SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Correa Freitas).– Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 19 minutos)

Corresponde, en primer lugar, proceder a la elección del Presidente de la Comisión de Hacienda.

SEÑOR COURIEL.– Propongo al señor Senador Astori.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Correa Freitas) .– Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Astori)

SEÑOR PRESIDENTE.– A continuación, corresponde elegir al Vicepresidente de la Comisión.

SEÑOR PEREIRA.– Propongo al señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.– Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

A continuación, pasaremos a considerar el proyecto de ley que grava a las frutas y verduras para financiar el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja.

Tiene la palabra el señor Atchugarry, Presidente en ejercicio del Cuerpo, para hacer una exposición al respecto.

SEÑOR ATCHUGARRY.– Estamos entregando documentación a Secretaría con el fin de que sea repartido el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que está a consideración del Cuerpo, al que se le han introducido algunas modificaciones, consecuencia de los contactos que se ha realizado con los sectores políticos y productivos.

Mientras esperamos que se hagan los repartidos correspondientes, me permito señalar que algunas de las modificaciones sustantivas que se plantean al proyecto de ley en consideración son, en primer lugar, la canalización de la totalidad del producido en virtud de la modificación tributaria propuesta en apoyo al Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. Como recordarán los señores Senadores, ese apoyo estaba limitado a U$S 5:000.000 anuales, mientras que el resto de los recursos se destinaba a bajar otros impuestos. Entonces, surge la idea de que la totalidad de lo producido en virtud del impuesto sea afectado a este Fondo, que estará administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, siguiendo las directivas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y contando con la participación preceptiva, en la conformación de esas políticas, de los productores agrupados en lo que hoy es la Junta Directiva de la Junta Nacional de la Granja.

También se crea una Comisión Fiscal integrada por el Poder Ejecutivo y por los productores, a los efectos de que la dirección sea absolutamente transparente y que la recaudación se destine al Fondo.

Por otro lado, señor Presidente, se introduce la transitoriedad. Naturalmente, la idea es que existe una necesidad de dinero muy importante, no sólo por los daños causados por la turbonada de marzo, sino también porque es preciso dar un primer empujón o impulso a los efectos de que la granja nacional pueda alcanzar otros niveles de producción. En función de esto, se tiene la idea de que el rendimiento podría situarse entre U$S 13:000.000 y U$S 15:000.000 anuales.

Además, se propone que los recursos se voten por tres años, de tal manera que estarían en el entorno de los U$S 40:000.000 o U$S 45:000.000 y, en definitiva, al ser a término la modificación del IVA, después quedaría en el Parlamento la decisión de si se continúa o no con este sistema. Pero la idea es que se requiere mantener durante tres años este nivel de aproximadamente U$S 15:000.000 de recursos permanentes para cumplir con el programa que se entiende que es prioritario para la granja. En consecuencia, se piden los recursos a término y que se destinen completamente a la granja.

Estas son las novedades con respecto al proyecto de ley que fuera extensamente informado en la reunión anterior.

También queremos reiterar que, a juicio del Poder Ejecutivo, la expresión de los Partidos políticos en el Parlamento se funda en que esto es de extrema urgencia a los efectos de contar con una base de apoyo para poder ofrecer una atención sin costo. Naturalmente, esa atención hoy está disponible para los productores, pero por la vía de los bancos oficiales, lo que implica cumplir con determinados requisitos y tiene ciertos costos.

En consecuencia, la idea es llegar a un entendimiento político que, aunque no esté terminado el proceso del tratamiento de la ley, le permita al Poder Ejecutivo, con tranquilidad, poder ofrecer una ayuda no reembolsable de esta dimensión, a los productores. Insistimos que en un plazo de tres años vamos a llegar a más de U$S 40:000.000.

Estos son los aspectos que el Poder Ejecutivo quería transmitir a la Comisión, a través de quien habla.

SEÑOR PRESIDENTE.– Está a consideración el planteo realizado por el señor Senador Atchugarry. Se supone que el texto del proyecto de ley va a ingresar formalmente al Senado en la sesión de hoy.

SEÑOR ATCHUGARRY.– La idea que teníamos algunos Legisladores era hacerlo nuestro, a los efectos de ir más rápido, porque la iniciativa ya está; simplemente, hay un cambio de destinos que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Entonces, en la misma sesión de hoy, los señores Senador que puedan y deseen hacerlo –entre ellos, el señor Senador Barrios Tassano– firmar este proyecto de ley y plantearlo como sustitutivo dentro de la Comisión, por más que su origen sea del Poder Ejecutivo, lo cual nos interesa señalar.

