(Ocupa la Presidencia el señor Senador Heber)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 24 minutos.)

Antes que nada, quiero aclarar que me encuentro ocupando momentáneamente la Presidencia porque al titular, señor Senador Brause, se le han presentado algunas dificultades que le han impedido llegar en hora.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir nuevamente a los representantes de la Suprema Corte de Justicia.

Tiene la palabra el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariño.

SEÑOR MARIÑO.- Señor Presidente y señores Senadores: la Suprema Corte de Justicia reitera la complacencia de estar en esta Sala a fin de exponer y discutir sobre el tema en cuestión.

En primer lugar, voy a responder a un pedido formulado por el señor Senador Correa Freitas vinculado con el artículo 33 del proyecto de Ley de Presupuesto, objetado por la Suprema Corte de Justicia en razón de que pone a cargo del Poder Judicial el cumplimiento de las sentencias de reparación de daños y perjuicios. El señor Senador preguntó acerca del monto que esto significaba en el último año, a fin de tener una referencia. Nosotros hemos hecho la comunicación escrita, pero ahora lo queremos expresar en forma verbal para que figure en la versión taquigráfica.

Si se traspasara esa obligación al Poder Judicial, a título de ejemplo, habría que tomar de los gastos de funcionamiento del año 1999 una cifra de U$S 602.542. Nos parece que detraer a los escasos montos de gastos de funcionamiento esta suma y las que puedan venir en el futuro, va a significar un grave perjuicio para el Poder Judicial. Por ello, reiteramos la solicitud de que esto sea exceptuado en la forma en que ya lo habíamos expresado en la oportunidad anterior.

En segundo término, ingresando al Mensaje Complementario que envió la Suprema Corte de Justicia, debo decir que el artículo 1º refiere a lo que acabo de aclarar.

En el artículo 2º se excluye al Poder Judicial de lo dispuesto en el artículo 35, manteniéndose vigente lo establecido en el artículo 472 de la Ley Nº 16.170. Esto se refiere a los traspasos dentro del Rubro 0, que permiten al Poder Judicial –y seguirán haciéndolo- hacer efectivo el pago de los $800 adicionales.

En la oportunidad anterior, la Contaduría aclaró que, en principio, el Poder Judicial estaría exceptuado de este artículo. No obstante, la Suprema Corte de Justicia reitera en esta oportunidad su pedido en el sentido de que la excepción se realice en forma expresa, a los efectos de que la situación quede bien clara.

El artículo 3º del proyecto de ley está vinculado al original artículo 2º, que era el que establecía el desenganche que estaba proyectado en los Presupuestos anteriores. Es decir que se propone que el Presupuesto del Poder Judicial se destine solamente a los funcionarios judiciales y que no se tengan en cuenta personas u otros organismos agregados. Entonces, se deja ese artículo sin efecto y, para que exista equivalencia, pedimos que los fondos que recauda el Poder Judicial en el interior del país en virtud de la actividad del Registro de Estado Civil, pasen a integrar nuestros rubros, ya que es el Poder Judicial, son sus funcionarios y es a su costo que se recauda esa tasa.

El artículo 4º del texto deja sin efecto los artículos 21 y 43 del proyecto anterior que se elevara al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Representantes. Precisamente, el artículo 21 se había proyectado antes de la sanción de la Ley Nº 17.258.

La Ley anterior establecía la prohibición a los peritos del Poder Judicial, funcionarios del Instituto Técnico Forense, a actuar en las sedes judiciales, a excepción de que naturalmente lo hicieran como peritos oficiales de dicho Instituto. Frente a esa incompatibilidad, se proponía una compensación que ahora no es necesaria porque, como decía, la Ley Nº 17.258, de setiembre de este año, levanta ese impedimento y habilita a los peritos y funcionarios técnicos del Instituto Técnico Forense a actuar en forma particular, asesorando a magistrados en el cumplimiento de sus funciones. En términos económicos, esto significa que por cada pericia que realicen en forma particular, van a recibir los honorarios que se fijen. En consecuencia, la compensación por parte del Estado no es procedente.

También se deja sin efecto el artículo 43, que fue cuestionado por la Asociación de Rematadores. La Suprema Corte, en el entendido de un buen relacionamiento con esta asociación, y porque en realidad en nada perjudicaba ni incrementaba sustancialmente sus ingresos, deja sin efecto este artículo 43. Quiere decir que las cosas volverían a su estado actual.

En el artículo 5º se corrige un error de sintaxis y, en consecuencia, no amerita mayores comentarios.

El artículo 6º sustituye el artículo 14 del proyecto de Presupuesto, agregando cargos en los que actualmente se tiene la posibilidad de optar por el régimen de dedicación total, y se mencionan en el artículo 510 de la Ley Nº 15.809 de 1986. Esto es así en función de los siguiente. En ese artículo 14 original no se habían establecido los cargos que actualmente existen, sino que se había puesto la denominación de los cargos que nosotros teníamos la esperanza que se aprobaran. Como existe la posibilidad de que no se apruebe la propuesta original del Poder Judicial, hemos preferido corregir y no correr ningún riesgo, agregando a ese artículo la denominación de aquellos funcionarios que habían quedado eliminados en el artículo anterior. A título de ejemplo, serían los Secretarios de las Defensorías de Oficio y del Instituto Técnico Forense. Asimismo, a los auditores les agregamos los inspectores porque, en realidad, habíamos pensado crear una Auditoría General en el Poder Judicial con el cuerpo inspectivo y funcionarios de cargos que se creaban, lo que es muy necesario. La idea era llamar a estos funcionarios auditores, tal como corresponde a su función desde el punto de vista técnico. Sin embargo, al observar el camino que está tomando este Presupuesto, hemos querido cubrir a los inspectores y, en consecuencia, en caso de que esto no se sancionara, se mantendría a los inspectores con el actual régimen.

El artículo 7º, en primer lugar, refiere a la posibilidad de optar por el régimen de dedicación total en un grupo de cargos que actualmente no la poseen, mientras que otros sí. La idea es aplicar el principio de igualdad porque si hay cargos que ya la poseen, otros también tienen derecho. Concretamente, luego de transcurridos algunos años, o cuando se cambia de grado, se brinda la posibilidad de optar por salir de la dedicación total e ingresar al régimen de dedicación parcial.

También se agrega un cargo que habíamos omitido y que es el de chofer suplente de la Suprema Corte de Justicia. Los choferes de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen el régimen de dedicación total opcional porque en realidad están a nuestro servicio todos los días del año a cualquier hora. Contamos también con un chofer suplente que, en caso de enfermedad de algún titular, cumple las mismas funciones, por lo que nos parece de buena administración que disponga, a su vez, de ese beneficio. Si bien no se trata de un chofer de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, está cumpliendo la función de chofer de la Secretaría Letrada y de los dos Prosecretarios, por lo que en realidad también está dedicado prácticamente todos los días del año y a toda hora, atendiendo esa función.

El artículo 8º sustituye el artículo 35 y pretende contemplar la aspiración de los funcionarios del Poder Judicial planteada por la Asociación. Simplemente se disminuye a dos años la antigüedad en el Poder Judicial para que aquellos funcionarios contratados puedan pasar al carácter de presupuestados. Queremos ser bien claros –tal como se dice en el mensaje- en el sentido de que este cambio de situación es estatutario y no modifica para nada el costo presupuestal del Poder Judicial.

En el artículo 9º se corrige un error cometido en el penúltimo párrafo del artículo 50 del proyecto de Presupuesto, puesto que se mencionaba la palabra "impuesto" donde debe decir "tributo".

Por último, el artículo 10 es una nueva norma que se incorpora con el fin de obtener la autorización legal lo suficientemente amplia como para que el Poder Judicial otorgue recursos propios a través de la comercialización de la información que se posee a partir de los datos de las bases de jurisprudencia, las que pensamos ampliar en cuanto el Poder Legislativo nos dé los rubros necesarios para fortalecer la División Informática, a cuyos costos ya me he referido en la anterior exposición.

Agradezco al señor Presidente haberme dado el uso de la palabra y adelanto que el señor Ministro Cairoli y los asesores que nos acompañan están a las órdenes de los señores Senadores para comentar este proyecto, así como también el del Poder Ejecutivo, el que hemos examinado detenidamente y hemos resuelto algunos aspectos concernientes al Mensaje Complementario.

SEÑOR COURIEL.- Como cuando llegué, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia ya había comenzado su exposición, quisiera saber si ya se realizó algún comentario acerca del Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con el Poder Judicial.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señor Senador, aún no se ha considerado; hasta ahora se ha comentado el Mensaje Complementario del Poder Judicial.

SEÑOR MARIÑO.- Obviamente, el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo no satisfizo a la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que de los más de U$S 18:000.000 que pedíamos para el año 2001, se nos adjudicó una suma muchísimo menor.

