SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 24 minutos)

La Comisión de Hacienda del Senado de la República tiene mucho gusto en recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas y a sus asesores. Antes de darle la palabra, deseo hacer una breve explicación sobre el motivo de la citación de esta Comisión.

Se ha fijado esta reunión de la Comisión de Hacienda a los efectos de que el señor Ministro de Economía y Finanzas y sus asesores expliquen las medidas que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento la semana pasada y que tuvieron ingreso -si mal no recuerdo- el día 8 de febrero. El Senado de la República está convocado para sesionar a las 11 horas del día de hoy para darle entrada formalmente a esta iniciativa a la Comisión de Hacienda. Este es el motivo por el que esta Comisión deberá pasar a un cuarto intermedio a la hora 11 a los efectos de integrar el Senado y recibir los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. Se ha convocado a la Comisión de Hacienda para que, en virtud de lo expuesto, el señor Ministro explique las medidas implementadas para atender la situación económica del país.

En cuanto al régimen de trabajo, si bien me gustaría escuchar la opinión de los señores Senadores, propondríamos una sesión de doble jornada, con una primera etapa hasta las 11 horas, para luego de la sesión del Senado -que, reitero, será breve, ya que es simplemente para darle ingreso al proyecto- retomar la actividad hasta las 13 horas, hacer un breve cuarto intermedio hasta las 15 y, finalmente reiniciar el trabajo. Naturalmente, se convendrá con los señores Senadores si alcanza una doble jornada para abordar cabalmente el tratamiento de los dos proyectos de ley que tenemos a consideración.

Si no hay objeciones, le damos la palabra al señor Ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO.- En principio, querría hacer una precisión sobre el régimen de trabajo propuesto. Con todo el respeto que corresponde a lo que decida la Comisión, como es público y notorio en el día de hoy debemos viajar en horas de la tarde a los Estados Unidos para integrarnos a la delegación del señor Presidente de la República. Por este motivo, el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como el economista Alfie y quien habla tendríamos que dejar esta Comisión no más allá de las 15 y 30 horas. Obviamente, se podrá continuar el trabajo, porque el señor Subsecretario y nuestros asesores permanecen a la orden para los temas que sean de interés de los señores Legisladores. Por nuestra parte, realizaríamos la presentación y la discusión de orden general.

En consecuencia, solicitaríamos al señor Presidente y a los miembros de la Comisión que tengan en cuenta estas condiciones, porque tendríamos que dejar esta Comisión, reitero, no más allá de las 15 y 30 horas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Las manifestaciones del señor Ministro cambian sustancialmente la propuesta de la Mesa por lo que únicamente realizaremos un breve cuarto intermedio para darle ingreso a los proyectos a la Comisión y seguiremos trabajando posteriormente, hasta que el señor Ministro deba retirarse, porque seguramente muchos señores Senadores tendrán preguntas para realizar.

SEÑOR MINISTRO.- Efectivamente, el Poder Ejecutivo ha puesto a consideración del Parlamento, a través del Senado, dos proyectos de ley: uno en materia tributaria y otro en materia de gastos. Ambos son parte integrante de un conjunto de medidas que incluyen, además, varios decretos que se están ultimando en cuanto a la forma, y que se concretarán en el correr de estos días. Sobre estos últimos, haré alguna referencia más adelante.

En principio, haré una presentación lo más breve y concentrada posible de los proyectos, porque creo que muchas de las cosas relacionadas con estas iniciativas ya han sido objeto de debate en más de una ocasión en este ámbito -me refiero a esta Comisión- en el Senado, en el Parlamento en su conjunto y, naturalmente, en la opinión pública. De modo que creo que por la importancia y urgencia del tema, desde nuestro punto de vista haríamos una contribución al debate y al cambio de ideas a los que lógicamente dará lugar esta presentación, si la concentráramos en los hechos sustantivos que, a nuestro juicio, tienen relación con los dos proyectos de ley presentados.

En ese sentido, señor Presidente, comienzo por la reiteración de un dato que es suficientemente gráfico, ilustrativo y, diría, dramático, que es por todos conocido. El hecho, básicamente, es que la economía uruguaya tiene, entre otras muchas características -pero ésta se refiere expresamente al tema que nos convoca en el día de hoy- desde el año 1999, un nivel de déficit fiscal del orden de los U$S 800:000.000, que a precios de ese año fue un 4% del Producto. Hoy, los precios y las cantidades son distintas, pero los U$S 800:000.000, en los últimos tres años -desde 1999 hasta 2001- han sido casi una constante con algunas excepciones que voy a tratar de detallar.

Este es un dato incontrovertible y un hecho muy importante. Es un dato que ha sido casi una constante en mis expresiones y pronunciamientos sobre la coyuntura económica que vive el país desde 1999, sobre las orientaciones de política económica que hemos venido siguiendo desde entonces y sobre las perspectivas de futuro de la economía uruguaya.

Me consta que este tema -y lo mismo pensarán los señores Legisladores aquí presentes- puede ser objeto de controversia desde varios puntos de vista en cuanto a las causas y a las mejores formas de salir de esta situación. Nosotros hemos expresado con toda la claridad de que somos capaces nuestra opinión sobre estos temas de fondo, pero en todo caso, la cifra, el guarismo, el dato y el número están allí en la pizarra a la vista de todos: la economía uruguaya ha tenido desde hace tres años un déficit del orden de los U$S 800:000.000 anuales.

Esta situación no es claramente sostenible hacia el futuro; lo hemos venido diciendo desde el principio y hemos tenido distintas aproximaciones de política a este hecho, que por distintas circunstancias hemos tenido que ir adaptando a datos y realidades cambiantes que estuvieron, en la generalidad de los casos, mucho más allá de nuestras previsiones y creo que de las previsiones de la mayoría de los analistas económicos.

A grandes rasgos, para ubicar las causas principales -no las únicas- de la evolución de un fenómeno como esta expresión de déficit fiscal que obedece sin duda a un funcionamiento -como ocurre en economía- muy complejo y con una serie de variables, señalo como causa principal, en el año 1999, la devaluación de Brasil y el profundo efecto recesivo que ella tuvo sobre nuestra economía. En el año 2000, cuando ya estábamos al frente de la Cartera de Economía y había un nuevo Gobierno en funciones, diseñamos un esquema de política económica que fundamentalmente confiaba en la recuperación de la economía basada principalmente en el mejoramiento del ciclo económico que se esbozaba y que finalmente se dio en los cuatro primeros meses del año, como se puede demostrar en caso de que sea necesario y como hemos referido en más de una oportunidad.

Nuestra aproximación inicial de política económica, en particular sobre el tema del déficit fiscal fue, reitero, una confianza basada en los primeros datos del año 2000, que marcaban una recuperación de la economía. En ese marco, además, tomamos medidas que más bien iban en el sentido de impulsar aún más esa recuperación incipiente que ya se insinuaba. En ese sentido, los señores Senadores recordarán que nuestras principales propuestas legislativas fueron de baja de impuestos, en particular para el sector agropecuario. Sin embargo, la evolución del año golpeó fuertemente nuestras expectativas; ese inicio de recuperación a comienzos del año 2000 se fue desvaneciendo al influjo de factores de orden externo, más bien provenientes del mercado internacional, que determinaron una evolución fuertemente contraria a los términos de intercambio que afectan al país. Desde ese punto de vista, recuerdo la evolución fuertemente desfavorable tanto del precio del petróleo como de las tasas de interés.

Más de una vez dijimos -pero hoy queremos reiterarlo con la perspectiva del tiempo- que en el año 2000 el factor que afectó en forma adversa, en mayor grado, la evolución de la economía, provino del resto del mundo, fundamentalmente a través de la evolución de los precios internacionales. Sobre mediados de ese mismo año comenzó a manifestarse con toda crudeza otro hecho que nos afectó fuertemente y que se agregó al efecto Brasil de 1999. Me refiero a la desestabilización que comenzaba a insinuarse en la otra gran economía de la región a la que estamos vinculados: la de la Argentina.

En definitiva, por el juego de ambos factores de orden internacional y regional, tuvimos un año 2000 que no se correspondió con nuestras previsiones iniciales y que, en términos generales, mantuvo como resultado el mismo nivel de déficit, aproximadamente, de 1999.

En estas circunstancias ingresamos en el año 2001, y allí nuestra aproximación de política cambió. Intentamos aplicar medidas de orden tributario y cambiario que se fueron concretando a lo largo del año y que los señores Senadores conocen porque tuvieron el trámite parlamentario y la aprobación correspondientes. Me refiero a la ley por la cual se otorgaron facilidades tributarias muy importantes a los sectores agropecuario e industrial en materia de aportes patronales a la Seguridad Social, en sentido amplio, incluyendo DISSE, además de otras mejoras tributarias para el sector agropecuario en materia de patrimonio. Inclusive, en el mes de junio y principalmente como consecuencia de dos factores -primeramente, el nuevo choque adverso proveniente del exterior que significó la aparición de la aftosa y luego, la modificación de la política cambiaria en Argentina- introdujimos algunos cambios en materia de política cambiaria que, a nuestro juicio, contribuyeron a consolidar en forma muy importante la mejora de la competitividad que se había venido dando en 1999 y 2000.

En resumen y en forma muy breve, las principales líneas de política económica de 2001 se fueron adaptando a una coyuntura que seguía siendo desfavorable, buscando impulsar a través de estos mecanismos el aumento de la producción y el mejoramiento general de la economía. En la decisión correspondiente a estos instrumentos teníamos algunos datos a nuestro favor: la economía había empezado a reaccionar a fines del año 2000. Tuvimos un cuarto trimestre con registro positivo, aunque muy leve, en la evolución del Producto. Y esta evolución de signo positivo volvió a reiterarse, con más fuerza, intensidad y definición, en el primer trimestre de 2001. De modo que en el conjunto de lo que veníamos percibiendo a través de los datos de la realidad económica del país, más la aplicación de estas medidas de política económica a las que he hecho referencia, tuvimos fundadas expectativas en cuanto a que el déficit fiscal de 1999 y de 2000 podía reducirse en forma perceptible e importante a lo largo de 2001.

Quisiera señalar un hecho que va en la misma dirección de lo que estoy diciendo y que, a nuestro juicio, demuestra que nuestras expectativas estaban basadas en realidades y no en abstracciones fuera de la realidad.

El déficit fiscal anualizado en abril de 2001 había bajado al 3.4% del Producto. Por tanto, nuestras previsiones en el sentido de que el conjunto de estas medidas y la evolución de la economía efectivamente podían incidir en forma favorable en el nivel del déficit, no sólo tenían un fundamento teórico que era el que guiaba nuestras decisiones, sino además una manifestación concreta según cifras que son de público conocimiento. A mediados de 2001 el déficit fiscal había bajado al 3.4% del Producto. Ocurre, sin embargo, que en ese mismo mes al que estoy haciendo referencia y en el que tuvimos un déficit fiscal mínimo -repito- del 3,4%, fue cuando, como todos recordamos, se declaró el fenómeno de la aftosa que afectó fuertemente al sector agropecuario y, por extensión, al conjunto de la economía. Precisamente, en el Ministerio hicimos alguna estimación respecto al efecto de la aftosa sobre la evolución del producto y, de acuerdo con nuestros cálculos -obviamente, teniendo en cuenta, digamos, la provisoriedad que tienen estas abstracciones- se produjo un efecto a la baja sobre el Producto Bruto Interno del orden del 1.5%. Este es, aproximadamente, el guarismo con el que habrá de cerrar el año 2001, una vez que se conozcan las cifras definitivas. Por tanto, señor Presidente, quiero enfatizar que este hecho de la aftosa y la semiparalización del sector agropecuario, prácticamente por seis meses, tuvo, sin duda, un efecto muy fuerte en el sector de la economía y, como es lógico, también sobre la recaudación.

Nuestras previsiones en ese marco nos condujeron, como dije, a perfeccionar determinadas decisiones de política económica que estábamos esbozando desde principio de año; y, obviamente, estábamos esperando el mejor momento de aplicarlas. A partir de esta nueva realidad que marcó la reaparición de la aftosa y de la nueva situación de la economía, reformulamos nuestra previsión de déficit fiscal, la ubicamos en un 3.3% para el año -teniendo en cuenta distintas medidas que adoptamos a mediados del año- y sobre todo anunciamos, comprometiéndonos en cierto modo ante la población, una recuperación parcial de la actividad económica sobre fines de año, que coincidió con la normalización del sector agropecuario una vez superada la semiparalización provocada por la aftosa desde el mes de abril.

Una vez más, señor Presidente, los datos objetivos nos dieron la razón y el que se conoce sobre el empleo y desempleo del último trimestre del año 2001 señala, efectivamente, una recuperación de ambas variables en la línea que estábamos esperando a partir de la recuperación o de la vuelta progresiva a la normalidad del sector agropecuario. Sin embargo, otro hecho, también externo, comenzó a jugar en forma negativa y a afectar nuestras expectativas y el conjunto de la evolución económica del país. Me refiero al deterioro final -si se me permite el término- de la situación argentina de tal modo que, simultáneamente con la percepción del mejoramiento de algunas variables económicas principalmente vinculadas con el sector agropecuario, también comenzamos a percibir una realidad no menos importante, es decir, una baja persistente y de cierta entidad en la recaudación, que se vio afectada por un enlentecimiento de la economía fuertemente influida por las expectativas negativas que, sobre nuestro medio, iba generando el desenlace previsible de la situación económica argentina. En definitiva, según los términos que he planteado -seguramente, muy sumarios y breves- el conjunto de lo sucedido en el año con estas marchas y contramarchas no nos permitió lograr los objetivos que habíamos trasmitido a principios de año. La economía va a tener, seguramente, un resultado negativo en términos de producto; tuvo una recuperación sobre fines de año expresada en los niveles de empleo y terminamos nuevamente el año 2001 -como lo manifesté al comienzo- con una cifra de déficit fiscal del orden de los U$S 800:000.000, es decir, en torno al 4% del Producto. En esas circunstancias, a fines del año hicimos un ejercicio de proyección de 2002, conscientes de que lo hacíamos en un marco en extremo inestable, dada la situación argentina y la evolución tan comprometida que se podía percibir no sólo desde Uruguay, tan cerca de Argentina, sino desde todo el mundo. El caso argentino ha ocupado un lugar común en la prensa económica no sólo en la región, sino en todo el mundo.

En definitiva, nuestra proyección inicial del año 2002 enfrentó, a partir de 2001 y principios de 2002, una nueva realidad completamente distinta, en cierto modo previsible, que marcaba un cambio fundamental en una economía con la que tenemos una serie de relaciones muy importantes que, por sí mismas, no determinan únicamente la evolución de nuestra economía, pero que, sin duda, tienen importancia, especialmente en determinados períodos y formas sobre su evolución.

Para decirlo de otra manera, el año 2002 empezó con un hecho trascendente en lo que tiene que ver con la economía mundial y -yo diría- con la teoría económica, pero, sobre todo, con relación a nuestra tan modesta y pequeña realidad: me refiero al abandono de la convertibilidad argentina. Esto, sin duda, tuvo y está teniendo efectos inmediatos, algunos más visibles que otros. Es indudable que están cambiando y están en proceso de perfeccionamiento o de definición los precios en dólares de la región -obviamente, a la baja, por lo menos en los primeros tiempos- lo que va a tener una fuerte influencia sobre nuestra economía. De hecho, esto ya se observó en la temporada turística porque sabemos que va a estar bien por debajo de los niveles de años anteriores. A su vez, esto está empezando a influir sobre el comercio formal e informal, aunque -en cierto modo- como la economía argentina todavía no ha retomado niveles más o menos normales de producción habida cuenta de las distintas dificultades que se han presentado, fundamentalmente en el sistema financiero, no hemos podido percibir con toda fuerza y crudeza cuáles serán los efectos inmediatos de este cambio de los precios en dólares que en ella se ha producido, así como su impacto necesariamente negativo en lo inmediato sobre nuestra economía. De todas maneras, este cambio ya de por sí dramático en los primeros meses de nuestra evolución económica en el tiempo transcurrido y de acuerdo a lo que es posible prever en el futuro inmediato, nos marcó en forma muy clara, casi desde el comienzo, varias realidades que debíamos atender al mismo tiempo. Diría, además, que ellas se han concretado principalmente en dos aspectos fundamentales y en un tercero que estamos tratando de atender, dentro de la limitación y la restricción en que nos coloca la situación actual.

