SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 14 y 54 minutos)

Deberíamos ingresar a la Sección V, Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".

En consideración el artículo 323.

SEÑOR PENADES.- Solicito el aplazamiento del artículo 323 y 108 del Mensaje Complementario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aplazamiento del artículo 323 y 108 del Mensaje Complementario que corresponde al artículo 324 aprobado por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 108 del Mensaje Complementario corresponde al artículo 325 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR GARGANO.- Nosotros vamos a votar la lista de subsidios a las instituciones que votó la Cámara de Representantes, pues pensamos que hay aspectos incomprensibles en el Mensaje Complementario, como ser la exclusión de algunas instituciones, como por ejemplo, la de Ayuda al Discapacitado del departamento de Paysandú. No entendemos cuál es la razón por la cual se excluye. Además, las partidas son bastante insuficientes, hubiéramos deseado que algunas se revisaran y, por lo menos, que no se rebajen más de lo que están. Por tanto, reitero que vamos a votar el artículo tal como viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR SANABRIA.- Solicito el aplazamiento del artículo.

SEÑOR RIESGO.- En concordancia con el señor Senador Sanabria, también iba a pedir el aplazamiento del artículo votado por la Cámara de Representantes y, en consecuencia, el del Mensaje Complementario.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Que se aplace todo el Capítulo.

SEÑOR PENADES.- Evidentemente, cuando intervine no me hice entender porque había solicitado el aplazamiento de los artículos 323 y 108, y ahora el señor Senador Larrañaga plantea que se aplace todo el Inciso 21, Sección V, "Subsidios y Subvenciones". Por esa razón, solicitamos el aplazamiento de todo el Inciso 21.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que hizo la referencia a que el artículo 108 que se votaba era igual al 324 de la Cámara de Representantes, en el momento en que se votó su aplazamiento.

Se va a votar el aplazamiento del Inciso 21, Sección V, "Subsidios y Subvenciones".

(Se vota:)

- 13 en 14. Afirmativa.

Queda aplazado el Inciso 21, "Subsidios y Subvenciones".

Se pasa a considerar el Inciso 24, "Diversos Créditos".

En consideración el artículo 332.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 332.

(Se vota:)

- 14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 333

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 333

(Se vota:)

- 14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 334.

SEÑOR RUBIO.- Solicitamos el aplazamiento de este artículo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aplazamiento del artículo 334.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- En relación con estos proyectos que se vinculan a los programas de reforma del Estado, vamos a solicitar el aplazamiento de los artículos 335 y 336.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aplazamiento de los artículos 335 y 336.

(Se vota:)

- 14 en 15. Afirmativa.

En consideración el artículo 337.

SEÑOR RUBIO.- Tenemos entendido que en relación con este artículo hay un sustitutivo presentado por el Congreso de Intendentes, ya que había dificultades con el procedimiento a seguir para aplicar un 18% de rebaja de la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural, pero no sé si se ha presentado.

SEÑOR PRESIDENTE.- El sustitutivo se ha presentado pero no cuenta con firma alguna, de manera que desde el punto de vista formal la Mesa no puede acreditar que esté presentado.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En la propuesta formulada por el Congreso Nacional de Intendentes, cuyo aditivo acabo de firmar, se establece una modificación en el inciso segundo del artículo 337 y se redacta de la siguiente manera: Los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título, padrones que en su conjunto no excedan las 200 hectáreas, Indice CONEAT 100, estarán exonerados en su caso del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural por hasta las primeras 50 hectáreas, equivalentes a Indice CONEAT 100. Además, se agregan dos incisos que dicen lo siguiente: Para tener derecho al beneficio previsto en el inciso anterior, los productores agropecuarios deberán presentar en las Intendencias respectivas dentro de los 120 días del ejercicio que se desee exonerar, declaración jurada con detalle del total de los padrones que al 1º de enero anterior explotaban a cualquier título con indicación del correspondiente valor real de cada uno, así como la correspondiente documentación del Banco de Previsión Social y DICOSE.

En el caso de productores que exploten padrones en más de un departamento, las 50 hectáreas valor CONEAT 100 exoneradas serán en su caso prorrateadas entre éstos, en función del valor real de los inmuebles explotados a cualquier título en cada uno de ellos.

Luego, los incisos siguientes del proyecto de la Cámara de Representantes continúan igual, salvo que en el párrafo final, donde dice "contribución inmobiliaria rural de 1998" se agrega: Anualmente el Poder Ejecutivo comunicará a cada Intendencia la nómina de propietarios exonerados, indicando el monto individual del beneficio. La partida global a que se refiere este artículo se actualizará anualmente teniendo en cuenta el incremento del tributo que corresponda y las variaciones que hubieren ocurrido respecto a los propietarios exonerados durante el Ejercicio anterior.

Esta es, entonces, la propuesta del Congreso Nacional de Intendentes, que tiene como objetivo ampliar y aclarar el artículo aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR NIN NOVOA.- Simplemente para señalar que acompaño la posición planteada por el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia, entonces, ingresa el artículo sustitutivo, firmado por el señor Senador Larrañaga, pero antes correspondería que solicitara el aplazamiento del artículo 337.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito el aplazamiento del artículo 337.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aplazamiento del artículo 337.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 338.

SEÑOR HEBER.- Solicito el aplazamiento de los artículos 338 y 339.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se aplazan los artículos 338 y 339.

(Se vota:)

- 14 en 16. Afirmativa.

La Presidencia aclara que el artículo 339 está incorporado en el Mensaje Complementario como artículo 111.

SEÑORA ARISMENDI.- Si no me equivoco, señor Pressidente, es una parte del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señora Senadora, en la parte correspondiente.

En consideración el artículo 111 del Mensaje Complementario correspondiente al artículo 340 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

Se va a votar el artículo 111 del Mensaje Complementario.

(Se vota:)

- 14 en 15. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Quiero señalar, señor Presidente, que no alcanzo a comprender –tal vez no lo advierta- la razón por la cual el artículo 111 del Mensaje Complementario sustituye al 339 y al 340 y, al mismo tiempo, según observo, es idéntico al 340 aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores me permiten, me atrevo a adelantar una opinión y aclarar que, seguramente, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es plantear la iniciativa para esta disposición, la cual no constaba en el momento en que fue considerada por la Cámara de Representantes. Como el señor Senador puede advertir, se trata de artículos aditivos.

SEÑOR ASTORI.- Es probable, señor Presidente, pero en todos los casos en que el Mensaje Complementario le acuerda la iniciativa a los artículos del proyecto que no la tenían, se dice explícitamente. Sin embargo, acá no se hace explícito y, además, se sustituyen dos artículos, el 339 y el 340; en verdad, no advierto la razón de ese cambio.

De todas maneras, no pretendo abrir una polémica, sino dejar una constancia por si hay algún error formal a corregir posteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda hecha la constancia del señor Senador Astori.

Correspondería ingresar al análisis de la Sección VI, que comprende los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República.

SEÑOR HEBER.- A modo de consulta, quisiera decir que respecto de la consideración de este Capítulo relativo a los Organismos del artículo 220 de la Constitución, sería importante que nos pusiéramos de acuerdo en cómo trabajar.

Entiendo que empezar a considerar lo aprobado por la Cámara de Representantes es realmente engorroso, porque todavía no hemos redactado los artículos sustitutivos que mejoren los presupuestos de los Organismos comprendidos en el Artículo 220 de la Constitución. Me parece que analizar los artículos sería un trabajo inútil, ya que discutiríamos un tema que no es real.

En resumen, propongo a los miembros de la Comisión que aplacemos la consideración de los Organismos del Artículo 220, para comenzar el lunes a tratarlos, a los efectos de analizar los presupuestos de la manera en que estarán formulados definitivamente.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Estoy de acuerdo con el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Entonces, ese día comenzaríamos con la discusión de los artículos, pero en base a la realidad de los acuerdos que aún están pendientes.

En definitiva, propondría aplazar la Sección, aunque aclaro que con esto no quiero generar una discusión sino, simplemente, pretendo que seamos sensatos con este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se hace cargo de la preocupación del señor Senador Heber y la comparte.

SEÑOR GARGANO.- Me parece correcta la propuesta del señor Senador Heber en aquellos artículos que dispongan gastos, pero hay muchas disposiciones en los artículos correspondientes a los Organismos del 220 que no han sido considerados en la Cámara de Representantes y, por lo menos, merecen ser leídos en la Comisión, para ver si vamos o no a votarlos. Se trata de normas que regulan el funcionamiento y otros aspectos de estos organismos; algunas de ellas figuran en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Poder Judicial. Por tanto, podríamos excluir los que plantean retribuciones o gastos extraordinarios para cuando se tenga una posición sobre ellos, pero aplazar todos es no tratarlos y ni siquiera leerlos.

SEÑOR SANABRIA.- Con respecto a los organismos recién mencionados por el señor Senador, así como el de la Educación, es verdad que existen modificaciones, seguramente sustanciales, que condicionan algunos artículos que figuran en el propio Mensaje Complementario. Entonces, se podría buscar algún mecanismo de información y en la medida en que podamos tenerlo el fin de semana, adelantaríamos el trabajo antes del lunes. Concretamente, si en el día de mañana la coalición pudiera definir el articulado con respecto a alguno de estos organismos, trataríamos de tener la información lo antes posible y entonces el lunes poder contribuir a una votación más ágil. Me da la impresión de que es difícil empezar a discutir el articulado, debido a que casi todos los artículos han sido mejorados desde el punto de vista económico como, seguramente, ocurrirá con el Poder Judicial. Entonces, es muy difícil votar para luego modificar dichas votaciones o empezar a aplazar casi todos los artículos. En ese sentido, creo que el planteamiento del señor Senador Heber es el más atinado, ya que estamos enfrentados a estas dificultades.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quiero decir algo en la misma línea que el señor Senador Sanabria, pero con una ligera variante. En el Capítulo referido al Tribunal de Cuentas, concretamente, hago moción para no votar el aplazamiento de los artículos 345 al 355, por cuanto se le confieren facultades a dicho Organismo que ya están establececidas en la propia Constitución de la República. Es decir que creemos que esos artículos son innecesarios y no deberíamos aplazarlos, porque quizás después no cuenten con las voluntades necesarias en la Comisión y en el Plenario para que sean aprobados. Creo que luego de una rápida consulta se podrá coincidir en ese sentido puesto que, reitero, son innecesarios porque ya se establece en la Constitución de la República; el Congreso Nacional de Intendentes tiene opinión en ese sentido y aquí hay prestigiosos juristas que seguramente podrán advertir que estas facultades que se le se confieren al Tribunal de Cuentas ya están en la Carta y su ampliación le agregaría oscuridad al ya claro texto constitucional.

SEÑOR SANABRIA.- Compartimos la preocupación del señor Senador Larrañaga y en muchos aspectos coincidimos con él, pero también debemos informar que el propio Tribunal de Cuentas está procesando un documento que retira alguno de los artículos presentados. Creo que esto ya podría estar a disposición de los Legisladores a partir de esta tarde, a los efectos de que podamos analizarlos y votar el día lunes una nueva propuesta del Organismo vinculada a todo lo que planteaba el señor Senador Larrañaga, así como otra relacionada con los recursos.

Precisamente por ello proponemos que se distribuya la propuesta reciente del Tribunal de Cuentas a los señores Senadores, que cada sector o partido político la analice y así el lunes la podamos votar con mayor fluidez. De esta manera, no votaríamos algunos artículos que en el nuevo proyecto estén superados, inclusive en alguno de los temas planteados por el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR GARGANO.- Nuestra propuesta es que se traten los Mensajes originales de cada uno de los organismos del Artículo 220 de la Constitución, dado que en la inmensa mayoría de ellos no hay Mensaje del Poder Ejecutivo. La única manera de saber lo que vamos a votar es haciendo el mismo recorrido que hemos hecho con los Incisos de la Administración Central.

SEÑORA ARISMENDI.- Me siento totalmente reflejada en lo expresado por el señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay dos mociones formuladas. Una de ellas, es la presentada por el señor Senador Heber, en el sentido de aplazar la Sección VI sobre organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República y la otra es la que propone el señor Senador Gargano. Estas dos propuestas son excluyentes entre sí.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Estoy de acuerdo con lo propuesto por los señores Senadores Heber y Sanabria, aunque propongo que no se vote el aplazamiento de los artículos 345 al 355.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia entendió que luego de la intervención del señor Senador Sanabria, usted se avenía a una de las mociones ya presentadas. Por lo tanto, hay tres mociones y vamos a comenzar por la formulada por el señor Senador Heber, ya que de ser votada afirmativamente es excluyente con respecto a la propuesta del señor Senador Larrañaga, pues la primera consiste en el aplazamiento de toda la Sección.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Heber, en el sentido de que se aplace la Sección VI.

(Se vota:)

- 9 en 17. Afirmativa.

Queda aplazada la Sección VI, Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República.

En consideración el artículo 131 de la Sección VII "Recursos", Capítulo I "Normas Tributarias" del Mensaje Complementario, que sería el artículo 360/1, según el índice preparado por la Secretaría.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera que alguien del Gobierno explique esta disposición.

SEÑOR SANABRIA.- Propongo el aplazamiento de este artículo.

SEÑOR HEBER.- Propongo aplazar los artículos 131 y 132 del Mensaje Complementario.

SEÑOR ASTORI.- Obviamente, como es de norma, no vamos a oponernos al aplazamiento, sobre todo si se desea estudiar mejor los artículos. Sin embargo, nos parece que estas son dos buenas disposiciones, porque permiten establecer con agilidad el manejo de fondos entre deudores y acreedores, cuando la referencia es el sector público. Por ejemplo, por deudas tributarias, si el contribuyente es acreedor del Estado, se permite computar el saldo a cuenta del pago de otros tributos. Asimismo, si el contribuyente tiene deudas contra otras personas que, a su vez, son deudoras del Estado, se permite hacer las triangulaciones correspondientes. Este es un manejo más eficaz del Erario público y, sobre todo, de la recaudación. No digo esto para fundamentar en contra del aplazamiento, sino para que se tenga en cuenta, ya que considero que son dos artículos que contribuyen a manejar mejor la administración de recursos fiscales.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 133 también estaría englobado dentro de ese concepto.

SEÑOR ASTORI.- Por razones de economía procesal, englobé todo. Los tres artículos se refieren a ese tema, pero se pidió el aplazamiento del 131 y del 132.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿De las palabras del señor Senador debo inferir que está incluyendo el aplazamiento del artículo 133?

SEÑOR ASTORI.- Personalmente, estoy en condiciones de votar esto ya.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aplazamiento de los artículos 131 y 132.

(Se vota:)

-10 en 17. Afirmativa.

Quedan aplazados los artículos 131 y 132 del Mensaje Complementario.

En consideración el artículo 133 del Mensaje Complementario.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 139 del Mensaje Complementario.

SEÑOR NUÑEZ.- Nosotros no pedimos el aplazamiento de esta disposición, sino que simplemente anunciamos que vamos a votar en contra de ella, en la medida en que le quita la exoneración impositiva del IRIC a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Me parece que está bien que este tipo de empresas estén exoneradas, ya que tienen una función social. Consideramos que esa exoneración debe mantenerse y, por lo tanto, vamos a votar en contra de este artículo.

SEÑOR RIESGO.- Solicito el aplazamiento del artículo 139.

SEÑOR ASTORI.- Naturalmente, voy a acompañar el aplazamiento. Sin embargo, en una sola frase quiero decir que esta es una contribución más al encarecimiento del crédito en el país. Es notorio que el público que atienden las cooperativas de ahorro y crédito es distinto al bancario. El que solicita crédito a las cooperativas es porque no tiene acceso al crédito bancario. Este artículo lo va a encarecer notablemente porque se elimina la exoneración de tres tributos. Por lo tanto, pido que se medite sobre esto.

SEÑORA POU.- En el mismo sentido que se han expresado los señores Senadores, quiero reafirmar que, más allá del relacionamiento con el enorme número de compatriotas que operan con ellas, las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen a su cargo no solamente los préstamos de menores montos, sino que también, en momentos de crisis del país, cuando es difícil obtener créditos en algunos sectores o rubros de la economía, le tienden la mano a muchos productores. Por lo tanto, coincidimos con las argumentaciones expuestas y no vamos a apoyar esta disposición.