En cuanto a las creaciones de cargos, el artículo 112 se limita a crear para el año 2001 tres cargos de Jueces de Primera Instancia del interior, cuando la Suprema Corte de Justicia había pedido la creación de Jueces de Paz Departamentales del Interior suplentes, que son tan necesarios como los Jueces Letrados.

Comentando el proyecto del Poder Judicial desde el principio, no satisface la creación del cargo de Ministro del Tribunal de Apelaciones, como Ministro suplente y como Director del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; no satisface la creación de los cargos de Jueces para el interior del país, que son ocho; no satisface la creación de los tres Juzgados para localidades que necesitan en forma urgente tres Juzgados Letrados, como está establecido en el Presupuesto; no satisface la creación de los diez cargos de Mediadores para el 2001, ya que éstos trabajan en equipos dobles, y como acá tenemos sólo un equipo, nos faltaría otro para formar tres. Además, también nos faltan Mediadores para los Centros que se pensaban instalar en el interior del país, reclamados no sólo por las fuerzas vivas, sino también por los propios representantes nacionales y las Intendencias Municipales. En fin, no se crean otros cargos que también son de importancia, y me refiero a los Defensores de Oficio itinerantes, de los que habíamos proyectado la creación de seis. Como estamos en permanente contacto con el interior, hemos visualizado esa necesidad, aunque de allí nos llega el reclamo de tener Defensores de Oficio en aquellas pequeñas villas o pequeños pueblos donde la gente está más carenciada y no tiene acceso a la capital del departamento por diferentes razones que todos conocemos: locomoción, distancia, y la mayoría de las veces no dispone de recursos para viajar porque el pasaje puede significar la alimentación de uno o más días de esos trabajadores.

Para no extender mucho la exposición, he dejado por el camino otras creaciones establecidas en el Mensaje del Poder Judicial.

En el Mensaje del Poder Ejecutivo tampoco no satisface un rubro muy sensible, que es Funcionamiento. El artículo 115 dice: "Asígnase una partida anual adicional al Inciso 16 Poder Judicial de $ 3:486.000 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil) con destino a inversiones en construcción y reforma de edificios, con financiación de Rentas Generales." Nosotros habíamos proyectado un incremento para Inversiones no muy importante para el primer año. Se trata de U$S 350.000, ya que pasamos de U$S 2:500.000 a U$S 2:850.000, y luego lo vamos incrementando en forma paulatina para destinarlo al edificio ubicado en la Plaza Libertad, donde estaban las oficinas de la ex ONDA. Por eso la cifra del 2002 ya se ubica en U$S 4:000.000 y las del 2003 y 2004 en U$S 3:000.000, como decía, a los efectos de destinar parte del remanente de esos U$S 2:850.000 del 2001 a culminar el edificio de la ex ONDA, aproximadamente U$S 4:700.000.

En general, no satisface el incremento que el Poder Judicial pedía para todos los funcionarios judiciales. Además, crea una confusión en el artículo 114, que asigna alrededor de $ 23:000.000 con destino a Gastos de Funcionamiento y a Compensaciones por Alimentación sin Aportes. Ya que hicimos el comentario sobre este artículo, pensamos que de mantenerse esto, como última "ratio" para los funcionarios judiciales habría que eliminarle la parte de Gastos de Funcionamiento para que toda esa suma se pueda destinar a Compensaciones por Alimentación sin Aportes.

En cuanto a las asignaciones del artículo 116 para los años 2002, 2003 y 2004, la Suprema Corte de Justicia las ha estudiado y puede decir que siguen manteniendo la insuficiencia que tiene todo lo anterior. Además, tiene una determinada forma de distribución a los efectos de que lentamente se vaya progresando hacia distribuciones equitativas. Para este artículo habíamos proyectado lo siguiente: "La Suprema Corte de Justicia distribuirá proporcionalmente las partidas, acorde a los montos establecidos en los artículos 5º, 6º y 7º del presente documento. El monto correspondiente al Escalafón I será actualizado en Gastos de Funcionamiento con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de quienes ocupen cargos en ese Escalafón." En eso se mantiene estable.

Luego, viene el de los funcionarios y los técnicos, en el que se dice: "El monto correspondiente a los escalafones II a VII será utilizado para el pago de una compensación proporcional a las retribuciones permanentes de cada uno de los cargos de esos escalafones. Las partidas otorgadas integran la base de cálculo de cualquier equiparación".

La última parte del inciso anterior tiende a que los grados inferiores, si bien van a recibir la retribución, al tener partidas únicas y globales, no vayan pegándose a los cargos anteriores y ni qué hablar de la comparación con los cargos técnicos.

El artículo 113 refiere a la partida de $ 11:620.000 para el Escalafón I, que es el de los magistrados. Hemos conversado sobre una distribución que no puede ser pareja para todos pero que, por lo menos, debe tener un matiz, que la Suprema Corte de Justicia lo ubica en la calidad del cargo, es decir, si es Letrado o no, si tiene título de abogado o no. En función de eso, hemos pensado que una solución para los magistrados con título de abogado profesional nos daba un incremento de $ 1.350 y para los magistrados sin título profesional sería de $ 900, respectivamente. Naturalmente, se incluye a todos los magistrados, esto es, desde el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, sus Ministros, hasta el Magistrado de ciudad, para lo que se requiere que tenga la calidad de profesional abogado o, en algún caso –que es uno solo; simplemente lo menciono- escribano, aunque éste último no afecta en nada.

Las otras soluciones que se pudieron barajar para incrementar los cargos de mayor jerarquía o los de menor rango, no nos satisfacen porque se trata de una partida destinada a contribuir al perfeccionamiento académico de quienes ocupamos los cargos de Magistrados. Todos tenemos las mismas necesidades en concepto de la Suprema Corte de Justicia, a excepción, naturalmente, de los legos, en que sus necesidades son inferiores. Ese sería la "ratio legis" de esta distribución que se ha hecho.

SEÑOR COURIEL.- Deseo formular dos preguntas a los señores representantes del Poder Judicial

En su presentación anterior en la Comisión en su momento se hizo referencia a un documento que el Poder Judicial había enviado al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con una solicitud –si mal no recuerdo- de alrededor de U$S 4:000.000. Quisiera saber si de esa solicitud se ha contemplado algo en el Mensaje Complementario.

La segunda interrogante que quiero realizar, es la siguiente. Había una contribución que el Poder Judicial hacía a los funcionarios de $ 800 por mes, y se estaba procurando que fuera presupuestada.

Deseo conocer si se han tenido en cuenta esas dos solicitudes.

SEÑOR MARIÑO.- Con respecto a la segunda pregunta, debo contestar rotundamente que no. En ese sentido, quisimos hacer comprender a los señores funcionarios y a quienes reciben los $ 800, que era gravitante para ellos que se incluyeran en el sueldo, de acuerdo con lo proyectado por la Suprema Corte de Justicia. Me explico: esos $ 800 lo hemos obtenido gracias al uso de las economías y mediante la trasposición de rubros dentro del Rubro 0, esto es, sin violar la ley. Pero hay que tener en cuenta que esas economías son variables. A título de ejemplo, supongamos una gran crisis que puede producir que todos los actuarios escribanos del Poder Judicial opten por el "full time". Entonces, el dinero que ahora ingresa pero que no va con destino a éste último, desaparece, con lo que tendríamos una disminución de las economías. Todos los funcionarios del Poder Judicial puede comenzar a portarse muy bien y a ir todos los días, con lo que habrá que pagarles la compensación que se abona a todos los funcionarios que cumplen con su obligación. Hasta ahora hay algunos que no lo hacen y se le castiga con el no pago de ese rubro tan especial. Así podríamos dar ejemplo de otras situaciones que podrían hacer variar las economías del Poder Judicial, como la de cualquier otro del Estado, como ser el llenado de las vacantes en forma inmediata y no dilatar el complemento de las vacantes porque mientras esto sucede tenemos economías, etcétera.

Entonces, los Ministros de la Corte y todos los asesores partimos de la base que este aspecto iba a ser comprendido por los funcionarios -y tenemos la esperanza de que suceda lo propio por parte del Poder Legislativo- la importancia que tiene para ellos asegurarse los $ 800 mensuales en esta Ley de Presupuesto, ya no como algo que da la Suprema Corte de Justicia por sus economías sino que otorga el Estado en contrapartida del trabajo que ellos realizan.

Con respecto a la segunda parte de la pregunta formulada por el señor Senador Couriel, diría que para gastos de funcionamiento del período 2001-2002 se pidieron U$S 2:000.000 anuales de incremento, pero no fue satisfecha esa solicitud; no sabemos en cuánto lo fue definitivamente y quizá la contadora Gonet pueda informarnos. Aparentemente, para gasto de funcionamiento y de acuerdo con lo que establece el proyecto de ley –por supuesto, si se elimina el término gasto de funcionamiento de los 23 millones, porque si no ahí sí tendríamos el gran conflicto del Poder Judicial- deberíamos tomar, de los 12 millones, 24 millones y 39 millones de los años 2002, 2003 y 2004, una pequeña partida que habría que relacionarla, en proporción, a los 3:486.000 que da el artículo 115 con destino a inversiones. La partida de 12 millones en el 2002, como única vez –tema que examinamos- es muy escasa. Si a esa partida que hay que distribuir para el incremento que se establece por los artículos 113 y 114, le tomamos una parte, es obvio que va a resultar muy insuficiente y no se va a aproximar si quiera a los U$S 100.000 o quizás menos.

