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SEÑOR PRESIDENTE.-
Habiendo número, está abierta la sesión.(Es la hora 10 y 19 minutos.)
Está a consideración de la Comisión la última versión -no sé si todos los señores Senadores cuentan con ella- del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja.
Antes de ingresar en el análisis del tema, y si me lo permiten los señores miembros de la Comisión -porque, en este momento, la estoy presidiendo- quiero hacer un planteo en nombre de mi sector político y, además, repartirles un memorándum de lo que nos parece que es factible hacer.
Entonces, en nombre de nuestro sector político -no quiero involucrar al resto del Partido porque, por ejemplo, el sector del señor Senador Carlos Julio Pereyra ya ha dado su apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo y no hemos tenido tiempo de consultar a otros sectores- debo decir que esto es un memorándum y lo presentamos porque creemos que es factible conseguir los fondos necesarios, sin gravar las frutas y las verduras; hemos llegado a una cifra de U$S 12:000.000. Se trata de proyectos que están en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y nos gustaría tener una respuesta cuanto antes por parte del Poder Ejecutivo. Digo esto porque uno de ellos está relacionado con el artículo 464 de la Ley Presupuestal Nº 15.903, en donde se prevé comprometer gastos de funcionamiento e inversiones sin que exista crédito disponible para atender otro tipo y forma de catástrofes, cuya acción demande la inmediata intervención de los organismos públicos. En ese fondo o en esa previsión que el Estado hace creo que está encuadrada la catástrofe que está sufriendo el sector de la granja en estos días.
También decimos que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay proyectos que cuentan con financiación externa que, si los fondos no están afectados, pueden desviarse, en términos generales, para la granja. Este es el caso del proyecto de PRENADER donde vemos que, justamente, hay subsidios para infraestructura y para diseños de seguros agrícolas.
En definitiva, hay una serie de proyectos de programas que, a nuestro juicio, financian claramente este Fondo.
Con respecto a los programas 747, 947 y 949, debo decir que involucran U$S 1:000.000, U$S 4:000.000 y U$S 2:000.000 y que implican un total alrededor de U$S 8:000.000. A esto debemos sumarle lo que, de alguna manera, nosotros afectamos del Fondo para atender catástrofes, como está establecido en los artículos ya mencionados del Presupuesto Nacional.
Repito que estos proyectos están en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y creemos que es factible desviar los recursos y obtener una cifra similar a la que hoy está pidiendo la Cartera mediante la proposición del IVA.
Está claro que el Partido Nacional, en distintas oportunidades ha dicho que no a este proyecto -esta actitud no es nueva- porque nos resistimos al hecho de que la situación de catástrofe la pague el consumo, por lo que proponemos que se desvíen fondos que hoy están dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a los efectos de poder superar esta situación.
Entonces, sería importantísimo que tuviéramos una respuesta inmediata a esto que es una propuesta del Partido Nacional y que creemos que es seria y posible de llevar a cabo.
A su vez, creemos que definitivamente tenemos que resolver el tema del seguro agrícola. Cualquiera sea la solución que se adopte, pensamos que el sector de la granja debe tener la garantía de que se va a instrumentar por esta vía -o por otra, pero aclaro que preferimos ésta que nosotros estamos presentando- partidas afectadas directamente a un seguro contra todo riesgo. La granja está precisando esta solución hace mucho tiempo, porque hoy ha sido afectada por el tornado, ayer tuvo perjuicios por las granizadas, otras veces ha habido exceso o falta de agua. En fin, se ha generado una suerte de inestabilidad y de falta de certidumbre para este sector que es tan importante para nuestro país que se desarrolle.
Damos la bienvenida al Representante de nuestro sector, señor Luis Alberto Lacalle Pou, quien ha presentado en la Cámara Baja un proyecto por el cual se establece la Dirección Nacional de la Granja. En este sentido, nos interesaría muchísimo que todos los sectores políticos nos den su opinión sobre esto. El mismo está basado en trabajos anteriores, pero adecuado con un sentido práctico a lo que de alguna manera está precisando la granja. Existen experiencias similares en distintos sectores agropecuarios del país, como el INAVI, que tuvo dineros y fondos como para hacer una reconversión realmente revolucionaria en el sector, que lo ha vuelto pujante, exportador y creciente como es la viña en el Uruguay. En función de esa buena experiencia y sin sentido voluntarista, nuestro sector político está presentando en la Cámara de Representantes este proyecto de ley. Nos gustaría que se nos diera una respuesta sobre este financiamiento para tratar de sustituir el IVA, porque reitero que a nuestro Partido no le gusta recurrir a gravar el consumo como forma de solucionar una situación de catástrofe.
Como sabemos que hay dificultades en las finanzas del Gobierno, es imperioso conocer la opinión sobre estos fondos que propone el Partido Nacional como alternativa. Creemos que estamos ante una suerte de coacción frente a la realidad. Quiero que se entienda bien lo que estoy expresando: no estamos diciendo que el Gobierno nos está coaccionando, sino la realidad.
No nos gusta ingresar al tema del IVA a las frutas y verduras si no es en un marco mayor. Pensamos que las urgencias nos han llevado a tratar el tema del IVA puntualmente, en cada caso. Tuvimos una gran propuesta del Partido Colorado que nos gustaba, por lo menos como desafío de trabajo, que era la generalización del IVA y por lo tanto la reducción de su tasa. Aclaro que en primera instancia no estábamos de acuerdo con la formulación que había hecho el Gobierno, pero las urgencias, tanto regionales como nacionales, nos llevaron a tener que apelar a impuestos que alejaron la posibilidad de un gran trabajo del Parlamento sobre la generalización y rebaja de la tasa del IVA. A nuestro juicio, luego de pasar los momentos de emergencia, deberíamos recuperarlo como desafío.
Hoy el Herrerismo -no el Partido Nacional- está presentando una alternativa sobre la que, cuanto antes tuviéramos una respuesta, sería mejor para atender las urgencias que el Gobierno está planteando. Ayer estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche, tratando de bosquejar una solución alternativa a la propuesta del Gobierno. No tenemos información acabada sobre el estado de estos proyectos ni cómo está el Fondo de catástrofe. Sería muy importante para nosotros conocer cuál es oficialmente la situación, de modo de saber cuáles son los caminos alternativos. La voluntad de nuestro Partido es ayudar y apoyar la granja, subsidiarla si es del caso, y protegerla, de modo tal que este sector que a veces ha tenido carencias en las políticas de largo plazo, de una vez por todas cuente con un fondo, que no solamente dé garantías sobre las catástrofes climáticas a que se ha visto sometido casi anualmente, sino también la posibilidad de reconversión, de adecuación y de exportación, que son vitales para el crecimiento de la granja en términos generales.