SEÑOR SANABRIA.- Si bien acompañamos el aplazamiento de este artículo, creemos que habría que cuantificar el porcentaje operativo, y no me estoy refiriendo a las pequeñas cooperativas, sino a la participación en el sistema financiero. En definitiva, estamos asistiendo al crecimiento de cooperativas, que se están transformando en instituciones superiores a algunos bancos, en cuanto al movimiento financiero y económico. Evidentemente, se trata de un tema a analizar más profundamente, ya que de todos modos el país se verá en la necesidad de hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa manifiesta que no se opone al aplazamiento de esta norma, aun cuando, según su interpretación, la misma podrá verse desde el punto de vista político, así como también desde el de la técnica tributaria. Desde este último punto de vista, la existencia de esta disposición procura evitar la desigualdad en la actividad que desarrollan quienes intervienen en el sistema financiero. El hecho de mantener la situación actual supone una desigualdad ante la carga tributaria. Es por razones estrictamente técnicas que hacemos esta salvedad.

Se va a votar el aplazamiento del artículo 139 del Mensaje Complementario.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

Queda aplazado el artículo 139 del Mensaje Complementario.

En consideración el artículo 361 de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 134 del Mensaje Complementario, que se corresponde con el artículo 361/1 del índice preparado por Secretaría.

SEÑOR ATCHUGARRY.- "Pravitatis causae", vamos a solicitar el aplazamiento de los artículos 134, 135, 136, 137, 138 y 141 del Mensaje Complementario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aplazamiento solicitado.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Quedan aplazados los artículos 134, 135, 136, 137, 138 y 141 del Mensaje Complementario.

En consideración el artículo 149 del Mensaje Complementario.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 362 de la Cámara de Representantes.

SEÑOR ASTORI.- Creo que sería conveniente aplazar este artículo, por la siguiente razón. Aquí se establece un nuevo sistema de deducción de gastos para el Impuesto a la Renta, que puede resultar de impacto significativo sobre el sistema bancario. Como se sabe, desde hace tiempo este último ha venido realizando un elevado volumen de colocaciones en el exterior –diría que lamentablemente, porque esto es parte de la realidad económica nacional-; esto es, recibe depósitos y gran parte de los fondos que recibe son recolocados en el exterior. Me parece que este nuevo sistema de deducción de gastos que se está proponiendo puede afectar gravemente esta operativa, y llevar a los bancos a realizar las mismas operaciones que hacen hoy, pero desde el exterior y no desde el país, porque desde el punto de vista tributario les convendrá más; esto es algo que en casi todos los casos lo podrán hacer, porque son firmas transnacionales.

Entonces, creo que sería importante meditar acerca del impacto que esto podría tener sobre las fuentes de trabajo en el sistema bancario. Para manejar esa operativa desde el exterior, se necesita sólo un teléfono, una mesa y quizás un funcionario como máximo; y perdóneseme que lo diga así.

En consecuencia, solicito el aplazamiento de esta disposición por el fundamento que he expuesto, de manera de poder estudiarla nuevamente desde esa perspectiva. No estoy sugiriendo modificar la operativa de cálculo de la renta neta para las demás empresas sino, simplemente, tener en cuenta cómo funcionaría esto para el sistema bancario. Si se considerara del caso, podría reformularse el artículo para que no tenga este efecto sobre este tipo de empresas. Esa es mi propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aplazamiento solicitado.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aplazado el artículo 362 de la Cámara de Representantes.

SEÑOR HEBER.- Quiero dejar una constancia no solamente para coincidir con el señor Senador Astori en cuanto a su preocupación sobre este artículo, sino para señalar, además, que disponemos de un artículo sustitutivo, que mejora sustancialmente la disposición; simplemente, todavía no hemos tenido tiempo de presentarlo, como para que pueda ser estudiado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 140 del Mensaje Complementario, que se corresponde con el artículo 362/1 del índice preparado por Secretaría.

SEÑOR NÚÑEZ.- En aras de la coherencia, dado que fue aplazado el artículo 139, creemos que correspondería aplazar este artículo, porque en él se excluye como contribuyente del IRIC a las cooperativas de ahorro y crédito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de aplazamiento solicitada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Queda aplazado el artículo 140 del Mensaje Complementario.

En consideración el artículo 144 del Mensaje Complementario, que se corresponde con el artículo 362/2 del índice preparado por Secretaría.

SEÑOR NUÑEZ.- Confieso que no he consultado con mi bancada, pero creo que este artículo que dice que la "exoneración dispuesta en el presente literal no será aplicable a los contribuyentes que, independientemente de los ingresos que obtengan, desarrollen actividades que a juicio del Poder Ejecutivo no puedan ser consideradas de reducida dimensión económica", está afectando a un conjunto de empresas que son consideradas de dimensión pequeña, que pagan un tributo especial de $ 880 por mes y tienen un límite que fija el Poder Ejecutivo año a año sobre las ventas, a fin de determinar si quedan incluidas en ese régimen. Es decir, si están por debajo del límite, están dentro. Aquí le estaríamos dando una facultad al Poder Ejecutivo para que, a pesar de que las empresas demuestren que venden menos de ese límite, si considera que la actividad que desarrollan no puede ser de dimensión económica reducida, igual les aplique un impuesto sin estar comprendidas en este régimen especial.

Por lo tanto, en lo personal votaré negativamente esta disposición.

SEÑOR HEBER.- El comentario que hizo el señor Senador Nuñez es de recibo, pero me asalta la duda en cuanto a si hay una forma para establecer el límite que no sea delegándola en el Poder Ejecutivo. Creo que le estaríamos dando a éste la facultad de hacer lo que ya la reglamentación le permite por normas anteriores. ¿Cómo se establece que una empresa es de reducida dimensión económica? ¿Mediante un artículo?

SEÑOR NUÑEZ.- El Poder Ejecutivo fija con anticipación, año a año, cuál es el límite de ventas para ser considerada como pequeña empresa; en este momento, son $ 328.000 anuales de facturación. Eso da la certeza a las empresas que estén por debajo de ese nivel de facturación en el sentido de que estarán exoneradas de IVA y contempladas en este régimen especial de tributación.

Lo que se propone por este artículo es que más allá de que la empresa facture menos de $ 328.000 al año, el Poder Ejecutivo igualmente pueda considerar que su actividad no puede estar dentro de este sistema. Insisto, aquí dice claramente que independientemente de los ingresos que obtenga, aún estando por debajo del límite que fija el Poder Ejecutivo, éste puede determinar que por el desarrollo de la actividad de la empresa no puede ser considerada de reducida dimensión económica. A mi juicio, esto introduce una situación de inseguridad porque empresas que están por debajo del límite, de todas maneras puedan quedar excluidas del régimen especial de tributación si así lo entiende el Poder Ejecutivo.

SEÑOR HEBER.- No entiendo mucho el artículo que propone el Poder Ejecutivo porque, incluso, el literal E) habla de las empresas que hubiesen obtenido ingresos que no superen el monto que establece anualmente el propio Poder Ejecutivo. Esto quiere decir, que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer el monto, y además está facultado a hacerlo en forma ficta. Ahora, el artículo que estamos considerando propone un agregado al literal E), que es el siguiente: "La exoneración dispuesta en el presente literal no será aplicable a los contribuyentes que, independientemente de los ingresos que obtengan, desarrollen actividades que a juicio del Poder Ejecutivo no puedan ser consideradas de reducida dimensión económica."

Parecería que el Poder Ejecutivo se ha encontrado con el inconveniente de que el monto que establece anualmente no es suficiente como dato de la realidad para establecer cuándo una empresa es de reducida dimensión económica. El tema pasa por si además de todas las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, tanto para fijar fictos como para establecer el monto anual, le damos otra potestad que le permita determinar si una empresa está engañando con los datos que brinda. Actualmente, el Poder Ejecutivo se encuentra con que no tiene armas para obligar a establecer este parámetro de modo tal de decir que si una empresa está declarando mal, además de este monto debe pagar más porque tiene dimensión.

SEÑOR NIN NOVOA.- Me parece que el artículo propuesto por el Poder Ejecutivo podría hasta considerarse innecesario porque a continuación del literal E) se establecen otros parámetros para determinar estas causantes. Es así que se establece que: "Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, facúltase al Poder Ejecutivo a considerar el número de dependientes u otros índices", etcétera. Por lo tanto, lo que manifiesta el señor Senador Heber y lo que se ha dicho en Sala está dirigido en ese sentido. Puede haber empresas que declaren por debajo del mínimo gravable, pero de pronto tienen 200 empleados, que es un dato que surge de la información que brinda el Banco de Previsión Social. Al no coincidir las declaraciones, la facultad de quitarles esta exoneración ya la tiene el Poder Ejecutivo a través del segundo párrafo del literal E).

SEÑOR HEBER.- Lo que señala el señor Senador Nin Novoa también es de recibo; el Poder Ejecutivo ya tiene esas facultades. Realmente, no entiendo el porqué de este artículo y en tal sentido propondría su aplazamiento o, de lo contrario, lo votaría negativamente.

SEÑOR ASTORI.- Queremos señalar que este artículo es absolutamente innecesario y no tendría que estar aquí, porque va a complicar las cosas. El Poder Ejecutivo ya tiene todas las armas necesarias para hacer lo que se está proponiendo. Quise dejar esta constancia porque el lunes no habrá posibilidad de argumentar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aplazamiento del artículo 144 del Mensaje Complementario.

(Se vota:)

-13 en 15. Afirmativa.

En consideración el artículo 363 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 15.Afirmativa.UNANIMIDAD

En consideración el artículo 151 del Mensaje Complementario que se corresponde con el artículo 364 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: este es otro ejemplo de elevación del costo país, ese que nos preocupa tanto últimamente por razones de competitividad de la producción. Es absolutamente contrario a los intereses prioritarios de la economía uruguaya en este momento.

Quiero dejar simplemente esta breve constancia porque es como incrementar los costos de producción que por razones de seguros va a tener toda la producción, porque este impuesto es trasladable, se va a trasladar a los costos de producción, los usuarios lo van a terminar pagando y nuevamente vamos a estar dificultando aquello que queremos mejorar. Me parece que este impuesto no debería votarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 151 del Mensaje Complementario.

(Se vota:)

- 8 en 15. Afirmativa.

Se pasa a considerar el artículo 150 del Mensaje Complementario. Según el índice preparado por la Secretaría, es el artículo 364/1.

SEÑOR ASTORI.- Solicito que se rectifique la votación del artículo 151 del Mensaje Complementario.

SEÑOR PRESIDENTE.- A solicitud del señor Senador Astori, se va a rectificar la votación del artículo 151, que se corresponde con el artículo 364 del proyecto de la Cámara de Representantes.

SEÑOR HEBER.- Si me permiten, quizás sea mejor, a fin de realizar un mayor estudio –para profundizar, como dice el señor Senador Couriel-, aplazar este artículo. Formulo moción en tal sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 151 del Mensaje Complementario.

(Sevota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Se va votar ahora si se aplaza dicho artículo.

(Sevota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Queda aplazado el artículo 151 del Mensaje Complementario.

Pasamos a considerar el artículo 150 del Mensaje Complementario que, como dije anteriormente, corresponde al 364/1 del índice preparado por la Secretaría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 10 en 18. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Como se aplazó el artículo que creaba el impuesto, por lo tanto también hay que aplazar esas exoneraciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido disculpas, pero como tenía que seguir el orden señalado en el articulado, debía someterlo a votación.

Habiéndose, por tanto, aplazado el artículo anterior, también hay una moción para aplazar el artículo 150.

Se va a votar si se reconsidera el artículo.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

A continuación, se va a votar el aplazamiento del artículo 150.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 365 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 366 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 143 del Mensaje Complementario.

SEÑOR HEBER.- Formulo moción en el sentido de que se aplace este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Heber.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Queda aplazado el artículo 143 del Mensaje Complementario.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con respecto al artículo desglosado, debo señalar que el aumento del IMESI a los automóviles a gas oil -hoy por hoy éstos constituyen la mitad de la venta, porque como subsidiamos los impuestos al gas oil para favorecer la producción, también resultan favorecidos quienes los utilizan en sus vehículos de paseo, etcétera- no sólo contribuye a ocasionar menos problemas al abastecimiento de combustible –que está totalmente desfasado, porque naturalmente del petróleo crudo sale tanto el gas oil como la nafta- sino que también, como las patentes refieren al valor nuevo de los autos, si se aumenta el impuesto a los de valor nuevo, las Intendencias van a incrementar la recaudación por concepto de patentes.

Digo esto para que lo pensemos a cuenta del desglose.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar ahora a considerar el artículo 142 del Mensaje Complementario, que se corresponde con el 366/2 preparado por la Secretaría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 10 en 17. Afirmativa.

Pasamos a considerar el artículo 367 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR HEBER.- Formulo moción en el sentido de que se aplace este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 12 en 17. Afirmativa.

Queda aplazado el artículo 367.

En consideración el artículo 368 del texto aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 10 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 369 del texto aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 370 del texto aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR GARGANO.- Con respecto a este artículo, el señor Senador Núñez hacía una pregunta que yo también me formulo. Tal como dijimos, el Texto Ordenado no es una ley, sino una recopilación de leyes que van estableciendo impuestos, las cuales son ordenadas por la Dirección General Impositiva y por el Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan manejarse. El Título 12 del Texto Ordenado se relaciona con el Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera, y no creo que se pueda autorizar al Poder Ejecutivo a derogar un impuesto; o se deroga o no se deroga, o también se lo puede autorizar a cobrar desde cero hasta tal cantidad. En caso de no derogarse y pretender cobrar poco, se lo autoriza a establecer la cantidad desde cero hasta un determinado tope

SEÑOR ATCHUGARRY.- El señor Senador tiene razón.

SEÑOR ASTORI.- En la misma dirección que el razonamiento del señor Senador Gargano, debo decir que seguramente se pretende otorgar la facultad al Poder Ejecutivo para que administre este impuesto en declinación hasta, incluso, llegar a su derogación; pero pienso que no podemos votarlo de esa manera. Concretamente, quisiera saber qué ambiente hay en la Comisión para disponer desde ya la derogación de este impuesto a partir del 1º de julio de 2001.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El problema es que hemos decidido votarlo negativamente porque es parte de nuestro financiamiento. Creo que las precisiones efectuadas tanto por el señor Senador Astori como por el señor Senador Gargano son justas, pero no las vamos a tomar en cuenta no por desatención, sino porque vamos a votar negativamente el artículo, tal como dije. Quiere decir que no queremos dar al Gobierno la facultad de bajar este impuesto, en virtud de que damos prioridad a otros tipos de reducción de impuestos más importantes que el ICOME. Claro está que si uno pudiera, derogaría también el ICOME, pero reitero que había otras prioridades, entre ellas, el financiamiento de la baja de aportes del sector rural que figura en el proyecto de Ley de Urgencia a consideración de la Cámara de Representantes. En definitiva, simplemente quería demostrar que esta no es una desatención a los planteos de los señores Senadores, sino que hay otra situación detrás.

SEÑOR ASTORI.- Creo que el señor Senador Atchugarry ha arrojado luz sobre este tema. Ahora podemos decir que estamos en profunda discrepancia porque este es uno de los peores impuestos que tiene este país, que incide negativamente sobre aquello acerca de lo cual este proyecto de ley de Presupuesto no hace nada, que es la competitividad de la producción uruguaya. Digo esto porque no hay una sola medida a favor; todas están en contra, y ésta es una de ellas.

Tampoco estamos de acuerdo en autorizar al Poder Ejecutivo a que lo derogue, por lo cual vamos a sostener la tesis contraria, esto es, vamos a presentar un texto.

SEÑOR NUÑEZ.- Como texto alternativo vamos a proponer el que viene originalmente del Mensaje del Poder Ejecutivo, que dice: "Derógase, a partir del 1º de enero de 2001, el Título 12 del Texto Ordenado de 1996."

SEÑOR ASTORI.- Esa es exactamente nuestra propuesta: un texto sustitutivo para este artículo, que ya está impreso en el comparativo porque lo había presentado originalmente el Poder Ejecutivo.

SEÑOR NIN NOVOA.– Después de que el señor Senador Atchugarry marcó su posición, se vuelve innecesario lo que iba a decir.

SEÑOR GALLINAL.- En primer lugar, quiero señalar que la redacción del artículo 370 aprobado por la Cámara de Representantes no es correcta; sí lo era la que traía el Mensaje Original del Poder Ejecutivo.

En segundo término, digo que desde el momento en que el proyecto de ley de Presupuesto ingresó a la Cámara de Senadores hemos bregado por la no aprobación de este artículo que deroga el Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera, así como por la del artículo en función del cual se deroga el aporte en más que las empresas industriales y comerciales del Estado realizan a la Dirección de Pasividades de Industria y Comercio. Esta es una de las alternativas que hemos encontrado para no caer en la necesidad de generar nuevos impuestos que financien el Presupuesto.

