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SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 11 minutos)

-Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación Amigos del Cooperativismo, a quienes cedemos gustosamente la palabra.

SEÑOR MEDICI.- Mi nombre es Danilo Médici y vengo en representación de una Asociación que trabaja en defensa de las Cooperativas de Consumo y Crédito.

Junto al compañero Giamberini queremos demostrar, en base a estudios realizados, el beneficio que se obtendría si se lograra hacer algunos cambios.

Espero que la Comisión, avezada en estos problemas, al oír la exposición del compañero, tenga la fuerza suficiente para votar el proyecto.

Sólo me resta agradecer a los señores Senadores el habernos recibido.

SEÑOR GIAMBERINI.- Señor Presidente: la Comisión me pidió que estudiara el proyecto que oportunamente presentó el señor Senador Correa Freitas, en el sentido de extender ciertas facilidades en las retenciones a la Asociación Nacional de Afiliados.

En principio, nosotros tomamos el proyecto en forma separada y luego consideramos que debía extenderse a los otros tres mecanismos que tienen derecho a retención, por considerarse sociedades cuyo objetivo es el bien público, que no tienen fines de lucro y hacen gestiones en favor de la colectividad.

Debo decir que el proyecto se presenta justo en el momento en que ocurre un hecho que nada tiene que ver con él. Me refiero al problema generado en el Banco de Previsión Social, a raíz de que éste ahora puede controlar los topes de descuento de las pasividades.

En función de ello, encaré un trabajo para que la Comisión tuviera idea de lo que significa el descuento de ANDA.

Como los señores Senadores observarán en el repartido, el rubro cinco -donde se encuentra ANDA- se denomina "Cooperativas de consumo". Allí hay dos rubros. Por un lado, el de alquileres, con un monto relativamente pequeño, de $ 3:791.713, y por otro, el de consumo, con $ 27:000.000, lo que significa que dentro del gasto, que asciende a $ 53:000.000, representa el 49,45%. Del total que pagó el Banco en agosto de este año, un 22,07% corresponde a descuentos en favor de ANDA.

También hay otro caso curioso: el problema de las retenciones de las cooperativas de ahorro, entre las que se encuentra COSSAC, con un 16,98%.

Si estudiamos esto, ANDA propiamente dicha, en el sector donde incide más, sólo tiene tres grandes cooperativas que la anteceden, mientras que las demás están por encima de ella. Esto significa que si ANDA aumenta sus créditos, va a desplazar a estas otras cooperativas.

Quiero trasmitir a los señores Senadores que no hago cuestión; tan es así que la Federación de Cooperativas de Consumo y ANDA mantuvieron una conversación y arribaron a un acuerdo en cuanto a la redacción del proyecto. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, una cooperativa de ahorro como COSSAC funciona con un 33% y las otras lo hacen con un 20%, según figura en el artículo 6º de la ley de 1971. Si los señores Senadores van a tomar posición en este sentido, sería conveniente que tengan estos datos. Creemos que no hay derecho a que una cooperativa obtenga el 33% y el resto sólo el 20%; en este caso, me refiero a las cooperativas de ahorro. En el caso de las cooperativas de consumo, todas están por encima del 20%, es decir que se encuentran dentro de los niveles que el proyecto ampliaba a ANDA.

Es importante destacar que hay una disposición que permite a ANDA ser administradora de crédito, por lo que se inscribió en el Banco Central. Ello le permitió usar tarjetas de crédito y ofrecer créditos en efectivo. Ninguna de las cooperativas de consumo cuenta con estas posibilidades, que sólo pueden usufructuar las de ahorro.

Hace poco llegó a mis manos el acuerdo que hizo ANDA con las cooperativas de consumo. También es de destacar que ANDA se ha transformado en una verdadera empresa modelo en cuanto a la administración de créditos. Tan es así que tiene treinta y cuatro locales en el país, y además de prestar servicios, intermedia en lo que tiene que ver con bienes y servicios, así como en préstamos en efectivo; también tiene tarjetas de crédito y, a su vez, presta el servicio de pagar pasividades, lo que no está relacionado con lo anterior. Es obvio que se ha creado una gran institución. Los señores Senadores se preguntarán por qué no hay otras cooperativas iguales, y a ello debo responder que las leyes de cooperativas son diferentes, ya se trate de una cooperativa de consumo neto -como es el caso de las que integran la Federación de Cooperativas de Consumo- o una de ahorro y crédito.

