SEÑOR BRAUSE.- Propongo como Presidente ad hoc al señor Senador doctor Ruben Correa Freitas.

(Apoyados)

(Ocupa la Presidencia el doctor Ruben Correa Freitas)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Ruben Correa Freitas).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 52 minutos)

-La Comisión de Hacienda integrada con Constitución y Legislación tiene mucho gusto en recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas, a los efectos de referirse al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre instituciones de intermediación financiera, mercado de valores y Bancos cuya actividad está suspendida.

SEÑOR MINISTRO.- En realidad, la presentación del día de hoy pretende ser breve, porque ya habíamos hecho un contacto informal a propósito del análisis del proyecto y la idea era comenzar el martes próximo.

En el día de hoy queríamos presentar el capítulo que de alguna manera estábamos debiendo, que refiere a la propuesta de crear un seguro de desempleo bancario que no habíamos incorporado cuando remitimos el proyecto de ley, en función de que estaba pendiente una conversación que se realizó en la Comisión Consultiva con AEBU y los funcionarios. A partir de esta reunión, estaríamos en condiciones de entregar formalmente por la tarde un Capítulo VII a incorporar a este proyecto de ley, que refiere a la creación de mecanismos de subsidio de desempleo, porque este sector laboral debe ser de los pocos en el país que no tiene esta cobertura social, en función de su historia y demás.

En consecuencia, la propuesta que venimos a incorporar refiere a la creación de este subsidio para todo trabajador comprendido o afiliado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, donde la prestación básicamente se va a orientar a ser similar a la que rige al resto de las actividades. En tal sentido se proponen, primero, las condiciones subjetivas previas para poder incorporar determinado lapso de trabajo previo, que la desocupación sea forzosa, etcétera, es decir, pautas que irían en el seguro de desempleo normal.

Quisiera referirme directamente al tema del financiamiento, que es donde se empiezan a encontrar diferencias. Se propone un financiamiento en tres ítems, el primero de los cuales refiere a los trabajadores que entran en desocupación forzosa a raíz de la situación de las entidades bancarias suspendidas, lo cual es objeto del proyecto. En ese sentido, se plantea que la mecánica concreta sea retener del Impuesto a las Retribuciones Personales que va a Rentas Generales -y del cual la Caja hace retención- y que con cargo a fondos estatales se brinde una base o un piso de seguro de desempleo, que se va a calcular en todo momento sobre la base del sueldo y la prestación de un 50% de ese sueldo, incrementada en un 20% -o sea que sería un 60%- en el caso de que haya cargas familiares, tal como prevé la ley para los casos usuales.

Este seguro estatal -que es el primer literal de este Fondo de Subsidio- estaría sujeto al mismo tope que las actividades comunes, esto es, el equivalente a ocho Salarios Mínimos Nacionales. Con cargo a Rentas Generales -luego veremos que ésta no es la única prestación que recibe- se darían seis meses, con una prórroga posible que impondrá la Caja de doce meses, por lo que serían dieciocho meses con una prestación base equivalente al 50% o al 60% del nominal y con un tope de ocho Salarios Mínimos. En esto no se estaría en una condición diferente que la de cualquier otro trabajador.

Una segunda fuente de financiamiento de este Fondo de Subsidio de Desempleo, que va a estar en la órbita de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y administrado por su Directorio, estaría dado por la creación de una prestación del 2,5% por parte de los trabajadores activos y pasivos afiliados a dicho instituto, cuyo destino es ampliar, tanto en montos como en plazos -según disponga el Directorio de la Caja por mayoría absoluta del total de sus componentes- la prestación de base estatal. En esto no hay ninguna otra pauta, a efectos de dar la mayor libertad, habida cuenta de que se trata de un financiamiento de carácter solidario que aceptan los propios trabajadores activos y pasivos para atemperar la situación de aquellos que se vieron obligados al desempleo forzoso.

Por lo tanto, la idea del proyecto y del Gobierno es, ya que se trata de un aporte del mismo colectivo, dar la mayor libertad para su utilización. Se trata de pautas muy fijas en cuanto al seguro estatal y absoluta libertad con respecto al complemento que tiene esta fuente de financiamiento. Hasta aquí estamos considerando el primer literal, que refiere exclusivamente al personal de los Bancos suspendidos que no encuentra una solución laboral.

En el segundo literal se aclara que se trata de un financiamiento de carácter permanente, no limitado a esa primera circunstancia.