Por otra parte, si la razón de la aprobación de estos artículos era crear para las empresas públicas un ámbito equilibrado y equitativo de competitividad, debió haberse señalado con anterioridad cuál iba a ser dicha competitividad. Es decir, en este momento en el Presupuesto Nacional deberíamos estar discutiendo ámbitos de desmonopolización, lo que sí nos llevaría a la derogación de esta tributación. Sin embargo, no está generada siquiera la expectativa, entonces no lo hacemos. El día que se empiece a estudiar en profundidad la forma de generar ámbitos de desmonopolización, será necesaria la derogación que en un primer momento propiciaba el Poder Ejecutivo.

Finalmente, quiero agregar que hemos realizado estudios con respecto a la incidencia que en las tarifas puedan tener estas derogaciones que se promueven, y podemos decir que no llega siquiera al 0,5% de las tarifas que cobran las empresas públicas que prestan servicios y que pagan el ICOME o realizan su aporte a la Dirección de Pasividades de Industria y Comercio.

SEÑOR ASTORI.- No sé si estoy en condiciones formales de hacer esta solicitud; quizás no, pero como nosotros vamos a votar este artículo –por lo menos, sabemos que la coalición no lo va a votar, para dejarlo sin efecto-, quisiéramos que se pusiera a votación el texto contenido en el Mensaje Original del Poder Ejecutivo. Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con el Reglamento, debería ponerse a votación el texto aprobado por la Cámara de Representantes, porque es el que estamos considerando. De votarse negativamente, si se formula moción para aprobarlo tal como vino del Poder Ejecutivo, se procederá en consecuencia.

SEÑOR ASTORI.- Tiene razón, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 370, tal como fue aprobado en la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 0 en 16. Negativa.

El señor Senador Astori había mocionado en el sentido de poner a consideración el artículo 333 del proyecto del Poder Ejecutivo.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 5 en 16. Negativa.

SEÑOR MICHELINI.- Naturalmente que esto es en el entendido de que hay que bajar los precios de las tarifas públicas. No se trata simplemente de bajarlos para que las empresas incorporen esto a otros gastos, sino para que los transfieran. De haber acuerdo, quizás tendría que agregarse una segunda cláusula a ese respecto.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Se trata de U$S 19:000.000 anuales. Sin ninguna duda, el Gobierno tenía la fuerte intención de bajar este impuesto, lo mismo que los aportes patronales, a cuyos efectos existe, incluso, un decreto que así lo establece. El costo de las dos medidas en conjunto, a pleno régimen, es de U$S 73:000.000. Creo que eso ilustra por qué en un Presupuesto donde hay un aumento significativo en los rubros de la Enseñanza, así como algunas bajas de impuestos, en las negociaciones, al final, naturalmente se pospuso esta posibilidad. Esto no fue a gusto del Gobierno, pero sí entendiendo plenamente que, de lo contrario, las alternativas serían más complicadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se permite agregar al razonamiento del señor Senador Atchugarry –que lo comparte- la imprevista baja de la recaudación.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que se rectifique la última votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el artículo 333 del proyecto del Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

- 6 en 16. Negativa.

En consideración el artículo 371.

SEÑOR NUÑEZ.- Con la señora Senadora Arismendi tenemos una confusión, en la medida en que los artículos 371 y 374 parecerían ser exactamente el mismo artículo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No, señor Senador. Uno se refiere al Impuesto a la Renta y el otro al IVA. Además, uno de ellos está en el Título 4 y el otro en el Título 10.

SEÑOR NUÑEZ.- De acuerdo; me equivoqué al leer.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, correspondería votar el artículo 371 de la Cámara de Representantes que está, justamente, referido al Título 4 de Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. Asimismo, se agrega un literal al artículo 6º, que crea un nuevo sujeto pasivo, los fondos de inversión cerrados de crédito.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quiero señalar que no me parece que esta haya sido la mejor solución; no es la mejor solución considerar que son sujetos pasivos de IVA sobre intereses, cuando el Fondo de Inversión, como lo dice su ley, se supone propiedad del público, el que, a su vez, no es sujeto pasivo de IVA.

En consecuencia, no me parece feliz esta propuesta. De todos modos, entendemos que se procura una equidad de tratamiento tributario, con lo cual seguramente los Fondos de Inversión también funcionarán muy poco. Todavía no hay ninguno funcionando y difícilmente lo hagan. Pero así lo ha enviado el Ministerio de Economía y Finanzas y no vamos a hacer cuestión. Lo vamos a acompañar, sin perjuicio de lo cual queríamos señalar que después de haber trabajado bastante en esa ley, me parece que no va a prosperar ninguno.

SEÑOR PRESIDENTE.- La verdad es que las manifestaciones del señor Senador Atchugarry son compartibles.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 371 de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 372 de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 145 del Mensaje Complementario, que corresponde al artículo 372/1 del Indice preparado por Secretaría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 373 de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 374 de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 375.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Ahora que hemos terminado con una especie de sector tributario, quiero hacer una brevísima reflexión –al estilo de las que he hecho antes- sobre este tema, para coincidir con el señor Senador Atchugarry.

Creo que el país tiene en esta materia una línea impositiva con la que es coherente esta serie de disposiciones que se han tomado en este proyecto de ley, pero no es una línea aconsejable desde el punto de vista de la necesidad de fomentar la inversión y, sobre todo, el acceso a fondos que permitan promover la inversión productiva. Esto encarece el acceso a esos fondos y, por lo tanto, es una línea tributaria inconveniente para el país. Naturalmente, el sistema bancario ya está afectado por esta línea inconveniente y ahora estamos poniendo a los Fondos de Inversión en la misma situación que el sistema bancario.

Nada más, señor Presidente.

En consideración el artículo 376 del proyecto de la Cámara de Representantes.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente, en este artículo puede estar contemplada, o no -puede ser discutible-, la situación de los Gobiernos Departamentales, fundamentalmente a la luz de posibles operaciones de renovación de su parque pesado de maquinaria.

Por lo tanto, propondría un aditivo en la parte final del artículo, que exprese: "Los Gobiernos Departamentales quedan exceptuados de lo dispuesto en este artículo". De esa forma, lograríamos que las propias Intendencias Municipales no se vean afectadas por lo que contempla este artículo en cuanto a que no se les aplique la inmunidad impositiva consagrada en la Ley Nº 16.226. De lo contrario, se expondría a las Intendencias Municipales a la adquisición con IVA, con IMESI, lo cual tornaría imposible las operaciones de renovación de maquinaria pesada o de otro tipo de vehículos que son utilizados recurrentemente por los Gobiernos Departamentales.

Me permito, pues, hacer moción en el sentido de agregar esa expresión al final del artículo que, reitero, diría: "Los Gobiernos Departamentales quedan exceptuados de lo dispuesto en este artículo".

He estado conversando con el señor Senador Atchugarry, y me manifestó que estaba conteste en incorporar esa excepción en la parte final del artículo 376.

SEÑOR NUÑEZ.- He escuchado con atención lo expuesto por el señor Senador Larrañaga, pero creo que el problema de este artículo va un poco más allá de la afectación de las Intendencias Municipales.

Desde el punto de vista jurídico, parece bastante disparatado el hecho de que la inmunidad que se tiene o no, que se da o no, sea declarada en parte, esto es, para unos casos sí y para otros no. Consideramos este tipo de norma un poco traída de los pelos. Además, creo que se trata de una propuesta política no coherente, en términos generales, para todo el Estado, y no sólo para las Intendencias de todo el país.

Adelanto que vamos a votar en contra del artículo tal como viene y, en líneas generales, somos partidarios de mantener la inmunidad impositiva establecida en el artículo 463, de la Ley Nº 16.226.

SEÑOR GARGANO.- Comparto las afirmaciones del señor Senador Núñez, pero quiero señalar que hay organismos, como la Universidad de la República, que se ven afectados por esta disposición. Digo esto, porque hay muchos bienes que si se los ofrece en plaza y pierden la inmunidad impositiva, en ese caso tendrán que pagarse notoriamente más caros. Además, los recursos que se ha estimado invertir en determinados rubros de implementos de laboratorio, investigación y demás, suben enormemente de precio. Hacemos estas afirmaciones en virtud de lo que nos han informado sobre la repercusión que esto tendría en ese ámbito. Comparto, asimismo, que esto se agrega al resto del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de aplazar el artículo 376.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aplazado el artículo 376.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quisiera hacer una referencia al artículo 345 del Mensaje original, que no fue votado por la Cámara de Representantes.

Por una norma del Presupuesto de 1990, se facultó al Gobierno a exonerar de impuestos la importación por vía postal. Se trata de una facultad que no es la misma que hoy vemos, que refería a bienes de uso del viajero y a auxilios familiares.

La práctica posterior -a partir de la autorización dada por un decreto de 1991- hace que actualmente se den situaciones como las que voy a señalar. Por ejemplo, mi hijo quería comprar un CD del autor jamaiquino, ya fallecido, Bob Marley, que en Amazon.com consiguió por U$S 50 más el envío. Vino libre de todo impuesto, con la factura adelante. Después, unos amigos le pidieron que encargara otros cuatro, y así lo hizo. Naturalmente, le advertí que le iba a salir carísimo, pero estaba interesado en saber cuál era la diferencia; en definitiva, por un embarque de U$S 280 pagó, entre el despachante de aduana –que cuesta U$S 120- y los impuestos, U$S 300.

Por supuesto, un comerciante instalado en plaza paga por ese mismo CD, cuando ingresa, el arancel, el 23% más el 5% de anticipo del IVA –esto es, el 28%-, más comisiones varias, gastos de despachantes de aduana y, además, paga los aportes al Banco de Previsión Social por el empleado que tiene.

Sé que se hizo una argumentación en el sentido de que esto es un impuesto al "e-commerce". Naturalmente que no es así, porque se trata de la importación exonerada de impuesto o, como se suele decir, contrabando legalizado o competencia desleal. O sea que con todos los impuestos del Estado subsidiamos la compra de artículos en el extranjero y que se envíen desde allí.

Podría considerarse un asunto de menor cuantía. Se estima que el aumento de este comercio es de tal suerte y naturaleza, que hace que las acciones de todas esas compañías que dan pérdida, valgan muchísimo, porque es geométrico.

Pongamos otro ejemplo, a raíz de temas que se han planteado en el seno de la Comisión de Hacienda. Una cajilla de cigarrillos vale U$S 0.40 en fábrica y paga U$S 1 de impuesto, aproximadamente. O sea que hoy puede traerse un paquete de 120 cajillas de cigarrillos y ahorrar U$S 120 de impuesto, porque es tan legal como lo que hablábamos hoy. Quiere decir que si no hacemos nada, la consecuencia va a ser ésta. Señalo todo esto –a lo mejor no lo hago con mucho impulso- porque creo que lo más adecuado sería derogar el decreto directamente, con lo cual la situación de este comercio va a ser peor. Creo que la propuesta del Gobierno es absolutamente moderada ya que plantea que, por lo menos, paguen algo porque, de lo contrario, qué les decimos a los comerciantes. Además de los otros fenómenos de informalismo y de contrabando, tenemos un contrabando legalizado a través de la encomienda postal. En algunos países donde existe cierta laxitud como Estados Unidos, el impuesto interno es de sólo un 8%, pero por lo menos lo hacen también entre los estados. Ahora aquí sólo se plantea la exoneración para importar. O sea que si el mismo señor que vende un CD en Montevideo, quiere mandarle un paquete a un señor que vive en Colonia, a éste último le es más económico encargarlo a Buenos Aires porque desde allí viene exonerado de impuestos. Es decir que si el paquete viene de Montevideo, tiene todos los impuestos.

No se trata de volver al proteccionismo, sino de no hacer una protección negativa, es decir, subsidiar con todos los impuestos, a que nos vendan de afuera. Naturalmente, creo que hay tres caminos posibles. Uno de ellos es que el Parlamento entienda que es razonable mantener la exoneración de la intervención del despachante -lo que significa una ayuda muy grande- y poner una tasa promedio absolutamente moderada. Se puede decidir no hacerlo y, entonces, quedarán dos caminos: hacer fuerza para que se derogue el decreto o poner en algún depósito fiscal de Buenos Aires un hermoso comercio, ya que como se legalizó el contrabando, le vamos a decir a nuestros comerciantes que vayan a esa ciudad a vender, en especial, cigarrillos, whisky, CD y ropa, porque eso es una ganga. Como se podrán imaginar en esa anécdota que les contaba, cuando mi hijo encargó los cuatro paquetes recibió un e-mail de Amazon.com –lo tengo en mi casa para quien quiera leerlo- que decía "como pensamos que puede tener algún problema en su país, sin costo podemos fraccionárselo".

SEÑOR GARGANO.- Personalmente comparto la argumentación que ha hecho el señor Senador Atchugarry, pero la Bancada no tiene opinión unánime, por lo tanto, solicitamos que se aplace la consideración de este artículo. Si bien está suprimido, solicito que se introduzca como tema de debate y se aplace su consideración.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quería dejar constancia de que estoy plenamente de acuerdo con lo expresado por el señor Senador Atchugarry con respecto a este impuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción del señor Senador Gargano en el sentido de incorporar al debate esta norma que no está considerada, por cuanto no fue aprobada por la Cámara de Representantes. De manera que necesitaríamos que a la Mesa llegara un aditivo firmado y lo incorporamos, para que en el momento oportuno podamos discutirlo como corresponde, de lo contrario estaríamos actuando fuera del Reglamento.

SEÑOR ASTORI.- Coincidiendo con la Mesa, quiero expresar que vamos a hacer llegar un aditivo con el mismo texto del Mensaje original del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa acepta que se le envíe el aditivo y adelanta que corresponderá al artículo 376/1 del Mensaje del Poder Ejecutivo. Digo esto, a efectos de poder ubicarlo.

En consideración el artículo 377 de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 377.

(Se vota: )

- 11 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 378 de la Cámara de Representantes.

SEÑOR NUÑEZ.- He estado observando las normas referidas y no comprendo su alcance, ni por qué aparece en el presupuesto una norma de este tipo. Digo esto porque el artículo 66 del Título 1, Sección III, Capítulo IV del Texto Ordenado tiene tres incisos y el primero de ellos dice: "Las funciones de alta prioridad que se enumeran a continuación serán desempeñadas por técnicos..." El inciso segundo señala: "Los técnicos contratados en este régimen estarán absolutamente inhabilitados para ejercer cualquiera otra actividad remunerada, excepto la docencia..." Y, el tercero, enumera cuales son las funciones que quedan comprendidas que serían: "...Director Técnico de Recaudación, Director Técnico de Fiscalización, Director Técnico de Sistemas de Apoyo, Director Técnico Fiscal y Director Técnico de Sistemas Administrativos". Estos son directores de la Dirección General Impositiva. El texto que ahora se nos propone señala que las funciones que quedan comprendidas en este régimen son las que se asignen a los directores de cada una de las divisiones que integran la Dirección General Impositiva. No alcanzo a comprender cuál es la diferencia, pero aquí hay dos Senadores que estaban en la discusión en la Cámara de Representantes.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Estimo que la razón por la cual se cambia -o se pretende modificar- esta disposición es por el hecho de que en el texto original están enumerados quiénes están comprendidos en este régimen y expresa: Director Técnico de Recaudación, Director Técnico de Fiscalización, Director Técnico de Sistemas de Apoyo, Director Técnico Fiscal y Director Técnico de Sistemas Administrativos y este es un sistema mucho más flexible por el cual se determina que las funciones que quedan establecidas en este régimen son las que se asignan a los directores de cada una de las divisiones que integran la Dirección General Impositiva.

En otros términos, el tema es que en la primera redacción es taxativo que son exclusivamente esas reparticiones, en cambio, en la redacción que propone el Poder Ejecutivo, se da la flexibilidad de adaptarlo en cualquier momento. O sea que el Poder Ejecutivo puede cambiar las direcciones en el marco de una reorganización o modernización administrativa y no queda atado al texto legal en cuanto a las denominaciones de cada una de las divisiones.

SEÑOR NUÑEZ.- En ese sentido, creo que se introduce un cambio, lo que implica que se está pensando en algún tipo de reestructura o cambio de denominación que normalmente también pasa por el Poder Legislativo para ser aprobado.

Vamos a votar negativamente porque al tener esta norma más genérica de la que teníamos antes taxativa, no encontramos la necesidad de darle anticipadamente una carta en blanco al Poder Ejecutivo para que haga una reestructura, porque parecería que esa fuera la finalidad.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Quiero aclarar que esto, según informan los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, pretende solucionar el problema de la reorganización o reestructura administrativa, que ya se hizo en la Dirección General Impositiva al amparo de la Ley Nº 16.736, que fue la Ley de Presupuesto de 1995. Esto se hizo en el marco del proceso de reforma del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 378.

