su problema. Repito que me gustaría que en alguna de sus intervenciones dejaran más claro estos aspectos, fundamentalmente los que mencioné en primer y segundo término, sobre todo teniendo en cuenta que hoy contamos con la versión taquigráfica, que es un documento público que van a leer los señores Legisladores que analizarán este proyecto de ley.

SEÑOR PETINGI.- Quería referirme a una inquietud que planteó con total legitimidad el señor Senador Michelini, ya que nosotros también la tenemos en cuenta. Precisamente, estamos trabajando con un grupo de técnicos para lograr un articulado muy preciso, que presentaremos a la Comisión para que lo pueda analizar, lo que no significa que pretendamos que lo apruebe ni mucho menos. Simplemente, se trata de un aporte, pero desde el punto de vista de la técnica legislativa y dentro del contexto del proyecto de ley. En eso estamos y en el día de hoy nos reuniremos con una serie de técnicos para poder elaborar, como dije, un articulado concreto que comprenda esta situación.

SEÑORA BARBANI.- Uno de los técnicos a que se refería el escribano Petingi es el doctor Gros Espiell, que también se encuentra dentro del grupo de damnificados, como es de conocimiento de los señores Senadores.

En concreto, señor Presidente, nuestra aspiración es que se nos incluya dentro de este proyecto de ley como ahorristas del Banco Montevideo y se subroguen todos nuestros derechos a favor del Banco Central, para que éste sea el encargado de cobrar a las personas a las que tiene que cobrar.

Los juicios a los que los señores Senadores se refieren son muy largos, casi de nueve años y tengo conocimiento de ello porque soy escribana y porque he hablado con muchos abogados y Jueces. Además, se debe tener en cuenta que yo soy joven -aunque no sé cuánto me queda de vida, porque hoy estoy, pero mañana tal vez no- pero que hay personas que integran nuestra Comisión que están enfermas y que no pueden esperar nueve años para que alguien al final diga: "Sí, tienen derecho".

Es lo que quería manifestar.

SEÑOR BARAIBAR.- Desde que comenzaron estos hechos han transcurrido cinco o seis meses. Ahora bien; quería comunicarles que soy Diputado y que estoy presente en esta sesión de trabajo del Senado como miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, porque la idea es que las visitas, tanto del señor Ministro como de los distintos sectores involucrados, no se repitan en la otra Cámara. En ese sentido, pienso que deberían presentar la documentación a que han hecho referencia a más tardar el lunes o martes, porque pienso que la semana que viene esto ya va a estar aprobado en el Senado.

SEÑORA BARBANI.- ¿Dónde podemos presentar la documentación?

SEÑOR PRESIDENTE.- En la Secretaría de la Comisión de Hacienda del Senado.

SEÑOR PETINGI.- Quería saber si es necesario que la solicitud se firme por los 1.200 ahorristas, o si es suficiente con que cuente con la firma de los técnicos que trabajarán en representación del grupo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Exactamente; la delegación que ha asistido a esta Subcomisión lo ha hecho en nombre de todo el grupo, por lo que ustedes, de alguna manera, han asumido la personería y la representación de todos los ahorristas damnificados.

La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores agradece a la delegación de ahorristas del Banco Montevideo por la información que han brindado y les comunica que la versión taquigráfica de esta sesión será entregado a todos los miembros de las Comisiones respectivas y a todos los Senadores.

(Se retira de Sala la delegación del grupo de ahorristas del Banco Montevideo)

(Ingresa a Sala una delegación de tenedores de Bonos del Banco Comercial y del Banco Montevideo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tiene el agrado de recibir a la delegación de tenedores de Eurobonos de los Bancos Comercial y Montevideo.

SEÑOR PONZONI.- Soy miembro de la Comisión de Tenedores de Bonos del Banco Comercial y Montevideo.

En primer lugar, queríamos agradecer a los integrantes de la Comisión el hecho de escuchar los planteamientos de este grupo que se ha formado. Como primera reflexión con relación al proyecto de ley que se está analizando aquí, podemos decir que el grupo tiene la visión de que esta es la solución menos mala, en el sentido de que evita el mayor de los perjuicios, que es la liquidación de los Bancos, teniendo especialmente en cuenta cómo están éstos integrados, la penetración que tienen en el interior del país y la importancia que presentan, por su tamaño, en el negocio bancario del Uruguay. A nuestro entender, no es la solución ideal ni mucho menos; en realidad hubiésemos querido que se arribara a una solución Banco por Banco, pero por distintos motivos ello no ha sido posible.

En cuanto a la situación de los tenedores de Eurobonos, podemos indicar que esta Comisión se forma en el momento en que, a través de la prensa y de distintos integrantes del equipo económico de Gobierno, se comenta que este tipo de papeles o de valores no iba a ser tenidos en cuenta en la solución que se está implementando por parte de dicho equipo. En ese sentido, nos pareció que se estaba desnaturalizando el concepto de lo que es un Eurobono. Como sabrán los señores Senadores, el Eurobono es una obligación negociable y, entonces, pensamos que somos acreedores del Banco en un nivel de igualdad con los depositantes para los cuales se está buscando una solución. El inversor o quien depositó en Eurobonos fue al Banco Comercial, porque estos valores se vendían a través de la Bolsa de Valores y se ofrecían directamente en el Banco. Uno podía hacer un depósito a plazo fijo u operar en las modalidades bancarias típicas, y en el Banco Comercial y en el Banco Montevideo también ofrecían este tipo de documentos, por lo que mucha gente integró allí su ahorro.

La ley establece la distinción en el tratamiento de una y otra situación en la calidad de ahorristas, fundamentándolo en la salvaguardia del ahorro público. Creemos que éste es tanto el depositado en los Bancos como el que está en el mercado de valores. El país invirtió mucho tiempo y esfuerzo en crear y desarrollar un mercado de valores y de obligaciones negociables. En este sentido, pensamos que esta norma está un poco en contraposición con el hecho de dejar desprotegidos a los tenedores de obligaciones. Básicamente, la idea es que puede ser un ahorrista en bonos u obligaciones o en la modalidad típica de depósito a plazo fijo.

Este es nuestro planteamiento. Vamos a dejar un memorándum a los señores Senadores. Nosotros fuimos recibidos por parlamentarios y grupos de los distintos Partidos a los que ya entregamos una copia de este documento en su versión inicial. El que vamos a dejar en el día de hoy contiene algunas modificaciones de texto en cuatro o cinco artículos, que son los que pensamos que nos van a igualar en el tratamiento con los demás acreedores. Asimismo, hay algunas Circulares del Banco Central del año 1998 que señalan, desde el punto de vista de la tenencia de valores y en materia de encajes, que el régimen de obligaciones negociables se asimila exactamente con el de depósitos bancarios en el sentido de cómo es para el equipo económico del Banco Central el tratamiento de estos valores. Consideramos que no debe discriminarse una solución ahora cuando siempre se les dio un tratamiento del mismo tipo.

Por otra parte, queremos remarcar que los tenedores de eurobonos somos un grupo de aproximadamente 5.000 personas y, según datos de la Bolsa de Valores que no hemos confirmado todavía, la media sería de unos U$S 20.000. A veces el concepto de eurobono se asocia a la idea de grandes millonarios invirtiendo y especulando, pero el bono en sí mismo no es especulativo en el sentido de que invertimos hoy y sabemos que en el año 2007, 2008 ó 2009 vamos a rescatar su valor nominal. No jugamos con elementos de especulación y flujos de mercado que nos puedan dar grandes ganancias.

Todo el grupo se siente muy perjudicado ya que, en el mes de febrero, cuando comenzó a haber problemas con el Banco Comercial, estos bonos tenían una cotización del entorno del 90%. En ese momento, se hicieron los anuncios de que el Banco y el Estado habían sido capitalizados y, por lo tanto, nadie adhirió a la famosa corrida bancaria. Los que pertenecíamos a este grupo nos quedamos con estos papeles. Posteriormente, el Gobierno firmó un acuerdo con algunos Bancos del que se desprendía que la capitalización del Estado y de estos Bancos no sería tal, y al día de hoy nos encontramos con que el valor de estos papeles no llega al 30%, por lo que claramente existe un perjuicio medido en monedas. Eso produce una molestia en la gente.

Tenemos un grupo muy grande y muy numeroso, donde muchas personas se encuentran en situaciones muy angustiantes. Creemos que la base del planteamiento está en el tratamiento igualitario con el resto de los depositantes para que no haya una discriminación. En las asambleas se han hecho planteamientos sobre la constitucionalidad de la norma, en el sentido de tratar situaciones iguales en forma desigual y desconociendo algunos derechos. Estos temas no vienen al caso ahora, pero quería comentarlos.

Además del memorándum con modificaciones, vamos a dejar a los señores Senadores un proyecto de artículo que pensamos que se podría incluir -esto lo hablamos con los grupos de ahorristas- y que refiere a la posibilidad de que, con los certificados de depósitos del nuevo Banco o con los propios bonos, tanto depositantes como tenedores de bonos pudieran participar en las ejecuciones que haga el Banco, integrando el precio con esos valores. De esta manera, se quitaría masa del pasivo. Si bien a la liquidación entraría efectivo o dinero contante y sonante, se estaría sacando masa de allí y eso permitiría la defensa de nuestros créditos y mantener un poco más altos los valores de la liquidación. Eso consta en un anexo. Asimismo, tenemos un anexo general sobre consideraciones de la ley desde el punto de vista económico del funcionamiento bancario, que el contador Montgomery va a comentar.

SEÑOR MONTGOMERY.- Como contador y tenedor de eurobonos del Banco Comercial brevemente voy a explicar los títulos del documento que entregaremos a los señores Senadores.

Me he preocupado un poco porque escuché a algunos Legisladores verter opiniones sobre la diferencia entre depositantes y tenedores de eurobonos, pero el artículo 182.14 de la Circular Nº 1.602 del Banco Central, establece claramente que las obligaciones negociables -los eurobonos son obligaciones negociables- se rigen por las mismas normas que los depósitos en el sistema Bancocentralista.

Entiendo que quizás los diferentes artículos fueron redactados por distintas personas y por eso en un caso hablaron de depositantes, en otro de créditos y en otro de acreedores para decir lo mismo y para proteger el ahorro público, que es la esencia del proyecto de ley. Se habla de soluciones diferenciales con distintos nombres, pero creo que eso debe haber obedecido no a un propósito deliberado de diferenciar en cada artículo a los diversos tipos de acreedores, sino quizá a una inadvertencia. Creo que, desde el punto de vista económico, no hay ninguna duda de que el ahorro público está formado por los depositantes y por los inversionistas tenedores de obligaciones. A mi juicio, ese problema no se puede entender de otra manera.

Me preocupa mencionar que por las facultades que se otorgan al Banco Central del Uruguay, en su función de liquidador, éste tendrá los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitación de especie alguna. Eso puede llevar no sólo a la discrecionalidad que a veces es necesario tener para ser ejecutivo y resolver, sino también a arbitrariedades. El artículo 29 del proyecto establece que se crearía una Comisión de Notables, que sólo podría solicitar información y dar su opinión al Banco Central, que es su controlado. Por lo tanto, la función ejecutiva que puede llegar a tener se ve muy limitada.

Consideramos que el Banco Central debe tener un marco establecido por ley del que no pueda moverse. A vía de ejemplo, el Banco Central puede otorgar quitas a cualquier deudor por el importe que sea y pasar el crédito de un acreedor de una moneda a otra. Con esto vemos que el Banco Central es el dueño de la situación.

En toda liquidación de sociedades anónimas o quiebras, según el Código de Comercio, sabemos que los acreedores, por medio de las Comisiones que se tienen que formar, son los que siempre tienen la última palabra en la aceptación de los cambios. En estos casos, la última palabra la tiene el Banco Central. El Estado es acreedor de estos Bancos, pero las cinco mil personas que el escribano Ponzoni mencionaba, también somos acreedores.

En cuanto a los reglamentos de los Fondos de Recuperación del Patrimonio, prácticamente todo lo malo va a ir a dichos Fondos. Lo malo cada vez es mayor, porque día a día se deterioran las carteras y, por lo tanto, lo que antes no era tan malo pasa a ser peor, y lo que era bueno pasa a ser malo. Ese es uno de los elementos importantes.

Los reglamentos del Fondo de Recuperación también son aprobados, de acuerdo con el proyecto, exclusivamente por el Banco Central en el mismo momento en que se aprueba la liquidación y disolución de la entidad. Nos parece que en este caso se le otorga al Banco Central una facultad desmesurada, porque por medio del reglamento, por ejemplo, según el artículo 17 se expresa que "podrán prever también soluciones diferenciales en beneficio de ciertas categorías de acreedores o de créditos hasta cierto valor absoluto". Esta definición es muy vaga, porque no sé a qué se refiere cuando se dice "cierta categoría de acreedores". Luego se señala "o de créditos", cuando en realidad debería ser "y". Tampoco sé cuál es el "cierto valor absoluto", por lo que creo que todas estas puntualizaciones deberían estar definidas.

Con respecto al artículo 24, que refiere a este mismo tema, decimos que se regula la venta de los mejores activos mediante un procedimiento competitivo y establece un precio mínimo sobre la base de un porcentaje que en el texto no está expresado. Creo que dicho porcentaje, que es el que va a determinar cuánto valen los activos, tendría que estar expresado en forma clara.

Por otra parte, con relación a las potestades del administrador del Fondo, el artículo 20 del proyecto establece que el Banco Central, ya sea el intermediario que liquida o el administrador, podrá proyectar acuerdos colectivos de sustitución de deudores, de quitas y demás. Estos acuerdos son válidos siempre que el 75% de los acreedores los acepten. No dice si ese porcentaje se refiere a personas o a montos y si la aceptación tiene que ser expresa o tácita. Nosotros creemos que debe estar debidamente aclarado, pues no se puede dejar librado a una interpretación posterior.

