SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 27 minutos)

Comenzando con el orden del día, corresponde designar Presidente y Vicepresidente de la Comisión. En esta oportunidad, la Presidencia corresponde al Encuentro Progresista-Frente Amplio y la Vicepresidencia al Partido Nacional. Consulto a los señores Senadores si hay acuerdo al respecto.

SEÑOR GOIRIENA.- Dado que estoy ejerciendo la suplencia del señor Senador Rubio, no he podido efectuar los contactos correspondientes en la bancada, por lo que no estoy en condiciones de tratar el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces posponemos este asunto para la primera sesión ordinaria de la Comisión del mes de abril.

Continuando con el orden del día, corresponde considerar la Carpeta Nº 698/2001. "Trabajadores de la Actividad Privada detenidos o compelidos a dejar el país entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Reconocimiento de los servicios prestados - Financiación. Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1340/2002."

Léase.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Las retribuciones personales de los funcionarios que han sido destinados a cumplir funciones en el exterior de la República, cualesquiera sea el Inciso u organismo público al que pertenezcan, constituyen materia gravada por el Impuesto a las Retribuciones Personales establecido por el artículo 25 del Decreto Ley Nº 15.294, de 26 de junio de 1982, en la redacción dada por el artículo 22 de la Ley Nº 16. 697, de 25 de abril de 1995.

Cuando los mencionados funcionarios perciban las retribuciones asignadas a los cargos de Embajador, Ministro o Ministro Consejero, las mismas también constituirán materia gravada por el impuesto creado por el artículo 587 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Se consideran comprendidas en los incisos anteriores todas las retribuciones percibidas por los citados funcionarios por concepto de sueldos presupuestales y diferencias por aplicación del coeficiente establecido en el artículo 63 de la Ley Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960.

Las retribuciones mencionadas serán giradas por trimestre adelantado.

Artículo 2º.- Derógase el artículo 23 de la Ley Nº 3.029, de 21 de mayo de 1906."

En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Si mal no recuerdo, este proyecto de ley salió a fin de año, con el reconocimiento a trabajadores de la actividad privada detenidos o compelidos a dejar el país entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 y quedamos en que se nos iba a enviar la financiación correspondiente. Pero después vino el ajuste fiscal -indepedientemente de quienes lo hayan votado y de quienes no lo hayan hecho- , que grava muchas de las cosas que se están gravando en este artículo 1º. Entonces, no sé si lo que se pretende es gravar de nuevo, porque por lo que sé, el Impuesto a las Retribuciones Personales, reitero, fue establecido en el último ajuste fiscal.

Me parece que acá hay algo que está mal.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Efectivamente, este proyecto de ley fue elaborado con anterioridad al ajuste fiscal y la extensión de la aplicación del Impuesto a los funcionarios que trabajan en el exterior, fue parte de los recursos de dicha ley, por lo que habría que considerar otra alternativa tributaria porque, como todos recordamos, votamos los egresos de esta ley, pero no su financiamiento.

En consecuencia, propondría que la Comisión consultara al Ministerio de Economía y Finanzas planteándole que, habida cuenta de que estos recursos fueron utilizados, se estudie uno alternativo. Mientras, quedaría en suspenso el estudio de esta Carpeta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si estamos todos de acuerdo, la Mesa hará los contactos correspondientes con el Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de ver qué alternativas presenta el Poder Ejecutivo con respecto a este proyecto de ley relacionado con la financiación de las jubilaciones de personas que estuvieron detenidas o tuvieron que exiliarse en el período 1973-1985.

El cuarto punto del orden del día es el estudio de la Carpeta Nº 710/2002 relativa a la mejora de los servicios públicos y de la Administración.

Pregunto a Secretaría si se dio entrada formalmente al proyecto de ley que fuera remitido por el Senado en la sesión de esta mañana.

SEÑORA SECRETARIA.- Acaba de darse entrada a este proyecto de ley y las carpetas ya han sido repartidas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse al proyecto de ley que acaba de ingresar a la Comisión de Hacienda sobre el impuesto a las frutas y verduras, tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Nosotros íbamos a solicitar a la Comisión que se invite al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas a los efectos de poder considerar este asunto, ya que por su origen no es de fácil tratamiento.