(Se vota:)

- 6 en 16. Negativa.

En consideración el artículo 379.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 5 en 16. Negativa.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Preferiría que se aplazara esta disposición.

SEÑOR RIESGO.- Propongo que se aplacen también los artículos 380 y 381.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se aplazan los artículos 379 a 381 inclusive.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 382.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: este artículo habla de los campos de recría autogestionados. Se trata de inmuebles propiedad del Instituto Nacional de Colonización o de las Intendencias Municipales, que son confiados a grupos de productores y de cooperativas que incorporan terneras a los efectos de un producto final. Esta es una actividad agropecuaria y no industrial; el problema es que la Dirección General Impositiva la considera una actividad industrial y, por lo tanto, pretende gravarla con el Impuesto al Valor Agregado.

En esta disposición se está proponiendo una mera facultad; en consecuencia, desearíamos que la misma se aprobara como apoyo a este tipo de situaciones.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con respecto a los artículos 382 y 383 no hemos podido realizar consultas, pero desde el momento en que se trata de facultades, no nos vamos a oponer. En cambio, los artículos anteriores eran dispositivos, no tenían la iniciativa del Poder Ejecutivo y entonces no se podían aprobar, desde que eran declaraciones de exenciones, etcétera. En este caso, insisto, se trata de facultades, y se verá después si se puede hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa deja en claro que aquí hay algún inconveniente de carácter inconstitucional; estamos facultando y delegando, por lo tanto, un cometido de la ley. Pero, de todas formas, estamos dispuestos a votarlo.

Se va a votar el artículo 382.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 383.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 146 del Mensaje Complementario.

Ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Riesgo en el sentido de que se aplace este artículo.

SEÑOR RIESGO.- Voy a retirar la moción , señor Presidente; propongo que se pase a votar.

SEÑOR GARGANO.- Hemos llegado rápidamente a este Impuesto, que ahora ha alcanzado un nivel del 9%, en el caso de los sueldos que sobrepasen determinado mínimo.

En este sentido, nosotros tenemos un criterio, que fue duramente combatido durante la campaña electoral, que apunta a instituir un gravamen a las rentas elevadas, que antiguamente se llamaban "ganancias elevadas". Sin embargo, en este caso se elige solamente un sector para aplicar este Impuesto, que está conformado por aquellos que perciben una retribución mensual por el trabajo que realizan. Hemos recibido varias misivas de distintos gremios, organizaciones, etcétera, y compartimos que es una injusticia sustancial aplicar un impuesto solamente a las personas que perciben una retribución por su trabajo. Está bien que esto sea así, pero si gravamos a todos los que perciben ingresos de esa magnitud y si graduamos la tributación.

En abril de 1995 se dictó una ley que se llamó "de ajuste fiscal", en la cual se elevó al 6% y 7% el Impuesto a los Sueldos, con la promesa de bajarlo en cuanto el Fisco se recuperara. Sin embargo, cinco años después, en lugar de disminuirlo, lo estamos aumentando nuevamente.

Nuestros técnicos están trabajando en este tema, y tenemos la idea de llevar la exoneración del Impuesto a los Sueldos hasta los seis salarios mínimos y gravar a las remuneraciones más altas de forma progresiva, de tal manera que por encima de determinado mínimo se pague el Impuesto en más, pero hasta determinado nivel se desgrave. Personalmente, he realizado un cálculo muy elemental según el cual si desgravamos a los sueldos que tienen una imposición del 1%, que son los que llegan a los $ 3.180, es decir, tres salarios mínimos, estamos eliminando un impuesto que en este momento son unos $33 por mes, lo que a esta altura, es menos de cuatro boletos de ómnibus, y esta desgravación es un instrumento fundamental de justicia en materia de política tributaria.

Creo que hay que reflexionar más sobre este punto y que no se puede gravar solamente a la gente que está obligada a declarar, porque si percibe un salario declara sus ganancias en el recibo. En cambio, hay otras personas que perciben $45.000 o $50.000 de rentas mensuales, pero no pagan nada, porque no perciben esa retribución a través del régimen de salario, sino por otras modalidades.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 146 del Mensaje Complementario.

(Se vota:)

- 0 en 14. Negativa.

En consideración el artículo 147 del Mensaje Complementario.

SEÑOR HEBER.- Considero que este artículo también habría que votarlo negativamente porque está directamente ligado al anterior.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 147 del Mensaje Complementario.

(Se vota:)

-0 en 14. Negativa.

En consideración el artículo 148 del Mensaje Complementario.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 15. Negativa.

En consideración el artículo 384 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 15. Negativa.

SEÑOR HEBER.- Solicito la reconsideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo 384.

(Se vota:)

-7 en 14. Empate.

Según el artículo 101 del Reglamento del Senado, en este caso se reabre la discusión, de manera que se vuelve a considerar el artículo 384.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Hay tres opciones o tres caminos: uno de ellos es no hacer nada y, naturalmente, tener una enorme dificultad –como lo ha ido verificando la Comisión de Hacienda del Senado a propósito de otro proyecto- con el comercio instalado. El segundo camino tiene que ver con un proyecto que se presentó en la Comisión de Hacienda que parte, no de no poder gravar, sino de excluir la venta de artículos importados en la vía pública. El tercero, que naturalmente es incompatible con el otro al que referíamos, es el que figura aquí –ya se ha intentado, pero nunca se expresó concretamente en la Administración pasada- y que refiere a facilitar y disminuir el importe en algo que se llama el monotributo.

En consecuencia, se puede decir que algunas cosas no se venden en la vía pública, que es una opción que se maneja en el Senado, pero que no ha logrado hasta ahora ni un sí ni un no o, por otro lado, este tema se puede embarcar mediante lo que ha planteado el Gobierno que es, en definitiva, legitimar la actividad y, para ello, cobrar un tributo que también tiene que ver con la Previsión Social.

Mi intervención iba en el sentido de mencionar estos antecedentes para que se tuvieran en cuenta en la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose reabierto la discusión del artículo 384, hay una moción para que se vote.

(Se vota:)

-10 en 17. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: lo que se votó fue la reconsideración del artículo.

SEÑOR RIESGO.- Entonces, corresponde pasar a votar el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 384.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 385.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 386.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 387.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 388.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 389.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 390.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 391.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 392.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 393.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-9 en 18. Empate.

(Dialogados)

Si se cuestiona la actuación de la Mesa, pasaremos a leer la norma correspondiente.

Léase.

(Se lee:)

"Artículo 101.- Si se produjera empate en las votaciones que requieran mayoría de la mitad más uno, se abrirá de nuevo la discusión y si volviendo a votar se repitiese el empate, se reputará negativa la decisión."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 393.

(Se vota:)

- 10 en 18. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quiero dejar una constancia en el sentido de que voto afirmativamente este artículo en la Comisión para habilitar su pase al Plenario. No obstante, deseo aclarar que no estoy en condiciones de apoyarlo, porque no estoy de acuerdo con él.

SEÑOR GARGANO.- A modo de constancia, deseo expresar que fui advertido por destacados juristas que se encuentran en esta Comisión de que esta disposición viola la Constitución, más precisamente la disposición transitoria V), que leo a continuación: "Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (Art. 67) que se contenga en leyes presupuestales o de Rendición de Cuentas, a partir del 1º de octubre de 1992"... De modo que estas disposiciones, que están modificando el régimen de seguridad social de un sector de la población, pueden ser objetadas de inconstitucionales inmediatamente después de haber sido aprobadas. Esto está expresamente previsto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hecha la constancia del señor Senador Gargano, se pasa a considerar el artículo 394.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 10 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo 395.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 9 en 16. Afirmativa.

Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de realizar un cuarto intermedio de 10 minutos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 14 en 16. Afirmativa.

(Se pasa a cuarto intermedio)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 17 y 39 minutos.)

Corresponde ingresar al análisis del Capítulo II, "Endeudamiento del Sector Público", artículo 152 del Mensaje Complementario.

SEÑOR ASTORI.- Desde el punto de vista formal, este artículo tiene una gran cantidad de desprolijidades en cuanto a su redacción. Simplemente, menciono a título de ejemplo, que el literal f) empieza diciendo: "así como las deudas", cuando lo primero que pretende este artículo es describir cómo está compuesta la deuda pública del Uruguay; mejor dicho, del Gobierno Central y del Banco Central.

Por otro lado, nos parece que en este artículo, por lo menos, debería haber alguna referencia, en términos de proporción, de porcentaje, acerca de cuánto dedicar del endeudamiento al financiamiento de la reactivación productiva del país que –vuelvo a señalar- es una de nuestras prioridades fundamentales.

Por lo tanto, en la medida en que vamos a hacer una propuesta concreta sobre este tema, solicitaríamos que se aplazara el artículo. Sin embargo, adelanto desde ya que vamos a tener que volver a redactarlo en su totalidad por las dificultades que mencioné antes; precisamente, los errores de redacción por momentos oscurecen bastante el sentido de la norma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aplazamiento solicitado.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aplazado el artículo 152 del Mensaje Complementario, que se corresponde con el artículo 396 de la Cámara de Representantes.

En consideración el artículo 152 del Mensaje Complementario, que se corresponde con el artículo 397 de la Cámara de Representantes.

SEÑORA POU.- Quisiera agregar algo a lo que mencionó en su momento el señor Senador Astori.

La redacción que fue aprobada en la Cámara de Representantes, al parecer excluye del tope las deudas del BID, del BIRF, etcétera. Entonces, parecería que en la redacción se incluyen los organismos de los cuales el país no forma parte y no aquellos de los cuales el país sí forma parte. Es decir, no se incluye el endeudamiento de las empresas públicas, que es del Gobierno; se concentra en el Ministerio de Economía y Finanzas la autorización de los créditos. Tampoco se incluyen los montos garantizados por el Estado ni los Bonos Brady que, en la medida en que se van a amortizar o a sustituir, deberían figurar.

En consecuencia, queremos decir que, para nosotros, este artículo está incompleto; su redacción no es demasiado clara ni demasiado comprensible. Así, nos gustaría que en su próxima redacción, se explicitara bien qué concepto se incluye, por qué ha aumentado el total en el Mensaje Complementario, cuáles pueden ser las razones para las exclusiones que hemos señalado y, finalmente, cuáles son las necesidades del aumento del endeudamiento para el 2001. En definitiva, esperamos una redacción más completa para este artículo.

SEÑOR ASTORI.- A los efectos aclaratorios, quiero decir que la intención del artículo –y aclaro que no estoy abriendo juicio de valor al respecto- es topear la deuda que tenemos con organismos internacionales de los cuales no formamos parte y no topear deudas con organismos internacionales que nuestro país sí integra, como por ejemplo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Digo esto a los efectos de aclarar la propuesta concreta. Sin embargo, considero que esto se debe discutir muy bien.

SEÑORA POU.- Sin entrar a discutir cuál es el objetivo de la norma, digo simplemente que cuando se habla de deuda pública, o se incluye todo lo que es deuda pública o se hace la aclaración pertinente. Me da la impresión de que en el concepto de deuda pública están faltando algunos elementos que, para nosotros, son importantes, sobre todo teniendo en cuenta que el tope de endeudamiento va a aumentar seguramente la relación del Producto Bruto Interno de un 40% a un 45%.

SEÑOR ASTORI.- Quería señalar que también convendría aplazarlo, pero sea cual sea la resolución anterior, sería saludable que en la Rendición de Cuentas se informara sobre cómo se administraron los topes vigentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- En una palabra, el señor Senador está sugiriendo que se vote el artículo. Es claro que ello estará supeditado a que se vote el anterior; comprendo que es algo independiente, pero la intención perdería cierta consistencia.

SEÑOR GARGANO.- A mí me parece bien que fijemos los topes. Tenemos una propuesta sobre el endeudamiento futuro, es decir, el que vamos a autorizar –o no- a emitir al Gobierno. Un año atrás en la oportunidad en que el Banco Central revisó al alza el PBI de 1998, simultáneamente cambió el mecanismo de encaje que tenían los bancos privados con el Banco Central y tomó las Letras de Tesorería que el había vendido a la Banca Privada para tenerlas en depósitos, cambiándoselas por certificados de depósitos. De esta manera, por una vía no autorizada, automáticamente amplió la capacidad de endeudamiento. No sé si se entiende el razonamiento. Se trata de una vía que no es legal. El encaje es efectivamente en documentos de deuda pública –las Letras de Tesorería lo son- o no. Por los certificados de depósito el Banco Central paga el interés del encaje a la banca privada pero esos no son documentos autorizados por el Poder Legislativo, que es el único que tiene capacidad de habilitar la emisión de deuda.

Digo esto porque me parece que se han hecho mal las cosas y si hay necesidad, el Poder Ejecutivo debe pedir la autorización correspondiente y no utilizar una vía absolutamente ilegal, no prevista en las disposiciones. Quería dejar constancia de que esto es así y de que está operando en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 152 del Mensaje Complementario, que refiere al 397 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa

En consideración el artículo 398 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 399 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 400 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 401 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

A continuación pasamos al análisis del Capítulo III, Precios y Tasas Públicas.

En consideración el artículo 153 del Mensaje Complementario, que en el índice preparado por la Secretaría se corresponde con el artículo 401/1.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

Pasamos ahora a la Sección VIII, Empresas Públicas, Telecomunicaciones, Recursos.

En consideración el artículo 402 que figura en la página 309 del comparativo.

SEÑOR RUBIO.- Después de un análisis exhaustivo hemos llegado a la conclusión que esta propuesta –que es una de las más importantes que hay en el Presupuesto, en realidad no tiene contenido presupuestal y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista sería razonable desglosarla y considerarla en un proyecto aparte a fin de que pudiera ser discutida con tranquilidad. Me refiero tanto al tema de la regulación de áreas importantes del Estado como pueden ser las de las telecomunicaciones y otras, como el problema de la situación en la que quedan las empresas públicas. Además, si aún contra nuestra opinión se considerara este asunto dentro del Presupuesto, quisiéramos saber cuáles son los datos del problema que no tenemos. Si el programa de desmonopolización del Estado, que es parte de la filosofía de vida que tiene la coalición de Gobierno, y que en algún aspecto compartimos, se lleva adelante con determinadas rebajas impositivas para las empresas públicas, es una cosa pero si no es así, tendrá un significado totalmente contrario ya que las va a debilitar y modificará otros problemas. En realidad, ignoramos cuál es el Estado del arte, por decirlo de alguna manera. No sabemos cómo afecta el acuerdo que se dice fue alcanzado al problema de estos impuestos y tributos.

Por consiguiente, estamos pidiendo que este tema se considere con posterioridad y en ese momento discutiremos si es pertinente analizarlo dentro del Presupuesto o fuera de él.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aplazamiento solicitado por el señor Senador Rubio.

(Se vota:)

-6 en 16. Negativa.