En cuanto a la terminología, a la cual me referí hace un instante, el artículo 14 habla de depositantes y ahorro público; el artículo 16 menciona ciertas categorías de depósitos o de créditos y de cierto valor absoluto, y el artículo 17, en lugar de depósitos utiliza el término "cierta categoría de acreedores o de créditos", por lo que se observa un cambio que los señores Senadores entenderán perfectamente, ya que el término acreedores es mucho más amplio y comprende un concepto mayor que el de depositante.

Por su parte, el artículo 26 se refiere al ahorro público y habla de categoría de depositante, quitándole la palabra "cierta", o de depositantes hasta ciertos montos. En ese caso, cambia cierto "valor absoluto" por "ciertos montos". Esto me hace pensar que quizás cada artículo fue instrumentado por diferentes personas llegando así a estas diferencias.

El artículo 35 menciona cierta categoría de acreedores o de créditos. Cabe aclarar que en cierta categoría de acreedores entraría desde el depositante hasta un Banco en el exterior que tiene una línea y el que le vendió los plumeros a la institución. Entonces, si la finalidad es proteger el ahorro público, tiene que considerarse claramente qué significa ahorro público. Considero -y sobre esto no deben quedar dudas- que ahorro público refiere a los que han invertido, de una u otra manera, con depósitos a tres meses, a siete años o a nueve años, en estos Bancos.

Con respecto a la urgencia que hay en implementar una solución, quiero señalar que han pasado cuatro meses y recién nos enteramos por el diario, en el día de ayer, que el Banco Central está autorizando a los Bancos suspendidos a gestionar su patrimonio. Aquellos que tenemos muchos años de vida y en el país, que hemos visto y trabajado en situaciones de esta naturaleza -por ejemplo, fundamentalmente en la crisis de 1982 en adelante- sabemos que darle tiempo a los deudores para que piensen que van a entrar en una liquidación, es prácticamente incitarlos, primero, a no pagar. Esto es lo que ha pasado. Tenemos referencias directas de los Bancos de que la gente no paga y que los que podrían hacerlo prefieren esperar, lo que implica que van cambiando de categoría, sus obligaciones con el Banco van venciendo y no presentan documentación ni balance, porque a su vez el Banco no puede recibirlos ni gestionar esos activos. Nos llama la atención que ahora el Banco Central, después de cuatro meses, les permita gestionar adecuadamente los activos. Me hubiera parecido más adecuado que se pronunciara el primer día, porque no puede ser que el capital que puede tener una institución en quiebra se deje librado a que el tiempo lo deteriore. Digo esto porque en agosto algunos pensábamos que los Bancos por sí mismos podrían abrir en la búsqueda de una solución; en diciembre la creación del nuevo Banco generó en nosotros ciertas expectativas, pero ya en dos o tres meses más pensaremos que nada puede ser. O sea que lo único que queda es lo peor y es la liquidación, lo que llevaría a que los deudores serían los que se beneficiarían.

Este es un hecho histórico y mundial. El deudor es el que no paga o paga menos. Todas las quitas que los deudores logren en ese momento, ¿quiénes las van a cubrir? Los acreedores, los depositantes, los ahorristas. ¿Quién se perjudica? El país entero, por un problema de crédito internacional. Un país ávido de inversores, tal como es éste, ¿a quién le va a decir que venga a invertir cuando hay personas que han invertido cientos de millones y lo han perdido? Es más, no sólo lo han perdido, sino que el Gobierno no le brindó una salida a esa situación, tal como lo podría haber hecho.

Por lo tanto, consideramos que la urgencia en instrumentar esta solución es fundamental. Este proyecto contiene dos Secciones y una de ellas es la del mercado de valores, que no tiene nada que ver con el tema de los Bancos -no manejo estos temas y nunca fui conocedor de ellos- por lo que pienso que lo mejor sería, si es posible, desglosarla del proyecto porque este tema merece la atención de todo el Parlamento.

Me pregunto de qué sirve unir este tema al de los Bancos. Si yo dejo éstos que están enfermos y atiendo primero otros casos, lo que voy a lograr es que aquéllos se enfermen más. Lo otro puede esperar. Si pasaron tantos años de la Ley Nº 15.322 hasta llegar a la Ley Nº 16.749, se puede esperar un poco más.

Por último, quiero señalar que en la primera categoría también se están instrumentando normas del Banco Central para un manejo futuro. Todas ellas tendrán que ser estudiadas profundamente por los señores Senadores porque son las que regirán en el país de aquí en adelante, pero no hacen a la solución de estos Bancos que se necesita en el día de hoy.

SEÑOR SCHUSTER.- Voy a leer una nota muy breve que tuve oportunidad de enviar por e-mail a muchos de quienes hoy se encuentran aquí sentados. Dice así:

"En mi caso se trata de un uruguayo más, cliente del Banco Montevideo, institución bancaria a su vez uruguaya, perjudicado por invertir en Eurobonos con vencimiento en abril de 2008, emitidos con autorización" -al menos era lo que yo creía- "de nuestro Banco Central.

En función de que los señores Senadores se hallan abocados a encontrar, por la vía legislativa, una salida viable para atender la problemática de quienes fuimos burlados en nuestra buena fe, apelo a ustedes para incluir en la norma la situación de los inversores en Eurobonos. Lo hago en el entendido de que, si el Banco Central autorizó la emisión de dichos títulos valores en momentos en que ya conocía las dificultades por las que atravesaba el Banco Montevideo, no puede ahora dejar desamparados a quienes operaron en un Banco nacional confiando en él. Si bien los títulos correspondían a una inversión en valores extranjeros, la misma fue realizada en una institución local y formaban parte de su patrimonio al ser administrados por ella.

Cabe agregar que la inversión en cuestión fue realizada en abril de 2002 por sugerencia de funcionarios del propio Banco Montevideo, como alternativa a una anterior que se entendía era entonces poco segura. Resulta hoy obvio que el Banco intentaba de esta forma asegurar su operativa, cosa que finalmente no logró. Y arrastró con ello a todos los incautos que, como yo, no quisimos creer -por confiar en la plaza financiera uruguaya- todos los rumores que iban cobrando más y más fuerza hasta tornarse abruptamente realidad.

Espero que las autoridades nacionales puedan comprender que, si las inversiones, aun en moneda extranjera, fueron hechas en la plaza uruguaya, es porque preferimos creer en el sistema financiero uruguayo y no invertir en el extranjero capitalizando Bancos extranjeros.

Agradezco desde ya la atención que se brinde a este planteo".

No soy bancario, sino jubilado, y cobro $ 1.942 mensuales, con lo que pago la luz. Todo mi dinero lo tenía invertido en estos Eurobonos y a partir del mes que viene no sé de qué voy a vivir. Les pido que tengan eso en cuenta.

SEÑOR PEREZ.- No quisiera referirme a artículos del proyecto de ley en sí, sino que desearía hablar en representación de mucha gente que ayer fue a nuestra Asamblea y que se encuentra atravesando situaciones muy difíciles.

He escuchado a varios parlamentarios tildar de extranjeros a quienes invirtieron en Eurobonos y eso me ha dolido muchísimo porque soy uno de los tantos perjudicados que vivimos eso.

Nací en el Cerrito de la Victoria y comencé con un cajón vendiendo jabones en una placita. Trabajé durante 20 años y fui ahorrando con mucho sacrificio. Tuve almacenes -chicos y medianos- y recuerdo que había días que ni siquiera salía a la vereda e, incluso, dormía en el local porque al fondo tenía una cama. Entonces, me pregunto si soy extranjero. Toda mi vida la pasé en el Uruguay, trabajando con sacrificio y aportando al Estado, y hoy estoy ante la posibilidad de perder el capital -para mí medianamente importante, aunque para otros puede no ser nada- que fui juntando de a U$S 100 o U$S 150 semanales. Además, tengo que escuchar que se diga que soy extranjero, que es lo que más me duele. Creo que los señores Senadores tienen que considerar eso.

Aquí hay 200, 300 ó 4.000 uruguayos -quizás haya gente o instituciones internacionales que poseen estos Eurobonos y no les moleste perder la mitad del capital o todo- que vivimos de esos bonos y estábamos confiados en que se nos pagarían los intereses que ya no cobramos el 15 de noviembre, lo que fue un golpe durísimo. Entiendo que los señores Senadores tienen que pensar en esos uruguayos. Reitero que no hablo en nombre propio, sino en el de mucha gente que ayer vi que se encontraba en una situación desesperada, porque la forma que tienen de mantenerse era con ese dinero.

SEÑOR PIAZZA.- En mi caso personal, estoy vinculado al fútbol y puedo decir que hay mucha gente que, como yo, hemos visto a nuestros mayores terminar mal su vida. Los consejos que se nos han dado, nos han ayudado a que hoy por hoy nuestra vida sea diferente.

Como se sabe, la carrera del futbolista o del entrenador es muy corta. Los que hemos jugado fuera del país hemos traído dinero a nuestro querido Uruguay y hemos colaborado muchísimo con nuestras familias y con nuestros amigos. A modo de ejemplo, puedo decir que Víctor Espárrago, que está radicado en España, tiene Eurobonos de los Bancos Comercial y Montevideo; Julio Losada, que estuvo viviendo 30 años en Grecia, también tiene Eurobonos; así como también Alejandro Riccino, profesor que trabaja con Maturana y estuvo en Africa. También hay preocupación en el sector; no somos comerciantes y lo único que supimos más o menos fue dedicarnos a ese juego. Hoy estamos muy nerviosos por este tema.

Al igual que los señores Senadores, queremos mucho a nuestro país y deseamos confiar en él más que nunca. Sabemos que la situación es difícil y que todos vamos a perder, pero queremos tener condiciones parejas con el resto de la población en todo sentido. A su vez, queremos colaborar para que nuestro país mejore.

SEÑOR PONZONI.- Simplemente quisiera decir que estamos dejando un memorándum con algunas sugerencias de modificación de texto sobre el trámite general del proyecto de ley, además de una carta que se le entregó al señor Presidente de la República a mediados del mes de noviembre, la cual ha salido publicada en la prensa y creemos que resume el sentir del grupo de tenedores. Por ese motivo es que la adjuntamos.

SEÑOR BARAIBAR.- Sin duda ustedes conforman un grupo que ha estado, a partir de los hechos que son de pública notoriedad, muy sensibilizado con el tema y lo comprendemos plenamente. Además, veo que muchos de ustedes son profesionales y tienen un profundo conocimiento del tema. Como sabrán, el Estado, el Gobierno, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han estado todos estos meses buscando alguna solución, e incluso se intentó la capitalización lo que, aparentemente, no se logró. Ahora se llega a esta fórmula que es el proyecto de ley, el cual ustedes deben conocer porque ha salido publicado en la prensa.

Quisiera saber si ustedes, como representantes de un grupo significativo y particularmente sensibilizado con el tema, creen que esta solución que se está manejando, con los ajustes y precisiones que se han hecho y que entiendo que son muy atendibles, es el camino posible; no digo el ideal, porque el ideal sería contar con el dinero disponible cuando uno lo quiera. Concretamente, quisiera saber si creen que ante las actuales circunstancias, este es el camino posible.

SEÑOR MONTGOMERY.- Me hicieron una entrevista en televisión donde me preguntaron qué era lo que yo buscaba, a lo que contesté que buscaba cobrar el 100% de lo que había depositado. Hemos hablado con gente que se maneja dentro del sistema bancario a nivel muy importante y cuenta con cifras que nosotros no disponemos y se nos ha dicho que, en este caso, esta es la única posibilidad de encontrar una solución. Tenemos conocimiento de lo que se dice del nuevo Banco y de las dificultades que tendría, pero si algo he aprendido en la vida y en mi profesión, es que sólo muere aquello que queremos y decidimos que muera.

Como contadores nos pueden presentar una situación y nosotros decir que técnicamente eso está quebrado, sin embargo, el tiempo da soluciones. Considero que los uruguayos hemos dado bastantes muestras de solidaridad en todo sentido. Entiendo que el nuevo Banco es la única posibilidad que existe en este momento, aunque no para que siga viviendo ese nuevo Banco mucho tiempo. También sabemos de muy buena fuente que han habido propuestas muy serias -hasta se nos han querido mostrar algunas de ellas- para la compra de estos Bancos, fundamentalmente del Banco Comercial, y que hay grupos internacionales de primera línea que estarían interesados. Por lo tanto, pienso que estarán esperando el momento de llegar a un acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores agradece a la delegación de tenedores de Eurobonos la información recibida y le informa que la versión taquigráfica de esta sesión le será entregada al resto de los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de tenedores de Eurobonos)

(Ingresa a Sala una delegación de ahorristas de los Bancos Comercial,

La Caja Obrera y Montevideo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tiene el agrado de recibir a la delegación de ahorristas de los Bancos Comercial, La Caja Obrera y Montevideo, y desde ya les concede la palabra.

SEÑOR CABRERA.- Ante todo, muchísimas gracias por recibirnos en esta Comisión para tratar el tema de la ley sobre los Bancos suspendidos.

En principio, quisiéramos hacer algunas puntalizaciones referentes a la situación que vivimos nosotros, como ahorristas, y que viven también el Banco y todo el sistema financiero.