Claramente, la propuesta del Poder Ejecutivo no pretende mejorar o complementar el destino de Rentas Generales y, además, es un proyecto abierto en ese sentido. Dadas las prácticas de nuestros vecinos de gravar con IVA y otros impuestos el ingreso de frutas y verduras, existe el convencimiento de que usan dicho impuesto como una forma de protección. En Argentina, por ejemplo, el impuesto es devuelto al productor por parte del Estado, con lo que termina funcionando como un arancel. Más allá del destino de la recaudación, creemos que como instrumento es necesario, pero no es nuestro propósito introducir el debate en el día de hoy. Simplemente, queremos manifestar que, a pesar de que el instrumento sigue siendo el mismo que en la Ley de Responsabilidad Fiscal, hoy son otros los destinos y los propósitos. En señal de ello, además de buscar resolver definitivamente el tema del seguro agropecuario y ayudar a la integración horizontal y vertical de la granja -que son los destinos permanentes- se ha incorporado una colaboración para atender la emergencia de Canelones que, por supuesto, no será resuelta con el producido del impuesto, porque este es de lenta recaudación. El resultado del impuesto aseguraría la posibilidad de hacer un repago compartido con el Estado de la ayuda financiera que el Estado le dará rápidamente. No se trata de que si esto no se recauda, no hay ayuda, pero esta tendría que ser repagada por el productor, mientras que la idea del Gobierno es subsidiar buena parte con esto. Además, existen problemas prácticos para hacer llegar la ayuda. Por ejemplo, no se puede otorgar un préstamo bancario si la persona no está al día con la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la vacuna antivariólica y el dengue.

Me he tomado la libertad de hacer esta presentación, básicamente, para plantear que nuestro propósito, en una primera instancia, fue sugerir el mecanismo que procuraba que la producción nacional llegara sin este impuesto, por un sistema de IVA en suspenso o tasa cero, en el entendido de que quienes no pagan IRIC nunca se lo trasladan al público. Posteriormente, se consideró que existía una dificultad cierta y real que los productores podían tener con los demás integrantes de la cadena de producción, es decir, supermercados y, más ampliamente, contribuyentes de IRIC. La idea fue copiar a la Argentina, donde el productor vende al mismo precio de la feria, agregando el IVA. Partimos de la base de que el supermercado no va a pagar dicho IVA, porque no va a pagar más que lo que el feriante abona por el cajón. En función de ello, se asigna un crédito del 100% del IVA facturado por el productor al supermercado con lo que, en definitiva, hay una pérdida fiscal. El productor no paga IVA, pero trasmite el crédito del mismo al supermercado, lo que permite a este último vender las frutas y verduras nacionales sin impuesto, excepto sobre su ganancia, de la cual a su vez podrá deducir el IVA de sus propias compras y de los servicios generales.

En ningún caso el productor sufre el IVA y el consumidor tampoco lo paga, ni siquiera en el supermercado. De forma que el IVA nunca llega al público. En el caso del supermercado, hay un crédito automático del 100% al momento de facturar. En consecuencia, este Impuesto sobre la producción tampoco le llega al consumidor, ni siquiera, en el supermercado; le llegará sobre el margen de intermediación.

Además, esto tiene un subproducto. Por ejemplo, como el productor de tomates le va a facturar a la industria, también va a obtener el crédito del 100%. Entonces, en la cadena agroindustrial estamos introduciendo un subsidio de transferencia. Se puede dar el caso de que un productor venda tomates a CONAPROLE, lo facture más el 23% y ese porcentaje le será devuelto por parte del Estado; por lo tanto, se transmitió un margen de un 23% en la cadena agroindustrial ya que, obviamente, la industria puede descontar ese IVA.

SEÑOR ASTORI.- Si me permiten, desearía ratificar algunas características de esta modificación que se ha hecho respecto al proyecto precedente, que figuraba en la Ley de Responsabilidad Fiscal y que luego fue segregado.

La intención es que el consumidor pague solamente IVA por el producto importado. Esto significa que el consumidor final estaría pagando un IVA sobre frutas y hortalizas importados que adquiera para su consumo, no así por el producto nacional. En el proyecto de ley anterior pagaba si el producto circulaba a través de una cadena tributaria del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. Ahora, la gran modificación -digo "gran" porque es decisiva- consiste en prever, tal como figura en el artículo 11, un crédito fiscal del 100%. Esta es la principal modificación.