Para terminar, quiero manifestar que no creemos que la protección sea lo que necesite un sector determinado de nuestra economía.
Sin embargo, creemos que frente a la desestabilidad económica y cambiaria de la región, no tenemos otra alternativa que recurrir a este tipo de mecanismos que en épocas de normalidad no son aquéllos a los que debemos apelar. En definitiva, no podemos competir en una situación de notoria deslealtad frente a un subsidio que se da en la política cambiaria de los países de la región y que no obedece al esfuerzo real de trabajadores y empresarios. Insisto en que ésta no es la norma, sino la excepción, y debemos entender que en esta instancia no podemos ser tontos y tenemos que proteger nuestra industria en función, reitero, de la competencia desleal que la región está llevando a cabo.
Estos dos temas son los que han llevado a que el Partido Nacional haya hecho el esfuerzo de presentar hoy en la Comisión esta transposición de rubros, en algunos casos, y apelación a los fondos de catástrofe, en otros, para poder llegar a la cifra que pretende el Gobierno por medio del IVA.
Precisamente, voy a solicitar que se haga la fotocopia correspondiente para entregar este proyecto a los señores Senadores para que puedan analizarlo.
SEÑOR COURIEL.- La verdad, señor Presidente, es que no lo pude seguir con todo detalle y, por lo tanto, quería saber, en primer lugar, si podemos disponer del memorándum y, en segundo término, si la propuesta del Partido Nacional requiere alguna decisión legislativa.
SEÑOR PRESIDENTE.- Es correcta la pregunta del señor Senador y creo que había señalado que esto se ha presentado a forma de memorándum y que no necesitamos una propuesta legislativa. Depende de la voluntad del Poder Ejecutivo si coincide con estos proyectos, que se haga la transposición de rubros. Son proyectos de financiación externa y, por eso, necesitamos la información oficial porque esto tiene un proceso que puede dar la misma garantía que tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo. También entendemos que una vez votado este proyecto no contaremos al otro día con los recursos necesarios; los mismos son adelantados ya sea de Rentas Generales o de algún otro organismo financiador, porque es a lo largo del año que se van a recaudar los U$S 12:000.000. Por ese motivo creemos que, si hay voluntad política por parte del Gobierno de hacer esta transposición de rubros y de proyectos, es factible obtener en el correr del año la cifra que estamos presentando.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: sin perjuicio de que podamos pedir el detalle previsto para los Renglones o Subprogramas Nos. 747, 947 y 949 dependientes del PRENADER, desearía hacer dos o tres comentarios de carácter general y grave.
En primer lugar, en los últimos tres meses vinimos en forma pública a plantear una disminución del gasto estatal que el país nunca hizo. O sea que el panorama del año 2002 es que el Estado uruguayo debería comprimir sus gastos. Habida cuenta de que el 70% u 80% de los mismos son absolutamente inelásticos -como Previsión Social, salarios, etcétera- y para que las cuentas cerraran -como lo analizamos con profundidad incluso a impulso de los propios partidos de la coalición- se acordó disminuir los gastos para lo cual se dictaron decretos y se asumieron compromisos con los organismos internacionales de llevar adelante una enorme restricción de los gastos. Por lo tanto, en líneas generales, plantear un aumento de los gastos, como pudimos ver en su momento, no es posible.
En segundo término, todos somos conscientes de la enorme inestabilidad y gravedad de este verano. Lamentablemente, López Murphy fue un agorero correcto cuando dijo : "Van a tener un verano inolvidable". La verdad es que fue inolvidable. Entonces, para que el Uruguay pueda afrontar la circunstancia pública y conocida del impacto de la inestabilidad argentina, debió realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, por cierto, ha planteado un apoyo de recursos externos. Esto se ha hecho en un momento en que el Uruguay tiene dificultades significativas para captarlos, tanto en volumen y, en especial en tasas y en el que también ha perdido las calificaciones. Esto va más allá de lo que digan dichas calificadoras porque el indicador más claro es que hemos duplicado el riesgo país en el costo de tomar el dinero; no hay nada más real que el mercado. Las calificadoras podrán ser más o menos acertadas, más o menos rápidas, pero lo que no miente es el mercado y allí estamos pagando el doble.
En ese contexto, señor Presidente y en el de cierto grado de recesión es que existe una enorme dificultad del Gobierno de comprometer nuevos gastos, sin que tengan un retorno que le permita explicar claramente que los puede recuperar durante el Ejercicio.
En consecuencia, todas las fuentes de financiamiento que se han planteado implicarían aumentar el gasto del Programa. Por tanto, en términos generales, claramente el Gobierno no está en condiciones de aumentar el gasto en esta circunstancia. Diría, incluso, que hoy está por encima de lo programado, pese a la enorme dificultad que la Administración está teniendo para amoldarse a niveles de gastos de inversión y funcionamiento mucho más bajos que lo que entendía prudente. De todas maneras, la necesidad ha llevado, insisto a que haya que comprometerlos. Mi impresión -más allá de que aún no están las cifras- es que difícilmente estaremos cumpliendo las metas del primer trimestre. Naturalmente, esa es otra discusión y después veremos si tendremos la capacidad o no de armar e implementar cosas que promuevan la actividad para que, a su vez, en este invierno que también será lamentablemente inolvidable, podamos lograr que el nivel de actividad no siga cayendo, porque ello arrastraría no sólo a un nuevo impacto social y productivo sino también, mirado desde el punto de vista del Estado, a una nueva caída de los ingresos.
Nuestra preocupación es, básicamente, ver de qué forma no sólo no aumentamos el gasto, sino también buscamos políticas que permitan en muy corto plazo tratar, por lo menos, de evitar mayores caídas de la actividad tendientes a darle estabilidad a la economía y a la familia.
En tercer lugar, el concepto básico del Gobierno, más allá de atender las circunstancias climáticas, pero conectado con este aspecto de ver cómo hacer para que en lo que queda del Ejercicio la gente pueda obtener un trabajo y un cierto nivel de actividad, es generar un rápido mecanismo de reactivación de trabajo en la granja.