El tercer elemento de financiamiento, para el caso de que se produzcan nuevas situaciones de desempleo fuera de estas instituciones financieras en consideración, tiene que ver con aportes de la entidad financiera que envíe personal al seguro de desempleo, ya sea porque es ello parte de las circunstancias o porque se produce eventualmente un retiro, que esperemos nunca se dé.

La idea es que dentro del conjunto de normas que les hemos presentado, tres cuartas partes refieran a normas permanentes más que coyunturales; es decir que se pretende no sólo incorporar soluciones coyunturales, sino dejar soluciones a futuro, porque si se crea un seguro de carácter social -ojalá nunca haya que usarlo- lo razonable es que sea general y abstracto, como debe ser todo seguro.

Hecha esa salvedad, se plantea que las entidades financieras que utilicen esto no hacen un aporte fijo y previo, sino que realizan un aporte equivalente al cien por ciento de las prestaciones en ocasión de utilizarlo. En estas circunstancias, siempre hay dos teorías. En este caso se contribuye en un Fondo que en el que se ha generado una situación particular. El seguro colectivo -que yo como patrón puedo usar más o menos- arranca con una situación creada que implica una demanda muy grande, ya que de doce mil personas que aportan a ese colectivo, serían mil -alrededor del 8% o del 9%- las que estarían amparadas desde un principio. En definitiva, no estamos estableciendo en abstracto un sistema de seguro, sino que estamos creando una demanda que es realmente importante, razón por la cual nos pareció del caso optar por este sistema.

Si la entidad financiera está en actividad y envía a los trabajadores al seguro de desempleo, paga mes a mes el cien por ciento de la prestación básica de carácter estatal, más el cumplimiento de carácter general que se ha dispuesto en el segundo literal, o sea, la financiación con cargo a los propios trabajadores. Entonces, si en el seguro estatal la cifra es 10, y tiene un complemento de 11 en el seguro social -en total serían 21- la prestación que debe pagarse por parte del empleador es 21.

Por otra parte, si se trata de una circunstancia en que una entidad financiera se retira del mercado, deberá hacer esa contribución por la totalidad de los dieciocho meses al contado y en forma previa, de manera que se le asegure a la Caja el normal cumplimiento de la prestación. Si la entidad sigue funcionando, aportará mes a mes para cubrir la prestación correspondiente.

Las hipótesis de cálculo están alineadas con la solución que se ha planteado. Quiere decir que están alineadas, en cuanto a los porcentajes, en una hipótesis de cálculo del entorno de mil demandantes del seguro, pensando que los otros mil cuatrocientos o mil quinientos tienen algún tipo de solución en base a las propuestas que se han formulado y que están a consideración del Parlamento. Naturalmente, si el colectivo a amparar inicialmente fuera mayor, tendríamos que pensar en que ya no alcanzaría con el 2,5%.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Ruben Correa Freitas).- Debido a que ya se encuentra en Sala el señor Senador Heber, le entrego la Presidencia de esta Comisión.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Heber)

SEÑOR MILLOR.- Quiero preguntar al señor Ministro cuántos son en total los funcionarios involucrados en los tres Bancos, porque hasta el momento me han llegado diversas cifras, pero por lo que acabo de oír se trataría de alrededor de dos mil.

SEÑOR MINISTRO.- Son mil setecientos cuarenta pertenecientes a los Bancos Comercial, La Caja Obrera y Montevideo, y seiscientos ochenta y siete del Banco de Crédito. Aclaro que esta hipótesis de cálculo es la de mínima, es decir que todos sentimos que se trata del universo mínimo a considerar, partiendo de la base de que se pueden rescatar mil cuatrocientos puestos de empleo. Para decirlo de otro modo, en esta hipótesis, de los dos mil cuatrocientos que es el total de funcionarios de los cuatro Bancos, estamos pensando que sólo mil de ellos utilizaría este sistema de seguro. Esto se debe a que se rescatarían mil cuatrocientos o quizás mil trescientos, si es que hay algún caso de jubilación. Incluso, quizás alguno de estos mil funcionarios de los que estamos hablando tuviera también posibilidades de acceder a la jubilación.

De todos modos, algún número hay que adoptar, y cuando digo "mínima" estoy partiendo de la base de que dos Bancos abren, lo cual no significa que no pueda tratarse de ochocientos ochenta y dos o mil treinta y dos funcionarios, ya que podría darse alguna pequeña variante.