SEÑOR GARGANO.- Considero que esta es una de las disposiciones más pesadas que trae el Proyecto de Presupuesto. Para decir rápidamente nuestra opinión: viola la voluntad popular expresada el 13 de diciembre de 1992. Innova. Hubo un intento de privatizar el sector de las telecomunicaciones, se votó una ley, esta fue objetada a través del recurso del referéndum, el 72 % de los ciudadanos votó por la derogación de esa disposición legal y ahora la tenemos de nuevo en el Presupuesto. Se trata de una disposición que desde el punto de vista presupuestal no tiene nada que ver; tiene que ver con las empresas públicas y con el patrimonio del Estado, pero desde el punto de vista de la materia presupuestal es totalmente ajena a ella. Esto avalaría que se la desglosara de la consideración del Presupuesto lisa y llanamente, sin tratarla. Pero subrayo lo primero. ¿Qué pensaría la coalición de Gobierno, por ejemplo, si lo que hoy es la oposición a nivel nacional, es decir el Encuentro Progresista, el Frente Amplio, el Nuevo Espacio, tomara la iniciativa y consiguiera una mayoría circunstancial en el Poder Legislativo para aprobar una ley que sometiera a los violadores de los derechos humanos a la Justicia, después que hubo un pronunciamiento popular que ratificó una ley que establecía la caducidad de la pretensión punitiva del Estado sobre las violaciones de los derechos humanos? Son dos materias distintas pero, sustancialmente, si esto se hiciera, en los dos casos se estaría revisando lo que ha sido, ya no materia de la democracia representativa sino de la directa que, desde el punto de vista político, tiene una importancia mucho mayor porque está prevista como una excepción dentro del sistema institucional uruguayo. Esto desde el punto de vista del planteo formal. Pero luego, aparte de posibilitar que en el futuro toda la empresa de telecomunicaciones uruguayas sea ingresada al patrimonio del sector privado, hay un camino inicial que está previsto en estas normas, que es el de vender un 40% de la empresa con mayor futuro que hay en el país, la empresa de telefonía celular ANCEL. Es una empresa que solamente el año pasado –no quiero equivocarme en las cifras- dio una rentabilidad creo que de entre U$S 42:000.000 y U$S 45:000.000. Yo tuve conversaciones –lo digo directamente acá- con el Presidente de ANTEL, quien sostiene que el tema ya no está en la cuestión de la propiedad, sino que las nuevas tecnologías hacen prácticamente imposible mantener la actual estructura jurídica y que es necesario innovar. Quiero recordar acá que en el Senado de la República algunos señores Senadores, cuando esta idea salió a la luz pública, dijeron que nadie vende lo que da ganancias y, sin embargo, hoy aquí hay coincidencia para vender una empresa que tiene no sólo este nivel de ganancias anuales, sino también tiene las perspectivas de triplicarlas en el corto plazo. Es la empresa que está en condiciones de apuntar a un desarrollo de lo que se llama nuevos contenidos, las nuevas tecnologías que pueden ir ingresando. Nosotros hemos examinado en el Frente Amplio y en el Encuentro Progresista esta situación y los especialistas que nos asesoraron, que no son de poca talla, como el ingeniero Grompone, por ejemplo, dicen que no necesariamente es preciso cambiar el esquema institucional por el que se rige la empresa pública para poder explotar su nueva tecnología. Nosotros nos oponemos, naturalmente, a la venta de la empresa de telefonía celular y pensamos que es posible, cuando se planteen las nuevas tecnologías -lo que se llama los nuevos contenidos hacia el futuro- analizar caso por caso si hay necesidad de que la empresa pública se asocie con el capital privado para un emprendimiento de determinada magnitud. Sin embargo, los técnicos nos decían también que ANTEL es una empresa que tiene un patrimonio superior a los U$S 1.000:000.000 –esa es la estimación de su patrimonio- y que ha hecho transferencias al Estado superiores a los U$S 150:000.000 anuales por impuestos y ganancias. Quiero recordar que desde el año 1992, cuando se la intentaba vender, el 51% del paquete accionario se lo iba a vender en U$S 300:000.000, y en diez años se le ha transferido tres veces al Estado en materia de ganancias e impuestos. No sólo está eso, sino además el valor de la Empresa. En determinado momento se dijo que a esta Empresa, ANCEL, se la podía vender en U$S 200:000.000. Solamente la telefonía celular tiene en perspectiva, como patrimonio futuro, un estimativo del cuádruple de los U$S 200:000.000. Quiero señalar también, para dar una idea de la magnitud de los negocios que están involucrados, que no hace más de un año en Europa se procesaron algunas licitaciones o remates de las ondas, de las bandas a utilizar que el Estado concesionaba a las empresas privadas. Solamente en el Reino Unido el monto del remate llegó a U$S 42.000:000.000, mientras que en España se hizo una licitación y se vendieron las bandas por U$S 4.500:000.000 y hay un escándalo brutal porque significa que, teniendo casi las dos terceras partes de los posibles clientes del Reino Unido, se estaba realizando el remate o la licitación por la décima parte de su valor. Yo no sé si esto se repetirá automáticamente en todo el mundo. Aquí se vende, más que el valor material de lo inmediato, la perspectiva del negocio en el futuro, es decir que se compran los clientes futuros. Pero véase el volumen de estos negocios y la apetencia que tienen los sectores privados a entrar en este negocio en el Uruguay. Naturalmente que este no es el mercado brasileño ni el norteamericano, pero los grandes monopolios internacionales están interesados en captar aunque sea un mercado de dos millones o de medio millón de habitantes, que importa mucho, porque este es el sector punta en materia de rentabilidades en el mundo.

Nosotros pensamos que no es materia privatizable. Ya la Administración anterior, de hecho –estoy hablando un poco de memoria porque no tengo la documentación aquí, porque hemos llegado de improviso al tratamiento del tema-, en el último año, hizo concesión de bandas por precios irrisorios. Creo que a la Telefónica española, que opera ahora como Telefónica Data, le dio la concesión de la transmisión punto a punto en materia de telecomunicaciones y de comunicación de datos por U$S 200.000, lo que ahora, si se negociara en el mercado, valdría seguramente diez o quince veces más de lo que el Estado recaudó por ella. Además, a otras empresas también se las autoriza. Cometió errores, porque algunas que las dio por U$S 50.000, ahora se las está sacando, y tiene litigios por ello porque no lo encuadró legalmente. Creo que no estaba autorizado, pero se salteó el monopolio real; lo rompió de hecho al dar a las empresas privadas autorización para ello. No estaba en condiciones de hacerlo.

Sé que el debate en Comisión es nada más que un entrenamiento del que vamos a dar en el Plenario, pero quería adelantar que esto no debe tratarse en el Presupuesto y que, a mi juicio, es una clarísima violación de una decisión popular de enorme trascendencia que fue adoptada por una mayoría muy calificada de la ciudadanía, ya que llegó al 72%. No involucro en esto a mi partido, el Frente Amplio, ni al Encuentro Progresista; solamente estoy hablando a título personal. Si se rompen estas reglas de juego, se podrán romper otras, porque esto es desconocer la voluntad popular.

SEÑOR RUBIO.- El debate de fondo se va a dar en el Plenario, si es que hay oportunidad, porque los procedimientos que se están llevando adelante durante este año en materia de paquetes no tienen precedentes, por lo menos en mi memoria. Prueba de ello es el proyecto de Ley de Urgencia que está a consideración de una Cámara y, de acuerdo con la Constitución, esto obliga a entrar en sesión permanente a la otra Cámara. Pienso que hay que tener una ingeniería muy elaborada para que las cosas no se superpongan estando en consideración el proyecto de ley de Presupuesto en esta última que, a su vez, pasará a la anterior. Por lo tanto, no veo la necesidad política de hacer esto, pero se trata de decisiones ya tomadas. Un estilo arrogante para gobernar también trae consecuencias políticas y, sin duda, las va a tener. En este caso, además de problemas de procedimiento –que a juicio de nuestra bancada son graves- existen dificultades de otra naturaleza. Esto no se acaba de entender, pero la experiencia que el Uruguay ha tenido con híbridos hasta ahora no es nada buena. Yo creo en la empresa pública, en la empresa privada y en las empresas sin fines de lucro que no son públicas ni privadas. También creo que en algunos casos hay que combinar acciones y formar consorcios pero, reitero, los híbridos de otra naturaleza que no se sabe qué son, en general, han marchado mal. Si se quiere, podemos hacer un inventario -que no hemos hecho debido a las consecuencias que tienen que ver con el cuidado que debemos tener con el patrimonio del país- sobre las inversiones de ANCAP en el extranjero. Y el señor Senador Couriel podría hacerlo mucho más exhaustivamente que yo, pero de esto se sabe que se sabe. Por ejemplo, tenemos el fenómeno del INA que retorna con sus U$S 8:000.000 de déficit –creo que es esa cifra- después de haber hecho la aventura de navegar como empresa pública no estatal o en un estatuto similar, lo que significa simplemente darles un marco en el que nadie controla y entonces terminar como lo hemos hecho. Hay muchos otros ejemplos, dentro de los cuales está PLUNA que tiene una historia bastante larga. Desde el principio se convino que en realidad el operador, por interpósita persona, es parte de la sociedad y se convierte en acreedor, dándose un cambio de paquetes. Sobre esto se podría abundar ya que, como dije, ejemplos hay muchos. Este caso me llama profundamente la atención porque estamos en un área de la frontera tecnológica donde cabe aquel razonamiento de qué cosa da más rentabilidad desde el punto de vista de la sociedad que aquello que está en el área de la frontera tecnológica del mundo. Y si se da la circunstancia de que estamos bien posicionados, ¿quién que sepa algo del mundo de los negocios de hoy –no que razone en una burbuja, sino que sepa algo del mundo de los negocios, y más a nivel mundial que en el Uruguay- puede creer que una empresa de gran porte va a comprar el 40% del paquete accionario de ANCEL, sin adquirir su gestión? Pregunto esto porque el tema concreto es quién tiene la llave, y la llave no es el número de acciones, sino otra cosa. Entonces, este es un mecanismo para transferir la gestión. Además, la venta no retorna como inversión en la propia empresa, sino en una parte muy pequeña. Por otro lado, tiene cosas que son un misterio. Por ejemplo, ¿por qué el numeral 5 del artículo 4º que está contenido dentro del artículo 369 –y que figura en el página 311 del Comparativo- desapareció del texto que aprobó la Cámara de Representantes? A mi criterio, en la iniciativa del Mensaje del Poder Ejecutivo había, por lo menos, una coherencia, porque entre los cometidos que se establecían para ANTEL, aparte de prestar un conjunto de servicios, aparecía la posibilidad de incursionar en materia de contenido, y todos saben que hay un vínculo muy fuerte entre las pistas y las infraestructuras por las que circulan los mensajes e informaciones en código binario -bajo la forma de imágenes, de voz, de flujo de datos o de signos- y los contenidos que se ofrecen en dichas pistas. Además, sabido es que los contenidos y los portales son ganchos para hacer que pase más flujo y que, por lo tanto, los peajes que se puedan cobrar sean más importantes. ¿Por qué este numeral 5 desaparece en medio de lo que fue el fárrago del debate nocturno que se dio en la Cámara de Representantes, y que espero no se reproduzca en el Senado, aunque a esta altura no sé qué va a suceder? Como este numeral desaparece, ANTEL no puede "Adquirir o elaborar por sí o mediante convenios con otras entidades públicas o privadas, contenidos vinculados a telecomunicaciones que se realicen de conformidad con los numerales 1) y 2) de este artículo, y comercializar esos contenidos en el país o en el extranjero, rigiéndose a tales efectos por lo establecido en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 33º del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)." Esto que era una facultad, se quita. En realidad, no lo entiendo, ni siquiera es congruente con el hecho de tener cuestiones elementales en materia de posibilidades para entes públicos en el campo de las Telecomunicaciones.

Aquí hay un tema de fondo y, sin duda, va a llevar a que busquemos un pronunciamiento popular. Está claro que bajo la vía jurídicamente muy impugnable de incorporar en el Presupuesto disposiciones no presupuestales, se quiere crear una situación por la cual mañana cuando interpongamos las firmas con impresiones digitales ante la Corte Electoral –que van a ser varios cientos de miles-, ésta esté condicionada para decir que en realidad esto no puede ser sometido a referéndum. Si esto sucede, vamos a llevar al país a una situación altamente inconveniente, porque cuando hay muchos centenares de miles de personas que piensan algo y no se las quiere dejar decidir –y vamos a ver si se puede- , está en juego un problema que hace a la legitimidad, por lo cual el sistema democrático se debilita.

Creo, señor Presidente, que este es un grave error político, el más grave error político hasta el día de hoy de esta coalición de Gobierno. Podrían haber elegido el camino de replantear el 92 abiertamente, porque las cosas pueden cambiar y la gente tiene derecho a opinar diferente. Entonces, habría que haber dicho "replanteemos el 92", pero hacerlo significa ganar ante la gente y decir: "los uruguayos hemos cambiado de opinión y lo vamos a mostrar en un plebiscito". Sin embargo, la vía de ir caminando por el pretil para eludir el pronunciamiento, lleva a que haya otros pronunciamientos. A mi juicio, este es un camino tremendamente costoso que hubiéramos preferido que se les evitara a los uruguayos.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: no voy a repetir las afirmaciones de los señores Senadores Gargano y Rubio, con las que estoy absolutamente de acuerdo. Simplemente, deseo agregar algunos breves comentarios que me parece conveniente tener en cuenta.

No debe pensarse, a raíz de la posición que estamos sustentando y que, por supuesto, es unánime en nuestra bancada, que nosotros nos negamos a reflexionar acerca de los cambios que necesitan nuestras empresas públicas. No sólo no nos negamos, sino que entendemos que es necesario hacerlo, porque estamos viviendo una realidad muy diferente a la de los últimos años, muy dinámica y que supone transformaciones muy profundas que, a su vez, exigen que las empresas se transformen. Sin embargo, como ya ha sido dicho, no creemos que este sea el mejor camino para hacerlo. Este proyecto de ley contiene, entre otras materias, aspectos de mucha complejidad que sería absolutamente fundamental discutir de otra manera en el Parlamento, y no por esta vía.

En todo caso, estaremos siempre dispuestos a reflexionar acerca de las transformaciones que necesitan nuestras empresas; y, curiosa y paradojalmente, el proyecto de ley de Presupuesto contiene varias disposiciones que van en contra de los cambios que hay que hacer en nuestras empresas públicas. La verdad es que la realidad las está llevando, progresivamente, a un escenario de competencia y no de monopolio. Deben competir. Incluso, las transformaciones tecnológicas y vertiginosas que se están verificando en el mundo, de hecho, están desmonopolizando aspectos fundamentales de la actividad de nuestras empresas, entre ellos, precisamente, el que tiene que ver con telecomunicaciones.

ANTEL tiene hoy el monopolio de la telefonía básica, no tiene el de la celular desde su origen y, diría, que tampoco tendrá el de los nuevos contenidos que se aproximan también a mucha velocidad, entre otras cosas, porque es tecnológicamente imposible monopolizar esas actividades.

Ahora bien, en el proyecto de ley de Presupuesto tenemos varias disposiciones que van a dificultar la competitividad de ANTEL, también en estos terrenos. Incluso, hoy mismo, en la tarde, estuvimos discutiendo el impuesto a la compra de moneda extranjera que nosotros creemos que hay que derogar y que al parecer el Gobierno piensa ahora que hay que dejar vigente para obtener recursos. Sin embargo, téngase presente que eso va a dificultar enormemente la posición de ANTEL y de otras empresas públicas en el mercado.

Señor Presidente: estamos haciendo, además, un pésimo negocio porque estamos enajenando una gran parte de una fuente segura de recursos fiscales, adelantando la posesión de esos recursos. Primero, decíamos que esto era para destinarlo a capitalizar el Banco de la República –al menos, esa era la propuesta inicial que escuché-, pero ahora no veo un destino comparable con aquél que se mencionó al principio.

En todo caso, seamos conscientes de que estamos perdiendo, al menos, el 40% de una fuente segura de recursos fiscales, lo que tendría que preocuparnos en una situación en la que, precisamente, nos aqueja un momento fiscal difícil, en donde el equilibrio de las cuentas públicas se transforma en un objetivo primordial. Estamos enajenando una gran parte de la posibilidad de obtener recursos fiscales seguros, año a año, en los tiempos que vendrán. Eso tiene que ver con el equilibrio de las cuentas públicas.

Sin embargo, lo más preocupante de todo es que esto es innecesario e inconveniente para hacer lo que a nuestro juicio hay que hacer con las empresas públicas y que es abrirles la posibilidad de asociarse para emprender actividades que están fuertemente dominadas por grandes empresas transnacionales, con las cuales las nuestras no van a poder competir en pie de igualdad. Entonces, para encarar esos nuevos cometidos y para salvaguardar esa actividad desde el punto de vista de nuestro país, nuestras empresas tendrán que asociarse a efectos de encarar esas actividades y hacerlo con un análisis caso por caso, con una definición de características específicas para cada actividad –no todas tienen la misma naturaleza- y con mucha flexibilidad de nuestra parte para tomar decisiones. Si no lo hacemos así las empresas uruguayas corren el peligro de deteriorarse hasta desaparecer, entre otras cosas, por el poder de esos grandes centros internacionales de actividad que podrán fijar el precio de esos nuevos productos hasta que las empresas que ellos quieren eliminar del mercado, concreten su desaparición. Esas empresas tienen poder para comprar el mercado, ya no la empresa. Ya no se trata de comprar empresas, sino el mercado entero y para eso una política de precios oligopólica alcanza y sobra. La manera de contrarrestar esto es que nuestras empresas se puedan asociar, pero no es necesario vender su parte más valiosa para que lo puedan hacer y, además de no ser necesario, es absolutamente inconveniente.

Precisamente, estamos ante un territorio que el país debería asegurar, consolidar y fortalecer, para que a partir de ese fortalecimiento se pueda discutir con mayores posibilidades una eventual asociación inconveniente.