SEÑOR COURIEL.– Hemos venido estudiando este proyecto de ley que propone cobrar el IVA a frutas y verduras y entendemos que, prácticamente, es un proceso de protección a la producción nacional. Pensamos que la granja, como tantos sectores del país, está pasando por una situación extremadamente difícil. De manera que desde ese punto de vista, quisiéramos explicitar en el día de hoy la presentación de un proyecto de ley que propondremos esta tarde en el Senado. De este proyecto de ley, solo voy a leer un artículo, que me parece es el centro de este tema. Estamos buscando defender a los granjeros, tratando de atender las carencias que en este momento tienen e intentamos hacerlo con una financiación distinta, en esta primera instancia, a la que presenta el Poder Ejecutivo. Como entiendo que este es el tema central, no voy a avanzar en otros aspectos. El artículo 9º, que refiere al financiamiento, diría que el fondo de indemnización para los granjeros, se financiará en forma indirecta por medio de una contribución al Banco de Previsión Social de las sociedades anónimas, sin personal, propietarias o administradoras de inmuebles. Estas serán gravadas por lo menos por un Director, sobre la base de un aporte mínimo, equivalente a 20 bases fictas de contribución, categoría 3 del BPS.

En ese sentido, el monto que se piensa recaudar tendría un tope de U$S 20:000.000 anuales, que estaría destinado a atender a los productores granjeros.

Esta sería la presentación que queríamos hacer, simplemente, para poner arriba de la mesa un texto que se va a presentar en el Senado en el día de hoy.

SEÑOR ATCHUGARRY.– Sin perjuicio de los análisis que esta fuente de financiación seguramente recibirá, quisiera hacer dos o tres comentarios porque, naturalmente, hemos leído este tema en la prensa de ayer.

En primer lugar, el recurso en sí mismo refiere a sociedades que son tenedoras de inmuebles. Francamente, creo que son muy pocos los fondos que se pueden obtener, por tres razones. El proyecto propone hacer una contribución al Banco de Previsión Social sobre una base ficta muy alta. Lo primero que va a acontecer, en el mejor de los casos, es que una sociedad, frente a esa opción, simplemente, se inscriba en cualquier otro rubro y pasa a tener un monto de imposición diez veces menor, con lo cual, nada se recauda. Lo segundo que va a pasar, señor Presidente, es que probablemente la mayoría, como no precisa certificados porque son sociedades que detentan inmuebles, no se inscriba; entonces, el día en que vayan a vender el inmueble, se plantearán el problema. En tercer lugar, si se quiere sacar con esas sociedades U$S 20:000.000, pueden pasar dos cosas: simplemente las ponen a nombre de personas físicas o a nombre de sociedades extranjeras, domiciliadas en el extranjero. Es probable que buena parte de estas sociedades sean propiedad, a su vez, de extranjeros, y el caso de Punta del Este es muy notorio, puesto que allí y en Maldonado son de argentinos a los que, como es obvio, no les vamos a sacar ni un centavo, menos aún en la presente circunstancia.

En cualquier caso, tampoco es un ingreso neto porque cuando uno se inscribe en el Banco de Previsión Social, a lo primero que tiene derecho es a que todo el aporte personal se capitalice en una AFAP; y, también, a que se le pague el recibo de la mutualista y la Asignación Familiar porque, insisto, se trata de personas jurídicas. O sea que lo que se inscribe es un director, es decir, un empleado de la sociedad y, en consecuencia, no se le puede negar los derechos que se le otorgan a cualquier otro director.

Por consiguiente, del ingreso neto, deducidos todos los costos y transferencias, en el corto plazo no se podrá recaudar nada y, en el mediano, es muy poco lo que se podrá recibir por esta vía.

Pero, además, me permito señalar otro aspecto, y adelanto que no voy a decir nada nuevo a quienes están aquí, que saben mucho más que yo. Todos nos damos cuenta de que este recurso que se propone carece de la principal significación que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo: el efecto sobre los precios. Es decir que este recurso no opera en forma alguna como protección. Creo que está muy lejos de dar lo que se precisa; pero aunque mañana se planteara uno de otra naturaleza que, en los tiempos necesarios, pudiera generar la misma cantidad de fondos –y no es fácil imaginar una sociedad tan gravada–, en todo caso, no daría lugar a uno de los principales efectos que nos da este proyecto, que es generar un nivel de protección real en los precios, como se señaló en la sesión pasada por parte de algunos integrantes de la Comisión.