Más adelante, se indica que el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en la cual se controlará ese crédito. Esta frase es fundamental, porque si el crédito del 100% es automático al momento de realizar la liquidación, se debe instrumentar de tal manera que habilite al productor a facturar sin IVA al supermercado que le compra el producto. Si el que recibe el crédito fiscal es el productor a usufructuar dentro del período establecido, pero no se lo habilite a hacer la factura al supermercado sin IVA, estaríamos en la misma. El supermercado va a vender el producto con IVA. El consumidor final no podrá beneficiarse de ello, sino la empresa.

Entonces, es de fundamental importancia -este es el motivo de mi interrupción- no solo prever la situación que se indica en el artículo 11, que está bien hecha, sino también que la forma en que se controlará ese crédito fiscal habilite al productor a hacer la factura sin IVA.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que, efectivamente, es así. Lo que ocurre es que el productor, al facturar el IVA le transmite el crédito al supermercado y, a su vez, él no lo paga porque tiene un crédito automático. Hay un surplus que se ha incorporado, que es un beneficio extra para el productor, mediante el cual se le permite descontar el IVA de sus compras; por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, que es un insumo básico.

SEÑOR ASTORI.- Creo que el señor Senador Atchugarry utilizó una expresión mucho más rigurosa, ya que dijo que al facturar le transmite el crédito fiscal al comprador, en este caso, el supermercado. Esto debe quedar claramente establecido en la reglamentación, ya que no lo está en la ley. Quizás no estaría de más utilizar esa expresión en la ley. Digo esto a modo de reflexión; me refiero a la transmisión del crédito fiscal al sujeto pasivo de la renta.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que es así. Me parece que este es un proyecto de ley muy abierto; en realidad, es nuevo aunque utiliza el mismo instrumento. Posteriormente a la finalización de esta presentación, mostraré claramente cuáles son los destinos de la recaudación, con lo cual quedará claro que se trata de una disposición nueva. Tal vez, para mala suerte de este proyecto se utiliza el mismo instrumento que en el anterior, el cual, notoriamente, generó notorias resistencias. Lamentablemente, a veces, las resistencias se transmiten de un proyecto a otro, a pesar de que el objetivo de este es muy diferente al anterior.

SEÑOR DE BOISMENU.- Desearía aclarar algunas de las expresiones del señor Senador Astori.

Creo que es correcto lo que ha manifestado en su última interrupción, pero quisiera hacerle un agregado a sus primeras palabras. Pienso que la intención de este proyecto es que pague IVA el producto importado. Tal vez la duda que dejan las palabras del señor Senador Astori, es que también paga IVA la ganancia de la cadena, no la materia prima en sí. No quería que solo quedara constancia en la versión taquigráfica de que únicamente pagarían IVA los productos importados. En realidad, quería agregar que también paga la cadena de intermediación, tanto a nivel de los productos importados como nacionales. No se aplica el IVA a la materia prima inicial.

SEÑOR ATCHUGARRY.- A continuación, voy a finalizar esta breve presentación que no aspira a imponer puntos de vista, sino a explicar cuál es la intención que se persigue. Aclaro que para nosotros se trata de un proyecto de ley nuevo.

Originalmente, en la época de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se pensó que la recaudación de este impuesto daría U$S 23:000.000. Con las mecánicas de devolución del 100% del IVA, se piensa que dará U$S 15:000.000 aproximadamente, o menos. Se supone que va a haber una cierta derivación del consumo a favor del producto nacional. De hecho, aunque el Gobierno no podrá decirlo, esto funciona como un arancel.

Entonces, se supone que debería haber cierto mayor consumo de lo nacional y algo menos de lo importado. De manera que la estimación se basa en recaudaciones viejas. Por lo tanto, arrancará con U$S 15:000.000 y terminará con U$S 12:000.000 o U$S 10:000.000, en función de que se registrará un mayor consumo de productos nacionales y menos de productos importados.

Con respecto a los destinos propuestos, en primer lugar, se piensa crear un fondo de apoyo a la granja que, si bien tiene un gran compromiso inicial con la situación de Canelones, se aspira a que sea permanente. Tiene dos elementos que, a juicio del Gobierno, son de interés. Por un lado, se pretende que el productor no vuelva a estar desamparado, por lo cual se colaborará con el pago de las primas de seguros. Por otro, se desea ayudar a que algunas cadenas agroindustriales que hoy no están funcionando, puedan llegar a hacerlo. El ejemplo más claro que han puesto algunos productores es el del tomate-industria. Pero supongo que debe haber más casos; no soy el más adecuado para hablar de temas que no domino demasiado. En realidad, el tomate-industria es uno de los objetivos más claros y, si en el Poder Legislativo hubiera ambiente para instrumentarlos, este mismo año se podría buscar el apoyo necesario para llevarlo a la práctica. Además, como habría un surplus de manera permanente -tal vez no el primer año, a raíz del accidente provocado por el tornado- la idea del Gobierno es tomar la iniciativa para disminuir parte del IRP.

Debe quedar claro que no existe el propósito de que quede dinero en Rentas Generales, aunque evidentemente el Fisco necesita recursos. Pensamos que puede haber un "surplus" de U$S 8:000.000 o U$S 9:000.000.

SEÑOR GALLINAL.- Quisiera preguntar al señor Senador Atchugarry -si él no tuviera el dato, quizás esta consulta fuera motivo de una convocatoria al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca- en qué forma afectó el tornado la producción de frutas y verduras, esto es, cuánto más, o menos, vamos a tener en los próximos tiempos y cuanto más, o menos, de importación se va a requerir. A mi juicio, eso tiene un efecto directo sobre la posibilidad del gravamen.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Sin duda, será el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quien podrá dar una explicación. De todas formas, como hemos propuesto que se invite a sus representantes para la semana posterior a Turismo, sería útil que la Mesa traslade la pregunta a los efectos de que ya traiga una respuesta. Personalmente, he escuchado estimaciones de daño, pero no en cuanto a cómo afectará el suministro.

En cualquier caso, señor Presidente, más allá de la urgencia que de repente demanda entre U$S 10:000.000 y U$S 15:000.000, el Gobierno piensa que este tema es imposible atenderlo si no es a través de un crédito rápido. Tengamos en cuenta que casi el 90% de los damnificados necesitarían préstamos de menor cuantía.

Naturalmente, si alguien desea solicitar U$S 100.000 o U$S 200.000, ya estaremos hablando de otra cosa. La idea es que la Corporación Nacional para el Desarrollo actúe como avalista y se exonere de embargos, certificados y demás, de forma que el productor pueda acceder al crédito a través de este procedimiento relativamente simple. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca junto con los productores evaluarán los daños, en función de lo cual obtendrán el aval de la Corporación Nacional para el Desarrollo y así obtendrán el préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay. Con cargo a ese fondo, se afrontará parte del repago del crédito. Si el fondo no tuviera dinero, el productor debería pagar el 100% del crédito más los intereses. Entonces, la idea es tratar de incorporar un co-pago del Estado con cargo al fondo.

Ese sería el esquema central previsto para atender la urgencia que, lógicamente, se puede hacer mediante el crédito como lo marca la voluntad del Gobierno. El Poder Ejecutivo tiene claro que si no se realizan todas estas exoneraciones, el crédito sería más lento y algunos productores podrían no acceder a él. Es evidente que la voluntad de otorgar créditos va a existir, con o sin proyecto. El problema radica en que en esta última hipótesis tendrán que pagar también los intereses y comenzarán los inconvenientes con el tema de la garantía, el hecho de no estar al día con la Dirección General Impositiva, etcétera. Entonces, en ese caso habrá muchos productores que no tendrán problemas para acceder al crédito, pero otros sí.

Quiero dejar en claro que aunque no hubiera habido tornado igual hubiésemos planteado este proyecto porque pensamos que constituye una solución a mediano y largo plazo. Naturalmente, las consecuencias del tornado hacen que la partida para el fondo sea más voluminosa de la originalmente planteada, como forma de ayudar al repago. No se trata de que no se quiera atender al productor en la emergencia, sino que la herramienta que hoy tenemos es simplemente el crédito y bien sabemos que no todos acceden rápidamente a él, dependiendo siempre de la situación de su empresa o personal. En virtud de las limitaciones que se ha impuesto el Estado, otra salida sería sacrificar algún programa ya comprometido, al que habría que efectuarle un nuevo recorte. Por ese motivo, pareció prudente aumentar el monto del fondo y participar con una autorización parlamentaria en el repago. Además, no olvidemos que ésta se necesita en todos los casos; para un volumen como el que se está pensando, de aproximadamente U$S 20:000.000, el Estado requiere la autorización del Parlamento.

Personalmente, es cuanto tenía para informar, y a efectos de recibir un detalle más pormenorizado tal vez fuera necesario realizar una sesión especial, ya que el jueves posterior a Semana de Turismo recibiremos al señor Ministro de Economía y Finanzas para dialogar sobre el problema de la Banca. En consecuencia, el señor Presidente, en amable consulta con los señores Senadores, podría ver la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria a los efectos de recabar mayor información.

SEÑOR PRESIDENTE.- Recuerdo que el 4 de abril, en horas de la mañana, recibiremos al señor Ministro de Economía y Finanzas. Al respecto, consulto si ese mismo día, pero en horas de la tarde, sería posible recibir al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y a los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR ASTORI.- Ese mismo día a las 15 horas está citada la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, por lo que pienso que es muy atinada la propuesta del señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Advierto que podría haber inconvenientes porque en ese horario sesiona la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, aunque de todas formas creo que no habría problema en suspenderla.

SEÑOR ASTORI.- De prosperar esta solución, sugeriría al señor Presidente de la Comisión que se pusiera en contacto con el Presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el señor Senador Riesgo, a fin de invitar a todos sus miembros ya que, además, es un tema de directo interés para ese Cuerpo.

SEÑOR MICHELINI.- El señor Senador Atchugarry nos informó respecto al proyecto que tenemos a consideración, por lo cual ya se ha abierto el camino para la discusión. En ese sentido, desearía plantear dos dudas o inquietudes a fin de que se vayan sopesando. Notoriamente, en los fundamentos del proyecto se habla de que, en parte, esto actuaría como un arancel o protección. Entonces, tratándose de un Gobierno que no es fanático de esos instrumentos, evidentemente está reconociendo que hay una distorsión en los precios relativos en nuestro país. Además, esto no funcionaría solamente con algunas frutas tradicionales que se importan porque no se cultivan en el Uruguay, sino también con otras que produce Argentina y que en los próximos meses podrían ingresar a precios absolutamente regalados, como es el caso de la manzana. Ante esto, pregunto si el Gobierno está reconociendo que hay una distorsión y este es el instrumento idóneo para corregirla, si la misma es del 23% o de qué porcentaje. A mi juicio, la distorsión no se soluciona con este tipo de medidas, ya que el problema de los precios relativos va más allá y no refiere solamente a un sector, sino a toda la economía.

Entonces, lo que no podemos hacer es tapar el sol con el dedo, o sea, decir que con esto estamos protegiendo tal o cual cosa cuando, en realidad, la distorsión de precios relativos es bastante superior, no sólo, repito, para un sector de la economía, sino para toda.

Esa es la primera inquietud o duda que tengo.

La segunda es que si, en un momento en que por la falta de actividad la recaudación cae, a pesar de encontrar algunos sectores en los que se pueda lograr un ingreso de dinero, automáticamente podemos imputar el gasto. Por lo tanto, si la recaudación en el Uruguay cae y tenemos el problema de un déficit muy alto, creo que no podemos seguir inventando gastos -por muy loables que sean- hasta ver cómo se sitúa la recaudación y cómo podemos hacer para abatir el déficit fiscal. Independientemente de que se diga que hay un plus que se puede cambiar por tal o cual aspecto, pienso que sólo se debería innovar en materia impositiva para sustituir otros impuestos -y, por ende, no aumentar la presión fiscal- y no en esto, creando más gastos sin saber si la recaudación global cumplirá con el objetivo de bajar nuestro déficit fiscal.

Estas son las dos inquietudes que queríamos plantear, como adelanto del debate próximo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Dos breves reflexiones.

La primera es que este instrumento no refiere en particular a la situación argentina, sino que lo que procura es dar una regla permanente y corregir las anomalías del MERCOSUR, también permanentes. Cualquiera sea el nivel de precios relativos de Argentina y Brasil, ellos hacen un diferencial con los impuestos; es, más o menos, la misma historia del COLFIS y el COFIS. Ojalá Argentina y Brasil no hicieran estas cosas para evitarnos tener que realizarlas nosotros; pero esa es la realidad. Y no lo hacen como una medida de emergencia en función de una coyuntura, sino que este ha sido un régimen permanente que nuestro país siempre ha tratado de cambiar, pero no lo ha logrado.

También ellos se quejan de nosotros, por ejemplo, por los IMESI diferenciales que tenemos en las bebidas; por lo tanto, tampoco nosotros estamos libres de todo pecado. Pero esto tiene un impacto bastante mayor en la sociedad que la diferencia que existe en los cigarrillos o en el alcohol. De ahí que se procure dar esta regla más o menos permanente.

Por otro lado, Uruguay está importando bidones de tomate industria de Europa, y yo no puedo creer que ésta pueda industrializar este producto en condiciones competitivas como para vendérnoslo a nosotros luego de pagar un flete transoceánico. Ahora bien, esa es la realidad del mercado y, lamentablemente, si nadie hiciera estas cosas, es probable que no habría que proponer lo que estamos planteando. Pero, repito, como no lo hemos podido cambiar, la idea es hacer la propuesta.

Es totalmente compartible lo que plantea el señor Senador respecto a Argentina en cuanto a que la batería de medidas muy fuertes que está tomando el Gobierno -que, esas sí, no son de carácter permanente ni legislativo- como las medidas espejo reclamando el no ingreso de importaciones del mismo grado de financiamiento que nos exigió Argentina a nosotros y declarando sensibles un conjunto de productos básicamente alimentarios y competitivos de la industria nacional -es probable que haya que agregar otras- no obedece o no es una respuesta a la coyuntura. Por supuesto que ayudan, pero insisto en que no es una respuesta a la coyuntura.

También puede ayudar a este camino que está transitando el país en materia de cambio de precios relativos, de una manera gradual y suave. Y, por supuesto, este tipo de medidas de carácter fiscal siempre ayudan a ese desliz en el que hemos incurrido, tratando de corregir las relaciones de los precios relativos. De cualquier manera, esa es otra historia.

Estas eran las reflexiones que quería hacer para decir que el Gobierno ha tomado medidas y ha firmado en estos días un conjunto de decretos que procuran resolver el otro tema. No sé si logrará en su totalidad; pero debemos tener presente que esta no es la respuesta -hasta por sus tiempos- al otro problema.

El señor Senador Michelini ha hecho referencia también a otros aspectos de mucho interés, en los cuales nos gustaría ingresar, pero ello supondría adelantar la conversación sobre el fondo del asunto.

SEÑOR MICHELINI.- Naturalmente que hemos volcado estas inquietudes para que se reflexione en torno a ellas en el día de hoy y, también, con los Ministros que concurran a la Comisión.

Quiero recordar que cuando muchos decíamos que el mundo se protege, se nos contestaba que las protecciones -sobre todo en el caso uruguayo- podrían generar un beneficio adicional a los productores uruguayos, que lograrían colocar sus productos, no por calidad, sino por precio. Por lo tanto, dábamos lugar a una economía no competitiva, puesto que sólo podía competir en el Uruguay, pero que no lograba colocar sus productos en el extranjero.

Ahora, cuando decimos que tenemos una distorsión aguda de precios en la región -sobre todo con Argentina- comienzan a aparecer una cantidad de normas que, si bien podrán tener un fin noble, cuando se corrija -como ocurrirá; lamentablemente, alguna vez el mercado uruguayo hará esa corrección, como ha sucedido en los países asiáticos, en México, en Rusia, en Brasil y en Argentina, si es que no se toman las previsiones en forma ordenada- supondrán quedarnos con una serie de artículos, decretos y leyes que provocarán mayores problemas y no facilitarán que los mercados se manejen con mayor simpleza. Entonces, independientemente de que Argentina y Brasil tengan legislaciones complejas, hay un problema macroeconómico sustancial que, creo, no se arregla con esto. No obstante, si se insiste en ello, estudiaremos -con la técnica que corresponde- los objetivos y abriremos opinión luego de escuchar a los Ministros.

(Se interrumpe momentáneamente la toma de la versión taquigráfica)

(Se retoma la versión taquigráfica)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta al señor Senador Atchugarry acerca del proyecto de ley sobre frutas y hortalizas que figura en el quinto punto del orden del día a fin de saber si tal iniciativa se envía al archivo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda por tratar el cuarto punto del orden del día, que es la Carpeta Nº 710/2002 "Mejora de los servicios públicos y de la Administración".

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como todos recordarán, varios de los artículos de esta iniciativa fueron incorporados al proyecto de responsabilidad fiscal, pero algunos han quedado para este análisis porque requerían un estudio más importante o porque había problemas con ellos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta por Secretaría los artículos del proyecto de ley que están a consideración de esta Comisión.

SEÑORA SECRETARIA.- Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 10.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quisiera hacer dos comentarios respecto a los artículos 8º y 10.

Vamos a proponer una nueva redacción para el artículo 8º porque allí se dice que el Estado no es patrimonialmente responsable por las deudas y obligaciones contraídas por Entes y personas públicas no estatales. Luego proporcionaremos el texto por escrito a la Mesa, pero luego de haber consultado debidamente al superior Gobierno, pretendemos declarar que el Estado no es patrimonialmente responsable por las personas públicas no estatales y que sí lo es, en forma subsidiaria, por las deudas y obligaciones de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados e Industriales. ¿Por qué decimos que en forma subsidiaria? Porque razonablemente el orden lógico sería que, por la deuda de un Ente, primero se vaya contra él. El artículo iba un poco más allá y decía que el Estado no era responsable; por supuesto que el Estado es responsable por sus Entes y empresas. Pero como ha habido algunos problemas judiciales, lo que se quiere decir es que primero se vaya contra el deudor; sólo cuando éste no pueda pagar y se haya agotado la acción, se irá contra el Estado. Por otra parte, habida cuenta del invento uruguayo de las personas públicas no estatales, que no se sabe qué son -están bajo la órbita del Derecho Privado y tienen la autonomía más absoluta para hacer lo que quieran; el grado de intervención pública es muy variable y en algún caso el control estatal es casi nulo- el hecho de ser responsables solidarios de todo lo que hagan parece un exceso. Tengamos en cuenta que algunas de ellas sólo tienen la afectación de algún impuesto o algo por el estilo. Entonces, que el Estado sea solidariamente responsable, sin límites, de todo lo que pueda endeudarse una persona pública que no necesariamente controla -me parece que no es un tema ideológico ni político, sino de buena administración- hace razonable pensar que se cambie la lógica de este artículo.

Por lo tanto, donde el Estado tiene un control, lo único que se pide es que primero se actúe contra el deudor y luego el Estado será responsable porque, en definitiva, es éste el que controla sus Entes. Ahora bien; donde no tengo control, no tengo mayorías necesariamente ni mecanismos formales para impedir que se tome tal o cual decisión, donde no hay participación de controles porque se rigen por Derecho Privado, ser responsable sin límites -cosa que nunca ha hecho el Estado- es una interpretación que se ha ido abriendo camino en la Jurisprudencia. Es por eso que hay un fuerte interés en tratar y aprobar esta norma.

Por otro lado, habría interés en postergar el tratamiento de lo dispuesto por el artículo 10. Si bien algún día el país puede considerar que se ha dado lo suficiente en materia de exoneraciones forestales, no parece oportuno este año, cuando hay tantas dificultades y necesidad de inversiones, tratar si en el 2007 vamos a dejar sin efecto o no la exoneración. Entonces, propondríamos considerarlo en otra oportunidad, cuando el país esté mejor, y de esa manera anunciar que a partir de tal fecha no habrá más exoneraciones. Por ahora habría interés por parte del Gobierno en retirarlo simplemente de la consideración -no que se rechace ni que se apruebe- porque no parece ser el mejor momento para tratarlo, dado los últimos acontecimientos.

Con respecto a los demás, me gustaría que se fueran poniendo en el orden del día una vez que tratemos los otros temas, y me refiero tanto al que menciona a la Universidad como a los otros asuntos. Desconozco el tipo de asesoramiento que querrán los señores Senadores, pero reitero que me gustaría retirar de la consideración el artículo 10 y plantear una modificación, a pedido del Gobierno, para el artículo 8º.

SEÑOR PRESIDENTE.- El proyecto de ley con las observaciones que ha hecho el señor Senador Atchugarry quedará en el orden del día de la Comisión de Hacienda para la próxima sesión.

SEÑOR GALLINAL.- Se encuentra a consideración de la Comisión de Hacienda un proyecto de ley que presentamos en los últimos días y que refiere a los Defensores de Oficio del Poder Judicial.

Cuando se votó la Ley Nº 17.453, en nombre del Partido Nacional propusimos, porque era de justicia, exonerar del adicional del Impuesto a las Retribuciones Personales a los Magistrados, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y a los fiscales que desempeñan sus funciones con carácter de incompatibilidad total, vale decir que no sólo están a tiempo completo sino que, además, tienen prohibición absoluta de realizar cualquier otro tipo de actividad que pueda significarles un beneficio de carácter económico. Esto se efectuó a través del artículo 4º de la referida Ley. Hay funcionarios públicos, del Poder Judicial, que se encuentran, exactamente, en la misma situación que los Magistrados: me refiero a algunos defensores de oficio. De 179 Defensores de Oficio que tiene el Poder Judicial, hay 133 que se encuentran, exactamente, en la misma situación que los Jueces, o sea, con esa incompatibilidad absoluta para el desempeño de toda otra actividad de carácter remunerativo, aún para la instalación de un comercio. Entonces, parecería justo que estos funcionarios, que sólo son 133, queden comprendidos dentro de la misma categoría que los Magistrados. A ellos tenemos que agregar dos funcionarios del Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia. Por tal razón, presentamos esta iniciativa a fin de dejarlos excluidos del adicional referido. Por su parte, en la exposición de motivos señalamos que este proyecto de ley requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, porque se trata de una exoneración. En consecuencia, si la Comisión entendiera que es de justicia aplicar una excepción de estas características -que no tiene significación sobre el monto de recaudación porque, repito, sólo se trata de 135 funcionarios- creo que sería conveniente solicitar al Poder Ejecutivo que envíe una iniciativa en este sentido, a los efectos de poder dar trámite a este proyecto de ley. Formulo moción en este sentido.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El señor Senador Gallinal mociona para que se remita al Poder Ejecutivo esta solicitud. Previamente, me gustaría decir lo siguiente. Confieso que tenía entendido que no tenían el mismo tipo de incompatibilidad. Para bien o para mal, es cierto que nosotros exoneramos a los Jueces. Siempre entendí que tenían incompatibilidad de actuar en la misma materia, pero no en otra. De todas formas, esto tampoco lo puedo asegurar. Si al señor Senador Gallinal le han dado una información diferente a la mía, para formarnos un criterio, pienso que deberíamos determinar, en primer lugar, las circunstancias jurídicas que rodean a este asunto, es decir, el alcance de las incompatibilidades de que se trata: si son absolutas y totales para cualquier tipo de actividad que genere ingresos o si son limitaciones y de qué tipo.

Este fue un tema que el señor Senador Gallinal, entre otros, planteó en su momento, pero no hubo mucho tiempo de estudiarlo. Lo relativo a los Defensores de Oficio ha pasado muchas veces por las Rendiciones de Cuentas y siempre hay intención de equipararlos y demás. Entonces, mi propuesta sería que se informara a la Comisión -de acuerdo con los mecanismos que estime más conveniente la Mesa- con la mayor brevedad, sobre el alcance de la incompatibilidad. Si es el mismo, habría una razón de justicia; en caso contrario, no existiría dicha razón.

SEÑOR GALLINAL.- El proyecto de ley parte del supuesto de que es exactamente la misma prohibición, de otra forma, no se justificaría que yo hiciera una presentación de estas características. De modo que me parece correcto que la Comisión ratifique o rectifique que ese es el régimen en el cual desempeñan sus funciones los Defensores de Oficio. Aclaro que también recibí una presentación de características similares por parte de los Actuarios del Poder Judicial, pero estos no se encuentran dentro del mismo régimen.

Entonces, me parece pertinente hacer la consulta al Poder Judicial, ya que nos puede ilustrar bien en cuanto al alcance de estas prohibiciones, y si ratifica lo que se nos ha señalado, correspondería pedir al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, si la Comisión está de acuerdo, que envíe la iniciativa para esta exoneración.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿La consulta la haríamos por escrito o la Mesa se encarga de hacer los contactos con la Suprema Corte de Justicia?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Propongo que la Mesa realice los contactos pertinentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos para considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 11 y 30 minutos)