Los dos aspectos principales que forman parte de la respuesta a la situación argentina son las decisiones que hemos tomado el 7 de enero en materia de política cambiaria y, en el correr de las últimas semanas, en materia fiscal que, entre otras cosas, son la base de los dos proyectos que hoy ponemos a consideración del Parlamento. De hecho, nuestra reacción frente a la nueva realidad argentina fue doble. Por un lado, pusimos atención al cambio en los precios medidos en dólares en la región y a su efecto sobre nuestra economía, lo que ha merecido nuestra respuesta en materia de política cambiaria.

Por otro lado, habida cuenta de los efectos negativos que esta nueva situación va a tener sobre nuestras proyecciones, tuvimos la convicción -que hoy queremos compartir con los señores Senadores- de que, a menos que tomemos medidas en el área fiscal en sentido amplio, el déficit de los U$S 800:000.000 no sólo no podrá disminuir, sino que, inclusive, será aún mayor.

Voy a ser muy breve porque creo que el tema es suficientemente conocido, ya que, aun cuando estábamos en receso parlamentario, tuvimos un primer cambio de ideas formal sobre el punto en una sesión de la Comisión Permanente a la que asistimos con mucho gusto.

Quiero recordar que el 7 de enero modificamos la política cambiaria en algunos de los parámetros que la componen, tratando de mantener el esquema básico que la define. Como los señores Senadores recordarán, en esa oportunidad duplicamos la banda de flotación, llevándola del 6% al 12 %, para dar un mayor grado de flexibilidad a la política cambiaria frente a las incertidumbres que nos crea, aún hoy, el desarrollo de la política cambiaria argentina. Al mismo tiempo, siendo conscientes del cambio en precios relativos que se está produciendo, y que continuará, en la vecina orilla, duplicamos el ritmo de deslizamiento en la paridad cambiaria.

Como tuvimos oportunidad de decir en la Comisión Permanente -y es bueno reiterarlo en el día de hoy- en esta decisión hemos incorporado nuestra proyección de lo que está ocurriendo y, en definitiva, podrá ocurrir con la política cambiaria argentina. Obviamente, no sabemos cuál es el nivel de tipo de cambio nominal al que va la economía argentina, pero sí tenemos algún modesto intento de proyección, relativo -como son todos estos elementos en economía- sobre el tipo de cambio real en Argentina, esto es, la diferencia entre la devaluación y la inflación. Sobre este tema quisiera señalar dos aspectos. En primer lugar, la política cambiaria seguida por nuestro país, tanto en 1999, en el Gobierno anterior, como a partir de 2000, en nuestro Gobierno, nos ha permitido ganar competitividad frente a Argentina en el orden del 15%, además de hacerlo con el resto del mundo, con excepción del Brasil. Ello explica -y este es un dato muy relevante para el tema en el que vamos a entrar ahora- el dinamismo de nuestras exportaciones, aún con la afectación tan grave que tuvieron como consecuencia del fenómeno de la aftosa y de la interrupción de las ventas de carnes. Para satisfacción de nuestras autoridades económicas, pero también para el conjunto de la sociedad uruguaya, el sector exportador dio muestras en estos últimos años -y, en particular, en el último- de un dinamismo muy destacable, aun en el marco de las tremendas dificultades con las que se ha tenido que mover, ya fuera por razones vinculadas a la aparición de la aftosa, en el caso de la carne, o por las dificultades de acceso al mercado brasileño, no sólo por la devaluación en sí misma, sino por la estabilidad cambiaria que tuvo Brasil hasta el año pasado. Obviamente, a ello hay que agregarle los problemas de acceso al mercado argentino desde el año 2000 y, más aún, en el 2001. Sin embargo, pese a ello, si uno toma el conjunto de las exportaciones al resto de los mercados, se puede observar que el año pasado han crecido en alrededor de un 5%. Esta es una muy buena demostración del dinamismo y de las posibilidades de crecimiento que el sector exportador uruguayo tiene a partir de una determinada acción de política económica como la que se reflejó en las dos situaciones cambiarias que se tomaron en junio y en las que, confiamos, den su resultado a partir de enero.

Quiere decir, entonces, que la política cambiaria seguida hasta principios de este año nos permitió mejorar la capacidad de competencia del país con Argentina, en el orden del 15%. La otra consideración sustantiva para definir la modificación de la política cambiaria el 7 de enero fue, lógicamente, una cierta proyección de lo que puede ser el mejoramiento del tipo de cambio real en Argentina hacia los próximos meses, entendido -repito- como diferencia entre devaluación nominal e inflación. Es con estos dos elementos -lo que habíamos logrado hasta enero, más lo que hemos proyectado hacia el futuro- que el 7 de enero tomamos la decisión -a esto, obviamente, hay que agregarle otras consideraciones- referida al cambio en la política cambiaria.

Como dijimos en la Comisión Permanente, sabemos que éste no es un mecanismo de relojería, porque en los próximos tres o cuatro meses puede haber desajustes entre esta proyección que hemos hecho del mejoramiento del tipo de cambio real en Argentina y lo que puede pasar efectivamente al final del período. Esto significa que, sin duda, en las próximos semanas o en los tres o cuatro meses siguientes podemos tener un efecto adverso más fuerte que el que, en definitiva, se va a producir una vez que la economía argentina encuentre su cauce, en términos de precios relativos, después de esta modificación cambiaria que está en proceso.

El otro gran componente de la respuesta de política económica de corto plazo que hemos tratado de instrumentar -y ahora, obviamente, en coordinación, en la medida de lo posible, con las decisiones que se habrán de tomar en el Parlamento- son las medidas de orden fiscal, a las que voy a referirme ahora con más detalles.

Antes de entrar en este tema, quiero hablar del tercer componente que, en cierto modo, está limitado por las dos grandes decisiones que hemos tomado en materia cambiaria, pero, sobre todo, por la otra gran decisión que hemos tenido que afrontar en materia fiscal. Me refiero, concretamente, a las medidas de reactivación o de mejoramiento del aparato productivo del país, luego de tres años de recesión. Es obvio -creo que no necesito abundar sobre este punto- que nuestras posibilidades de lograr un impulso muy fuerte en el mercado interno están muy acotadas por el nivel de déficit fiscal. No creo descubrir nada nuevo si comparto con los señores Senadores que las recetas clásicas en materia de reactivación del mercado interno pasan por la política fiscal: aumento del gasto o baja de impuestos. Después se puede discutir la estructura del aumento al gasto o la de la baja de impuestos y cuál de estas posibilidades sería preferible. Pero, en definitiva, está claro que, en lo sustantivo, la reactivación del mercado interno significa una apelación al déficit fiscal. Como todos los instrumentos en materia de política económica, estos no son ni buenos ni malos en abstracto. Sin embargo, la situación que acabo de describir, con tres años de déficit fiscal persistente en torno al 4% del Producto Bruto Interno o a los U$S 800:000.000, con perspectivas de que este nivel aumente en el correr de este año si no tomamos determinadas medidas, limita muy fuertemente la posibilidad de adoptar medidas de reactivación basadas, principalmente, en el orden fiscal.

Dentro del esquema de política económica que hemos venido desarrollando, queremos afirmar con toda convicción que nuestra idea de reactivación de la economía, en función de la realidad que acabo de describir y de las medidas que hemos venido adoptando, pasa, en lo inmediato y en forma fundamental, por un crecimiento importante del sector exportador. En las definiciones de política cambiaria que hemos anunciado, que ya son definitivas para el primer semestre y con un cierto grado de adelantamiento de lo que puede ocurrir en el segundo semestre, donde tendríamos intención de bajar la tasa de devaluación -obviamente, referida en ese momento a la situación de la región, por lo que ahora no es más que una intención- hemos ubicado nuestras proyecciones en materia de inflación -aun en este marco de definición importante en esta primera parte, y de cierto grado de indefinición en la segunda, reitero- en el orden del 8.5% a 9.5% para este año. La definición que estamos tomando en materia de tarifas públicas -como ustedes saben, en algunos casos ya se ha decidido y en otros, estamos a punto de hacerlo- estará en el orden del 8.5% para los tres Entes públicos -OSE, ANTEL y UTE- para todo el año. En el caso de los combustibles, ha habido una primera manifestación del orden promedio del 4.5% -con diferencias entre naftas y gasoil- y se ha aprobado, por parte de ANCAP, una nueva paramétrica que va a disparar en forma automática -es decir, sin intervención política ni discrecional de las autoridades- los ajustes que correspondan en función de la evolución del precio del crudo en el mercado internacional y de la evolución del tipo de cambio.

En estos términos, quisiera compartir enfáticamente y con absoluta convicción con todos los señores Senadores el tema de que la capacidad de competencia de la producción exportable en el correr de este año va a mejorar en no menos de un 20%, lo cual se va a agregar al mejoramiento del orden del 15% que hemos tenido en estos últimos tres años. Obviamente, esto tiene resultados distintos si lo referimos al caso argentino -cuya evolución en materia cambiaria, tanto del tipo de cambio nominal como real, se está definiendo en estas próximas semanas- o al brasileño, que tuvo una devaluación importante en 1999, y volvió a tener otra, aunque más moderada y con muchas fluctuaciones, en el año 2001.

En el conjunto, repito, estamos aplicando una política económica que, en materia cambiaria y en relación con los precios internos y tarifas públicas, va a permitir una muy fuerte mejora en la capacidad de competencia de la producción exportable. Es allí donde tenemos fundada nuestra expectativa cierta y muy importante de recuperación de nuestra economía en los meses venideros, principalmente en el transcurso de este año.

Adicionalmente, agregamos dos medidas que son modestas en términos de cuantificación, pero que creemos que en algún caso tienen una utilidad complementaria relativamente importante, y en otro marcan un camino que, dentro de esta limitación o restricción en que nos estamos moviendo, queremos poner a disposición del sector privado y ahora en conocimiento de los señores Senadores.

Por un lado, estaríamos disponiendo la vuelta al nivel anterior de la tasa de prefinanciación de exportaciones, que habíamos reducido a fines del año pasado y vamos a reinstalar en forma transitoria, por seis meses, mientras la nueva política cambiaria surte efecto en forma permanente, persistente e importante. Con esto queremos dar un impulso adicional al sector exportador, en especial -repito- en los primeros meses, que es cuando el efecto de la política cambiaria se irá apreciando en forma inicial y gradual, para ir consolidándose a medida que persistimos en la aplicación de la definición de las variables ya anunciadas.

La segunda medida está vinculada con un sector que no es de exportación, como es la construcción, pero al que, en un momento sin duda comprometido por las distintas circunstancias que todos conocemos, vamos a tratar de estimular -dentro de nuestra limitación- renovando por un año la disposición aprobada en la segunda ley de urgencia de la exoneración del 75% de los aportes para las nuevas obras que se inicien en este año.

Luego de estos dos capítulos que hemos venido reseñando hasta ahora -el cambiario y el de la reactivación- quisiera hacer referencia al tercero, que es el que nos convoca a esta sesión y es el programa fiscal para el año en curso, que hemos denominado "Programa de Responsabilidad Fiscal", habida cuenta de que sentimos que estamos tomando decisiones muy importantes que, sin duda -como de hecho ya ha ocurrido- pueden despertar una controversia muy fuerte desde el punto de vista del debate de ideas en el país, pero que es nuestra obligación afrontar en virtud de la responsabilidad que tenemos como gobernantes y de una apreciación lo más realista y objetiva posible del momento en que vivimos.

A través de distintos Decretos que van a tener aprobación en estos días, estamos propiciando diversas formas de tope de gastos: del gasto público, del gasto de funcionamiento y del gasto de inversiones en el Gobierno Central, así como también coordinación con las empresas públicas, en las que se procura la baja de gastos corrientes y de inversión.

Los señores Senadores saben que las medidas que estoy refiriendo en términos generales fueron precedidas por una decisión inicial del Gobierno en materia salarial para el Gobierno Central y las empresas públicas no financieras, de un aumento del 1.5% para el año en curso.

En materia de baja de gastos públicos, entonces, en grandes números y a través de los Decretos a que he hecho referencia, así como del proyecto de ley que está a consideración del Senado en materia de gastos, estamos proyectando una baja que en el Gobierno Central estimamos para este año en el orden de U$S 125:000.000, de los cuales U$S 100:000.000 serán en gastos corrientes y U$S 25:000.000 en inversiones. Estimamos una baja del gasto en las empresas públicas del orden de los U$S 80:000.000, que se dividen en U$S 35:000.000 en gastos corrientes y U$S 45:000.000 en inversiones. Esto da algo más de U$S 205:000.000 de baja de gastos, a los cuales queremos agregar -y lo decimos con plena conciencia de que esto puede ser controvertido- el Impuesto a las Retribuciones Personales como una forma de gasto público -tema al que luego entraré en detalles- por el cual estimamos una recaudación de U$S 40:000.000.

Si aceptamos el concepto de que este Impuesto es una reducción de gastos, el gasto público va a bajar U$S 245:000.000 en el transcurso de este año.

En adición, y como es de conocimiento de la opinión pública en general y, particularmente, del Parlamento, del Senado y de esta Comisión, estamos proyectando un ingreso extraordinario por concesiones en materia de "free shop" del Aeropuerto Internacional de Carrasco y de algún otro servicio, y por la subasta de bandas celulares sobre fines de marzo, lo que, en conjunto, llegaría a U$S 50:000.000.

En definitiva, estamos poniendo a consideración del Senado un conjunto de impuestos -que en algunos casos son nuevos y, en otros, modifican características de impuestos ya vigentes- por un total de U$S 125:000.000, lo cual hace un programa que, en conjunto, significará una reducción del déficit fiscal del orden de los U$S 420:000.000. Confiamos en que, de esta manera, se ubique el déficit fiscal en los U$S 400:000.000, que en términos del producto previsible para este año, habida cuenta de las modificaciones ya verificadas el año pasado y de las previsiones para este año -de un crecimiento prácticamente nulo- así como también de una modificación importante en los precios relativos -ya que habrá una mayor devaluación que inflación, por lo que en dólares se va a registrar una caída del Producto Bruto Interno- es coincidente con la meta del 2.5% ya anunciada a fines del año pasado y que ratificamos en el día de hoy.

Creo que es importante hacer una referencia a esta meta de déficit fiscal. Entendemos que el país no puede proseguir con un nivel de déficit fiscal como el que tenía y que, por el contrario, tiene que mostrar una muy fuerte mejoría en su nivel de déficit fiscal, habida cuenta de que incluso con el nivel mencionado va a ser necesario recurrir a distintas fuentes de financiamiento interno y externo.

Si podemos concretar este programa en los términos en los que lo estamos anunciando, el país en su conjunto, el sistema político, el Gobierno y la sociedad uruguaya, se mostrarían a sí mismos y al resto del mundo dando los pasos adecuados para, efectivamente, encauzar la economía por una senda de equilibrio más o menos estable en este mundo tan incierto y, sobre todo, con una muy fuerte demostración de responsabilidad frente a la evolución última de los acontecimientos, en especial, de la región.

Para terminar esta exposición inicial -y, por supuesto, ponerme a las órdenes de los señores Senadores- quisiera detallar en forma descriptiva, por lo menos, los principales impuestos que se están proponiendo en este proyecto de ley que está a consideración del Senado.

Ya he hecho referencia al Impuesto a las Retribuciones Personales de los empleados públicos. Estamos proponiendo que se ubique a partir de un nivel mínimo de $ 12.000, con una proyección de recaudación del orden de los U$S 40:000.000. Como decía, para nosotros, forma parte de una reducción del gasto público.

Además, proponemos un impuesto a las llamadas internacionales y a las celulares, que más que como un impuesto lo presentamos como un mantenimiento parcial de las transferencias anteriores de ANTEL a Rentas Generales, lo cual se ubicaría en el orden de los U$S 24:000.000 para el año. Los señores Senadores saben perfectamente bien que ANTEL -y, en general, las empresas públicas- ha estado haciendo transferencias al Gobierno Central desde hace mucho tiempo, en función de una serie de consideraciones que todos conocemos. También sabemos que la apertura a la competencia del mercado de telecomunicaciones ya ha determinado una primera decisión de ANTEL de rebaja de sus tarifas en el orden del 25 % al 30 %, en promedio, lo cual significa una afectación importante de los recursos para Rentas Generales, que hemos estimado en no menos de U$S 50:000.000. En consecuencia, proponemos recuperar una parte de esa transferencia que antes se hacía desde ANTEL a favor de Rentas Generales en forma implícita, a fin de que a partir de ahora se haga de manera explícita, mediante un impuesto a término -habida cuenta de las características especiales de este mercado y de la intención tan fuerte del Gobierno de proceder a su liberalización definitiva y a una baja importante de sus tarifas- que va a caer a fin del año 2003. El rendimiento proyectado de este impuesto se ubica en los U$S 24:000.000 anuales.

En materia de impuestos, estamos proponiendo la aplicación del IVA a determinados productos que hasta ahora no estaban gravados, o que lo estaban de manera distinta.

Por ejemplo, proponemos aplicar el IVA a los juegos de lotería, tómbola y lotería instantánea, con una recaudación estimada de U$S 17:000.000; a la leche larga vida, con una recaudación aproximada de U$S 2:000.000; a las frutas y verduras, con lo cual se obtendrían U$S 23:000.000, y al agua -ahora a la tasa mínima- con una recaudación de U$S 9:000.000. Asimismo, se proyecta aplicar el IVA a los intereses de las cooperativas, lo cual daría, en el primer año, U$S 5:000.000, y también a los cigarrillos, con una recaudación estimada de U$S 8:000.000. En adición, proponemos un aumento de la tasa de contralor del sistema financiero, del 0.18 % al 0.24 %, por única vez, con una recaudación estimada de U$S 3:000.000.

También hemos propuesto algunos ajustes en el pago mínimo del IRIC. Pensamos que, en este sentido, hay ciertos aspectos que deben corregirse. En esta área la recaudación estimada se ubicaría en los U$S 5:000.000.

Por otra parte, proponemos un cambio en la concepción que ha regido hasta ahora en la aplicación del IMABA sobre los préstamos provenientes del exterior. Concretamente, la idea es gravar con el IMABA dichos préstamos, lo cual traerá una serie de consecuencias sobre la deducción a los efectos del patrimonio, entre otros, con una recaudación estimada de los U$S 8:000.000 para el presente año.

Asimismo, proponemos tres modificaciones en materia del IMESI. La primera de ellas es la aplicación de un IMESI a los vinos, que hasta ahora no estaban gravados; la recaudación estimada se ubica en los U$S 7:000.000. La otra modificación consiste en la aplicación de un impuesto a los concentrados y jugos, con una recaudación aproximada de U$S 2:000.000. Por último, se proyecta la aplicación del IMESI a la primera enajenación de los autos que gozan de exoneraciones en la adquisición, con una recaudación estimada de U$S 2:000.000.

Finalmente, se plantean distintas modificaciones, en su mayor parte de orden administrativo, a través de las cuales estimamos una recaudación de aproximadamente U$S 10:000.000. Por lo tanto, por concepto de impuestos estaríamos recaudando U$S 125:000.000, sin considerar los U$S 40:000.000 del Impuesto a las Retribuciones Personales, en caso de que así se decidiera.

En esta última hipótesis, la recaudación estimada ascendería a U$S 165:000.000.

Al mismo tiempo y por otro lado se ha presentado otro proyecto de ley que refiere a distintos componentes del gasto público -no sé en qué orden vamos a comenzar la discusión- tendiente a modificar algunas normas legales que permitirán disciplinar mejor el gasto público. En algunos casos se produce una reducción explícita como, por ejemplo, en lo que respecta al sueldo de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y, en otros, como dije, se trata de disposiciones que a nuestro juicio permitirán mejorar la conducta de empresas públicas, Intendencias y personas públicas no estatales, al declararse expresamente que el Gobierno Central no es responsable por sus deudas. A su vez, hay otras disposiciones en esa misma línea que son de difícil cuantificación pero que, de todas formas, entendemos que pueden contribuir a la disminución del gasto público. Naturalmente, para esto necesitamos la colaboración del Parlamento ya que se trata de disposiciones de orden legal.

Quedamos a la orden, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Subsecretario, demás asesores y quien habla, para responder todas las preguntas que los señores Legisladores deseen formular.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la lista de oradores ya están inscriptos el señor Senador Michelini y el Presidente "ad hoc" de la Comisión.

De todas formas, antes de continuar, la Mesa solicitaría que se autorice a hacer uso de la palabra a todos los Legisladores que están presentes y que no son miembros de la Comisión. Si no hay objeciones, así se procederá.

SEÑOR MICHELINI.- Voy a tratar de entender cómo razona el señor Ministro para poder comprender algunas de las medidas que propone y así poder determinar si estamos o no de acuerdo.

El señor Ministro hace un relato y nos dice que, en definitiva, lo que ha ocurrido es producto de lo sucedido en el exterior, del "shock" negativo que ha recibido el Uruguay. Allí realiza una serie de consideraciones que son contradictorias con declaraciones públicas que efectuó en otras oportunidades. Es así que algunas cosas que antes eran perjudiciales ahora se han transformado en bondades. Es en ese contexto que no logro entender cómo se está razonando. Si no me equivoco, en mayo de 2000 nos proponía ir a un cambio fijo, pero ahora nos dice que hemos tenido una ganancia en la competitividad, vía devaluación, con Argentina el año pasado, en un porcentaje importante, lo que nos deja en una mejor situación. Insisto, esto sería la consecuencia de una corrección cambiaria que no se realizó como producto de una política planificada en el Uruguay, sino a raíz de ciertas medidas que tomó el entonces Ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo. Como consecuencia, reaccionamos de determinada manera y obtenemos un beneficio adicional. Me pregunto por qué no se hizo antes.

A su vez, el señor Ministro agrega que el año pasado, a través de las exportaciones, tuvimos un plus interesante en la medida en que, con enormes dificultades, se logró mejorar la competitividad. Una de las causas fue la devaluación que se llevó a cabo. Repito, ello nos trajo aparejado una serie de beneficios, aun en una situación adversa muy importante. En este caso, también me pregunto por qué no se adoptaron esas medidas con anterioridad. Incluso, se señala que se ha hecho una corrección en el ritmo devaluatorio a raíz de la situación argentina. Lógicamente, comparto que existe una distorsión y que el 7 de enero se tomó una medida como consecuencia de la realidad. De todas formas, insisto, la pregunta es por qué no se hizo antes.

No podemos olvidar que en 1999, 2000 y 2001 tuvimos un déficit de U$S 800:000.000. Desde el año 2000, cada ocho meses viene el Ministro a plantear medidas con las cuales, según él, se van a solucionar los problemas de déficit; sin embargo, éste persiste.

En síntesis, no entiendo cómo es que razona el señor Ministro, que en su momento expresó, por ejemplo, que mejorar la competitividad vía devaluación era malo y resulta que ahora es lo que nos deja en mejores condiciones. Ojalá tenga razón el señor Ministro y todos estos impuestos sirvan para bajar el déficit que, reconozco, es preocupante. Sin embargo, me pregunto por qué darán resultados beneficiosos, cuando si llega a caer en 2 ó 3 puntos el Producto, todo esto es humo. Acá tenemos un problema de actividad y no de déficit; éste no es causa de la economía sino su consecuencia.

El señor Ministro señaló que en abril de 2001 el déficit comenzaba a bajar porque había un sector exportador -en este caso, el de la carne- que tiraba, y lo hacía porque en la medida en que no existía el problema de la aftosa, conseguía precios más competitivos. Lamentablemente, perdimos ese beneficio y tuvimos que salir a competir en otros mercados con precios relativos, lo cual hizo caer toda aquella recuperación. Quiere decir que cuando hay un sector de la economía que tira, vamos bien, pero cuando no lo hay, el déficit fiscal se mantiene o aumenta. Entonces, el problema no radica en el déficit, sino en quién va a tirar de la economía. El señor Ministro dice que internamente no puede ser porque no tenemos capacidad para dar dinero, aumentar el déficit fiscal -si no me equivoco, son sus palabras- y, a la vez, rebajar las tarifas ni los impuestos. Sin embargo, el mercado interno va a recibir un "shock" adverso porque todos los productos que vengan de Argentina, sea de contrabando o por vía legal -no olvidemos a aquellos que ingresarán los propios uruguayos que vayan a "hacer su agosto"- lo golpearán de manera importante. No debemos olvidar que también en el mercado brasileño ahora los productos argentinos compiten con los nuestros en muy buena forma. Quiere decir que la economía va a tener problemas, y eso no puede ser una sorpresa. Como dije, si la economía cae, todos estos impuestos "no existen"; no sólo no recaudaremos lo que se piensa, sino que además tendremos un déficit fiscal mayor, que si llega a los U$S 800:000.000 estamos hablando de más del 4% del Producto medido en dólares, alcanzando el 5% ó 5,5%. Es claro que tenemos un problema grave, y no me refiero a todas las consecuencias de la situación argentina.

La sensación que tengo es que el señor Ministro razona desde la perspectiva fiscal, al igual que en los años 2000 y 2001, pero de esa forma no se arregla el problema. Entonces, pregunto cuál es el sector que va a tirar de la economía y nos va a dar los recursos. Ya no hablo de bajar el desempleo, que debería ser un objetivo de todos, sino de que alguien tire de la economía porque mueve a otras empresas asociadas, como los proveedores, y empiezan a generar recursos fiscales. Si el Gobierno dice que a diciembre de este año había una distorsión del 35% -y por eso el 7 de enero hizo la corrección monetaria, por lo que presumiblemente tendremos una inflación de aproximadamente el 10% y la distorsión real es del 25%- pregunto por qué no se trata de generar mecanismos para que esa distorsión se minimice y se pueda acercar sus correcciones sin aumentar el déficit fiscal. Hay medidas para ello y el señor Ministro las conoce. Algunas de ellas se desecharon hace cinco o seis meses en forma muy rápida en una discusión ponderada. Sinceramente, no creo que con esto se resuelvan las cosas porque no es un problema fiscal. El señor Ministro dice que mejoramos en determinadas circunstancias. ¿Cuándo fue? Cuando se dispuso el cambio monetario y la modificación de los precios relativos. Además, logramos una mejor relación con Argentina cuando se aplicaron esas medidas. Esos cambios monetarios nos dieron mejor competitividad con el resto del mundo. Eso es lo que estamos pidiendo, pero recién en diciembre de este año vamos a tener un mejor precio para nuestros exportadores. ¿No se puede lograr antes para que los exportadores salgan a hacer negocios porque realmente tienen precios muy bajos? Eso movería a los proveedores y, a la vez, a través de mecanismos que el señor Ministro conoce, que sean puntuales y acotados en el tiempo, se podría proteger la producción nacional de manera, por ejemplo, que los importadores financien a los exportadores. No me refiero a la tasa de prefinanciación sino a que estamos en una situación mucho más delicada y necesitamos golpes de efecto fuertes. Debemos decirle a un sector de la economía que ahora se pueden "hacer el agosto", que empiecen a tirar de la economía y que salgan a ofrecer sus productos. De lo contrario, no salimos de la recesión en que estamos. Con todos estos impuestos no se va a lograr un déficit del 2,5%. En otras oportunidades le advertimos al señor Ministro que no se iba a recaudar lo que se pensaba y que se iba a mantener el déficit, como ocurrió.

Creo que es el momento de empezar a escuchar otras opiniones. La última vez que el señor Ministro compareció en el Senado le dijimos por qué no llamaba a economistas de todos los partidos para ver que puede haber otros mecanismos. El problema es de dónde partimos y cuál es la visión que tenemos ahora de la economía. No todos los problemas son de afuera, ya que hay algunos que los hicimos nosotros antes. Si hubiéramos tenido una devaluación del 15% anual hace un año y medio, estaríamos en mejores condiciones, nuestro sector exportador podría competir mejor y capturaríamos muchos más impuestos, logrando un déficit fiscal menor. El problema no es el déficit fiscal, sino que es de actividad. Salvo el tema de la tasa de prefinanciación -para mí muy modesta- y el de la construcción, que en esta retracción no va a dar nada, no veo que el Gobierno diga que nos jugamos a determinado sector. Cuando se estaba vendiendo carne, como dijo el señor Ministro, bajó el déficit, pero eso sucedió porque había un sector que tiraba de la economía. Quizás haya que hacer correcciones y poner algún impuesto, pero creo que la energía que se gasta en ver cómo tapamos los agujeros del déficit fiscal no se utiliza para ver cómo ponemos a un sector de la economía a tirar. En junio o julio la situación va a ser dramática, incluso sacando el problema financiero que estamos viviendo en estos días, que espero que pase. Cuando el sector productivo uruguayo se frene del todo, vamos a tener un problema financiero y bancario, y si no ponemos a un sector de la economía a tirar de la cuerda, este tren no se va a mover. Entonces, quiero saber a qué sector de la economía han elegido y si no tienen otras acciones para que esos sectores tiren realmente del tren de la economía.

SEÑOR MINISTRO.- No sé si la Comisión va a seguir sesionando con esta modalidad de contestar cada una de las preguntas. Simplemente quiero decir al señor Senador Michelini con el mayor de los respetos que lo que está proponiendo es que tendríamos que haber devaluado a un 15% anual mucho antes de lo que comenzamos a partir de junio del año pasado. Creo que si nos ponemos a discutir sobre esto habría diversidad de opiniones. Si sigo el consejo del señor Senador Michelini -y créame que lo sigo, sólo que no sale en los diarios, ya que consulto, leo y me entero, porque es mi profesión y mi vocación- y consulto a los distintos economistas que forman opinión en el país, su propuesta seguramente no va a merecer la unanimidad de las opiniones. Además, creo conocer todas las formas para activar el mercado interno y no creo que haya ninguna que no tenga algún efecto sobre el déficit fiscal. Si lo que el señor Senador propone es una llamada "devaluación fiscal", esto es, poner impuestos sobre las importaciones para financiar a las exportaciones, le voy a decir tres cosas. En primer lugar, cada vez que se intentó una medida de ese tipo terminó en una gran devaluación, por lo que mientras yo sea Ministro no la voy a aplicar. En segundo término, esa es la mejor forma de profundizar el atraso cambiario. El señor Senador sabe que cuando se ponen impuestos sobre las importaciones aumentan los precios internos y no toca el tipo de cambio, por lo que es la mejor forma de profundizar el atraso cambiario. Por último, ésa es una forma transitoria y no aceptable desde ningún punto de vista en la teoría económica. Hay algunos economistas que la defienden pero no son mayoría y mientras yo sea Ministro no voy a recorrer ese camino.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa tiene el criterio de tratar de evitar polémicas. El señor Senador hizo una pregunta y fue contestada por el señor Ministro. Si el señor Senador Michelini desea hacer otra pregunta, le damos la palabra, pero queremos establecer que no estamos en un debate con el señor Ministro, sino que se hacen preguntas y el señor Ministro las responde.

SEÑOR MICHELINI.- Con mucha humildad, quiero decir que hay alternativas. Como se lo he dicho al señor Ministro, al señor Presidente de la República y lo he señalado por los diarios, salgan a escuchar otras opiniones para ver cuáles son los fundamentos en otros partidos políticos y no sólo en los que apoyan la coalición. No creo que el mercado interno pueda tirar de la economía, sino que lo que puede hacer es que la economía caiga menos. Creo que hay que jugarse al mercado exportador dándole la distorsión que el señor Ministro dice que va a haber a diciembre de este año, es decir, 25% de mejoramiento de los precios relativos.

Yo creo que hay que hacer eso por la vía de diferentes mecanismos que no quiero discutir ahora porque ha habido una inflación de propuestas y todas terminan siendo consumidas por los diarios, en vez de generar otros ámbitos para estudiarlas.

Esté seguro el señor Ministro de que hay alternativas y las puede salir a buscar e incluso desechar. Y si usted dice que mientras sea Ministro alguno de esos mecanismos -que sabemos que existen y que no nombré pero usted sí lo hizo- no se van a aplicar -no estoy hablando de la devaluación fiscal pero hay otros mecanismos que a los efectos pueden hacer lo mismo- discúlpeme, pero entonces dejará de ser Ministro, porque con U$S 800:000.000 de déficit fiscal anual, no hay Ministro que aguante, por más que usted se ponga a hablar por teléfono y a no mirarme, en una falta de respeto. Reitero que con U$S 800:000.000 de déficit anual no hay Ministro que aguante.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa vuelve a exhortar a los miembros de la Comisión a agotar las preguntas, porque no es el fin de la Comisión polemizar con el señor Ministro, lo que se podrá hacer en otros ámbitos.

Quien habla está anotado para realizar algunas preguntas y ya que no hay otros señores Legisladores con la misma intención las haré a continuación.

Es muy importante para nosotros hacer un poco más de historia con respecto a este proceso, porque el señor Ministro presenta una película y nos gustaría saber cuál sería si no hubiera voluntad política para votar los impuestos. Me parece que tan importante como el panorama que nos presenta el Ministro cuando nos dice lo que precisa para bajar en un 2.5% el déficit fiscal es saber, a juicio del señor Ministro, cuál sería la foto del país si no existiera voluntad política de aprobar este paquete fiscal que se nos presenta u otro alternativo. Esta es una de las preguntas que me parece clave porque muchas veces las decisiones que tomamos no están solamente dirigidas a coincidir con el señor Ministro en el panorama futuro, sino también en qué es lo que estamos evitando que pase. El Parlamento debe conocer en detalle ese panorama para asumir las responsabilidades que cada uno deberá tomar en esta hora. El señor Ministro habla de drama, pero esa situación dramática no fue mencionada para el caso de que no hubiera voluntad política de aprobar el paquete fiscal.

La segunda pregunta que me parece importante realizar refiere a que en la prensa se ha publicado de la existencia de un esfuerzo -algunos de estos puntos fueron enumerados por el señor Ministro- para abatir el gasto público en forma urgente con medidas que realmente puedan bajarlo en muchos lugares. Lamentablemente y como no podía ser de otra manera, se ha ingresado en rubros de inversión en los que nadie tiene agrado en tomar medidas. En ese sentido, el señor Ministro ha señalado que habrá un recorte de inversiones de aproximadamente U$S 25:000.000 para la Administración Central y alrededor de U$S 34:000.000 en las empresas públicas, así como ahorros en gastos corrientes o de funcionamiento. Al respecto la pregunta que se hacen varios Legisladores de nuestro sector político y sobre la que queremos conocer la opinión del señor Ministro es si existe la posibilidad de insistir en abatir el gasto público. Esta es una posición que nuestro partido mantiene luego de los esfuerzos que hemos hecho para colaborar con la Administración para abatir el gasto en términos generales. A juicio del señor Ministro, ¿existe la posibilidad de seguir avanzando en este capítulo para que los impuestos que alcanzan a 165 puedan ser menos? Esta pregunta, reitero, es importante para nuestro partido a los efectos de saber cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer.

La tercera y última pregunta refiere a las expresiones del señor Ministro al comienzo de esta sesión en cuanto a que Uruguay viene con tres años de un déficit fiscal de U$S 800:000.000 y que comienza con las medidas devaluatorias de Brasil. Naturalmente, mirando lo que pasó, uno ahora se pregunta si no deberíamos haber tomado medidas de contención y realizado cambios estructurales en aquella instancia para no generar ese déficit con el que comenzó la Administración. También quiero comentar al señor Ministro que durante el año 2000 anunció un abatimiento del gasto público del 10%, que fue una de las primeras medidas que tomó en cuanto asumió la Cartera. ¿Ha caído más la recaudación que lo que se logró por las medidas de recorte del gasto? ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Ha sido la ausencia de medidas en el año 1999 lo que provocó esta situación? Eso es muy claro, porque de lo contrario no hubiéramos tenido los U$S 800:000.000 de déficit al comenzar la Administración del doctor Batlle. ¿Las medidas que tomó el señor Ministro tanto en el año 2000 como en el 2001, teniendo ya en vigencia su Presupuesto en el 2001 y no estando en ejecución el del 2000, no fueron suficientes y generaron la caída de la recaudación a pesar de los recortes que se tomaron y que fueron conocidos por toda la población?

Estas preguntas son importantes porque en gran parte determinan nuestro accionar. Sobre todo, me refiero a la primera de ellas que es lo que podría pasar en el caso de que estas iniciativas no se aprueben y no se tomen las medidas de ajuste de responsabilidad fiscal que el señor Ministro está anunciando.

SEÑOR MINISTRO.- Los señores Senadores deberán compartir conmigo -creo que no es una presunción exagerada- la situación delicada en que me encuentro como Ministro para dar una respuesta lo más precisa posible a la pregunta del señor Senador sin perjuicio de que, obviamente, la voy a dar con todas mis posibilidades de información e intelectuales.

Aquí hay un tema bien delicado que diría, no sólo es de responsabilidad del Ministro, de quien conduce la Cartera de Economía y Finanzas, sino que abarca a todos los que tienen una participación destacada en el sistema político uruguayo y que, estoy seguro, se encuentran en mayor parte presentes en torno a esta mesa.

El tema, señor Presidente, es el de las profecías autocumplidas. Hice referencia a que la situación actual de la economía uruguaya es difícil y tiene problemas importantes. En esta expresión están resumidos mi sentimiento, mi sensación y mi convicción sobre el estado actual de la economía.

De modo que es mi responsabilidad, por un lado, describir los hechos como son y, por otro, tener ponderación y mesura a la hora de describir los mismos pero, sobre todo, a la hora de afirmar -como lo he hecho y lo haré ahora con total convicción- que en la medida en que apliquemos en forma integral el conjunto de propuestas que estoy presentando -en esto uno no puede pretender lograr el cien por cien de la propuesta porque el Parlamento es esencialmente el ámbito de conciliación de ideas y propuestas- seguramente la economía uruguaya podrá superar las dificultades actuales y se encaminará hacia un futuro mejor y más promisorio del que hemos tenido en los años anteriores.

Dicho de otra manera, si no aprobamos el conjunto de medidas que estamos sometiendo a consideración del Parlamento a partir de hoy, seguramente las dificultades de la economía serán mucho mayores y en la situación actual de la región nos pueden conducir a una senda de desestabilización, augurando momentos de mucha dificultad desde el punto de vista económico, pero más aún desde el político y social.

Algunos datos que los señores Senadores conocen revelan la delicadeza del momento por el que estamos atravesando y la necesidad de moverse con prudencia, en el afán de superar esta situación de dificultad y darle a los uruguayos la posibilidad de retornar a niveles de crecimiento y empleo que tenían hasta hace tres o cuatro años. En definitiva, se trata de darle a los uruguayos la sensación de que habrá un futuro mejor en medio de las incertidumbres que hoy se viven en la región y en nuestro país. Como he dicho en la Comisión Permanente y quiero reiterar ahora, existe la obligación de todos los actores del sistema político de asegurar las mejores condiciones posibles de gobernabilidad al próximo Gobierno, cualquiera sea su signo político.

Repasaré algunos de los datos que los señores Senadores conocen tan bien como yo. Desde fines del año pasado y comienzos de éste, dos de las tres principales calificadoras del mundo han puesto a nuestro país en una perspectiva negativa; nos han mantenido el grado de inversión que, como saben, da determinados beneficios en distintos órdenes de la vida financiera internacional, pero nos han colocado en una perspectiva negativa. Esto significa básicamente que si no somos capaces de tomar medidas correctivas para enfrentar la situación que se arrastra desde el pasado por distintas circunstancias corremos el riesgo de perder el grado de inversión en uno, tres o seis meses, es decir, en un futuro inmediato. Con todo énfasis diría que en lo inmediato la prueba del nueve de nuestra capacidad de mantener el grado de inversión pasa por la decisión de este Parlamento sobre el conjunto de medidas que hemos traído a su consideración. No digo que sea el 98% o el 100% de las medidas que hemos propuesto, pero se trata del conjunto orgánico y sistemático, más allá de cambios parciales que obviamente se pueden conciliar en un ámbito como éste.

No quiero extenderme en la situación argentina que todos los días les entra por los ojos a los uruguayos a través de la televisión y que conforma un estado de expectativas que denominaría como inquietantes, pues no quiero agregar adjetivos más fuertes. Obviamente esto influye en las conductas, en el modo de pensar, en los planes y en las expectativas, así cómo en la visión de cada uno de los uruguayos sobre lo que puede ocurrir en este país, habida cuenta de lo que sucedió muy cerca, en una sociedad que nos es muy próxima.

El sistema financiero, que es el más sensible porque reacciona primero y cuyas variables se modifican diariamente en forma casi instantánea, nos está enviando señales muy claras. Hoy las tasas de interés en moneda nacional están notoriamente desalineadas con relación a las expectativas que se podrían formar a partir de nuestros anuncios en materia cambiaria. Asimismo, hay una percepción de riesgo cambiario mayor en estos días de los que hubo hasta el año pasado. En las últimas semanas lo que se puede denominar riesgo país, es decir, el margen que paga nuestro país por encima de la tasa de interés internacional por nuestra deuda pública, ha subido fuertemente. Cuando empezó este proceso argentino se encontraba, aproximadamente, por debajo de 300 puntos y hoy debe estar en el orden de los 400 puntos. Cabe agregar que ha subido muy fuertemente en los últimos días y semanas. En principio diría que hay una expectativa desfavorable de una parte de la comunidad financiera internacional sobre las posibilidades de recuperación del país. Si queremos hablar desde otro punto de vista no tan dramático, hay un signo de interrogación sobre cuál va ser la respuesta del país ante las nuevas circunstancias, entre las que coloco, fundamentalmente, la respuesta del Parlamento, es decir, del sistema político. Si bien no es mi especialidad y ustedes lo saben, creo que en esta suerte de comparación casi diaria que se realiza entre Uruguay y Argentina, nuestro país tiene una ventaja sustancial que es su estabilidad, su armonía y el equilibrio de su sistema político.

Finalmente, en esta breve revisión de datos que nos golpean todos los días en doble sentido porque los tenemos a la vista y porque nos impactan pues quieren decir cosas, puedo decir que el sistema financiero uruguayo está atravesando una situación de dificultades puntuales que vamos a superar. Si el señor Presidente me permite, quiero decirle al señor Senador Michelini que esto lo vamos a superar porque Uruguay no es Argentina y porque partimos de una situación financiera totalmente distinta pues el Banco Central del Uruguay se ha venido preparando durante años para esta eventualidad. De todos modos, sabemos que existe y agrega otro factor de inquietud a la incertidumbre actual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos a 5 minutos de que comience la sesión del Senado y quisiera decirle al señor Ministro que luego podrá revisar la versión taquigráfica a los efectos de adecuar un poco los dichos para que no haya repercusiones de otra naturaleza. Creo que no habrá ningún señor Senador que cuestione las correcciones, sobre todo, en relación con las manifestaciones del señor Ministro en Comisión.

SEÑOR MINISTRO.- La tercera pregunta era si hemos hecho todo el esfuerzo posible en materia de reducción del gasto. Para el año 2002 habrá una reducción del gasto, para gastos de funcionamiento en el conjunto de la Administración Central y de los organismos del 220 -obviamente estos últimos no son afectados, pues el esfuerzo se concentra fundamentalmente en la Administración Central- del orden del 11% en términos reales.

Además, vamos a tener una reducción en las inversiones del conjunto de la Administración Central y de los Organismos del 220 también en términos reales en el orden del 5%, que creemos que es una afectación mínima. De modo que por debajo de esto no estaríamos en condiciones de asegurar un funcionamiento mínimamente normal del aparato estatal. Como sabrán los señores Senadores, los gastos de funcionamiento se pueden bajar; hay margen y vamos a ajustarnos, pero ya estamos teniendo dificultades para instrumentar esto -más allá de la mejor colaboración que brinden los Ministerios- con avisos muy fuertes. También sabrán los señores Senadores que la baja en la inversión tiene un efecto negativo sobre el conjunto de la economía. En definitiva, estamos haciendo esfuerzos muy importantes en materia de gastos y me parece que no podría prometer nuevos gastos para este año en adición a lo que he anunciado.

Sobre el déficit del año 1999, el señor Senador Heber ha sido muy gráfico. Sin duda, el disparador fue la devaluación de Brasil, ya que produjo efectos muy importantes sobre nuestra economía, entre los que se encuentra la baja del 50% en nuestras exportaciones. Seguramente se pudieron haber tomado otras medidas y haber discutido sobre ellas, pero nos encontrábamos en un año electoral y muy difícil para tomar decisiones desde el punto de vista político. No quiero entrar a realizar un juicio de valor sobre lo que se pudo o no hacer en el año 1999.

Finalmente, quiero agregar que el gasto público lo hemos venido bajando en el año 2000 y lo hemos vuelto a disminuir en el año 2001; cabe destacar que las cifras correspondientes están disponibles. Seguramente hay distintas opiniones sobre lo que voy a manifestar: tanto en el año 2000 como en el 2001 estuvieron en vigencia cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional que no pudimos cumplir en materia de déficit fiscal. En realidad, hemos contado con la comprensión del Fondo Monetario porque tuvo claro, en su visión y en la nuestra, que el no cumplimiento de las metas del déficit fiscal se había debido fundamentalmente a la baja recaudación, habida cuenta de la debilidad del funcionamiento de la economía. De todas maneras -y lo quiero decir con todo énfasis porque me parece que es muy importante- cumplimos al pie de la letra los compromisos que habíamos asumido en materia de nivel de gasto con dicho organismo. Ese fue uno de los puntos fundamentales, yo diría el más importante, para que tanto en el 2000 como en el 2001 contáramos con la comprensión del Fondo para aprobar el cumplimiento del programa aun cuando no pudimos cumplir con determinadas metas acordadas por dicho organismo. La disciplina del Gobierno, la contención, la mesura y la prudencia en materia de gasto público la demuestro o intento hacerlo compartiéndola con los señores Senadores a través de este dato: cumplimos al pie de la letra los niveles de gasto a los que nos habíamos comprometido con el Fondo Monetario y en definitiva bajamos dichos parámetros tanto en el año 2000 como en el 2001.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia advierte que la Comisión debe pasar a cuarto intermedio por el término de quince minutos a los efectos de concurrir al Senado.

(Así se hace. Es la hora 11 y 2 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la sesión.

(Es la hora 11 y 19 minutos)

- Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Voy a formular algunas preguntas puntuales.

La primera de ellas está vinculada al sistema financiero y quisiera saber -si está al alcance del señor Ministro- cuánto está aportando, aproximadamente, por concepto de diversos tributos, a las arcas públicas y si el impuesto de contralor del sistema financiero en cuanto a elevar su tasa de 0% a 24%, el Ministro lo situaba en U$S 3:000.000. Deseamos conocer si está permitido deducir este impuesto al sistema financiero por concepto del IRIC, y cuánto dedujeron los Bancos el año pasado por, precisamente, descontar este impuesto del control del sistema financiero con respecto al mencionado.

La segunda pregunta está relacionada con las frutas y verduras y queremos saber cuánto se prevé afectar a la producción nacional en las ventas a los supermercados en función de lo que viene siendo proyectado por concepto de este impuesto de aproximadamente U$S 23:000.000.

En tercer lugar, queremos conocer el motivo de pretender gravar el vino, entre otros, con IMESI, en virtud de la situación regional, fundamentalmente la de Argentina, debido a que también hay una alta competencia de la producción de ese país con la nacional, agravada por el tema de la ruptura de la convertibilidad.

Por último, voy a plantear una pregunta de carácter político relacionada con el tema de la Torre de las Comunicaciones, basada en declaraciones de jerarcas del propio Poder Ejecutivo y, la semana pasada, del propio Presidente de la República, quien expresó que la incorporaba a los inmuebles a vender. Entonces, deseamos saber si ha sido esta medida analizada por el propio equipo económico. Como los egresos por concepto de una obra de esta naturaleza son tomados para deducir el déficit, me pregunto si el hipotético ingreso por la venta de la Torre de las Comunicaciones puede ser tomado en el marco de lo que significa bajar el déficit, habida cuenta que si hay impuestos por U$S 125:000.000 en el programa de reforma de responsabilidad fiscal, y si dicho inmueble se vende en función de lo que le ha costado al país, tal vez en el año 2002 no tendríamos que aplicar impuestos.

Decíamos que era una pregunta política, porque creo que este tema de la Torre de las Comunicaciones ha sido mal manejado. Asimismo, prever en este momento su venta e incorporarla como uno de los posibles ingresos a la Administración Pública, nos genera muchas interrogantes, ya que quisiéramos saber si se va a tomar en cuenta lo que se invirtió -que, según se expresa, serían unos U$S 150:000.000 por todo concepto- o solamente lo que egresó de las arcas de ANTEL para realizar las obras, y no el tema impositivo, que seguramente estará contabilizado en el marco de lo que significa esta inversión. Esto tiene especial connotación a partir de los propios dichos del señor Presidente de la República. Por esa razón, quisiéramos saber si hay un análisis del equipo económico con respecto a esta ya famosa Torre de las Comunicaciones y cuánto puede servir al país la posibilidad de su venta.

SEÑOR MINISTRO.- Deseo aclarar que no tengo la cifra en mi poder, pero podemos prepararla sin mayor dificultad, porque es de dominio público. Diría que estoy obligado a hacer una confesión de carácter personal. En una época, trabajando para la Asociación de Bancos del Uruguay, esa era una de mis tareas, es decir, calcular cuánto pagaba la Banca en materia de impuestos. De modo que estoy entrenado para hacerlo, más allá de que en este momento no tengo los números correspondientes.

En este caso es necesario realizar una precisión de orden conceptual: está aquello de los impuestos directos e indirectos; lo de los impuestos indirectos que se trasladan explícitamente al consumidor y lo de los impuestos directos que, en principio, los paga la empresa o el empresario, según los casos, y que no tienen una forma de traslación explícita, aunque en los hechos determinan la rentabilidad de la inversión realizada. Por lo tanto, estos últimos de una forma u otra, llegan al precio de venta, dependiendo de determinados supuestos que en este momento no vale la pena detallar.

A título de revisión apresurada, diré que el sistema bancario paga el IVA sobre compras; no lo deduce, por lo que es un costo para el sistema bancario, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la economía. Dado que, en términos generales, el sistema bancario o los consumidores no pagan IVA en su relación con aquél, el sistema bancario no deduce el IVA sobre compras, como sí sucede en otros sectores. De modo que hay ahí un primer factor de costo que absorben los Bancos en su funcionamiento. Es obvio que esto lo trasladan como parte de su costo de funcionamiento.

El sistema bancario está sujeto al IMABA -es decir, al Impuesto a los Activos Bancarios- y es obvio que, de una u otra forma, lo trasladan. También paga el Impuesto al Patrimonio -al igual que todas las empresas que funcionan en el país- si no recuerdo mal, a tasas muy superiores a las que rigen para el resto de la economía. En las épocas en que trabajaba para el sistema bancario, yo decía que ese era un tratamiento discriminatorio para dicho sistema; ahora

y por distintas razones estoy revisando en parte ese concepto. Asimismo, el sistema bancario paga un aporte patronal, que si mal no recuerdo es del 27.25%, a la Caja Bancaria, contra un aporte patronal que, en el conjunto de la economía -si bien ahora está a cero en el agro, en la industria y en buena parte del transporte y en los servicios está en el 12.5%- es más del doble que el que paga el resto de los sectores.

El sistema bancario en el Uruguay en general no pagó el IRIC hasta el año 2000. Eran muy pocos los Bancos que lo pagaban -diría que, en la generalidad de los casos, directamente no lo hacían- no porque eludieran el impuesto o defraudaran al Fisco, sino porque había allí, y hay todavía, un juego sutil importante, de un contenido económico muy difícil de calibrar en cuanto a lo que son operaciones internas y externas, "off shore" en la jerga bancaria. Como se sabe, las rentas obtenidas en el exterior no están gravadas a pleno por el IRIC, con algunos perfeccionamientos que ahora no estoy en condiciones de dar, aunque seguramente mis asesores pueden aportármelos.

Repito que la consecuencia fue que hasta el año 2000 el sistema bancario no pagó IRIC. Voy a presentar el tema en forma objetiva, porque no me gusta personalizar. En el proyecto de Ley de Presupuesto que enviamos a consideración del Parlamento, de acuerdo con la norma constitucional, a mediados del año 2000, este Ministro, este Ministerio, propuso un cambio radical en la forma de aportación del IRIC sobre los Bancos, que los iba a hacer sujetos -de hecho ya lo eran- que tendrían que pagar expresamente el IRIC. Los Bancos, como todo sector de la sociedad, hicieron su presentación ante el Parlamento y expusieron razones que fueron atendidas de una u otra forma por esta Casa. Como consecuencia de esa conciliación de posiciones a que me referí anteriormente, que forma parte de la vida normal del Parlamento, surgió como iniciativa la Tasa de Contralor del sistema financiero, que se fijó en el 0.18%, a cuenta del IRIC. Esa era una forma de asegurarse la recaudación por ese concepto a través de esa vía, independientemente de las otras consideraciones técnicas que acabo de hacer sobre si los Bancos tienen que pagar o no ese gravamen, en función de sus niveles de actividad en lo interno y en lo externo.

Como decía, esa tasa se fijó en el 0.18%; hasta ahora, todavía no se dedujo del IRIC, tal como lo establece la ley, porque los Bancos cierran el Ejercicio al 31 de diciembre y tienen hasta marzo o abril para presentar sus declaraciones de IRIC. Será en ese momento, entonces, que se hará efectiva -supongo yo- la deducción en los casos que corresponda.

Esa es la descripción de los impuestos que paga el sistema financiero. Obviamente, tenemos la cuantificación correspondiente y se la podemos hacer llegar al señor Senador Larrañaga mañana o pasado.

Estas son las consideraciones que me pareció importante compartir con ustedes sobre el IRIC y la tasa de contralor financiero.

SEÑOR BRAUSE.- El señor Ministro ha explicado, con suma claridad, la tributación que recae sobre el sistema financiero.

Por tanto, lo único que deseo señalar, a fin de que quede expresamente establecido, es que no se trata de que el sistema financiero esté excluido o exonerado del resto de las empresas uruguayas respecto de sus ganancias en el exterior, sino, como lo señala el señor Ministro, el sistema tributario uruguayo optó por la tributación en la fuente, mediante la cual se gravan todos los actos y hechos jurídicos que ocurran en el territorio nacional. Este mecanismo se diferencia de otros criterios que, en general, predominan en los países industrializados, exportadores de capital, que basan su sistema tributario en el sistema de la renta mundial. Nuestro sistema tributario está basado, por tanto, en el criterio de la fuente y su aplicación hace que aquellas ganancias que se obtienen mundialmente no estén gravadas. Justamente, para corregir este criterio y gravar algunos de los ingresos que el sistema financiero tiene en el exterior es que se introdujeron modificaciones como las señaladas por el señor Ministro.

SEÑOR LARRAÑAGA.- He seguido atentamente las explicaciones del señor Ministro. Aclaro que no soy un especialista en este tema.

Se me ha dicho que esta posibilidad de descontar la tasa o el tributo del contralor del sistema financiero a cuenta del IRIC, le permitiría a los bancos, este año, deducir una cifra aproximada a los U$S 20:000.000. Como consecuencia, terminarían pagándolo sólo los sistemas de cooperativa y la banca oficial. Quisiera escuchar las explicaciones del señor Ministro al respecto.

SEÑOR MINISTRO.- Si estoy en posesión de todos los datos, la tasa de contralor del sistema financiero, el año pasado, estaba proyectada entre los U$S 12.000.000 y los U$S 15:000.000. Creo que, en términos generales, esto se ha logrado. Si se desea, puedo precisar las cifras. Dicha suma, obviamente, se va a descontar del IRIC, en la medida en que los bancos lo paguen; de lo contrario, no se podrá hacer y quedará a favor de Rentas Generales.

Nuestra proyección para el año 2002 es un poco distinta porque, como consecuencia de la política cambiaria en ejecución, todas las cifras medidas en dólares han caído. La proyección para el presente año -en condiciones de normalidad en el sistema financiero- de la tasa sería de U$S 10:000.000 y este adicional que estamos proponiendo permitiría recaudar estos U$S 3:000.000 que anunciamos.

Si me permiten, quisiera referirme a las otras dos preguntas del señor Senador. El IMESI sobre los vinos lo hemos propuesto en el afán de completar un conjunto de propuestas que nos permita acercarnos al nivel de recaudación deseado, habida cuenta de distintas alternativas que se fueron desechando en el transcurso de nuestra propia discusión interna y de conversaciones y contactos oficiosos con otros sectores políticos. En esas marchas y contramarchas, volvimos sobre una idea que manejamos desde el comienzo. El IMESI es un impuesto tradicional en nuestro país. Abarca una variedad de productos, por distintas razones, de índole suntuario, no renovables, vinculados a un vicio social como el alcohol, el juego, etcétera. Si uno repasa la lista de los artículos que están sometidos al IMESI en materia de bebidas, puede apreciar muy claramente que de todas las mencionadas en el capítulo correspondiente, este impuesto no alcanza expresamente a los vinos. Es curioso, porque están gravadas, por ejemplo, el agua mineral, la cerveza y las bebidas refrescantes. De modo que nos pareció una propuesta perfectamente defendible incluir el vino dentro de los artículos alcanzados por el IMESI, en condiciones más o menos similares con otras bebidas comparables.

Con respecto a la Torre de las Telecomunicaciones, obviamente, ha habido una decisión política del señor Presidente de la República que nosotros, como equipo económico, hemos asumido. Por ahora, no está dentro de nuestro programa de recaudación para el presente año. Se trata de una obra muy importante que ojalá tenga un comprador interesado. También es difícil imaginar un precio para una obra de ese tamaño e importancia. Informalmente, podemos manejar criterios y lo hemos hecho, pero, en definitiva, reitero que no está en nuestra proyección de ingresos para este año.

A continuación, voy a solicitarle al señor Subsecretario que se refiera al tema de las frutas y verduras y a su división en las bocas de comercialización.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- No sé si vale la pena describir un poco la forma en que se gravan las frutas y verduras. Este tema se ha difundido mucho en la prensa, pero creo que no está de más explicarlo nuevamente.

La idea es aplicar a estos productos el mecanismo de IVA en suspenso. Esto implica que está gravada la importación de frutas y verduras y se aplica el sistema del IVA en suspenso en la etapa final. Esto ha hecho que nuestros cálculos se basen, por un lado, en la parte de importación propiamente dicha y, por otro, al llegar a la etapa de consumo final, hemos tenido que tomar en cuenta que no todas las personas que venden frutas y verduras tributan de la misma forma. Por tanto, hemos debido hacer una selección; deseamos compartir algunas cifras que nos parecen interesantes. De acuerdo con la información que tenemos de la JUNAGRA, hay 3.800 feriantes, más de 14.500 almacenes y puestos, 860 autoservicios y 85 supermercados. Estamos pensando que de todo este grupo -que constituyen, aproximadamente, 20.000 puestos de venta- se grave, básicamente, las dos últimas etapas, o sea, los 860 autoservicios -aunque, en realidad, no serían todos- y los supermercados. ¿Por qué? Porque todos los demás contribuyentes tributan otro tipo de IVA; básicamente, podemos mencionar el famoso literal e) del artículo 33. Por consiguiente, si bien esas personas van a vender frutas y verduras que están gravadas, no hay traslado posible porque no existe factura, y van a pagar otro tipo de impuesto. Quiere decir que, de alguna forma, toda la producción nacional que se canalice a través de estas bocas no sufriría ningún tipo de gravamen, pero sí la que se vende en los autoservicios y supermercados. A los efectos de realizar nuestras estimaciones, hemos tomado en cuenta ciertos datos que tenemos disponibles. Una base de U$S 54:000.000 en materia de importación daría una recaudación potencial de U$S 12:000.000. El resto, se conseguiría por los demás puestos de venta.

SEÑOR BRAUSE.- Quisiera saber qué impuesto paga actualmente la importación de frutas y verduras y cuál es el origen de esos productos.

SEÑOR NUÑEZ.- El literal e) establece un límite para tributar mensualmente $ 29.000 o $ 30.000, lo que hace $ 151.000 al año. Quisiera saber si realmente las cifras se ajustan a lo que sucede. El comercio regular, el almacén, ¿no está tributando IVA actualmente? Aclaro que no me refiero al impuesto a las pequeñas empresas.

SEÑOR MINISTRO.- Las frutas y verduras, como cualquier artículo importado, están sujetos a los aranceles vigentes: 0 % si provienen del MERCOSUR y 22 % si son de extrazona. A diferencia de otros artículos, las frutas y verduras están exoneradas de IVA y, por lo tanto, en el momento de la importación, no pagan el adelanto de IVA ni el exceso a modo de adelanto, que en la actualidad es del 10 %. Si las frutas y verduras estuvieran sujetas al IVA, en el momento de la importación pagarían el arancel correspondiente, según provinieran o no del MERCOSUR, más el IVA del 23 % sobre el valor CIF, a cuenta de lo que después liquidaran en la comercialización y, además, un adelanto del 10 % también a cuenta del IVA que generaran en el proceso posterior.

Confieso que no tengo en este momento -aunque es un dato fácilmente obtenible- la proporción de frutas y verduras que se importan desde el MERCOSUR, en relación con la de otros orígenes. Sin embargo, tengo la impresión de que debe ser mínima.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quisiera referirme a la interrogante planteada por el señor Senador Núñez, que refiere a que habría algunos almacenes o autoservicios que ya estarían gravados por el IVA. Debo decir que es realmente así. Lo que sucede es que es muy difícil saber qué proporción de estos 14.000 almacenes y puestos o de los 860 autoservicios están gravados por el IVA de esta forma. Sin embargo, es evidente que algún porcentaje de ellos está tributando IVA.

SEÑOR BRAUSE.- Advierto que para ser contribuyente del IVA hay que serlo del IRIC. Muchos de esos almacenes y vendedores minoristas no lo son, razón por la cual no pagarían IVA, aunque en todo caso, deberían hacer frente a otros tributos.

Quisiera formular otra pregunta complementaria de las anteriores. Concretamente desearía saber por qué se grava también la leche larga vida y si esta medida cuenta con la opinión favorable de CONAPROLE.

SEÑOR MINISTRO.- Las causas de esa medida son básicamente dos. En esta búsqueda de productos a los que se les pueda aplicar el IVA, nos pareció pertinente, defendible y compartible la idea de que la leche fresca -no sé exactamente si esa es la denominación que se utiliza en el proyecto de ley- no estuviera comprendida. Sin embargo, entendimos que al igual que el resto de los productos lácteos, la leche larga vida podría entrar dentro de la categoría de productos alcanzados por el IVA. Diría que esa es la consideración básica que nos ha movido para realizar esta propuesta. A su vez, es público y notorio que algunas empresas productoras -y principalmente la más importante de ellas, CONAPROLE- se han manifestado a favor de esta incorporación de la leche larga vida a los productos alcanzados por el IVA, como una forma adicional de defensa frente a la competencia que pueda venir desde otros orígenes. De acuerdo con lo que nos han expuesto, entramos en un tema parecido al de las frutas y verduras. En la medida en que va a estar alcanzado por el IVA, va a tener que tributar dicho impuesto a la importación, el adelanto, etcétera. Esas son cargas que legítimamente, no discriminatorias sobre la importación, le dan un cierto margen de protección a la producción nacional.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera formular dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con cierta confusión que se ha creado en torno al nuevo impuesto a las telecomunicaciones internacionales y a la telefonía celular. Digo esto -y quiero que el señor Ministro me lo confirme- porque según la redacción del artículo correspondiente se crea ese impuesto. Sin embargo, el Presidente de la República ha dicho que es sustitutivo de otro gravamen. Insisto, creo que hay una confusión y no se trata de una sustitución.

Mi razonamiento es el siguiente y pido al señor Ministro que me diga si es correcto. Dada la participación de otras empresas, además de ANTEL, en las telecomunicaciones internacionales, su recaudación descenderá y, en consecuencia, el Estado tiene menos superficie para sacar plata a ANTEL. Entonces, con este impuesto trata de compensar lo que está perdiendo por la "apertura" del mercado de telecomunicaciones. Me parece que a la opinión pública hay que decirle las cosas como son: no se sustituye un impuesto preexistente, sino que se crea otro para cubrir lo que van a ganar las empresas extranjeras.

La segunda interrogante no tiene que ver directamente con el texto de los proyectos, pero sí con el conjunto de los objetivos que persigue el señor Ministro, el Gobierno, que es el de ahorrar en el gasto. Los funcionarios de la Administración Central, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no van a ver incrementados sus ingresos este año, sino que más bien se les reducirán. Quisiera saber cuánto dinero se piensa recaudar por el no aumento de los salarios de acuerdo con el incremento del IPC, de la inflación, del costo de vida o cómo se le quiera llamar. Es un cálculo muy importante porque significa qué parte del ahorro va a tener el Ministro a través de ese mecanismo.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a la primera pregunta, creo haberla respondido ya, pero con mucho gusto lo voy a reiterar.

El Gobierno presenta este impuesto a las telecomunicaciones como un mantenimiento parcial de las transferencias anteriores de ANTEL. En el correr de mi presentación en la mañana de hoy, he dicho que ahora establecemos un impuesto explícito a las telecomunicaciones que antes estaba implícito en las tarifas de ANTEL. Si el señor Senador quiere llamar a esto "creación de impuestos", está en lo cierto, pero creo que conceptualmente las precisiones de nuestro Gobierno ubican mejor esta apreciación, en cierto modo aislada, sobre si es una creación o una sustitución. De todas maneras, en este tema las interpretaciones corren por cuenta de cada uno, y el señor Senador obviamente está en su derecho de formular la pregunta y dar la interpretación que quiera a lo que acabo de decir.

En cuanto al aumento de sueldos de la Administración Central, hemos decidido ubicarlo en el 1,5 % para este año, por lo que es lícito -se ha planteado por varias fuentes de opinión y ahora por parte del señor Senador Gargano- preguntar qué ahorro se obtiene por esta vía. Es una pregunta difícil de contestar, pero hay que tener en cuenta también que en muchos sectores de la actividad privada ha habido acuerdo para bajar salarios. De manera que si la comparación se hace con lo que ha ocurrido en la actividad privada, habría que decir que estamos aumentando un 1,5 % con respecto a la baja que han tenido determinados sueldos en ese sector, por lo que no correspondería hablar de ahorro. En muchos otros sectores de la actividad privada se ha acordado que los aumentos de salarios sean por un porcentaje de la inflación pasada. Como todos sabemos, la inflación del año pasado estuvo en un 3,6 %, de modo que dependerá de a qué porcentaje nos estamos refiriendo con relación a la inflación pasada. Pero aun en la hipótesis de máxima -que, repito, a esta altura es un "rara avis" en el sector privado y también, en buena medida, en el sector público, salvo en algunas Intendencias que siguen ajustando por el 100 % del costo de vida- habría una diferencia de dos puntos respecto a lo que efectivamente determinamos, que equivale aproximadamente a U$S 2:000.000.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Quiero pedir disculpas de antemano por mi pregunta, dada mi no especialización en estos temas.

En concreto, mi pregunta está vinculada a la que formuló el señor Presidente en cuanto a las posibles consecuencias que podría traer no realizar este ajuste, dado el abultado déficit fiscal que venimos teniendo desde hace tres años. El señor Ministro ya se ha referido al tema, pero en lo personal me quedaron algunas dudas. Supongo que una de las consecuencias de que Uruguay mantuviera o aumentara su déficit fiscal, aparte de otras que sospecho también debe haber, sería un mal relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional, es decir, con autoridades financieras internacionales de carácter público o multiestatal. Y otra de las consecuencias podría ser la pérdida del grado de inversión; me corregirá el señor Ministro si estoy cometiendo desaguisados en mi pregunta. Me gustaría saber cuál sería el costo de esta pérdida de confianza en cifras, que es como se están manejando estos temas en el día de hoy. Se me ocurre que la pérdida del grado de inversión tendría efecto sobre las nuevas deudas, es decir, sobre el enjuague del mayor déficit fiscal. Si es así, quisiera conocer si se ha hecho una estimación al respecto.

SEÑOR MINISTRO.- En términos generales, estamos de acuerdo; el señor Senador Fernández Huidobro ha descrito bien las eventuales consecuencias. Pero déjeme, en todo caso, precisar algunas cuestiones de carácter personal.

Nuestra primera obligación, como integrantes del Gobierno, es con el pueblo uruguayo, de modo que lo primero que estamos mirando en la definición de nuestro programa es nuestra responsabilidad ante el pueblo uruguayo y lo que entendemos nuestro deber en términos de política económica y de conducción de la sociedad. Como Ministro de Economía y Finanzas no podría concebir en la economía uruguaya de hoy una proyección del año 2002 que no se plantee esta meta de déficit fiscal de no más del 2,5 % del Producto, o, dicho de otra manera, U$S 400:000.000. No me podría hacer responsable, ante mí mismo pero sobre todo ante la población uruguaya, de mantener un déficit por encima de esta cifra, porque creo que sería profundamente desestabilizador para la evolución de nuestra economía y para la convivencia pacífica de nuestra sociedad.

Si no hacemos este esfuerzo y este intento, quienes nos prestan nos van a cobrar tasas más altas, lo que nos va a agregar nuevos costos al total del gasto público, como decía el señor Senador. Y, más allá de cierto punto, lo que nos puede suceder es que no nos presten más, en cuyo caso, al estilo de lo que ocurrió en Argentina -pero obviamente como una pesadilla que pasa muy lejos de nuestra realidad- el Uruguay tendría que ir a un déficit cero forzado, porque no tendría ninguna fuente de financiamiento. En esa hipótesis, las consecuencias desde el punto de vista del programa fiscal deberían ser mucho más exigentes de las que están planteadas ahora. Obviamente, esto está referido a una concepción de la relación del Uruguay con el mundo financiero internacional que, diría, es más compleja que tener que pedir prestado. De todos modos, me quedo con esto último, pues en la medida en que exista déficit fiscal tenemos que pedir prestado. Por supuesto, lo hacemos en proporciones variables y según los casos, ya sea tanto en el mercado interno como en el internacional.

Es allí donde damos un papel fundamental a nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional en forma directa, a través del acuerdo que esperamos perfeccionar en estos días a partir de un principio de acuerdo que hemos realizado la semana pasada. Pero a esto debemos agregar que todo esto se da en una relación que no depende de una decisión directa del gobierno -aunque está muy influida por lo que hagamos- y que tiene que ver con el juicio de las calificadoras internacionales.

Mientras que con el Fondo podemos acordar o no -y aquí sí hay una decisión que depende de nosotros- con las agencias financieras internacionales debemos mostrar una realidad y defender determinada política; créanme, señores Senadores, que así lo hemos hecho reiteradamente, con todo énfasis y convicción en estos últimos tiempos. Lo cierto es que, en definitiva, son ellas las que emiten su calificación.

La eventual pérdida del grado de inversión creo que tendría efectos negativos sobre el estado de ánimo de los uruguayos.

El estado de ánimo de los uruguayos ha sido castigado reiteradamente por acontecimientos fuera de nuestro dominio. Esa es nuestra interpretación y creemos que es correcta; obviamente sabemos que existen discrepancias, pero mantenemos nuestra idea sobre lo que ha pasado en nuestro país.

Pensamos que pese a ese cúmulo de sucesivos acontecimientos adversos, nuestra gente, la población del Uruguay, los agentes económicos, mantienen un grado de confianza importante en este Gobierno y en su capacidad de manejar la economía.

En mi opinión, ese sería el principal impacto de la pérdida del grado de inversión. Obviamente, hay otras formas de cuantificar algunos de los aspectos incluidos en este concepto general; uno de ellos sería el mayor costo de la deuda en la que vamos incurriendo siempre que tengamos déficit fiscal -en la proyección que estamos presentando, con todos estos supuestos, de todas maneras, seguiríamos con déficit fiscal- y el de la deuda que además hay que renovar. No olvidemos que nos endeudamos en lo nuevo para financiar el déficit fiscal, pero también nos endeudamos para renovar vencimientos que tenemos todos los años.

SEÑOR LARRAÑAGA.- El señor Ministro nos explicó en una reunión con Senadores blancos y colorados que cada punto en más del servicio de intereses de la deuda externa significaba que todos los uruguayos íbamos a pagar entre U$S 90:000.000 y U$S 100:000.000 por año. Me gustaría que se ratifique o rectifique dicha cifra y saber si eso es a partir de la nueva deuda o a partir de toda la deuda incluida la renovación. En síntesis, me interesa saber cómo juega la pérdida de calificación y el incremento de cada punto en el quantum de los intereses de la deuda externa uruguaya, o sea, tanto la nueva como la vieja renovada.

SEÑOR MINISTRO.- Por cierto las consideraciones de los dos señores Senadores son válidas. Quiero aclarar que el Uruguay tiene un nivel de deuda pública en torno a los U$S 10.000:000.000, en términos brutos, o sea, sin deducir reservas, etcétera.

Si perdiéramos el grado de inversión, seguramente tendríamos un aumento en el costo de nuestro financiamiento -obviamente ello depende del grado de descontrol en que pudiera caer la economía, y en ese sentido hay ejemplos cercanos que nos lo indican- que, en una primera aproximación y simplemente pensando que fuera un aumento de un punto con relación a lo que estábamos pagando hasta hace poco, podríamos estimar en U$S 90:000.000 ó U$S 100:000.000.

Pero existe una dinámica en la que no todo el efecto se da en una única vez. Precisamente, en este momento estamos emitiendo en términos brutos aproximadamente U$S 1.300:000.000.

En nuestro programa, si el Parlamento aprueba en términos generales nuestra propuesta, aproximadamente U$S 400:000.000 se destinarían para financiar el déficit fiscal en el que incurriríamos este año, y U$S 900:000.000 para renovar vencimientos que se van dando en el correr de este año.

Entonces, un punto sobre U$S 1.300:000.000, de inmediato, en el primer año, sería U$S 13:000.000, cifra que seguiría subiendo en los años posteriores. Pero además tendríamos otra consecuencia que es importante que todos retengamos: si esto ocurre, el valor de nuestra deuda pública va a bajar. Los tenedores de deuda pública uruguaya, ya sea en el Uruguay o en el exterior, van a tener una pérdida de riqueza.

SEÑOR GALLINAL.- Quisiera plantear algunas preguntas, dos de las cuales están vinculadas al adicional al Impuesto a las Retribuciones Personales que está comprendido entre los artículos 1º y 8º.

En primer lugar, observo que de acuerdo con el inciso segundo del artículo 1º, el adicional gravaría a las retribuciones y prestaciones nominales de los funcionarios que se desempeñan en las personas públicas no estatales; a diferencia de todos los otros que incluye el artículo, este sería el único caso en el que quedarían gravadas las retribuciones de empleados privados por el Impuesto a las Retribuciones Personales.

No pretendo juzgar ni emitir opinión sobre si habría que gravar o no con el impuesto adicional a los trabajadores privados, pero el hecho es que un sector de los privados es gravado por el adicional del Impuesto a las Retribuciones Personales, lo cual configuraría una suerte de injusticia, porque estos empleados privados -que no tienen los beneficios de ser funcionarios públicos y, por consiguiente, no gozan de la estabilidad de estos, además de otros beneficios- se verían comprendidos, diría, en "las verdes" y no en "las maduras". Parecería que el criterio tendría un cierto grado de injusticia. Por otro lado, me gustaría saber cuánto significaría la recaudación por este concepto, es decir, el total que se va a recaudar por el adicional al Impuesto a las Retribuciones Personales que se establece en el artículo 1º para quienes trabajan en las personas públicas no estatales.

En segundo lugar, respecto a la definición bienvenida del artículo 4º en cuanto a que a partir de ahora y de aprobarse este proyecto los funcionarios que desempeñan tareas en el exterior pasarían a estar gravados por el Impuesto a las Retribuciones Personales, de acuerdo con su redacción, deduzco que hasta hoy no lo estaban, lo que verdaderamente configuraría otra injusticia para con el Estado. Y me pregunto -porque no me resulta suficientemente clara la redacción del inciso tercero del artículo 4º- qué es lo que estaríamos gravando en cuanto a los funcionarios que se desempeñan en el exterior. Parecería que refiere exclusivamente a los sueldos presupuestales, con lo cual es muy probable que aquellos que desempeñan tareas de representación con determinados sueldos o ingresos que no tienen características presupuestales, quedarían fuera o, mejor dicho, no estarían comprendidos dentro del alcance del IRP. Sin embargo, creo que en ese caso tendría que ser al revés; que sería bueno que estuvieran gravados no sólo los sueldos presupuestales que se definen por el inciso tercero del artículo 4º.

La tercera pregunta que quería realizar al Ministro no refiere al IRP, sino a qué posibilidades existen de implementar la propuesta que reiteradamente ha hecho el señor Senador Heber en el transcurso de los últimos tiempos y que no fuera recogida por el Gobierno hasta la alocución del señor Presidente de la República donde planteó que el Gobierno estaría de acuerdo con eliminar el subsidio al Correo, que es del orden de los U$S 9:000.000, y buscar la forma de que dicho organismo se haga cargo del reparto de las facturas correspondientes de algunos Entes Autónomos que hoy se distribuyen por otros mecanismos.

Estas son las tres preguntas que tenía para formularle al señor Ministro, una de las cuales es obvio en representación de quién la hago. Sería bueno que se informara, porque es bienvenido el hecho de que el señor Presidente de la República haga suya la idea del señor Senador Heber en el sentido que se ha expresado.

SEÑOR MINISTRO.- Respecto a la primera pregunta del señor Senador Gallinal, puedo decir que en términos generales lo que hemos hecho en esta propuesta que refiere al IRP es aplicar la misma redacción que se propuso y aprobó en ocasión del adicional del 3% sobre los sueldos públicos que superaban los 29 sueldos mínimos. Allí también estaban incluidos los organismos paraestatales, por lo que en realidad estamos aplicando la misma base imponible que en aquella oportunidad. Esta sería una primera precisión de orden conceptual. Como dije, al hablar del IRP a los sueldos públicos, tomamos la misma definición aprobada por el Parlamento en ocasión en que se incluyó el adicional del 3% al que me referí.

En cuanto al grado de justicia o injusticia de esta definición, como en todos los temas de este tipo, puede haber distintas opiniones. En lo personal, tengo una opinión diferente a la del señor Senador Gallinal. Para mí los organismos paraestatales se comportan como privados en todo lo que les conviene y como públicos también en lo que les conviene, pero no hacen un adecuado equilibrio como creo que insinuó el señor Senador Gallinal. No he visto que ningún organismo paraestatal despida a nadie; todos sus funcionarios tienen inamovilidad. Además, me resisto a la idea de que estos son trabajadores del sector privado, pues sus fuentes de recursos las pagamos todos los uruguayos mediante impuestos o tasas que, explícitamente, se han establecido por ley y que son de obligatorio cumplimiento. Justamente por esa línea de razonamiento discrepante con la del señor Senador Gallinal, en el proyecto de ley de gastos -obviamente de ser aprobado por el Parlamento- estamos aclarando expresamente que las deudas de los organismos paraestatales no tienen la garantía del Gobierno Central. Hasta ahora nos encontramos con más de una gestión desacertada -para decirlo en términos suaves- que, al final, la ha tenido que pagar el Gobierno Central. Sin embargo, si la norma que proponemos es aceptada, de aquí en adelante los proveedores que le vendan a los organismos paraestatales deberán tener debido cuidado en lo que hacen, así como también los administradores de dichos organismos. La idea es que el Estado, el Gobierno Central, no responda más por esas deudas.

En términos generales, estos son los conceptos que están detrás de esta inclusión tal como se propone.

En cuanto a la recaudación no tenemos una idea precisa, aunque podríamos hacer alguna estimación si el señor Senador así lo pide. De todos modos, repito que no estamos innovando y que creemos que es de estricta justicia -aunque éste es un tema opinable- incluir a estos trabajadores dentro de este impuesto que hoy están pagando en el adicional del 3%.

La segunda pregunta del señor Senador Gallinal refiere a los funcionarios en el exterior. Por una ley de 1906, los funcionarios que se desempeñaban en el exterior no estaban sujetos a descuento alguno en sus retribuciones. Tuvimos oportunidad de descubrir esto al comenzar a revisar la aplicación del adicional del 3%, Ministerio por Ministerio. En ese momento vimos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores sólo pagaba una parte muy menor de ese 3% sobre los funcionarios que están en el país, y al empezar a averiguar desempolvamos esta ley de 1906. En función de eso, realizamos la discusión política en el seno del Poder Ejecutivo con el señor Canciller y con el señor Presidente, llegando a esta solución que, en primer lugar, establece que todos los funcionarios en el exterior van a pagar el impuesto a los sueldos al igual que todos los uruguayos, el que obviamente en la mayoría de los casos será del 6%. En segundo término, a nivel de los cargos que se mencionan, como Embajador, Ministro, etcétera, van a pagar el adicional que ahora se propone. Hubo una consideración en cuanto a que quizás el adicional no debería ser de aplicación para todos los funcionarios que están en el exterior, habida cuenta de que tienen necesidad de realizar gastos en un ambiente que no es el nuestro, y ésa es la consideración que prima en la propuesta, aunque obviamente es un tema a discutir. Finalmente, dentro de las retribuciones se consideraron únicamente dos: el sueldo y el coeficiente. No soy experto en lo que ganan los funcionarios en el exterior, pero tienen otras retribuciones como, por ejemplo, gastos de representación. Recuerdo que en la discusión que hubo sobre este tema se excluyó expresamente alguna partida a los efectos del impuesto, como los gastos de representación -si no estoy mal informado sobre la terminología- y alguna otra partida familiar. Estos son temas discutibles, y si el Parlamento así lo entiende, los podrá variar.

Con respecto a la pregunta sobre el Correo, creo que el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tenía algunas consideraciones para realizar.

SEÑOR DAVRIEUX.- Respecto a la posibilidad de suprimir el subsidio en el Correo, debo decir que no sería inmediato, porque ese organismo tiene varias obligaciones legales que hace que compita en condiciones desfavorables en relación con el resto de la actividad. Actualmente está en elaboración un proyecto de ley que elimina esos mayores costos, tales como llevar gratuitamente correspondencia oficial y tener exonerada una cantidad de atención al sector privado. En la medida en que eso ocurra y los aportes patronales y demás se conduzcan al mismo nivel del sector privado, con mayor nivel de actividad, se estaría en condiciones de eliminar totalmente el subsidio al Correo. Sin embargo eso no es posible cuando le imponemos obligaciones de tipo fiscal y luego no le damos recursos a ese organismo que compite con el sector privado.

SEÑOR GALLINAL.- Me gustaría saber qué porcentaje del total de los ingresos que perciben los funcionarios que desempeñan tareas en el exterior -básicamente me estoy refiriendo a los Ministros, Ministros Consejeros y Embajadores- vamos a estar gravando de acuerdo con la definición del artículo 4º. Me parece que esto es lo que nos va a ilustrar sobre el alcance del IRP. De acuerdo a lo que define el inciso tercero del artículo 4º, temo que no estemos gravando lo que a nosotros nos interesa en ese sentido.

En cuanto a lo que planteaba sobre los empleados paraestatales, con relación al hecho de que no hayan sido despedidos, considero que no es un tema de los empleados. Bueno sería que los funcionarios ahora vengan a pedir que los despidan para que quede claro que son empleados privados y no públicos. Me parece muy clara la discriminación que se hace. En algunos casos es cierto el hecho de que se paga con fondos estatales, pero no en todos; sin embargo, con fondos estatales también se pagan las jubilaciones y pensiones. Repito que no me parece que ésa sea una diferencia y creo que sí la estamos marcando dentro del sector privado, y puede ser justa, por lo cual no la critico.

En lo que refiere al subsidio del Correo, parecería que no habría posibilidades de implementarlo, por lo menos en las cuentas de este año. La pregunta es cuándo podríamos hacerlo y qué mecanismo tenemos que utilizar para ello. En su anuncio, el Presidente de la República dio la impresión de que era para este año, al igual que el pedido que nosotros habíamos hecho a través del señor Senador Heber, que tenía el mismo propósito. Entonces, ¿el contador Davrieux está dispuesto a iniciar una intermediación o negociación con los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados para poder implementar una decisión de estas características? A mi entender, hay grandes resistencias, por ejemplo, a nivel de la UTE para practicarla o implementarla; tanto es así, que se cuestiona -con razón o no- por parte de los Directivos del Correo que la UTE no sólo tiene desinteligencias con este organismo, que refieren al reparto de las facturas propias del Ente, sino que también estaría buscando convertirse en quien reparte las facturas de otros organismos o de Gobiernos Departamentales. Entonces, no quisiéramos que culmine este año replanteándonos el mismo problema, sino que empecemos el 2003 con esto definido para que en el 2004 podamos lograr los ahorros en el Correo; téngase en cuenta que el Correo sigue sin repartir sus facturas y que UTE le reparte las facturas al Gobierno Departamental.

SEÑOR DAVRIEUX.- En primer lugar, hemos elaborado un anteproyecto de ley con la intención de enviarlo en los próximos 30 días para resolver los temas de mayores costos.

Con relación a los anuncios del señor Presidente, quiero decir que marcó una línea de acción y, naturalmente, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto depende directamente de él, va a actuar en ese sentido. La diferencia en el caso de UTE con ANTEL es que este último tiene un registro central de los consumos y UTE tiene que hacer la toma de consumo y luego la distribución de la factura, o sea, es la misma persona la que hace las dos cosas. Si separamos las tareas tenemos que analizar si, en realidad, no aumentamos los costos en lugar de reducirlos. Este tema es el que hay que analizar en UTE y no lo podemos resolver diciendo: "hagámoslo de inmediato". Analicemos cómo hacemos para que algo que quiera mejorar el Estado no termine aumentando los costos a todo el mundo, inclusive a los usuarios.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: en la política hay siempre visiones distintas porque, en realidad, las ideas son distintas, las ideologías son distintas y porque cada uno de nosotros tenemos pensamientos distintos. Por suerte, la democracia nos da la chance de poder analizarlos, de dialogar, confrontarlos y ver de qué manera se resuelven y cómo la sociedad puede solucionar estas diferencias, lo que en forma democrática normalmente lo hace a través del voto. Entre los economistas pasa lo mismo: unos piensan de una manera y se basan en determinados textos y ciertas teorías, y otros lo hacen de otra forma. Lo que no sé muy bien es cómo se miden las mayorías y minorías de los economistas a que hizo referencia el señor Ministro. Eso es más difícil; no sé cómo se miden. ¿Se hace un censo o una encuesta de economistas para ver cómo ocurre? Reitero que no lo sé.

Coincido con el señor Ministro en que hay una situación grave y dramática, pero no estoy de acuerdo en que el tema central de ello sea el déficit fiscal y, sobre todo, sus consecuencias, que es lo que nos transmitió el señor Ministro. De ninguna manera voy a hacer una disertación, pero sí haré algunas puntualizaciones.

En el Uruguay de hoy hay un fenómeno que se llama desocupación, que alcanza un 15%. La primera consecuencia de esta desocupación es la desesperanza y con ella no es posible el progreso. La segunda es la emigración. Los uruguayos tienen derecho a vivir donde quieran, pero si entre los que se van del país se encuentran los investigadores científicos, la mano de obra y los empresarios más calificados, todo aquello que nosotros aprendimos en cuanto a que, en el largo plazo, el crecimiento, la productividad y el progreso técnico eran posibles, está en tela de juicio si sigue dándose la emigración. Pero con "investment grade" hoy se da un déficit fiscal alto y ésa es mi preocupación. Además, los agentes económicos, aparte de la bronca, tienen un brutal desánimo. Entonces, ¿cómo convencer al productor rural de que si se baja el déficit fiscal él va a estar mejor, va a invertir y, por lo tanto, habrá crecimiento? ¿Cómo convencer al industrial de que si se baja el déficit fiscal va a invertir, va a crecer y va a haber empleo? ¿Cómo convenceremos al exportador, al sector de la construcción, que depende de la inversión pública, al sector del turismo, que en estos momentos depende de las paridades cambiarias con Argentina y Brasil? Por lo menos ha habido cierto grado de consenso -no sé si en mayoría o en minoría de economistas- y, en general, todos hablan de que hay un problema de rentabilidad y de competitividad en los sectores productivos. En mi opinión, mucho más dramático que esto es pensar que uno de cada dos uruguayos nace en hogares pobres; éste es otro Uruguay de futuro, otro país. Esos chicos que nacen en hogares pobres tienen problemas de alimentación, de educación, de salud y también tendrán dificultad para conseguir trabajo. Repito que esto sucede en uno de cada dos uruguayos y no se da en un 10% o un 20%. Este tema, para quien habla, sí es grave y dramático.

El señor Ministro habla de dos medidas: una de política cambiaria y otra tributaria. En materia de política cambiaria debo decir que, en lo personal, siempre estuve en contra de las altas, abruptas y maxi devaluaciones que se dieron a fines de los 60’ y principios de los 70’, sobre lo cual escribí muchos textos. Insisto en que siempre estuve en contra de esto. A su vez, el día que constaté que se daban atrasos cambiarios muy altos, también entendí que -al revés de las maxi devaluaciones- los atrasos cambiarios iban a afectar la competitividad de las actividades productivas. Debe hacer seis, siete, ocho o nueve años que dije -seguramente, en minoría entre los economistas, pero con plena convicción-: hay que mejorar el tipo de cambio real -como dice el señor Ministro, y tiene razón- sobre la base de acelerar gradualmente el tipo de cambio para darle competitividad a los sectores productivos; pero, por sobre todas las cosas, como había deudores en dólares, había que hacerlo gradualmente para que no pasara lo que nos sucede ahora y no llegáramos a este momento, que sí es difícil. Entonces, el señor Ministro dice que lo que le importa es el tipo de cambio real y considero que tiene razón. Pero, permítame hacer un cálculo; en Argentina nadie sabe lo que va a pasar y a cuánto se va a ir el tipo de cambio. Partamos de la base que el tipo de cambio es de $ 1,80 -no $ 2 ó $ 2.50- que es a lo que cerró ayer; el Gobierno argentino señala que va a tener una inflación de un 15%. Desde hoy está mejorando el tipo de cambio real en un 56%, pero será mucho más, porque el mínimo es 56%; 15% será a fin de año. En el caso del Uruguay, como bien dijo el señor Ministro, si en el año tengo el 32% de modificación cambiaria y menos de un 10% de inflación -le puse 10- voy a tener un 20%. Con respecto a Brasil -no hice el cálculo del tipo de cambio real que es el que hay que hacer- podemos decir que desde 1999 hasta ahora se duplicó el tipo de cambio nominal, pero no ocurrió lo mismo con los precios. Por otro lado, el Euro se devaluó un 30%. Ante una situación como ésta, con la diferencia que existe con Argentina, creo que todo este año va a ser peor aún de lo que estoy señalando. Honestamente, no sé cómo vamos a hacer para exportar a la Argentina y al Brasil. Es verdad que hay algunos rubros que tienen rentas diferenciales y pueden seguir exportando. Pero en el dinamismo en que estamos, quisiera saber cómo resolvemos el tema de los servicios con Argentina, sobre todo, con respecto al turismo. Es cierto que existe una situación especial, pero con estas relaciones cambiarias, nadie sabe qué va a pasar. Me quedaría enormemente intranquilo con esta situación.

El señor Ministro dijo que, de pronto, en el segundo semestre bajamos el ritmo devaluatorio. ¡Ojalá pueda! Pero ¿qué pasa con los exportadores, los industriales y los productores rurales? A ellos ya les pasó bastante. Siempre el punto de partida es la devaluación de Brasil en el año 1999, pero en 1998 aquí teníamos un índice de desocupación del 12% de promedio anual, un coeficiente de inversión muy bajo, la industria ya había perdido 100.000 puestos de trabajo y los productores rurales se quejaban de que habían perdido U$S 1.000:000.00 por el atraso cambiario vía transferencia de ingresos por modificaciones de los precios relativos. Es verdad que esta situación se agravó a partir del 1999. Observando todo esto, me amargo la vida.

Siempre se dijo que existe un problema de costo-país. Con esta política, el costo en dólares del Uruguay, así, como estamos en este momento, va a seguir siendo más alto que el de Argentina, Brasil y el resto. Con una inflación de menos del 4% el año pasado y con una previsión del 10% para este año, en la actualidad las tasas de interés están en un 70%. Me pregunto cómo salimos de esta situación, cómo vamos a reactivar realmente con un costo financiero del 70%.

El señor Ministro hizo un esfuerzo durante dos años diciendo que hay que bajar los costos del Estado y, sin embargo, lo que está haciendo hoy es subirlos.

SEÑOR MINISTRO.- No es así, señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- El aumento del 4% a los combustibles se adelanta a una devaluación que, posiblemente, de acuerdo con lo que el señor Ministro ha programado, será en febrero y marzo. Esto es costo del Estado. Hoy, el señor Ministro nos anuncia que las tarifas de UTE, OSE y ANTEL van a aumentar el 8.5% y eso es costo del Estado, además de los aumentos de los impuestos. Frente a esto, señalo que la situación es dramática y no veo cómo es posible crecer. El señor Ministro no cree en la demanda interna y esta va a caer porque los salarios y la inversión pública también disminuyen. Pero, ¿cómo se crece en materia de exportación con esta situación?

Por otro lado, quisiera que se mantuviera el "investment grade", pero lo cierto es que la semana pasada, el Bono Global 2010, que en el año 2000 se emitió a 8,75, estaba cotizando por debajo de la par. Quiere decir que hoy, quien quiere comprar un Título uruguayo lo puede hacer con una rentabilidad del 9%, lo que significa que si usted quiere emitir nueva deuda, ya la está emitiendo hoy al 9%. También desde este punto de vista, en los hechos, el país -lamentablemente- ya ha quedado afectado. Creo que esto, básicamente, tiene que ver con Argentina y no con el Uruguay. En los hechos, la situación del "investment grade", sin duda, se ha afectado. Entonces, mi inquietud se basa en que si baja el déficit fiscal, no veo cómo es posible crecer porque aumentan el costo del Estado y el financiero y, además, el costo en dólares sigue siendo alto. El problema central es que si no hay crecimiento va a volver a bajar la recaudación, si hay recesión; y el señor Ministro ya está pensando en un 0% de crecimiento. Si esto ocurre y, además, en los hechos se produce un descenso, va a haber menos recaudación, con lo que tendrá nuevamente déficit fiscal.

No sé si aquí hay minoría o mayoría de economistas, pero simplemente tomo las siete lecciones a que hace referencia el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, refiriéndose a la Argentina. La primera de ellas es que la convertibilidad se debió haber modificado hace muchos años. La segunda, consiste en no olvidarse del contexto social y político, porque si sólo se atiende la inflación y no la desocupación, habrá dificultades. La tercera es que, cuando se está en una situación recesiva, hay que tratar de aplicar, en la medida de lo posible, un mecanismo anticíclico. Digo eso, porque si se actúa de manera procíclica, como lo está haciendo el señor Ministro, se profundiza la problemática. Todos estos elementos los menciona con respecto a Argentina, pero podrían estar sobre esta mesa.

En la primer página de la exposición de motivos se señala que la actual política tributaria, como es sabido, apunta a dotar al sistema de una mayor neutralidad en tanto ésta sea compatible con la observancia de los necesarios criterios de equidad entre los distintos sectores de agentes económicos. Me gustaría que señor Ministro nos explicara cuáles son los criterios de equidad de esta propuesta de responsabilidad fiscal. Quiero señalar algo que me resulta muy doloroso y es el hecho de que los dos impuestos del sistema financiero los van a pagar las cooperativas de crédito, a las que, además, se les quita la asistencia financiera que se les estaba dando cuando los productores rurales dejaron de pagar el Impuesto a la Enseñanza Primaria. Este último, señor Ministro, se utiliza para la alimentación de los niños. ¿Se le va a quitar una parte a la alimentación de los niños con esta responsabilidad fiscal a la que usted hace referencia? Ante todo esto, quisiera saber cuál es el criterio de equidad.

SEÑOR MINISTRO.- La exposición del señor Senador Couriel, como es habitual en él, ha sido muy profunda, muy reflexiva y nos llama, como siempre, a la meditación. Con seguridad, tenemos visiones distintas sobre el funcionamiento de la economía y, en algunos casos, nuestras discrepancias fácticas son fácilmente dirimibles. En nuestra propuesta, el costo del Estado medido, por ejemplo, a través de las tarifas públicas, va a bajar en dólares. Si bien aumentó ahora, dentro de tres meses estará neutralizado en dólares y en los próximos 9 meses bajará progresivamente. De este modo, en el correr del año, las tarifas públicas disminuirán, con lo que el sector exportador tendrá una baja del costo del Estado expresado en dólares.

Si el señor Senador Couriel se ubica al día de hoy, debo admitir que tiene razón; pero si yo me ubico a fin de 2002, me asiste razón, y si nos ubicamos en el promedio, también tengo razón. Creo que hay diferencias fácticas, más allá de las de visión y de concepción, que son muy respetables. No voy a ingresar ahora a la discusión sobre la política cambiaria y lo que se debió haber hecho o no en el pasado.

Los criterios de equidad obviamente están contemplados en el conjunto del sistema tributario uruguayo. Hay determinadas exoneraciones que se mantienen en el IVA y que no las estamos afectando. Asimismo, como expliqué anteriormente, el único impuesto que podría considerarse contrario a esta visión, en una magnitud que creo no es relevante, es el que se aplicaría a frutas y verduras, que representa una parte muy menor del consumo familiar. Con ello no estoy negando la importancia que puede tener el debate en torno a este impuesto, pero ubiquémonos en la ponderación del gasto de las familias en frutas y verduras y lo que dicho gravamen puede significar en términos de una afectación a los sectores consumidores de la población.

La referencia que ha hecho el señor Senador Couriel sobre el Impuesto de Primaria, obviamente hay que enmarcarla dentro de una consideración mucho más amplia. En el Presupuesto pasado aumentamos las partidas en beneficio de la ANEP y ahora no afectamos ninguna de las partidas de gastos de funcionamiento ni de inversión de la ANEP, así como tampoco de la Universidad de la República. Hemos aprobado -reconozco que con la insistencia del Partido Nacional- un gasto adicional a favor de los niños que atiende la ANEP a través del Verano Solidario; las partidas de alimentación se han cumplido puntualmente. En ese marco de mayor nivel de recursos a favor de Rentas Generales, estamos proponiendo terminar con una rémora del pasado que genera una deuda al Ministerio de Economía y Finanzas, pero que no ha impedido que se atienda a la ANEP por los otros conceptos que fueron aprobados por leyes anteriores y, particularmente, en el Presupuesto. De modo que no habría contradicción, ni diría que este proyecto de ley que ponemos a consideración del Parlamento afecta en modo alguno las partidas de alimentación de la ANEP.

Creo haber dado respuesta a algunos de los puntos concretos que ha planteado el señor Senador Couriel. Obviamente, con él tenemos algunas diferencias conceptuales -no creo que esa haya sido su intención y no me corresponde a mí decirlo- pero el señor Senador Couriel sabe tan bien o mejor que yo, diría, que en Economía a veces hay que tomar opciones y en determinadas situaciones es imposible proponer medidas que no signifiquen costo en algún lado. No hay economía sin costos en determinadas circunstancias. El mundo ideal en Economía es con crecimiento; ahí todos somos generosos y, en realidad, el verdadero problema es distribuir los frutos del crecimiento, sobre lo que puede haber discusión acerca de si ello debe ser automático o debe hacerlo el Estado. Pero después de tres años de recesión y en este clima de la región, créanme los señores Senadores que no hay soluciones ideales. No las defiendo como indoloras, inodoras e insípidas -perdóneseme la exageración de adjetivos- pero sí digo, y especialmente a quienes, como el señor Senador Couriel, conocen el tema económico mejor que yo, que en esta particular coyuntura que vive Uruguay y la región no existen medidas que no se puedan cuestionar desde algún punto de vista.

Con todo respeto, porque estoy en un ambiente muy jerárquico desde el punto de vista político, en donde se encuentran reunidos los representantes más calificados del sistema político, quiero pedir a cualquiera de los presentes que me nombre un impuesto y en cinco minutos yo se lo destrozo. No hay "impuestos buenos", como alguien mencionó.

SEÑOR MIERES.- Quisiera hacer algunas preguntas sobre cuestiones que tienen que ver con la faz tributaria.

En materia de reducción del déficit y del gasto público uno se queda con la duda de si realmente no existen otros temas que se puedan incorporar. Probablemente lo que voy a mencionar no resulte muy simpático, pero existe un gasto por cobertura médica de los funcionarios de los Entes del Estado y de sus familias, que sólo en los Bancos públicos supone entre U$S 8:000.000 y U$S 10:000.000. Si tomamos en cuenta los demás Entes del Estado, seguramente debe ser una cantidad similar. En la medida en que un ajuste siempre es una distribución de costos y, como bien decía el señor Ministro, es doloroso, también hay que tener muy en cuenta cómo se lo va a aplicar. Aclaro que no estoy haciendo referencia a la eliminación de la cobertura médica, sino a su sustitución por un sistema de cobertura básica mutual. Calculándolo así e incluyendo a todo el núcleo familiar de los funcionarios, se logra igualmente esa cifra que acabo de señalar. Pregunto, pues, por qué ello no está instrumentado en las medidas de reducción del gasto.

Con respecto a la cuestión tributaria, me parece que también hay que poner sobre la mesa algunas preguntas que seguramente tampoco son simpáticas ni populares, pero como uno no está en esto para hacer las cosas con un criterio populista, considero que debemos plantearlas.

Si estamos hablando de distribuir cargas tributarias y por parte del Gobierno se propone un aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales concentrado en los activos públicos, llevando el aumento a niveles salariales realmente bajos como son $ 12.000, cabe preguntarse inmediatamente por qué no se discute, siquiera, la incorporación de ese Impuesto a los pasivos, que en términos de análisis -tomando como referencia lo que decía el señor Senador Couriel en relación con la distribución de la pobreza- han mejorado sustancialmente sus ingresos promediales con respecto a los activos. Se nos dice que un Impuesto a las Retribuciones Personales a los pasivos -que, además, ubicando las cosas como son, en la mayoría de los casos tienen bastante menos cargas familiares y presupuestales que los activos, pero por consideraciones de tipo electoral ese sector tiene una consideración mayor por parte del sistema político que la que se tiene con los asalariados- supondría U$S 40:000.000 de recaudación, es decir, el equivalente a lo que se incorpora por Impuesto a las Retribuciones Personales adicional a los asalariados públicos. No digo que haya que sustituir una cosa por otra, sino que hay que empezar a combinar mejor las cargas que cada una de las partes de la sociedad uruguaya va a sufrir a partir de esta solución legislativa, si es que finalmente se aprueba.

Me parecía importante preguntar por qué no están incluidos estos temas. Sé que hay un discurso muy fuerte en el sentido de que el sector privado ya ajustó, pero pregunto si es correcto que los salarios altos del sector privado terminen tributando casi la tercera parte de lo que aportan los salarios públicos. Estaríamos hablando de un 16% contra un 6%. ¿Es un extremo razonable? ¿No estamos realmente dejando de lado en ese sentido una discusión de la distribución de las cargas, de modo que sea un poco menos sesgada?

Sé que hay mucha discusión sobre el tema que voy a mencionar a continuación, pero quisiera saber si las sociedades anónimas financieras de inversión, que tributan un tres por mil, es decir, U$S 10:000.000, están topeadas. ¿Están topeadas? ¿No tienen ninguna posibilidad de contribuir en las cargas al ajuste? Creo que es necesario hacer un ajuste. Quien niegue que hay que equilibrar las cuentas se equivoca profundamente. Eso es inevitable.

También debe haber alguna medida de reactivación. Si no entendí mal, el señor Ministro plantea el tema cambiario como una gran apuesta, en la medida en que hay una apuesta a la exportación para la reactivación. Se supone que la aceleración de la pauta devaluatoria es la medida de la reactivación. Considero que esto puede ser válido para el resto del mundo, que supone la mitad de nuestro comercio exterior, pero en la región -las cifras manejadas por el señor Senador Couriel podrán ser esas o menores- se observa que la competitividad intrarregional es dudosa o más que dudosa. Entonces, como reactivación significa muy poco.

Pero aunque no pudiéramos hacer nada en materia de reactivación -me niego a aceptar que esa es la realidad; me parece que ese es el capítulo que está faltando en esta discusión- sí es necesario llevar a cabo un ajuste, recortar el gasto y probablemente aumentar los ingresos. Cuanto menos impuestos y más proyección del gasto, mejor.

Me parece que es importante no finalizar esta discusión sin poner arriba de la mesa estas cuestiones, que son políticamente delicadas, antipáticas, pero que no podemos obviar.

SEÑOR MINISTRO.- Si me permiten, deseo responder las preguntas del señor Legislador Mieres.

El seguro médico para los funcionarios públicos está en revisión. Hemos puesto en funcionamiento un mecanismo de coordinación entre los Bancos públicos. Pensamos cambiar las bases del actual funcionamiento del seguro médico que cubre estas necesidades de los bancarios oficiales. Estimamos que allí puede haber un ahorro importante. Lo hemos cuantificado en no menos de U$S 5:000.000 y, quizás, podamos llegar a U$S 10:000.000. Obviamente, esta tarea se va a hacer en coordinación con el sindicato bancario, del que esperamos comprensión. Tenemos un firme propósito al respecto y ya estamos trabajando sobre ese tema. Incluso, hemos mantenido algunas reuniones de coordinación, porque hay realidades distintas en los Bancos oficiales y queremos culminar este proceso en la forma más armónica posible.

Corresponde aclarar que este eventual ahorro de U$S 5:000.000 ó U$S 10:000.000 no ha sido contado como parte de los recursos de este programa que hemos puesto a consideración del Parlamento porque si esto se logra, va a contribuir a fortalecer los resultados de los Bancos públicos que, como todos sabemos, no pasan por su mejor momento, en función de la coyuntura recesiva que afecta de un modo u otro al Banco de la República, al Banco Hipotecario del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado. De manera que no hemos contado estos ingresos como parte de la Administración Central. Si esto se lleva a cabo, reitero, será una contribución -no demasiado importante, pero de todos modos atendible- a la situación de cada uno de los Bancos públicos.

Por otra parte, deseo aclarar que no hay una propuesta de aplicar el Impuesto a las Retribuciones Personales a los pasivos. En este caso, las consideraciones son de orden político y también de orden cuantitativo. Son muy pocos los pasivos que ganan una cantidad significativa como para asimilarlos a los sueldos públicos. En realidad, en el Banco de Previsión Social existen los famosos topes que, de hecho, establecen una limitación muy fuerte para gravar a las jubilaciones que sirve dicha Institución. Tendríamos que pensar en jubilaciones que se ubiquen más allá de un cierto nivel establecido por esos topes; en ese caso, sólo afectaríamos a ciertas jubilaciones de las Cajas Paraestatales. Más allá de la discusión sobre si ello corresponde o no, o si es justo o no, en términos de recaudación no sería demasiado importante. Es obvio que si hubiera ambiente político en la Comisión, lo consideraríamos dentro del conjunto de medidas a ser discutidas. De manera que no rechazamos la sugerencia del señor Diputado Mieres y queda abierta la discusión. Si esta Comisión entiende que puede ser una vía alternativa de financiación, con mucho gusto la vamos a atender.

Obviamente, no hemos planteado el tema del IRP de los sueldos privados. Aquí se da, como muchas veces ocurre en economía, la contradicción que señalaba el señor Senador Couriel -vamos a ponerlo en términos quizás un poco exagerados- de eficiencia, justicia o equidad. Con respecto a la equidad, claramente podríamos decir que no se debe distinguir entre los sueldos públicos y los privados; pero si se maneja otro criterio -creo que es una forma de razonar compartida por toda la opinión pública uruguaya, más allá de distinciones- se observará que para el sector privado significaría un ajuste muy fuerte en términos de sueldos, de nivel de ocupación, etcétera. Además, quien gana hoy un sueldo relativamente alto en el sector privado, lo está haciendo con el mantenimiento de una fuente de trabajo, porque si no fuera así, la normalidad del aparato productivo no autorizaría ese sueldo y, directamente, la empresa no lo pagaría o despediría a esa persona.

También hay una consideración vinculada al aspecto psicológico, que señalaba el señor Senador Couriel. En este clima de incertidumbre, de angustia, no digo de desánimo pero en todo caso de dudas sobre el futuro, gravar al sector privado es agregar una cuota de desánimo. Esa consideración no es la única posible y sé que inmediatamente pueden aparecer otras vinculadas a la equidad.

De manera que, deliberadamente, no hemos incluido a los sueldos del sector privado en esta propuesta. Tampoco hemos incluido -la intervención del señor Diputado Mieres me da pie para referirme a esto- a las rentas empresariales, tema que ha sido objeto de arduas discusiones entre nosotros. ¿Por qué no gravar a las rentas empresariales, aunque fuera por una única vez, tal como ya se ha hecho en el pasado? No lo hemos propuesto, justamente, en el mismo ánimo de no afectar más aún ese desánimo o expectativa no demasiado favorable del sector privado. Nuestro razonamiento ha sido el siguiente: si hay alguna empresa que gana dinero, bienvenida sea, porque eso le va a dar base para invertir, y nuestra inversión está deprimida. Como se darán cuenta los señores Senadores, este razonamiento es totalmente opuesto al que podríamos hacer desde el punto de vista de la equidad. Son dos extremos difíciles de unir en esta situación.

Finalmente, con respecto a las SAFI, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes está discutiendo el proyecto de reforma de la Dirección General Impositiva. Allí hay un impuesto que alcanza a las SAFI. Si el ánimo de la Comisión es gravarlas, lo que tenemos que hacer es, simplemente, traer ese artículo y aprobarlo en este Cuerpo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa agradece la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas y del señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y sus respectivos asesores. Naturalmente, nos mantendremos en contacto a fin de evacuar cualquier duda de los señores Senadores.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 13 y 4 minutos.)