En el proyecto que hemos presentado establecimos una disposición que permitiría a estas sociedades tener una acción intercooperativa o intersocial que obviaría todos los pequeños problemas que se dan actualmente. Pensemos que en este momento hay un atraso de aproximadamente el 30% en las diversas cooperativas, y esto no sucede pura y exclusivamente porque ANDA les cree conflictos, sino que se debe a otras circunstancias: a que la gente no tiene poder de pago y recurre al endeudamiento para poder salir de su situación de crisis, etcétera. En nuestra iniciativa están las prioridades, y lo que se busca con el relacionamiento es que, por ejemplo, una cooperativa que esté en el último nivel de pago pueda ponerse en contacto con ANDA o con quien sea para poder cobrar lo que ha vendido en uso de un legítimo derecho.

Allí se dice que los porcentajes de retención en los distintos conceptos establecidos en el artículo anterior se aplicarán en las sociedades cooperativas regidas por la Ley Nº 10.671, de 15 de agosto de 1946, en los casos que las correspondientes autorizaciones actuales fueren inferiores. Dichas sociedades cooperativas podrán acordar entre sí el envío, en conjunto o por separado, de retenciones a los distintos agentes, manteniendo cada una los derechos emergentes de la Ley Nº 15.890, de 27 de agosto de 1987. Iguales acuerdos podrán efectuarse con la Asociación Nacional de Afiliados. Esto quiere decir que no pretendemos dejar afuera a ANDA; ella puede intervenir en el convenio y, de esa manera, se iría formando un "clearing" de socios no deseables y rescatables, a la vez que las cooperativas podrían cobrar lo que venden sin ningún inconveniente. Ese es el único sentido que tiene este artículo; no molesta para nada a ANDA, ni a ninguna otra cooperativa. Buscamos que esta propuesta se vote teniendo en cuenta los legítimos intereses tanto de ANDA, que es una gran institución, como de las restantes asociaciones cooperativas, que también lo son. A su vez, es de esperar que se puedan relacionar entre ellas para realizar una gran tarea y evitar inconvenientes.

Hay que destacar que ANDA no tiene ningún almacén, por lo que ha tenido que usar los hipermercados y los supermercados; en cambio, las demás cooperativas de consumo tienen sus propios almacenes. Pese a que hay una especie de Comisión de Compras, evidentemente éstas se hacen en pequeñas cantidades y, por lo tanto, se pagan mal. En definitiva, el que "paga el pato" es el usuario, es decir, el socio que tiene que abonar lo que compra a un precio que no es el real. Si establecemos el mecanismo intercooperativo, será posible que un socio de una cooperativa pueda comprar o pedir préstamos en otra, sin ningún problema, aun en ANDA. Esta es la verdadera función que debería tener.

SEÑOR HENAISE.- Voy a hacer uso de la palabra como Presidente de la Coordinadora de Afiliados a la Seguridad Social y del Plenario Nacional de Asociación de Jubilados y Pensionistas.

Por intermedio de la Coordinadora, también hacemos uso de la Ley Nº 15.449, que no permite retener las cuotas sociales, y de la afiliación de los convenios de salud que hacemos nosotros. Unicamente tenemos todo lo que dice relación con la salud, es decir, servicios de emergencia y de acompañantes, tanto de la Unidad Coronaria Móvil como el 1727 del Sindicato Médico. Asimismo, tenemos un convenio previsto con una mutualista.

Antes de hacer otro comentario, quiero decir que apoyo totalmente lo que propuso el contador Giamberini en cuanto al tema de igualdad para todas las instituciones, es decir, las cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro que nosotros representamos.