Repito que la cifra de mil que tomamos como eje se calcula en el entendido de que abren dos Bancos; si no abriera ninguno, estaríamos hablando de un eje de dos mil cuatrocientos funcionarios. Reitero que es posible que haya que restar a aquellas personas que se jubilen o que lleguen a acuerdos con los Bancos porque tienen una deuda importante con la institución y pueden negociar alguna solución que determine su pase a otra actividad contra la cancelación de la deuda. Todo esto, en última instancia, serán los propios Bancos y sus funcionarios quienes lo irán negociando.

Para ubicarnos y luego de hecha esta salvedad en el sentido de que pueden haber pequeñas variaciones, tenemos que de un universo de dos mil cuatrocientas personas, estimamos que con el 2,5% se cubriría a mil usuarios de este servicio.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera saber a cuánto ascendería en esa hipótesis la retención del Impuesto a las Retribuciones Personales para financiar la prestación básica.

SEÑOR MINISTRO.- No tengo los números aquí, pero aproximadamente sirve para cubrir esta cifra en la que estamos pensando. Concretamente, pensamos en unos $ 9.000 por persona y por mes, que corresponde al tope establecido, de modo que estaríamos alcanzando el entorno de los $ 9:000.000 mensuales de costo. No tengo la cifra exacta del Impuesto a las Retribuciones Personales, pero creo que es un poco mayor que la que acabamos de mencionar, por lo que sería suficiente. De cualquier manera, si no alcanza, lo aportará Rentas Generales; pero entiendo que la cifra actual va a reducirse, porque también estos mil -y eso va a referir al último artículo que estamos proponiendo- sin perjuicio de que sean un costo y demás para el seguro de desempleo, desde el punto de vista de la Caja y también del Impuesto a las Retribuciones Personales, son mil aportantes menos. Es decir que hay un doble efecto, porque reitero que sin perjuicio del costo del seguro de desempleo, claramente tenemos mil o más funcionarios -porque puede haber alguno que se jubile- que dejan de ser aportantes de la Caja y del Impuesto a las Retribuciones Personales, mientras se encuentran en el seguro de desempleo. De cualquier manera -lamento no tener la cifra justa- la idea era que alcanza con el Impuesto a las Retribuciones Personales en cualquier caso y, si no, Rentas Generales lo complementa, pero, en general, lo del referido Impuesto es un problema práctico, porque como la Caja lo retiene, le resulta más fácil pagarlo de ahí.

Entonces, así las cosas, tenemos para funcionarios usuarios directos, porque son de las instituciones suspendidas, un piso de hasta dieciocho meses y de hasta ocho Salarios Mínimos de financiamiento estatal no contributivo, como lo es de última el seguro general, y por otro lado un complemento cuyo diseño lo hará la propia Caja en función de estos recursos. Para poner un ejemplo, el 2,5% está estimado para permitir, en términos generales, llegar a 20 Salarios Mínimos y, tal vez, defender algún mes más la prestación, aunque no en todos los casos sino sólo en algunos. Se ha dejado mucha libertad porque, al fin y al cabo, nos pareció del caso, dada la naturaleza y hasta la propuesta que se ha hecho.

También el financiamiento que se reclama al patrón es cuando éste utiliza el servicio. En este caso es hasta esa suma, y por eso, para ubicarnos, cuando uno utiliza el literal c) -el patrón que está en actividad y envía a un funcionario al seguro de desempleo- tendría que hacer el pago del financiamiento a) más el b), o sea, hasta 20 Salarios Mínimos.