En fin, esas son las dificultades que veo: por un lado, no creo que pueda dar ni cerca los recursos, menos aun en los tiempos necesarios; y, por otro, priva de uno de los beneficios que trae esta iniciativa –más allá de que se esté de acuerdo o no con ella– en cuanto a generar en la práctica un margen de protección al precio de la producción nacional.

SEÑOR COURIEL.– Vamos a leer atentamente la exposición del señor Senador Atchugarry y a analizar sus argumentos. No obstante, quiero expresar que en la situación en que vive el Uruguay hoy, este impuesto no afecta los precios del consumo como sí el otro, lo cual, en este momento, en esta coyuntura, no es un tema menor.

Si bien es cierto que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo permite la protección de la producción nacional, también en esta coyuntura, dada la situación de Argentina en particular y el panorama cambiario, hay limitaciones en cuanto a la posibilidad de proteger por esta vía impositiva.

SEÑOR DE BOISMENU.– Lo primero que debo decir es que destaco las primeras palabras del señor Senador Couriel en cuanto a marcar la necesidad de trabajar para desarrollar este sector que, como se ha señalado en los discursos agropecuarios, siempre fue lamentablemente postergado.

También voy a intentar agregar algunos elementos que puedan servir a la discusión, puesto que esto va por el camino –como bien afirmaba el señor Senador Couriel– de lograr un objetivo importante.

El número de sociedades anónimas que pudimos detectar al día de hoy en estas condiciones se ubica en 14.000 y las posibles aportantes, 4.000. Ya en la primera discusión con jóvenes, como ha dicho el señor Senador Atchugarry, se planteó –en forma simpática hacia nosotros– la posibilidad de que esta sea una buena operación.

Honestamente tengo que decirles –porque creo que esto es una discusión mucho más importante que causar réditos políticos a grupos o personas–, que destaco de esto, no sólo la protección a que se refería el señor Senador Atchugarry, sino algún elemento más en el que pasa a ser discutible de dónde sale la plata. En este sentido, creo que el señor Senador Astori manejó algunos términos correctos en la última reunión, que nosotros reiteramos en la prensa en el día de ayer. Es difícil decir si el dinero sale del consumidor, porque ello dependerá del momento, de la demanda, de la oferta, en particular, de otros países. Repito que es difícil saber de dónde sale el dinero, y yo no me animo a decir que es del consumidor. Por lo tanto, quiero ser honesto y decir que la mejor crítica que he recibido trabajando en este proyecto de ley en los últimos tiempos, ha sido la de un inteligente Director de supermercado, que me señaló que comprendía esto pero que tenía un total desacuerdo, porque se mantiene –y por evidente que es, tengo que reconocer que es verdad– un doble sistema impositivo: por un lado, uno que él llama formal y, por otro, que denomina informal, en el cual hay una competencia deshonesta para los intereses de la gran cadena de supermercados. Este ha sido el crítico más importante que he encontrado en todas las reuniones, y reconozco que tiene razón; pero también tiene la razón de la sinrazón ya que, como gran vendedor, tiene la posibilidad de manejar los precios y los volúmenes de compra, y el pago a los proveedores.

Quiero agregar otro elemento, para que en esto haya mayor cristalinidad desde el punto de vista político.

Para manejar los números y la filosofía que encierra esto, deseo referirme a algo que creo es el tema más importante, que he denominado el IVA virtual. Por primera vez, la materia prima, el cien por ciento de la carne de un novillo, no tiene IVA. Ayer, y por supuesto que con autorización política, planteé el tema a nivel de las agremiaciones de productores y de cooperativas, que ayer de tarde tuvieron un encuentro muy importante aquí. La idea es seguir trabajando sobre el tema cebada y trigo, que es otro subsector que ha tenido enormes dificultades en los últimos seis años en el país. Es por esto que comienzo a preguntarme por qué no puedo hacer fondos de la harina de los productos importados a los efectos de desarrollar un sector que ha sido muy perjudicado y que tiene necesidad de caminar hacia delante. Entonces, como el sector cooperativo ya está trabajando en esta idea, no me gustaría que esto sea aprovechado políticamente sólo por una parte, puesto que llevará a discusiones bastante fuertes con respecto al futuro desarrollo de la producción agrícola – granjera y agrícola del país.

SEÑOR ATCHUGARRY.– Naturalmente que si vamos a tener un efecto precio, habrá algún impacto sobre el consumo; y digo alguno porque en principio el impacto no iría todo sobre el consumo de la fruta y verdura importada. También es cierto que hay margen de comercialización del cien por ciento. Por lo tanto, uno no está convencido de que la totalidad se trasmita al consumo, que es algo similar a lo que sucedió con el COFIS. Si uno mira el costo de vida y, en especial, de los artículos gravados por este impuesto, podrá advertir que, en muchos casos, no hubo un gran traslado.