Por otro lado, debo decir que en los códigos de los descuentos que hace el Banco de Previsión Social hay un orden: en primer lugar, están los alquileres, luego las retenciones judiciales, después la Caja Nacional y así sucesivamente hasta llegar a las cooperativas. Por otra parte, a los jubilados y pensionistas se les puede descontar únicamente el 80% de su pasividad porque, indefectiblemente, debe cobrar el 20% en efectivo. Actualmente, el sistema estaba topeado -porque la ley no se aplicaba- únicamente al 80% del total. Sin embargo, el Directorio del Banco y ANDA hicieron un movimiento y nos permitieron continuar con el régimen anterior al sistema del descuento, por tres meses. Lo que sucede es que si la persona que llega a nosotros ya tiene afectado un 70% del sueldo, nos queda solamente el 10% para descontarle, porque como ya expliqué, debe cobrar el 20% del sueldo en efectivo. Quiere decir que no le podemos hacer el 20% de descuento al que tenemos derecho, sino solamente el 10%.

Cuando se habilita más monto o más porcentaje de descuento a otras instituciones, vemos que a nuestros afiliados –jubilados y pensionistas- que en su mayoría tienen sueldos bajos, de menos de $ 4.000, no les entra la retención a terceros o el descuento que mandamos a hacer por los convenios que tenemos afectados. Esto nos ocasiona un gran problema, pero como no sabemos qué decisión va a tomar el Poder Legislativo a través de ambas Cámaras, venimos a solicitar una igualdad en el trato; es decir, si hay 33% para uno, que también sea para todas las asociaciones civiles, como las nuestras, de jubilados y pensionistas, que tenemos retenciones a través del Banco de Previsión Social. Esto sería sumamente importante para nosotros, porque nos permitiría cubrir las retenciones médicas, que son los únicos descuentos que hacemos a los jubilados y pensionistas. Nos preocupa la salud, sobre todo a los que somos viejos.

Este es el motivo de nuestra presencia y de nuestro apoyo a la propuesta del contador Giamberini, así como de nuestra petición en el sentido de que no se olviden de las asociaciones civiles, pues hacemos una tarea importante, repito, sin fines de lucro. En tal sentido, los propios jubilados trabajamos en esto para que quienes están en nuestra condición puedan alcanzar alguna cobertura de salud, como los servicios de emergencia.

Al respecto, quisiera comentarles que tenemos jubilados y jubiladas que son abuelos, que no tienen servicio de emergencia, pero sí sus nietos. Son tan pocos los recursos que tienen pero tan grande el cariño que sienten por sus nietos –los que los tenemos sabemos lo que es eso- que prefieren que éstos tengan la cobertura. Entonces, ¡qué importante es que pueda llegar el descuento a nuestras instituciones! El peligro es aumentar a unos y que otros tengan menos. Por ello pedimos un plan de igualdad para todas las asociaciones de jubilados y pensionistas que están en este plan de retenciones a través del Banco de Previsión Social, sobre todo cuando atendemos los problemas prioritarios de la salud.

También nos preocupa el tema de las instituciones de intermediación financiera que están pagando pasividades, pero que a su vez ofrecen créditos a los jubilados, pues cuando van a cobrar la pasividad, también le pagan con el dinero y el recibo por el cual le descuentan el crédito que le hicieron. Este es un tema delicado.

Asimismo, estamos preocupados por el tema de las tarjetas de crédito de ANDA. Si somos cooperativas y vamos a la parte de intermediación financiera, creo que es un punto peligroso, porque cuando se creó la ley de cooperativas se hizo con el fin de cooperar, y no de lucrar.