Por último, desde el punto de vista del financiamiento, por efecto de salida de aportantes, la Caja va a tener una pérdida de ingresos del orden de U$S 20:000.000 mensuales. Estamos hablando acá de aportes patronales, personales, etcétera. En consecuencia, se plantea como fuente de financiamiento -no para resolver el problema de fondo de la Caja, que es un trabajo que estamos haciendo entre todos, que es bastante arduo y complejo, además de una materia que el país tiene hace varios años y que seguramente no podemos resolver en estos pocos días en que estamos haciendo una propuesta- por lo menos para no incrementar el problema de la Caja, un incremento de la contribución patronal de hasta 4,5 puntos porcentuales que, por supuesto, es el aporte patronal más caro del país. Lamentablemente no hemos imaginado en esta primera instancia una mejor fuente de financiamiento; sabemos que no es una buena solución, pero tampoco hemos escuchado mejores. Digo esto porque muchas veces podemos compartir alguna crítica, pero el tema es que se nos den alternativas. Tal vez, como se ha dicho, una alternativa pueda ser no cubrir el financiamiento con cargos, porque en equis tiempo vamos a resolver el problema de la Caja, pero nosotros venimos a pedir autorización para al menos no aumentar el desfase en el flujo mensual de la Caja, y por eso se plantea hasta el 2003 y nada más. Esto se hace así en el entendido de que suponemos que durante ese año, todos tenemos que buscar, sí o sí, una solución definitiva para la Caja, pero mientras tanto, pensamos que es importante no incrementar sus problemas generándole más déficit de los que normalmente ya tiene y lo están cubriendo con flujo de sus inversiones o pérdida de capital acumulado.

Se ha tenido suerte variada en cuanto a títulos de Gobierno que en el mercado han bajado algo, pero al estar en dólares, subieron bastante con respecto a las prestaciones. Ahora, en cualquier caso, no parece prudente aumentar el deterioro de la Caja mientras buscamos una solución. Todas estas propuestas pueden merecer más de una opinión, pero considero que lo más prudente es gravar un incremento transitorio en estas circunstancias. Se trata de un incremento que sí incorporaría a los Bancos estatales, es decir, que son patrones, lo que implica que esta medida se aplica sobre un universo de unos 11.000 trabajadores públicos y privados. Esto si no contamos al Banco de Seguros y alguna otra institución, pero bancarios propiamente dicho serían once mil. Si incorporamos otras instituciones, podemos pensar en un universo de trece mil y pico de activos en la Caja. Eran alrededor de dieciséis mil, pero con las bajas y demás, quedan en la cifra antes mencionada.

SEÑOR MILLOR.- Obviamente, como dice el señor Ministro, esto sería en tanto no surja otra solución.

Si no entendí mal, entonces, el total de funcionarios involucrados sería de entre trece mil y catorce mil.

Por otro lado ¿existe un cálculo estimativo de cómo incidirían estos cuatro puntos en el costo dinero en el crédito?

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, cuando hablamos de trece mil o catorce mil, estamos refiriéndonos al sistema privado, al sistema público y a algunas otras situaciones que están incorporadas como aportantes de esta Caja. El caso más claro es la compañía de seguros estatal que se llama Banco y está en la Caja pero, en realidad, es una compañía de seguros.

Por otro lado, quiero hacer otro comentario, en función del convenio privado existente, no el público, que tiene cláusulas gatillo indexadas; en los últimos tres meses los salarios de los trabajadores privados tuvieron dos aumentos sucesivos por una suma de 18,7%. En ese contexto, pensar en un 4,5% para resolver los problemas de la Caja, no parecen ser dimensiones que alteren demasiado las cosas.

SEÑOR HERRERA.- ¿En qué períodos se dieron dos aumentos del 18,7%?

SEÑOR MINISTRO.- Se dieron de julio a noviembre. Se trata de un tipo de situación exclusiva de la banca privada y refiere a aumentos que no han sido pagados en los Bancos suspendidos por instrucción del Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien, efectivamente, tienen derecho a percibirlos, por instrucción del Ministerio no se hicieron efectivos porque no parecía posible estando en la situación que están y estando la mayoría de los trabajadores sin poder tener ese tipo de cláusulas gatillo, porque en la banca estatal ese sistema no estaba vigente. Más allá de que existe controversia juridica al respecto, en definitiva, a juicio del Gobierno no lo estaba, por lo que tampoco se procedió. Sin embargo, en los Bancos estrictamente privados lo llevaron adelante y así lo pagaron.

La preocupación del señor Senador Millor también es la mía, y mirando ese contexto, digo que si bien no sé si está bien o mal, lo que está claro es que si en tres meses hubo un 18% de incremento del costo laboral, no creo que un 4,5% desequilibre las finanzas, en procura de que la Caja pase el año 2003 de la mejor forma posible. En realidad un poco más desequilibrada va a estar porque esto es para cubrir el aporte patronal y personal que pierde, pero muchos funcionarios se van a jubilar, por lo que las cuentas de la Caja, aun con esto, van a sufrir cierto deterioro. Por lo tanto, reitero que aunque se reponga a la Caja el ingreso perdido, va a tener mayores egresos, porque en estas situaciones el que tenga la posibilidad de jubilarse, rápidamente lo hará.