Así, desearíamos establecer la diferencia que existe entre un proceso de liquidación y un proceso de Banco abierto. En el escenario de un proceso de liquidación, que estaba presente el 5 de agosto para todos los ahorristas, el Banco obviamente pasaba a ese proceso, donde el sujeto liquidador iba a ser el Banco Central. Entonces, según la Ley de Quiebra y el proceso de liquidación que iba a tener, se iba a formar una masa acreedora a la espera de la liquidación de los activos de estos Bancos suspendidos. En el caso de los Bancos Comercial, La Caja Obrera y Montevideo, la masa acreedora -a la que estaríamos perteneciendo- se vería altamente perjudicada porque, obviamente, dentro de ella, el Estado es parte importante por las transferencias que se hicieron a estas tres instituciones. Tomando en cuenta que se trataba de Bancos con patrimonio negativo y sin liquidez, las posibilidades ciertas de cobrar en un proceso de liquidación cada vez se veían más postergadas en el tiempo y con un porcentaje menor.

Según el análisis que hicimos, un plazo de liquidación de un Banco no demora menos de diez o quince años -esto ocurre prácticamente en todo el mundo- y la recuperación que logran los depositantes en ese caso se ubica en el entorno de un 10% o de un 15% de sus depósitos.

Además, un proceso de liquidación de estas instituciones activaría una serie de juicios de sujetos vinculados al tema, no solamente en nuestro país sino también en el exterior, sobre los que caería el mencionado proceso. Así, las posibilidades de cobrar se postergarían muchísimo más. Entonces, repito que en un proceso de liquidación los depositantes estarían cobrando alrededor de un 10% o de un 15%, en un plazo de diez o quince años.

Ante esta situación, desde un primer momento hemos pensado en contraponer a la posición de liquidación de un Banco, la de apertura de un Banco. Siempre hemos sido conscientes de que el escenario de apertura obviamente mejora las condiciones, no sólo para los ahorristas sino también para los demás protagonistas, es decir, los deudores, quienes forman la cartera activa del Banco, y todos aquellos que tienen vinculación operativa con la institución y que empiezan a ser tenidos en cuenta.

Así pues, en el escenario de este nuevo Banco que se estaría formando -y es obvio que los señores Senadores conocen mejor que nosotros el espíritu de este proyecto de ley- por la vía administrativa se decretaría la liquidación de estos tres Bancos suspendidos y simultáneamente se generaría una nueva institución bancaria que absorbería todos los pasivos y los activos cobrables de los Bancos. Allí comenzaría un proceso de liquidación de las tres sociedades anónimas que conformaban los tres Bancos originariamente y, al mismo tiempo, reaparecería el nuevo Banco, que tendría la facultad de absorber tanto los buenos activos como los pasivos de las instituciones.

¿Cuál sería la forma de pagar a los acreedores, que somos nosotros, los depositantes? A través de certificados de depósitos de ese nuevo Banco. Quiere decir que en un principio estaríamos recibiendo papeles a tres años de plazo. En ese caso, los ahorristas recibiríamos un documento real, comercializable en el mercado, obviamente negociable y que tendrá su valor en cualquier mercado secundario. Como complemento, el restante porcentaje de los ahorristas recibiría otro papel, de reconocimiento de deuda, que iría contra las carteras menos sanas o menos cobrables del Banco. De acuerdo con lo que establece el proyecto de ley, el Estado, sin poner un peso, sino haciendo uso de las transferencias realizadas hasta ese momento, estaría dispuesto a cambiar ese certificado malo -por llamarlo de alguna manera- o ese documento de reconocimiento de deuda, por un certificado bueno.

En el mencionado esquema, los ahorristas podrían estar recibiendo, en muchos casos, por un criterio gradualista -en función del volumen de los ahorros que cada uno tiene- un 100% de sus depósitos. Quiere decir que si se dan las condiciones favorables y la cartera de activos se cobra, la cartera pasiva, en la figura de los ahorristas, estaría cobrando un 100% de sus depósitos a tres años, recibiendo ya, ahora, certificados de depósitos reales contra ese nuevo Banco.

¿Cuál sería la situación más desfavorable que se podría plantear -a lo que hacía referencia hace unos momentos el señor Presidente- en lo que tiene que ver con los Eurobonos y los obligacionistas? Con respecto a esto podemos decir que un obligacionista, cualquiera sea la institución a la que pertenezca, estaría recibiendo, a lo sumo en tres años, un 28%. Quiero contrastar esto con lo que hablábamos recién, en cuanto a que en cualquier proceso de liquidación el depositante estaría recibiendo un 10%, a diez o quince años. Contra este esquema, en el peor de los casos, en el más desfavorable, en tres años estaría recibiendo un 28%.

Al contrastar estos dos escenarios, el planteado el 5 de agosto y el de hoy, 12 de diciembre, obviamente nosotros somos partidarios de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, que recoge gran parte del espíritu y la voluntad que los ahorristas -en particular los del Banco Comercial, de los que formo parte- planteamos en primera instancia. El 12 de agosto realizamos la primera Asamblea, en la que planteamos una idea de capitalización y reprogramación, que no era otra cosa que manejar la posibilidad de capitalizar el Banco con parte de nuestros ahorros, reprogramándolos voluntariamente con un esquema similar al propuesto por la Ley Nº 17.523, aprobada el 3 y 4 de agosto. La voluntad de los ahorristas fue muy clara en ese sentido: se firmó un documento -no sólo una adhesión- con el Banco Comercial que alcanzó las 8.621 firmas -sobre un universo de ahorristas cercano a los 10.000- y que hoy está en las bóvedas del Banco. Al día de hoy, 9.000 ahorristas ya han firmado este documento. Quiere decir que, prácticamente, fue unánime la voluntad de generar un escenario que permitiera la apertura, en aquél entonces del Banco Comercial, y en esta instancia de un nuevo Banco que se crearía, absorbiendo distintos fondos de los Bancos Montevideo y La Caja Obrera.

Obviamente, en el proceso de intermediación financiera que tienen los Bancos, en los que en un extremo están los depositantes que aportamos nuestro dinero fresco, y en otro los que les deben dinero, hay una cartera activa que, fruto del tiempo que ha pasado y por las circunstancias que vive el país, se ha deteriorado; la posibilidad de refinanciación y de negociación que tiene que tener esta nueva institución permitirá que esa cartera activa sea totalmente recuperable y, en función de esto, los depositantes -que pertenecemos a la cartera pasiva- tendremos más garantías de poder cobrar.

Quería mencionar un factor que me parece importante en función de la representación parlamentaria que ustedes tienen y es que, en general, hay dos palabras que definen a los Bancos -esto lo hemos aprendido en este tiempo- que son "confianza" y "prestigio". Lamentablemente, se ha perdido mucho la confianza en el sistema financiero uruguayo. Creo que nosotros, los ahorristas de los Bancos, estamos viviendo esta situación porque en una primera instancia confiamos en las instituciones de nuestro país; hoy, con la idea de apoyar a este Banco, estamos duplicando y reforzando la confianza en el sistema.

Por todo esto, como los señores Senadores tienen mucha ascendencia sobre la opinión pública, les pediría que no adjetivaran la condición de este Banco, sino que quede claro que se trata de uno nuevo. No somos partidarios de las expresiones que se han utilizado de "miniBanco", "megaBanco", "macroBanco" o "microBanco"; esto va a ser un nuevo Banco y, obviamente, no va a estar definido exactamente por el número de sucursales que tenga, sino por la operatividad con que contará.

Nos parece que pronosticar el futuro de un nuevo Banco en estas condiciones es muy difícil, tanto para los economistas como para los políticos o para quienes tenemos intereses en el Banco. Reitero que es sumamente difícil pronosticar el futuro; no obstante, lo que sí podemos decir en este momento es que este Banco va a nacer con 23.000 clientes, que conformamos una masa cautiva por un plazo de tres años, con la posibilidad de tener acciones de la institución, lo que no nos parece una quita sino una oportunidad.

Por todo esto, entendemos y apoyamos este proyecto de ley y creemos -nos parece que los señores Senadores también deben sentirlo así- que el rápido tratamiento de esta norma va en procura de mejorar no solamente nuestra condición personal como ahorristas, sino también la de los deudores, porque la posibilidad de refinanciar, de negociar y de hacer frente a los compromisos con el Banco es mucho más clara con una institución abierta que con una en proceso liquidador, donde obviamente no habrá espacio para las negociaciones. Entonces, entendemos que defender este proyecto de ley implica abarcar y proteger a todo el escenario bancario.

SEÑOR LAMORTE.- Adelanto que voy a ser muy breve, pero quisiera plantear algunos puntos.

En primer lugar, debo decir que entendemos que es necesaria una premura muy importante en el tratamiento de este proyecto de ley, por varias razones. Una razón económica de peso, es el tema de la erosión que están sufriendo las carteras activas de los Bancos, porque en esta coyuntura tan adversa, todos los días alguien deja de pagar y pasa de la Categoría 1 a la 2, de la 2 a la 3, o de la 3 a la 4. Por lo tanto, la cartera sana, que supuestamente respaldaría los depósitos del nuevo Banco, cada día se ve más mermada, lo que va en detrimento directo de los intereses de los ahorristas.

Ante esta realidad, hay dos caminos que conviene seguir: el primero y más claro es el rápido tratamiento del proyecto de ley, que Dios quiera pueda aprobarse antes de fin de año. La otra alternativa, que no se contrapone con la primera y que es muy importante, sería habilitar estrategias de negociación de carteras activas, a fin de mantenerlas sanas. Actualmente los Bancos tienen muy mermada su capacidad de negociar con los deudores; esa falta de flexibilidad lleva a que estos últimos caigan muy fácilmente en incumplimiento y pierdan su categoría. Si los Bancos tuvieran más potestades de negociación y trabajaran con más normalidad, se podría evitar esa caída de las carteras.

En caso de que nada de esto se pudiera cumplir, vemos necesario buscar otros caminos hacia el futuro, como por ejemplo, que con el Banco abierto se pudieran rescatar algunas de las carteras que hayan caído durante este lapso de cuatro meses. En este tiempo la erosión de las carteras ha sido brutal, no sólo por razones coyunturales que responden al mal momento que vive el país y por el tipo de cambio, sino también por la especulación de aquellos que han preferido no pagar, respondiendo al famoso dicho de "a río revuelto, ganancia de pescadores". Estos últimos percibieron que les era más conveniente no pagar y esperar para ver qué sucedía más adelante.

Sería muy beneficioso para los ahorristas que en el futuro el nuevo Banco tuviera la capacidad de absorber las carteras que han ido cayendo en estos meses.

Quisiera hacer una reflexión: confío plenamente en que el nuevo Banco conseguirá un inversor que lo compre y lo reabra. Si el Banco Comercial, a pesar de toda la serie de problemas jurídicos y económicos que ya conocemos, tuvo varias propuestas de inversión -más allá de que unas puedan ser más aceptables que otras- este nuevo Banco, sin esas contingencias y con una foto contable en el momento inicial de una institución muy sana -solamente con activos de buena categoría, pasivos reprogramados a largo plazo, una liquidez significativa, y un patrimonio muy importante respecto de sus pasivos y activos- tiene que conseguir un inversor en el corto plazo.

SEÑOR CABRERA.- Para reafirmar lo dicho por el contador Lamorte, quiero recordar que durante este proceso de suspensión que ha vivido, el Banco Comercial ha recibido por lo menos cuatro ofertas. Obviamente no vale la pena analizarlas en profundidad, pero podemos mencionar, por ejemplo, que la última de ellas fue presentada por Soros, con el apoyo y respaldo de la compañía AIG, que es considerada en el mundo como triple "A" y mueve millones de dólares a través de su negocio de aseguradora. Como bien decía el contador Lamorte, si en un escenario de contingencias muy desfavorables logramos atraer inversores de ese perfil, no caben dudas de que si se crea un Banco abierto, saneado, sin problemas de carácter jurídico, va a aparecer un inversor.

SEÑOR LAMORTE.- Es muy claro que las razones económicas que mencionábamos antes, relativas al deterioro de las carteras, hacen urgente el tratamiento y aprobación de este proyecto de ley; pero por otro lado, también está el aspecto psicológico, de confianza de la población. Si este Banco nace con un tratamiento diligente por parte del Parlamento y, dentro de lo posible, con una aprobación unánime o por una mayoría importante, va a ayudar muchísimo al buen transcurso, no solamente del nuevo Banco, sino de todo el sistema financiero uruguayo y de la economía del país en su conjunto.

Hay que tener en cuenta, además, que los afectados son los ahorristas que apostaron al país, que creyeron hasta el final y que dejaron sus ahorros, por lo que creo que merecen un esfuerzo casi heroico -diría- del Parlamento. Es más: este apoyo se dio no solamente hasta julio, sino también en esta segunda etapa, lo que estaba fuera de libreto y más allá de todo lo esperable. Entonces, sería una señal muy buena, insisto, si comenzamos el nuevo año con la ley ya aprobada, porque pasar estas Fiestas con incertidumbre no le va a hacer bien a la opinión pública.

SEÑOR FRASCHINI.- Si me permite, señor Presidente, quisiera aportar algunos elementos que los ahorristas consideramos importantes para el nacimiento y viabilidad de este nuevo Banco.

En primer lugar, para nosotros es indispensable que la Gerencia sea profesional y apolítica, porque todos conocemos las experiencias de empresas del Estado manejadas por gente que no es idónea en el tema. De manera que consideramos que los responsables del "management" de este nuevo Banco tienen que ser muy bien seleccionados.

Otro aspecto importante que habíamos incluido en nuestra propuesta de capitalización y reprogramación de depósitos como una de las condiciones suspensivas, era que los ahorristas tuviéramos participación en la Comisión Fiscal. Esta es una salvaguarda que queremos tener, para lograr ciertas garantías en cuanto al gerenciamiento y la administración del Banco.