Por supuesto que a largo plazo todo se termina trasladando. Sin embargo, en la especial circunstancia en que nos encontramos y con márgenes de comercialización tan abultados –que son realmente sorprendentes; a medida que comenzamos a estudiar estos temas nos llama poderosamente la atención la cadena intermediaria que existe–, decimos que tal vez, y como decía el señor Senador de Boismenu, estamos poniendo en práctica un doble sistema impositivo que intencionalmente genera una diferencia a favor de la producción nacional y de la cadena formal, con un sistema tributario más suave. No sé hasta qué punto una parte no será absorbida de las márgenes tan abultadas. Por supuesto no puedo negar que tarde o temprano algo va a ir al consumo, pero no me atrevería a decir que los U$S 15:000.000 van a golpearlo. Seguramente, una parte va a quedar atrapada en disminución de márgenes de utilidad de importadores, intermediarios y supermercados. No sería leal pensar que algo no va a ir al consumo, pero no se va a trasladar todo.

En cuanto a la forma operativa, y dado que hoy ingresa el otro proyecto y estamos presentando modificaciones que me parecen relevantes, tomando en cuenta además las expresiones de buen ánimo del señor Senador Couriel, solicitamos que se mire esta nueva presentación y que en la reunión que tendrá esta Comisión el próximo jueves se introduzca este punto. Perdóneseme la insistencia, pero es fruto de que, naturalmente, el fenómeno climático fue hace 30 días. Quisiéramos tener la respuesta ya. Incluso, hasta se puede considerar, de alguna manera, que tendría que haber más respuestas, pero el Gobierno pide al menos una definición política sobre el destino de este impuesto para, con mayor confianza, ir adelantando los fondos, sabiendo que tarde o temprano tendrá una vía de retorno, habida cuenta del estrecho margen que tiene en otros aspectos.

Por lo tanto, dejo presentada esa solicitud de comprensión y de ayuda para que la Comisión trate ese tema el próximo jueves.

SEÑOR MICHELINI.– Sin pretender generar polémica, me parece que con un instrumento no se pueden lograr cuatro o cinco objetivos a la vez. Si tenemos una cuestión de emergencia, como se está planteando, hay que actuar y procurar obtener los fondos de otros rubros. A vía de ejemplo, en el caso de las campañas de vacunación, si se tiene que vacunar se compran las vacunas correspondientes con el costo que tengan, y luego el país verá cómo las paga. Entre otras cosas, tratará de ahorrar en los Ministerios rubros que no sean tan esenciales, a fin de ayudar, por ejemplo, en el tema de la vacunación o a los damnificados por un tema climático que devastó sus hogares.

El segundo elemento a considerar es que, si el asunto a tratar es el fomento a la granja y una de las partes del proyecto es su financiación, veamos cuál es la mejor. En este caso, se ha presentado una financiación distinta, de la que me estoy enterando en este momento y que discutiremos el próximo jueves. Parece que el fomento de la granja concita adhesiones, pero todavía no las financiaciones correspondientes.