Por otra parte, queremos dejar sentado que hace tiempo presentamos en la Cámara de Representantes –lamentablemente no vine munido de este material- un trabajo que demuestra nuestra preocupación por las operaciones en dinero que pueden hacer los jubilados y pensionistas. Por ejemplo, hemos visto jubilaciones de $ 3.000 con tres operaciones en dinero, por lo que sólo cobran $ 800 de pasividad. No podemos entender cómo se permite que un jubilado o pensionista haga tres operaciones en dinero y luego no tenga para comer. He tenido la oportunidad de hablar con varios de estos jubilados cuando vienen a afiliarse, porque es un tema que me preocupa -tengo cuarenta y siete años en el tema de la previsión social y he sido funcionario de la Caja de Jubilaciones-; les he preguntado por qué solicitan tantos préstamos, y la respuesta es siempre que los hijos o los nietos les piden dinero. No me parece justo que ocurra esto; sé que los jubilados lo hacen de corazón, pero también tienen que vivir. Entonces, sería interesante que ustedes, como Senadores de la República, estudien la posibilidad de permitir un solo préstamo a los jubilados, para que esas personas tengan más recursos a fin de mes y por lo menos puedan alimentarse.

Les agradezco por habernos atendido y esperamos haber sido comprendidos en lo que hemos expuesto.

SEÑOR GIAMBERINI.- Quiero dar algunos datos sobre la Caja Nacional, que faltan en el repartido. Caja Nacional significa aproximadamente $ 171:600.000 mensuales y representa un 7,80% del presupuesto del Banco de Previsión Social. Las retenciones, sobre las que les he entregado un formulario, son el 5,72%. Los socios que operaron en retenciones varias son 86.905, y en Caja Nacional, 98.394.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los representantes de la Asociación Amigos del Cooperativismo por su presencia.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación Amigos del Cooperativismo)

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo y les ofrecemos el uso de la palabra.

SEÑOR FERNANDEZ.- Para nuestro sindicato, toda la situación referida a las normas que regulan las retenciones es de especial preocupación, por cuanto trabajamos en instituciones que han sido construidas con el aporte de la legislación, que les da el instrumento para poder operar en la modalidad en la que se han desarrollado. Quiere decir que cualquier modificación en las construcciones jurídicas que ha ido elaborando el Parlamento para el fomento del desarrollo cooperativo, merece una especialísima atención.

En este caso concreto, por más que compartimos la preocupación de ANDA y sobre todo la eventual preocupación del Legislador por solucionar el acceso al mercado de alquileres a sectores que pueden estar teniendo dificultades con las normas vigentes, la redacción original del proyecto de ley presentaría algunos inconvenientes.

En primer lugar, daba la posibilidad de interpretar que se podían sumar ambos porcentajes, lo cual daba un 78%, que era casi como otorgarle la totalidad del mercado de retenciones, a lo que hay que agregar que, en razón de la antigüedad de la ley o de la práctica, en casi todos los lugares descuenta primero que otras organizaciones.

Por otra parte, nosotros defendemos el cooperativismo, que es donde trabajamos, y ANDA tuvo en su ley de creación la opción para desarrollarse como cooperativa, pero se desarrolló como una empresa -más allá de su carácter solidario, de servicios y de garantía de alquileres- y no realiza venta directa de artículos de consumo, sino que libra órdenes para el comercio de lucro. Nosotros tenemos la obligación de aclarar la diferencia de valor entre esa modalidad y la modalidad cooperativa, por más que tengamos, como sindicato, nuestras propias posiciones críticas al respecto y afirmemos la posibilidad de mejorar la gestión y el servicio que cumplen las cooperativas de consumo.

Ahora bien, la situación permitía que la ley de retenciones o las modalidades de retención no incidieran sobre la vida o muerte de las organizaciones, y parecería que la primera manifestación de nuestro sindicato es que no se innove. Pero había innovación de hecho, porque se venía enviando, por parte de diversas organizaciones, órdenes de descuento por encima de los márgenes legales, lo que no está bien, naturalmente.

Si hubiera necesidad de ampliar el margen de maniobra de ANDA -que además no es una institución enemiga, sino amiga- pensamos que esto debería hacerse fundamentalmente por la vía de habilitarla a ampliar la disponibilidad de descuentos para garantía de alquileres, que es donde, para todo el sector privado, es específicamente insustituible la función de ANDA. En cambio, nos parece que parte de una base por lo menos discutible el aumento de la parte del consumo, si va a terminar redundando en un achicamiento de la posibilidad de consumo para las cooperativas, que están especializadas en cumplir la función de consumo bajo la modalidad cooperativa.