Sin alargar mucho esta exposición –tampoco estoy seguro de poder decir esto la semana que viene-, quería agregar estos elementos de reflexión a los que ya habían propuesto los señores Senadores Gargano y Rubio.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que estoy absolutamente dispuesto al debate sobre este tema, tanto aquí en Comisión como en el plenario del Senado cuando ingrese a consideración el proyecto de ley de Presupuesto. Me parece importante y necesario debatir sobre este asunto, más aún porque desde que en la Cámara de Representantes se estudió, se trabajó sobre él y comenzó su discusión con los distintos sectores políticos, hasta hoy han transcurrido no menos de 45 días. En ese lapso, y en más de una oportunidad, tuvimos la posibilidad de debatir con otros dirigentes políticos acerca del alcance de este tema que, a mi entender, será sustantivo en la vida del país en los próximos años.

Respecto a lo que señalaba el señor Senador Rubio, quiero decir que no se han planteado en este Presupuesto, por parte del Poder Ejecutivo –al menos para los plazos inmediatos- caminos de desmonopolización. Los temas económicamente más importantes en materia de inversiones en el mundo son hoy los de las telecomunicaciones y los de los combustibles. Sin embargo, en el Uruguay nos movemos, en ambos temas, en un régimen de monopolio, sin que existan por el momento intenciones de apertura que permitan generar en todos la esperanza de nuevas inversiones en el país en el correr de los próximos años. Esto es lo que el Uruguay está necesitando desesperadamente. La inversión significa la posibilidad de ingreso de nuevos recursos, la apertura de nuevas fuentes de trabajo y la reactivación económica que el Uruguay necesita.

En los últimos años, en materia de inversión, solamente en Chile –por citar un ejemplo- hubo una inversión extranjera directa del orden de los U$S 800 por habitante por año; en Argentina, fue de U$S 500; en Brasil, de U$S 400; y en Uruguay, de U$S 60. Esto es así porque en nuestro país no hay en dónde invertir ni están generadas las condiciones para hacerlo. O sea que no estamos discutiendo caminos de desmonopolización. Sí existe en un Presupuesto, que yo, sin desmerecer a nadie, califico de poca fuerza y alcance; creo que hasta el propio Poder Ejecutivo lo califica de esta manera porque no es otra cosa que la administración de recursos muy escasos en una situación económica difícil como la que vive el país. Este tema se incorpora, en buena medida, por iniciativa del Partido Nacional y consideramos que es el camino de esperanza para creer que en el transcurso de los próximos años se genere verdaderamente una reactivación económica nacional a través de la inversión. Esto se debe hacer sin violar el pronunciamiento popular de 1992, entre otras razones porque en dicho año no existía ANCEL ni había telefonía celular. Entonces, en estas circunstancias, con lo que estemos aprobando mal podemos modificar el pronunciamiento de aquella oportunidad, que amén de ello se podría hacer porque dichos pronunciamientos nunca son de carácter definitivo. Digo esto porque, si así fuera, el Uruguay se regiría por la Constitución de 1830, no votarían las mujeres, tendríamos un régimen indirecto de elección de Presidente de la República y, en lugar de Parlamento, tendríamos una Asamblea de Notables. Sin embargo, reitero, ni siquiera está planteada la posibilidad de modificar lo dispuesto en 1992, porque se entraría a abordar una materia que en aquellas circunstancias no se plebiscitó ni se puso a consideración de la opinión pública.

Es más; hace aproximadamente seis meses el Gobierno anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, que se van a subastar dos licencias o permisos para la explotación de la telefonía celular en la banda de 1400, lo que significa empezar a definir qué alcance tiene el monopolio de las telecomunicaciones actual de ANTEL. En su momento nadie se agravió ni cuestionó esa resolución, pero ahora se anunció que dentro de aproximadamente 60 ó 90 días se realizará esa subasta y, reitero, nadie dijo que eso era una violación del pronunciamiento popular del año 1992. Sin embargo, significa una apertura de un segmento del mercado de las telecomunicaciones para que ingresen a competir directamente con el organismo estatal otras empresas, probablemente extranjeras. Digo esto, porque todo hace pensar que en esta subasta van a participar empresas de telefonía celular de primer nivel, interesadas en prestar servicios dentro del territorio nacional. Pero, reitero, nadie levantó su voz en protesta contra esa decisión anunciada por el Poder Ejecutivo de proceder a la subasta de esas licencias.

Aquí se dice que en materia de telefonía celular hemos estado en este tiempo en un régimen de competencia. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, digo que podría ser correcto o que no lo sería la afirmación de que estamos en un régimen de monopolio, pero teniendo en cuenta los hechos, prácticamente lo estaríamos porque las dos empresas que en el Uruguay prestan servicios de telefonía celular –ANTEL y MOVICOM- lo hacen en nombre y por cuenta de ANTEL. Una de ellas, es ANTEL a través de su División Gerencial ANCEL; y la otra es MOVICOM, producto de un contrato de arrendamiento celebrado en 1990 entre la empresa ANTEL y Aviatar, en función de la cual ANTEL arrienda a esta última toda la infraestructura para prestar un servicio en nombre de ANTEL.

Cuando se habla de la rentabilidad que ha tenido la empresa ANCEL en el transcurso de los últimos años, a mi juicio se están confundiendo los conceptos, porque cuando los servicios se prestan en régimen de monopolio las ganancias no están directamente asociadas a la rentabilidad, sino al precio que el Poder Ejecutivo, por sí y ante sí, pone a las tarifas sin que nadie se las discuta. Entonces, así es como se cobra en el Uruguay, por usar o por llamar de un celular, o de un teléfono fijo a uno celular, $ 5 más IVA el minuto, y si llama desde el interior cuesta $ 10 más IVA el minuto. Por lo tanto, cuando se señala que las empresas públicas son la gallina de los huevos de oro, digo que ésta son los uruguayos, que son los que pagan esas tarifas, y no esas empresas que recaudan, no en función de ellas, sino de impuestos encubiertos en dichas tarifas. Cuando una empresa pública en el Uruguay, en régimen de monopolio, va a fijar sus tarifas, decide cuánto debe cobrar por la prestación de un servicio en función del costo que le significa hacerlo más un mínimo de ganancia razonable, y lo eleva a consideración del Poder Ejecutivo. Este, después de consultar al Equipo Económico y de ver cuáles son las necesidades del Erario Público y de Rentas Generales, fija el valor de las tarifas para asegurarse, no una ganancia, sino un ingreso directo a través de un impuesto encubierto, lo suficientemente importante para poder cubrir los gastos que tiene el Estado en todos los conceptos.

El proyecto que estamos considerando, tiene como propósito -ante la decisión anunciada, puesta en marcha y a ejecutarse en aproximadamente 90 a 120 días por el Poder Ejecutivo, para proceder a la subasta de dos licencias a fin de prestar telefonía celular en la banda de 1400, contra lo que, repito, absolutamente nadie se ha sentido agraviado ni ha dicho que estuviera en desacuerdo- introducir un conjunto de normas jurídicas que apuntan a preparar a ANCEL para esa competencia. Si la sometemos a competir con las principales empresas del mundo de telefonía celular –que son las que van a venir a participar de dicha subasta-, en las condiciones en que hoy está armada y presentada jurídicamente, la empresa está condenada a fundirse y desaparecer, porque no puede competir con otras de primer nivel que se mueven en el ámbito del Derecho Privado. Además, cuando aparecen nuevas tecnologías, ellas las compran en 24 horas, en 48 horas las instalan y en 72 las ofrecen en el mercado. Entonces, una empresa no puede salir a competir cuando para incorporar nueva tecnología necesita abrir una licitación que le lleva ocho meses –si no es recurrida- y recién al año está en condiciones de implementarla, que quizás al año sea vieja; pero aun cuando siga siendo eficiente, va a participar en un mercado en el que sus competidores ingresaron doce meses antes. Ahí, las consecuencias serán absolutamente perjudiciales por no cambiarle el marco jurídico.

Tenía entendido que no solamente había predisposición para discutir el tema de la desmonopolización, sino también para analizar el ordenamiento jurídico que debe regir nuestras empresas públicas. Si existe disposición para discutir sobre el ordenamiento jurídico que deben tener nuestras empresas públicas, hagámoslo hoy, pero no dentro de un año cuando ya esté instalada la competencia prestando sus servicios y veamos agonizar a una de las nuestras. Empecemos a conversar este tema hoy, entre otras cosas porque hace ocho años que estamos esperando para hacerlo. Hace ocho años se anunció, ante aquel proyecto que luego fue parcialmente derogado, que no vendía a ANTEL sino que la transformaba en una sociedad de economía mixta, que se iban a presentar proyectos alternativos, pero hasta ahora no han aparecido. Todos saben la forma en que ha evolucionado el mundo en materia de telecomunicaciones en el transcurso de todos estos años. Sin embargo, lo único que hacen permanentemente cuando aparecemos con novedades de este tipo, que tienen como primera intención salvar la empresa pública nacional y defender ANCEL, es cuestionarnos, diciendo que queremos vender, que nos movemos contra los intereses populares y que entregamos la soberanía nacional.

Señor Presidente: si lo defiendo para todos los partidos políticos, cuánto más para el mío, pues mi partido y mis dirigentes no quieren vender la soberanía nacional; no están entregando el patrimonio, ni jamás se les ocurrió proponer nada que fuera contra los intereses del país. Estas cosas las hacemos a favor de los intereses del país. Podremos estar equivocados, pero discutámoslo cuanto antes.

Ya han pasado ocho años y esta situación que se va a dar en materia de telecomunicaciones tiene fecha, porque el remate será en marzo o en abril. Entonces, esas empresas van a entrar y, mientras tanto, ¿vamos a seguir impertérritos, de brazos cruzados, esperando ver si le va bien o mal a nuestra empresa en esa competencia? ¿Vamos a pensar que el solo hecho de tener la camiseta uruguaya ya es suficiente para ganar en esa competencia? No es así. Entonces, tomemos las decisiones jurídicas necesarias para salvar a esa empresa, para prepararla en esa competencia, para que siga generando ganancias, así como una renta importante y para que siga aportando recursos a Rentas Generales, tal como lo ha hecho en el transcurso de todos estos años. Estamos seguros de que ANCEL, con un nuevo régimen jurídico –que es lo más importante de todo lo que aquí se propone, en el Presupuesto-, va a andar muy bien y va a hacer una empresa preponderante y con capacidad de captar una clientela superior a la de las multinacionales o internacionales de primer nivel que pueden ingresar al Uruguay en el transcurso de los próximos años para prestar servicios de telefonía celular. En definitiva, estamos realizando la apertura de apenas un segmento de las telecomunicaciones.

Se ha dicho que hace pocos meses se otorgaron frecuencias para la prestación de servicios de transmisión de datos, que es un segmento de una importancia absolutamente relativa en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, para prestar servicios de esas características, hubo y hay empresas extranjeras en el Uruguay que están invirtiendo unos U$S 20:000.000. Estamos hablando de U$S 20:000.000 para prestar servicios en un segmento reducidísimo de las inversiones, entonces cuánto más serán las inversiones en un segmento tan amplio como es el de la telefonía celular, dejando fuera el de la telefonía básica, porque si nos introdujéramos a modificar aquella definición de mantener en la órbita del Estado la telefonía básica, ahí sí podrían tener derecho a reclamarnos la defensa del veredicto de 1992, aunque algún día también lo vamos a tener que considerar. Hoy en buena medida no lo hacemos por razones políticas y porque -seamos sinceros- el Uruguay no está pronto en estos momentos para introducirse profundamente en la modificación de aquel concepto de monopolio y de quitarle al Estado todo lo que tiene que ver con la telefonía básica, porque entraríamos en un debate que no sabríamos en qué podría terminar. De todos modos, lo estamos haciendo en un segmento de las telecomunicaciones.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción? Me pregunto si los señores Senadores estarían dispuestos a discutir el marco jurídico de ANTEL sin incluir en el paquete -antes de que se defina el marco jurídico- la venta de una parte de ANCEL. Esto podría ser fuera del Presupuesto y se podría acordar políticamente resolverlo en plazos breves.

La segunda pregunta que se me ocurre es cómo se distingue lo básico de lo no básico, si por los sistemas alternativos denominados no básicos -en todo caso podrá sostenerse, como decía el señor Senador Astori, que hay un oligopolio, pero no monopolio, porque menos lo habrá si se van a licitar las otras- se puede hacer todo lo que se hace por los básicos, más un conjunto de cosas que son mucho más interesantes. Esto es algo de ciencia ficción y en la realidad no se da. Entonces, decir que en realidad para ANTEL no se toca nada de lo que había antes, lo entiendo como un argumento de la retórica, de la polémica pública pero, desde el punto de vista técnico creo que no tiene el menor sustento porque lo que se denomina básico, se puede hacer por otros y, además, cada vez más esa parte es chatarra desde el punto de vista tecnológico.

SEÑOR GALLINAL.- Hubiera comenzado el señor Senador Rubio por cuestionar las subastas de las licencias que se van a realizar en los próximos días. Sin embargo, hace seis meses que están anunciadas y no he escuchado una sola voz discrepante del sector político al que pertenece, ni de él.

SEÑOR PRESIDENTE.- Otras están asignadas, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Otras están asignadas pero no están verdaderamente dentro de los servicios que está prestando ANTEL. De las asignadas, unas están vinculadas a los servicios de transmisión de datos y otras fueron muy mal asignadas porque se otorgaron en la banda de 1900 –que son las bandas que tienen un valor económico muy importante- y ahora el Poder Ejecutivo ha resuelto, por decreto, lo que se ha denominado "limpiar la banda". Seguramente se podrán realizar algunos juicios que se transformarán en una cuestión de daños y perjuicios, pero no van a afectar las concesiones, otorgamientos o adjudicaciones que se puedan hacer en el futuro respecto a la frecuencia.

En definitiva, aquí hay un conjunto de normas vinculadas a un mismo objetivo, porque está el tema de la reforma de la Carta Orgánica de ANTEL que fue introducido por la propia ANTEL a través del Poder Ejecutivo y lo que refiere a ANCEL, donde se establece una facultad al Poder Ejecutivo para comercializar hasta el 40% de las acciones. No se establece la venta, sino la posibilidad de que esta nueva empresa, transformada en sociedad anónima, cien por ciento propiedad del Estado, pueda asociarse con otros capitales para enfrentar la competencia. ¿Acaso le vamos a negar a ANCEL, transformada desde el punto de vista del derecho en sociedad anónima, pero con propiedad estatal, la posibilidad de asociarse? La posibilidad de asociarse pasa por la posibilidad de comercializar parte de sus acciones, porque si no ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer a un socio solamente para que participe de las ganancias, pero que no se haga responsable de todo lo demás?

Finalmente, se establecen los organismos reguladores para completar todo el marco jurídico, porque no podemos ingresar en un marco de competencia donde la propia empresa que compite en nombre del Estado sea además la reguladora, es decir, la que fije las reglas de juego a las que van a competir. Hay que generar las condiciones mínimas indispensables para que si mañana se va a buscar la inversión dentro de estas áreas, estén dadas todas las condicionantes jurídicas, las reglas apropiadas y las certezas necesarias para que el inversor esté dispuesto a entrar en el negocio y eso le signifique al Uruguay una incorporación de recursos y de empleo como la que está buscando en estos tiempos.

En términos generales, esa es la inspiración de todas estas normas que integran el Presupuesto nacional. Repito que estamos plenamente abiertos al debate y a la discusión, porque creemos que le hace mucho bien a la sociedad interesarse por estos temas.

SEÑOR NIN NOVOA.- Compartimos las expresiones vertidas por los señores Senadores del Encuentro Progresista, y sin desconocer la importancia del fondo de la cuestión, queremos hacer un aporte –aunque sea por ósmosis- en materia de constitucionalidad.

En virtud de que hay tantos constitucionalistas, y que durante largo rato se ha hablado en materia constitucional, quiero plantear una duda de carácter constitucional sobre este proyecto. Al fin y al cabo esto parte de una premisa básica: las empresas públicas son patrimonio nacional. Aclaro que no infiero intenciones sobre lo que se quiere hacer y parto de la base que todos suponemos asumir su defensa. Precisamente, es por eso que, sabiamente, el Legislador incluyó en la Constitución el artículo 188, que en el fondo establece que para cualquier modificación societaria del paquete accionario de las empresas públicas exista una mayoría especial parlamentaria, lo cual es violentado por el numeral 2º del artículo 4º del Mensaje Complementario, correspondiente al artículo 402 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, ya que le da la facultad al Poder Ejecutivo y por resolución unánime del Directorio.

Entonces, en un país en el cual el Parlamento está teniendo cada vez menos facultades y menos competencias –muchas veces son autoamputadas por el propio Parlamento, que resigna sus competencias-, me parece que seguir este camino es absolutamente inconveniente, pues hasta para eso va a haber un recurso de inconstitucionalidad y, por supuesto, ello no le va a generar ningún beneficio al clima de transformación que la empresa pública requiere.