Perdonen los señores Senadores por el tiempo insumido, pero me gusta dar las explicaciones a las preguntas formuladas -que agradezco porque, además, son las que nos hacemos nosotros mismos- y vengo con toda lealtad a decir que, por supuesto, tenemos dudas. Siempre se dice que las soluciones que traemos son correctas pero no están exentas de críticas -algunas de las cuales compartimos- aunque muchas veces las alternativas tienen más críticas que las propuestas. Entonces finalmente se trae lo que parece posible de realizar y no lo que a uno seguramente le gustaría proponer.

SEÑOR RUBIO.- Quería formular una pregunta con respecto a las cifras. Según lo que se dijo, el financiamiento de Rentas Generales es del orden de los U$S 4:000.000 anuales y el de la Caja del orden de los U$S 6:000.000. El señor Ministro habló de $ 9:000.000 mensuales, que serían $ 108:000.000.

(Dialogados)

SEÑOR MINISTRO.- Sería una cifra aproximada a los U$S 4:000.000 o U$S 5:000.000.

(Dialogados)

SEÑOR MILLOR.- Quisiera que repitiera la pregunta tan interesante que hizo el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Estaba tratando de estimar los costos para la Caja y para el Estado en una base anual. El señor Ministro hablaba de $ 9:000.000 mensuales, o sea, $ 108:000.000 sobre una base anual, entonces estaríamos hablando de una cifra del orden de los U$S 4:000.000 anuales, que es la parte del costo del Estado, y de alrededor de U$S 6:000.000 para la Caja. La idea -si no entendí mal- es que hay un tope de hasta ocho Salarios Mínimos Nacionales en lo que refiere a la contribución estatal, y en el total sería del orden de los veinte. Quiere decir que con la contribución de los trabajadores activos y pasivos, con ese 2,5% habría que cubrir alrededor de U$S 6:000.000, si se tratara de una base anual. Estaba tratando de imaginarme de qué montos estamos hablando. Entonces, la Caja tendría que cubrir el complemento, que sería algo superior a la base, según entendí.

(Dialogados)

¿Es así, señor Ministro?

SEÑOR MINISTRO.- La proyección no es lineal, señor Presidente. Es decir, el 50% o 60% de las remuneraciones de ese universo no necesariamente llega a 20 Salarios Mínimos Nacionales. Por eso digo que no se puede hacer una extrapolación lineal. Tengo la impresión de que se trata de una cifra menor que esa. Es más; pienso que el 2,5% puede oscilar alrededor de esa cifra y no necesariamente llegar a 20 Salarios Mínimos Nacionales; este monto es una aspiración, pero también las personas que están cerca de jubilarse tendrán que decidir, en algunos casos, si quieren postergar el trámite por algún mes.

Por eso digo que el 2,5%, eventualmente, debe dar para atender a todo el universo, hasta 20 Salarios Mínimos Nacionales y un poco más, en una proyección no lineal.

En cuanto al monto total, éste ronda los U$S 4:000.000 o U$S 5:000.000. Pienso que luego de los cálculos que se han hecho se llega a cubrir un poco más de 20 Salarios Mínimos Nacionales. No todos llegan a ese monto, porque ello significaría ganar, por lo menos, 34 Salarios Mínimos Nacionales de sueldo nominal, para que el 60% de eso de unos 20 Salarios Mínimos Nacionales. Si bien existen sueldos de ese monto y más altos aún, también los hay más bajos.

En cualquier caso, el tope de 20 Salarios Mínimos Nacionales no es una propuesta del Poder Ejecutivo; son cifras que uno oye por ahí. La propuesta es que sean 20 Salarios Mínimos Nacionales -y existe este recurso- planteada, de alguna manera, por los trabajadores para poder ayudar a otros trabajadores a pasar el mal momento y que no haya una diferencia tan grande en sus ingresos que normalmente son altos. Por eso le hemos dado tanta libertad.

SEÑOR KORZENIAK.- Quería hacer una pregunta al señor Ministro sobre dos puntos relacionados con el proyecto de ley, porque este es un capítulo de un proyecto que tenemos a estudio. Sé que la idea es que hoy nos limitemos a considerar esta parte y no la anterior pero, de cualquier manera, como son aspectos muy concretos y como estamos avanzando en el estudio del proyecto de ley en general, no tengo más remedio que formular dos preguntas.