Un tercer tema que consideramos importante -quizás no debería estar contemplado en esta ley, pero sí entendemos que debería ser considerado en forma inmediata a su aprobación- es el relativo al seguro de depósitos. Insisto: no queremos entorpecer el trámite de este proyecto con la inclusión de un tema que sabemos que ha sido discutido en el Parlamento, pero entendemos que -más allá de que pueda ser topeado o tener distintas características- debería ser considerado con posterioridad a la aprobación de esta ley, máxime si tenemos en cuenta los momentos que está viviendo este país.

Por otro lado, como señalaban el contador Lamorte y el arquitecto Cabrera, el hecho de que el proyecto sea apoyado por unanimidad hace a la confianza de este Banco, porque si naciera con una aprobación mínima en el Parlamento, esto transmitiría, sin duda, desconfianza en la población. Además, desde luego, nos parece importante que sea tratado con la mayor celeridad posible; nosotros, que hemos vivido este proceso durante estos cuatro meses, conocemos la angustia de la gente porque este tema no termina de resolverse cuando estamos ya muy cerca del final del año. Es decir que para nosotros sería muy bueno que el proyecto se aprobara antes del 31 de diciembre, de tal manera que esta gente tenga una esperanza distinta para el año 2003.

SEÑOR CABRERA.- Para terminar, queremos hacer una puntualización referente a lo que tiene que ver con el manejo de la opinión pública y la invocación de algunas mayorías. Concretamente, queremos recalcar que nuestra idea de reprogramación y de posible capitalización, que obviamente está recogida en este proyecto de ley, contó en su momento -en un período muy corto- con la aprobación de un porcentaje muy alto de los ahorristas de los tres Bancos. En particular, en lo que refiere al Banco Comercial, el 17 de diciembre le entregamos al señor Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, un acta notarial de constatación con 8.621 firmas, que representaban el 83% u 85% de la masa total de los depositantes. Quiere decir, entonces, que desde aquel momento -12 de agosto- en adelante, el escenario que se plantea por parte de los depositantes y ahorristas de los Bancos es, obviamente, el de la apertura, porque así fue expresada su voluntad por escrito, en el caso del Banco Comercial con un documento y en el caso de los Bancos Montevideo y La Caja Obrera con una expresión también muy importante. De manera que no estamos citando sin fundamento a la opinión pública o a la masa de depositantes. Este es un dato real y cierto: en su gran mayoría -estamos hablando de más de un 80%- los depositantes de este universo de Bancos suspendidos ven con mejores ojos la posibilidad de la apertura del Banco que un escenario de liquidación.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: quiero aclarar algunos de los puntos que nos han planteado nuestros invitados en el transcurso de su presentación.

El Senado y la Comisión entendieron pertinente recibir a los representantes de los distintos sectores que, directa o indirectamente, tienen intereses vinculados con toda esta temática, porque están en condiciones de aportarnos reflexiones que seguramente serán tenidas en cuenta al momento de la consideración del proyecto de ley. Por eso tampoco se hizo distinción, cuando se otorgaron las audiencias, en la invocación que realizaron muchos de quienes han comparecido ante esta Comisión en cuanto a que representaban determinadas mayorías o grupos de ahorristas. No tenemos ninguna forma de chequear o ratificar si verdaderamente representan mayorías o minorías de ahorristas y a qué instituciones pertenecen. En definitiva, nos pareció que el criterio más justo era invitarlos a todos porque era bueno conocer esas opiniones.

Por otro lado, a fin de evitar que se creen falsas expectativas, quiero decir -sobre todo porque en dos o tres oportunidades ustedes reafirmaron ese concepto- que no está definido que en el caso de que abra la nueva institución, la reprogramación de los depósitos y su devolución se realice en un plazo de tres años. El proyecto otorga al Banco Central la potestad de establecer mecanismos de reprogramación que luego serán puestos a consideración de los ahorristas a través de alguna vía determinada, que tampoco está definida. Allí se exigirá una mayoría del 75%, pero no está clara si será de ahorristas o de ahorros. En consecuencia, ustedes no deben desconocer que el Estado va a tener una participación importante en esa decisión porque representa más del 40% de los acreedores de los Bancos. Entonces, para alcanzar ese 75% le estaría faltando aproximadamente el 30% de las voluntades de quienes están en la misma condición. Digo esto porque las reprogramaciones que ustedes acordaron probablemente no sean las que en definitiva valgan en el futuro.

Es claro que entramos en un nuevo esquema; cada uno de los ahorristas había reprogramado para su institución, pero no para el conjunto que se supone se va a formar a través del nuevo Banco que se creará. Por eso el proyecto establece que sea el Banco Central, cuando tenga todos los elementos arriba de la mesa y elabore el plan de negocios -que necesariamente deberá hacer- para la formulación de la nueva institución, el que decida cuáles son los plazos en que estaría en condiciones de reprogramar y, en consecuencia, devolver esos depósitos. Quizás no sean esos tres años. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo va a ser, pero ello surgirá de las condiciones que se vayan dando en la implementación de la nueva institución.

Con respecto al deterioro de las carteras -que es un hecho claro y evidente; inclusive, hoy se puede hablar hasta de porcentajes importantes de deterioro, sobre todo en las categorías 1, 2 y 3- se ha pedido al Gobierno que actúe, y en estos últimos días se han dictado una serie de potestades para los Bancos suspendidos a fin de que puedan mejorar la calidad de esas carteras. En tal sentido, ahora cuentan con facultades de negociación que antes no tenían. Personalmente entiendo que no son todo lo que uno hubiera querido, pero de todos modos se ha avanzado bastante en ese sentido.

En lo que tiene que ver con las urgencias, debo decir que compartimos el planteo que han hecho. Digo más; lo comparte la propia Comisión que en el día de ayer decidió convocar a la AEBU -sin que ésta haya pedido audiencia- para el próximo lunes, y trabajar martes y miércoles para intentar que el jueves el proyecto de ley esté a consideración del Senado a fin de poder enviarlo a la Cámara de Representantes. Entonces, será su voluntad la que determine si queda sancionado antes de fin de año. De todas maneras, si eso no ocurre, sí es seguro que en los primeros días de enero el proyecto se convertirá en ley, en la medida en que se consigan las mayorías correspondientes, tema por el que todos estamos trabajando. Tampoco debemos olvidar que hemos comenzado a trabajar después de cuatro meses que, por distintas consideraciones, se perdieron sin haber ofrecido un instrumento para solucionar toda esta problemática. En ese sentido, estamos intentando recuperar todo ese tiempo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Deseo aclarar a los visitantes que el régimen de trabajo de la Comisión ha sido muy intenso durante estos días y que también participan los Representantes Nacionales integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes.

SEÑOR CABRERA.- Deseo contestar al señor Senador Gallinal que nosotros no invocamos una representación. El trabajo silencioso que hemos realizado durante estos cuatro meses apunta a llevar adelante una idea, pero repito que no se trata de que invoquemos una representación. Sí decimos que nuestra idea fue apoyada por más del 85% de la masa de ahorristas, en este caso de los tres Bancos.

En cuanto al período de reprogramación, coincido plenamente con lo señalado por el señor Senador Gallinal acerca de que va a estar supeditado a las condiciones del nuevo Banco y a las que le imponga el Banco Central. Creo que lo más rescatable es la idea de que se mantenga el concepto de la voluntad de reprogramar por parte de los ahorristas sus depósitos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores les agradece la información brindada. Naturalmente, la versión taquigráfica de esta reunión será entregada a todos los Legisladores que integran la Comisión.

(Se retiran de Sala los representantes de los ahorristas de los Bancos Comercial, La Caja Obrera y Montevideo.)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Ahorristas del Uruguay.)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tiene el agrado de recibir a los representantes de la Asociación de Ahorristas del Uruguay.

SEÑOR MARTINEZ.- En representación de la Asociación de Ahorristas del Uruguay de los cuatro Bancos suspendidos queremos hacer llegar a esta Comisión nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes referentes al anteproyecto de ley de normas sobre la intermediación financiera.

Antes que nada, señalamos que los ahorristas no fueron tenidos en cuenta para el estudio de este anteproyecto de ley, considerando que los depositantes son el nervio motor que energiza a todo el sistema financiero. Es decir que se está disponiendo de sus ahorros sin pedirles opinión.

Luego del feriado bancario, AEBU propició la formación de Comisiones de cada Banco, que nunca defendieron los verdaderos intereses de los ahorristas. A los pocos días recibíamos llamadas en las que nos presionaban para firmar la carta intención de capitalizar parte de nuestros ahorros y nos decían que, de lo contrario, nos quedaríamos sin nada, mientras se hacía una gran publicidad televisiva que no era financiada por los ahorristas, como se pensaba. Las firmas que se reunieron para la reprogramación y capitalización fueron conseguidas bajo coacción; dicha idea fue orquestada por los banqueros y bancarios, y no por los ahorristas, como se dijo. Ningún ahorrista renunciará a un 30% de sus ahorros para beneficiar a los Bancos.

De aprobarse este anteproyecto de ley que hoy se estudia, se legalizaría la coacción y la confiscación de los ahorros de la gente y se castigaría a los uruguayos que confiaron en su país y en la banca nacional, que hicieron caso a las máximas autoridades de Gobierno, que decían que nada iba a pasar.

Reclamamos al Estado uruguayo la garantía absoluta de nuestros ahorros, porque hubo gran negligencia del Banco Central y fallaron los controles y la Corporación Nacional para el Desarrollo, como principal accionista de algunos Bancos. Si se llevan a cabo quitas o capitalizaciones por ley matan al ahorro; sin ahorro no hay crédito y sin crédito no hay país viable.

Aceptamos la reprogramación tal como fue hecha en el Banco República y creemos que con este perjuicio ya tendríamos bastante. Solicitamos, sí, que haya un seguro internacional para nuestros ahorros que nos dé garantías para la reprogramación que hoy nos proponen. Si no existe un seguro, este anteproyecto de ley hará que la gente deposite en la banca extranjera y esta saque los dineros del país.

Queremos que se contemple, por lo menos, al ahorrista uruguayo, no sólo porque confió en su país y en la banca nacional, sino porque devolviendo los dineros de los uruguayos éstos se verterían al mercado local, contribuyendo a reactivar el consumo. Pedimos que se atienda por los menos nuestros reclamos más inmediatos, entre los que está el cobro de intereses. Decimos esto porque los empleados han seguido cobrando sus sueldos en forma ininterrumpida, así como los Bancos siguieron cobrando a los deudores y el Banco Central continuó asistiendo a la banca extranjera, olvidándose que muchos de los ahorristas comían con los intereses de esos ahorros.

Por otra parte, solicitamos que haya por lo menos dos representantes de los ahorristas por cada Banco en todo lo que tenga que ver con el futuro de sus ahorros.

Asimismo, pedimos que se atiendan los casos especiales, sobre todo de enfermedades crónicas, graves, de personas muy mayores o de empresarios con sus actividades suspendidas.

Queremos que haya un seguro de depósito y que las instituciones que abran cuenten con un seguro internacional para captar nuevos ahorros y dar tranquilidad a la reprogramación que hoy nos proponen.

Por último, reiteramos que nos oponemos a la capitalización. Si obligan por ley a confiscar una parte de los ahorros de la gente, sería inconstitucional y atentaría contra el derecho a la propiedad privada. Las mayorías no pueden obligar a las minorías, como lo establece la ley, cuando esas mayorías van a ser siempre manipuladas por los Bancos -como hasta ahora lo han hecho- mientras el ahorrista, que es la parte más débil, queda indefenso. Si se legisla para que haya quitas compulsivas o capitalización obligatoria habrá miles de juicios contra el Estado, caerán más Bancos por la desconfianza generada, se destruirá el ahorro y se producirá el caos en miles de hogares uruguayos.

A todo esto tenemos algunas posibles soluciones que pasará a enumerar la licenciada Emy Feijo.

SEÑORA FEIJO.- Agradecemos esta posibilidad que nos dan de expresarnos.

Estuvimos con muchos de los señores Legisladores en una oportunidad anterior, en ocasión del llamado proyecto "Gallinal - Heber". En ese momento planteamos nuestras inquietudes y creemos que tenemos que dar las gracias, porque la iniciativa no tuvo andamiento en la Cámara de Representantes. La sorpresa tremenda que nos llevamos se debe a que este nuevo proyecto de ley es muchísimo más grave que aquel que se paralizó en la otra Cámara.

Vamos a ser muy breves al plantear nuestras soluciones. Estas son muy elementales, pero lo que sucede es que como las informaciones a nivel político son asimétricas, nosotros nunca podemos saber qué hay detrás de las cosas que están sucediendo. Esperamos que ustedes lo sepan, que puedan ayudarnos y así logremos una resolución que esté dentro de lo que pedimos.

Nosotros no tenemos problemas con la reprogramación, siempre que se nos devuelva mediante un seguro el total de lo que depositamos y en la moneda en que lo hicimos. Para ello, nos parece que a esta altura lo más rápido, práctico y barato para el Estado -y así se resolvería este pedido- sería que nos atendieran como se atendió al Banco Hipotecario en el Banco de la República, pero a diferencia de lo que ocurrió con el Banco Hipotecario, pasando las Carteras que son buenas, es decir, cobrables, para darle apoyo en la devolución en la reprogramación de los ahorristas. No creemos que esa sea la mejor solución, pero disminuiría el costo de ese megaBanco y mejoraría nuestra situación.

En realidad, lo que nosotros consideramos que debería hacerse lo venimos planteando desde que se trató el proyecto de ley anterior. Tenemos conocimiento de que, más allá de las dificultades que tiene el secreto bancario, el Banco Comercial puede abrir, por ejemplo, mañana mismo, digamos que el lunes. Nosotros hablamos de la condición primaria para que la crisis financiera se resuelva, pero todos estos proyectos sin inversores no tienen solución. Por eso nosotros propusimos, incluso, nombres de posibles inversores, pero hemos visto durante estos cuatro meses que el Gobierno los ha corrido, y la respuesta que nos han dado con respecto a esa corrida de los inversores nos plantea desgraciadamente sospechas. No hay cosa más tremenda en este momento que tener sospechas cuando se están jugando nuestros ahorros.