El tercer aspecto a tener en cuenta, y por eso digo que hay que definir el objetivo, es si con esto corregimos los precios de afuera frente a los internos, tratando de fomentar el tema nacional. Hagamos un poco de historia. El Gobierno, a través de la devaluación, reconoce que hay una distorsión de precios y que a diciembre de este año hará una corrección cercana al 33%. Por lo tanto, las frutas externas frente a las internas, en diciembre de este año van a tener una corrección del 33%, tema que no es menor. Es claro, se dirá que frente a la devaluación argentina no hay con qué darle. La discusión que tenemos respecto al tema de los precios relativos, sobre todo a la devaluación argentina, si esa distorsión se llevará a diciembre, habrá que determinar si se espera hasta ese entonces o si nuestra producción nacional la necesita hoy a través de diferentes mecanismos . Se reconoce que hay una distorsión, se pone un instrumento y algunos, entre los que se encuentra el Nuevo Espacio, decimos que no alcanza, pero para toda la producción y no solamente para un sector. Se piensa que con esto vamos a corregir un agregado de la distorsión de precios. Por un lado se dice que esto va a impactar poco, por lo que entonces nada tendrá que ver con la distorsión de precios entre lo extranjero y lo nacional; pero por otro se indica que va a ayudar a la producción nacional porque va a generar un plus que en los supermercados quizás alcance un 7%. Si esa es la distorsión que hay que arreglar con respecto a la producción nacional, creo que hay otros instrumentos mejores para usar en lugar de este. Si el problema es que en estos meses necesitamos un 7%, busquemos otros instrumentos que, para el conjunto de los artículos y no sólo para las frutas, nos permita corregir esa distorsión. Y si el problema es que para esto necesitamos ya un 7%, cuando lleguemos a diciembre van a tener un 33% más el 7% en la diferencia entre frutas y verduras extranjeras y nacionales. Entonces, me pregunto: "¿Hay que castigar todavía más en este caso algunos elementos, algunas frutas que son esenciales para la alimentación de la niñez?" Me da la sensación de que hay un instrumento y que con él se quieren cumplir varios objetivos. Si se dice que se trata de una emergencia nacional, busquemos otros mecanismos y luego veremos cómo damos recursos al Gobierno para que la atienda. Si se trata de un tema de fomento a la granja podemos ver más detalles y cómo lo financiamos. Si el financiamiento hace la corrección de precios, me parece que ésta va por otro lado, y no solamente en el tema de las frutas y verduras extranjeras; la distorsión de precios que tenemos en todo el MERCOSUR, entre otras cosas también genera una distorsión en el tema del contrabando que va a hacer estragos.

SEÑOR ATCHUGARRY.– A veces me siento un poco confundido. No tengo dudas de que en ortodoxia liberal absoluta el cambio de precios relativos librado absolutamente al mercado produce los equilibrios correspondientes. Es lo que está diciendo, por ejemplo, Végh Villegas: "Déjense de embromar; quiten todos los reintegros de las importaciones y devalúen todo lo que tengan que devaluar." Se trata de una mecánica.

Señalo que esto no tiene referencia a ese cambio de precios relativos, si se hace por cambios fijos, con cambios deslizantes, preanunciados, liberalizar y demás. Seguramente, hay gente que está más capacitada desde el punto académico para hablar del asunto, pero diré que cualquiera sea el nivel de precios relativos, con esto se procura corregir asimetrías que también son de carácter fiscal. Este régimen es el que rige en Argentina antes, durante y después de hoy y cualquiera sea el nivel del tipo de cambio. Lo propio ocurre en Brasil. Prácticamente rige en todos los países con los que tenemos relación. Digo esto, porque hay mecanismos de subsidios y de protecciones con los cuales el Uruguay siempre ha estado en contra, pero también siempre ha perdido. Los Acuerdos de Marrakesh son una clara muestra de ello. Asimismo, las pocas ganas que tiene la Comunidad Europea y los propios Estados Unidos de seguir reviendo este asunto hace que uno tampoco pueda considerar eternamente que no va hacer nada en materia fiscal

Me permito señalar que la diferencia no es un 7%. Este porcentaje es la estimación que, en más, le va a salir al supermercado vender las frutas nacionales respecto de los comercios que no gravan IVA. Como obtiene un crédito sobre el valor base de producción, lo que va a estar gravado con IVA van a ser sus gastos operativos, el descarte, etcétera. Quiere decir que si compró a 100 y vende a 200, el IVA se aplicará sobre los 100 adicionales. Entonces, sobre el producto final digamos que es el 11,5, pero como el supermercado descuenta IVA en forma indirecta, se estimó que el diferencial neto sería del 7% respecto a las ferias o al pequeño comercio. No hay duda que en el momento de importar las frutas y verduras, se va a gravar con un 33%: 23% por concepto de IVA y 10% por adelanto. Deseo destacar que el diferencial es mucho mayor en este último proyecto. Si todo lo que se cobra en la Aduana lo entregamos para subsidiar a nuestra granja, al final nuestros granjeros obtienen un efecto precio por este instrumento en la sumatoria de un arancel –porque esto funciona así– y el producto neto va para ellos. El diferencial es lo que se cobra en la Aduana y que, a su vez, se les da a ellos. Realmente, el tipo de cambio en Argentina es un problema. Sin embargo, lo relativo al tomate industria que se trae de Europa, no representa un problema cambiario, no se trata de que el trabajador europeo, en dólares, gane menos, sino que todo ello obedece a los subsidios.