El problema es que la cuota social de ANDA ha crecido, porque se le han incorporado complementos debido a los importantes servicios que cumple. Pero también en el caso de las cooperativas de consumo la cuota social ha ido tomando importancia, en virtud de que también han desarrollado importantes servicios para sus socios; incluso han tenido que salir a cubrir diversas funciones y servicios que el Estado cumplía y que ahora cumple menos o ha dejado de cumplir. Sin embargo, todas se consideran dentro del margen de retención legal. Entonces, en primer término estamos planteando eso, de modo que estamos de acuerdo con el fundamento para aumentar el porcentaje del consumo, a fin de que se haga lugar para que quede incluido en la cuota social. Digo que estamos de acuerdo porque de esa forma no se modifica la situación de hecho y se le permite a ANDA salir de la situación coyuntural en que se vio cuando abruptamente se ajustaron los márgenes de descuento que establece la ley. Con la situación anterior todo el mundo vivía.

Nos parece importante que haya verdadera protección y que las normas no queden simplemente en un estado de declaración. El porcentaje para consumo y el porcentaje para garantía de alquileres deben ser descontados en planillas separadas, porque de lo contrario se acumularían ambos, con lo que se torcería, incluso, la voluntad del Legislador, ya que habría un acceso excesivamente privilegiado al mercado de las retenciones sobre los sueldos y, sin duda, son muchas las organizaciones que están planteadas en torno a ese recurso.

Básicamente, nosotros nos manejamos con lo mismo que está pidiendo ANDA, pero nos interesa que quede claro cuál es el tope máximo, que es 45%, y que éste no debe sumarse al 33%. Asimismo, proponemos que el descuento se haga en forma separada y que se incluya la norma que rige para las cooperativas de consumo en el sentido de que el porcentaje de retención habilitado para los jubilados es menor que para los activos. La misma distinción debe mantenerse en el caso de cualquier ley aplicada a ANDA. De no ser así, en realidad no se estaría dando un ordenamiento de la situación, sino una política activa para privilegiar una de las formas solidarias que se ha dado la sociedad uruguaya.

Se han presentado proyectos de ley que tienden a regular el conjunto del cooperativismo con el fin de darle a este sistema una solución más integral a través de un estudio más profundo. Sin embargo, consideramos que es urgente solucionar el problema de ANDA y eso es lo que nuestro sindicato pretende -por lo menos, hasta cierto punto- pero sin que con ello se genere una serie de problemas insuperables a otras organizaciones que también dependen de lo que retienen. Para ilustrar esto voy a citar un ejemplo: cuando de hecho, por un breve período, el Banco de Previsión Social se ajustó a los márgenes legales, lo hizo con todas las organizaciones a las que les aplica retención; pero cuando lo dejó en suspenso para llevar a cabo un paréntesis legislativo, sólo lo hizo para ANDA, y continuó aplicándola a las cooperativas de consumo. Supongo que esto se debió a un efecto de inercia. Sin embargo, el solo hecho de aplicar el 33% a los pasivos, determinó que hace unos días, cuando había apertura de venta a los socios con pasividades en la cooperativa más grande, que es la Magisterial, ésta quedara vacía. Cabe aclarar que la fecha de apertura es la de inicio de los períodos de crédito y, tradicionalmente, la cooperativa en esas oportunidades se llena, debido a que la gente está pendiente de dicha apertura porque lo que compra va a corresponder al ejercicio o mes siguiente. Esto sucedió porque era la segunda vez que se aplicaba la norma, y también por el hecho de que reducir un porcentaje implica que los socios que están al tope de sus créditos, tengan que dejar de consumir durante varios meses para volver a tener habilitada la posibilidad de comprar. Hay que tener en cuenta que buena parte de esos créditos, en los tiempos difíciles que corren, se deben a la compra de alimentos directos o artículos de supermercado, y no a la adquisición de electrodomésticos o bienes suntuarios. Hay que tener presente, además, el impacto que esto produce, ya que estar varios meses sin vender significa llegar a la quiebra, con el correspondiente cese de funcionarios. En definitiva, al tratar de arreglar un problema el Estado puede ingresar en múltiples gastos, debido a los trabajadores que deberán acogerse al seguro de paro, además de las pérdidas de aportes reales, ya que estamos hablando de instituciones que no trabajan con contabilidad en negro y que aportan religiosamente al Estado.