Por ello, se ha buscado este mecanismo que, básicamente, tiene un efecto sobre los precios y genera un horizonte a tres años que también permite que los agentes económicos -desde los más pequeños hasta los más grandes- adopten decisiones en el sentido de invertir. A veces, invertir significa que el hijo se quede en la granja; invertir no es sólo tomar decisiones económicas, sino también tomar decisiones de personas. Ello podrá ocurrir en la medida en que nosotros le podamos dar un panorama aceptable en el horizonte de este proyecto de ley en el que se maneja un período de tres años. Puedo coincidir que, tal vez, no sea buena cosa que para toda la vida en el Uruguay se decida tener una situación en la que en última instancia siempre alguien pague la cena; por supuesto, de alguna manera u otra, el consumo pagará algo y creo que la cadena de intermediación también abonará parte de la fiesta. Más allá de eso, el consumo pagará algo de esta fiesta, por lo que seguramente no es buena cosa que mantengamos esta política para toda la vida y que no nos demos la oportunidad dentro de tres años de revisar cómo está el mundo, la región y el país para decidir si es bueno o malo seguir con este procedimiento. Espero que tengamos una granja con un gran poder de recuperación y de inversión; por ello, tal vez, dentro de tres años no será necesario seguir con esta política.
Señor Presidente: esto es lo que al Gobierno le parece central con respecto a esta propuesta. Seguramente, en la imaginación de los economistas puede existir más de una manera de obtener este dinero, pero la única forma que por lo menos al Gobierno se le ha ocurrido es ésta y, además, es conteste con los otros proyectos que se presentaron anteriormente. Las iniciativas presentadas tanto por el Partido Nacional como por el Frente Amplio también gravaban el consumo, la importación y la venta a los supermercados con tasas. A juicio del Poder Ejecutivo, las tasas no pasan por las demandas regionales e internacionales en materia de protección. Reitero que las otras propuestas también gravaban el consumo porque, claro está, siempre hay que pagar la fiesta. A juicio del Poder Ejecutivo, la mecánica obtenida tiene el resguardo de que está siendo utilizada por nuestro socio del MERCOSUR. Con ello, por lo menos desde donde más fácilmente nos pueden venir requerimientos de competencia leal, se carece de la legitimidad para hacerlo. De última, esta es una medida defensiva y espejo de las que hace años sufrimos de parte de ellos. Naturalmente, no va a ser la Unión Europea la que tendrá derecho a decirnos algo. Además, esas medidas son el origen de algunas de las importaciones más competitivas; este no es el tema de la banana y del kiwi, porque igual no lo producimos nosotros, pero sí el de otras producciones competitivas.
Entonces, a juicio del Poder Ejecutivo, no sólo es buena cosa obtener el dinero para ayudar en la emergencia, sino que además eso se haga a través de un mecanismo que permita dar un margen o handicap de protección a propósito de los próximos tres años, espejo de lo que se nos está aplicando cuando intentamos exportar. En eso no existe medida porque, aun en lo que hemos analizado como las variantes de tasas, aunque recaudaban y castigaban al consumo -un poco más, un poco menos- ninguna generaba el handicap en el momento de importar como lo realiza la simple aplicación del IVA por las medidas que ya existen entre el IVA más el alto de IVA a ventas; ninguna da un margen del 30% en el momento de importar, pagadero "cash" en el momento de bajar la mercadería del barco o del camión.
Por otro lado, la impresión que se tiene es que, además, establecer un programa estable que no sólo permita -en esto coincidimos con el planteo que hacía el señor Presidente- hacer una política de subsidiar y pagar en forma sostenida el seguro de la chacra sobre el riesgo climático, sin ninguna duda, da estabilidad a la inversión. Insisto: destino de personas, inversión en dinero. Además, el concepto que se tiene es que en el efecto empleo que se espera buscar en forma muy rápida, el manejo de estos fondos permitiría una rápida respuesta a partir de que el Poder Ejecutivo tenga la comprensión y el apoyo del Parlamento. Como la mecánica establecida está pensada para acceder a través de créditos cuyo repago en buena parte haría este Fondo -además, la ley los libera de impuestos, comprobantes y de todas esas cosas que generalmente obstaculizan todo esto- no sería necesario esperar a recaudar, sino que se atendería la situación inmediatamente. Lo fundamental es, además, montar algunos programas, básicamente para el durazno y el tomate, que tienen un enorme impacto en el empleo. El durazno ha sido afectado, como todos conocemos, y de esta forma se estaría apoyando el proceso de reconstrucción de las plantas que han sido dañadas por el agua. También se tendría en cuenta el tomate, apuntando a buscar un entendimiento para elaborar tomate industrial. Tenemos la impresión de que esos dos programas, tal vez, pueden generar entre 4.000 ó 5.000 empleos en este Ejercicio. Es difícil encontrar programas que no signifiquen gasto estatal y que generen ese volumen de empleo. Según dicen los interesados, los números no les dan. El costo de producción no puede competir con los costos del tomate industrial que viene subsidiado y sólo a través de esta mecánica que implica un subproducto de esto, habrá un natural apoyo para que la industria le compre a la producción nacional porque va a recibir el certificado del IVA. Cuando el productor le vende a quien va a procesar la pulpa de tomate, le vende con un IVA y el productor recibe un crédito por ese IVA, pero le trasmitió ese impuesto. Por lo tanto, por cada peso que recibe, le está trasmitiendo veintitrés centavos de subsidio. En consecuencia, está ayudando y si además el Fondo tiene algo de dinero, podrá hacerse cargo de algún reintegro especial a la industria en la medida en que se comprometa y le dé la señal al sector para que salga a producir, por ejemplo, tomate industrial. Quizás, tengamos la posibilidad en esta primavera -eso va a ser muy difícil- de poner algunos miles de personas más a trabajar en esto. En definitiva, hoy estamos importando este producto parte de Chile y parte de Europa.