Nosotros sabemos que el Banco Comercial puede abrir el lunes, aun sin tener inversores, porque puede manejar la operativa transaccional del Banco con la reprogramación nuestra. Es decir, nosotros ayudamos a la operativa transaccional, pero cuidado, con gestores que no sean corruptos, que sean personas de bien que funcionen para el sistema, para el Gobierno y para nosotros. Esta es una condición básica para salir de esta situación. O sea que la clave para nosotros sería estar funcionando el lunes mismo y festejar la Navidad con la apertura del Banco Comercial, luego con la del Banco de Crédito, y después el Banco Montevideo y La Caja Obrera pueden pasar al Banco Comercial, pero no al nuevo, sino a éste que tenemos desde hace 150 años, porque tiene capacidad para eso.

Pensamos que esto es sencillo pero, a veces, las soluciones sencillas no son las que uno ve y se las saltea.

En esta Comisión está presente un destacado jurista, el señor Senador Correa Freitas y, aunque no estén presentes, hay dos destacados economistas de este sistema, me refiero a los señores Senadores Couriel y Astori pero, además, está cada uno de ustedes, señores Senadores.

Quiero decirles que soy maestra de escuela, o alguna vez lo fui, y en aquella época enseñábamos sobre el carácter sagrado de la república democrática del Parlamento. Muchas veces hemos popularizado tantos valores que, a lo mejor, nos olvidamos que ustedes representan el símbolo sagrado de la democracia, de la estabilidad, de lo que somos todos, a quienes pusimos en este lugar para que este país siga siendo lo que alguna vez fue, gracias a los gobiernos que han transitado a lo largo de la historia. No tiene por qué haber una posición en contra para salir a flote de este sentido de democracia, del estado de Derecho del que fuimos ejemplo. Creemos que no hay que ir seis horas a Washington a rendir cuentas. Salgamos nosotros, como dice Stiglitz: es hora de que cada uno de nosotros resuelva sus problemas por sí mismos en cada país.

De pronto, a los señores Senadores este lenguaje les parecerá muy antiguo, pero es el que los maestros utilizamos para hablar de la identidad nacional, a través del Himno, de la Escarapela, pero fundamentalmente mediante las visitas de los niños al Senado de la República, resaltando su carácter sagrado. Me estoy refiriendo a nuestros modelos conductuales y ejemplares para constituirnos en una democracia unitaria, capaz de salir delante de cualquier situación, desde Exodo del Pueblo Oriental, junto con Artigas.

Este es mi sentimiento y sé que estoy hablando con personas que, creo, sienten de esta manera. Lo que pido es que no olvidemos esto y que no se cree una inestabilidad política, social y económica mayor de la que hay en el país, quitándole al ahorrista que puso confianza en el Uruguay. Digo esto, porque si nos quitan un solo peso o dólar se perderá la confianza, nadie más volverá a depositar y, como consecuencia, el sistema financiero quebrará. Como los señores Senadores saben -más que nosotros- sin el sistema financiero este país no sale a flote.

SEÑOR TROTTA.- Soy un comerciante común y corriente, o sea, una persona que lo único que trata es de resaltar, como dijo mi compañera, la realidad del país. No hay país viable, si no se respeta el ahorro. Estamos hablando de casi 50.000 ahorristas que están perjudicados, junto con la Cooperativa CAYCU y los familiares que están sufriendo problemas de salud, y que no hemos sido contemplados; por el contrario, fuimos marginados, desplazados y no se nos consultó. Esa es la realidad del ahorrista.

Nosotros agrupamos la verdadera Asociación de Ahorristas. No quiero hablar de comisiones que han venido recientemente que no representan a nadie, pues no tienen base ni movilizaciones como hemos tenido nosotros; simplemente representan a un sistema financiero, a los Bancos. La economía y el Gobierno no nos deben pasar la película que ellos quieren. Se dice que los ahorristas están conformes con esto. Ello de ninguna manera, pues no podemos estar conformes con quitas que se quieren hacer, cuando los ahorristas no somos los culpables del problema financiero, sino las víctimas. Acá los culpables son los dirigentes y los banqueros, que no supieron conducir con eficacia todo el sistema.

Realmente, lo que queremos es defender nuestro derecho, porque sería una inmoralidad y una cobardía política protegerse detrás de los ahorristas cuando fuimos, prácticamente, las únicas víctimas de todo esto, porque muchos ahorristas apostamos a todo lo que nos vendieron y que, supuestamente, tenía el respaldo del Estado.

No queremos hacer una lluvia de juicios, porque hay gente que realmente está mal. Entonces, la solución tiene que darse en una forma justa; esto es lo único que reclamamos. Como orientales y patriotas a los que se les dijo que confiaran en este sistema, que nada iba a pasar, no somos los que tenemos que pagar doble castigo: la deuda externa contraída por el Estado -esta última prácticamente también la vamos a pagar- y la capitalización de los ahorros, que es totalmente anticonstitucional. Indudablemente, nadie puede obligar al ahorrista a convertirse en accionista de un Banco y tampoco es nuestra intención ser banqueros.

Dejamos este asunto a consideración de los señores Senadores y estamos seguros de que podrán encontrar alguna solución al problema.

Muchas gracias. Es cuanto queríamos manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación agradece la presencia de la delegación de la Asociación de Ahorristas del Uruguay y la información que nos han brindado. La versión taquigráfica correspondiente a esta sesión será entregada por los integrantes de esta Comisión y del Senado.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Ahorristas del Uruguay)

(Ingresa a Sala el representante de los ahorristas del Banco Comercial)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación del Senado agradece la presencia del señor José Luis Cardozo, representante de los ahorristas del Banco Comercial, a quien dejamos en el uso de la palabra.

SEÑOR CARDOZO.- Nuestra Comisión de Ahorristas se opone a los términos de este proyecto de ley y quiere dejar constancia de sus objeciones con la finalidad de establecer otras soluciones o corregir el texto del proyecto, aportando lo que nosotros pensamos sobre este tema.

En primer lugar, creemos que este proyecto de ley es inconveniente porque no establece si se va a devolver el cien por ciento de los depósitos a plazo fijo y de los Eurobonos emitidos por los Bancos. Tampoco se determina, en caso de no devolverse el cien por ciento, cuál es el porcentaje que se devolverá.

En segundo término, no se estipula el plazo en que serán devueltos los citados depósitos de plazo fijo y Eurobonos y tampoco el interés que se pagará.

En tercer lugar, se propone un mecanismo injusto de posible recuperación de nuestros ahorros, basado en que cobraremos si los deudores pagan y, aun más, en la misma proporción en que dicho pago se efectúe. Se pretende poner en posiciones contrarias a los ahorristas con los deudores, consagrando el abuso contra ambos grupos de ciudadanos al oponer sus intereses, cuando en realidad el Gobierno es el único culpable de la situación, con respecto a los ahorristas por habernos engañado y no devolvernos el cien por ciento del capital en forma inmediata, y con relación a los deudores, por haber devaluado abruptamente y hacer imposible el pago de sus deudas.

En este sentido, es sencillo predecir lo que va a ocurrir en caso de aprobarse este proyecto de ley. Cuando se rebaje violentamente durante el estiramiento de los plazos lo que se promete devolver, dirá el Gobierno a los ahorristas que tal situación surge de la realidad de que los deudores no pagan.

En cuarto término, el proyecto de ley es inconstitucional porque proyecta crear categorías de ciudadanos con distinto derecho. Por un lado, los poseedores de plazo fijo, ante los cuales el Gobierno dice que resignará sus derechos de acreedor del Banco liquidado para que a ellos les toque más en la hipotética liquidación y, por otro, los tenedores de Eurobonos, para quienes el Gobierno ejercería sus derechos de acreedor y, por consiguiente, en la presunta liquidación les tocaría muchísimo menos que a los ahorristas de plazo fijo. Esta propuesta es claramente violatoria del artículo 8º de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

En quinto lugar, el proyecto de ley pretende crear un solo Banco de lo que resulta de la liquidación de dos Bancos que presentan situaciones completamente distintas. El Banco Comercial tiene como dueños a J. P. Morgan, al Credit Suisse y al Dresdner Bank, entidades muy poderosas en el mundo. Por su parte, los Bancos La Caja Obrera y Montevideo, o no tiene dueños -como en el caso del primero- o los tiene presos, como ocurre con el segundo. Por consiguiente, las soluciones para estas dos situaciones tan distintas deben ser diferentes.

En sexto término, resulta absolutamente inexplicable que el Gobierno no les reclame a los dueños del Banco Comercial su responsabilidad, en especial con respecto al tema de los Eurobonos, emitidos en Londres por dichos Bancos en 1996 y cuyo pago inmediato, por no haber pagado los intereses el día 15 de noviembre de este año o por liquidarse la sociedad anónima comercial como se proyecta en la ley, debe ser efectuado por los referidos dueños del Banco Comercial, no pudiendo una ley retirar de una sociedad anónima las responsabilidades por ella generada a sus dueños legales

Tampoco es jurídicamente válido invocar, para justificar esta sustitución de dueños y responsabilidades que pretende hacer nuestro Gobierno, el convenio firmado por el ex Ministro Bensión el 25 de febrero de 2002, porque la totalidad de él es de dudosa legalidad, de acuerdo con lo expresado por prestigiosos juristas. Asimismo, ni siquiera se ha llegado a consumar, ya que lo dispuesto en el Anexo II, correspondiente al Procedimiento para las Operaciones Paso a Paso no se ha realizado, fundamentalmente, porque queda una interrogante que no ha recibido respuesta por parte del Gobierno. Nos preguntamos cuál es la razón de que por U$S 33:000.000 de préstamo de cada uno de los tres dueños, el Gobierno acepte que están liberados de todas sus obligaciones con los ahorristas, con los empleados y con el Estado. Más aún, cuando en el período comprendido entre el 25 de febrero, fecha del Convenio, y el 5 de agosto, momento en que se suspendió el Banco, el Gobierno le aportó U$S 350:000.000 al Banco Comercial. Esto es asombroso. Por otra parte. Por U$S 99:000.000 de préstamo se los pretende exonerar de toda obligación y, luego, en cinco meses el Gobierno gasta U$S 350:000.000 en aportes y el Banco le paga a ahorristas que retiran depósitos y otorga préstamos.

También resultaría esclarecedor para esta situación que se publicara la lista de los ahorristas que hicieron retiros en ese período, así como de los préstamos que el Banco otorgó cuando ya tenía directores designados por el Gobierno.

En séptimo lugar, tampoco sirve como apoyo a este proyecto de ley la falsa disyuntiva de que se trata de la única solución posible. Para dejar claramente establecida nuestra posición, en primer término nos corresponde decir que creemos de prioridad absoluta para el país que se proceda a la reapertura de los cuatro Bancos suspendidos. La forma adecuada de reabrirlos no es la que propone este proyecto de ley. Creemos que deben reabrirse uno a uno con una solución especial para cada Banco. En principio hay que reabrir el Banco de Crédito, cuya solución estaba desde hace tiempo definida y por razones desconocidas aún no se ha concretado. Posteriormente, se debería abrir el Banco Comercial, manteniendo la Sociedad Anónima Banco Comercial, no accediendo al deseo de sus dueños de que liquidándola se libren de todos sus compromisos con clientes, ahorristas -de plazos fijos y Eurobonos- empleados y con el propio Estado. El Gobierno debe llamarlos a responsabilidad, atender a los posibles nuevos socios, agregar a los citados dueños ya existentes, atender al Grupo Soros, a la financiera ING, a los ofertantes del Brasil, etcétera. El Gobierno debe atenderlos bien y no decir que no existen como si deseara que no existieran.

Por otra parte, se debe establecer una prórroga razonable para conseguir inversionistas para el Banco La Caja Obrera - Banco Montevideo y gestionarlo, con ayuda de las corporaciones internacionales que piensan usar para el Nuevo Banco Comercial, que promete el referido proyecto de ley, hasta que se pueda vender.

Otro capítulo en este tema es el referido a las operaciones bancarias que se les debe permitir realizar a los Bancos suspendidos y que inciden en la problemática. Las operaciones que se le debieran haber permitido realizar a estos cuatro Bancos suspendidos desde que comenzó su suspensión y que es urgente que ahora se autoricen en forma inmediata, para que fueran fortaleciéndose y reduciendo el número de problemas a resolver, las que se debieran encarar antes de reabrir al público, son las siguientes. En primer lugar, utilizar los plazos fijos en poder y comprar Bonos globales del Tesoro, o en el caso del Banco Comercial y del Banco Montevideo, sus propios Eurobonos, para pagar deudas en cada una de estas instituciones. En segundo término, se debería autorizar a los Bancos Comercial y Montevideo a que permitan a sus clientes cancelar deudas con Eurobonos emitidos por el propio Banco con el cual se mantiene la deuda. Tercero: devolverle los importes retenidos en las cuentas corrientes a los clientes, que no les han sido devueltos por aplicación de Ley Nº 17.523, del 4 de agosto de 2002, porque tenían vales u otras operaciones vencidas, cuando estos clientes tienen plazos fijos o Eurobonos de esos Bancos de los cuales no se les permite disponer y que operan en la mayoría de los casos como garantía suficiente de vales u otras operaciones que pudieran estar vencidas.