Por último, aclaro que estamos de acuerdo con lo que plantea en su última propuesta la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo -es de destacar que no siempre nuestras relaciones son tan coincidentes- porque allí se contempla el pedido de ANDA, aunque estableciendo las precisiones que hemos mencionado. Concretamente, me refiero a la cuota incluida en la parte de consumo, al descuento por separado, a la no sumatoria de ambos porcentajes y a la distinción entre el 50% de las remuneraciones en el caso de los activos y el 40% de los ingresos cuando se trata de jubilados y pensionistas. Pensamos que con esto, de todas formas, se mejora la situación de ANDA, y estamos convencidos de que no hay mucho margen para improvisar a favor de uno sin crear una cadena de gravísimos problemas para el resto. Naturalmente, desde el punto de vista del sindicato, se está privilegiando la defensa de la fuente laboral, que representa un número bastante mayor que el que le corresponde a ANDA.

SEÑOR RUBIO.- A fin de tratar de entender este problema, me gustaría saber lo siguiente. En caso de que se dejara el "statu quo" previo a esta decisión del Banco de Previsión Social, de acuerdo con lo que se nos ha informado aquí habría que establecer que la cuota social no estuviera comprendida en los porcentajes de retención autorizados para ninguna de las instituciones. Concretamente, ¿qué es lo que se modifica de la situación anterior o qué es lo nuevo que se introduce?

SEÑOR FERNANDEZ.- La decisión del Banco se produjo por el porcentaje real que ocupaba el descuento, vista la importancia creciente de la cuota social, que de hecho -no de derecho- se venía descontando por fuera del porcentaje y dejaba sin posibilidades de descuento a una enorme cantidad de personas. Pienso, además, que esto debe estar vinculado a un interés del Estado en permitir cierta solvencia en plaza, de modo que no se agote la totalidad de los ingresos de la gente simplemente al pagar las deudas.

Ahora bien, una alternativa es que no se modifique la situación anterior, que es la legal; a lo sumo, nosotros estaríamos de acuerdo con que se aumentara el 33%, pero dejándolo como parte de la cuota social, porque de lo contrario quedaría sin límite y fuera de regulación, ya que de hecho dependería de un acto unilateral de ANDA, institución que legítimamente puede tener en el futuro pretensiones de desarrollo de los más diversos proyectos con cargo a la cuota social que, repito, estaría fuera de regulación. No hay que olvidar que en el resto de las instituciones la cuota social, sea del monto que sea, se incluye en el porcentaje a descontar; esto siempre fue así. Creemos que resolviendo este asunto se estaría evitando la parálisis de las cooperativas de consumo.

SEÑOR VERA.- En primer término, quiero aclarar que nuestra delegación representa a unos 1.300 trabajadores directos y, aproximadamente, a unos 4.000 ó 5.000 indirectos, si contamos a los proveedores, los intermediarios, los transportistas, etcétera.

La primera preocupación que nos plantea el proyecto original de ANDA es que no se sumen los dos conceptos, es decir, la garantía de alquileres y el crédito. Aparentemente, en el proyecto que ha presentado ANDA, en uno de sus puntos se establece como máximo el 50%, con lo que no estamos de acuerdo. Compartimos lo que establece la Federación Uruguaya en los artículos 2º y 3º, en el sentido de que no supere en ningún caso el 40% cuando se trate de prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social, porque para las cooperativas de consumo las leyes fijan la retención -con respecto a garantías de alquileres- en un 40% como máximo en el Banco de Previsión Social. Esto se debe a que supuestamente el jubilado o pensionista es el que gana menos, por lo que no se le debe afectar tanto su sueldo. A su vez, se prevé un 50% para el caso de activos. En eso nosotros estamos de acuerdo.