La primera se enmarca en la sesión anterior, en que el señor Ministro estudió el tema con las distintas bancadas. En esa oportunidad alguien planteó por qué era necesaria la intervención de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el proceso de formación del nuevo Banco Comercial -con ese nombre o con otro- hasta llegar a la etapa en que un inversor privado se quedara con esa nueva empresa. Si mal no recuerdo -recuerdo que no había versión taquigráfica- el señor Ministro dijo que era una solución técnica que se buscaba porque se trataba de un Banco privado, pero si hubiera otra salida técnica, la consideraría. Personalmente, he estado estudiando ese punto y planteo que no veo inconveniente jurídico en que eso mismo se haga con normas que establezcan que el Banco Central se encargará de crear una Sociedad Anónima, la cual, luego, por iguales procedimientos a los que emplearía la Corporación Nacional para el Desarrollo -que es una suerte de pequeña licitación- se vendería a un tercero. Esto saltearía la etapa de la Corporación Nacional para el Desarrollo. La pregunta concreta es cómo ve el Poder Ejecutivo esa posibilidad, porque luego de haber analizado el tema, puedo decir que no le veo objeciones técnicas.

En segundo lugar, el proyecto de ley tiene una serie importante de normas vinculadas a las potestades de control de las empresas controlables por el Banco Central. He estado haciendo un comparativo con las normas vigentes y, francamente, encuentro alguna mejora aunque, sin embargo, no veo un cambio demasiado importante. Me gustaría saber, en opinión del señor Ministro, qué aspectos se modifican en materia de potestades de control del Banco Central. Formulo esta pregunta porque no veo mucha variación. En realidad, el artículo 1º me parece bueno porque permite controlar los conjuntos económicos, ¿pero cuáles serían los dos o tres puntos en que se mejora lo que hoy tiene el Banco Central por su Carta Orgánica?

SEÑOR PRESIDENTE.- Con el cariño y el respeto que el señor Senador Korzeniak sabe que le tengo en lo personal y en lo político, quiero expresar que la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación hoy tenía el objetivo de recibir la visita del señor Ministro para tratar el proyecto de ley sobre seguro de paro. Naturalmente, la Comisión puede resolver lo que quiera, pero estas preguntas nos llevan al tema de fondo, para cuyo tratamiento está citada el martes próximo la Comisión de Hacienda integrada. Aclaro que coincido con algunas interrogantes que tiene el señor Senador Korzeniak, pero debe advertir a la Comisión que nos estamos desviando del tema objeto de convocatoria para introducirnos en un asunto que, lógicamente, va a generar más preguntas de otros señores Senadores.

No obstante ello, la Comisión puede resolver lo que quiera.

SEÑOR KORZENIAK.- Sinceramente, debo decir que he concurrido a esta Comisión para tratar un proyecto de ley en el que todos estamos trabajando desde hace días. En realidad, no tenía la menor idea de que íbamos a tratar este asunto; me enteré por medio de los informativos. Además, no hubo ninguna comunicación que dijera que la concurrencia del señor Ministro era para tratar el tema relativo al seguro de paro. Es por esas razones que me pareció que, a fin de ir avanzando, podíamos hacer alguna pregunta concreta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Asiste razón al señor Senador ya que la citación no aclara que exclusivamente se tratará ese asunto.

SEÑOR MINISTRO.- Aclaro que pedí ser recibido, porque si bien se acordó comenzar la consideración del proyecto de ley el próximo martes, entendí que era conveniente hacer una especie de introducción y no solamente remitir la iniciativa. Incluso, se propone una modificación en el artículo 28, que es de otra naturaleza. Para que los señores Senadores y los partidos políticos pudieran tener un panorama completo de cuál era la propuesta, insisto, me pareció del caso venir a explicarla.

De cualquier manera, señor Presidente, me llevo las dos interrogantes planteadas por el señor Senador Korzeniak, sobre todo la primera que deseo pensar y consultar al Banco Central porque, aclaro, no tengo obstáculos filosóficos. Con respecto a la segunda interrogante, debo decir que en ese caso sí entraríamos a formular consideraciones del proyecto en sí mismo.

Por otra parte, comenté a algunos señores Senadores que tenía un alto interés en que la Comisión pudiera tratar el proyecto de ley de fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay y, en consecuencia, iba a ser muy breve. En tal sentido, propongo que cualquier otra interrogante que pueda suponer recopilar algún material, me la hagan llegar de manera informal. De todos modos, aclaro que la próxima semana estaré a disposición de la Comisión en los horarios que ella considere pertinentes.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Quería solicitar la opinión del señor Ministro respecto de algunas críticas públicas que en los últimos días ha hecho AEBU acerca de la solución del seguro de desempleo para los funcionarios bancarios de las instituciones suspendidas que eventualmente quedarán sin trabajo. Concretamente, el cuestionamiento que ha hecho AEBU refiere a que entendería conveniente que aportaran todas las instituciones bancarias privadas. Entonces, quiero saber si el proyecto de ley prevé ese sistema o, en su defecto, cuál es la opinión del señor Ministro de Economía y Finanzas sobre ese tema, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente concurrirá AEBU a la Comisión y lo planteará.

SEÑOR MINISTRO.- Efectivamente, es así; se trata de la objeción que cordialmente, desde un principio en la mesa de trabajo, AEBU nos trasmitió. Hemos tratado de hacer un símil con la situación del sistema médico. Es así que puede implementarse un sistema de prepago, a través del cual se abona una cantidad fija y se tiene derecho a usar el servicio, o se puede pagar por acto médico. En este caso, sucede lo mismo: puede haber un sistema de prepago de seguro social, en el que se tiene derecho a su uso en forma ilimitada, u otro en el que también se es contribuyente, pero en el que se paga cuando se le utiliza. En este último caso, como evidentemente no se hizo un prepago, se debe pagar el 100% de lo que se usa. Teniendo en cuenta cómo nace este tema -con una situación ya creada- nos pareció que era más claro repartir los costos en función de lo que se use. Sin embargo, como todo, es opinable. En tal sentido, hemos recibido el aporte de AEBU, más allá de lo cual nos sigue pareciendo que esta es la mejor solución; en definitiva, son ustedes los que deciden.

SEÑOR COURIEL.- Quisiera saber si la pregunta del señor Senador Correa Freitas refiere al segundo ítem del financiamiento: sería el 2,5% de activos y pasivos. ¿Allí debería establecerse una especie de aporte patronal del conjunto de los Bancos?

SEÑOR MINISTRO.- El asunto es el siguiente. En el caso de las instituciones que están en actividad -no las suspendidas- se podría haber establecido que paguen un equis por ciento, que sería el sistema prepago, o que abonen el cien por ciento de la exacta proporción de lo que utilizan. Concretamente, esa es la solución que se plasmó en el literal c) del proyecto de ley. En ese caso, no sólo pagan lo que hubiera desembolsado el Estado, sino también lo que se hubiera abonado con cargo al aporte de los trabajadores. Obviamente, son dos esquemas diferentes que tienen ventajas y desventajas. A nosotros nos pareció que es una solución más clara debido a que estamos arrancando con una cantidad muy importante de funcionarios que, en realidad, pertenecían a otros patrones y que como sus instituciones están suspendidas no tienen posibilidades de aportar. Entonces, para mantener cuentas claras entre patrones, se pensó que se pague el cien por ciento de lo que se utilice. De todos modos, advierto que no se trata de un problema filosófico.

SEÑOR COURIEL.- Voy a hacer un resumen para ver si entendí bien. ¿Quiénes son los que pagan los costos de esta situación? El Estado, según lo que surge del literal a), va a pagar específicamente a los que pierdan el empleo en los Bancos suspendidos. Eso significaría una pérdida anual de $ 108:000.000. Realmente, me parece bueno que comencemos a hablar en pesos uruguayos y nos olvidemos un poco de los dólares. Por otro lado, la Caja Bancaria pierde, porque va a tener un mínimo de mil activos menos y, a su vez, contará con más jubilados. En lo demás no pierde, porque de alguna manera por el liberal b) se financia a través de ese 2,5%. A su vez, por medio del literal c), eso también está financiado por el Banco. De manera que los mil activos menos más los nuevos jubilados se financian con un incremento del aporte patronal del 4% o 5%. Por último, los bancarios pierden un mínimo de mil empleos y remuneración. Digo esto porque seguramente en el nuevo Banco Comercial van a perder salario, al igual que en el Banco de Crédito. ¿Es correcto mi razonamiento, señor Ministro?