En cuanto a los cargos de Magistrados –como había expuesto- se había solicitado la creación de un cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de la capital. Desde 1934, Montevideo –que ha crecido bastante, así como también el problema de la infancia infractora- tiene dos jueces de menores para atender toda la ciudad, que tiene la mitad de la población del país.

Por lo tanto, se había pedido crear un cargo de Juez, insisto en este cargo, porque ese Juez va a trabajar en la misma oficina con los mismos actuarios y funcionarios, por lo que se necesitaría solamente una computadora y un escritorio.

Por otra parte, se había solicitado la creación de once cargos de Jueces Letrados de Primera Instancia del interior, de los cuales sólo se crearon tres. Tres cargos de Jueces de Paz departamentales del interior, de los cuales no se creó ninguno. Cuatro cargos de actuario.

Me voy a rectificar, porque no quiero cometer errores. Para el año 2002 se habían creado los cargos de Jueces de Paz departamentales del interior; cuatro cargos de actuarios titulares, lo que viene vinculado con la creación de los tres Juzgados Letrados del interior. Los ocho cargos de Actuarios Adjuntos, también están vinculados con la creación de los Juzgados Letrados del interior que no fueron creados. No se satisfizo la creación de seis cargos de Defensores de Oficio del interior para creaciones itinerantes.

Quiero aclarar que en el proyecto del Poder Judicial, en los anexos que deben tener a la vista, todos estos cargos se van creando a través de los años. Es decir, el Poder Judicial no pretende que esos cargos se creen en el año 2001.

También se solicitaron ocho cargos de Alguaciles para la creación de las sedes nuevas con los nuevos técnicos.

Vamos a volver a un tema que es crucial para el Poder Judicial. Me refiero a las prioridades vinculadas al programa de fortalecimiento del sistema judicial del BID y me voy a permitir tomar unos minutos más para explicar qué es lo que queremos y qué es lo que puede pasar. Deseamos tomar un préstamo del BID de U$S 8:000.000 para el cual, el Estado debe poner una contrapartida por el mismo valor, con el fin de informatizar todo el Poder Judicial con las técnicas modernas. El contador Davrieux reconoció en una conversación que mantuvimos que el Poder Judicial está trabajando con las computadoras que él tenía en 1985. No se precisa ser muy inteligente para darse cuenta que las computadoras del Poder Judicial son obsoletas y no las podemos reponer. Además, todo el plan desarrollado a través de los técnicos del BID apunta a cubrir todas las necesidades del Poder Judicial, absolutamente todas. Ahora hemos cubierto los Juzgados Letrados de la materia civil, familia y trabajo con los magros U$S 500.000 que nos da el Estado por año. En ese sentido, los técnicos se asombran de que con ocho funcionarios se haya podido cubrir todo el interior de la república.

Por lo tanto, tenemos equipos viejos, obsoletos que todavía funcionan y hay que desarmar unos para que anden otros. Por supuesto, no podemos llegar a los Juzgados Penales, a las Defensorías de Oficio ni a otras oficinas que también son importantes, porque son las de apoyo del Poder Judicial.

Debo aclarar que con este préstamo podemos invertir en capacitación técnica para todos nuestros funcionarios. Esto era para todo el Poder Judicial y, de ese mismo rubro salían los capacitadores para los técnicos del Poder Judicial en informática. Naturalmente que eso no se satisfizo en los dos aspectos fundamentales es decir, en el rubro de funcionamiento, porque los U$S 2:000.000 por ese concepto, prácticamente se irían cerca de U$S 1:000.000 en el primer y segundo año y quizá también en el tercero, para todos los gastos que tienen que ver con la informática. Aclaro que esos dólares los tiene que poner el Estado en este Presupuesto. Además, no se crea el llamado escalafón R que corresponde a la División Informática que sólo tiene ocho funcionarios y ningún ingeniero, aunque todos tienen conocimientos avanzados en informática. Como había explicado la Directora de División en la anterior exposición, estábamos creando este escalafón de funcionarios judiciales para tener la contrapartida necesaria –hablo de contrapartida no en términos de que sea necesario un equilibrio total, pero sí mínimo- para que los técnicos y asesores del BID y todos los que hay que contratar de acuerdo a las cláusulas del convenio tengan en el Poder Judicial funcionarios judiciales que tomen conocimiento de lo que ellos le van a transmitir y cuando dentro de dos o tres años se retiren del Uruguay, esté totalmente implantado el sistema informático pero, al mismo tiempo, todo el personal preparado para responder al mismo, que se extendería en todo el país. Sin embargo, ese escalafón R que, si no me equivoco, tiene un costo de U$S 350.000, aproximadamente, por año, incluidos sueldos y todo lo demás, no fue creado por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, si la situación de informática del Poder Judicial queda como está al día de hoy, estoy autorizado por la Suprema Corte de Justicia, a decir ante ustedes y públicamente que la corporación no se responsabiliza del funcionamiento del Poder Judicial a corto plazo. No sé si la crisis se producirá en un año o en dos, pero es indudable que si esto no se ataca desde el primer momento, la crisis indefectiblemente se va a producir por la falta de rubros, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió que de no existir este acompañamiento del pedido que hace, no firmará el convenio con el Banco que ya está aprobado.

SEÑOR GARGANO.- En la carta que manda el Presidente de la República en el Mensaje Complementario, se dice que se va a destinar al Poder Judicial determinado dinero. Aclaro que la carta no es el Mensaje; el Mensaje es el texto del articulado, lo otro no está incorporado como iniciativa y hay que ponerlo en el articulado para hacerlo funcionar. Eso es lo que creo, modestamente. No sé si se considera como una iniciativa y, sin ponerlo en el articulado se entiende que eso es normal.

En definitiva, en la carta del Presidente de la República, que acompaña al Mensaje Complementario, se dice que se van a destinar $ 23:000.000 al Poder Judicial.

No me voy a introducir más a fondo en el asunto, pero quiero dejar constancia de que nadie sabe de dónde salen esas economías. Por ejemplo, nosotros no hemos aprobado, en lo que tiene que ver con el Senado, la Rendición de Cuentas del año 1999.

En el Mensaje Complementario viene, en los estados de resultados proyectados –del proyecto de la Cámara de Representantes más el Mensaje Complementario- una estimación de los créditos que va a tener todo el Poder Legislativo, es decir, el Senado, la Cámara de Representantes y la Comisión Administrativa, que asciende a $ 895:187.000. Esto está en la fe de erratas, en el texto que me llegó el jueves de tarde. Ahora bien, ¿cómo llega el Poder Ejecutivo a la conclusión de que este va a ser el monto del Presupuesto del Poder Legislativo, si todavía no lo ha hecho?

Son preguntas que me hago, porque pienso que tenemos que sancionar los proyectos del Senado, de la Cámara de Representantes y de la Comisión Administrativa, para recién luego estimar los créditos. Acá está puesto a ojo de buen cubero y, además, el mismo monto para los cinco años.

Quiero decir esto, para que no suceda luego que no hay ahorros, que los créditos estimados no alcanzan y el Poder Judicial no cuente con ninguna suma.

Es una constancia que quería dejar, porque fue lo que se me ocurrió cuando vi el texto del Mensaje Complementario.

Quisiera hacer una pregunta respecto de la interpretación del artículo 114 que dice: ""Asígnase al Programa 001 `Administración Superior de Justicia, Superintendencia General´ del Inciso 16 Poder Judicial, una partida de $ 23:240.000" -parece ser la misma a la que yo me refería, es decir, a los ahorros del Poder Legislativo- "con destino a `Gastos de Funcionamiento´" –ya sabemos lo que son los gastos de funcionamiento- "y a `Compensaciones por Alimentación sin Aportes´..." Quisiera saber si los señores Ministros de la Corte o sus asesores estiman que estas compensaciones por alimentación sin aportes cubren la parte que quedaba sin resolver de la asignación que perciben los funcionarios ahora, producto de las economías.

Digo esto, porque no entiendo bien el mecanismo. Esta compensación por alimentación sin aporte, ¿existe ahora o no? Si no existe ahora, se trata de una creación nueva y, entonces, sigue planteada la reivindicación a que hacía referencia el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a que la disposición que no deja trasponer los rubros a ese organismo hay que ponerla en el Presupuesto para que se puedan seguir pagando los $ 800 que actualmente perciben los funcionarios. Me gustaría que me contestaran, a efectos de que conste en la versión taquigráfica y después podamos ver cómo arreglar este asunto.