Quien no ha permitido realizar estas operaciones -que se detallan en los numerales del 1 al 3- es el Banco Central del Uruguay, agregando disposiciones de hecho que no se encuentran incluidas en la citada Ley Nº 17.523 ni en ninguna otra. Deben ahora, en forma inmediata, autorizarse por el Banco Central las citadas operaciones hasta las fechas prohibidas, lo que contribuirá a la normalización de las instituciones bancarias suspendidas y evitará que los daños que sufran los clientes por no poder realizar estas operaciones sean motivo de reclamos judiciales contra el Banco Central y el Estado en el futuro.

Hasta el presente, sólo se les permite cobrar deudas con efectivo, dándose la injusticia de que se requiera por sus deudas a clientes a los cuales no se les permite usar sus activos, o sea sus plazos fijos, lo que tienen depositado en sus cuentas corrientes y sus Eurobonos. Con estas disposiciones absurdas sólo se ha conseguido que los Bancos no solucionen sus problemas y sigan sin poder colaborar en la posible reapertura con una situación propia mucho mejor.

En resumen, creemos que el proyecto no es solución, por lo que acabo de leer. Creemos, sí, en la solución de reintentar reabrir los Bancos uno por uno por las razones que dijimos como, por ejemplo, la inexplicable no apertura del Banco de Crédito y la inexplicable no atención del Grupo Soros -que dejaría el problema casi resuelto- para después, minimizando el problema, resolver lo del Banco La Caja Obrera - Montevideo. También es absolutamente inexplicable que no se haya permitido -si lo que se buscaba era sanear los Bancos- que las operaciones que acabo de describir se autoricen de una buena vez para que se vayan normalizando las instituciones.

Así como no hemos recibido respuestas lógicas, nadie ha asumido la explicación a preguntas que aún no tienen respuesta, como todas las que aquí se han enumerado. Al parecer, existe una imposible contestación en cuanto a que los Bancos se puedan reabrir.

Entonces, si no hay otra solución, más que este proyecto de ley que consagra la injusticia a la que hemos aludido de enfrentar a ahorristas con deudores, cuando nosotros no fuimos los que dimos los créditos, sino los Bancos a través de sus funcionarios, sobre todo en el caso del Banco Comercial que tiene poderosos dueños, ¿por qué ahora los ahorristas vamos a cobrar de acuerdo con la calidad de créditos que dieron los dueños de los Bancos, que no han sido requeridos para nada? Parece muy lógico decir: "Vamos a pagar si cobramos", pero nosotros no somos responsables de si cobran o no, porque no dimos los créditos. Tampoco somos responsables de los problemas que crea la devaluación en la gente que tiene que pagar créditos. Entonces, por dos actores, que son los Bancos que dieron los créditos y el Estado que devaluó, no se van a cobrar las deudas y, por ello, tampoco cobraremos nosotros o, en proporción a lo que cobren, vamos a cobrar nuestros ahorros. Esto es algo absolutamente ilógico y no se ha dado ninguna explicación pública a este asunto.

Finalmente, hay que tener en cuenta que estos Bancos representaban algo muy importante para el país; personalmente, soy cliente del Banco Comercial desde hace 22 años y no estoy hablando por defender mis intereses, ya que soy un deudor menor y, por el contrario, tengo para cobrar y no para pagar.

Tal como dije, estos Bancos representaban el 40 % del movimiento comercial y al día de hoy no hay dónde descontar un cheque o hacer un vale para los clientes de cualquier trabajo nuestro. Los Bancos que han quedado, como el Banco de Boston, el ABN, el Citibank y algún otro del que me pueda estar olvidando, siempre tuvieron el 10% del mercado, y a muchísima gente no le quieren prestar y nunca le han prestado; ello es así porque no les interesa el resto del mercado. Los que atendían a la gente que trabaja eran estos Bancos, por lo que es imperioso reabrirlos. Si no se quiere hacerlo, se les va a condenar a muerte.

Sería más justo, para los ahorristas, que se pasaran las Carteras de los plazos fijos al Banco de la República y se hiciera una emisión de Bonos del Tesoro igual a la de los Eurobonos -famosos por poca monta, ya que son doscientos millones del Banco Comercial y ochenta y siete millones del Banco Montevideo, con el mismo vencimiento- y que el Estado pague los intereses y luego haga lo propio en el vencimiento o lo que ocurra con los demás Bonos del Estado; Dios quiera que esto sea así.

Por otra parte, ¿por qué el Estado se hace solidario deudor de los Eurobonos del Banco Comercial, que no los debe el Estado, sino los Bancos? ¿Por qué dice que van a pagar lo que no deben pagar? ¿Por qué no obligan a los Bancos a pagar lo que deben pagar? ¿Por qué hay gente que siempre habla de honrar los compromisos y el Estado uruguayo no los llama a honrar sus compromisos, cuando no se trata de que no son nadie en el mundo, sino entidades poderosas? No he visto una sola acción del Gobierno uruguayo encaminada a que esos Bancos afronten sus obligaciones, cuando nacieron todas de su propio seno, porque el señor Röhm era una persona de su confianza, y no es válido decir que no fueron estos Bancos, sino el señor Röhm. En realidad, fueron los Bancos porque el señor Röhm pertenecía a esos Bancos. Ahora, después que han causado un daño infinito, ya que llevamos cinco meses sin cobrar nada de interés, se pretende dar por entendido que los Bancos no tienen más nada que ver, que se firmó un convenio y que aquí se van a cerrar.

Digo esto, porque si estudiamos analíticamente este proyecto de ley, tal como está planteado, podemos advertir que el objetivo es cerrar el Banco Comercial S. A.; eso es lo que quieren esos Bancos y obedientemente el Gobierno uruguayo va a cerrar el Banco Comercial S.A., así se quedan bien tranquilos, pero los que "pagamos el pato" somos los ahorristas que vamos a cobrar si los deudores pagan.

Esto, desde mi punto de vista, tal cual está planteado -lo digo respetuosamente- es absurdo y merece muchas explicaciones y otra solución.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión agradece al señor Cardozo la información brindada y le comunica que la versión taquigráfica le será entregada a los señores Senadores.

(Se retira de Sala el señor Cardozo, representante de un grupo de ahorristas del Banco Comercial)

(Ingresa a Sala una delegación de la Bolsa de Valores)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación tiene el honor de recibir a la delegación de la Bolsa de Valores.

SEÑOR PERERA.- Antes de comenzar, quiero agradecerles la gentileza que han tenido al recibirnos.

No es normal para la Bolsa de Valores tratar de informar sobre determinado tipo de temas, pero cuando ellos ameritan que demos nuestra opinión, por supuesto, venimos a tratar de manifestarla. Como este un tema de orden legislativo, jurídico, legal, nadie mejor que los asesores técnicos de la Bolsa de Valores de Montevideo para tratar de verter nuestra opinión sobre el proyecto de ley.

Si el señor Presidente lo permite, correspondería que hicieran uso de la palabra la contadora Roldós y luego el doctor Rippe. A su vez, quiero presentarles al señor Vicepresidente de la Bolsa de Valores, el señor José Luis Roisecco.

SEÑORA ROLDOS.- El análisis del anteproyecto de ley que nosotros manejamos tiene, desde el punto de vista del mercado, distintas disposiciones que nos preocupan.

En primer lugar, hay un tema relativo a Eurobonos del Banco Montevideo y Banco Comercial que, de alguna manera, es alcanzado en su tratamiento por las disposiciones bancarias que contemplan este proyecto de ley al que me voy a referir inmediatamente. A su vez, las normas contenidas en la Sección II tienen que ver propiamente con el mercado de valores y hemos seleccionado los puntos de mayor interés y de mayor sensibilidad para la Bolsa de Valores para comentarlos a continuación.

Con respecto a la solución prevista para los Eurobonos o Euronotas -obligaciones negociables en el marco de nuestro régimen legal- vemos, a través de la solución planeada, que se introduce un régimen diferencial, por la vía de un subsidio, en beneficio de algunos acreedores, en particular y específicamente, los depositantes. De esta manera, se establece una categorización de acreedores que nos preocupa, particularmente por las repercusiones que esto puede tener en términos del mercado financiero.

Los eurobonistas son tan ahorristas como los depositantes. Son lo que en economía se llama "entidades superavitarias", esto es, una familia, una persona o cualquier entidad que en algún momento tiene un excedente de fondos que no consumió y que puede traspasar a otra entidad deficitaria, que los aplica justamente para financiar inversiones. En consecuencia, tanto los depositantes como los obligacionistas, tenedores de Eurobonos o eurobonistas, son ahorristas que, en la medida en que no tienen ningún tipo de derecho diferencial, nuestro marco jurídico les otorga un tratamiento totalmente igualitario. No vemos, entonces, un motivo para introducir esta diferenciación que viene por el lado de un subsidio. El subsidio lo otorga, en general, el Estado que, en algunos casos, tiene fundamentos económicos para introducirlo en el área en que lo haga como, por ejemplo, productores rurales afectados por un fenómeno climático adverso. En esta ocasión, el Estado aplica un subsidio y, como tal, es una decisión política. Sin embargo, nos preocupan las repercusiones de dicho subsidio.

Normalmente, en cualquier área, un subsidio se aplica a agentes económicos que están en igual situación. Nosotros entendemos que tanto depositantes como obligacionistas tienen los mismos derechos, en tanto entidades que han traspasado sus ahorros a otras para ser aplicados, en un caso, a través de un instrumento que es el depósito y, en el otro, por medio de un instrumento que es una obligación negociable, un Eurobono. La única diferencia que podemos establecer es que, en general, acá y en todas partes del mundo, un depósito es un instrumento de corto plazo, en tanto una obligación o Eurobono es un instrumento de más largo plazo que, en última instancia, indica que alguien ha confiado mucho y a muy largo plazo en la entidad emisora, en este caso uno de los Bancos suspendidos.

Nos preocupa que a ahorristas, inversores o depositantes, todos con iguales derechos, les otorguemos un tratamiento diferencial, con las consecuentes repercusiones en términos de un mercado de valores, que nos preocupan especialmente en tanto Bolsa de Valores. En primer lugar, se trata de introducir incertidumbres en cuanto a las reglas de juego que se dan en el mercado ya que, como dije anteriormente, el marco jurídico hoy vigente en el Uruguay les otorga los mismos derechos. En segundo término, considerando lo que ha sido la práctica en el mercado uruguayo con respecto a las soluciones que se han adoptado para la Banca -no estoy diciendo que las comparta- la tradición en nuestro país en el manejo de este tema -que siempre es un antecedente para un inversor que ha visto aplicar soluciones de absorción de Bancos y demás- fue un tratamiento igualitario para todos los acreedores. Ahora estamos introduciendo cambios en las reglas de juego e incertidumbre en el futuro del mercado de valores y, en términos más amplios, del mercado financiero de nuestro país. Un inversor, ya sea un depositante o un obligacionista, cualquiera sea el instrumento que elija, en adelante va a pensar cuáles van a ser las reglas de juego imperantes ante cualquier situación que tenga que atravesar este mercado. Por eso, no vemos esto como recomendable o pertinente.

Por último, creo que este tipo de solución está dando un mensaje muy claro al mercado. Está indicando que hay ciertos instrumentos que podríamos llamar protegidos, como los depósitos, y otros, como las obligaciones u otros eventuales que pudieran existir, que no cuentan con ningún tipo de protección y están dejados a su propio amparo.

Tenemos que pensar que una economía crece en la medida en que consiga financiamiento para inversiones. En cuanto esos mecanismos estén mejor aceptados y logren contemplar mejor los gustos, las necesidades y las calidades en que se encuentran quienes pueden prestar y tomar fondos, vamos a contribuir de mejor manera a financiar un proceso de inversión y, por lo tanto, al crecimiento de una economía. Un mercado de valores es indispensable para el crecimiento sostenido de una economía. Por lo tanto, nos preocupa especialmente el hecho de que, a través de una decisión de este tipo, estemos dando prioridad, únicamente, a un instrumento que, en general y básicamente, es a corto plazo como el depósito. De esa manera, nos vamos a quedar con un sistema financiero que recibe fondos a treinta, sesenta, noventa o ciento ochenta días, es decir, básicamente a corto plazo y, por lo tanto, podrá financiar sólo a corto plazo. Eso está arriesgando los procesos de inversión a mediano y largo plazo y, en consecuencia, el crecimiento. Esta solución específica del área bancaria está afectando instrumentos del mercado de valores.

El segundo punto que nos interesa es la Sección II que contiene normas específicas del mercado de valores.

SEÑOR RIPPE.- Queremos manifestar algunas preocupaciones e inquietudes vinculadas al proyecto de ley bancario con relación al mercado de valores. Tenemos una primera preocupación referida a que esta segunda parte del proyecto de ley trata, pretende o insinúa modificar la Ley Nº 16.749, de Mercado de Valores, que data del año 1996 y, específicamente, está dedicada a regular al mercado de valores, sus agentes económicos, particularmente la oferta pública de valores y todos los temas conexos o afines al mercado de valores.

Es una ley muy especial que, en su momento, fue particularmente estudiada y constituyó un primer avance en una regulación legal sobre un tema respecto del cual no había mayores antecedentes en la legislación uruguaya. La sanción de esta ley llevó un tiempo, y puedo decirlo prácticamente de primera mano, en la medida en que, en su momento, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores nos invitó a dar nuestra opinión técnica, académica y profesional sobre el proyecto de ley y conozco el esfuerzo que significó introducir en la legislación uruguaya una ley con estas características. Ahora, se está considerando un proyecto de ley que, básicamente, por un lado, apunta a resolver la crisis bancaria y, por otro, establece nuevas reglas de juego sobre el sistema bancario, en general.