Quería hacer este aporte, señor Presidente, porque me parece que es un elemento más que tiene que formar parte de la discusión y que demuestra en el fondo que estos temas requieren grandes acuerdos nacionales para ser llevados adelante.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Entendemos, señor Presidente, que este tema puede ser considerado desde varios puntos de vista, y aquí se han planteado algunas opiniones interesantes. En lo personal, lo voy a expresar como lo veo y ello va también por cuenta de que hay muchas maneras de ver el Capítulo que refiere a ANCEL, que es el que está despertando mayor discusión, aun cuando hay una serie de modificaciones a la Carta Orgánica de ANTEL.

En términos reales, hasta hace muy poquito tiempo había cuatro operadores en estas bandas, una de ellas Bellsouth, con una modalidad teórica de permisos y subcontratos, pero compartiendo de hecho un oligopolio con la empresa ANCEL -debo reconocer que fue una iniciativa de la contadora Rosario Medero y de sus técnicos, tendiente a desarrollarla con fuerza y hoy conforma un sector de interés, de crecimiento y de buena recaudación-, y dos compañías más, que fueron autorizadas a operar la transmisión de datos. Como todos sabemos, el Gobierno ahora desea utilizar esos espacios en la banda para que puedan actuar más operadores. Es claro que lo primero es lo primero. ¿Para qué hacemos esto? Dicho de otro modo, los uruguayos deseamos comunicarnos. Planteo esto porque a veces parece que olvidamos las cosas más elementales. ¿Todo esto se hace en función de una organización estatal o porque hay tres millones de uruguayos que desean comunicarse con el menor costo posible? Da la impresión de que en lugar de que el conjunto de la población sea el fin, eventualmente, podemos estar dando prioridad a los problemas de tal o cual organización estatal, posición que muchas veces observamos inclusive en amigos y correligionarios cuando se ponen la camiseta de tal o cual organismo.

Por otra parte, si es un mercado que ya está abierto, el hecho de que exista más de una opción es una situación muy diferente a la de que no exista.

Por otro lado, no visualizo que haya una pérdida de control de ANCEL y que esta sea una operación de las típicas de privatización, entendiendo por ésta el deseo de la pérdida de control. En este caso, desde el momento en que tenemos un mercado liberado de hecho y, diría, de derecho, a la competencia, con más razón tenemos que apoyar esta iniciativa. Pienso que, a este respecto, existen dos necesidades, que son las que están motivando el planteo de esta propuesta. La primera de ellas es la de presupuesto y, en virtud de ello, vamos a solicitar el aplazamiento del sector de ANCEL porque, además, hay acuerdo en una redacción diferente. En definitiva, señor Presidente, cuando hay poca caja, un nivel de endeudamiento del Estado de cierta importancia y, además, algunas prioridades para atender como, por ejemplo, en inversión social –fundamentalmente de alivio de impuestos al sector productivo-, se llega a la conclusión de que podemos tener dos opciones: o disponemos del cien por ciento de una compañía estatal que compite con tres o cuatro más –y en el fondo compite con el mundo; tal como se señaló, pues la tecnología va a hacer que compitamos cada vez más a ese nivel- o tenemos el control, pero algunas acciones menos, y esa forma de tener capital la convierto en otra que cubra otras prioridades. A mi entender, ese es el esquema del Presupuesto.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción?

El tema es, señor Presidente, que la alternativa está planteada en estos términos: perder una parte importante de una fuente generadora de recursos -que, por otra parte, debería estar estimado como costo presupuestal anual, porque va a afectar las cuentas públicas- versus un destino no rentable. Digo esto porque, seguramente, estos recursos producto de esta venta –porque esta normativa implica una venta, no una asociación- se van a destinar –por decirlo de esta manera- al llenado de algunos orificios que tiene la situación fiscal del país. Eso no es rentable. En buenas cuentas, vamos a vender para pagar compromisos, equilibrar las cuentas, y eso no genera rentabilidad. Por supuesto, no me olvido –y es verdad, según fue dicho y yo lo comparto- que nuestras empresas han sido utilizadas -no por este Gobierno, sino que esto viene de larga data- como empresas recaudadoras de impuestos; reitero, no me olvido de esto. Pero, aun así, despojándola de su efecto fiscal, el ingreso de esta empresa es absolutamente rentable y positivo. Entonces, el tema es que estamos canjeando una fuente rentable de recursos con impacto fiscal en el Presupuesto versus una alternativa que no habrá de constituir esa fuente segura generadora de recursos. Ese es el tema.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pienso que es válido lo que el señor Senador plantea. Creo además que es positivo que podamos tener este tipo de discusión que aparenta ser ideológica -aunque, en realidad, no está en juego el tema del monopolio y el del control estatal-, pero pensamos que hay menos bases para una discusión así. Opino que el centro de la idea que se quiere escribir ahora es que con el producto de esta venta del 40% de las acciones de ANCEL se quiere atender a alguna cuestión de edificación escolar, para lo que no hay rubro en el Presupuesto y, fundamentalmente, cancelar deudas.

SEÑOR ASTORI.- Ese es el tema.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Además, tiene el objetivo de que con los intereses ahorrados en esa cancelación, se pueda financiar y seguir bajando los impuestos al sector productivo. Esto es lo que va a decir la nueva redacción, pues para nosotros esto es básicamente un recurso, ya que no implica un cambio de control. Insisto, no es ese el concepto.

En realidad, se trata de que si el país no puede sostener un sistema de comunicación no competitivo, con una disposición de este tipo ya lo logra, porque la empresa estará sujeta a la competencia externa –de facto y tecnológicamente- y, además, en nuestro país ya hay un competidor y, seguramente, van a haber dos más. Por lo tanto, no se trata de una cuestión ideológica, sino de admitir que ese 40% de acciones va a ser cada vez menos rentable, porque al estar en un sistema de competencia, la capacidad de cobrar un impuesto monopólico va a quedar reducida.

SEÑOR ASTORI.- Ya no hay monopolio, señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Estoy totalmente de acuerdo con que no hay monopolio por la tecnología, y con Internet, menos. Lo cierto es que aun en esta específica situación de la telefonía móvil, ya hay un operador que puede estar, también, maximizando su precio y compartiendo el oligopolio como hacía CUCTSA con AMDET; pero si va a haber dos más, esa situación ya no es sostenible. En consecuencia, seguramente la tarifa bajará, y la capacidad de extraer rentas monopólicas, también. Entonces, en un futuro, creo que el compromiso fiscal que supone la telefonía móvil estará afectado en cualquier caso.

Por otra parte, cuando compro esas acciones en el mercado, también valúo cuál es mi participación en esa renta monopólica, y ello determina el precio actual. Se puede discutir si es una mejor inversión bajar la deuda y si da un resultado de U$S 5:000.000, U$S 7:000.000, U$S 8:000.000 ó U$S 10:000.000 anuales de ahorro de intereses, que permite bajar esa cifra de impuestos, y si ese impacto en el sector productivo de generación de riqueza es más o si se prefiere obtener una renta monopólica. Estas discusiones más que ideológicas, se basan en hacer los números y ver cuáles pueden ser las perspectivas. Además, hay que tener en cuenta en qué momento y en qué condiciones se vende y cuál es el precio mínimo que uno espera. Evidentemente, si este último no se logra, es probable que uno diga que no se venda. Como decía el señor Senador, si hago las cuentas y veo que el valor del mercado no alcanza a eso, me quedo con la renta monopólica y no vendo.

Por estas razones, creo que es una discusión legítima, válida y que seguramente supondrá establecer algunos mínimos en este tema. Pero al mismo tiempo, en una situación fiscal comprometida y con la necesidad de dar algunas señales desde el Estado -que intenta, por lo menos en forma selectiva, bajar algunos impuestos para ayudar al sector productivo-, este es uno de los pocos mecanismos –como otros que tienen que ver con la reducción de algunas inversiones o gastos, considerados no imprescindibles, también para bajar un poco la presión tributaria- que se han tratado de implementar. Es cierto que en la inmensidad de lo que es este Presupuesto, tal vez éstos sean gotas en el océano, pero por lo menos se está tratando de dar algunas señales.

Es decir que para nosotros el tema de la venta de las acciones de ANCEL no refiere a la organización del mercado –nos parece que esto va por otro lado, o sea, incorporar más operadores-, sino a obtener un recurso, y en una segunda faceta, pensamos que un socio, aunque sea minoritario, si está dispuesto a pagar por las acciones de ANCEL, también lo estará para contribuir, de alguna manera, al desarrollo y crecimiento de la empresa. No sabemos si ello se va a lograr o no, porque se trata de una operación de mercado. Es cierto que si no se alcanzan valores y socios razonables, sería conveniente no hacerlo; también se pueden lograr y estar todos de acuerdo en que vale la pena hacerlo. Pienso que esa interrogante la van a develar solamente las condiciones de mercado que se obtengan, y ese tal vez sea el momento en que se deba decidir si se hace o no la operación. Es obvio que no hay que vender a cualquier precio ni aceptar cualquier socio, pero si logramos un buen precio y un buen socio, pienso que no estaría mal que hiciéramos el negocio. De esta forma, esos recursos que están capitalizados en ANCEL se volcarían a otros destinos. Esto lo pagaron todos los usuarios en su tarifa, porque no fueron ANCEL ni ANTEL los que generaron los recursos, sino que lo hicimos los uruguayos pagando tarifas monopólicas. Es decir que nos hicimos cargo del déficit con decenas y decenas de millones de dólares de impuesto monopólico cobrado a los usuarios del servicio durante muchos años y, reitero, con ello capitalizamos la empresa que, en este caso, utilizó bien los recursos, porque hizo una buena compañía. Es cierto que algunas empresas a veces malgastan el dinero y abusan de esa tarifa monopólica.

En resumen, señor Presidente, creo que no hay dudas de que la renta monopólica va a caer y que ésta existe, se cuantifica y está en el programa económico desde siempre, por lo que sería necio negarlo. Es correcto que puede caer algo porque hay alguien que va a tener el 40% de un sector, pero esa renta va a caer de cualquier manera. Nos parece que es una señal valiosa que el Estado esté dispuesto a vender una minoría para ver si puede disminuir los impuestos al sector productivo, en esta teoría y con otras medidas que apuntan al mismo objetivo. Respeto que se puedan tener opiniones diferentes, pero insisto en que esto es muy opinable. Pero no tengo ningún inconveniente, siendo esto del Estado como si no lo fuera, en decir que aunque tenga el 100%, prefiero tal vez tener el 60% y colocar ese otro valor, como suele hacer cualquier familia o compañía del mundo, en otra ubicación.

Se puede pedir el desglose del Capítulo de ANCEL a estos efectos, colocarlo en el Capitulo de Recursos, con clara designación de los destinos y de las garantías que se deberán adoptar para que la operación sea exitosa o, de lo contrario, no se haría.

SEÑOR MICHELINI.- Es obvio que en este campo hay que actuar, y de ello nadie tiene dudas, aunque la pregunta que surge es qué es lo que hay que hacer. Sinceramente, creo que algunas de las propuestas hechas aquí no optimizan el esfuerzo que han realizado estas empresas públicas. He sido muy crítico del manejo de las mismas, pero reconozco que aquí hay un valor y el problema es cómo lo optimizamos; esa no es una discusión menor. Tengo la sensación de que a una empresa a la que se le quita un porcentaje de su telefonía móvil, le estamos quitando un gran valor. Quizás habrá que replantear todo el tema de ANTEL en su conjunto, con ANCEL incluida en su totalidad, es decir, en lugar de observar una parte del complejo, analizarlo todo. En la medida en que todos estos campos se irán desregulando –nos guste o no- y habrá competencia, habría que buscar un operador importante para todo el complejo. Tal vez ese operador sea socio minoritario aquí y nosotros lo seamos en el mercado donde dicho operador sea importante. Pero allí el valor de ese esfuerzo es sustancial con respecto al que va a tener un porcentaje de la telefonía móvil de ANCEL hoy aquí. Me parece que lo que estamos haciendo es reducir el valor que el país puede obtener con esto. Reitero que estamos mostrando y asociando una parte del complejo y no al complejo en su totalidad. Por lo tanto, en mi opinión, estamos minimizando el valor que tiene el tema de las telecomunicaciones y el complejo ANTEL. Entonces, si hay que dar respuestas e ir reduciendo los costos de las empresas públicas en el costo país; si un socio nos puede ayudar en la desregulación a competir con más fuerza, está bien y se puede discutir. Creo que podríamos generar una asociación o una alianza en donde ese socio fuera minoritario y nosotros podemos serlo en el mercado en donde ese socio sea preponderante. De esta forma, posibilitaríamos un mecanismo por el cual la optimización del valor de lo que estamos poniendo en juego sea mucho mayor.

Reitero que es obvio que hay que actuar, pero la pregunta es en qué sentido. Honestamente, creo que la solución que se plantea aquí no es la mejor. Me gustaría que, de repente, tuviéramos un socio minoritario en la totalidad de ANTEL y nosotros lo fuéramos, por ejemplo, en el mercado brasileño o en el argentino. ¿Por qué no?

Se podría generar una alianza que le permitiera al conjunto de la empresa ser más eficiente, en un mercado que se va a ir desregulando; tener aliados para que esa empresa tenga un mayor valor. Eso le va a dar una renta muy superior a todo el Estado uruguayo, va a bajar el costo-país de esta empresa para el sector productivo, nos va a permitir "aggiornarnos", enfrentar el futuro con mayor fuerza y, de esa manera, no "descuartizar" una empresa que, en mi opinión, por separado –porque esto va a terminar desregulándose en todos los campos- no va a tener fuerza y va a valer mucho menos; no se va a optimizar el valor como podría hacerse viendo todo el complejo y buscando aliados fuertes.

SEÑOR COURIEL.- En primer lugar, me gustaría contestar las expresiones del señor Senador Atchugarry, aunque no esté en Sala, porque él planteó con total claridad que el tema es presupuestal. Queremos vender una parte de ANTEL o de ANCEL a los efectos de obtener recursos, porque si tiene recursos puede cancelar una parte de la deuda. Si cancela una parte de la deuda, baja el pago de intereses; si baja el pago de intereses, bajan los impuestos y, de esa manera, le da más competitividad a la economía. Esto es lo que pasa en la Argentina de hoy. Además, creo que la competitividad es un problema sistémico y de tecnología, y para que haya tecnología adecuada, se debe hacer investigación científica y tecnológica en el país, y eso significa gasto del Estado. Para que exista competitividad, debe haber formación de recursos humanos, y esto es gasto del Estado. A su vez, la competitividad requiere gasto del Estado, que es lo que quieren bajar los que desean vender ANCEL, a los efectos de disminuir los impuestos. Las limitaciones para esto último son muy notables, independientemente de que el problema de la competitividad en la coyuntura también tiene que ver con la política cambiaria, que es lo que le pasa a la Argentina.

Esta mañana escuchaba al Director de la UNCTAD, señor Ricúpero, mostrando lo que le está ocurriendo a la Argentina, que tiene mucho que ver con la discusión que se está dando en este momento. Desearía que a la Argentina le fuera muy bien y que pudiera salir de esta situación, pero la siento en un círculo vicioso permanente, y la discusión allá es exactamente ésta, porque ese país ya vendió todo y sólo le queda el Banco Nación. La Argentina vendió todo a los efectos de tener recursos fiscales. Este es el problema de la Argentina y es hacia lo que quiere avanzar el Uruguay. Aunque no lo comparto, sin duda puedo respetar ese punto de vista, pero honestamente siento que el Uruguay va en el mismo rumbo de caída que tiene la Argentina en estos tiempos.