SEÑOR MICHELINI.– Cuando se menciona la existencia de algún sistema impositivo en países cercanos, debo recordar que muchos de ellos tienen todos los climas por lo que seguramente poseen en el mercado interno todas las frutas y verduras. Como sabemos, eso no ocurre en Uruguay. Además, en el caso de la banana –producto esencial para la alimentación de los niños– no hay sustituto. Entonces, se me ocurre que quizás podría dejarse fuera de este gravamen a la banana. Confieso que si se hiciera eso, no sé si no estaríamos en condiciones de votar el proyecto. Lo que sucede es que no tiene los efectos fiscales que se buscan. Debemos equilibrar varias cosas y, si lo logramos, quizás lleguemos a un acuerdo; de lo contrario, se verá qué mayoría existe para respaldar el proyecto. Creo que es necesaria una corrección de precios, y tal vez a un ritmo mayor. No estoy de acuerdo con dejar el dólar librado al mercado, sino que quiero un piso más alto para dar certidumbre a los exportadores. Si hacemos la corrección monetaria correspondiente y la banana va a estar por encima de un 30% más cara y, además –como manifestó el señor Senador Atchugarry–, como el importador va a pagar por adelantado, lo que tiene un costo que indudablemente se va a sumar al precio, el costo de este alimento se va a multiplicar y lo va a pagar el consumidor. Personalmente, no quiero eso. No creo que el Uruguay pueda producir todas las cosas. Indudablemente, esto funciona como una especie de arancel. Por otra parte, todos somos conscientes de que las correcciones monetarias no llevarán implícita una adecuación de los salarios. En definitiva, estamos sacando de la alimentación familiar, en un momento muy difícil, un producto esencial. Soy muy respetuoso de los argumentos de los demás y creo que algunos son de mucho peso, pero políticamente entiendo que no se debe hacer esto. Insisto, si se exceptuara a la banana, quizás pudiéramos acercarnos mucho. Asimismo, si los nuevos impuestos que se están planteando no generan ese agravamiento del consumo, tal vez podamos llegar a un acuerdo.

SEÑOR CHIESA.– Advierto la preocupación del señor Senador Michelini con relación a la importación de banana. Evidentemente, es uno de los rubros de mayor importación dado que de un total de 30:000.000, 12:000.000 corresponden a ese alimento. A su vez, deseo destacar que es el rubro con mayor fluctuación de precios en el mercado. En virtud de que es un producto que no se puede guardar, muchas veces se venderá a pérdida del importador. Se trata de un alimento que madura rápidamente, por lo que su comercialización debe ser inmediata. Hoy en día ya podemos apreciar que un día vale $ 6 y a la semana siguiente $ 3 o $ 4. Por lo tanto, no creo que esto perjudique el consumo.

Además, esta ley procura proteger y ayudar en un momento muy difícil que está viviendo la granja nacional. Este arancel entre comillas que es el IVA, representa la puesta en práctica de lo que tanto reclamó el sector productor. Esa pérdida enorme que ha tenido la granja nacional se ha ido incrementando en forma permanente. En estos últimos seis meses ha sufrido enormes pérdidas debido a las granizadas de octubre y diciembre, a vientos huracanados y lluvias muy abundantes. Es así que no se puede plantar y lo más importante es que no sabremos cuál es el efecto real hasta la próxima primavera. Si esta saturación del suelo por el agua continúa, habrá una pérdida enorme en la fruticultura.

Creo que debemos dar un mensaje claro porque el productor viene reclamando el seguro agrícola desde hace muchos años. Indudablemente, esto contribuye a tener un seguro en la granja, lo que permitirá que la producción continúe y el productor advierta que, ante cualquier eventual efecto climático –que en los últimos meses se ha dado continuamente–, cuenta con los fondos adecuados para recibir apoyo. De esa forma, evitaremos que ante cada granizada deban golpear las puertas del Ministerio o de los despachos de los Legisladores para averiguar qué ayuda podrán recibir. Insisto, con esto damos tranquilidad porque si la situación actual continúa, muchos productores van a desaparecer y el consumo va a sufrir. Es lo que está ocurriendo ya, porque falta material de producción, lo que encarece los precios.

Por tanto, tenemos que ayudar a la producción nacional para que en el futuro se reduzcan los precios y mejore la calidad. Digo esto, porque lo siento y lo he vivido; durante 10 años he integrado la Junta Nacional de la Granja, y esto que hoy se plasma en este proyecto de ley atiende los reclamos que durante ese período nos han hecho los productores. De lo que se trata es de bajar el costo de producción y crear un fondo de seguro. A mi juicio, esto es lo que necesita la granja con urgencia.

Estos efectos climáticos no dan descanso a los productores nacionales, pero en el caso particular de la granja se está necesitando un apoyo especial, a fin de darles tranquilidad para que continúen con su trabajo. Si no se les dice que la política en el futuro será de protección y de seguridad, y que para eso se creará un fondo, muchos productores se desestimularán y el consumidor se verá aún más perjudicado.