SEÑOR MARIÑO.- El señor Senador Gargano ha interpretado perfectamente la situación que acabo de presentar. Reitero que esta es una partida nueva, que tiene un nombre especial, es decir, "Compensaciones por Alimentación sin Aportes". Por eso, propiciábamos que se sacara lo de "Gastos de Funcionamiento", porque de lo contrario la Corte tendría que sacar dinero de esta partida, aunque fuese en mínima parte, para gastos de funcionamiento. Ese dinero, siguiendo el criterio de la ley, es decir, las "Compensaciones por Alimentación sin Aportes" se distribuiría entre todos los funcionarios judiciales –técnicos, administrativos y del grupo auxiliar- a excepción de los Magistrados. Ello nos daría, aproximadamente un importe de $ 500 por mes. Más exactamente, esos $ 23:000.000 darían $ 550 mensuales. Pero significa un agregado a lo que perciben los funcionarios, en tanto la Corte les pueda seguir pagando los $ 800 que salen de las economías. Reitero que en cuanto pueda hacerlo, va a seguir pagándolo, suma a la que le agregaríamos estos $ 550. Pero esos $ 800 son aleatorios, ya que están en función de las economías del Poder Judicial, que es necesario pensarlas de aquí a cinco años y que, de acuerdo con lo que nos dicen los contadores, este año estamos llegando prácticamente con déficit a cubrir eso, y a evitar que el conflicto ya instalado se acelere o aumente.

Entonces, insistimos en que esa partida tiene que estar integrando -además del aumento que le quiera dar el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo- el sueldo de los funcionarios judiciales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera intervenir sobre este punto que me parece importante y clarificador de lo que pueden ser las decisiones de los señores Senadores en los próximos días.

Según tengo entendido, los $ 800 que perciben actualmente los funcionarios como partida, es una economía hecha en base a vacantes. Es lo que se nos informó por parte del sindicato. Dichas vacantes son producto de incentivos al retiro y se habían generado en el pasado. Además, el último aumento no fue esa suma de $ 800 a la que se hizo mención, ya que hace cuatro años que están cobrando esta partida. El último aumento fue de $ 150. Esta partida se ha ido incrementando y ahora está en $ 800. Reitero, de acuerdo con lo que me expresaron los funcionarios, que en marzo de este año hubo un aumento de $ 150, no de $ 800, como yo por lo menos creí en un primer momento. Se trata de una vieja partida que se viene engrosando. Antes era de $ 600 y ahora está en $ 800. Sobre esta partida se pagan aportes patronales y a la seguridad social, lo que de alguna manera facilitaría la tarea de "salarizarlo". Si pusiéramos en el salario esta partida –que de alguna manera se viene dando- ello no significaría un mayor costo.

Esta es una partida que viene financiada por parte de la Suprema Corte de Justicia con vacantes, se ha ido incrementando y tiene una antigüedad de más de cuatro años. Es lo que se me ha dicho. Pienso que es importante saber esto, porque indudablemente no son partidas que se suman entre sí y que no se sustituyen entre sí, de acuerdo con lo que tengo entendido en la interpretación del Mensaje Complementario.

SEÑOR MARIÑO. - Pediría autorización al señor Presidente para que la Directora de Planeamiento y Presupuesto explicara la procedencia de este dinero.

Quiero aclarar que es cierto que desde hace años, en virtud de los escasos ingresos de los funcionarios, la Corte fue dando partidas adicionales, a veces a fin de año y otras en julio como refuerzo de aguinaldo. Luego, siempre a pedido de los funcionarios, eso se fue incrementando. Incluso, les hemos podido dar partidas trimestrales hasta que llegamos al momento actual. Luego de un cálculo muy ajustado encontramos que podíamos, a partir de marzo de este año, dar $ 800.

Pienso que lo importante es que los señores Legisladores tengan conocimiento de dónde proceden esas economías que, obviamente, no son de las vacantes producidas ni de esa otra situación tan especial que personalmente no conocía -y creo que no se conoce en el Poder Judicial- de los funcionarios que se retiraron.

En el correr de los últimos cinco o seis años hay funcionarios que fueron reintegrados al Poder Judicial y otros que se jubilaron, pero en la propia ley se establece que se pierde la partida.

Si el señor Presidente me autoriza, cedería el uso de la palabra a la contadora Gonet, Directora de Planeamiento, a los efectos de dar una respuesta puntual y técnica sobre el tema.

SEÑORA GONET.- Las economías que se producen a nivel del Grupo 0 de Servicios Personales en el Poder Judicial se generan, en parte, por los cargos vacantes que, a veces, se mantienen algunos meses hasta que se realizan los concursos de ascenso. Eso sucede en todos los escalafones; se producen economías desde el Escalafón de Magistrado hasta el de Auxiliar. Esas economías se utilizan, en parte, para el pago de estos $ 800.

Pero también se da otra característica en el Presupuesto asignado al Poder Judicial, que es el régimen de dedicación total, al que hacía referencia el doctor Mariño a raíz de un artículo que se pidió de extensión de ese régimen a otros técnicos y funcionarios. Para los cargos que por ley está otorgada esa posibilidad, el Presupuesto también fue asignado con esa partida. Sin embargo, los funcionarios pueden optar, como es el caso de los Defensores de Oficio y Actuarios, que representan un volumen bastante importante dentro del personal. Prácticamente, el 50% como promedio opta por estar en un régimen de dedicación permanente -o "part time"- y no por la dedicación total, que es un 60%. Eso genera economías. Nosotros recibimos para pagarle a todos la dedicación total, pero no todos los funcionarios optan por ella.

También tenemos otra partida a que hizo referencia el doctor Mariño, que es la compensación por asiduidad. A los funcionarios judiciales, a excepción de los Magistrados, se les paga un 10% mensual cuando no registran faltas o licencias por enfermedad. Eso también está asignado por parte de la Contaduría General de la Nación -porque la ley lo establece así- como si todos los funcionarios cobraran el 10% todos los meses. No obstante, la liquidación de sueldos es menor, porque siempre ocurren faltas. Eso también produce economías, y puede haber algún otro renglón en el que también se generen. Eso hace una bolsa que se ha manejado anualmente, para ver si se puede redistribuir y pagar algo a los funcionarios. Por ejemplo, este año se pagaron esos $ 800 desde marzo, cosa que se proyecta hasta diciembre, pero en enero y en febrero sólo se abonó $ 400. Las economías ya no alcanzaron este año para conceder $ 800 todos los meses, y estamos viendo que para el próximo tampoco será posible, porque este mes están ocupando vacantes del Escalafón Administrativo, de Oficiales Alguaciles, y también las hay de Subdirectores y de Actuarios en forma permanente. En la medida en que se ocupen, esas economías serán menores. Si bien las manejamos de esta forma, no hay seguridad de que las podamos tener.

Por otra parte, esas economías tienen una diferencia con la partida por viáticos y es que, como dijo el señor Presidente de la Comisión, se liquidan como cualquier otra retribución con aportes. Si se pagaran los $ 800 todos los meses con los aportes, el gasto anual sería de aproximadamente $ 40:000.000.

SEÑOR MARIÑO.- Voy a poner un ejemplo a los efectos de que quede bien clara esta situación.

Nosotros elaboramos, y fue distribuido a los señores Senadores, el comparativo de la escala de sueldos vigente a enero de este año.

Para referirnos a los funcionarios judiciales, que es el sector más claramente sumergido, tenemos un Administrativo IV, que es el que ingresa al Poder Judicial, que por el sueldo de planilla presupuestal gana $ 3.599. Si a eso sumamos los $ 800, quiere decir que le dimos $ 4.399. Pero es importante señalar que este funcionario recibió el 22% de aumento comparativamente al sueldo que tenía. Ahora, en el Presupuesto del Poder Judicial, lo llevamos de un sueldo de $ 4.399 a $ 5.361, con lo cual esta persona, que además se prevé que va a pasar a Administrativo III por ascenso automático, de acuerdo con el proyecto, va a tener un incremento del 49%.

En los restantes cargos también se sigue el mismo régimen. Así, el Jefe de Sección que está en $ 5.360, con los $ 800 pasó a $ 6.160, por lo que tuvo 14,92% de aumento, habida cuenta de que tenía más sueldo que el anterior y al tratarse de una partida global única, el porcentaje disminuye. Y lo que le proyectamos ahora son $ 7.567, o sea que globalmente tendría un 41% de aumento.

Quiero destacar, como me lo indica el doctor Cairoli, que los funcionarios del Poder Judicial se jubilan, en el 95% de los casos, con el cargo de Oficial Alguacil, y lo hacen cuando ya no pueden estar más. No se jubilan a los 70 años, sino a los 71, porque les damos una prórroga para que puedan seguir teniendo un poco de vida, un poco de aire, un poco de sueldo. Estamos hablando del cargo de Oficial Alguacil, del grado más alto del Escalafón Administrativo que, de acuerdo con el Presupuesto vigente, tiene un sueldo de $ 8.509 brutos, porque no olvidemos que aquí hay que hacer los descuentos correspondientes. Al igual que a todos los funcionarios, le otorgamos $ 800, con lo cual tuvo un incremento de 9,40%. Para satisfacer el requerimiento de los funcionarios judiciales y que pudieran tener además el incremento que se le proporcionaba a todos, también proyectamos que tuviera dos grados más, por lo que el Oficial Alguacil llegaría, luego de cuarenta años de servicio -si yo fuera Oficial Alguacil, tendría 50 años de servicio- a la suma de $ 14.733. Este es el sueldo máximo que se pagaría en el Poder Judicial de aprobarse el Presupuesto y, en los hechos, significaría un incremento del 73%. Parece un porcentaje muy grande, pero no debemos olvidar que nos referimos a una persona que está ganando $ 8.509, con más de cuarenta años de servicio y con una de las funciones más delicadas del Poder Judicial porque, como decimos comúnmente, ellos son los ojos, los oídos y los brazos del Juez fuera del Juzgado.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Quisiera aprovechar la visita de la Suprema Corte de Justicia -en particular, de su Presidente y de uno de sus Ministros- con la finalidad de comentarles y pedirles una reflexión, como consecuencia de que el viernes la Subcomisión de Audiencias de esta Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado recibió, entre otras, a una delegación del Colegio de Abogados. Dicha delegación nos planteó una serie de problemas y, en lo que me es personal, quedé muy preocupado, razón por la cual quisiera, por lo menos, trasmitir a la Suprema Corte de Justicia esas reflexiones –más allá de que figuran en la versión taquigráfica, la cual pueden solicitar- para que también quede constancia en la versión taquigráfica vuestra opinión sobre estos aspectos.

En primer lugar, la delegación del Colegio de Abogados, a través de su Presidente, el doctor Ronald Herbert, dejó claro ante la Subcomisión que el conflicto del Poder Judicial se va a prolongar igualmente, pese a que el Parlamento le asigne los recursos presupuestales que ha solicitado originalmente. Esto es así, según nos manifestó, porque hay un problema de discrepancias en cuanto a la distribución de esos fondos con relación a los funcionarios y a los Magistrados.

Personalmente, me alarmó bastante saber que, pese a que el Parlamento asigne las partidas solicitadas por el Poder Judicial, no obstante, se mantendría en todos sus términos el conflicto. Este es el primer tema sobre el cual solicito la opinión de la Suprema Corte de Justicia.

La delegación del Colegio de Abogados también planteó otros dos temas. Uno de ellos refiere a que, según su opinión, en el Presupuesto que presentó el Poder Judicial al Parlamento se privilegian las funciones administrativas más allá de las judiciales. Incluso, pusieron como ejemplo que en el Presupuesto se privilegiaría en mayor forma el proyecto informático que aquellas actividades relacionadas con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. A juicio del Colegio de Abogados, sería mucho más importante destinar recursos para mejorar la atención a los abogados, básicamente, para tener datos en tiempo real acerca del funcionamiento de los expedientes.

El tercer punto planteado por el Colegio de Abogados se refirió al propio funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, se indicó que, según un informe técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia únicamente se destina un 15% del tiempo a la función jurisdiccional, y el resto a la administrativa.

Dado que estos planteamientos del Colegio de Abogados son importantes y relevantes a la hora de tomar decisión y hacer acuerdos políticos a nivel legislativo, nos parece vital tener la opinión de la Suprema Corte de Justicia al respecto.

SEÑOR MARIÑO.- Señor Presidente: el Colegio de Abogados, como todos los organismos vinculados al Poder Judicial, recibió el proyecto de Presupuesto correspondiente. Es de suponer –ahora me parece que no fue así- que lo tendrían que haber estudiado y que, en caso de dudas, debieron plantearlas a la Suprema Corte de Justicia, a fin de aclararlas, en lugar de concurrir a esta Comisión, no diría a desmentir, pero sí a poner los puntos sobre las íes.

A mi juicio, es muy grave lo que ha dicho el Colegio de Abogados acerca de que, aunque el Parlamento apruebe el proyecto del Poder Judicial, se mantendría el conflicto. Como habrán notado los señores Senadores, hemos otorgado aumentos de las economías; queremos que eso se consolide y que, además, se otorguen incrementos. Asimismo, se han aumentado los grados de los Administrativos IV y al que finaliza la carrera. Hemos creado 150 cargos de Jefes de Oficina, por transformación, según se solicitó. Se atiende la parte jurisdiccional, en la medida en que es posible hacerlo, porque la Suprema Corte de Justicia es un órgano que tiene una faz política y, quizás, quisiera tener, por ejemplo, 350.000 Jueces en todo el país, uno en Caraguatá, y un Defensor de Oficio por cada 3.000 habitantes.

Entonces, no llego a entender cómo el Colegio de Abogados pudo haber dicho eso, a pesar de que a los funcionarios judiciales se les apruebe este incremento salarial, se los capacite en todas las materias, se les dé herramientas, como ser, la informática. Destaco que dicha herramienta será para todos los funcionarios judiciales, incluyendo los Defensores de Oficio. El doctor Ronald Herbert está muy enojado con nosotros porque la Defensoría de Oficio no tiene una computadora, aunque va a contar con ella si se aprueba este Presupuesto, porque está proyectada para todos, sin distinción. Tal como señaló el señor Presidente de la República en su visita a la Suprema Corte de Justicia, queremos un Poder Judicial informatizado, si es posible, no del año 2001, sino del 2005.

La otra parte se refiere a la distribución, que se hizo de la siguiente manera. Siete equipos de consultores de funcionarios de alta jerarquía del Poder Judicial, con asesores y técnicos del BID, realizaron el primer trabajo. Para esas ocho Comisiones se invitó a participar a los funcionarios judiciales, quienes nunca concurrieron, aunque dieron excusas por escrito. De manera que tenemos prueba de ello. De todos modos, les entregamos todos los informes elaborados por los asesores técnicos del extranjero, incluyendo el que realizó la contadora Vidal, en donde se dan diferentes opciones –de las cuales la Corte eligió una- para hacer una racionalización de la escala del Poder Judicial, y sueldos acordes a las jerarquías de los cargos.

Se me reprochó que a los Ministros de Corte se les aumentara un 26%, y no a un Administrativo IV. Recuerdo que hace 50 años ingresé al Juzgado de Instrucción de Segundo Turno como ordenanza, para llevar expedientes y servir el café. Sería lo mismo que, en aquel entonces, se me hubiera ocurrido ganar, en lugar de $ 100, los $ 2.000 que percibía, supongo, un Juez Letrado. Me parece que no podemos hacer esas comparaciones ni crear un clima de lucha por diferencias debidas a la naturaleza y la jerarquía de la función.

No se benefició en nada a los órganos de sostén administrativo del Poder Judicial, sino en la misma medida que a los judiciales administrativos, puesto que se requiere un soporte de ese tipo que posee la Corte. Con esto, se estaría dando respuesta a la pregunta relativa al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia aunque, luego, lo hará con mayor propiedad el doctor Cairoli.

En el año 1992 la Corte –quien habla no era Ministro en ese entonces- delegó en el Director General y en todo su equipo la atención de la parte administrativa del Poder Judicial, incluso los sumarios de los funcionarios. Ello fue elogiado por el señor Senador Correa Freitas. Evidentemente, a fin de tener más tiempo para atender la función típicamente jurisdiccional, se requiere el apoyo de funcionarios técnicos y de informática. Esta herramienta es fundamental para todos los funcionarios, por ejemplo, para los del Juzgado de Paz Departamental de Bella Unión, para los Ministros de Corte, para la Suprema Corte de Justicia, para todo el mundo en general. Entonces, hay que tonificarlos, darles fuerza y formar los equipos. El Poder Judicial tiene 4.850 funcionarios y 483 sedes distribuidas en todo el país. La oficina de Planeamiento está compuesta por su Directora, un técnico en estadística y dos funcionarios.

¿Puede ser que la Suprema Corte de Justicia y sus Ministros no tengan que intervenir necesariamente para darle apoyo? Claro que sí lo podemos hacer y dárselo con mucho gusto. Por tanto, sacrificamos las mañanas, las tardes, las noches, sábados y domingos para apoyar a todo este equipo técnico de primera línea que ha permitido -contando sólo con ocho funcionarios de los cuales ninguno era ingeniero- informatizar toda la parte civil, familiar y laboral del Poder Judicial con esas máquinas obsoletas que tenemos. Gracias a ellos los funcionarios judiciales saben cómo se maneja esa herramienta –porque les han enseñado- que todos tenemos temor de manejar. Además, han trabajado poniendo clavos, cables, armando redes y acomodando los equipos en los lugares correspondientes, así como también han hecho la función técnica, es decir, se ocupaban del arreglo de los equipos que se descomponían. Naturalmente, después hubo que contratar empresas para cada Departamento. De todas maneras siguen estando a nuestra disposición los días sábados y domingos –lo digo con propiedad porque me ha pasado- para solucionarnos problemas relativos a las computadoras.

Entonces, si se distribuyó, se hizo de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial. Lo que sucede es que el Poder Judicial de los años 50, 60, 70 y 80 no tenía una Dirección General ni las Divisiones que tiene actualmente. Incluso algunos compañeros de esos años se olvidan que teníamos que limpiar las máquinas de escribir, para lo cual el Actuario nos daba una caja con las herramientas necesarias. Se olvidan, también, de que los bancos entregaban la carátula del expediente y el papel necesario para el juicio; se olvidan de muchas cosas que el señor Senador Gargano debe recordar: de los locales en que trabajábamos, de los baldes y cacerolas que debíamos poner para no mojarnos, de cómo corregíamos los expedientes y de cómo hacíamos las mudanzas. Los funcionarios judiciales hacíamos –repito- las mudanzas de las oficinas. Cuando era Secretario de la Defensoría pinté la claraboya para que la gente no se muriera de calor y arreglé la puerta de entrada porque no tenía plata. No hay que olvidarse de estas cosas. Ahora, como tenemos servicio de mantenimiento y los funcionarios judiciales no pueden correr un escritorio -¡porque quién sabe qué puede pasar!- les mandamos un peón. Precisamente en la morgue también contamos con peones, pero antes eran los médicos forenses quienes lavaban los cadáveres.

Todo ese apoyo es el que la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de darle a los Magistrados que conforman el Poder Judicial, sin desconocer con esto que ellos necesitan el apoyo de todos sus funcionarios, ya sea técnicos o administrativos.

En cuanto a privilegiar las funciones administrativas sobre la informática y la base de datos, creo que es una pifia enorme. Parte de la informática está destinada a fortalecer toda la base de datos que necesitamos para la Suprema Corte de Justicia –que también se terminó con unos pocos funcionarios técnicos- y la de los Tribunales de Apelaciones. Todo esto también lo tiene que hacer informática, así como otros servicios más que se le van a prestar al usuario, como el de puerta a puerta que implica que desde el estudio el abogado, el escribano o el Colegio de Abogados pueda pedir información. Precisamente el Colegio de Abogados tiene instalada la base de datos "Zudáñez" para sus funcionarios. Lo mismo sucede con la Universidad de la República y con determinados estudios privados. Por tanto, tenemos que dar un paso adelante con la informática para que desde cualquier parte del Uruguay se pueda pedir información. Para ello la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial deben estar informatizados en red.

Entonces, lo expresado por el Colegio de Abogados es un gravísimo error. Quiero entender que es absolutamente involuntario, así como también que no se prestó la debida atención a lo que se crea vinculado con todo aquello que va a servir para el estudio, no sólo de nosotros los Magistrados, naturalmente, sino para todos los abogados y profesionales vinculados al Derecho.

Ahora, señor Presidente, me voy a referir a la última pregunta relacionada con el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, voy a ceder la palabra, con la autorización del señor Presidente, al doctor Milton Cairoli.

SEÑOR CAIROLI.- Sinceramente a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, así como también en lo personal, nos han sorprendido en una forma increíble las manifestaciones realizadas por el Colegio de Abogados, no solamente en este ámbito sino también en el público. Pienso que solamente a una persona que no conozca el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia se le puede, de alguna manera, perdonar por haber hecho este tipo de manifestaciones. El doctor Ronald Hebert, Director de la Oficina de Defensoría de Oficio Penal de la Suprema Corte de Justicia, realmente no puede ignorar cómo trabaja este Organismo.

El trabajo jurisdiccional –acá contesto la última parte de la pregunta del señor Senador Correa Freitas- sigue siendo el trabajo primordial que cumplimos los cinco Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esto quiero recalcarlo porque no todos los señores Senadores tienen por qué saber cómo trabaja este Organismo. He hablado de esto en otros ámbitos –incluso en algunos eventos internacionales- y se han quedado realmente asombrados. Debe ser uno de los únicos organismos de Justicia más altos que trabaja de la manera en que lo hacemos nosotros. Cada expediente pasa a cada Ministro, que se lo lleva a su casa para estudiarlo con la jurisprudencia y la doctrina que tiene a su alcance –por eso viene muy bien este aporte que se brinda en libros, que necesitamos en grado sumo- y luego de una semana o quince días lo vuelve a traer, una vez terminado su estudio. Posteriormente hacemos nuestro voto; los dos primeros son secretos, cerrados, y ningún otro Ministro lo puede ver. A partir del tercer voto recién los Ministros pueden conocer cuál es la opinión de los dos anteriores. Consideramos que se debía trabajar de esta forma hace aproximadamente ocho o nueve meses. Antiguamente, desde el año 1993, cuando ingresé a la Suprema Corte de Justicia –quizás mucho antes de esa fecha- hasta principios de este año se trabajaba con los cinco votos cerrados. O sea que el acuerdo que se realiza en la Suprema Corte de Justicia es un corolario, una consecuencia de todo ese trabajo que el Ministro hizo en su casa. Podría invitar a los señores Senadores a que visitaran la casa de cualquiera de nosotros –en realidad, no puedo invitar por los demás pero sí puedo hacerlo en lo personal- para que vean cómo tenemos los expedientes y cómo los trabajamos. Ese es precisamente el trabajo jurisdiccional que se hace todos los días del año, incluso sábados y domingos. En este sentido puedo decir que desde fines de mayo de 1993 no he tenido completo un solo sábado y domingo, a excepción de cuando voy al interior –generalmente se utilizan los fines de semana para hacerlo- siempre cumpliendo la función, para visitar Juzgados del interior, como sabrán muchos de los señores Senadores aquí presentes. Visitamos las zonas más recónditas del país, en las que hay un juzgadito ubicado en un local de barro y de paja. Allí conversamos con el juez, le preguntamos cuáles son las necesidades y conocemos a las fuerzas vivas de ese momento; de manera que también estamos trabajando y cumpliendo una función jurisdiccional.

Este año, al 30 de octubre, llevamos dictadas más de 500 sentencias. Debo agregar que además de que las sentencias son vistas por los cinco Ministros, el redactor –es decir al que le toca hacerla- se la tiene que volver a llevar a su casa, traerla en un borrador que debe fotocopiar y entregarla a cada uno de los Ministros con el voto de cada uno de ellos. Los Ministros deben corregir la sentencia de acuerdo a lo que les surja en ese momento y luego el redactor se la vuelve a llevar a su casa para redactarla nuevamente, de acuerdo a todas las correcciones, aditamentos o sugerencias de los compañeros, para recién allí copiarla en un disquete que va a la Secretaría Judicial para que se pase la sentencia.

Eso es imposible. Nosotros no podríamos trabajar dentro de la Suprema Corte de Justicia de esa manera, porque todo el tiempo lo tenemos absorbido con audiencias. Además, ahora somos considerados Tribunal de Primera Instancia porque hemos asumido competencia en todas las causas diplomáticas de materia laboral y en otras, como la responsabilidad extracontractual. Esto se refiere, por ejemplo, al caso de un empleado de una Embajada que ha sido despedido y no se le han pagado las horas extras y el despido. Antes, dicho empleado tenía que ir a litigar al país de la Embajada, como Arabia Saudita, Francia, España o la propia Argentina, porque en este último caso no tenía dinero para pagarse el pasaje de Buquebus hasta Buenos Aires. De manera que hemos adquirido competencia en una sentencia, desde hace ya dos o tres años, y estamos haciendo de Tribunal de Primera Instancia, con audiencias preliminares, complementarias y de lectura de sentencias.

Por lo tanto, el trabajo jurisdiccional sigue siendo la tarea primordial de la Suprema Corte de Justicia. De pronto, esto no se ve o no se cumple tanto en la Suprema Corte de Justicia, pero sí se lleva a cabo permanentemente por parte de los cinco Ministros que en este momento no tenemos ningún atraso considerable en nuestro trabajo ni mucho menos.

Además, quiero referirme a la extrañeza que nos han causado las expresiones del Colegio de Abogados. Cuando este año nos visitó la Comisión de Notables del Colegio de Abogados, la Suprema Corte de Justicia la recibió en el Salón de Honor "Doctor Héctor Luis Odriozola" y personalmente les entregué a sus miembros todos los antecedentes y el trabajo de los consultores internacionales sobre el problema presupuestal. Reitero, se los entregué, los fotocopiaron y me los devolvieron con mucho agradecimiento. De esto hace varios meses; mucho antes de presentarse el Presupuesto. Como dijo el doctor Mariño anteriormente, podrían haber hecho alguna reclamación.

Quiero hacer otra precisión respecto a ciertas declaraciones públicas por todos conocidas efectuadas por parte del Colegio de Abogados. En las mismas se manifiesta que la Suprema Corte de Justicia había procedido muy mal al inhabilitar los plazos. Al respecto, puedo decir que en el expediente A/766/95 el propio Colegio de Abogados, en setiembre del referido año, le pidió a la Suprema Corte de Justicia que decretara la inhabilitación total y el cierre de todas las oficinas judiciales. En ese momento, la Suprema Corte de Justicia decretó una medida igual a la actual, o sea, mucho más suave que la que se nos solicitaba. Sin embargo, ahora esa medida es criticada y se dice que la Suprema Corte de Justicia se tendría que ir, etcétera. Además se pide, en una forma muy elíptica, que se declare la esencialidad del servicio de justicia, con lo que no estamos de acuerdo porque todavía no se han dado las condiciones para ello.

Personalmente –y estoy seguro que mis compañeros están de acuerdo- me he llevado una sorpresa increíble ante estas expresiones del Colegio de Abogados.

Creo que he contestado el planteo del señor Senador Correa Freitas.

SEÑORA ARISMENDI.- Una de mis preguntas ya fue contestada porque estaba vinculada al planteo del señor Senador Correa Freitas, ya que estuvimos presentes en la sesión de audiencias del viernes pasado.

Quiero volver sobre una preocupación que he planteado. El señor Senador Gargano explicaba bien cómo hay una cifra que aparece y aparece manejada en distintos ámbitos. Me refiero a los $23:000.000 que, tengo la impresión, por ahora son fantasmas. Por lo menos, la cifra coincide. El señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que van a aumentar los sueldos de los funcionarios en tanto van a recibir esa cifra. Eso sucederá siempre y cuando se voten determinados artículos que fueron presentados por la Suprema Corte de Justicia porque, de lo contrario, acá no hay nada.

También se planteaba el proyecto de informatización y se explicaba muy bien, pero eso también se podrá llevar a cabo si existen los recursos para que esas computadoras del año 1985 puedan cambiarse. A lo mejor, podemos regalarles esas que cambiamos todos los años aquí, en el Poder Legislativo. Eso es más factible y más tangible que las posibles economías del Poder Legislativo que, como muy bien señalaba el señor Senador Gargano, todavía no sabemos a cuánto ascienden. Por lo menos, los Senadores no lo sabemos en lo que respecta, por ejemplo, al Presupuesto del Senado.

(Asume la Presidencia el señor Senador Brause.)

Entonces, volvemos a la consulta del señor Senador Heber. Mi pregunta es muy concreta. De aprobarse el Presupuesto tal cual está, con lo aprobado en la Cámara de Representantes, el Mensaje Complementario, la fe de erratas y las modificaciones posteriores a dicho Mensaje –y esto significa que están incluidos los gastos de funcionamiento, porque sin ellos ya se dio la respuesta- ¿qué pasa con el funcionamiento del Poder Judicial y con los funcionarios en cuanto a su posibilidad de complementar esos sueldos?

Aquí se explicaba muy bien –y lo comparto totalmente- el papel que juegan todos en el Poder Judicial. En alguna oportunidad anterior hablábamos informalmente sobre la propuesta de la Suprema Corte de Justicia, mirando la tabla y decíamos que los uruguayos nos enorgullecemos todavía de nuestro Poder Judicial cuando vemos los casos de corrupción que suceden en otros países. Pero si alguien tiene que pintar una claraboya, vivir con $ 3.000 o $ 4.000 y mantener la pureza y la honestidad de nuestro Poder Judicial, es mucho pedir. Es cierto que nuestro país tiene muchas reservas éticas y morales demostradas a través de toda su historia, pero hasta desde ese punto de vista es muy serio lo que estamos abordando.

Mi pregunta concreta es: de aprobarse tal cual está el Presupuesto -reitero que sacando los gastos de funcionamiento, por lo que se recortan partidas de funcionamiento- y haciendo como si tuviéramos los $ 23:000.000 de economías que del Poder Legislativo, con este Mensaje Complementario y no con el de la Suprema Corte de Justicia , ¿qué pasa con el Poder Judicial?

SEÑOR MARIÑO.- Pasaría lo que dije al principio, es decir, se repartirían esos $ 23:000.000 equitativamente entre todos los funcionarios técnicos y administrativos, exceptuados los magistrados, lo cual daría una suma de $ 520 mensuales por concepto de viático de alimentación.

Todo lo demás que hemos señalado, en tanto se puedan mantener las economías, la Suprema Corte de Justicia lo va a continuar otorgando, pero esas economías pueden variar de acuerdo a la naturaleza de los rubros, que no son sólo los correspondientes a las vacantes que, además, se llenan, como lo explicó la contadora Gonet. Al no contar con los U$S 2:000.000 para gastos de funcionamiento –o, por lo menos, con el U$S 1:000.000 de incremento de gastos de funcionamiento- no se podrá complementar lo que necesitamos para tomar el préstamo del BID y, al no tener el escalafón R –que no es una creación sino simplemente la tonificación de dicho escalafón, aumentando el número de sus funcionarios- no tendremos informatización.

Puedo decir, entonces, que yo le anuncié al contador Davrieux, en ocasión de encontrarnos para hablar sobre este documento al que hizo mención el señor Senador Gargano, que no firmaría el contrato con el BID si no se satisfacían las exigencias que le presentábamos a él; situación en la que me mantengo.

Entonces, no tendríamos informática; pues bien, reitero, no tendríamos informática. Ya no soy como el Colegio de Abogados; ya no quiero avanzar más, simplemente, quiero que los señores Senadores piensen qué es lo que pasa si seguimos con el instrumental obsoleto, como son las herramientas de informática que tenemos en este momento que, obviamente, no son las viejas Underwood que se pueden seguir reparando. Seguramente, va a llegar un momento en que esto afecte toda el área de gestión, y explico por qué. En la parte de gestión se maneja el resumen del expediente –lo que antes era un cartoncito con una ficha- pero desaparecería y, naturalmente, todo ese sistema no está respaldado en fichas porque, como es obvio, no podemos estar duplicando. Dicho de otro modo, cuando el Poder Judicial se lanza a la informatización de sus servicios con el apoyo de los Poderes del Estado y una suma de U$S 500.000, piensa que a medida que se avanza en ese proceso –no se necesita estar muy informado para saber cómo se avanza en informática, cómo aumentan los costos y cómo es necesario seguir implementando ese cambio a nivel técnico- tal vez hasta podría disminuirse el número de funcionarios administrativos. Todos sabemos y tenemos experiencias directas de cómo se abrevia el trabajo con el uso de la informática. Por ejemplo, tal como señalaba el señor Ministro Cairoli, los Ministros de la Corte utilizamos el disquete que viene a cumplir la función del viejo decreterista, o sea, aquel viejo funcionario que pasaba en limpio y al decreto las sentencias que nosotros hacíamos en borrador. Los Ministros de Corte, al igual que los Jueces, que pueden tener una computadora, le llevan al actuario la sentencia hecha en un disquete, lo que hace que con sólo apretar dos botones la sentencia esté lista y luego el Magistrado la firme. Esta es una demostración clarísima de que se elimina un funcionario que, naturalmente, puede ser destinado a otras tareas, pues no pretendemos que desaparezca. Del mismo modo, cuando la Juez provee y el funcionario recibe la resolución para pasarla al decretero, al mismo tiempo va librando los cedulones -ya sea de medidas cautelares, embargos, etcétera- y los va imprimiendo, con lo cual se evita un pasaje a otro funcionario y se ahorra tiempo.

Entonces, no voy a hablar de lo que significa como adelanto el uso de la informática, pero pensemos, por ejemplo, en que libramos miles de circulares que enviamos por Correo y pensemos también en el Diario Oficial que nos insumía U$S 120.000 por año. Este procedimiento ahora se suprimió y se manda una fotocopia de la parte que se selecciona, que es la que más interesa, a un departamento para que este la reproduzca y la envíe, a su vez, a cada uno de los Juzgados. De modo que con el uso del correo electrónico nos estamos comunicando en el momento con todos los Juzgados de la República haciéndoles llegar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.

A mi entender, son cosas muy simples y muy claras. A pesar de nuestros años y con cierta resistencia, después que ingresamos en el uso de la informática nos podemos comunicar con nuestros amigos en el extranjero; tan es así que llega un momento en que uno se pone a pensar "qué es esto", o "a qué nivel ha llegado la civilización". La pregunta es, entonces, ¿por qué no puede tener esto el Poder Judicial? Cómo es posible que hace 20 años, en un viaje a Chile, un Juez me haya dicho que a través de la computadora podía saber cuándo había ingresado y en qué etapa estaba el expediente, por ejemplo, de Mariño contra Di Gregorio, tocando simplemente un botón. Luego, en la planta baja, habían otras 10 ó 12 computadoras y cada abogado podía a través de ellas acceder a los datos que necesitaba, sin subir y bajar los pisos del Palacio de Justicia. Pero esos adelantos siguieron y ahora cada abogado puede acceder a la información desde su propio estudio, lo que significa que no tiene que trasladarse, que hay menos público, que los locales pueden ser más chicos, que se economiza tiempo, etcétera. No pretendo hacer propaganda a lo que es la informática –en realidad no quiero que piensen que deseo instalar un puesto de ventas de informática- simplemente, estoy tratando de ubicarme y de darme tranquilidad a mi mismo frente a la posición del Colegio de Abogados. Además, no creo que sea yo quien convenza a los señores Senadores –por quienes todos tenemos un gran respeto en tanto ejercen la soberanía del pueblo- porque, por otra parte, entiendo que tienen el suficiente conocimiento como para que no sea necesario explicar todo esto muchas veces.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera que quedara constancia en la versión taquigráfica de si este organismo sigue manteniendo la disposición proyectada en el artículo 12 del Mensaje original de la Suprema Corte de Justicia. Parto de la base de que esa disposición de acuerdo con su redacción, es la que permitiría ajustar, a partir del año 2001 o del 2002, todas las remuneraciones de los funcionarios de los escalafones 1º al 6º -Q y R- de conformidad con el incremento del Producto.

SEÑOR MARIÑO.- Obviamente, la Suprema Corte de Justicia mantiene este artículo y todos los artículos de su Presupuesto con las modificaciones puntuales que figuran en el Mensaje Complementario. Hemos pensado mucho en cómo redactar este artículo y cuál era la fórmula mejor a fin de que los funcionarios tuvieran las mismas oportunidades que tiene el país, o sea, que si el Producto Bruto Interno aumenta, ellos reciban un porcentaje; por el contrario, si el país –a que ellos pertenecen- no incrementa el Producto, entonces, no recibirán la compensación correspondiente.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera que se me aclarara un punto, porque en esta disposición aparece una expresión que, por lo menos en la práctica, no se suele utilizar. Concretamente, me refiero a la expresión "Producto Bruto Interno Nominal". Me gustaría saber si la Suprema Corte de Justicia está refiriéndose al Producto a precios corrientes, o sea, sin tener en cuenta el posible impacto inflacionario de su crecimiento.

SEÑOR MARIÑO.- En virtud de que se trata de una pregunta de carácter técnico requiere la respuesta de un técnico, razón por la cual, si los señores Senadores están de acuerdo, prefiriría que la contestara la Directora de Planeamiento, contadora Gonnet.

SEÑORA GONNET.- Es correcta la apreciación que hizo el señor Senador Astori; el término que se está utilizando es con ese efecto.

SEÑOR ASTORI.- Entonces, quisiera dejar una pequeña constancia. Naturalmente, analizaremos y decidiremos al respecto y, por supuesto, la Comisión y el Senado harán lo propio. No obstante, me parece que sería conveniente expresarlo en otros términos para que no se induzca a confusión. De todos modos, esto es simplemente una constancia.

Además, creo que habría que hacer referencia a la evolución anual del Producto Bruto Interno porque, obviamente, esta es una propuesta no solamente para el año 2002, sino para todo el período presupuestal.

Por lo tanto, simplemente quería hacer esta breve reflexión, a los efectos de luego expresar formalmente la propuesta quizás en términos más claros desde el punto de vista de la interpretación y de la aplicación de la ley.

SEÑOR MARIÑO.- Por supuesto que la Suprema Corte de Justicia acepta la sugerencia formulada por el señor Senador Astori.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que nosotros siempre somos "hinchas", llamémosle así, de conectar el crecimiento del país y el Producto a algunas áreas que necesitan ser priorizadas, como la Universidad y la educación primaria y secundaria, que hacen a la movilidad social porque incorporan a ciertos sectores sociales de elementos básicos de defensa en la vida, en el caso del Poder Judicial nosotros aspiraríamos a que en el Presupuesto de este año se incorporara, quizás no lo que aspira el Poder Judicial pero sí sumas importantes que permitieran dotarlo de los recursos que tanto necesita, para dar seguridad jurídica, entre otros a los inversores. Como había transmitido en su oportunidad, estamos buscando algunos recursos que nos permitan dar, repito, quizás no lo que el Poder Judicial está pidiendo, pero sí una partida suficientemente importante en función de una redistribución de gastos que permita mejorar sustancialmente las necesidades del Poder Judicial tal cual las plantea, para lo que tenemos iniciativa.

Repito que independientemente de que somos muy "hinchas" de vincular el otorgamiento de recursos al crecimiento, en este sector, en el Poder Judicial, aspiramos a que se den determinadas garantías específicas. No quiero contradecir ni entrar en polémica con la Corte, pero los niveles de recursos son muy inferiores a los que necesitan otros Incisos, que, naturalmente, si no se los ata al crecimiento, no hay forma de atenderlos.

SEÑOR MARIÑO.- Quizás la Directora de la División Informática podría aclarar, con términos más precisos que los míos, a los señores Senadores, y especialmente al señor Senador Correa Freitas, cuál es la situación respecto a lo que plantea el Colegio de Abogados del sistema que vamos a implantar para favorecer no sólo a los Jueces, sino también a los abogados, escribanos y operadores en general.

SEÑORA MARTINEZ.- Me gustaría hacer ciertas precisiones respecto a las observaciones realizadas por el Presidente del Colegio de Abogados, específicamente, en cuanto al impulso que la Suprema Corte de Justicia puede darle en este Presupuesto a las bases de datos documentales, en comparación con las bases de datos de gestión de causas de los Juzgados. En realidad, la observación del señor Presidente del Colegido de Abogados está orientada a su experiencia personal o a la del Colegido de Abogados en relación a que ellos tienen un puesto de consulta de base de datos de la jurisprudencia de la Corte y están viendo que ésta ha venido invirtiendo en tecnología para la formación de esa base de datos, cuando ellos desearían consultar las causas, el estado de los expedientes, en los Juzgados, y no lo pueden hacer. Eso fue transmitido por el señor Ronald Herbert en una determinada reunión que mantuvimos con él, y me gustaría que ustedes supieran por qué eso es así.

La informatización de los Juzgados comienza en 1992 y en ese momento se hace la elección de la tecnología. Esa informatización ocurre en un plazo aproximado de cinco o seis años, con la tecnología que en ese momento se había elegido. Hablamos de equipos computadores que ya están viejos y de programas que no pueden correr en otros computadores más avanzados. Entonces, hoy día es imposible permitirles a los abogados que consulten esas bases de datos de gestión desde sus bufetes. En cambio, con la base documental de jurisprudencia de la Corte, la tecnología fue elegida en 1995 –hablamos de que era un solo sistema centralizado- por lo cual es más nueva y ha permitido, de alguna forma, mediante una administración centralizada, dar la conexión a la consulta de las bases documentales. Pero, si nosotros nos atenemos un poco al detalle de lo que está planificado a través del Programa BID a nivel de inversiones informáticas, me gustaría dar algunos números para que vean que es evidente que la Corte ha priorizado la gestión de los Juzgados frente a las bases de datos documentales, en contraposición con lo que el Presidente del Colegio de Abogados había planteado.

Así tenemos que existen dos componentes. Uno tiene que ver con el fortalecimiento de las tareas de la Suprema Corte de Justicia, lo que involucra el fortalecimiento de las bases de datos documentales. Aclaro que esto está escrito, está en el Programa y está ratificado por el BID. Se trata de una inversión en tecnología a nivel de equipos y de programas de U$S 250.000. En contraposición, el proyecto de gestión de los Juzgados, donde se busca el diseño de un nuevo sistema que permita no sólo lo que tiene el programa viejo, sino también todas las conexiones hacia afuera, hacia los bufetes y las consultas de las causas, tiene un costo de U$S 1:900.000. Miren la diferencia: U$S 250.000 de equipo y programas contra el desarrollo del otro Programa de Juzgados de U$S 1:900.000. Si a eso le sumamos el equipamiento, la capacitación para la gente de los Juzgados, las consultorías, etcétera, estamos hablando de U$S 4:000.000. Entonces, creo que es evidente que la Corte ha priorizado la gestión de los Juzgados por encima de lo que es la creación, mantenimiento o administración de las bases de datos documentales.

SEÑOR MARIÑO.- Sólo nos resta agradecer la atención prestada a la Suprema Corte de Justicia, que simplemente viene aquí a plantear los problemas con la realidad de nuestra experiencia y los conocimientos que nos han aportado desde el extranjero y nuestros propios técnicos en las materias. Esto permitió culminar con un proyecto de Presupuesto que, dentro de la situación que atraviesa el país, entendemos que es equilibrado y ajustado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión, les damos las gracias al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Ministro doctor Cairoli y asesores.

(Se retira de Sala la delegación del Poder Judicial)