SEÑOR FERNANDEZ.- Quiero dejar constancia de que estamos aceptando hasta un 50%, cuando la única cooperativa de consumo –según la tabla que tenemos delante- que tiene autorizado ese porcentaje de retención común es la Cooperativa Municipal; todas las demás tienen el 40%, salvo la Cooperativa del Club de Empleados de ANCAP, que tiene fijado un 33% para los consumos comunes. Para la retención de alquileres todas tienen el 50% y ninguna opera directamente, pero en el caso de los jubilados todas tienen un tope del 40%.

SEÑOR VERA.- Sabemos que se han presentado otros proyectos; hemos tenido acceso a alguno que lo que hace es igualar a todo el cooperativismo en un 33%. Queremos manifestar nuestro más absoluto desacuerdo con eso, puesto que generaría una rebaja de los porcentajes que tienen para descontar las cooperativas de consumo. Ya se ha legislado sobre eso, llegando algunas a obtener el 40%. Al igualar a todo el cooperativismo en un 33%, las cooperativas de ahorro y crédito pasarían de un 20% a un 33% y las de consumo, que actualmente están en un 40%, bajarían a un 33%, con lo cual, sumados los dos, estaría en un 20% el perjuicio total para las cooperativas de consumo. De todas maneras, con el 7% se produciría el cierre de muchas fuentes de trabajo, ya que muchas cooperativas están pasando una situación muy difícil.

Con respecto al tema de ANDA, hay que dejar claro que no sea sumatorio, es decir, que no llegue al 78%. Además habría que articular la posibilidad de lograr algún punto más en cuanto a cómo se aplica ese porcentaje que se aumentaría. Por eso llegamos al acuerdo con la FUCC sobre el segundo y tercer punto de la propuesta que ellos elevaron.

SEÑOR CAL.- Las cooperativas de consumo y ANDA han convivido por 65 años, siempre en el mismo margen que nos amparaba la ley. Ultimamente, y a raíz de los hechos que sucedieron en el Banco de Previsión Social, se transgredieron algunas normas. Algunas cooperativas, y fundamentalmente ANDA, elevaron el margen de retención haciendo sumatorio el alquiler con los servicios; cuando el Banco de Previsión Social aplicó la ley, esas cooperativas se vieron perjudicadas, pero no así las que nunca transgredimos nada ni dejamos de cubrir las retenciones en la manera que prevé la ley. Es decir que no es por culpa de las cooperativas de consumo que nosotros estamos acá. Queremos salvaguardar el desarrollo de esta modalidad que el Uruguay viene desarrollando desde hace muchos años, a través de diferentes instituciones como el Parlamento, el Poder Ejecutivo u organizaciones sociales.

En el marco de esta situación tenemos en nuestro ámbito unas 250.000 personas que son socias de las cooperativas de consumo, lo que, multiplicado por una familia tipo, da que 1:000.000 de uruguayos recurren a ellas, lo que no es poca cosa.

Creemos que ANDA debe mantener su desarrollo en ámbitos tales como el alquiler y otros servicios, aunque hoy las cooperativas, a pedido de sus socios, también los han desarrollado con la misma eficacia, o tal vez mejor. No queremos decir que estamos en contra del desarrollo de ANDA y de su empeño por el mejoramiento y sustento del alquiler, que hoy es tan difícil para muchos en nuestro país, pero tampoco queremos que en salvaguardia de eso, se discrimine a las cooperativas que siempre cumplieron y no pasaron los límites legales. En este caso, esta institución transgredió, y cuando la ley vuelve a los límites normales pide seguir eludiéndola, apropiándose de una retención que no fue lo que el Legislador aprobó.

En el ámbito global, hay 1:000.000 de uruguayos que utilizan el cooperativismo de consumo, a lo que hay que agregar todos los que trabajamos en él. Es una modalidad que creo que el Legislador quiere conservar y mejorar.