SEÑOR MICHELINI.– Aclaro que no discuto las bondades del proyecto de ley. Tenemos reparos sobre su financiación. Después de dos años de gobierno se nos ha dicho que si este proyecto no se vota con esta financiación, la granja va a caer. Pero, ¿no es posible buscar otra financiación? Deberíamos tratar de ver cuál es la mejor. Reitero que no discuto las bondades del proyecto con respecto a sus objetivos vinculados a la granja. Se necesitan U$S 15:000.000; ¿de dónde los sacamos? Además, antes se solicitaba una suma menor. ¿No se puede discutir este punto? ¿No podemos poner una luz amarilla acerca de los mecanismos de financiación para lograr estos objetivos? ¿No debería encontrarse una forma de reducir los impuestos? Quizás, al final terminemos convencidos de que esta solución es la mejor pero, ¿no habría que bajar otros impuestos, que todos reconocemos que son malos? ¿Si no se vota ya, la granja va a tener una pérdida de tal magnitud? Quien habla representa a la fuerza política más pequeña del país, y en el Senado es su portavoz absoluto. Podrán ser muy nobles los objetivos, pero discrepo en cuanto a su financiación. Quizás esté equivocado.

SEÑOR PRESIDENTE.– La Mesa sugiere que el señor Senador Atchugarry finalice su exposición.

SEÑOR ATCHUGARRY.– Si me permiten, quisiera responderle al señor Senador Michelini.

No objeto el razonamiento que se ha seguido en este proyecto de ley. En realidad, no pretendemos tener la verdad absoluta en nuestras manos. Lo que decimos es que, en la práctica desde hace 10 años, cuando votamos el MERCOSUR todos sentimos que había un cronograma ordenado que iba a abarcar a toda la producción, la cual debería ir ubicándose en función de ventajas comparativas. De esa manera, cada país iba a ir ordenando su producción. La idea era que cada país produjera en las mejores condiciones. Hoy tenemos una realidad muy dura; frente al fracaso de tratar de desmantelar las protecciones fiscales que han armado los otros países, no con un sentimiento de alegría sino de frustración es que se ha planteado este proyecto de ley. Ocurre lo mismo que cuando propusimos el COFIS. Cuando votamos el Tratado de Asunción la realidad era diferente. No hemos querido tomar medidas espejo, pero nos hemos visto acorralados frente a estas crisis. Persisten las trabas arancelarias y no arancelarias de nuestros vecinos y llega un momento en el que comienza a gestarse cierto grado de preocupación.

Reitero que, quizás, este proyecto no sea la mejor respuesta; no estamos diciendo que este es el país que hemos soñado, sino que estas medidas nos van a permitir construir uno mejor. Quizás se nos diga que no podemos endeudarnos más. Reconozco que el tema es muy opinable y confieso que me siento un poco incómodo, porque este no es el país que quisiéramos tener. En realidad, estamos diciendo que estas son las opciones que nos dejaron nuestros vecinos; sean buenas o malas, la coyuntura nos llevó a ellas. El Gobierno, simplemente, ha tratado de transitar esta difícil situación a través de este proyecto de ley.

SEÑOR DE BOISMENU.– Estoy de acuerdo con lo que ha señalado el señor Senador Atchugarry. Respeto lo que ha planteado el señor Senador Michelini acerca de que una parte de los fondos se destine a bajar los impuestos. El proyecto de ley original tenía ese objetivo. A esta altura, tal vez el tema que tengamos que discutir es hacia dónde va el producto de esta operación. Es respetable pensar que la reducción del IRP es un elemento que podría ayudar en caso de que aumentaran los productos al consumidor.

El señor Senador Michelini también se pregunta por qué aparece esto como tema central para solucionar la dramática situación del vendaval en el departamento de Canelones. Siempre dije que quizás eso fue efecto de la prisa del Poder Ejecutivo para solucionar en forma directa el problema. Pero esta iniciativa es mucho más importante que esa tragedia, porque detrás hay un tema filosófico. Incluso, hemos recibido varios golpes de colegas del señor Presidente de esta Comisión que opinan totalmente distinto. Así lo han manifestado en la prensa, ya que tienen un pensamiento filosófico distinto desde el punto de vista económico, con excepción de una persona, posiblemente alumno del señor Presidente, que asesora a las Cooperativas e integra una consultora, quien manifestó en el día de ayer que participa totalmente de esta idea. De manera que hay cierta permisividad en las nuevas generaciones. Entonces, creo que el pecado pasa a ser menor; a medida que van pasando los años, los pecados y las virtudes van yendo de un lado hacia el otro.