Introducir el mercado de valores en una ley que trata de resolver la problemática bancaria actual y futura sería, al parecer, querer abarcar dos temas diferentes. No se advierte la razonabilidad de incluir en un proyecto de ley de estas características, normas sobre el mercado de valores con modificaciones tan profundas a un esquema introducido recién en el país en el año 1996. Por otra parte, sin obviamente introducirme en los tiempos políticos, pienso que como la prioridad es resolver la problemática bancaria, tal vez la vinculada con el mercado de valores -que no hace a la problemática bancaria- merezca un tratamiento diferente, diverso, que de pronto podría darse en otra oportunidad legislativa.

No hay -ni se piense- ninguna pretensión de oponerse, condicionar o limitar las posibilidades de modificar cualquier ley en este país. Simplemente, se trata de insinuar que no parece ser ésta la oportunidad adecuada para introducirse en esta parte específica vinculada al mercado de valores. Pensamos que, eventualmente, esto podría desglosarse del proyecto, ameritar en su momento una discusión diversa bajo otros tiempos -porque los tiempos de la crisis bancaria son muy diferentes a los vinculados con el mercado de valores- que permitan abordar con mayor atención esta temática. Adelanto desde ya -me atrevo a decirlo sin haberlo conversado con mis compañeros- que siempre contarán con la mejor predisposición de la Bolsa de Valores de Montevideo para ayudar a mejorar la ley de mercado de valores y de obligaciones negociables.

No puedo definir otras oportunidades -eso lo determinará el Legislador- pero podría ser, eventualmente, el tratamiento por separado de una ley de mercado de valores, tomando como base lo que está proyectado. Otra posibilidad podría ser cuando se tratara -y de pronto lo podemos insinuar- la ley de fideicomiso. Ese proyecto de ley sí tiene aspectos que están más vinculados con el mercado de valores. Repito que esa podría ser una eventual oportunidad para introducir modificaciones mucho más pensadas porque, además, son menos políticas y más técnicas y también están más vinculadas al mercado de valores.

Sin perjuicio de plantear la oportunidad de este desglose -que, obviamente, estará a vuestra consideración- deseo referirme a algunos puntos específicos que sí creo que vale la pena desde ya aclarar, introduciéndome así en el proyecto mismo.

Les vamos a dejar un pequeño documento que hemos elaborado en el área técnica de la Bolsa de Valores de Montevideo, como una contribución adicional a lo que se está estableciendo en este proyecto de ley. Sin perjuicio de ello, me gustaría referirme a tres temas.

En primer lugar, hay un aspecto que implica una modificación profunda al sistema actual del mercado de valores, que es el de la habilitación para funcionar en la actividad vinculada a la intermediación de valores. En el presente no existe tal habilitación. Yo puedo reflexionar acerca de que la Bolsa de Valores de Montevideo es una institución que existe desde hace más de 139 años, con Corredores de Bolsa. Es una institución ancestral dentro del país que originariamente formaba parte estricta del sector privado de la economía, en donde se manejaban esquemas de mera autorregulación, hasta que en 1996 se introduce un marco regulatorio, que adicionalmente descansa -en la parte vinculada con la intermediación de valores- en dos conceptos básicos: la autorregulación y la autodisciplina de las Bolsas, sin perjuicio de eventuales facultades que tiene el Banco Central del Uruguay en la materia.

Ni en los 139 años, ni en los seis años inmediatos anteriores a este año, se ha planteado jamás el tema vinculado a la habilitación para el ejercicio de una actividad privada, como es el corretaje de Bolsa, sin perjuicio de las normas que ya están establecidas y del mercadismo defendido en base a aquellos dos principios de la Ley Nº 16.749: la autorregulación y la autodisciplina. El único antecedente que puedo recordar en este momento -y no quiere decir que sea el único- en cuanto a que sea el Banco Central del Uruguay el que tenga autoridad para habilitar el desarrollo de estas actividades, tiene que ver con la Ley de Intermediación Financiera, porque dicha ley, la Nº 15.322, establece la habilitación para funcionar de las instituciones de intermediación financiera, tema adicionado a las empresas de seguro contempladas en la ley de desmonopolización de seguros, y de pronto alguna otra ley vinculada con el tema de la habilitación, pero no en materia de corretaje o intermediación de valores. Creo que este punto debería ser reflexionado.

El segundo tema que también debería ser reflexionado -suponiendo que se planteara que fuera política o técnicamente conveniente que el Corredor de Bolsa debería tener previa autorización para operar- se vincula a que el proyecto de ley introduce un concepto que, en principio, es ajeno a soluciones del Derecho nacional, salvo, tal vez, en materia bancaria. Me refiero al tema de permitir o habilitar al Banco Central del Uruguay a que pueda resolver la habilitación "sí o no", ya no sólo por razones de legalidad sino de oportunidad, conveniencia o mérito, lo que introduce un elemento subjetivo y relativamente incierto sobre el tema de la propia habilitación. Ya no se trata de que haya que cumplir con determinados requisitos, sino de que aún cumpliendo con todos ellos, lo que determina la necesidad de un control de legalidad se agrega adicionalmente al hecho de que aun habiendo cumplido con todos los requisitos que eventualmente establezca una ley -la reglamentación del Poder Ejecutivo, las Circulares del Banco Central, los Estatutos de las Bolsas de Valores, los Reglamentos operativos de las Bolsas de Valores, todo lo cual ya existe- todavía se introducen elementos de oportunidad y conveniencia sobre los cuales no hay ninguna posibilidad de discutir. Uno puede fundar la legalidad, manejar el principio de razonabilidad u otros conceptos de los cuales el señor Presidente tiene muchísimo conocimiento, pero el tema de oportunidad o conveniencia -que para mí está en no habilitar a un intermediario de valores- ya introduce una incertidumbre total en el sistema del mercado de valores en particular.

En tercer lugar, quiero referirme al efecto retroactivo de la norma, porque tal como está proyectada se determina que habría adicionalmente un plazo de 180 días a partir de la reglamentación del proyecto de ley -en caso de que entrara en vigencia- para que todos los actuales Corredores de Bolsa o todos los intermediarios de valores se ajusten a requisitos de legalidad. Esto puede ser incuestionable, pero puede ocurrir que a personas que cumplen con todos los requisitos legales, que no ameritan ninguna objeción y que son fácilmente controlables, la autoridad Bancocentralista, por una razón de oportunidad, conveniencia o mérito, puede decirles: "Señores: yo les rechazo la habilitación", aun a personas que actualmente están habilitadas de acuerdo con nuestra legislación.

Se trata de tres temas, y sobre uno en particular me permito molestarlos con esta reflexión.

Ahora me voy a referir a dos temas adicionales que me van a llevar menos tiempo.

El otro aspecto que nos preocupa es una disposición que se introduce dentro de las facultades del Banco Central, y de la cual carece. Adicionalmente tampoco conocemos antecedentes en ninguna otra entidad o actividad vinculada con el sistema de regulación de control del sistema financiero en general. Esto tiene que ver con el hecho de que se habilitaría al Banco Central del Uruguay a anular una operación que tuvo lugar en el mercado de valores y que le permite adicionalmente suspender la eventual liquidación de una operación.

Me permito reflexionar diciendo que cualquier negocio entre particulares se rige de acuerdo con las reglas de juego. No me parece que haya que habilitar a una autoridad reguladora y controladora -sería la autoridad Bancocentralista- para que guíe y pueda decir: "Ustedes lo acordaron y lo definieron de acuerdo con la autonomía de la voluntad, a la contratación bursátil, etcétera, pero como autoridad Bancocentralista decido anular esa operación y suspender su liquidación". Eso introduciría un factor profundamente negativo sobre el funcionamiento del mercado, porque me pregunto cómo van a operar valores en un sistema bursátil si la espada de Damocles podría ser, de pronto, el Banco Central, el que, a su real saber y entender y sin ningún otro concepto que lo acote, podría anular la operación o suspender su liquidación.

Reitero que pensamos que se trata de una norma particularmente negativa en un marco jurídico como el uruguayo, basado en el estado de Derecho y donde las reglas de juego están establecidas en la ley. Entonces, en definitiva, todas las operaciones se hacen en base a la ley.

Si el Banco Central del Uruguay hoy en día tiene una duda, un problema o un conflicto, cuenta con todas las facultades como para realizar la investigación y, eventualmente, aplicar sanciones, pero no puede anular o suspender porque, de ser así, los empleadores siempre estarían inciertos acerca de cuándo se podría anular o suspender una operación, así como también sobre los motivos, las razones, los fundamentos, etcétera. Eso impediría, en mi modesto saber y entender, la fluidez en el mercado de valores.

SEÑORA ROLDOS.- Quiero señalar lo siguiente, desde la óptica económico-financiera, que obviamente es la mía. A veces, cuando uno realiza una compra o una venta en el mercado, éste adquiere mayor volumen y todos los agentes comienzan a tener más dinámica y especialización en él -a pesar de que nuestro mercado es muy pequeño esto ya sucede- las operaciones se van interrelacionando. Entonces, puede suceder que alguien realice una operación de venta e inmediatamente, con los fondos que cuenta de esa operación, esté comprando y tomando otra operación, por lo que alguien estaría vendiendo y con los fondos que espera obtener, también podría estar comprando. Como dije, las operaciones se van encadenando. Por lo tanto, la eventual suspensión de una operación -esto pasa en algunos mercados- ocurre en una situación o un marco muy particular de manera instantánea. Una operación puede suspenderse de manera instantánea y eso está previsto, mediante ciertos mecanismos -en nuestra Bolsa y en otras- si por el motivo que sea -aspecto que está establecido en los reglamentos de las Bolsas que son autorizados por el Banco Central del Uruguay- se prevé que esa operación fue realizada de acuerdo con prácticas que no son las que están previstas. En ese sentido, existe un control que se ejerce automáticamente, sea en un sistema de voceo, de rueda, como el que tenemos actualmente en la Bolsa, o como el que prevemos incorporar, que es un sistema electrónico, donde directamente, si la operación es realizada fuera de los parámetros de control, de precio, de modalidad o el que sea, el equipo directamente no le da pase a la operación.

Por otro lado, quisiera referirme a la liquidación, que es la etapa subsiguiente a la operación. Esta última queda firme en la medida en que se lleva a cabo en base a los reglamentos del ámbito en el cual se realiza, en particular, las Bolsas. Si la etapa de la liquidación no tiene las mismas seguridades -y hay una entidad administrativa que puede introducirse en eso- realmente el mercado no tiene ninguna posibilidad de subsistencia.

SEÑOR RIPPE.- Sin perjuicio de lo que vamos a dejar por escrito sobre otros tantos temas relacionados con el proyecto de ley y vinculados con la ley de mercado de valores, me parece importante plantear un tercer punto. Me refiero a las potestades que se le agregan al Banco Central del Uruguay respecto de algunos de los intervinientes eventuales en el mercado. Hay dos normas proyectadas; una de ellas tiene que ver con la regulación y fiscalización de las entidades, sean las Bolsas, los intermediarios de valores, los propios corredores de Bolsa, las propias calificadoras de riesgo, las consultoras en auditorías externas, etcétera, pero resulta que también se incluye la regulación y control de los asesores.

Hay otra norma por la cual se aumentan las facultades disciplinarias del Banco Central y se enlista dentro de los eventuales sujetos atentos a sanción por parte del Banco Central, a estos mismos sujetos de Derecho, personas físicas o jurídicas, pero además a los asesores. Entonces, la preocupación, la paradoja o la perplejidad es la siguiente. ¿Cuáles son los asesores? ¿Son los asesores de la Bolsa, los de las empresas emisoras, los de las calificadoras de riesgo o los de los auditores externos? Normalmente los asesores pueden ser abogados, escribanos, contadores públicos, economistas, administradores de empresas, etcétera. Se trata de profesionales que están en su actividad y, particularmente algunos más que otros, sometidos a otras reglas de regulación, de fiscalización, de disciplina y sanción.

Planteo el típico ejemplo de un abogado -voy a poner de ejemplo mi profesión para no interferir en la de ningún otro- que, de pronto, asesora a un emisor, a una empresa, al propio Estado para la emisión de un determinado valor, a una calificadora de riesgo, etcétera. Según el diccionario, un asesor es una persona que apoya, da su mejor opinión, dictamina e informa y, a su vez, plantea un informe que nunca es vinculante, porque las decisiones las toma otro. En el caso de un abogado que dictamina -no se sabe a qué asesores se está refiriendo porque, de alguna forma, todos somos asesores en muchas de estas entidades- asesora, opina, sustenta y fundamenta, me pregunto si la actividad de ese profesional puede quedar sujeta a la regulación del Banco Central del Uruguay. ¿Podría quedar a la autoridad del Banco Central del Uruguay el control de la actividad profesional de un asesor? ¿Puede quedar a cargo de la autoridad del Banco Central del Uruguay aplicar facultades disciplinarias y sancionatorias a un profesional que ha opinado en el ámbito de su ejercicio profesional y que, sin entrar al tema de la responsabilidad por resultados o por medios, se ha limitado a informar, dictaminar, apoyar y asesorar y que está sujeto a reglas de derecho común en materia de responsabilidad civil y, en muchos casos -en particular los abogados- a otras reglas disciplinarias de mayor nivel? Con toda franqueza pensamos que los llamados asesores no podrían ingresar en la categoría de sujetos que deben ser regulados en su actividad profesional y no deben ser controlados ni sancionados en el ejercicio de su actividad profesional por el Banco Central del Uruguay.

Quisiera saber si dentro de las sanciones disciplinarias del Banco Central, éste puede aplicar una sanción de hasta 60.000 UR, es decir, unos U$S 12:000.000. Me pregunto si se le puede dar al Banco Central del Uruguay una facultad disciplinaria de esas características. Una norma dice que se puede suspender y dejar sin efecto las actividades de las personas disciplinadas, pero en este caso de los asesores, ¿se puede autorizar al Banco Central del Uruguay a que inhabilite a un asesor en el ejercicio de su actividad profesional?