Esas son las ideas que se están manejando y por eso se necesita el Fondo y un efecto precio. No hemos encontrado ninguna otra forma para solucionar esto. Por mi parte, traje a colación que en rigor los proyectos que son independientes -uno de ellos está en el Senado y otro en la Cámara de Representantes- al final, tienen un denominador común con éste; todos buscan generar algún impacto sobre la importación y la venta en los lugares mayoristas y en los supermercados, que es de mayor volumen. Nos parece que si las tasas son de mucho volumen, son aranceles y son recurribles. Por eso, se recurrió al IVA, pero no se pensó en él por ninguna otra circunstancia, sino que cuando se empezó a discutir a propósito de otro problema -recaudación fiscal y demás, que no prosperó y que quedó fuera pero que, lamentablemente, somos conscientes de que complicó la discusión de esta propuesta, que hoy es totalmente diferente- nos sirvió para ilustrarnos y empezar a averiguar qué se hacía en Argentina y en Brasil. Llegamos a la conclusión de que ellos lo estaban usando de la misma manera que lo está proponiendo hacer hoy el Poder Ejecutivo y no encontramos otra cosa que le pudiera dar un margen del 33% en la aduana. No hay nada, ni siquiera el Arancel Externo Común, que es del 14%. Por supuesto que hay medidas punitivas cuando se demuestra "dumping" y otras cosas, así como precios de referencia, precios mínimos de importación, etcétera; es decir que existe una cantidad de mecanismos. Pero así, de regla, estándar y demás, este mecanismo que da un 33% sobre el IVA, insisto, Argentina lo aplica hace un buen tiempo.
En resumen, la actitud del Poder Ejecutivo se traduce, básicamente, en un pedido de ayuda y comprensión al Parlamento, aceptando que el trámite que ha seguido todo este tema ha cambiado a tal punto que es irreconocible si se lo compara con la propuesta original. Esto complicó la tramitación parlamentaria y, nobleza obliga, generó anticuerpos. ¿Por qué se insiste? No por tozudez, sino porque se entiende, honradamente, en el error o en el acierto, que es una herramienta necesaria para atender el desastre climático y para generar en este mismo Ejercicio un marco de actuación que proteja la granja nacional. No encontramos otra forma para hacerlo y nos parece absolutamente vital considerando, básicamente, el enorme efecto empleo que puede tener este sector en un año muy difícil como es este.
Hemos considerado otras fuentes de financiamiento, como la que presentó el martes pasado el Encuentro Progresista - Frente Amplio y ahora el Partido Nacional. Coincidimos en que, si pudiéramos decidir, desearíamos no gravar, ni siquiera, los productos importados al consumo. También es cierto que todo sale de algún lado. Pero ninguna propuesta va a tener estas características, es decir, ser un ingreso genuino que tenga un efecto precio y un efecto rebote de alivio, subsidio o reintegro -o como se le quiera llamar- en momentos en que la producción se dirige a la exportación directa o a la industria local o de exportación. No en vano nuestros vecinos inventaron esto; seguramente, tuvieron otras propuestas en su mesa de trabajo y, al final, optaron por ésta, que funciona bastante bien, a tal punto, que basta ver las góndolas en los comercios para apreciar el nivel de competencia.
Aclaro que en el día de hoy estuve conversando con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien me transmitió el pedido bastante angustioso de encontrar una solución. Entiendo que el Poder Ejecutivo, si hay un entendimiento político que le asegure el retorno de los fondos, está en condiciones de conversar con el Banco de la República, a efectos de ir adelantando los fondos más urgentes. Es imprescindible contar con un seguro agrícola. Solicitamos que se considere el resto de la utilización que se está planteando de los recursos que, a nuestro juicio, va a tener un marco bastante estable en los próximos tres años para permitir que haya un incremento importante del trabajo en la zona.
Digo esto, con la mayor franqueza y humildad.
SEÑOR PRESIDENTE.- Luego de presentar nuestra propuesta, lo único que puedo decir es que no estamos en condiciones de votar este proyecto.
Antes de darle la palabra al señor Representante Lacalle, corresponde votar para que esta Comisión lo habilite a ello, al igual que a otros señores Senadores que no son miembros de este Cuerpo y a otros señores Representantes.
Se va a votar.
(Se vota:)
- 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.
SEÑOR LACALLE POU.- Me he visto tentado a hacer uso de la palabra, a raíz de la exposición del señor Senador Atchugarry y de la pregunta que planteó el señor Senador Couriel -que me parece muy importante- acerca del procedimiento para aplicar los fondos que figuran en este memorándum.
Si entendí bien, el señor Senador Atchugarry ha dicho que esto generaría déficit porque el dinero no está previsto, no existiría o estaría destinado a otros fines. Seguramente, el señor Presidente lo explicó anteriormente pero, de todos modos, me gustaría reafirmar algunas ideas.
Dentro de los cuatro rubros propuestos, en primera instancia, el ajuste del fondo del Programa para el 2002, es decir los U$S 2:200.000, están destinados a esta misma actividad. No podemos prever un Programa de Desarrollo sobre algo que ha dejado de existir. Lo único que proponemos es que este dinero, en vez de ser aplicado al Programa de Desarrollo, se destine a reconstruir lo que el tornado y varios fenómenos climáticos han dejado por el piso. De manera que el destino sería el mismo y el dinero es el que se iba a utilizar para el año 2002.
En cuanto a la no aplicación del Decreto Nº 55/02, de 8 de febrero del presente año, relativo a la disminución de las inversiones en un 28%, tampoco implicaría no cumplir con lo que exige el Poder Ejecutivo, en el sentido de que hay que reducir las inversiones, es decir, lo comprendido en los Incisos 2 a 14. No se está diciendo que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no cumpla con la reducción del 28%, ya que no se especifica en qué programa o área se tiene que ejecutar. Lo único que estamos solicitando -hago referencia a lo que expresó el señor Senador Couriel- es que no se apliquen los recortes en el PREDEG, lo cual se podría hacer con una simple firma del señor Ministro. Este 28% significarían U$S 1:700.000 más que iban a ser destinados a la granja. Lo mismo podemos decir con respecto al traspaso de servicios agropecuarios, que están bajo la égida del INIA, y que significaría U$S 1:000.000, puesto que ya están destinados a este Programa presupuestalmente.
Por último -es como la pelota al medio- está el tema relacionado con los duraznos. A raíz del reclamo de los productores, del perjuicio que se les ha generado durante muchos años, se implementó un recargo del 55%; el 14% no se puede destinar, que serían U$S 700.000, lo que nos daría U$S 2:100.000. ¿Por qué está generando esta cantidad de dinero nuestro país? Porque la industria del durazno ha sido enormemente perjudicada por la importación. Se nos podrá decir -lo cual es cierto- que este dinero está entrando a Rentas Generales; seguramente, luego de que ingresó se le dio otro destino. Pero nos parece lógico y justo que si este dinero se recaudó porque se le generó un perjuicio a los productores, entonces, que se les devuelva de alguna forma. Estas cifras dan, aproximadamente, U$S 8:686.400, según nos han comunicado el señor Subsecretario y el hoy Presidente de la República; el señor Representante Chiesa estima que se va a recaudar, según el optimismo, entre U$S 12:000.000 y U$S 15:000.000. Para ser realista, faltarían menos de U$S 4:000.000 de lo que se piensa recaudar.