SEÑOR FERNANDEZ.- No podemos desaprovechar esta oportunidad para denunciar una situación que viene alterando, por la vía de los hechos, el orden legal en las prioridades de retención. Se está volviendo demasiado habitual que, por efecto de la eficiencia de las relaciones públicas, diversas formas de retención comiencen a pasar por encima de quienes tienen la prioridad legal. Son varios los factores que están operando en ese sentido y realmente producen un efecto de piratería en un mercado ordenado por la ley.

Por ejemplo, cuando alguna cooperativa de ahorro y crédito pacta los salarios que se van a pagar con su tarjeta en alguna repartición del Estado y a cambio de eso obtienen que administrativamente se practiquen los descuentos antes que a quien tiene prioridad desde el punto de vista de las leyes vigentes, se está alterando el orden jurídico por la vía de los hechos. Eso está ocurriendo.

También está sucediendo otro fenómeno que no compartimos. Me refiero a otro tipo de organizaciones que tienen, por ley, la posibilidad de efectuar descuentos directos, por planilla, y que están incorporando sumas que no corresponden a los fines originales.

Hemos planteado esto en todos los ámbitos donde nuestro sindicato tiene expresión; es lo que está ocurriendo, y no lo compartimos. Se trata de convenios particulares de diversas instituciones -como clubes deportivos, sindicatos y organizaciones del más variado tipo- que logran que se descuente por planilla a empresas de plaza. Esto se convierte, entonces, en una forma injusta de competencia con la plaza de créditos establecida.

Por último, queríamos señalar que se está planeando algo parecido en el departamento de Salto, donde existe una oferta de un préstamo muy importante, en este caso a los funcionarios municipales, con la condición de que paguen antes todas sus deudas. El mismo llevaría un porcentaje de estímulo -llamémosle así- de la organización sindical, pero una cooperativa de ahorro y crédito estaría descontando antes que otras instituciones, entre ellas, la Cooperativa Salteña de Consumo, que es más antigua en su ley y descuenta antes. En otros departamentos, por vía administrativa, se está haciendo una rotación en el orden de descuentos, lo cual tampoco corresponde. O sea que, al fin de cuentas, en lugar de ser el Legislador el que define las normas legales, lo hace un administrador cualquiera, porque tiene el poder de facto de poner antes o después las órdenes de retenciones y juega con la suerte de instituciones enteras.

SEÑOR FAU.- A título informativo, quisiera saber, con respecto a esa experiencia de Salto, si se trata de un acuerdo entre el Intendente y el gremio.

SEÑOR FERNANDEZ.- Sí, además de una cooperativa de ahorro y crédito. Y como una de las condiciones del préstamo es que el socio vaya a la cooperativa de consumo y antes que nada pague todas sus deudas, ello va a implicar en la práctica –a pesar de que no creo que ni siquiera esté en la intención de quienes están llevando adelante ese entendimiento- que en los años siguientes –porque se trata de financiaciones de 72 meses- será un cliente cautivo de la cooperativa de ahorro y crédito, con lo que se termina la de consumo.

Comprendemos que existe actualmente una crisis, pero a pesar de toda su modestia las cooperativas de consumo tienen una importancia bien arraigada a lo largo de casi todo el siglo, y han logrado crecer y expandir sus ventas -aunque parten de un 5% del mercado- con lo que se han vuelto apetecibles.

Nuestro interés y nuestro principio es defenderlas como tales, porque las acechanzas se multiplican.

SEÑOR MARANDINO.- Si bien es cierto que estamos preocupados por el tema de ANDA, no es menos cierto que la mayor preocupación que tenemos hoy a nivel del gremio de cooperativas radica en lo que señalaba el compañero Vera con respecto al proyecto presentado por el llamado "Grupo de Amigos del Cooperativismo". No sabemos a qué nivel de estudio está dicha iniciativa en la Comisión, pero al igual que se nos recibió aquí para dar la opinión sobre el tema de ANDA, nos interesaría mucho asistir a esta Comisión para expresar nuestra opinión sobre el proyecto mencionado. A juicio del sindicato y de la propia Federación de Cooperativas, el mismo encierra más peligros que el que estamos analizando hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la Asociación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo)

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

(Es la hora 16 y 11 minutos)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.