SEÑOR MINISTRO.- Sí, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera formular dos preguntas. Una de ellas es si el proyecto de ley sobre seguro de desempleo es indisoluble con respecto al general; esto es, si para el señor Ministro es todo uno. Por otro lado, quisiera saber si de alguna manera esto terminará encareciendo el crédito, que si bien hoy en cierta medida es inexistente, todos aspiramos a que vuelva. Si ya se refirió a estos puntos, leeremos su opinión en la versión taquigráfica.

SEÑOR MINISTRO.- Yo no usaría la palabra "indisoluble", pero digamos que es parte integral del modelo de salida, porque es la protección social que no existe en esta área, y notoriamente los costos sociales están a la vista. Hoy, mientras no resolvamos el tema, de alguna manera están pagando los ahorristas porque los salarios se están pagando, pero a partir de la nueva solución estos costos sociales quedan sin protección. Entonces, nos parece que esto es parte integral de la salida -por lo menos lo sentimos así- y hoy hicimos un comentario, que se lo repito al señor Senador, en el sentido de que el 4,5% de incremento patronal es un costo más, pero en proporción al disparo del sistema de ajuste que tiene el convenio bancario privado -de julio a noviembre, percibimos que los salarios se incrementaron en un 18,7%- no va a ser una diferencia demasiado importante, aunque siempre significa algún costo para el sistema.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea hacer dos preguntas al señor Ministro.

El artículo 51 busca financiar el Fondo de Subsidio por Desempleo, pero los delegados de todos los partidos que están estudiando la reforma de la Caja Bancaria nos habían comentado, a modo de adelanto y sin comprometer opinión -por lo menos en el caso del delegado nuestro, el señor Senador Gallinal- que se buscaba, entre los instrumentos de solución al tema de la Caja, alguno de los que estamos usando aquí. ¿Esto no será vestir a un santo para desvestir a otro?

En segundo lugar, quisiera saber cuál es la jubilación promedio en la Caja Bancaria.

SEÑOR MINISTRO.- No tengo en este momento la cifra, pero puedo decir que por la reforma de 1994, dicha Caja tiene mayores topes que las demás; actualmente está en 30 salarios mínimos, que pueden ser incrementados sin límite por el Directorio, que creo que, además, lo ha hecho hasta cierto punto. También es cierto que los salarios, en promedio, son altos, es decir, que no se trata de que sean salarios bajos y jubilaciones altas. Estamos hablando del mayor promedio salarial y jubilatorio del país.

En cuanto al otro punto, que es el referido a la circunstancia de la reforma de la Caja, con esta prestación no buscamos financiar el seguro de desempleo, sino no agravar la situación de caja, por la pérdida de aportantes, a la espera de esa solución, que no es sencilla. Todos sabemos que hace cinco o seis años que la propia Caja, el gremio, el sistema político, estamos viendo que la relación activo-pasivo y el alto nivel de remuneraciones hace que cualquier solución que se busque sea muy compleja. No estamos hablando de la Caja de Profesionales Universitarios, que tiene una relación activo-pasivo de 4 a 1 y uno puede optar entre varias propuestas o sistemas. Acá es menos de 1 a 1 y, dado que los salarios son muy altos, cualquier propuesta es muy compleja, por esa relación sustantiva. Por eso no hemos apurado ese trabajo, porque queremos ver cómo termina esta etapa que, seguramente, compromete más todavía; tenemos que ver cuánto más. Por ejemplo, en el sector privado de bancarios, la baja podría ser entre un 16% y un 32% de afiliados.

Entonces, con impactos de esa naturaleza, no se trata de que no se resuelva el tema por falta de interés o voluntad. En consecuencia, pareció sensato dejar "stand-by" esto hasta llegar a una solución del tema, que siempre va a tener un impacto importante y no favorable, pero veamos qué tan desfavorable es.

Nuestro siguiente deber, una vez que se resuelva esto, es tratar de venir al Parlamento con una propuesta bastante acordada, que apunte a la transformación de la Caja para asegurar su viabilidad de largo plazo, tarea que, como el señor Presidente sabe, no es nada sencilla.

Si los señores Senadores no tienen más consultas, los dejaría trabajar en sus otros menesteres.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos, entonces, al señor Ministro de Economía y Finanzas por su presencia en esta Comisión en la mañana de hoy.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 10 y 45 minutos)