El señor Senador Atchugarry se refirió al arancel del 14% para el tomate; nuestra propuesta permitiría aplicar un 35%. No soy técnico en la materia -probablemente, el señor Representante Chiesa lo sepa mejor que quien habla- pero tengo entendido que el tomate que se necesita para hacer algunas salsas, como ser, la que se pone arriba de la pizza, requiere un grado de acidez especial. Actualmente, el productor uruguayo no está cosechando ese tipo de tomate. Hace un mes, nos comunicamos telefónicamente con el señor Ministro de Industria, Energía y Minería y, unos días atrás, nos reunimos con el señor Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, a fin de planificar y coordinar para que estas cosas se anuncien hoy, es decir, dentro de un año o un año y medio este arancel se extenderá al 35%. De esta manera se le dará tiempo a los productores a cosechar ese tipo de tomate. ¿Por qué? Porque si hoy subimos ese arancel a 35%, no tendremos ese tomate aquí y se encarecería el producto final sobre el cual se va a usar esta materia prima del tomate importado.
Eran las puntualizaciones que quería hacer.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Como dijimos, vamos a pedir los números que suponen estos proyectos. Ahora bien, no tengo dudas de que, en términos globales, no hay disponibilidad; eso es algo que todos podemos advertir.
Por otra parte, siento -y creo que es el fondo del asunto- que no hay forma de dar un marco estable de precios si no es de esta manera; inclusive, que se dé hasta naturalmente, porque esto tiene ida y vuelta. La idea es con lo importado y la vuelta es cuando se exporta o se vuelca a la industria en forma hasta automática; luego cada productor verá qué es lo que mejor puede intentar producir.
El arancel no necesariamente resuelve las cosas. Comparto las reflexiones del señor Representante -es más, creo que todas son correctas- pero el problema es que a mí me dicen que el setenta por ciento viene de Chile, país al que no le puedo poner un arancel. Nadie me ha podido afirmar siquiera que se pueda demostrar la existencia de subsidios; debe tenerlos, pero muy escondidos, como otras cosas. No es el caso de los europeos, en donde sí puedo poner un arancel; pero no insisto en Chile. Seguramente, y con relación al antidumping, no necesito mucho para demostrar que en Europa se da. Sé que casi hay subsidios hasta demostrar lo contrario, pero la situación allí es prácticamente confesa.
Ahora bien, no tengo claro si a la Argentina, a Chile o a Brasil se los puedo demostrar tan fácil y, por otra parte, no olvidemos que ellos pueden tomar represalias con el arroz y alguna otra cosa.
Entonces, coincidiendo con el señor Representante Lacalle y el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que no es deseable la situación en el consumo, también quiero señalar que cuando analizamos estas cosas nos encontramos con que las cadenas de intermediación manejan márgenes entre el 50% y el 100%. Quiere decir que tampoco tenemos que pensar en que necesariamente todo esto va a ir al consumo. En algunos casos, en especial en el consumo de la producción nacional, nuestra humilde expresión es que la cadena de intermediación gravada con el IVA para poder competir con la que no lo está, tendrá que absorber algo de ese IVA.
En consecuencia, y no con respecto a lo importado sino a la producción nacional, tengo la impresión de que en el consumo no debería haber un impacto de relevancia.
En todo caso, quisiera remarcar que no venimos a imponer un punto de vista. La doble necesidad inmediata de recuperación y la tan inmediata pero distinta de generar un foco de actividad, de empleo y demás hace que pidamos esta herramienta, y no que se diga lo buena que es. Lo que pretendemos es que, al menos, se reflexione en torno a que aunque no guste mucho, de última, esto es lo que pide el Poder Ejecutivo para un destino que sí es compartido. Si es necesario, pido que nos tomemos uno o dos días para analizar el tema, pese a la urgencia que tiene.
Adelanto desde ya que en las próximas horas vamos a hacer llegar a todos los miembros de la Comisión -en especial, al señor Diputado y al señor Senador que han hecho un planteo en este sentido- los números que ha previsto el PRENADER y sus destinos. No los aporto ahora, porque no quiero improvisar.
SEÑOR COURIEL.- Lo cierto es que estamos ante un problema de difícil resolución parlamentaria.
Es obvio que todos los que estamos presentes aquí queremos atender cuanto antes el problema de los granjeros. Y para ello tenemos sobre la mesa tres propuestas distintas. Diría que hoy, seguramente, ninguna tiene chance de resolución favorable, puesto que ni una sola de las tres tiene mayoría. Estamos hablando de tres propuestas que suponen visiones distintas.
La propuesta del Partido Nacional se traduce de la siguiente manera: "No pongamos más impuestos". Al no hacerlo y pasarle una parte a los granjeros, es evidente que se está subiendo el gasto o aumentando el déficit. De eso no hay dudas.
La visión del Frente Amplio es buscar un financiamiento que, de pronto, no tiene nada que ver con este tema, es decir, buscarlo afuera. Dice: "Vamos a ponerle un impuesto a los propietarios de inmuebles", que es otra cosa. De pronto, mañana podríamos presentar una propuesta que diga: "Le vamos a poner un impuesto a las SAFI". En resumen, estamos buscando algo para resolver esto.
Por último, está la propuesta del Poder Ejecutivo, que creo que tiene cosas positivas. Políticamente el señor Senador Atchugarry acepta que el tema se ha desgastado, por lo que cuesta llevarlo adelante.
Estas son las tres posiciones.
En consecuencia, propongo que avancemos todo lo que podamos hoy para encontrar puntos de coincidencia, a los efectos de ver qué podemos hacer. Me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo para que este asunto ingrese al Senado la semana que viene. Para que ello ocurra tendría que entrar el miércoles y, por ende, que lo resolvamos el martes.
Tal como lo adelantó, el señor Senador Atchugarry recopilará las informaciones que le ha pedido el Partido Nacional y yo llevaré al Frente Amplio los tres proyectos, para ver si podemos hacer un esfuerzo y que el martes de mañana encontremos una salida -aunque sea mayoritaria- porque los granjeros siguen esperando, y yo creo que no pueden hacerlo más.