Sostengo que el camino propuesto en este proyecto de ley tiene aspectos filosóficos mucho más importantes para la producción nacional que la cantidad, en sí, que se obtenga y los mecanismos que se utilice para ello. Es discutible el control del dinero que está relacionado con esa operación, así como su destino.

Muchas gracias.

SEÑOR PEREIRA.– Pienso que si un granjero estuviera aquí sentado saldría un poco triste porque, a mi juicio, esta discusión va a ser un poco larga en razón de los argumentos que se han estado desarrollando. Las urgencias y los problemas que tienen estas personas, a las que en cierta forma conocemos, son muy graves, señor Presidente. Por mi parte, no sé si esas urgencias permiten estas discusiones que se prolongan en el tiempo, ya que vienen de lejos, angustiados y con un poco de dolor y de ira. En este país, hoy, el subconsciente del distinguido señor Senador, lo lleva a hablar de "mi granja". Quizás con lo que allí se invirtió o se tiró, con más tiempo, se podrían haber resuelto muchos o todos los problemas que están golpeando la puerta de estos granjeros.

Por lo que he escuchado, los compañeros del Partido Nacional no le tenemos mucha simpatía al tema del IVA, ya que vemos que va y viene de un lado al otro; un día se piensa aplicar una cosa y otro una distinta, mientras que al final y en definitiva el Impuesto caerá sobre las espaldas de la gente que ya está bastante sacudida con todas estas cosas.

De todos modos, creo que el análisis de este asunto va a continuar y seguramente el señor Senador Larrañaga, que ha trabajado tanto en este tema, va a hacer un aporte muy importante; digo esto en función de algunas cosas sobre las que he estado conversando con él. Me afilio a la tesis de la urgencia y señalo que tal vez haya tiempo para discutir todas las teorías que se ponen sobre la mesa, pero hoy habría que buscar una solución como la que se encontró para el Banco Comercial. Pienso que perfectamente esto se podría encaminar hacia ese rumbo, a fin de resolver rápidamente el problema o, por lo menos, darle alguna solución paliativa, para dar tiempo suficiente a los efectos de que las distintas teorías –las expuestas aquí y las que vendrán– puedan resolver el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.– Como sabemos, este Cuerpo tiene a estudio un nuevo proyecto de ley que no altera el funcionamiento tributario analizado en detalle en la pasada sesión en la que contamos con la presencia del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y que trae consigo tres modificaciones. Por un lado, el destino de la totalidad de los fondos; por otro, la instauración de una Comisión Fiscal para controlar el uso de esos fondos y, finalmente, la temporalidad de esta propuesta, lo que seguramente dará pie a una evaluación al cabo de la misma y, naturalmente, a una definición eventual al respecto.

Por otro lado, tenemos un proyecto de ley alternativo que desde el punto de vista sustancial propone una fuente de financiamiento diferente pero que no altera los objetivos de apoyo a la producción granjera.

A mi juicio, los efectos sobre el consumo son teóricos porque, en verdad, todo esto depende mucho de las estrategias de consumo que elijan los consumidores ante la nueva realidad de precios. Entonces, tanto la recaudación del tributo del IVA como la reacción que puedan tener las Sociedades Anónimas tenedoras de inmuebles frente a un nuevo impuesto, son motivo de hipótesis, pero no se puede saber a ciencia cierta una cosa ni la otra. El señor Senador Atchugarry decía que ante una propuesta de gravamen a esas sociedades se van a practicar diversos comportamientos tendientes a no pagar el impuesto y lo mismo podríamos decir con respecto a los consumidores de frutas y hortalizas ante la vigencia del IVA. Aquí lo único seguro es el margen de protección del 33%, cifra objetiva que no depende de ninguna estrategia del consumo. La fruta y la hortaliza que ingresa debería pagar un 33% sobre su valor.

En función de todos estos elementos, en la próxima sesión del día jueves deberíamos valorar cuál es el mejor camino para nuestro país sabiendo que compartimos los objetivos de apoyo a la granja y que todos estamos buscando el financiamiento que menos altere, en forma negativa, la situación delicada que vive el país en este momento, tanto desde el punto de vista productivo como del consumo de estos productos.

Entonces, si no hay ninguna otra reflexión sobre este tema, quedaríamos convocados para el próximo jueves donde tomaríamos una resolución al respecto.

Se levanta la sesión.