En segundo término, adviértase que estamos discutiendo este tema en una Comisión de Presupuesto, y creo que esto tiene que ver con algún elemento de irracionalidad del Parlamento. Debimos haber analizado esto con mayor tranquilidad, en profundidad y buscando acuerdos, porque al país no le hace bien que haya plebiscitos permanentemente. Eso no es bueno; personalmente, no soy partidario de eso y no me gusta que me obliguen. Quiero participar, pero si lo incorporan en un Presupuesto, me están obligando. Esta no es una discusión como tendría que serlo. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo incluyó Entes reguladores y debemos discutir si tienen que ser públicos o mixtos, qué funciones van a cumplir, etcétera. Esto vino en el Mensaje Complementario y el Senado tiene sólo 25 días para estudiarlo. Por lo tanto, el tiempo no le alcanza. ¿Cuándo lo vamos a discutir? ¿Va a salir así porque sí? Esta es una forma de generar, inútilmente, una confrontación. Después nos dicen que somos nosotros los que confrontamos, pero creo que traer este tema al Parlamento de esta manera es una forma de confrontar. Creo que en el fondo, este tipo de discusiones –no tenemos tiempo para estudiar el Presupuesto y estamos debatiendo sobre este tema- es una irracionalidad y no le hace bien al Parlamento. Hoy le decía al señor Presidente, jugando, una frase que se dice internacionalmente y que siempre repetía la General Motors: "Lo que es bueno para la General Motors, es bueno para los Estados Unidos". No comparto esto, pero así se decía. Honestamente, creo que lo que es bueno para el Parlamento, es bueno para la democracia, y esto no es bueno para el Parlamento. En este momento, nos estamos metiendo en camisa de once varas, sin poder encontrar los ámbitos y los tiempos de discusión adecuados. De pronto hay puntos de vista distintos, pero se puede hacer muchos acuerdos. Además, considero que no es bueno que estemos permanentemente confrontando por la vía de los prebliscitos. No me gusta que me obliguen a hacer un plebiscito. Por lo tanto, desde ese punto de vista, honestamente no me parece adecuado que se esté discutiendo este tema en una Ley de Presupuesto.

En tercer lugar, hay monopolios que la tecnología puede terminar y otros que no. En última instancia –vamos a decirlo claramente- hay algunos monopolios que no se desmonopolizan, por requerimientos de ingresos fiscales. Esta es la gran verdad. No podemos estar haciéndole el discurso a todo el mundo acerca de que queremos desmonopolizar y después no hacerlo. No desmonopolizamos, porque hay ingresos fiscales que provienen de las rentas monopólicas y que no se quieren perder. Vamos a hablar claro. Desde ese punto de vista, las desmonopolizaciones acá se realizan por la vía natural tecnológica que se está dando. Quiérase o no, más que de desmonopolización, estamos hablando de formas de privatización.

El señor Senador Gallinal señalaba que este país no tiene inversión, y eso es verdad. En la década del noventa, aunque algún año le hayamos ganado a Panamá o a Haití, ha sido la más baja de toda la región. ¿Esto tiene que ver con que no haya venta de empresas públicas, como dijo el Embajador de Estados Unidos? Eso se debe a que es un país que no tiene rentabilidad ni competitividad; el sector agropecuario no las tiene en este momento. El sector industrial ha sido brutalmente afectado. Actualmente, ¿quién viene a hacer turismo a nuestro país? ¿Acaso los uruguayos y los argentinos no se van a ir a las playas de Brasil?

¿Quién va a venir a invertir? De pronto viene un hotel porque le damos el casino. Entonces, desde este punto de vista, lo que queremos en el ámbito productivo del país no cuenta ni con rentabilidad, ni competitividad, ni mercado. Digo esto porque aquí lo que se requiere es una negociación con Brasil y Argentina para que en el MERCOSUR se dé la chance de realizar alguna inversión que normalmente realizan estos otros países. Para lograrlo debe haber algún estímulo especial y, en este sentido, nunca observé que los Ministerios de Educación y Cultura o de Relaciones Exteriores jugaran con esas cartas. ¡Nunca! De este modo, los inversores se dirigen al mercado brasileño, pues allí se aseguran la rentabilidad. Para que exista inversión extranjera tiene que haber un crecimiento sostenido como el que tiene Chile, aunque sabemos que cuenta con él por diversas razones. Entonces, ¿a dónde se dirigen los inversores? Fundamentalmente a las empresas mineras, porque allí existen recursos naturales que son rentables. Lo que ocurre es que el mercado de la telefonía móvil o celular es muy dinámico y aquí está creciendo a ritmos muy altos. En ese sentido, existe una gran rentabilidad para una empresa del Estado que no tengo interés en perder. Al respecto, hace unos instantes el señor Senador Atchugarry decía que tendríamos que calcular la rentabilidad que pueden dar estos menores intereses que se van a pagar en relación con la rentabilidad que da la empresa celular. No tengo inconveniente en hacer el cálculo, pero si las empresas celulares están creciendo un 20%, 30% ó 40% al año, seguramente no tengo cómo perder. Quiero destacar que la empresa del Estado tiene una fuerza muy grande, puesto que cuenta con los clientes y no es fácil ganarlos para una empresa extranjera. Reitero que cuento con una fuerza enorme que no quiero perder y son los clientes que ya tiene la empresa del Estado. Honestamente, la competencia no me asusta para nada. Quizás me fastidie el oligopolio porque se da a costa de los consumidores, es decir, de los usuarios. Según los datos que tengo, entiendo que ANCEL está en condiciones de competir porque tiene la fuerza de los clientes y supo captar e introducir tecnología.

Por lo expuesto, considero que ANCEL debe competir en las mejores condiciones posibles y debe mantenerse como empresa del Estado. En este sentido, estoy haciendo el estudio que me demuestra que ANCEL tiene capacidad de competencia. Ahora bien; estoy dispuesto a sentarme a discutir sobre cuáles son las reglas, tanto jurídicas como de gestión, que le dan a las empresas del Estado una mayor competencia. Me quejo mucho de la forma en que se designan los Directorios de los Entes Autónomos de esas instituciones y esto también tiene que ver con la gestión de las empresas del Estado. Es obvio que habrá que regular las competencias que haya y, para eso, tenemos que estudiar todo lo referente a los entes reguladores. Pero no en veinticinco días, porque no es serio; no está bien que se discutan esos temas en este ámbito. Quiero recordar que en 1993, luego del plebiscito, planteamos un proyecto de ley que quedó sin ser discutido.

Seguramente este debate será muy largo y considero que no debiera hacerse en momentos en que tratamos la Ley Presupuestal, pero no quiero dejar de manifestar que si viene la competencia será bienvenida, pero para ello debemos preparar a las empresas del Estado. Esto se puede hacer, por ejemplo, en telefonía básica -por si se rompe el monopolio-, en telefonía internacional y en la celular. En caso de haber algún ámbito como el de transmisión de datos en el que, de pronto, no estén en condiciones de hacerlo, se puede buscar un mecanismo de asociación sobre la base de que la gestión, con el monto que sea necesario, quede en manos de las empresas del Estado. Si existe una infraestructura física que el Estado ya instaló, debemos usarla para la transmisión de datos, ya que en este sentido también puede surgir una competencia bastante complicada.

Para terminar quiero decir que, en primer lugar, debemos analizar la experiencia de Argentina porque estamos caminando en ese rumbo y, en segundo término, tenemos que sacar este tema del Presupuesto para tener la chance de discutirlo ampliamente encontrando acuerdos, para no tener confrontaciones por la vía del plebiscito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aplazamiento del artículo 402 y su articulado correspondiente.

(Se vota:)

-14 en 15. Afirmativa.

Queda aplazado el artículo 402.

En consideración el artículo 403.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 16. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Nosotros no compartimos esta disposición ya que pensamos que pueden lograrse mejores soluciones. En este sentido, he estado conversando con el Presidente del Banco de Seguros del Estado sobre la desmonopolización abrupta de algunas disposiciones que colocan al organismo en condiciones difíciles de sobrevivencia. Además, los plazos que se establecen para que se ejecuten estas disposiciones son, a juicio del Presidente de esa institución, muy limitados.

Como aquí se está votando a cierto nivel, discutiremos este tema en Sala.

Pasamos a considerar la Sección IX, Disposiciones Varias.

En consideración el artículo 404.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 405.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 406.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 407.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 10 en 15. Afirmativa.

En consideración el artículo 408.

SEÑOR COURIEL.- Sólo para dejar una constancia. Los artículos que ponen topes y reducen la inversión pública tal vez sean el tema más relevante. No está presente ahora el señor Senador Gallinal que dijo que lo más importante es lo relativo a ANCEL. Yo creo que desde el punto de vista presupuestario estas medidas que bajan la inversión pública en un momento de recesión como vive el Uruguay, son de las más graves que se están tomando en este Presupuesto. Es una frase y si quieren la fundamento, aunque no tengo ganas a esta hora pero, a mi entender, este es el tema número uno de este Presupuesto.

SEÑOR GARGANO.- Me interesa tener el dato lo más preciso posible. Por otras disposiciones, la inversión pública se topea en un 80% el monto de la inversión, en general de inversión importante. Por este artículo 408 -que de acuerdo a lo que hemos leído en el Plan de Vivienda también se aplica al Plan de Vivienda- se agrega al tope establecido un 5% en el 2001 y un 9% en el 2002. Dentro del conjunto del gasto estimado, ¿cuánto es esto?; ¿a qué cifra de reducción se llega? Al elaborar los cálculos y observar el comportamiento del gasto en el futuro, sumado al tema de los recursos de libre disponibilidad que van a ir a la Caja Central, al Tesoro Central, al Ministerio de Economía y Finanzas, hay una masa de recursos muy importante. Quiero tener una idea de lo que resulta si a eso le agregamos lo que pueda obtenerse por la venta de ANCEL, porque seguramente cuando lleguemos al Plenario va a haber que informarle a la opinión pública en cuánto se pretende reducir el gasto a través de todas estas disposiciones.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como no pensé que íbamos a discutir estas cosas no los tengo conmigo, pero en los tomos de resúmenes están. Está expresado en función de los créditos y de los topes y da los resultados de nivel de gasto y de déficit que todos conocemos. Estar, está; se podrá estar de acuerdo o no, pero el tema de si invertimos o no, es siempre muy opinable. Reitero: está claramente demostrado en los resúmenes cuál es el impacto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 408.

(Se vota:)

- 8 en 14. Afirmativa.

En consideración el artículo 409.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 9 en 15. Afirmativa.

En consideración el artículo 410.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 9 en 15. Afirmativa.

En consideración el artículo 411.

SEÑOR ASTORI.- Cuando aquí estuvo el jerarca correspondiente, solicitó una pequeña modificación en el texto, porque antes de que termine el primer inciso se habla de "instituto habilitado" y quedaban fuera los oficiales y los autorizados. Entonces, se solicitó que en lugar de decir "un instituto habilitado", dijera "un instituto oficial habilitado o autorizado". No hago más que recoger lo que se solicitó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que dice el señor Senador Astori es cierto. De modo que solicitamos a la Secretaría que dé lectura a la última frase del primer inciso, para que quede clara la redacción.

Léase.

(Se lee:)

"La calidad de estudiante se acreditará con la certificación por parte de un instituto oficial habilitado o autorizado, de haber aprobado por lo menos una materia en el año anterior a la suscripción del contrato de beca o pasantía".

SEÑOR PENADES.- Voy a formular moción en el sentido de que este artículo se aplace y explico por qué, para el caso de que pueda ser corregido aquí.

El espíritu de las modificaciones que este artículo tuvo en la Cámara de Representatnes no se vio reflejado en la redacción final en cuanto a que las pasantías y las becas estarían solamente reservadas a jóvenes que estudien. En el INJU –Instituto Nacional de la Juventud- el otro día me hacían referencia a que existe una serie de programas que están relacionados a jóvenes que justamente no estudian y que podrían, a través del Programa de Primera Experiencia Laboral, verse beneficiados con el ingreso de becas y pasantías al Poder Ejecutivo a lugares en donde la calidad de estudiante no es necesaria para ingresar. Me refiero, por ejemplo, a una portería o a algún tipo de servicio auxiliar que se preste y en el cual muchas veces es utilizado. En el caso de reservar esto solamente a estudiantes que concurran a la UTU, a la ANEP o al Centro de Capacitación y Producción -el CECAP-, estaríamos dejando sin efecto algo que me parece que tendríamos que atender: la posibilidad de que jóvenes que no han logrado ingresar al sistema formal de educación se vean beneficiados también con las becas y pasantías que en este proyecto de ley de Presupuesto se establece claramente que no podrán ser de más de dos años de extensión.

Es por eso, señor Presidente, que creía que sería bueno su aplazamiento para poder ser corregido o, en caso contrario, si existe acuerdo de bancadas, poder hacerlo en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de aplazamiento del artículo 411.

(Se vota:)

- 13 en 14. Afirmativa.

En consideración el artículo 155 del Mensaje Complementario, que corresponde al artículo 412 aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR NUÑEZ.- Aclaro que nosotros vamos a votar el artículo tal como viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PENADES.- Simplemente para anunciar que también lo vamos a votar tal cual viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, en primer lugar, debemos votar el artículo 155 del Mensaje Complementario.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicito que se aplace.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que este artículo se aplace, quiero decir que aunque en el segundo inciso del texto del Poder Ejecutivo se hable de cuatro salarios –podría ser algo más-, no está mal poner un límite para que no se generen perversiones; entonces, si no son cuatro, serán ocho, pero lo importante es poner un límite si no, reitero, nos vamos a encontrar con que ocurren cosas de las cuales todos nos quejamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aplaza el artículo 155 del Mensaje Complementario.

(Se vota:)

- 8 en 14. Afirmativa.

SEÑOR PENADES.- Solicitaría la reconsideración del artículo 409 y luego su aplazamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 409.

(Se vota:)

- 10 en 14. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 409.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aplaza el artículo 409.

(Se vota:)

- 12 en 14. Afirmativa.

En consideración el artículo 413.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 11 en 14. Afirmativa.

En consideración el artículo 414.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Nos están afectando, una vez más, la autonomía municipal. Solicito que se aplace dicho artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aplaza el artículo 414.

(Se vota:)

- 12 en 14. Afirmativa.

En consideración el artículo 415.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 13 en 14. Afirmativa.

En consideración el artículo 416.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Solicito que se aplace dicho artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aplaza el artículo 416.

(Se vota:)

- 13 en 14. Afirmativa.

En consideración el artículo 417.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 13 en 14. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Iba a proponer cambiar el plazo de 90 días por 180 días, pero el artículo se acaba de votar.

SEÑOR COURIEL.- Pido la reconsideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 417.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 417.

SEÑOR ASTORI.- Reitero que la propuesta es que el plazo perentorio se extienda a 180 días.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero saber si para cobrar tienen que haber presentado esta constancia antes, o van cobrando y en un determinado momento si no la presentaron y la Oficina Nacional del Servicio Civil no tiene....

SEÑOR GARGANO.- Después que se fija el plazo que figura en el artículo, dice: "a partir de la vigencia de la presente ley". O sea, se refiere a los becarios actuales, los que están trabajando.

SEÑOR MICHELINI.- Mi pregunta se dirige a si luego, cuando pasen uno o dos años, esto también se interpretará así. Me queda la duda de si no habría que agregar la palabra "actuales", aunque de cualquier manera acompaño la propuesta del señor Senador Astori, ya que mi duda sería más bien de comprensión y de redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 417 con la corrección sugerida por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 418.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicitamos el aplazamiento de este artículo, así como también el del 419.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aplazan los artículos 418 y 419.

(Se vota:)

- 13 en 15. Afirmativa.

En consideración el artículo 154 del Mensaje Complementario.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde considerar los artículos relativos a los Gobiernos Departamentales.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito el aplazamiento de todo este Capítulo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Larrañaga.

(Se vota:)

-14 en 15. Afirmativa.

Quedaron aplazados los artículos 420, 421 –artículo 156 del Mensaje Complementario-, 422, 423 y 424 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. De esta forma concluimos con la consideración del Presupuesto Nacional por el período 2000 a 2004.

Antes de levantar la sesión, la Presidencia quiere señalar lo siguiente. Respecto del Plan Quinquenal de Vivienda, en el día de ayer anunciamos la necesidad de efectuar una corrección a efectos de votar dicho plan. Concretamente, debía introducirse una modificación, de forma tal que, aprobada ésta, lo podamos distribuir correctamente.

Léase el párrafo que debería ser eliminado.

(Se lee:)

"Estas viviendas se encuentran incluidas dentro de las iniciativas de realojos con participación de coejecutores (en este caso la IMM), incluidas en el Convenio con OPP para el financiamiento de realojos de familias y otras acciones complementarias en el marco del programa de Intervención en Asentamientos Irregulares."

Reiteramos lo que la Presidencia anunciara en la sesión de ayer, en el sentido de que esta corrección fue solicitada por el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la sesión del 14 de noviembre, y figura en el Distribuido Nº 640/2000, páginas 19, 20, 21, 22 y 23.

Por lo tanto, como este Plan de Vivienda integra la Ley de Presupuesto, se debería votar el mismo con la corrección que se acaba de leer.

SEÑOR GARGANO.- Votaríamos esto y oportunamente trataríamos el conjunto de las disposiciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, se va a votar la corrección solicitada por el señor Ministro sobre el Plan de Vivienda.

(Se vota:)

- 13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 19 y 50 minutos)