SEÑOR DE BOISMENU.- Empiezo tomando las palabras del señor Senador Couriel: los productores granjeros siguen esperando. Continúo haciendo una reflexión similar a la que hoy de mañana hacíamos en una radio en cuanto a que aquí parece que hubiera una especie de chantaje del Poder Ejecutivo para solucionar el tema. Y prosigo diciendo que, desde mi punto de vista, hay aspectos citados por el señor Diputado Lacalle que creo fueron mencionados en la primera reflexión de este tema -que hicimos junto con las autoridades del Poder Ejecutivo- en cuanto a que hay que solucionar el problema del viento. No cabe ninguna duda de que el viento no sólo provocó un daño enorme a los productores, sino también a la discusión de este asunto, porque llevó a la necesidad de encontrar dinero -que es lo más escaso en la vida de todos, es decir en la del país y en la de toda su población- en forma inmediata.
También decíamos en la radio con un Diputado que hay que tratar de que esto no sea un granito, un paliativo más y que dentro de poco vuelva a la discusión el tema de los déficit presupuestales. Este negocio es igual a lo que ocurre en la casa de cada uno. Lamentablemente, en el Uruguay hay un concepto triste -que lentamente va cambiando- cuando la gente maneja temas económicos, porque se cree que se hace plata fácilmente, como si se tuviera una especie de maquinita aparte.
Participo respetuosamente de la idea -quizá tenga algunas diferencias con compañeros de partido- de que es necesario crear ese dinero. Desde un principio se habló de sacárselo al PREDEG o al PRENADER. Pero debemos ser conscientes de que esta nueva discusión es postviento. El Poder Ejecutivo ha propuesto sacar y luego devolver ese dinero; acá no hay chantaje. Lo que existe son dudas de posiciones políticas, lo que honestamente hoy manifesté de manera fuerte en una radio. Es demasiado grave la situación de la granja y de toda la producción agropecuaria del país.
La iniciativa que presenta el señor Diputado Lacalle dice: "La plata se necesita". Personalmente, estoy de acuerdo en eso, pero cabe preguntarse si luego se devuelve o no. ¿Somos conscientes de que hay que parar los proyectos? Debemos tener en cuenta que es costoso detener proyectos agropecuarios. Como bien dijo el Diputado Lacalle, hay proyectos de investigación del INIA. De todos modos, si hay mayoría para hacerlo, parémoslos, no devolvamos el dinero que se gastó y se habrá hecho mayor beneficio que el perjuicio que se causó al detener un proyecto. Esto es igual que cualquier trabajo empresarial en un establecimiento agropecuario: paro la inversión, sé que perdí el año, que perdí el ciclo productivo y que tendré que arrancar de otra manera.
Considero que aquí hay otra discusión que es previento, y con mucho dolor señalo que quizás sea más importante que la postviento. Aquella es una discusión filosófica, donde hay que establecer un sistema de protección. Discrepo con algunos números que acaba de dar el señor Senador Atchugarry, porque hicimos algunas averiguaciones hoy de mañana. Acá se habla de impuesto o tasa de importación -copia de políticas de la Comunidad Europea de la década del 60 que llamaron preliego y acá, IVA- que actúa generando dinero para un sistema y lo paga el importador.
Como aquí se discutió mucho sobre la banana, quiero decir que hoy de mañana al ingresar a puerto costaba $ 2. Sin embargo, el jueves pasado en la feria -mis problemas cardiológicos hacen que la recorra muchas veces- su precio oscilaba entre $ 7,70 y $ 9. Quiere decir que no se trata del 100% -dicho esto con todo respeto- de que hablaba el señor Senador Atchugarry. Mientras tanto, nosotros estamos discutiendo un impuesto de 23% a la importación.
Indudablemente, creo que es mucho más pesado el tema. Como dice el señor Senador Atchugarry, en el proceso de discusión en este Parlamento surge la necesidad de establecer, para que esta situación sea igual dentro del régimen de las políticas comerciales y relaciones de países, un IVA o negocio igual a nivel nacional, porque así son los malditos acuerdos internacionales. Entonces, si allá pongo el 23%, acá también lo debo poner. De ahí surge el complicado desgaste intelectual para determinar cómo crear un IVA que no lo pague el productor. Es así que se da el descubrimiento -que es lo más difícil en todo este debate parlamentario- de que no se aplique a la materia prima que pasa la siembra. Actualmente, la carne tiene IVA y lo debe pagar el productor, de la misma manera que sucede con la oveja y el trigo. Así, surge un invento que dice no, que el IVA empieza después de la portera.
Vamos a ver si el aparato de la producción agropecuaria nacional puede entrar a funcionar. El señor Senador Atchugarry introdujo el ingrediente de que aparece el IVA para que el industrial procesador de verduras y frutas tenga la posibilidad de descontar el que le aplican a él a la salida. La única crítica buena que recibí -lo voy a repetir- fue de parte de los supermercados que dicen que aquí hay un paralelismo de dos sistemas, uno formal y otro informal -evidentemente, es inteligente la posición del director de las cadenas de supermercados- del cual él no participaba y yo sí. Ahí está la discusión de las grandes superficies; él compra mejor, tiene mayor volumen de adquisición y una mayor economía de escala que un frutero.
La doble -mala desde el punto de vista filosófico- posición de creación de los dos impuestos separados permite una vigilancia del precio a nivel del productor. Además, aparece el sueño de que pueda existir un crédito fiscal a las exportaciones, porque se tiene la aspiración de que aparezca una política exportadora para el sector granjero. Digo esto con enorme esfuerzo, porque como saben varios Senadores, filosóficamente estaría lejos de esto, pero siguiendo lo que hace pocos días expuso en el Senado el señor Senador Couriel, señalo que se puede ser liberal dentro de lo posible.
En este momento, las relaciones comerciales de productos-materia prima nos llevan a discutir un tema muy importante. Lamentablemente, vino un viento y enchastró la cancha. Sobre este tema ya he hablado con los trigueros. Una de las críticas que se podría hacer es que muchos otros sectores ya "embalaron" detrás de esto. Y ese será un problema que deberemos administrar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de determinar cómo seguirá trabajando la Comisión, quisiera hacer dos reflexiones. En primer lugar, no estamos muy de acuerdo con que los impuestos se aten a Fondos que pidan las corporaciones dentro del país, porque eso genera un antecedente que, creo, sugirió el señor Senador de Boismenu cuando habló de que otros sectores ya "embalaron" detrás de esto. Además, se torna algo peligroso y desordenado para la Administración. Crear un impuesto atado a un Fondo que será por tres años, no me parece correcto.