Dejamos planteado este aspecto, que realmente nos preocupa.

Por mi parte, me he extendido mucho en el tiempo, y realmente quiero agradecer la paciencia del señor Presidente y de los señores Senadores. También insisto en que dejaremos un documento de análisis técnico, que ha sido elaborado con la mayor objetividad.

Ya sobre el final, el único mensaje que quisiera dejar es que se considere una vez más la posibilidad del desglose de la temática vinculada con el mercado de valores, así como también de otra oportunidad legislativa para el estudio exhaustivo de la Ley de Mercado de Valores y, eventualmente, los comentarios hechos por la Bolsa. Al mismo tiempo, nos ponemos a vuestra disposición, con todas nuestras posibilidades, para prestar la mejor asesoría, en base a una realidad que vivimos todos los días.

SEÑOR PERERA.- Ante todo, pido disculpas por no haberme dirigido a los señores Senadores en forma protocolar al principio, pero la verdad es que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas.

Oficialmente, como Presidente de la Bolsa de Valores, quiero dejar bien claro el ofrecimiento que acaba de plantear el doctor Rippe, es decir, la Bolsa de Valores de Montevideo está a vuestra total disposición para tratar todos estos temas de la forma más seria posible.

Por otro lado, quiero reforzar -por decirlo de algún modo- las opiniones de los asesores de la Bolsa; no es la primera vez que escuchamos su exposición, ya que hemos tenido oportunidad de escucharla en otras instancias, en que ha sido mucho más extensa. Lo cierto es que la compartimos y apoyamos absolutamente.

Tampoco quiero dejar pasar este momento sin agradecer a los señores Senadores el tiempo que nos han dispensado. Una vez más, digo que pueden contar con nosotros.

SEÑORA ROLDOS.- Uno de los puntos que nos parece tiene fundamental importancia -y que evaluamos con el doctor Rippe- tiene que ver con el hecho de que a través de las normas de este proyecto de ley se elimina la posibilidad de que las Bolsas de Valores sean agentes fiduciarios en las emisiones de obligaciones negociables de empresas. Sabido es que el agente fiduciario es un representante de los obligacionistas nombrado por el propio emisor, en base a la última normativa prevista en la Ley de Mercado de Valores que modificó las normas originales previstas en la Ley de Sociedades Comerciales.

Por nuestra parte, entendemos que la actividad de agente fiduciario, llevada adelante en el ámbito de la Bolsa de Valores, cuando esa actividad le ha sido encomendada por un emisor, ha sido muy fructífera en términos de contactar a los obligacionistas y a las empresas y de facilitar los canales de información, conversación y discusión sobre posibles alternativas.

Por otro lado, vemos que en otros agentes del mercado y, en particular, en los Bancos, se plantea una oposición de intereses muchas veces porque los propios Bancos, en tanto agentes fiduciarios, también son titulares de crédito respecto de estas empresas. Entonces, no entendemos por qué el texto ha quedado redactado de la manera en que lo está -puede haber habido, quizás, algún tipo de confusión- ya que a partir de la eventual sanción de esta norma, se estaría impidiendo a las Bolsas de Valores llevar adelante una actividad que creemos ha sido desarrollada por la Bolsa de una de las maneras más eficientes que se han dado en el mercado, básicamente, por el contacto que los propios corredores tienen con sus clientes. Se trata de un contacto mucho más directo y fluido que el que mantienen otras entidades con sus propios clientes, como puede ser el caso de los Bancos, donde ese contacto se realiza a través de empleados que algunas veces están y otras no o que tienen otras funciones. Entonces, les pedimos que por favor pongan especial atención sobre esto porque, realmente, consideramos importante que pudiera seguir siendo llevado adelante por las Bolsas de Valores.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia desea dejar constancia de que en el día de ayer, en la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, hicimos un planteo muy parecido al que ha realizado el doctor Rippe con relación a las potestades que se asignan al Banco Central para anular operaciones bursátiles. Ese aspecto nos generó alguna duda, por lo que hicimos una extensa reflexión sobre él en presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, quien se comprometió, en principio, a buscar una nueva redacción para la norma.

Por mi parte, en esa instancia hice dos observaciones. Una de ellas estuvo referida al tema de la anulación, que creo es una facultad que la Constitución de la República asigna exclusivamente, primero al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y luego al Poder Ejecutivo, en los recursos contra actos administrativos de los Servicios Descentralizados.

Por otro lado, planteé también la cuestión de en qué medida un órgano administrativo, como es, en definitiva, el Directorio del Banco Central, va a estar anulando operaciones comerciales. Allí, en principio, estimo que debería intervenir la Justicia ordinaria

SEÑORA ROLDOS.- Quisiera hacer un comentario que está relacionado con lo que el señor Presidente ha señalado.

Debemos tener presente que el Banco Central del Uruguay es el principal emisor de nuestro mercado. Hoy en día, prácticamente la mayoría de los instrumentos que se negocian en el mercado son emitidos por el Banco Central. Esta institución estaría teniendo todas las potestades, incluso para anular operaciones de sus propios valores, con los precios y las características que le gusten o no. No nos parece que esto sea conveniente, desde el punto de vista de la transparencia del mercado.

SEÑOR GALLINAL.- Pienso que todos podemos compartir que son por demás interesantes las apreciaciones que han hecho los representantes de la Bolsa de Valores; desde luego, deberemos tenerlas en cuenta en el momento de tratar una norma de estas características.

Por otro lado, también estaremos de acuerdo en que el tema central, principal y urgente que ha motivado el estudio de este proyecto de ley en los términos perentorios que, más o menos, nos hemos fijado para los próximos días, refiere a otra cuestión fundamental que no es precisamente la relacionada con el mercado de valores.

Sin embargo, las propias urgencias pueden tener un efecto en el sentido que aquí se nos ha señalado o surtir el contrario; es decir, podríamos desglosar el Capítulo y estudiarlo en el momento en que se considere, por ejemplo, la ley relativa a los fideicomisos, o bien podría suceder que termináramos sancionando alguna legislación vinculada a toda esta temática.

Por ello, dado que estamos pensando en trabajar intensamente a nivel de la Comisión en la aprobación de los artículos en las jornadas del martes y miércoles próximo, con el propósito de considerar el proyecto de ley el jueves -o a partir de ese día- me permitiría sugerir que se nos acercara una redacción sustitutiva de la Sección II, referida a normas sobre mercado de valores, obviamente a juicio de la Bolsa de Valores. Pienso que un aporte de esas características sería muy bueno para el trabajo que vamos a desarrollar en el transcurso de los próximos días.

Finalmente, quisiera reflexionar brevemente sobre el primer tema tratado por la contadora Roldós. Me refiero al privilegio que se pretende dar a través del proyecto de ley a los ahorristas, en desmedro de los demás acreedores de las instituciones que se encuentran actualmente suspendidas. Quiero marcar simplemente una diferencia en el razonamiento que han realizado. Respecto a la masa contra la cual van a poder ir los acreedores de las instituciones, el proyecto no pretende privilegiar a unos en desmedro de otros. Esa no es la intención del proyecto porque de esa forma estaríamos jugando con disposiciones constitucionales que deben ser respetadas, sobre todo en esta materia. La intención es que el Estado decida, de la cuota parte que le corresponde en esa masa, en su calidad de acreedor, privilegiar a unos en desmedro de otros.

Me parece que hay una diferencia sustantiva entre una situación y otra que, desde luego, podrá ser cuestionable. También la sociedad podría cuestionar que el Estado renuncie a la cuota parte que le corresponde porque, en definitiva, el Estado debería presentarse como cualquier acreedor y cobrar lo que ha puesto o lo que pueda recobrar a prorrata en el nuevo accionamiento y no destinarlo a lo que propone el proyecto de ley.

Luego de estas breves consideraciones deseo agradecerles la presencia ya que, por supuesto, han realizado un aporte muy importante y si está dentro de sus posibilidades les pedimos que nos alcancen una redacción alternativa del Capítulo concreto.

SEÑOR HERRERA.- Me sumo a lo expresado por el señor Senador Gallinal en cuanto a la valoración de las exposiciones efectuadas y en lo que tiene que ver con la conveniencia de poder recibir de ustedes un texto alternativo al propuesto por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, como no me quedó muy claro, quisiera que la contadora Roldós se extendiera un poco más sobre algo que mencionó en su primera exposición, cuando vinculó -al menos lo entendí así, y si estoy equivocado pido que me corrijan- el trato diferencial entre obligacionistas y depositantes con el hecho de que esto iba a traer consecuencias en cuanto al plazo de los depósitos. En esa oportunidad culminó su exposición hablando de un plazo de hasta ciento ochenta días para los depósitos, diciendo que eso comprometía el desarrollo del país en la medida que los créditos también iban a estar en plazos similares. Me pareció que había una consecuencia del tema y como no entendí bien la relación prefiero plantear mis dudas para no caer en un error.

SEÑORA ROLDOS.- En este sentido, entendemos y compartimos la solución que está dando este proyecto de ley en los mismos términos que planteó el señor Senador Gallinal. Creemos que es así; está claro que la diferenciación viene por un subsidio dado por el propio Estado. Si no existiera este subsidio, todos los acreedores estarían en igualdad de condiciones pero, en los hechos, se plantea el subsidio, que es el que marca la diferenciación. Por lo tanto, creo que interpretamos la situación de igual manera. Además, estoy de acuerdo en que el subsidio que da el Estado podría ser objetado por un contribuyente que paga un IVA a una determinada tasa y que podría pensar que esos recursos podrían tener otro destino ya que, en última instancia, tendrían que bajarle el IVA cuando compra el pan o paga servicios públicos. Pero en la medida en que se otorga un subsidio, entendemos que estos normalmente se afectan a agentes que están en las mismas situaciones.

Consideramos que tanto los depositantes como los obligacionistas hoy en día están en igualdad de situación y, por lo tanto, tienen los mismos derechos. Es por eso que reclamamos el mismo tratamiento ya sea por la vía del subsidio o por otra pero, en última instancia, lo que queremos es el tratamiento igualitario.

También dije que este tratamiento diferencial estaría dando un mensaje al mercado de capitales en el sentido de que a partir de estas reglas de juego, habría un instrumento más protegido en este mercado, que sería el depósito y otros eventuales instrumentos que no tendrían ningún tipo de eventual protección, como las obligaciones negociables u otros que se inventen. Entonces, eso nos llevaría a que el inversor, antes de aplicar fondos en nuestro mercado o de decidir por algún tipo de instrumento, observara cuál tiene más protección que, en este caso, es el depósito.

Este es un instrumento que, si bien es muy válido y tiene que seguir existiendo, en este mercado y en cualquier otro del mundo es básicamente de corto plazo. En nuestra plaza venía siendo un instrumento de noventa días, por lo que los Bancos van a recibir los fondos en este plazo y va a tener que prestar en estos términos. Por lo general, los Bancos se descalzan un poco debido al plazo; ese es parte del negocio y ahí surge el riesgo bancario. Pero es difícil que un Banco que no tenga un fondeo adicional, es decir que no consiga fondos bajo otros instrumentos que tengan otros plazos, pueda ingresar también en préstamos de otros plazos. Si observan las Obligaciones Negociables de estos Bancos y de otros que han emitido en nuestra plaza financiera, verán que han facilitado que pudieran ingresar en un mercado de mediano y largo plazo, como el de la vivienda o financiando el cambio del tren productivo de una empresa, que no puede hacerse con vales de noventa días, porque la máquina no se repaga en tan corto plazo.

Entonces, lo que me preocupa desde el punto de vista de la Bolsa de Valores es que aquí el mercado de valores no se está entendiendo o valorizando en términos de sus aportes a la inversión y al crecimiento de la economía.

SEÑOR HERRERA.- Fue muy clara su exposición y quiero manifestarle que algunos de los planteamientos que están formulando fueron realizados en el día de ayer por parte de la Comisión de Haciendo del Senado a las autoridades del Gobierno. Por lo tanto, no deben sentirse solos con respecto a esto.

SEÑOR BARAIBAR.- Frente a la calidad de la exposición que hemos escuchado, tanto por parte del doctor Rippe como de la contadora Roldós, debo decir que el aporte que han hecho, desde el teatro de los acontecimientos, resulta tremendamente importante, sobre todo para quienes no somos especialistas en estos temas, sino que nos dedicamos a legislar en los temas de interés general, aunque a veces estamos especialmente asignados a alguna Comisión, como en este caso a la de Hacienda. Destaco que estos son temas muy técnicos, que no están en la agenda parlamentaria de todos los días y que se insertan en una realidad muy específica de la vida nacional, principalmente de la economía. Dado el énfasis que ustedes pusieron en la disposición a colaborar, quiero decirles que la valoramos mucho. Va a ser muy importante para las Comisiones de Hacienda, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, contar con el ofrecimiento que nos han hecho, por lo que seguramente más de una vez, cuando los asuntos en consideración tengan que ver con temas con los que ustedes tienen vinculación, estaremos atentos a recoger ese ofrecimiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún otro señor Legislador desea hacer uso de la palabra, en nombre de la Comisión debo expresar nuestra satisfacción y agradecimiento por el informe que nos han brindado, que sin ninguna duda valoramos mucho, porque estamos considerando un tema muy técnico, que además motivó en el día de ayer un análisis muy profundo por parte de la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación junto con el señor Ministro de Economía y Finanzas y con el señor Presidente del Banco Central. Indudablemente, el aporte que hoy ustedes nos hacen desde el punto de vista económico y jurídico nos va a ayudar enormemente en la solución final que le demos a este tema.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 12 y 50 minutos)