Entiendo que el señor Senador Couriel resumió muy bien cuál es la situación política y definió correctamente lo que quiere el Herrerismo: no desea impuestos; pretende que esto salga del esfuerzo del gasto público. Claro que se podrá opinar en cuanto a que esto generará mayor gasto luego de que se produjeron los recortes.
El temperamento que podríamos adoptar en la Comisión sería el de repasar la última versión del Gobierno -cada Partido ya tiene la propuesta del Herrerismo- y avanzar artículo por artículo cerrando la discusión que podamos tener y las dudas que se puedan generar.
No sé si hay voluntad de parte del Gobierno para plantear este tema en una sesión extraordinaria. No queremos que esta propuesta del Herrerismo se tome como un intento por dilatar la resolución del problema. Coincido con el señor Senador Couriel en cuanto a que debemos adoptar una decisión cuanto antes, por sí o por no.
Si tuviéramos una respuesta del Poder Ejecutivo, estaríamos en las mejores condiciones para poder discutirla el fin de semana y contestar el lunes por sí o por no -ya sea con respecto a la iniciativa del Gobierno como su respuesta frente a nuestra propuesta- con el objetivo de definir el tema tanto en la Comisión como en el Plenario.
Nosotros no queremos que la propuesta que hoy presenta el Herrerismo sea dilatoria de resoluciones que sabemos que son urgentes. Entonces, propongo que el lunes se pueda trabajar, aunque no sé si eso es factible. Si se quiere trabajar de mañana en la Comisión y de tarde en una sesión extraordinaria del Plenario, desde ya cuentan con nuestras firmas.
Pero para votar el lunes necesitamos, repito, una respuesta del Poder Ejecutivo sobre las sugerencias y el memorándum que presentó el Herrerismo, de tal modo de poder estudiarla el fin de semana para estar en condiciones de definir este asunto.
SEÑOR COURIEL.- Propongo que se avance en la información, si no formalmente en esta Comisión, por lo menos que nos estemos comunicando informalmente. Personalmente, el lunes a las 18 y 30 tengo una reunión de bancada donde se va a definir el tema. Por tanto, pediría que se realizara una reunión formal el martes de mañana para ver si podemos adoptar una resolución. Si esto es así, el miércoles el tema estaría a consideración del Plenario.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Entonces, dejaríamos sin efecto la sesión ordinaria del miércoles y citaríamos a una extraordinaria para tratar este asunto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Estaríamos de acuerdo -por distintos motivos, nosotros, por ejemplo, porque tenemos que estudiar estas propuestas- en que el martes a las 10 de la mañana sesione esta Comisión y que suspendamos el orden del día de la sesión ordinaria del Senado para tratar este tema como único punto y adoptar una resolución definitiva.
A continuación, vamos a leer la última versión del proyecto porque tuvo correcciones y comentarios por parte Poder Ejecutivo. No comentaremos lo nuestro porque se trata de un memorándum. Respecto a la propuesta del Frente Amplio, no la tengo.
SEÑOR COURIEL.- Se la haré llegar, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, procederemos a leer por Secretaría el proyecto del Poder Ejecutivo mientras nos llega la iniciativa del Frente Amplio.
SEÑORA SECRETARIA.- "Artículo 1º) Créase el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja (FRFG) con destino a:
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no existe ninguna duda con respecto a este artículo, se leerá el 2º).
SEÑOR COURIEL.- ¿Por qué se están leyendo estos artículos, señor Presidente?
SEÑOR PRESIDENTE.- Porque hay algunas modificaciones de último momento y me pareció que podíamos ver, por lo menos, cuáles son las diferencias para comentar su justificación.
(Dialogados)
- La sugerencia de los señores Legisladores es que no sería necesario leer todo el proyecto, sino que sería mejor realizar un comentario de las diferencias surgidas de la última redacción, de modo tal de tener presente los conceptos manejados.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Con respecto al último proyecto que está a consideración, me comprometo a que, con los datos que se han solicitado de PRENADER Y PREDEG, haré llegar a los señores Legisladores un pequeño cambio de redacción que no hace a la sustancia en algún artículo porque, naturalmente, se ha seguido trabajando al respecto.
Lo que en sustancia se procuraba con los cambios es, en primer lugar, la transitoriedad. La razón de este ajuste de redacción es que es un poco raro decir que se aplica un impuesto y tal o cual literal con fecha cierta. En consecuencia, la idea es -esto está incluido en los últimos papeles que me han traído, por lo que no los puedo entregar ahora- que esto se aplicaría hasta el 1º de marzo de 2005, pero voy a proponer que sea hasta el 30 de junio, de tal forma que el próximo Gobierno -que tiene ese plazo para presentar su primer programa del Presupuesto Nacional- tenga dicho plazo para ver si decide seguir o no con lo establecido. Es decir que, en primer lugar, se busca que esto sea a término.
En segundo lugar, se establece que la totalidad de la recaudación esté dirigida al Fondo. Estos eran los dos aspectos centrales.
Tercero, se establece una participación de una Comisión Fiscal integrada por cinco miembros. Frente a lo que envió el Poder Ejecutivo, nos tomamos la libertad de incorporar a un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque nos parece que siempre tiene que estar presente, además del representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del de Economía y Finanzas y de los productores.
Estos son los cambios. A este texto se le efectúan algunas modificaciones como, por ejemplo, las variaciones del plazo de vigencia y algún otro ajuste menor de redacción que les haré llegar.
Además, en lo que vamos a hacer llegar, procuraremos recoger algunas de las inquietudes que se han planteado. Por ejemplo, tal vez sea bueno incluir una afectación más clara a algún programa. En ese sentido, si se quiere contribuir con el seguro agrícola -cosa que ya se dice- se puede avanzar un poco más e indicar que, al menos, tal cantidad de dinero o determinado porcentaje del fondo estará dirigido a tal fin. Dado que uno de los temas que nos pareció bueno identificar es el de seguro agrícola, tratamos que, en aras de otras cosas, luego no falte dinero para esos fines. Por lo tanto, tal vez se pueda plantear que no menos de equis cantidad de dinero sea destinada a esos efectos.
SEÑOR PRESIDENTE.- También nos es vital saber cuánto se pretende destinar del fondo, en la propuesta del Poder Ejecutivo, para el seguro agrícola. Lo consideramos importante para luego poder tomar posición al respecto.
Si bien hoy está presentado este proyecto de ley de DINAGRA y está presente su autor, quisiéramos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca nos diera rápidamente una opinión respecto a esta iniciativa presentada por el señor Representante Lacalle Pou.
SEÑOR LACALLE POU.- Con respecto al tema de los seguros a que hace referencia el señor Presidente, cabe indicar que antes de fin de año habíamos pactado un seguro contra granizo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Banco de Seguros del Estado.
En esa oportunidad dicho Ministerio se comprometió a subsidiar esa póliza mediante la aportación de un fondo de U$S 500.000. Además, habíamos logrado que se redujera la póliza en un 60%. Insisto en que su único fin tenía relación con el seguro contra granizo. Ahora, estaríamos extendiendo el seguro integral contra todo tipo de fenómeno climático. Por tanto, habría que hacer la evaluación correspondiente. En una consulta previa, se nos habló de un fondo de U$S 2:000.000, pero de todas maneras hay gente que tiene más conocimiento del tema que nosotros.
Asimismo, hay dos formas de instrumentar el seguro. Los productores reclaman -y nos parece bienvenido- que el seguro sea obligatorio. Entonces, ahí tendrá que haber un proyecto de ley para instrumentarlo. La otra opción es hacerlo obligatorio informalmente, y por tanto, al productor que no tenga seguro se le complicará la obtención de créditos en el Banco República por un efecto "carambola."
Pienso que estaría bien visto y sería bien acogido por los granjeros -todo dependerá del piso que tenga el fondo- el hecho de que la póliza sea reducida hasta un 70%, ya que antes se reducía en un 60%.
El otro tema que nos resulta vital -sobre todo cuando vemos los pronósticos sobre el clima- es que estaríamos consiguiendo esos recursos para solucionar lo que ocurrió hace tres domingos. Si no tenemos acollarado el tema del seguro agrícola, en cualquier momento se implementará otro impuesto como consecuencia de otro desastre. De modo que este fondo y los créditos serán, como se decía en la Comisión y en el Senado, otorgados inmediatamente después de instrumentado el seguro, ya que de lo contrario tendremos que correr nuevamente detrás de la liebre en procura del dinero.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Comparto lo que plantea el señor Representante Lacalle Pou.
Tengo la impresión de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está considerando una cifra no menor a U$S 2:000.000 a esos efectos; ese es un elemento a considerar. Por esa razón yo abría la puerta, en el sentido de que se dijera en este primer artículo que un 15% o 20% de la recaudación, o no menos de U$S 2:000.000, se destinará a esos efectos. Se trata de uno de los asuntos a acordar en estos aspectos.
En este esquema, más allá de la parte institucional, que más o menos está clara con la incorporación de esta Comisión Fiscal a través del artículo 5º, la mecánica que se había planteado para que esto funcionara -porque, naturalmente, el fondo va a tardar en generar un flujo de recursos- era implementar préstamos. Se estaba pensando -y por eso el proyecto de ley hace precisiones muy claras- en exonerar de todo tributo a esos préstamos -tales como el IMABA y el IVA, entre otros- así como de la exhibición de comprobantes de DGI y Banco de Previsión Social; en fin, todo lo que se requiere a efectos de dar una rápida respuesta y de expandirla. Hay que tener presente que más allá de lo que sea una contribución -con cargo a este impuesto- que se dé al agricultor, éste puede -y seguramente va a pasar en muchos casos- no tomar el préstamo exactamente por la cantidad estrictamente necesaria en base a la consideración de los daños para hacer las reparaciones del caso, sino también para cubrir lo que le corresponda pagar y destinar una parte a otras mejoras. Se advertía que podía haber una respuesta muy rápida y en base a ello se identificó que la mecánica fuera un préstamo exonerado de todo lo que mencionamos anteriormente, cuyo repago lo hace parcialmente el productor y otro tanto el fondo. La idea es que haya un año de gracia para poder reconstituir la situación. Eso es lo que se manejó y en función de ello se incluyeron las normas en el proyecto de ley.
En cuanto al tema del IVA, creemos que ya ha sido explicado. Más allá de algunas aclaraciones puntuales, me permito recordar que se excluyó del sistema la vid y el citrus porque, por su dimensión, si quisiéramos hacer una restitución de IVA a la exportación de este último, no alcanzaría el dinero de todo el fondo. Además tiene sus propios mecanismos y facilidades, así como INAVI tiene los suyos, como una tasa que hace poco votamos, pero ya no sobre el producto natural, sino sobre los vinos. En consecuencia, pareció prudente dejar afuera a esos sectores. El resto estaría incorporado.
Insisto en que se implementa un crédito del 100% al productor, que se ha tratado de simplificar al máximo -como bien lo explicaron los contadores- y con respecto al cual no hay cambios, salvo el que refería.
A grandes rasgos estas son las novedades, pero no abundaré en más explicaciones porque ya lo hicieron los contadores cuando concurrieron oportunamente a la Comisión.
SEÑOR GALLINAL.- Un tema que no me convence mucho es que sea la Corporación Nacional para el Desarrollo la que administre el fondo. Me parece que ese organismo se creó con otros propósitos y bastante lo hemos desnaturalizado en el correr de los últimos años con algunas modificaciones que le hemos hecho. Me gustaría saber si existe de parte del Poder Ejecutivo la posibilidad de negociar una propuesta alternativa para el manejo de los recursos. Más aún; en lo personal, pienso que los mismos tendrían que ser administrados por el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Recordemos que el señor Ministro vino a esta Comisión para hacernos un pedido dramático sobre la necesidad de establecer el impuesto para conformar el fondo y, como consecuencia, creo que asumió la responsabilidad de su correcta administración. Pero por sobre todas las cosas, lo que a todos nos preocupa es poder tener la convicción y la seguridad de que el Ministerio de Economía y Finanzas va a verter efectivamente los recursos para que el fondo pueda funcionar.
En este sentido, bien podría formarse la Comisión Fiscal a que alude el artículo 5º, con una representación distinta, pero podríamos pensar en la posibilidad, reitero, de que el administrador fuera el propio Ministerio. Dejo esta idea planteada, y quizás el próximo martes podamos traer una propuesta alternativa, pero reitero que no me convence que sea la Corporación Nacional para el Desarrollo la que administre los recursos.
SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión queda convocada para el próximo martes a la hora 10.
Se levanta la sesión.
(Así se hace. Es la hora 11 y 47 minutos)
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |