SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 30 minutos)

La Subcomisión da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil y les ofrece la palabra.

SEÑOR GOMEZ.- Esencialmente, vamos a hablar de artículos generales que afectan a todos los trabajadores públicos de la Administración Central, en especial, los artículos 37, 38, 39 y 40 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pensamos que generan una rebaja salarial. Además, en el Mensaje Complementario se agrega un artículo 90 que afecta a los Registros Públicos, porque se trata de fondos que cobramos, al igual que otros organismos. También ese artículo tiende a la reducción del salario de grandes masas de trabajadores.

Ahora nos vamos a referir a un artículo que entendemos que es imprescindible para el funcionamiento del Registro Civil, porque no sé si los señores Senadores sabrán que se está viniendo abajo. No sabemos si esto es por casualidad o porque se piensa que el Registro Civil no cumple ninguna función social válida. En ese sentido presentamos algunos artículos, de los que vamos a dejar copia. Uno de ellos se refiere al pasaje de un rubro a otro dentro de los salarios de los funcionarios. Simplemente se trata de la redistribución de dineros dentro de los mismos salarios de los funcionarios y no implica ningún tipo de gasto.

Por otro lado, es sabido que el Registro Civil obtiene parte DE un porcentaje mínimo del dinero que se recauda por ciertos convenios que el organismo tiene por brindar datos a otras instituciones, como el Banco de Previsión Social. El segundo artículo permite ampliar dicho porcentaje al total de lo recaudado por esos convenios. En el repartido que les entregamos está la argumentación, por lo que no voy a perder tiempo en leerla.

Otro artículo tiene que ver con la reinterpretación de una sobretasa establecida por el artículo 292 de la Ley Nº 16.320. Este artículo tiende a despejar dudas sobre la forma en que se viene fijando el valor de las tasas del servicio de matrimonio a domicilio. Si los señores Senadores tienen interés y lo leen, estamos a su disposición luego de terminada la sesión.

Un siguiente artículo habla de la posibilidad de llevar adelante un proyecto de computarización del Registro Civil.

En nombre de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, quiero decir que sería bueno que los señores Senadores lo conocieran internamente ya que se podrían dar cuenta de que lo que estamos diciendo no tiene nada de exagerado. Hay lagunas de más de cuarenta años en la información y es un servicio que se está literalmente viniendo abajo. Reitero que si el interés de los señores Legisladores y del Gobierno es que esto funcione, deberían ocuparse de estos artículos que, en su mayoría, no tienen costo.

Deseo recalcar que hay artículos que afectan a toda la masa de trabajadores públicos y pediría la sensibilidad de todos los sectores, porque no estamos inventando absolutamente nada: hay lagunas de más de cuarenta años, computadoras sin uso, funcionarios que deben "deslomarse" a los efectos de buscar manualmente los datos. Entonces, si a este Gobierno le interesa que siga existiendo un Registro Civil estatal, sería bueno que se ocupara del tema.

SEÑORA ARISMENDI.- Es cierto que se ha establecido un tiempo breve para cada delegación, pero no tanto como para que no podamos profundizar en los planteos que se hacen. Entiendo que se les exhortó a ser breves, pero la exposición fue sumamente telegráfica.

Por un lado, no me queda claro el artículo que tiene que ver con despejar dudas de carácter interpretativo sobre la forma en que se viene fijando el valor de las tasas del servicio de matrimonio a domicilio. Quizás pueda encontrar la respuesta en todas las normas citadas y modificativas, pero me gustaría saber cómo funciona esto hoy.

Por otro lado, desde el punto de vista de la masa salarial de que se hablaba, quisiera saber cuál es la situación actual del Registro Civil en cuanto al número de funcionarios de acuerdo con las tareas que debe cumplir obligatoriamente, y cuál es el promedio salarial para quienes desempeñan esas tareas. A su vez, pregunto si esas tareas se cumplen en el horario estipulado o se deben cubrir con horas extras o algún tipo de trabajo fuera de horario.

SEÑOR VASQUEZ.- En primer lugar, quiero aclarar que los artículos que presentamos a los señores Senadores fueron aceptados por la Dirección del Registro Civil y en una primera etapa también por el Ministerio de Educación y Cultura. Este Ministerio los envió al Ministerio de Economía y Finanzas, y en principio fueron rechazados. Esta vez ni siquiera fueron aceptados en el Ministerio de Educación y Cultura.

En cuanto a la interpretación de la sobretasa, en su momento la tasa ya tenía varias partes, pero no queda claro el aumento de la sobretasa, que en parte va a retribuciones personales de los funcionarios. No se sabía si se aplicaba sobre el total o sobre una parte y este artículo deja claro sobre qué monto se aplica este porcentaje.

En lo que tiene que ver con las retribuciones, quiero recordar -aunque seguramente el señor Presidente de la Subcomisión está al tanto de este asunto por su conocimiento de la Administración Central- que en el Presupuesto anterior, al Registro Civil y a otros organismos se les retribuyó por la vía de una tasa que se aplicó en los Registros Públicos. Si los señores Senadores observan el artículo 90 del Mensaje Complementario, advertirán que parte de esa tasa hoy pasa a Rentas Generales. La tasa que en su momento se derogó para los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados y ahora se agrega a los "holdings" y a las sociedades de intermediación financiera -que, además, es un pago de tasa de los servicios registrales- se exoneró en determinado momento, posteriormente se eliminó esa exoneración, se aplicó a la retribución de los funcionarios y ahora se vuelve a formular el artículo -cabe recordar que parte de este artículo ya existía- para que pase a Rentas Generales. Obviamente, esto va a disminuir los ingresos de todos los equiparados, a pesar de que el beneficio fue otorgado por el Poder Legislativo como forma de cumplir con sus obligaciones legales a partir de una tasa que se creó para los Registros Públicos. Esto está muy relacionado con la utilización de los fondos de libre disponibilidad que, junto con COFE, nosotros presentamos en una tabla de sueldos nueva.

Tal como he dicho, el señor Presidente de esta Subcomisión sabe el desorden que existe desde el punto de vista de los salarios en la Administración Central. COFE ha planteado una tasa nueva, que partía de la base, sobre todo, de mejorar los salarios más bajos, pero que ordenaba todos los salarios de la Administración Central. Desde este punto de vista era aceptable utilizar todo tipo de retribuciones que nosotros recibimos por distintas vías. Además, como es de conocimiento de los señores Senadores, esta era una de las vías que propusieron los mismos Gobiernos, para solucionar el problema salarial. Los Gobiernos anteriores nos han dicho que no había forma de solventar las mejoras salariales a menos que nosotros lleváramos una financiación. Precisamente, eso fue lo que hicimos y los salarios se mejoraron por esa vía. Sin embargo, si ahora nos invalidan esa financiación nos están modificando lo que los mismos Gobiernos nos habían exigido. Por consiguiente, lo que podemos proponer ahora es que se nos haga una tasa nueva, se nos mejoren los salarios y, de ese modo, no habrá dificultad en eliminar estas distintas vías que, en realidad, no se trata de que nos guste ni mucho menos, sino que fue a lo único a que se pudo recurrir porque no había otras posibilidades.

En este caso, los organismos nuestros tuvieron que hacer las planillas presupuestales con los criterios de los Fondos de Libre Disponibilidad y los topes fueron visibles según el organismo. Concretamente, en lo que respecta al nuestro, podemos decir que esos topes no alcanzan para pagar las retribuciones. En definitiva, esos artículos referidos a los fondos de libre disponibilidad nos van a reducir las retribuciones y en lo que respecta al punto que estamos considerando, nos afectará directamente, porque elimina una parte directa que tiene que ver con lo que había mencionado acerca de la tasa que nos correspondía al conjunto de los organismos equiparados.

Por último, quiero referirme a la situación del Registro Civil, donde trabajamos 250 funcionarios que tenemos un promedio salarial de alrededor de $ 4.000; si bien la cifra no la sé con exactitud, la puedo calcular tomando como base mi propio sueldo, que es uno de los más bajos. Lo que quiero destacar es el tipo de trabajo que realizamos, y en ese sentido, cada vez que venimos al Parlamento, solicitamos a los señores Legisladores que lo tengan en cuenta. Estamos a unos meses de comenzar el siglo XXI, pero la famosa computarización y tecnificación de la sociedad y del mundo aún no ha llegado al Registro Civil. Nuestros compañeros hacen la tarea a mano, y si bien muchas veces el público queda muy conforme con alguno de los servicios que brindamos, no sabe que hay compañeros que corren por el subsuelo para encontrar -reitero, a mano- informaciones, en libros que se desgastan y se rompen, realizando una tarea que parece de un siglo anterior. Es por este motivo que siempre invitamos a los señores Legisladores a que vayan a ver en qué condiciones trabajamos, porque las computadoras son escasas y se usan para otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra tarea. Podemos decir que existe un "agujero" en la información que, cuando comenzamos a difundir todo esto, era de más de cuarenta años. Seguramente, la respuesta a esta problemática no puede ser la que nos dio algún Director del Ministerio en cierto momento, en el sentido de que siguiéramos trabajando a lápiz, ya que algún día esa documentación iba a caer porque no podía soportar ese régimen de trabajo. Evidentemente, no se puede seguir trabajando a lapicera y con libros para encontrar partidas y perseguir la identidad de los uruguayos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia de los representantes de los funcionarios del Registro Civil y la información que nos han brindado. Desde ya les adelantamos que la versión taquigráfica de esta reunión va a ser remitida a todos los señores Senadores que integran la Comisión.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil)

(Ingresan a sala los representantes de la Comisión de Fomento de la Unión)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, da la bienvenida a la Comisión de Fomento de la Unión y les cede la palabra.

SEÑOR CALABRIA.- Pedimos disculpas por sacarles unos minutos de su tiempo, pero deseamos hacer un planteamiento que entendemos es de estricta justicia y que tiene que ver con incluir a las Comisiones Vecinales Barriales en las disposiciones del Texto Ordenado, Decreto Nº 338/96. Hemos estado observando la disposición legal y hemos visto que hay una cantidad de organizaciones amparadas a las exoneraciones de tributos e impuestos, sobre todo, en instituciones en las que se llevan a cabo actividades de índole comercial, deportiva, de apoyo a organizaciones religiosas, etcétera.

La Comisión de Fomento de la Unión es la más antigua de todas las comisiones vecinales. Fue creada en el año 1934 manteniendo una actividad prácticamente constante, a pesar de haber sido interrumpida en algunos períodos por razones que no vale la pena mencionar, pero luego retomando con fuerza su trabajo. Nuestra Institución está afincada en un barrio de gente trabajadora, que tiene problemas de toda índole, tales como laborales, educacionales, etcétera.

En 1982, la Universidad de la República, a través de un equipo multidisciplinario en el que intervinieron varias Facultades, realizó un diagnóstico de la zona de la Unión y presentó propuestas de mejoramiento. En base a ello, la Institución se abre a los vecinos y empieza a tomar contacto con realidades. Es así que desde las Facultades de Psicología y de Derecho entablamos convenios. A raíz de ello, hoy tenemos en la Comisión de Fomento alrededor de cuarenta psicólogos titulados atendiendo en forma gratuita a la gente. Queremos aclarar que el 90% de las consultas refieren a niños que son derivados desde las escuelas o liceos de la zona. Algunos profesionales son retribuidos y otros no. Estos rubros parten de la Universidad de la República y de la Intendencia Municipal de Montevideo.

SEÑORA GARCIA.- Esa retribución, en el caso de determinados profesionales, no pasa de $ 1.000. De 35 psicólogos que aproximadamente ejercen en la Comisión, hay ocho que reciben una remuneración de $ 1.000, siete que reciben $ 700 y los restantes son honorarios completamente. La Comisión trabaja en la parte de Psicología de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 11 y 30 horas de la mañana, y desde las 14 a las 19 horas, en la tarde, con un promedio de aproximadamente cien pacientes, habiendo una gran cantidad en lista de espera. Incluso este año se ha tenido que suspender a niños de la zona, que han tenido que ser anotados para el año que viene, a partir del mes de marzo. Además, el INAME deriva a cierta cantidad de alumnos de las escuelas del lugar y en este momento algunos adolescentes están siendo enviados por los Jueces, para que sean atendidos en la Comisión de Fomento de la Unión. Quiere decir que desde el punto de vista del servicio que brinda, es reconocida la actuación de esta Organización.

SEÑOR CALABRIA.- En este marco es absolutamente imprescindible destacar que si bien nuestra Institución, con mucho esfuerzo, ha logrado adquirir la propiedad de la cual somos usuarios, su tamaño no ofrece la posibilidad de atender tan amplia cantidad de actividades. Hace un momento mencionaba que con la Facultad de Derecho se firma un convenio por el cual se creó un consultorio jurídico, atendido por profesionales, que no sólo prestan su atención, sino que también realizan el seguimiento de los casos. Esto también es absolutamente gratuito para los vecinos carenciados de la zona. Como la parte locativa no es apropiada y nos estamos viendo desbordados en la atención, hemos iniciado obras en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Al respecto, se han llevado a cabo dos etapas, que todavía no han sido suficientes; ahora estamos viendo la posibilidad de poder continuar con algún otro convenio con ese Ministerio, o con esfuerzos propios, que es mucho más difícil.

La Institución, como tal, estaba convencida de que iba a ser excluida de las exoneraciones patronales ante el Banco de Previsión Social. Tal como lo hemos planteado, se trata de una Institución de servicio, sin fines de lucro. Los únicos gastos que tenemos son los de funcionamiento, que consisten en los salarios de una funcionaria administrativa y de una señora que hace la limpieza del local. No hay nada más. Nos autofinanciamos con los ingresos por concepto de cuotas sociales, que son de $ 20. Tenemos alrededor de 880 socios y algunos eventos sociales nos auxilian y nos dan aire para continuar trabajando.

En el año 1991 se hace una gestión para solicitar la exoneración de aportes patronales y en el Banco de Previsión Social en aquel momento nos dijeron que no pagáramos y que después nos contestarían, pero nunca llegó la respuesta, y ahora hemos notado este problema. Si hubiéramos podido invertir lo que se nos fue en pagos de aportes patronales ante el Banco de Previsión Social, la obra estaría totalmente terminada. Quiere decir que el planteamiento que traemos refiere un poco a incluir instituciones, sobre todo a aquellas de fomento vecinales que tienen personería jurídica, como en nuestro caso, en las exoneraciones dispuestas en el Decreto Nº 338/96, que aparecen en el Texto Ordenado.

Tuvimos conversaciones en la Cámara de Representantes con algunos de sus integrantes e, inclusive, se propusieron dos textos para ver la posibilidad de alternativa, pero no tuvimos suerte de que prosperaran, motivo por el cual hoy estamos distrayendo el tiempo de ustedes.

SEÑORA ARISMENDI.- Simplemente como constancia, en tanto soy socia de la Comisión de Fomento de la Unión -en la cual tenemos también al Senador Korzeniak- queremos manifestar que conocemos en forma amplia la labor que desarrollan y, realmente, la exposición que han realizado aquí ha sido tremendamente escueta, pues han seleccionado los temas fundamentales de trabajo con la comunidad. Sin embargo, esta Comisión de Fomento tiene una importante trayectoria que, como decía el señor Senador Mujica por lo bajo, cuenta con un reconocimiento moral y ético, que va más allá de los propios vecinos de la Unión. Digo esto, porque además allí se han realizado trabajos con la Intendencia y con el Ministerio de Salud Pública, por lo que deberían encontrarse caminos de solución, como en casos similares que sabemos juegan un papel fundamental en todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias agradece la presencia de los integrantes de la Comisión de Fomento de la Unión, así como la información que nos han brindado. Les comunicamos que la versión taquigráfica de lo expresado aquí será remitida a todos los Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de la Comisión de Fomento de la Unión)

(Ingresan a Sala los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.

SEÑOR ROYER.- Antes que nada queremos agradecer a los señores Senadores que nos reciban en el día de hoy.

Como tenemos un tiempo acotado para exponer, en principio queremos decir que la Ley Presupuestal contiene muchos temas que son de interés para todos. Nos referiremos a algunos que particularmente nos interesan y mencionaremos otros que seguramente no podremos desarrollar. Estos tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento y con algunos aspectos organizativos relacionados al PEDECIBA, al Fondo Nacional de Investigadores, al Instituto Clemente Estable y al CONICYT – Banco Interamericano de Desarrollo. Estos puntos están muy relacionados con la investigación, así como con el futuro del país.

En el día de hoy queremos abordar todo lo referente a la solicitud presupuestal de la Universidad de la República y destacar algunos puntos que figuran allí. Como todos sabrán, el pedido que formulamos está enmarcado en lo que es la inversión en educación respecto al Producto Bruto Interno: el tan mentado 4.5%, del que todos habrán escuchado hablar.

Queremos aclarar que el repartido que entregamos a los señores Senadores lo hicimos muy rápidamente y no pretendemos que lo incluyan como elemento de trabajo, pero trataremos de ordenar nuestra exposición en base al mismo. El primer documento que presentamos es un resumen con el que ha trabajado la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, referido a la solicitud presupuestal de la Universidad.

Ahora quiero pasar al tema de la inversión en educación relacionada con el Producto Bruto Interno. En una publicación de la Universidad titulada "Algunos Tópicos sobre la Educación en Uruguay" -podría decir que es el segundo documento presentado-, figura un cuadro con la comparación de lo que se invirtió a lo largo de los distintos años en el mundo, en los países o regiones llamadas desarrolladas, en América Latina y el Caribe, y en nuestro país. Se trata de datos oficiales, referidos -por ejemplo- a organizaciones como la UNESCO. Ahí se ve claramente cómo Uruguay se ha mantenido, y observamos que la inversión en 1995 era del 2.8%. Ese 4.5% que la Universidad enmarca como aspiración para invertir al fin de este quinquenio, es lo que promedialmente invertía la región en 1995. La Universidad, la Federación de Estudiantes y creo que todos los partidos políticos, toman ese porcentaje como una meta para tratar de ubicar a nuestro país, por lo menos, en los niveles promedio de la región hace unos años. Creo que nadie piensa que con esa inversión vamos a pasar a encabezar el "pelotón" -por decirlo de alguna manera- de los países que más invierten en educación pública.

También se hace referencia -aunque no conocemos la fuente que se maneja- a que ese porcentaje del 2.8% del Producto Bruto Interno del que habla la Universidad como inversión en educación pública en el Uruguay, no sería correcto. Al respecto, puedo decir que manejamos tanto los datos oficiales de la UNESCO como los del propio Anuario Estadístico del Ministerio de Educación y Cultura, y en el repartido entregado podrán ver que aparece un cuadro titulado "Anuario 1998". También quería aclarar que lo que figura como inversión en el Anuario del Ministerio de Educación y Cultura es del orden del 2.8%, no tomando solamente a la ANEP y a la Universidad, sino incluyendo a todas las instituciones de educación pública que hay en el país. Quería hacer esta aclaración, porque consideramos que el dato es correcto.

Con respecto a la solicitud presupuestal también hay un cuadro y, si sumamos lo que solicita la ANEP y la Universidad de la República, en el 2004 estaríamos llegando al 3.5% de inversión relacionada con el PBI, lo que nos deja un poco lejos del 4.5%. Esto sería lo que podemos decir como marco general.

Dentro de su pedido presupuestal, en el que tiene en cuenta los 21 proyectos institucionales, la Universidad ha hecho una elaboración estructurada, a futuro y muy articulada. Hemos adjuntado algunos artículos de la Declaración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 1998, organizada por la UNESCO en París, que fue votada por unanimidad, incluyendo a la representación gubernamental de nuestro país. En su artículo 13º se hace referencia a reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior, haciendo especial mención a la necesidad de planificar el trabajo futuro, que es lo que ha hecho la Universidad en esta solicitud presupuestal y lo que consideramos que el país debe y quiere hacer.

Tomando precisamente lo que habían sido las propuestas de distintas organizaciones internacionales referidas a la educación, así como también la de los propios partidos políticos -que tomaban el 4.5% del PBI-, es que la Universidad elabora su solicitud presupuestal. Por ese motivo, adjuntamos fotocopias de parte del Programa del Encuentro Progresista, así como del "Compromiso de Gobierno Nacional", asumido por los Partidos Nacional y Colorado, que hace mención a ese 4.5%.

Sobre los proyectos institucionales, mi compañera va a detallar cuáles son los que destacamos de esa solicitud presupuestal. Deseo resaltar -creo que los señores Senadores lo han destacado en momentos en que la Universidad vino a esta Comisión- que se trata, precisamente, de una propuesta de planificación, que contiene ciertas reestructuras de la Universidad y pretende afianzar lo que son las misiones fundamentales que la propia Ley Orgánica le encomienda a la Universidad. Nosotros, como Federación de Estudiantes, resaltamos esto y trabajamos día a día para tratar de afianzar esas misiones.

SEÑORA GUIRADO.- Quiero decir que hemos participado en todos los proyectos institucionales que ha elaborado la Universidad y estamos absolutamente convencidos de que son necesarios para la Universidad y para el país, pero ahora voy a resaltar algunos de ellos.

Por un lado, tenemos el tema salarial. Todos sabemos que los salarios en la Administración Pública son bajos, pero incluso comparando el salario docente de la Universidad con el de los docentes de Secundaria, vemos que los primeros son extremadamente bajos. Tanto es así que mientras un docente Grado I, con 20 horas cobra unos $1.700 mensuales, un docente de Secundaria con aproximadamente la misma carga horaria percibe unos $2.700. Es decir que aun comparando con salarios extremadamente bajos, la Universidad de la República tiene sueldos inferiores. Pero el tema de los salarios también afecta a los funcionarios no docentes de la Universidad y del Hospital de Clínicas, que perciben remuneraciones por debajo del promedio. Evidentemente esto repercute en la calidad de la enseñanza y en el buen funcionamiento de la Universidad en su conjunto.

Por otro lado, debo mencionar lo que tiene que ver con el proyecto de Bienestar Estudiantil, sobre todo en lo referente al tema de alojamientos y hogares estudiantiles. Debemos resaltar las pocas posibilidades que tienen los estudiantes del interior de acceder a la Universidad. Si hacemos una comparación entre los estudiantes del interior y los de Montevideo, vemos que el acceso de los jóvenes del interior es extremadamente bajo, porque si bien estos son más de la mitad de los jóvenes del país, son menos de un 40% en la Universidad de la República. Si comparamos la inequidad en el acceso entre el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica, vemos que esta última determina más el acceso de los jóvenes que el nivel socioeconómico. Por ello, creemos que es extremadamente preocupante y a este tema se debe apuntar con bastante fuerza para tratar de solucionarlo. En ese sentido, en la Universidad se ha trabajado en un proyecto referido al tema del alojamiento estudiantil -que creemos de suma importancia-, así como también en lo relativo al aumento de las becas que se puedan brindar. Asimismo, se ha trabajado en lo que refiere a la División Universitaria de la Salud y a otras áreas de Bienestar, que tienen mucho que ver con los estudiantes del interior, pero también con aquellos montevideanos de escasos recursos que acceden a la Universidad.

Otro punto -bastante más amplio, porque incluye varios proyectos institucionales- tiene que ver con la reforma universitaria y los proyectos referidos particularmente a la enseñanza. Al respecto, la Federación ha trabajado bastante en la Universidad en un proyecto de reforma que incluye nuevas ofertas y diversificar un poco las opciones. Se trata de romper con la rigidez que tiene actualmente el sistema universitario y de tratar de lograr la creación de institutos centrales, así como también trabajar por áreas en la Universidad. Creemos que esto es fundamental. Lo otro que se ha tratado de buscar con este proyecto es acortar la duración real de las carreras. Dentro de los proyectos institucionales de la Universidad, unos atienden a las nuevas ofertas de carreras, otros a solucionar los problemas de los estudiantes del interior y a tratar de descentralizar la Universidad, porque no se trata solamente de que los estudiantes del interior puedan venir a estudiar a Montevideo, sino de que la Universidad tenga en el interior una presencia mucho mayor a la actual, y a eso apuntamos.

Se está apostando también a la formación didáctica y pedagógica de los docentes de la Universidad, ya que creemos que esto constituye una necesidad en este momento en nuestro país.

Consideramos que el Rector de la Universidad ya ha expuesto bastante sobre este tema y, a nuestro juicio, deberíamos hablar ahora sobre cómo podría instrumentarse en la Ley Presupuestal todo lo que está pidiendo la Universidad.

Además de lo que ya ha expresado mi compañero con respecto a lo que no entra en el articulado referido a la Universidad pero tiene mucho que ver con ella, podemos mencionar tres puntos básicos.

Por un lado, se trata de lograr un incremento de las partidas a partir del año 2001; nos encontramos con aproximadamente U$S 10:000.000 de diferencia en relación con lo que la Universidad solicita para el primer año, teniendo en cuenta lo que se votó en la Cámara de Representantes. Lo que la Universidad está pidiendo es que, a nivel de la Cámara de Senadores pueda lograrse un incremento que se acerque lo más posible a la cifra solicitada.

Por otro lado, debemos mencionar el tema de los artículos no cuantitativos. Queremos hacer hincapié, básicamente, en el artículo referido al traspaso de economías de un año para otro. Esto tiene que ver con una facultad que la Universidad tenía antes de la Dictadura y que luego de restablecida la democracia no fue revista la decisión. La Universidad ha planteado esto desde el año l987 a la fecha y este año realiza un planteo un poco diferente, hablando de un tope máximo de U$S 3:000.000 para poder pasar de un año a otro. Creemos que esto es fundamental. Se ha manejado la idea de que estas economías que se pueden traspasar de un año para otro sean dirigidas a determinados proyectos a través de la Ley Presupuestal, pero creemos que eso sería un error, porque la idea de que las economías puedan traspasarse de un año para otro tiene como fin el poder dar continuidad a los proyectos que la Universidad está implementando. En este sentido podemos mencionar algunos ejemplos, como el de las obras de Regional Norte; si por cualquier eventualidad las mismas se tuvieran que estancar en el tiempo, no tendría mucho sentido que ese dinero pasara a otro lado, sino que lo bueno sería que se continuara con las obras hasta culminarlas. Lo mismo podemos decir de proyectos de investigación, etcétera. Básicamente, lo que se pretende es que ese dinero no se termine ejecutando mal a fin de año sólo por no devolverlo a Rentas Generales, sino que pueda utilizarse, como había sido planificado, en los proyectos que fueron elaborados, que han ganado concursos, etcétera, y que la Universidad está llevando adelante.

El tercer tema a que nos preocupa es qué hacemos a partir de 2001. La Universidad hace un pedido que es gradual y que trata de ajustarse a la realidad nacional y a lo que el país se plantea en cuanto al crecimiento en los próximos años. Mediante esto, se pretende que en 2004 se llegue a lo que a la Universidad le correspondería dentro del 4,5% del PBI para la educación pública. Debemos ver cómo hacemos para que en la ley pueda quedar reflejado esto. Nos parece que es un tema bastante delicado de elaborar, pero sabemos, al mismo tiempo, que se están manejando diversas opciones. Deseamos que esto sea algo más que una aspiración que figure en la ley, y que se acerque lo más posible a las partidas que estamos solicitando.

Todo esto tiene que ver con la forma cómo podríamos instrumentar lo que se está pidiendo actualmente, sobre todo porque la Universidad presenta un proyecto que creemos está muy bien elaborado, en base a programas y proyectos. Si la Universidad obtiene el dinero que está pidiendo para el próximo año, empezaría a ejecutar sus programas. Pero también cabe preguntarse qué ocurriría después con esos programas si no se obtiene financiación para continuarlos; en ese caso, la Universidad tendría que optar entre dejar de lado algunos programas o no concluir otros. Este aspecto dependerá de cómo sea el aumento gradual que se le vaya otorgando a las partidas.

Estamos convencidos de que nos encontramos ante un proyecto global de cambio de la Universidad, de descentralización, de reforma universitaria, que trata de posicionar en forma diferente a la Universidad, tanto por la Universidad misma como por el propio país, debido a las necesidades que él tiene. Entonces, pensamos que es fundamental que se atienda al pedido de la Universidad de la República en su conjunto.

Como todos saben, hace ya bastante tiempo que los estudiantes universitarios estamos en conflicto por el tema presupuestal; hace un mes que estamos en huelga general. Llegamos a este punto luego de bastante trabajo, y no sólo de elaboración del pedido presupuestal, en lo que hemos trabajado durante más de un año, viendo cada uno de los proyectos y haciendo hincapié, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el interior, con el bienestar estudiantil, con el tema salarial, con la reforma universitaria y con la enseñanza. Además, hemos solicitado entrevistas a todos los Legisladores; esta misma audiencia es parte de ese camino de diálogo al que aspiramos y seguiremos aspirando siempre, para poder lograr lo que estamos pidiendo. Estamos apostando a la movilización y a tratar de que toda la gente en el país tome conciencia de lo que la educación significa para el desarrollo del mismo.

Por otro lado, creemos que es fundamental para el Uruguay posicionarse a nivel regional y mundial, dentro del MERCOSUR y dentro de la sociedad del conocimiento a la que se ha hecho referencia.

Evidentemente, todos estamos poniendo cosas en juego; es claro que todos queremos estudiar y recibirnos lo antes posible. Se nos ha preguntado varias veces hasta cuándo pensamos seguir con este conflicto. A eso respondemos que nadie aspira a que el mismo se prolongue hasta que el proyecto de ley de Presupuesto sea votado, pero para ello pedimos que cuando se llegue a un acuerdo, haya señales políticas claras hacia la Universidad y hacia la ciudadanía con respecto a que lo que se promete será cumplido en la instancia de la votación. Ello permitirá, de cierta manera, que el proceso de movilización que estamos llevando adelante se extienda lo menos posible. A nuestro juicio eso sería lo mejor para todos.

Por último, estamos convencidos de que el pedido de la Universidad es modesto, posible, necesario y, además, sólidamente fundamentado. Es serio en su elaboración y está planificado de acuerdo a la realidad nacional, a lo que el país aspira para los próximos años y a las proyecciones realizadas por el Gobierno. Debemos decir, también, que este pedido es gradual, porque la idea es que esté sujeto al crecimiento del Producto Bruto Interno. Creemos que la educación en nuestro país es sustancial y que no es gasto, sino inversión. Aspirando a eso es que hemos venido aquí a hacer este planteo.

SEÑOR COURIEL.- Hemos oído dos interesantes exposiciones de la Federación de Estudiantes Universitarios. También escuchamos el planteo de la Universidad de la República y el de los docentes. En lo personal, nuestro movimiento político ya ha participado en un referéndum por el 4.5% para la educación, hace seis años. Estamos haciendo los máximos esfuerzos para apoyar lo que pide el sistema educativo, y nos referimos tanto a ANEP como la Universidad de la República.

Ahora, ante la presencia de los estudiantes, que en última instancia son el futuro del país, me gustaría preguntarles lo siguiente. La Universidad está pidiendo U$S 10:000.000 más, sumados a los U$S 13:000.000 que -por error o no- han conseguido. Me gustaría conocer la visión de los estudiantes y no de la Universidad -puede ser que ambas coincidan o no- en cuanto a lo siguiente. Supongamos que, además de los U$S 13:000.000, el Parlamento consigue una partida más de una determinada cantidad, que puede ser de U$S 3:000.000, U$S 5:000.000, U$S 8:000.000 u otra, pero sin llegar a los U$S 10:000.000; si así fuera, quisiéramos saber a qué le darían prioridad desde el punto de vista estudiantil, y aclaro que a este respecto he escuchado cuatro opciones. ¿Darían prioridad al salario docente -que está absolutamente caído-, al bienestar estudiantil, a la investigación científica -tipo Fondo Nacional de Investigación, Fondo Clemente Estable, CONICID, Instituto Clemente Estable, etcétera-, o a los proyectos de enseñanza, también llamados "nuevas opciones" o descentralización?

Me gustaría conocer la visión de los estudiantes, es decir por dónde creen que es más relevante utilizar nuevos fondos que pueda recibir la Universidad desde el punto de vista de las propuestas e ideas que tienen.

SEÑOR ROYER.- Es una pregunta complicada. En principio, debemos decir que de alguna manera, por lo que hemos visto a nivel de documentos y de lo que distintos Legisladores han hablado durante mucho tiempo, así como distintas autoridades del país en la esfera del Poder Ejecutivo, existe un acuerdo general en cuanto a la importancia que tiene la educación para nuestro país. Supongo que en eso estamos de acuerdo. Partamos de esa base. Luego, es importante dejar en claro -como lo dijo la compañera Guirado- que nosotros participamos en la elaboración de la solicitud que hace la Universidad, ya sea en las distintas comisiones como en los órganos de cogobierno, discutiendo y votando. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo como Institución y nosotros como parte integrante de ella en nuestra función de cogobernantes, y creemos que realmente es una solicitud modesta. No es nada del otro mundo; pensar que con esto vamos a pasar a ser un país o una Universidad de avanzada, creo que a nadie se le ocurre.

Con respecto a la pregunta concreta, de las cosas que nombró el señor Senador, consideramos que todas son importantes. Y por algo se hace una solicitud modesta y muy estructurada, con proyectos institucionales, que tienen sus etapas. Se habla mucho del 2001, pero solamente con el 2001 no hacemos nada, porque si invertimos en él y en el 2002 no invertimos nada, no diría que es un trabajo tirado a la basura, pero se trata de algo que no permitiría una proyección de futuro y un desarrollo de la Universidad, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene -y que debe tener mucho más- en el propio desarrollo del país. El tema del salario de los funcionarios docentes y no docentes es también claramente importantísimo para nosotros. Si nos ponen en la coyuntura de destacar un tema prioritario, no podemos decir que es tal o cual, porque todos los que se han planteado tienen ese carácter. Particularmente, los que nombró mi compañera, que tienen que ver con el salario de docentes y no docentes, con el bienestar estudiantil y dentro de éste todo lo relacionado con becas y hogares estudiantiles. Asimismo, está el tema de la reforma, ya sea de la enseñanza como de la investigación y extensión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y lo que tiene que ver con un proyecto de descentralización de la Universidad en un país muy centralizado que la Universidad, sola, no va a poder descentralizar. De todas maneras, intentamos como ente estatal, que pueda hacer una fuercita para descentralizarlo un poco. Son temas que realmente nos parecen importantes y que, nos guste o no -a nosotros particularmente nos gusta estar en este momento- creemos que tenemos que hacer algo. Es un momento en que si el país no invierte o no pone fuerza en ese sentido, vemos el futuro bastante complicado en especial para los jóvenes, que ya lo ven bastante complicado en el presente. Por lo tanto, entre las áreas o proyectos que nos parece que hay que priorizar, están las que mi compañera nombraba antes, y que nosotros destacamos- que de alguna manera impulsaríamos con más fuerza. Sin embargo, como decía antes, se trata de una solicitud muy modesta y no lo decimos solo nosotros, sino que creo que todos lo tienen muy claro.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: recibimos hoy a la Universidad y a sus profesores. El tema es claro y nuestros visitantes nos clarifican ahora todavía más la situación. En un presupuesto muy detallado, la Universidad está pidiendo que las nuevas partidas se aten al crecimiento del país, por lo que no se generaría déficit. Nunca lo había hecho. Es una decisión que tendrá que tomar el Senado en este caso.

Ahora bien, mi pregunta iba dirigida a un hecho que me dejó una duda. Me estoy refiriendo a la discriminación vinculada al tema geográfico. Ya el Rector había hecho mención a algo que me generó cierta preocupación. Se da una mayor discriminación por el tema geográfico que por el tema social cuando consideramos el caso de Montevideo. Los jóvenes del interior, siendo la mayoría del país, conforman apenas un 40%. Sospecho que incluso en ese 40% puede haber una discriminación de género mediante la cual en el interior, un sexo pueda tener más oportunidades que el otro. Quizás no; eso se podría clarificar. Pero la pregunta que yo quiero hacer es si no deberíamos establecer algún mecanismo, prestar mayor atención o encontrar recursos más altos para el tema de las becas, aunque no comenzara en el 2001. Digo esto porque lo que no puede pasar es que, si se consiguen nuevos recursos, no le prestemos la atención adecuada al problema de la discriminación. No podemos quedarnos todos contentos y decir que educamos, pero dejando a una parte de los estudiantes que queremos educar, al costado del camino. Me gustaría saber si hay soluciones para eso o si existe alguna otra vía que permita incluir un artículo que implicara que en el 2001 ó en el 2002, lo que pudiera corregir la Universidad hacia el futuro, se pudiera llevar adelante.

SEÑORA GUIRADO.- Quería clarificar un poco más lo relativo al tema de la inequidad. Respecto a lo que se mencionaba en cuanto a que la inequidad geográfica, podemos decir que es mayor que la inequidad de los niveles socioeconómicos, cabe destacar que la Universidad realizó algunos estudios dividiendo a la sociedad en quintiles de acuerdo al nivel socioeconómico. Si uno compara el ingreso a la Universidad de la República de Montevideo con el del interior, puede ver que los jóvenes del interior que se encuentran en el quintil superior -o sea, con mayores ingresos en su núcleo familiar- ingresan menos a la Universidad que los jóvenes del quintil inferior del departamento de Montevideo. Quiere decir que la diferencia es realmente notoria y evidentemente no parte solamente del tema de las becas y de la situación socioeconómica. En este sentido, quiero decir que las becas son una solución porque, además, si observamos el quintil inferior del interior, el ingreso es extremadamente reducido. De modo que las becas son fundamentales para lograr que los estudiantes del interior de menores recursos puedan acceder. Pero además está el tema de la descentralización. A lo que aspiramos es a que los jóvenes del interior puedan acceder a estudios universitarios en el propio interior del país. La idea, pues, es que la Universidad continúe desarrollándose en ese sentido. Si se quiere, se puede decir que se ha realizado una apuesta en este aspecto y, de hecho, la Universidad este año se ha endeudado para que las obras de Regional Norte puedan concluirse, a fin de que el año que viene las clases puedan comenzar dentro de la Regional y no en la Parroquia, como está aconteciendo en este momento. Del mismo modo, se está trabajando con las Intendencias de diferentes departamentos para encarar estudios que evalúen la demanda que existe a nivel de cada uno de los departamentos del país respecto a los estudios superiores. Ya se han comenzado en Maldonado, donde ha habido un gran movimiento por parte de los estudiantes. En un par de días se juntaron 4.000 firmas y se está trabajando mucho en una comisión que ha formado la Intendencia, que es la que nos está financiando. En otros departamentos también se está trabajando con las Intendencias, y otras instituciones de la zona, tratando de transitar un camino similar.

El tema central no está referido solamente a las becas, si bien éstas son extremadamente importantes. Asimismo, ponemos énfasis en las becas de alojamiento, que también son importantes y que no existen en la actualidad. Si bien algunas Intendencias tienen hogares para estudiantes, no hay una política global en lo que tiene que ver con el alojamiento por parte de la Universidad.

Por todo esto entendemos que es fundamental la descentralización y que la Universidad llegue a los estudiantes, acercándose a donde residen, ya que no sólo el tema económico es el que incide para los estudiantes del Interior, si bien para ellos es más caro poder estudiar que para aquellos que lo hacen en Montevideo.

SEÑOR MICHELINI.- Me gustaría saber si los estudios realizados aportan información en cuanto a la diferencia por sexos de los estudiantes inscriptos del Interior.

SEÑORA GUIRADO.- El año pasado la Universidad realizó un Censo por el que se puede constatar la cantidad de estudiantes de cada sexo en cada uno de los lugares. No sé si estos datos fueron repartidos por parte de la Universidad, aunque sé que en uno de los cuadros se encuentra esta información. De todos modos, puedo afirmar que la diferencia no es muy grande y, comparado con Montevideo, la matrícula femenina es un poco superior en el Interior. En general, a la Universidad asisten más mujeres que hombres, ya que se ha incrementado mucho la matrícula del sexo femenino en los últimos años.

SEÑORA ARISMENDI.- Brevemente, quisiera expresar que hemos seguido atentamente tanto los materiales que nos han acercado como las exposiciones de las distintas delegaciones. Estamos comprometidos, no sólo como fuerza política -que, sin duda, lo estamos- sino también como docentes, que es lo que somos permanentemente –esto es coyuntural-, y la única puntualización que deseo hacer a las expresiones del señor Senador Couriel -porque fue una batalla que perdí en su momento a nivel sindical- está referida al 27% del presupuesto y no al 4.5%. Esto tenía sus riesgos, porque en presupuestos más chicos el porcentaje es menor y, por lo tanto, el 4.5% referido al Producto Bruto Interno era una medida que cubría de una manera más clara.

Me gustaría detenerme en un par de aspectos. Considero que es claro que cuando se habla de la Universidad, para que ésta sea tal, debe cumplir con la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. De lo contrario, sería un instituto o un centro de enseñanza, pero no una Universidad. Por lo tanto, debe contar con un proyecto armónico del que no se pueden desguazar pedazos para ver dónde tironeamos más o menos.

Además, deseo dejar una constancia en el sentido de que, al día de hoy -de la misma forma que lo hizo el señor Senador Rubio esta mañana con la delegación de ADUR- tal como lo solicitaba la Federación de Estudiantes, no podemos afirmar que concretamente exista ningún acuerdo para decirles que, en base al mismo, se puede transitar por determinadas salidas mayores o menores, que incluyan todo o parte de lo que la Universidad planteó. Reitero que esta es la situación al día de hoy, pero seguimos trabajando y estamos comprometidos en la búsqueda de una salida. Estamos dispuestos a trabajar todo lo que sea necesario, pero lamentablemente -quiero que haya claridad sobre esto- no podemos afirmar que haya un acuerdo en ese sentido que abra el camino para la votación de este presupuesto. Como ha habido distintos manejos de este tema por parte de la prensa, queremos ser muy claros al señalar esto, tal como lo hicimos en la mañana de hoy con ADUR. Asimismo, les solicitamos -porque así se nos ofreció- que nos acercaran distintas formulaciones -incluso, estaba el profesor Cassinelli Muñoz- en el sentido de encontrar caminos o posibilidades para ensamblar el crecimiento del país con los recursos para la Universidad. De nuestra parte, estamos dispuestos a recibir propuestas para trabajar con ellas.

Aprovechando la presencia de la FEUU, quisiera invitar a los presentes cordialmente -ya que tenemos un sistema un tanto extraño en cuanto a quién accede a la Sala o no- a pasar al hall, donde se encuentran los estudiantes de ingeniería que desean entregarnos una cinta verde por el presupuesto. Como no pueden entrar, cuando la delegación se retire, vamos a encontrarnos con ellos.

SEÑOR ROYER.- Varias veces hemos reiterado la modestia de nuestra solicitud. Más allá de que creemos que realmente debería buscarse la forma de financiar dicha solicitud -por ser tan modesta y necesaria-, por lo que han manejado los distintos sectores políticos como posibilidades de ahora en más, queremos por lo menos dejar claros algunos aspectos a los que ya hizo referencia Mariana Guirado. En cuanto a la diferencia de aproximadamente U$S 10:000.000 para el 2001, planteamos la necesidad de acercarnos lo más posible a esa cifra. En lo que tiene que ver con la inversión relacionada con el crecimiento del PBI, también sería importante acercarla a la solicitud que realiza la Universidad de la República, atendiendo así a todo lo que pide para el quinquenio. Como decíamos antes, se trata de un proyecto que tiene una estructura y una articulación necesaria en el tiempo, es decir, que no hace referencia a un solo año. En cuanto a otro aspecto que se viene manejando en relación a las economías, creemos necesario destacar que no sería bueno establecer dentro de la ley los destinos de los U$S 3:000.000 de las economías que se habilita utilizar para el siguiente Ejercicio. Esto afectaría de forma importante a muchos proyectos de la Universidad en cualquiera de sus áreas, ya sea desde el punto de vista de la inversión edilicia -como comentaba Mariana Guirado- en los proyectos de investigación, en la enseñanza como en la extensión. Además, como la discusión de la asignación presupuestal se produce cerca de fin de año, dentro de la Universidad -por su forma de manejo en cuanto a darle cristalinidad- se utilizan fondos concursables con distintos evaluadores. A mitad de año se designan los ganadores de los concursos y se comienzan a aplicar dichos fondos. Realmente, tres o cuatro meses no son suficientes para coordinar los proyectos, ya que muchos dependen de agentes externos a particularidades de la Universidad de la República. Algunos proyectos dependen de agentes que tienen que ver con su propia naturaleza y varían según el tipo de proyecto o el área de conocimiento de que se está hablando. Entonces, el habilitar el uso de las economías pretende dar cierta seguridad, tanto a la propia institución como a los que están trabajando en los distintos proyectos, a fin de darles continuidad. Se pretende dar un destino fijo a determinadas cosas que consideramos necesarias, como ser bibliotecas o inversiones edilicias -para lo cual existe un proyecto dentro del presupuesto de la Universidad- pero también sería interesante que se pudieran financiar esos proyectos.

SEÑOR GALLINAL.- En las últimas semanas, a través de distintos medios de prensa y aquí en la propia Comisión -incluso, hoy de mañana, cuando vino la Asociación de Docentes de la Universidad de la República- hicimos un relato sobre cuáles son las bases que consideramos pertinentes para darle forma definitiva, a través del Presupuesto Nacional, a los recursos de la Universidad. No quiero ser reiterativo, porque los señores Senadores estuvieron presentes y, por otra parte, así como tuve varias entrevistas con integrantes de la Corriente Gremial Universitaria, en los últimos días tuve el gusto de conversar con representantes de la FEUU y explicarles el alcance de nuestra propuesta. Sus puntos, en términos generales, son de recibo para la FEUU y creo que en muy poco tiempo quizá estemos en condiciones -si las mismas ya no se dieron- de decir que se han emitido señales lo suficientemente fuertes como para considerar que el tema del presupuesto de la Universidad va por buen camino. Sin embargo, me parece conveniente hacer dos precisiones a efectos de evitar que estas conversaciones y adelantos que hemos hecho se empantanen en algún momento y terminemos aprobando un presupuesto importante para la Universidad, pero aun así cuestionado por algunos sectores de la sociedad.

Allí hay dos puntos sobre los que sería bueno poner la atención en el correr de las próximas horas.

El primero se refiere a las economías y a los destinos, donde podríamos tener diferencias que se podrían sortear y a esa partida inicial, por encima de los U$S 13:000.000 que forman parte del Mensaje original del Poder Ejecutivo, a esa partida adicional que estamos defendiendo de U$S 5:000.000 para cada uno de los años, se le podría agregar algunos millones más que contemplen la posibilidad de que no haya un entendimiento, no sólo en cuanto a que no se pudiera utilizar las economías en los años sucesivos sino que, aun en el caso de que se pudieran utilizar, no hubiera entendimiento respecto de si se le da o no destino. De los dos Capítulos, quizá este sea el menos importante; el más importante es el otro, el de la cláusula que faculta al Poder Ejecutivo a ir incrementando los aportes presupuestales a la Universidad de la República, en función del crecimiento del Producto Bruto Interno. Estamos de acuerdo en cuanto a su filosofía. El problema radica en la implementación y en la redacción del mismo. Hoy señalaba a los miembros de ADUR que nosotros tenemos nuestra propia redacción que se la haremos llegar. Quisiéramos que ADUR hiciera lo propio y lo mismo le expresamos a la FEUU, en el sentido de que deseamos que nos hagan llegar su redacción. Pienso que en este caso debemos tener mucho cuidado -y no lo digo simplemente como una recomendación, sino como razonamiento que busca llegar a buen puerto- porque en una cláusula demasiado condicionada, el "facúltase" deja de serlo. Si a ese "facúltase" se le agregan condicionamientos demasiado rígidos, descuento que el Poder Ejecutivo no lo aceptará y podemos terminar no incorporando una cláusula de estas características. No es fácil para un Poder Ejecutivo aceptar una cláusula con un "facúltase" que como contrapartida tenga un "exígese". Entonces, quizá transitando el sendero intermedio, aprovechando en las próximas horas el intercambio de redacciones, podamos lograr un camino que nos lleve al objetivo que todos buscamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto agradece a la Federación de Estudiantes Universitarios la información brindada, expresando que la versión taquigráfica llegará a manos de todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay)

(Ingresa a Sala la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

SEÑOR MOGNY.- Antes que nada, deseamos agradecer a los señores Senadores por habernos recibido.

A efectos de ser concisos, queremos concentrar la problemática del sector en algunos artículos que han venido en el proyecto de Presupuesto y en el Mensaje Complementario. Les hemos alcanzado un resumen, pero deseamos hacer hincapié en algunos puntos específicos. A todo el sector le inquieta el artículo 135 del Mensaje Complementario que implanta el IVA a la asistencia por los servicios de salud. Si bien en principio aparecía como un impuesto que iba a recaer en los servicios parciales, y más específicamente en las emergencias móviles, según un análisis que hemos hecho con nuestros asesores esto tendría una profunda repercusión en todo el sector de la medicina colectiva de base solidaria, conocida popularmente como mutualismo. Tan es así, que en la reunión que mantuvimos con el Ministro de Economía y Finanzas se nos hizo saber que el aporte esperado del sector era trascendente, tan o más importante que lo que provenía de las emergencias o de los sectores parciales. Indudablemente, estos costos van a ser solventados por la población afiliada en la medida en que el propio Ministerio de Economía y Finanzas calcula un 2.6% de incremento en las cuotas. Además, debe agregarse el 14% que llevaría la sobrecuota del Fondo Nacional de Recursos, los $ 57. Es decir, estamos hablando de un promedio de más de $ 24 o $ 25 por afiliado, esto es, casi U$S 2. Esto va a traducirse inevitablemente en un incremento que significará pérdida de afiliados por parte del sector, sobre todo de aquellos más jóvenes y sanos, envileciendo la pirámide etaria y componente demográfico de las organizaciones que, como ustedes conocen más que nadie, están en dura crisis. A su vez, esto tendrá una importante repercusión en las posibilidades de venta de servicios del sector. En el seno de este ámbito del Senado queremos recalcar lo que esto significaría para la asistencia médica de los beneficiarios de Salud Pública. Esta adquiere en el sector privado -sobre todo en las instituciones de medicina colectiva- gran parte de la asistencia de alto valor tecnológico, tales como CTI, especialidades diagnósticas y terapéuticas, trasladados especializados, etcétera. Eso deberá ser facturado con IVA, por lo cual nosotros vamos a tener que pagar ese impuesto tal como lo marca la ley en un plazo de 30 días. Si tenemos en cuenta que Salud Pública está pagando con un promedio de atraso de nueve meses, nuestro sector debería financiarle el IVA por mucho tiempo, cosa que en las circunstancias actuales en que se encuentra financiera y económicamente, se haría imposible. Todo esto traerá aparejado que algunos de los servicios que se venden a Salud Pública deberían dejarse de lado, ya que ésta debería comprarlos al contado o crear sus propios medios tecnológicos para efectuarlos. No hay presupuesto para eso y entendemos que el impacto del IVA del 14% va a tener un costo social en las capas más bajas de la población de imprevisibles repercusiones.

Otro punto que también nos parece necesario señalar ante los señores Senadores, señor Presidente, es el que atañe a la medicina altamente especializada. El Fondo Nacional de Recursos está en crisis desde hace mucho tiempo ya que tiene una deuda y un déficit marcados. Esto va a significar alrededor de doce millones más por concepto de IVA en la medida en que los IMAE van a tener que facturarle a las instituciones y al propio Fondo. En el mismo sentido, pensamos que esto va a significar un esfuerzo mayúsculo para el propio Banco de Previsión Social, que deberá pagar U$S 2 más por cada uno de los 500.000 afiliados que tiene hoy en el sector de la medicina colectiva. Asimismo, este aumento hará que, en lo que tiene que ver con los salarios, el porcentaje de aportes no va a alcanzar, por lo que también deberá sufrir un incremento que representará un aumento del costo país.

En definitiva y trascendiendo todos estos hechos, nos permitimos decir en este ámbito que a corto o mediano plazo esta medida puede implicar una reestructura del sistema de salud del país porque llevará a una concentración de la medicina colectiva en aquellas instituciones que tengan una autosuficiencia en el aspecto técnico. Esas empresas son las que van a poder soportar mejor en la medida en que van a comprar menos afuera. Por lo tanto, ese 2.6% que el Estado piensa que deberán incrementarse las cuotas les va a dar suficientemente para solventar los gastos del impuesto, pero aquellas instituciones medianas y pequeñas -muchas de las cuales, por razones de escala o historia, están adquiriendo los servicios asistenciales de empresas y varias de ellas funcionando con corrección- deberán pagar un costo que no será menor del 7% u 8%, con lo cual seguramente se van a condenar a la desfinanciación, al atraso y a la desaparición.

A nuestro juicio, la aplicación de esta medida significará que la asistencia médica de aquellos que puedan permanecer en el sistema prepago de las IAMC va a acercarse a las empresas poderosas. Por su parte, en los sectores bajos de la población, aquellos que deban ir desprendiéndose del ámbito de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva van a caer en los seguros parciales, fragmentados, envilecidos desde el punto de vista asistencial y, en consecuencia, todo esto aparejará un decaecimiento en general de la atención médica. Asimismo, entendemos que esto será pasto para aventureros de la asistencia médica que tratarán de recolectar los pedazos que vayan quedando de las pequeñas empresas que caigan.

Con relación al interior, teniendo en cuenta su dimensión y el acotamiento económico que posee, esto puede traducirse en un panorama nada alentador.

La Coordinadora Nacional aquí presente entiende pertinente -agradeciendo el espacio que se le da- trasmitirle a los señores Senadores la importancia que tendrá en la estructura asistencial de este país -en todos sus estamentos, públicos y privados- un impuesto que a nuestro juicio ha tenido un fin fuertemente recaudador, economicista, pero que no ha medido las consecuencias asistenciales y sociales de futuro. Además, dado los costos que le va a significar al Estado, tanto al Ministerio de Salud Pública, al Banco de Previsión Social, a ASSE o al Fondo Nacional de Recursos, nos permitimos solicitar el más profundo estudio para saber qué va a significar, en definitiva, como recaudación. Tememos que pueda ser peor la enmienda que el soneto. En ese sentido, proponemos la no aprobación de este artículo a los efectos de mantener la estructura asistencial de base solidaria que ha sido la columna vertebral de la asistencia, tal como lo reconoce el propio Ministerio y el Poder Ejecutivo. Si esta disposición fuera sancionada, por primera vez los afiliados, las 1:500.000 personas que se atienden en el sector van a pagar en su cuota un dinero que no va a tener un retorno asistencial. Se tratará de un impuesto que no sólo tendrá como consecuencia el encarecimiento de la propia asistencia, que ya se hace difícil, sino que no significará otra cosa que una desorganización y descalabro que hoy no podemos calcular con certeza.

El otro punto que queríamos poner sobre la Mesa tiene que ver con el artículo 267 del proyecto de ley de presupuesto que cambia sustancialmente la forma de financiación de la alta tecnología en el país en la medida en que establece que tanto Salud Pública como Sanidad Militar y Policial, van a poder optar entre pagar en forma prepaga, como hace el mutualismo y como está establecido en la ley correspondiente, o por acto médico, lo que significaría de hecho no pertenecer a un Fondo Nacional. Se ha dicho que esto es poner realismo en una situación que ya viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, en la medida en que el sector del Estado no está haciendo los aportes al Fondo, sino que está comprando en el Fondo Nacional de Recursos por acto médico.

A nivel de los Ministerios de Salud Pública y Economía y Finanzas hemos dicho que esta Coordinadora entiende que debe cumplirse con la ley y no aprobar un artículo que, de alguna manera, la desconoce y le da un toque de realismo a un hecho que consideramos que es absolutamente injusto. Por lo tanto, la Coordinadora Nacional solicita el respeto a los conceptos y a la filosofía con que los señores Legisladores crearon en la ley el Fondo Nacional de Recursos como un hecho de base solidaria, donde todos los habitantes de este país debían hacer un pequeño aporte a los efectos de que todos ellos tuvieran acceso a la alta tecnología. El hecho de que el Estado deje de aportar por prepago transformaría al Fondo Nacional en un Fondo meramente empresarial de las instituciones de medicina colectiva, con la paradoja de que sería un Fondo donde aportaría el sector privado pero tendría la mayoría administrativa del sector público. Esto va a traer consecuencias, como, por ejemplo, que el sector privado tenga que hacer su propio Fondo con leyes y con juegos no incluidos hoy en los servicios de la medicina altamente especializada. No creemos que ésta sea la mejor vía, y el mejor destino para la medicina de alto costo y pretendemos que se cumpla con la ley madre que marca que este es un Fondo Nacional de Asistencia Médica. El aporte debe hacerse tal como lo estipuló la ley en su momento. En ese sentido, no es de recibo para esta Coordinadora la excusa que ha puesto el Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas de no hacer los aportes a un Fondo porque no conoce el número de los carnés o de los beneficiarios de Salud Pública. Entendemos que eso es una excusa y entendemos que no habría inconvenientes en poder cumplir la ley, de acuerdo a lo que ella establecía. Asimismo, esta excusa no incluye a Sanidad Militar y Policial, que se sabe perfectamente quiénes la componen y cuántos son los que utilizan el servicio.

Queríamos hacer hincapié en esos dos artículos, porque nos parecen los más trascendentes, aunque por supuesto hay otros que están vinculados al sector, que también son importantes, pero deseamos focalizar nuestra angustia en estos dos, porque entendemos que son sustanciales. Los otros son adjetivos con respecto a estos. Si se aprueba cobrar el IVA a la salud y la modificación de la financiación de la medicina de alto costo, todo lo demás será lo de menos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido disculpas por quitarle unos minutos del tiempo de que disponen, pero debo hacer una consulta a los señores Senadores a los efectos de alterar el orden del día. En sala de espera están los integrantes de la Federación Uruguaya de Padres de Personas con Capacidades Mentales Diferentes, que tenían audiencia a la hora 17. En virtud de que estamos atrasados en el orden del día y teniendo en cuenta que deben ir a cuidar a sus hijos, nos solicitaron si podíamos atenderlos ahora, porque tienen problemas de horario. En ese sentido, solicito autorización a los integrantes de la Subcomisión a esos efectos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá.

SEÑOR MICHELINI.- Con respecto al artículo 267, el señor Ministro dejó en claro que no tenía ningún problema de que se mandara a la Comisión de Salud Pública y se sacara del Presupuesto. Hoy el Ministerio de Economía y Finanzas paga tal como viene el artículo y, en función de eso, el titular de la Cartera dijo que se podría estudiar y discutir más, y que no habría que aprobarlo en el Presupuesto. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo seguirá pagando de la misma manera. Personalmente, entiendo que esto abrió una puerta de diálogo y de conversación muy interesante. No he escuchado de parte del Poder Ejecutivo ni de ningún señor Senadores una actitud contraria a que este artículo se mande a la Comisión de Salud Pública para discutirse con tranquilidad. Esto no quiere decir que el Poder Ejecutivo esté legalmente habilitado para hacer lo que está haciendo. Hay una situación de hecho que se mantiene y, por lo tanto, se podrá discutir con tranquilidad este tema.

Entonces, entiendo que éste quedaría tal cual está y, dado que el Ministro dijo que no habría problema, espero que el artículo se desglose y se mande a la Comisión de Salud Pública.

En lo que tiene que ver con el artículo 135, nos queremos informar, porque nos damos cuenta de algunas cosas que deberían ser aportadas por quienes armaron el Mensaje Complementario. En ese sentido, me pregunto cuánto se va a recaudar por esto. Aparentemente habría tres capítulos. Uno que tiene que ver con la medicina privada de alto sector social que, aparentemente, incluiría alrededor de 60.000 personas y cuya recaudación sería menor. Sé que el tema no corresponde a quienes nos visitan, pero quizás tienen alguna idea de cuánto se recaudaría por ello.

En el segundo capítulo estaría comprendida una franja que aparentemente sería de entre U$S 10:000.000 y U$S 12:000.000, que según se me dijo corresponde a las emergencias móviles.

El tercer capítulo, aparentemente el más importante, estaría comprendido por todos los proveedores de las mutualistas o cooperativas médicas -no sé cuanto es-, y sería bueno tener una idea de los montos. Según la información que tengo, el "descuento" no existe porque no se puede facturar. Es decir, hay proveedores que ya le facturan IVA, porque el sector mutualista o cooperativa médica actúa como consumidor final; por ejemplo, estoy pensando en el teléfono, en la electricidad o en los medicamentos, aunque hay otros, del propio sector de la salud, que no facturan con IVA. Este es un incremento real en una salud bastante desfinanciada. La pregunta es: ¿cuánto calculan que va a hacer y en cuánto consideran que se desfinanciaría el sector? Evidentemente, lo pregunto en términos promediales. ¿Esto hay que financiarlo con un aumento de la cuota? Si es así, ¿qué perdidas se podrían percibir por desafiliación?

SEÑOR BLANKLEIDER.- Quiero hacer una aclaración previa. Además de considerar a la salud como un bien primordial, las instituciones de este tipo no son sujetos pasivos de IVA. Quiere decir que no cobran ni facturan IVA, a diferencia de lo que podrían ser los seguros mencionados por el señor Senador Michelini. En el caso de esos seguros el perjuicio sería un incremento de cuota para sus afiliados, pero para el seguro en sí mismo no sería una pérdida. Eventualmente, podría perder algún afiliado cuyo poder adquisitivo si bien es alto, no le permitiría solventar un 14% más de costo.

SEÑOR BLANKLEIDER.- Sí, señor Senador, lo descuenta. Es cierto que se maneja una cifra aproximada a U$S 3:000.000 como rendimiento del impuesto en esa franja.

En la franja de las emergencias móviles, se calculaban unos U$S 10:000.000 por el impuesto, pero la situación es parecida. En el sector IAMC, la precisión esencial es que, al no tener fines de lucro -así está determinado en la Ley Nº 15.181- no son sujetos pasivos de IVA, por lo cual el IVA que pagan significa un costo. Este es un punto que ya mencionó el Dr. Mogni, pero me parece importante insistir en él. Desde luego, esta posibilidad es tentadora, porque el cálculo que se hace de los rendimientos que podría tener el impuesto a este sector oscilaría entre los U$S 35:000.000 y los U$S 40:000.000, que no es una cifra menor. Pero reitero: para las IAMC esto representa un aumento de costos, es decir, el costo de operación de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva -que son solidarias por principio y equitativas en la distribución de la asistencia, porque ésta no depende de quien tenga más o menos y todos los afiliados pagan aproximadamente la misma cuota- se incrementaría en unos U$S 40:000.000. Esta cifra no se distribuiría en forma idéntica en todas las instituciones, porque aquellas que son autosuficientes y compran pocos servicios -es decir, las grandes instituciones que tienen tomografía, servicios especiales, etcétera, y que contratan a los anestesistas como técnicos propios, por lo cual estos no les facturan- se verían muy escasamente afectadas. Las más perjudicadas serían las instituciones que no cuentan con sanatorio propio y compran servicios en los sanatorios del medio: Italiano, Americano, Español, Británico y, eventualmente, algunos otros. En efecto, a estas instituciones el servicio les sería facturado, por lo cual tendrían un incremento de costos que no bajaría del 7% u 8%. Esto no se vería compensado por el aumento del 2.5% o 2.6% que hoy está estimando el Ministerio de Economía y Finanzas. Para estas instituciones, el descaecimiento de su capacidad de pago sería inmediato y la desaparición, un hecho probable. Muchas de ellas son las que actualmente están mejor colocadas desde el punto de vista económico-financiero, y las liquidaríamos inevitablemente.

El doctor Mogni tocó tres o cuatro puntos que el Ministerio de Economía y Finanzas no consideró cuando valoró la incorporación del IVA a nuestro sector, y me parece muy importante redundar en ellos. Concretamente, este impuesto genera un aumento de cuotas, que repercute en un aumento del gasto familiar. Por lo tanto, aquellas familias que hoy están en el límite muy probablemente tengan que recurrir a la desafiliación, sobre todo de los sujetos más jóvenes, es decir, los que tengan menos riesgos. Paralelamente, hay un aumento de costo de las empresas por sus trabajadores afiliados al BPS. No debemos olvidar que el aporte por el gasto en salud que se hace al BPS tiene un componente de los trabajadores y otro, que es mayor, de las empresas. Como los salarios no aumentan, el aporte por los trabajadores no aumentaría, pero sí se incrementaría el costo de las empresas, lo cual redundaría en un aumento del costo país, como dijo el doctor Mogni.

Por otro lado, disminuiría la cantidad de afiliados de las IAMC, y ello implicaría una disminución del trabajo, lo que redundaría en una pérdida de puestos de trabajo en el sector. Además, aumentaría el número de subsidiarios del Ministerio de Salud Pública, con el consiguiente aumento del costo para el Estado.

Quiere decir que es un impuesto que generaría muchas penas y dudamos que tenga sensibilidad social.

Por eso, pensamos que no debería aplicarse este impuesto, por lo menos al sector IAMC.

SEÑOR MICHELINI.- Concuerdo en que tarde o temprano esto va a terminar en un aumento del costo país, y en algunos casos rápidamente, pero quisiera saber si se tiene idea de cuánto sería el aumento de costos para el Ministerio de Salud Pública, independientemente de que pague estos servicios a los nueve meses y esto pueda implicar el quiebre de ciertas mutualistas o sanatorios.

SEÑOR MOGNI.- No tenemos las cifras justas de lo que está gastando o va a gastar el Ministerio de Salud Pública, pero debemos recordar que no sólo va a sufrir un perjuicio por tener que pagar el IVA de los servicios que va a comprar. Justamente, hace poco tiempo estuvo en discusión en este mismo ámbito todo el tema de los más de 4.000 contratos de las Comisiones de Apoyo. Todas estas personas quedaron, con arreglo al decreto, como funcionarios contratados; por lo tanto, todas ellas van a pagar IVA.

Insisto en que no sabemos cuánto gasta el Ministerio de Salud Pública en la compra de servicios, porque además no compra solamente en el sector IAMC, sino que lo hace también en sanatorios privados, clínicas privadas de diagnóstico y tratamiento, etcétera. Pero reitero que debemos considerar también el IVA de los médicos contratados, que aún no sabemos si será un 14% o un 23%.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por la información brindada a la Comisión y les comunicamos que la versión taquigráfica de esta sesión será entregada a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva)

(Ingresa a Sala la delegación de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Capacidades Mentales Diferentes)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, damos la bienvenida a los representantes de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Capacidades Mentales Diferentes, a quienes ofrecemos el uso de la palabra.

SEÑORA MÉNDEZ.- Como Secretaria de nuestra Institución, quiero agradecer a esta Subcomisión que nos hayan recibido antes de lo previsto.

Nuestra Federación representa a padres de 25 asociaciones de todo el país y, concretamente, relacionadas con discapacidades intelectuales. Queremos hacer notar esa diferencia porque las personas con discapacidades físicas o sensoriales, tienen sus instituciones y pueden defender sus derechos por sí mismos. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidades intelectuales, somos los padres quienes asumimos ese rol.

Estas asociaciones existen en todo el país y los padres se nuclean debido a la falta de servicios existentes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la estimulación temprana y la foniatría. Si bien en Montevideo existen los servicios que presta el Banco de Previsión Social y escuelas especializadas, tenemos que pensar en lo que significa, precisamente, el centralismo, que implica que dichos servicios estén radicados en nuestra capital. Esto hace aún más importante el trabajo de una institución que nuclee la acción de todas estas asociaciones que están, de alguna manera, desperdigadas y carentes de apoyo.

A todo esto debe agregarse la situación de pobreza, que es, también, una gran generadora de discapacidad. Pensemos en una familia con un hijo con una discapacidad intelectual y en situación de pobreza, seguramente, esa discapacidad aumentará todavía más.

No sé si los señores Senadores han tenido oportunidad de leer el repartido que les hemos dejado, pero allí se habla de una de las modalidades de trabajo que es, por ejemplo, la de reunirnos en distintos lugares del interior del país, anualmente, a los efectos de tener un contacto más frecuente con las instituciones que trabajan en este campo. Esto nos ha significado un esfuerzo económico, a pesar de que recibimos un subsidio, por parte del Estado, que alcanza la suma de $ 101.000. En verdad, tenemos que hacer maravillas con ese dinero, pues alquilamos un pequeño local y pagamos el salario a una Secretaria que trabaja diez horas semanales. Evidentemente, toda esta tarea puede llevarse adelante mediante el esfuerzo de los padres que trabajamos en estas asociaciones e integramos, a la vez, esta Federación que nos nuclea a todos. Tal vez puede parecer utópico que pidamos un aumento en ese subsidio, sobre todo, cuando se trata de recortar otros rubros pero, realmente, el trabajo que hacemos necesita una profundización.

SEÑOR FAY.- Quería agregar que el objetivo de la Federación es apuntalar la acción de estas asociaciones que, por otra parte, existen porque las familias, ante la nueva situación de vida que se les presenta por tener un integrante con discapacidad intelectual en su seno, lo primero que buscan es ayuda entre quienes están viviendo la misma situación. A partir de ahí surgen las asociaciones y muchas de ellas se nuclean en función de una discapacidad específica. La Federación que representamos nuclea a estas asociaciones a los efectos de coordinar los esfuerzos y, concretamente, buscamos que aquellos familiares que las integran no se sientan solos y puedan tener medios económicos como para lograr un mejor desarrollo del discapacitado.

Los encuentros nacionales son de fundamental importancia y, para que los señores Senadores tengan una idea cabal, podemos decir que hay familias que van con sus hijos a esos encuentros que, a veces, duran toda una jornada o una jornada y media. Por ejemplo, este tipo de encuentros los hemos tenido en la ciudad de Maldonado, Salto, Canelones y Montevideo y su objetivo es que las familias de todo el país se reúnan. Además, buscamos que si hay un impedimento no sea el económico y que realmente estas familias puedan asistir a esos encuentros para obtener información, pues en ellos no participamos no sólo los familiares, sino también técnicos, tanto del Banco de Previsión Social como del área judicial.

Con la subvención que el Estado nos otorgó a través de la Ley de Presupuesto anterior -que quisiéramos mantener y, si es posible, aumentar- pretendemos organizar algo nacional. Sabemos que es muy difícil pasar de una institución montevideana a una federación nacional y sabemos también que no somos los únicos que lo necesitamos, pero nuestra intención es llevar toda la información que tenemos al interior del país a través de seminarios, charlas y jornadas sobre discapacitados, en las que participen los padres y toda la familia. De manera que apuntamos al desarrollo de nuestros hijos porque eso es muy importante -sobre todo, a nivel del Estado y concretamente en primaria; lamentablemente, después de los catorce o quince años no hay una organización que los atienda, salvo a nivel privado- y, también, al de la familia mediante el seguimiento correspondiente. Realmente es muy difícil para los familiares porque, muchas veces, se tiende a atender a ese integrante discapacitado y se deja de lado al resto de la familia. Desgraciadamente, esta circunstancia se ve agravada por la pobreza y por la propia crisis que surge ante la nueva situación.

La idea, entonces, es tratar de llevar todos los elementos de fortalecimiento que podamos como, por ejemplo, la experiencia de otras asociaciones, de otros países, de familiares y técnicos a todo el país y que no necesariamente las familias del interior tengan que trasladarse a Montevideo, sino que los técnicos puedan ir a las distintas ciudades para desarrollar los encuentros y charlas que se requieran. De manera que este es el motivo y la esencia que nos mueve a solicitar este dinero.

Cabe agregar -los señores Senadores podrán informarse- que nuestra Institución tiene mucha prolijidad en lo que respecta a las rendiciones de cuentas que nos exige el Tribunal de Cuentas. Como es por todos conocido el nuevo sistema integrado de información financiera, toda la Administración Pública cambia y nosotros también pero, en nuestro caso, ese cambio nos encontró bien posicionados porque hemos cumplido regularmente con las rendiciones de cuentas.

SEÑOR NIN NOVOA.- En verdad, no teníamos la información pero, seguramente, ello se debe al fárrago de papeles que está manejando la Secretaría en estos momentos, que ha actuado muy bien, por lo que creo que esto no debe atribuirse más que al cansancio o a la "sobredosis" laboral.

Creo entender que lo que pretenden es mantener la subvención del Estado y, si no me equivoco, en el Mensaje Complementario y en el original figura una partida de $ 102.000. En tal sentido, me gustaría saber, por lo menos a título informativo, cuántas personas nuclea este movimiento, no me refiero tanto a los padres sino a los niños que integra o personas con capacidades diferentes.

SEÑORA MÉNDEZ.- En realidad, en nuestro país no existen estadísticas y nosotros nos manejamos con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que habla del 10 % de la población. De ese 10 %, se calcula que el 5 % o el 6 % son los afectados con discapacidad intelectual. Nuestra Federación nuclea a veinticinco asociaciones de distintos lugares del país aunque, evidentemente, no son todas las que existen. En los encuentros a que hicimos referencia asisten aproximadamente trescientas personas, pero no podemos ser precisos para establecer a cuántas personas involucra este problema.

SEÑOR FAY.- Quisiera destacar una particularidad que nos caracteriza y es que, para movernos, tenemos que resolver el tema de la familia. Dicho de otro modo, para que los encuentros nacionales sean exitosos tenemos que organizarlos en función de que es toda una familia la que se moviliza, y no solamente un padre o una madre, porque el objetivo es que pueda ir todo el que quiera. En el encuentro de Maldonado había 260 personas y en Salto fueron un poco más -en este caso, inclusive, hubo que pagar una noche extra de hotel-, pero no podemos dar un número exacto de aquellos a quienes representamos. Sabemos de la cantidad que se trata cuando nos vemos; hay 25 asociaciones activas, donde 10 son de Montevideo y el resto del interior del país, pero esto no es una situación permanente. Todos conocemos que, en cualquier orden, la presentación de asociaciones es cambiante, hay gente que se va integrando y otra que se retira.

SEÑORA DABIZIES.- En lo que tiene que ver con los niños, se ocupa cada asociación, ya que su tarea es específica. Por ejemplo, yo represento a la Asociación Down del Uruguay y allí desarrollamos muchas tareas con los chicos. El objetivo general de la Federación de Padres es, precisamente, dar a las familias una cantidad de elementos con los que no cuentan, por eso se brindan cursos para padres, pero en realidad estamos en pañales en estos asuntos. Queremos fortalecernos en este sentido y en esos encuentros se dan apoyos técnicos, ya sea en la parte jurídica o, como sucedió en Salto, cuando se dictó un curso, muy interesante, sobre sexología.

SEÑORA ARISMENDI.- Es obvio que en una instancia de Subcomisión, en el marco del Presupuesto Nacional, se hace muy difícil profundizar, como nos gustaría, para dejar de relieve toda la significación que tiene este trabajo, todo el entramado que existe entre las distintas asociaciones y la propia Federación en lo que hace a la familia. Además, esto está muy vinculado a las carencias que, por otro lado, tenemos a nivel de las instituciones públicas, ya sea en la enseñanza, en el marco de la ANEP, como fuera de ella, a partir de las edades en las que ya no existe un lugar para trabajar y poder desarrollar al máximo las capacidades. Sabemos que actualmente, en otros países, se ha alcanzado un desarrollo a nivel científico muy importante, incluyendo lo que es la propia capacitación y formación profesional que, en otro momento, fue orgullo del Uruguay con respecto a los docentes y a las especialidades, aunque ha decaído de manera dramática. Como decía claramente mi colega, la maestra Dabizies, la educación para la familia y para los padres es un trabajo excepcional que se hace a través de organizaciones de este tipo.

Mi pregunta concreta -si no tienen la información ahora, nosotros contamos con los documentos como para buscarla en otro momento- tiene que ver con la partida que está prevista en este Presupuesto, tanto en el Mensaje original como en el Complementario, en comparación con la del Presupuesto anterior.

SEÑOR FAY.- En realidad no sabemos; tenemos idea de que es la misma, más allá de que se iban a agregar instituciones de otras áreas, se recibían las mismas cantidades con valores actualizados.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias agradece a la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Capacidades Mentales Diferentes y les informa que la versión taquigráfica de sus expresiones será remitida a todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los integrantes de la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Capacidades Mentales Diferentes)

(Ingresan a Sala los representantes de la Federación de Trabajadores Aeronáuticos)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda da la bienvenida a los señores representantes de la Federación de Trabajadores Aeronáuticos.

SEÑOR REYES.- Soy integrante de la Directiva de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay. La razón por la que hemos venido es el artículo que ahora tiene el número 68 y es una propuesta del Ministerio de Defensa Nacional donde, básicamente, se destacan dos aspectos fundamentales. Por un lado, se pretende congelar los sueldos de los funcionarios que trabajan, no sólo en el Aeropuerto, sino en todos los organismos de Aviación Civil y, por el otro, se intenta unificar estos organismos, que actualmente son tres, en uno solo.

La unificación que se propone, a pesar de que en la exposición de motivos el señor Subsecretario y otras autoridades del Ministerio han expresado lo contrario, va en contra de lo que propone, recomienda y sostiene la Asociación Internacional de Aviación Civil, Organismo de las Naciones Unidas que regula, en materia internacional, todo lo relativo a este tema. A este respecto, hemos entregado material en las diversas bancadas y luego lo haremos personalmente con cada Legislador. A modo de aclaración, podemos decir que se pretende unificar lo que es el organismo inspector, el que regula la actividad y la inspecciona, que es la Dirección General de Aviación Civil, con el organismo que brinda los servicios de aeropuerto y de navegación aérea, o sea, la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica. Se trata de una fórmula que en todo el mundo, a lo largo de la historia de la Humanidad, en las distintas actividades humanas, se ha demostrado que no resulta. No se puede ser Juez y parte; la misma persona que brinda los servicios no puede ser la misma que se autocontrola y quien determina si se está cumpliendo con las normas de seguridad y otras, que regulan la actividad de la Aviación Civil Internacional, que es muy compleja.

De esta forma, vemos que la propuesta de unificar esas partes va en contra de lo que indican todos los organismos especializados en materia de Aviación Civil y el propio CEPRE, es decir, el Comité Especial Para la Reforma del Estado, lo que sabemos por haber mantenido conversaciones con su Presidente, el contador Cobas; ellos recomiendan, exactamente, lo contrario. No se debe unir aquellos organismos que regulan e inspeccionan, con aquellos que brindan directamente los servicios.

Por otro lado, a través de este artículo, se propone derogar otros de otras leyes de Rendiciones de Cuenta en las cuales se consagra participación de los ingresos de la DGIA, principalmente, y de la DGAC a los funcionarios de estos organismos. A partir de la Rendición de Cuentas de 1992, a través del artículo 511, se logró una participación de un 33% para los funcionarios, de los ingresos de los aeropuertos y servicios de navegación aérea. Es muy importante recordar que dicho artículo, no sólo consagra la participación porcentual de los sueldos de los funcionarios, sino que regula prácticamente toda la ecuación económica de la DGIA porque se comanda no menos de un 35% en inversiones y debido a las transferencias que ya existían por ley, y otras que se crearon por leyes posteriores, de alguna manera queda acotada toda la ecuación económica, quedando aproximadamente un 35% para inversiones, un 33% para sueldos y beneficios sociales -este tema es muy importante y a continuación hablaremos de él- alrededor de un 19% para transferencias y el resto, que es un 13%, para gastos de funcionamiento.

Quiero aclarar a los señores Senadores que previo a la aprobación del artículo 511 el Organismo gastaba un 50% de lo que recaudaba en gastos de funcionamiento. No recuerdo de memoria todas las ecuaciones de otras reparticiones del Estado, pero quiero decirle a los señores Senadores que si buscamos ejemplos de éstas dentro de la Administración Pública, difícilmente vayamos a encontrar alguna que, por lo menos en los números, esté tan lógicamente balanceada. Si hacemos un análisis más profundo se podrán encontrar errores o carencias de administración que, justamente, se deben a esa administración.

Con el fin de ampliar lo que señalé anteriormente, es importante recordar que el 33% -el que se consagra a partir del artículo 511- no sólo se destina a sueldos sino también a beneficios sociales, es decir que todo lo que implica aporte patronal está incluido en ese 33%. Esto no significa que si el aeropuerto recauda $ 20:000.000, el 33% se destina al sueldo de los funcionarios; esto no es así. Una parte va directamente a los bolsillos de los funcionarios y otra atañe a todos los aportes patronales y beneficios sociales. Nosotros pensamos que si en este aspecto se van a provocar cambios, tienen que ser para llegar a algo mejor. No vemos que la propuesta a través de este artículo 68 pretenda o dé los lineamientos para que el cambio sea para llegar a algo mejor, sino que lo que pretende es mantener la situación tal como está y en el plano formal si se quiere, establecer más aún el dominio de la Fuerza Aérea sobre la Aviación Civil del Uruguay. Esta es otra de las cosas que los señores Senadores tienen que tener muy en cuenta; hoy por hoy y desde hace 20 años atrás, las políticas de Estado respecto a la Aviación Civil, no las manejan los poderes políticos, ni el Gobierno, sino que lo hace el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Hoy por hoy, en los tres organismos que se pretenden unificar son: DINACIA, DGAC y DGIA, están todos los cargos de dirección ocupados por señores Oficiales de la Fuerza Aérea en actividad. Esto significa que todos estos Oficiales están sujetos al mando y jerarquía del Comando General de la Fuerza Aérea, por lo cual la unificación que se pretende a través del aspecto formal de la ley escrita, en los hechos, hace tiempo que viene funcionando. La unicidad de mandos existe desde hace tiempo y, justamente, nosotros sostenemos que esta unicidad de mando es la que determina la situación desastrosa en la cual no sólo hoy se encuentra el Aeropuerto de Carrasco, sino todo el sistema de Aviación Civil en el Uruguay. Como supongo, la mayoría de los señores Senadores conocerán que Uruguay hoy está sufriendo sanciones de la Administración Federal de Aviación -es decir, la agencia estatal estadounidense que se encarga de todo lo referente a la aviación-, por no cumplir con las normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. La misma impide que compañías de bandera uruguaya puedan volar a territorio de Estados Unidos. Además, no sé si los señores Senadores estarán en conocimiento, de que las superficies aeronáuticas del Aeropuerto de Carrasco -me refiero a las pistas de aterrizaje y despegue, las calles de rodaje y las plataformas donde estacionan los aviones- tienen la vida útil caduca desde hace 10 años. En el año 1980, se encararon algunas obras de reforma, de repavimentación y refuerzo de las superficies aeronáuticas, las que se calculaba que tenían una vida útil de 10 años. Por lo tanto, en 1990, caducó, repito, la vida útil de las superficies aeronáuticas. En este momento estamos en un proceso de recomenzar unas obras, luego de que se tiró para atrás -como es de conocimiento de todos- la licitación. El propio Estado va a hacer quien haga y pague estas obras pero, de cualquier manera, quiero señalar la carencia y precariedad de toda la situación reglamentaria y de infraestructura en la que nos encontramos gracias a una mala administración. Entendemos que este artículo no propende al mejoramiento de ninguno de estos aspectos que señalábamos y que son fundamentales. Como dije anteriormente, pensamos que tiene que ser el poder político el que tenga el control, el diseño y la implementación de políticas aeronáuticas que necesariamente tienen que ser políticas nacionales, de país. Como manifesté al principio, estas políticas son manejadas por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

SEÑOR DEL DUCA.- Soy el Presidente de la Asociación de Técnicos en Electrónica Aeronáutica. Afirmando las palabras de mi compañero que me precediera en el uso de la palabra, quiero señalar que, por supuesto, estamos en contra de este artículo que propone dos cosas fundamentales. Una de ellas es la fusión de lo que hoy son tres organismos como son: la DINACIA -Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica- la DGAC -Dirección General de Aviación Civil- y la DGIA -Dirección General de Infraestructura Aeronáutica-. En el año 1999, como había que regular, el Gobierno nombró a la DINACIA como autoridad aeronáutica y bajo su mando la DGAC y la DGIA. Hoy, a un año, alegando cumplimientos de normativas internacionales, se pretende borrar con el codo lo que se escribió hace un año y fusionar las tres unidades en una sola, con el fin de lograr un mejor gerenciamiento de la actividad. Nosotros decimos que no porque, en definitiva, todo está bajo un mando único que es el de la Fuerza Aérea y, por lo tanto, existe una unicidad de mando.

En una exposición de motivos realizada por el Brigadier Giorcia al Ministro de Defensa Nacional se dice que en lo que respecta a la estructura y organización, se propone la fusión de las actuales unidades ejecutoras para mejorar y desarrollar los procesos gerenciales de modo que permitan ejercer una eficiente y eficaz administración del Organismo. En el año 1999, cuando se dicta el decreto se habla de la necesidad de reglamentar la organización y funcionamiento de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, de acuerdo a la nueva realidad de la industria aeronáutica, del transporte aéreo comercial y a las recomendaciones formuladas por la Organización de Aviación Civil Internacional, teniendo en cuenta que la realidad aeronáutica había cambiado. Entonces, a un año de eso volvemos a cambiarlo en una fusión que nosotros entendemos innecesaria porque lo que no ha funcionado es, justamente, el gerenciamiento. Aclaro que esa fusión perjudica a los funcionarios y a la actividad aeronáutica en general. Perjudica a los funcionarios, porque a través de esa fusión también se deroga el artículo 511 que da una participación –por supuesto a los funcionarios de los ingresos del organismo- y permite que sus salarios sean mejorados en función de la mejora del organismo. Quiere decir que desde hace unos años estamos participando de lo que son las recaudaciones del organismo, pero en función de las mejoras que se consiguen. Esto ha sido una motivación para que los propios funcionarios se mantengan dentro del organismo y no renuncien o tengan que buscar otras mejoras salariales en otro lugar.

En la exposición de motivos elevada por el Brigadier General Aviador Ghiorsi se dice: "El mejor servicio validará a la institución frente a sus usuarios y a la opinión pública y generará una dinámica de autoestima en el organismo," -no vemos cómo se puede generar autoestima si nos rebajan los sueldos- "que se verá favorecido por una actitud positiva de parte de quienes están más cerca de él. Se propicia el eficaz desempeño del factor humano, destinándose los recursos necesarios para lograr un nivel remunerativo adecuado al producto estratégico esperado, en una organización de esta entidad y responsabilidad tanto a nivel nacional como internacional".

Entonces, vemos que en la letra se dice que todo está muy bien, pero en la práctica es al revés porque se nos desmotiva quitándonos la posibilidad de tener hoy un salario mejor.

A su vez, se dice que se han tenido en cuenta para esta función las Resoluciones de la Asamblea de la OACI y los Anexos Técnicos al Convenio de Chicago, que contienen normas y procedimientos recomendados, de aplicación necesaria y conveniente.

Si nosotros vamos al Manual de Gestión y Planificación de la Aviación Civil, el cual se edita por primera vez en diciembre de l997, observamos que allí se expresa exactamente lo contrario a lo que es la fusión. A continuación voy a dar lectura del documento. En el Capitulo 1, en el punto 1.1.2 se dice lo siguiente: "Criterios de organización importantes.- A partir de la definición de las funciones que le compete a la administración de aviación civil, se identificarán los recursos y tareas compartidos y aquellos que deben ser tratados de forma independiente. Al respecto, es importante separar las funciones que son incompatibles entre sí, como es el caso de la función regulación y fiscalización (a las empresas o personas que actúan en aviación civil) con la función de servicio a estos mismos agentes, como son la administración de aeropuertos y las demás funciones que tienen relación con servicios. A su vez, es necesario agrupar las funciones que deben tener un alto grado de coordinación entre sí, como los servicios de tránsito aéreo y de comunicaciones y ayudas a la navegación. Se recomienda poner énfasis en conceptos como la descentralización y la empresarización de las tareas más ejecutivas en un enfoque de gestión hacia el usuario. También, como se ha señalado, es recomendable buscar formas de organización que promuevan la separación de la función reguladora y fiscalizadora de las funciones relacionadas con los servicios al usuario".

Por un lado, estamos diciendo que estamos cumpliendo con el Manual y, por otro, estamos haciendo totalmente lo contrario. Creemos que quizás no se haya pensado lo suficiente en este tema y consideramos que no es correcto lo que se está haciendo porque no es beneficioso para el país, para la aeronáutica ni para los funcionarios, como se ha pretendido decir.

Para ilustrar esto último, vamos a mencionar que el señor Subsecretario, en una Comisión de la Cámara de Representantes, ante una pregunta de los Diputados Penadés y Bayardi, dijo que lo que estaba planteando este último Legislador sería la meta o la aspiración de que sucediera, y no sólo dentro de las unidades o los Incisos, sino dentro del Estado en general. Se estaba haciendo referencia a que, a igual trabajo, igual remuneración. El señor Subsecretario continuó diciendo que la situación por la convivencia diaria podía ser peor, pero que la alternativa era hacerlo de aquella manera o no hacerlo. Dijo que, aparentemente, el mal menor era hacerlo así y poder recategorizar el aeropuerto.

Quiere decir que se reconoce que esto es un mal y, aparentemente, el mal menor es perjudicar a los funcionarios. Verdaderamente, consideramos que esto no es serio, por lo que merece una revisión. Es por eso que estamos pidiendo a los señores Senadores que se reconsidere este tema y, por supuesto, estamos dispuesto a brindar toda la información de la que disponemos, así como también nuestra experiencia a los efectos de poder esclarecer este tema.

Por último, agregamos que actualmente estamos en conflicto, a los efectos que se nos escuche y podamos decir esta verdad revelando estas cosas, pues estamos convencidos de que no favorecerán de ninguna manera a la aeronáutica sino que, por el contrario, perjudicarán a los funcionarios.

SEÑOR MICHELINI.- Como aquí se ha hablado de órganos de control y órganos de ejecución, pediría que se nos acercara a la brevedad por lo menos media carilla en la cual se explicara las tareas de cada uno de ellos. Verdaderamente, sería muy importante contar con ese material.

SEÑOR REYES.- Al principio señalé que se había repartido una copia para cada bancada de un material escrito donde se explica claramente todo esto. Acercaremos una copia también al señor Senador Michelini. A su vez, tal como se ha dicho, estamos abiertos para responder cualquier consulta que se nos desee hacer.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar constancia de que nosotros, incluso, propusimos que algunas de estas áreas no estuvieran vinculadas a este Ministerio. Independientemente del hecho de que se consiga o no voluntad política para ello, sería bueno, por lo menos, no hacer esta fusión, pues sería peor, todavía.

SEÑOR FILIPPI.- Mis compañeros omitieron decir que este organismo autofinancia todo su presupuesto, incluso los sueldos.

Algo que tampoco se dijo aquí es que si se piensa que se van a incrementar los impuesto y la recaudación del organismo con el propósito de financiar las obras del Aeropuerto de Carrasco, debemos señalar que no se tuvieron en cuenta algunas transferencias que hace el organismo a otras unidades, como por ejemplo, el 5% a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Turismo, a la Dirección General de Aviación Civil, a la Dirección Nacional de Meteorología y a la prensa del interior. Para ahorrar, solamente se tomaron en cuenta nuestros sueldos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los representantes de la Federación de Trabajadores Aeronáuticos su presencia en la tarde de hoy y la información que han brindado.

(Se retiran de Sala los representantes de la Federación de Trabajadores Aeronáuticos)

(Ingresan a Sala representantes de la Organización Nacional Prolaboral para Lisiados, ONPLI)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la Organización Nacional Prolaboral para Lisiados, ONPLI.

SEÑOR REYES.- No sólo somos integrantes de ONPLI, sino directivos. Como habrán notado al ingresar a esta Sala, somos personas con discapacidad y la reconocemos, un poco en broma y un poco en serio.

Representamos esta Institución desde hace mucho años y hoy venimos, una vez más, a informarles el motivo por el cual ONPLI necesita seguir contando con el apoyo de las subvenciones que recibe desde hace algún tiempo. Lamentablemente, no es lo usual en el estilo del funcionamiento institucional en el Uruguay que organizaciones de este tipo estén dirigidas, administradas y trabajadas por personas como nosotros, con discapacidad. Esta Institución es distinta a las demás y esto lo reafirmo en cada oportunidad que tengo. Es distinta porque son las mismas personas con discapacidad quienes que se representan, trabajan, dirigen y que tienen por cometido aquel que posee ONPLI desde el año 1972, que fue cuando se creó: el fomentar puestos de trabajo para personas con discapacidad. Esta es la tarea fundamental que realiza ONPLI y de ahí sale su nombre, Organización Nacional Prolaboral para Lisiados. Pero no es lo único que realiza ONPLI porque, evidentemente, complementa el trabajo de la Institución con el deporte, como medio de rehabilitación, con la parte social, que también es importante pero, fundamentalmente, apunta a crear fuentes de trabajo a personas con discapacidad. Para ello ONPLI ha revertido distintas situaciones como, por ejemplo, la del taller protegido. El taller protegido que todos conocemos y que hemos visto en alguna oportunidad es un buen medio para buscar una labor-terapia o un taller ocupacional para las personas con discapacidad que realizan un período de rehabilitación. Pero, lamentablemente, en muy pocos casos han sido los talleres protegidos los que brindan al trabajador la posibilidad de ganar un jornal digno o acorde a la tarea que realizan. Por eso esta Institución, desde un principio, creó los talleres operativos y hoy ha transformado –como ocurre con tantos aspectos, en el correr de la vida de las instituciones- este tipo de talleres en pequeñas empresas, propiedad de la institución, que son administradas y dirigidas por las mismas personas con discapacidad.

Queremos señalar que ONPLI hoy tiene 35 trabajadores discapacitados activos, más de 40 deportistas discapacitados, en las distintas áreas y alrededor de 400 socios discapacitados activos. También hemos creado la primera cooperativa de viviendas para personas con discapacidad de América Latina –que tiene 20 viviendas- y está en formación la segunda cooperativa, que va a construir 30 viviendas más. Con todo este grupo de gente ONPLI intenta hacer rehabilitación con mayúscula, o sea, para integrar a las personas con discapacidad en el deporte, en el trabajo, en la educación y en lo social. Para todo esto, obviamente, precisamos de la ayuda de todos. El tema de la discapacidad no es un problema de los discapacitados, sino de todas las personas que habitan en este país, y en el resto del mundo también porque cada país tiene su realidad. Por suerte, no hemos tenido la experiencia de tener discapacitados por secuelas de guerra, pero lamentablemente existen otras guerras: el tránsito, los accidentes laborales, etcétera, que generan día a día personas con discapacidad. En estos casos, es donde las instituciones juegan un papel principal, porque no sólo orientan, sino que también integran a la persona como ser útil, como trabajador y no como una carga social. En este aspecto, hay muchas cosas por cambiar. Por ejemplo, muchas veces sucede que cuando un trabajador tiene un accidente que lo condiciona a una discapacidad, en forma parcial o permanente, lo primero que se busca es tratar de jubilarlo o pensionarlo para que esa persona no realice una actividad laboral. Nuestra Institución está totalmente en desacuerdo con esto y trata de que esa persona pase por un período de rehabilitación, para que luego forme filas en la parte activa y productiva del país. Evidentemente, cuando la discapacidad no lo permite, entonces sí se busca una jubilación digna para que esa persona pase sus días de la mejor manera. La experiencia de todos estos años nos indica que la rehabilitación y la integración al trabajo se puede realizar en oficios no convencionales. Es así que ONPLI cuenta no sólo con un taller de encuadernación -de pronto se entiende que esta labor es acorde para una persona con discapacidad- sino también con uno metalúrgico-ortopédico que funciona desde hace más de diez años, en el que hay compañeros en sillas de ruedas o con distintos problemas, soldando, doblando caños o trabajando en un torno, en una tarea que no era lo convencional para esta gente. Cuando de pronto nos ven soldando en una silla de ruedas, les choca, y eso es lo que nos interesa, que les choque para bien, para demostrar que el discapacitado, si se le da la posibilidad, puede hacer este tipo de tareas e integrarse, no en un ámbito sobreprotegido. Justamente, lo que trata ONPLI es no sobreproteger, sino preparar a esta gente para que trabaje en cualquier taller de plaza, y esos logros que hemos tenido tanto en la imprenta, en la encuadernación, en el taller metalúrgico-ortopédico, como en el lavadero y tintorería industrial, fueron reconocidos no sólo en el Uruguay sino también en otros países, como Alemania, cuando tuvimos que viajar para hacer cursos de perfeccionamiento. De esta manera, hemos ganado espacios con trabajo y esfuerzo, demostrando que podemos hacerlo.

Hace un par de años el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de las PYMES, nos otorgó un segundo premio a la creación de puestos de trabajo para la pequeña y mediana empresa. Esto nos reconforta y nos llena de satisfacción, no por haber hecho una buena labor, sino porque nos muestra que estamos en el camino indicado, en el que la reinserción laboral de las personas con discapacidad deja de ser un título en algún librito y pasa a ser una realidad en el taller. Muchos de los que están presentes han visitado nuestras instalaciones y saben que no tenemos que preparar nada cuando vienen visitas; simplemente los hacemos pasar a los talleres para que vean a las personas con discapacidad trabajando en las distintas tareas que allí se realizan.

Es evidente que este tipo de reconocimientos -vuelvo a insistir- nos indica que estamos en el camino correcto, pero para poder seguir trabajando necesitamos del apoyo del Estado y de los partidos políticos. Si algo nos enorgullece en toda esta actividad, es que cuando cualquier persona con discapacidad nos va a golpear la puerta, no le preguntamos a qué partido político pertenece, de qué cuadro de fútbol es hincha ni de qué religión es; simplemente, hablamos del problema de discapacidad que tiene y cómo lo podemos orientar.

Hoy venimos a pedir el apoyo de todos para poder seguir contando con el aporte del Estado, a los efectos de continuar brindando este servicio que, lamentablemente, cada día es más necesario en nuestro medio. Nuestros cursos de computación son los que han tenido más repercusión en el medio y asisten a los mismos más de 50 muchachos con discapacidad, a quienes vamos a buscar todos los días a sus casas con los vehículos de la institución. De esa forma los llevamos y los traemos para que se puedan formar y enfrentarse en el futuro a un trabajo que les permita ganarse la vida. Si bien ello nos enorgullece, también nos preocupa, porque no sabemos si vamos a poder seguir brindando este servicio en el futuro.

Sobre este tema mi compañero va a hablar más en detalle.

SEÑOR CHAMORRO.- Como ustedes comprenderán nos resulta mucho más fácil estar rehabilitando compañeros en nuestra Institución que venir a hablar aquí.

Queremos manifestar que esta actividad tiene mucho de solidaridad, porque lo que nosotros producimos en nuestros talleres, logrando competir con cualquier otra empresa integrada por personas físicamente normales, lo volcamos inmediatamente a lo que nosotros llamamos servicio. Voy a explicar en qué consiste esto. En un clásico del año pasado fue baleado un muchacho, Fabián Martínez. A ese joven se lo atendió clínicamente y nada más. Hoy por hoy está haciendo la rehabilitación dentro de nuestra Institución, con todo lo que ello implica. No hay que olvidar que una persona que sufre un accidente y queda en silla de ruedas, tiene que adecuarse a una nueva vida porque tiene que cambiar sus hábitos y lograr alguna actividad para poder integrarse a esta sociedad en forma realmente útil. En eso consiste nuestro servicio y lo hemos hecho, prácticamente, con fondos propios, con lo que hemos recaudado en nuestros talleres. A pesar del año difícil que tuvo el país, nuestra Institución no ha perdido un solo puesto de trabajo; los hemos mantenido y hemos logrado manejar nuestro presupuesto con licitaciones a las cuales nos presentamos. Lamentablemente, muchas veces nosotros pensamos que deberíamos tener una prioridad porque creo que al Estado le está significando un ahorro el hecho de que, en vez de dar una jubilación, una pensión o ver al discapacitado que está viviendo en la calle, nosotros lo integramos y lo volvemos a la vida útil. Entonces, el Estado está invirtiendo y volviendo a la vida activa a compañeros que realmente lo necesitan. Por eso, como decía el compañero Reyes, es muy importante para nosotros seguir manteniendo los cursos que estamos realizando en todos los talleres. Cabe destacar que la persona que ingresa a alguno de nuestros talleres, desde el primer momento ya está cobrando un pequeño jornal. Pero estos trabajadores no van por sus propios medios sino que los tenemos que ir a buscar en nuestras camionetas, que salen a las siete de la mañana y regresan a las once de la noche, en una tarea muy importante en la que se trata, en lo posible, de llegar en hora a todas las actividades. La parte deportiva también es importantísima para nuestra Institución, pues no solamente sirve para lograr representaciones en distintos torneos internacionales, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, sino que además es un medio que rehabilita al discapacitado sicofísicamente. Es decir, la persona con discapacidad por medio del deporte controlado, logra rehabilitarse e integrarse plenamente a la sociedad. Por eso es importante marcar que lo que nosotros solicitamos a esta Subcomisión es el apoyo, no solamente en lo que tiene que ver con lo manifestado con respecto a cubrir el 20% del presupuesto que tenemos en la Institución, sino en cuanto a ver las posibilidades de que el Estado logre darnos –al igual que se hace con otros organismos públicos, por ejemplo, el INAME- trabajo por convenios. Esto debería hacerse de forma que le sirva al Estado y, al mismo tiempo, que nosotros tengamos las mismas obligaciones y deberes, pero sin enfrentarnos a lo que significa presentarnos a una licitación donde generalmente existen otros factores que muchas veces corren en nuestra desventaja. Por lo tanto, lo que estamos solicitando para poder seguir prestando estos servicios es no solamente que crean en lo que estamos manifestando, sino que nos visiten para que vean realmente en el lugar, el trabajo que nosotros estamos realizando.

SEÑOR REYES.- Sin duda, reafirmo los conceptos que el compañero ha vertido. Asimismo, quería realizar una aclaración. Cuando hacemos referencia a los talleres protegidos productivos, estamos hablando de pequeñas empresas no subvencionadas, y esto es importante destacarlo. Lo que nosotros venimos a solicitar en este ámbito no es, de ninguna manera, el dinero para que los talleres sigan funcionando. Por más que tengamos o no una subvención, el taller no se va a cerrar, porque este es competitivo, trata de tener la mejor calidad y trata de trabajar en tiempo. Entonces, lo que solicitamos es un aporte para que justamente otros compañeros en los cursos de computación, en los mismos talleres, puedan contar con profesores, materiales, es decir, con la formación profesional propiamente dicha, es decir, para seguirlos preparando y para que, en la medida de las posibilidades, puedan trabajar dentro de ese taller o cualquier otro de plaza. Sin duda que la subvención es una ayuda muy importante para instituciones que tienen características como la nuestra. El compañero Chamorro hablaba del deporte, del básquetbol en silla de ruedas, pero cabe aclarar que para poder competir a nivel internacional es necesario adquirir sillas de ruedas muy caras, ya que son construidas con un elemento especial. Por ejemplo, en cuanto al atletismo, estamos hablando de sillas de ruedas cuyo valor ronda los U$S 2.000. ONPLI hoy cuenta con un plantel no solo de 40 deportistas sino también de sillas de ruedas que están acordes. Eso significa mantenimiento y gastos de diversa naturaleza, así como también tener las puertas abiertas de una institución que brinda servicios en serio y rehabilitación como todos quisiéramos que se brindara en todas partes. Entonces, este aporte mucho nos ayudaría. Hay que resaltar que ONPLI ha sido una de las instituciones que desde el principio ha presentado en tiempo y forma ante el Ministerio de Economía y Finanzas la Rendición de Cuentas documentando claramente en qué se invierten los dineros en esta Institución, donde jamás hubo nada que reclamar por falta de documentaciones porque esto es transparente y el dinero se vierte cien por ciento en la rehabilitación, y esto es importante que se tenga bien claro. También hay que tener en cuenta el tema de los vehículos que mencionaba el compañero Reyes, que representa un problema importante que ONPLI está tratando de solucionar en una ciudad donde, aunque existan buenas iniciativas, no ha existido la posibilidad de concretar la idea de que haya ómnibus adaptados para que las personas con discapacidad puedan acceder al transporte público, por lo que los traslados deben realizarse en taxímetro o con los pocos recursos que las instituciones tienen. ONPLI cuenta con tres vehículos y muchas carencias, pero cabe resaltar que, en el tema del trabajo, más de 45 personas diariamente son trasladadas, agregándose a estos traslados los de los deportistas en la noche, motivo por el cual el compañero Chamorro se refería a que se trabaja con las camionetas hasta las once de la noche.

Intentamos dar un pequeño enfoque del trabajo que ONPLI está realizando. Hemos presentado una pequeña reseña de las actividades, pero si quisiéramos hablar de todas ellas, precisaríamos toda una tarde y no quince minutos, y tal vez nos quedáramos cortos.

Consideramos que el tema de la discapacidad es muy vasto y pasa por muchos puntos. Nosotros simplemente queremos seguir haciendo nuestro aporte a la sociedad, a nuestra gente, a nosotros mismos para que instituciones como la nuestra puedan seguir funcionando, brindando servicios en la mejor forma, es decir, en la forma que conocemos: en la cancha, trabajando, integrando a la gente. Sin duda, comparto lo que el compañero recién expresaba en cuanto a que seguramente en el taller nos desempeñemos mejor que aquí conversando, pero la intención es dejar al menos una idea de lo que ONPLI está haciendo durante muchos años y lo que les sirve a las personas con discapacidad esta tarea. Permítaseme ponerme yo mismo como ejemplo de ser justamente una de esas personas integradas a la sociedad, no discapacitada hace ya algunos años y de pronto sufrir un accidente de tránsito y encontrarme totalmente descubierto por muchos sectores de los servicios de nuestro país, empezando por la parte económica, laboral, de la salud, y con 22 años estar prácticamente marginado. En ese momento, encontré una institución como esta que me abrió sus puertas, pero no a mí porque me conociera, porque al igual que mucha gente, yo no conocía el tema de la discapacidad cuando no la tenía; la tuve que conocer con la experiencia propia y esa experiencia es la que hoy quiero trasladar a todos, es decir, que no tengan la necesidad de vivir una discapacidad para saber lo que necesita una persona discapacitada y lo que las instituciones como ONPLI hacen por ella.

SEÑOR CHAMORRO.- Agradecemos el hecho de habernos escuchado y reiteramos nuestra invitación a visitarnos. A veces hay cosas que a nosotros nos llenan de orgullo, como por ejemplo recibir la visita de otros países como Alemania, que nos han estado apoyando en el tema de la maquinaria y han tomado el ejemplo de instituciones como la nuestra para llevarlo a otros países como Hungría. En este caso se realizaría el aporte en máquinas, pero siempre tomando el modelo que tiene ONPLI.

SEÑORA ARISMENDI.- Brevemente, quisiera decir que nosotros compartimos fervorosamente la filosofía con que se trabaja, basada en dos principios fundamentales: uno es el de la incorporación a la sociedad y a la vida y el tratar de desarrollar a plenitud todas las capacidades, y otro el de la solidaridad que desarrollan esta y otras tantas instituciones de nuestro país, sobre la que se apoya todo un trabajo muy importante en la comunidad. Quería señalar ese reconocimiento, agradeciendo la información que nos han brindado, tanto en la exposición oral como en la escrita que nos han dejado. Asimismo, quería decir que tenemos el compromiso de trabajo no solo vinculado a este Presupuesto sino a través de distintas iniciativas que hemos impulsado y que seguiremos impulsando desde la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su concurrencia y la información brindada a esta Subcomisión y distribuiremos la versión taquigráfica de esta reunión a todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los representantes de la Organización Nacional Pro Laboral para Lisiados (ONPLI)

(Ingresan a Sala las representantes de los escribanos que desempeñan funciones en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a la delegación de escribanos que desempeñan funciones en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria.

SEÑORA TAVARES.- Represento al Registro de la Propiedad de Maldonado y me acompañan las escribanas Andrea Di Carlo, del Registro de la Propiedad de Maldonado; Alejandra Irazábal, del Registro de la Propiedad de Durazno; y Mariela García, Betty Perdomo y Beatriz Seguí, del Registro de la Propiedad Inmueble de Montevideo.

Somos nueve escribanos que desempeñamos funciones técnicas en los Registros de Maldonado, Montevideo, Durazno, San José y Colonia. La mayoría ingresamos en calidad de pasantes de la Facultad de Derecho, conjuntamente con otros cincuenta estudiantes. La Dirección General de Registros solicitó a dicha Facultad que realizara una selección de los diez mejores estudiantes, según su calificación de escolaridad y currículum. Esto coincidió con la descentralización de los Registros, que incrementó el trabajo tanto en las oficinas de Montevideo -donde se llevó a cabo la descentralización, volcando la información hacia el interior-, como en las distintas sedes de los departamentos. Así, fuimos contratados para cumplir funciones remuneradas, desempeñándonos en el lugar donde residíamos. Luego de las pasantías, pasamos a tener la modalidad de cachet general del Ministerio de Educación y Cultura y, actualmente, nuestra relación laboral es a través de arrendamientos de obra.

Durante todo este tiempo, desempeñamos las tareas técnicas que se nos asignaron de la siguiente forma. Si bien facturamos como empresas unipersonales para el Estado, nuestra relación es totalmente subordinada. Realizamos el trabajo en las oficinas, con el mismo horario de éstas, y somos calificados como los demás funcionarios; nuestra remuneración es mensual y fija y se actualiza como la de los demás funcionarios. En contrapartida a todos estos deberes, no tenemos ningún derecho; no gozamos de licencia anual, ni por enfermedad, ni por maternidad.

Frente a esta situación precaria, luego de casi diez años, realizamos una consulta al doctor Carlos Delpiazzo, profesor de Derecho Administrativo, para determinar la viabilidad jurídica de que nuestra situación laboral se regularice mediante cargos presupuestales, luego de haber desempeñado las tareas en las condiciones antes mencionadas.

El doctor Delpiazzo concluye que todo este tiempo hemos actuado como verdaderos funcionarios públicos y, si bien estamos contratados a término para desempeñar tareas permanentes y esenciales, la oficina necesita que continuemos prestando nuestros servicios. Cada uno de nosotros está a cargo de diferentes Secciones en los Registros respectivos y en las oficinas se precisa más de uno o dos técnicos, según el volumen del trabajo. En el informe que hemos hecho llegar a los señores Senadores, el doctor Delpiazzo consideró que el Estado tiene la potestad, el deber y el medio para reconocer esta situación irregular y regularizarla a través de esta Ley de Presupuesto.

Todo lo expresado cuenta con el apoyo de cada uno de los Directores de las oficinas, así como del Director General, escribano Juan Pablo Croce, y del propio Ministro de Educación y Cultura. Este último propuso, en el Mensaje de Presupuesto correspondiente a su Inciso, que se contemplara nuestra situación mediante un artículo que tendría la redacción propuesta por el doctor Delpiazzo. Sin embargo, con un criterio restrictivo, el Ministerio de Economía y Finanzas eliminó esa disposición, no tomando en cuenta nuestra situación particular, sino un criterio general.

La norma que nosotros proponemos no supone ninguna erogación ni gasto para la Administración, ya que lo que percibimos actualmente como remuneración es casi equivalente al cargo que prevemos que se nos crearía.

A continuación, nos gustaría que la escribana Di Carlo explique la situación actual.

SEÑORA DI CARLO.- Nosotros llegamos al seno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, donde nuestra iniciativa fue muy bien recibida. Fue aprobada por unanimidad en dicha Comisión y luego en el Plenario de la Cámara de Representantes como artículo 213. En el Mensaje Complementario también fue contemplada nuestra situación, en el artículo 90, pero bajo la forma de funciones contratadas, de acuerdo con el asesoramiento que la Contaduría General de la Nación da al Poder Ejecutivo. O sea que desempeñaríamos funciones contratadas y no cargos presupuestados, como figuraba en la redacción original del artículo 213 aprobado por la Cámara de Representantes. Entendemos que esto reconoce la esencialidad de las funciones técnicas que cumplimos y que sería una solución, pero no es definitiva porque continúa siendo un contrato.

De esa manera, llegamos al ámbito de esta Comisión y, en definitiva, apelamos a vuestro criterio para definir cuál es la mejor solución, teniendo en cuenta la realidad política actual. Queremos dejar sentado que la del Mensaje Complementario sería un paliativo para nuestra situación y no la solución definitiva por la que hemos luchado y seguiremos haciéndolo en futuras instancias.

Nosotros desempeñamos nuestras funciones con responsabilidad, nos identificamos con la oficina y con las tareas que se nos asignan y esto, tal como lo señaló la escribana Tavares, es apoyado por el informe de cada uno de nuestros Directores y por los propios usuarios.

En este momento, nos encontramos en una situación extremadamente precaria, porque hace un mes se venció el contrato de arrendamiento y su renovación está en trámite. Existe un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil en el que se aconseja la presupuestación. Actualmente, vamos a trabajar y desempeñamos funciones en las oficinas gratuitamente, a pedido de nuestros Directores inmediatos, para que no se resienta el servicio, ya que no hay otras personas que puedan cumplir nuestras tareas. Esto ya lo hicimos, en una oportunidad durante nueve meses -y posteriormente la remuneración no fue retroactiva- y, en otra, durante dos meses. Por eso es imperioso para nosotros contar con el apoyo de los señores Senadores.

Reitero que la solución ideal sería la creación de cargos presupuestados, porque eso nos permitiría estar en la carrera administrativa funcional. De todas maneras, la otra solución también nos contemplaría. Lo peor que nos podría ocurrir sería que no nos contemplaran de ninguna forma.

SEÑORA ARISMENDI.- No hay palabras para hacer un comentario. Creo que el ahorro ha llegado al máximo, en el sentido de que ahora tenemos profesionales que trabajan gratis y le ahorran dinero al Estado, a las grandes cifras, haciendo un aporte muy considerable que, además, tiene que ver con algo que en el correr del día hemos pensado e incluso comentado, es decir, con la dignidad del trabajo y con el reconocimiento hacia lo que se brinda. En este caso se trata, por un lado, del reconocimiento a la calificación y, por otro, del hecho de realizar una tarea llegando a límites -no diría ya de solidaridad con la sociedad- tan extremos, que ni siquiera deberían ser motivo de debate sobre cuál es el camino que debería tomar la Cámara de Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, voy a realizar algunas preguntas que me parecen fundamentales. Antes que nada, quisiera saber si el Grado 11 del Escalafón A es el último del nivel profesional.

Además, quisiera saber si en la Dirección General de Registros hay otros profesionales que ocupen cargos o realicen funciones contratadas.

SEÑORA TAVARES.- Hay nueve, en todo el país, en la misma situación nuestra de arrendamiento de obra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Mi pregunta se refiere, expresamente, a si todos los profesionales que ocupan cargos o desempeñan funciones en el Registro son presupuestados, o si hay profesionales con cargos presupuestados y profesionales con funciones contratadas.

SEÑORA DI CARLO.- Creo que hay algún caso de función contratada que data de muchos años atrás. Esto lo sé por comentarios que nos han hecho colegas respecto a este artículo 90. Sin embargo, no puedo decir exactamente la cantidad. Reitero que, de acuerdo con algún comentario que se me ha hecho, puede existir algún caso de función contratada; sin embargo, la mayoría son cargos presupuestados.

Con respecto a la otra pregunta, debo responder que efectivamente el Grado 11 es el último del escalafón.

También quería aclarar que en el caso de que se optara por el artículo 90, habría dos pequeños agregados de redacción que atienden, no a la esencialidad del artículo, sino a la propuesta del doctor Delpiazzo. Ello consta en el material que les proporcionamos. El inciso segundo del artículo 213 contenido en el artículo 90 de Mensaje Complementario comienza diciendo: "Para su provisión se considerará especialmente", y nosotros proponemos agregar: "la regularización de quienes hayan prestado funciones bajo cualquier modalidad" y el artículo continuaría igual.

Además, habría que agregar que es en la Propiedad Inmueble de Montevideo, a efectos de precisar nuestra situación.

SEÑORA IRAZABAL.- Quisiera pedirles -dado que nuestra situación ahora queda en vuestras manos- que traten de ver cuál es la mejor solución. Nosotros preferimos la de ser presupuestados para no tener que seguir luchando por esto en otra instancia. A su vez, el hecho de que hayamos sido incluidos en el Mensaje Complementario demuestra que somos necesarios, aunque entorpece la forma en que vamos a quedar, porque sería bajo la forma de función contratada. Si pedimos abiertamente ser presupuestados y después esto es vetado y el veto no se levanta, nos vamos a quedar sin nada; por eso apelamos a que ustedes, que conocen la realidad política y los votos con que se cuenta para levantar el veto, en caso de que exista. En definitiva, lo que solicitamos es que traten de buscar la solución que mejor atienda nuestra situación.

SEÑOR MICHELINI.- Personalmente, estaba informado sobre este tema que hace a escribanos del interior y, en algunos casos, de Montevideo. Pienso que podríamos hacer un esfuerzo respecto de este tema de la presupuestación. No creo que haya un veto del Poder Ejecutivo si existe voluntad de avanzar en este tema, pero si no la hubiera, por lo menos habría que votar el texto. Luego consultaré la versión taquigráfica para ver si a la redacción que viene del Poder Ejecutivo, más allá de la contratación, hay que hacerle algún retoque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a nuestros visitantes la información proporcionada.

(Se retira de Sala la delegación de escribanos que desempeñan funciones en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria)

(Ingresan a Sala los representantes de acreedores y proveedores del Instituto Nacional de Abastecimiento, ex Subsistencias)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda le da la bienvenida a los representantes de acreedores y proveedores del Instituto Nacional de Abastecimiento, ex Subsistencias.

SEÑOR PARDIÑAS.- Venimos en representación de unas 300 empresas proveedoras del Instituto Nacional de Abastecimiento creado por la Ley anterior de Presupuesto como persona de Derecho Público no estatal. En el presente proyecto de ley de presupuesto se propone su supresión a través de los artículos 277 y 278. Nuestra gran preocupación es que la mayoría de los proveedores, o todos, están en cesación de pagos desde el 8 de marzo cuando cambia el último Director. Además, el Instituto Nacional de Abastecimiento tiene deudas desde su creación a la fecha que han ido quedando en el camino y a pesar de todas las gestiones realizadas no se le ha encontrado una solución a ese tema.

En el artículo 277 se habla del liquidador, de la supresión del Instituto, sobre determinar el activo y la cancelación del pasivo. Hace pocos días concurrió el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social a la Comisión y se le preguntó si el Poder Ejecutivo pensaba en la cancelación total del pasivo. Lamentablemente, no contamos con la versión taquigráfica de esa sesión. Entonces, sería bueno conocer la respuesta si realmente el artículo se refiere a la cancelación total del pasivo. Teniendo en cuenta los activos y el pasivo que tiene el Instituto, es sabido que el patrimonio es negativo, con lo cual la venta de los bienes prevista en los artículos 277 y 278 no será suficiente para la cancelación de dicho pasivo. En conversación con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social quedó claro que los dos grandes problemas que traería aparejada la supresión del Instituto estaban relacionados con los funcionarios y con los proveedores. Vemos que en el Proyecto de Ley de Presupuesto se ha tenido en cuenta el tema de los funcionarios pero por otro lado sólo se llegaría a cubrir el 40% del pasivo original que se mantiene con los proveedores. No sabemos si es posible prever en la ley a través de un aditivo o de otra forma, que la cancelación del pasivo sea total. En distintas entrevistas que hemos mantenido con el Ministro de Economía y Finanzas se nos dijo que no era un problema del Estado porque es una persona de Derecho Público no estatal. Sin embargo, en estos días en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Primer Turno, un juez determinó que era un organismo estatal, a pesar de que el INA sostenía que es una persona de Derecho Público no estatal. Entonces, el argumento que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas -no sé si es el de todo el Poder Ejecutivo- es que van a contribuir de alguna forma a solucionar el problema, pero no se van a hacer cargo del total del pasivo.

En consecuencia, queríamos plantearle a esta Comisión nuestra inquietud en el sentido de ver si es posible abrir alguna puerta a través de la Ley de Presupuesto, dejándole alguna vía al Poder Ejecutivo para llegar a la cancelación total de las deudas que mantiene con los proveedores.

SEÑORA ARISMENDI.- En ocasión de la comparecencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado le planteamos este tema. En su momento, el Ministro reconoció toda esta situación y que los recursos previstos no alcanzaban para cubrir las deudas que tenían con los proveedores. Asimismo, le manifestamos cuáles son las características de las empresas que trabajaron con el Instituto Nacional de Abastecimiento. Se nos hizo saber que la interpretación que teníamos era la correcta en cuanto a que por la redacción del artículo no es posible deducir que se va a cancelar todo el pasivo, sino que en realidad la dotación presupuestal es la que está señalada en los artículos 277 y 278, que no será suficiente. El Ministro lo dijo muy claramente y si los señores visitantes no tienen la versión taquigráfica se la podríamos proporcionar para que vean cuál fue la respuesta que se dio en torno a este tema.

Quisiera plantear otro aspecto, no para discutirlo aquí porque no es el ámbito. Más allá de las discusiones más amplias sobre qué es una persona pública no estatal y qué pasó con el INA desde el presupuesto pasado a éste, debo decir que el propio proyecto de ley reconoce que es de responsabilidad del Estado; si no lo fuera, no tendrían por qué venir en un proyecto de ley presupuestal las medidas tendientes a la disolución del Instituto. Como el señor Presidente recordará, en aquella oportunidad pregunté insistentemente si se trataba solamente de los trabajadores que en su momento pasaron de Subsistencias al INA, es decir, que optaron por ese camino como los habilitaba la ley de presupuesto sancionada en enero de 1996. Estas personas fueron funcionarias de Subsistencias -y por lo tanto dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- y luego pasaron al INA. Después de muchas vueltas accedimos a la información de que el número de trabajadores que provienen de Subsistencias es mínimo en relación a aquéllos que hoy debe atender el Estado desde el momento que lo incorpora a la ley de presupuesto. Cuando se plantea la cancelación del pasivo, desde mi punto de vista, se está reconociendo que es el Estado el que se debe hacer cargo.

Insisto, más allá de que no es el ámbito ni el momento para discutir más a fondo qué es una persona pública no estatal y cuáles son los caminos que se transitaron para llegar a esta situación, queríamos dejar esa constancia. Lamentablemente, creo que este tema debe ser discutido con el Ministerio de Economía y Finanzas más que con el de Trabajo y Seguridad Social, porque en definitiva aquél es el responsable de que la dotación presupuestal no alcance para cubrir las deudas que tiene el Instituto que se propone disolver.

SEÑOR MUJICA.- Sin entrar al fondo del asunto, debemos decir que conocemos la situación de muchas de estas empresas, que son de las más variadas; hay muchas empresas pequeñas con deudas, con débitos en el Banco de la República, etcétera, algunas de carácter familiar y otras de carácter importante como es el caso de SAMAN. Tememos mucho -y nos permitimos hablar dada la condición de abogado del señor Presidente- que a la corta o a la larga esto va a desembocar en un montón de juicios y que el Estado va a pagar mucho más. La actitud inteligente hoy sería realizar una negociación donde se descuenten impuestos, se busquen acuerdos y se procedan a realizar quitas, porque estoy seguro de que la gente perdería algo con tal de solucionar problemas momentáneos, sobre todo las empresas chicas. Asimismo, para el Estado y para la gente que está involucrada en su mayoría, el tiempo urge, porque cuanto más tiempo pase más va a gastar el Estado, más van a ganar los bufetes y menos obtendrán los empresarios.

Este problema necesita una negociación del Ministerio de Economía y Finanzas o de alguna oficina que se interese. Me parece que va más allá del tema presupuestal, que hace a decisiones de carácter de gobierno que habría que recomendar en algún lado.

SEÑOR MICHELINI.- Quizá ya nombraron la cifra sobre la cual tengo dudas, pero no lo he registrado. ¿Ustedes tienen idea del monto total de la deuda del actual Instituto Nacional de Abastecimiento a punto de derogarse?

Me acotan que la deuda sería de alrededor de U$S 6:000.000.

SEÑOR VAZQUEZ.- Efectivamente, hace un tiempo que se viene hablando de esa cifra pero la deuda debe estar creciendo a raíz de los juicios que ha habido.

SEÑOR MICHELINI.- ¿No hay manera de averiguar a cuánto asciende la partida total?

Comparto la expresión de la señora Senadora Arismendi y el señor Senador Mujica en cuanto a que en este tema el Estado va a terminar perdiendo por paliza.

Me dicen que el monto global sería de $ 17:000.000. En el mejor de los casos, hablaríamos de un 25%.

SEÑOR PARDIÑAS.- El pasivo actual, deuda original del Instituto, es de aproximadamente U$S 6:000.000, tal cual lo maneja el Director de Subsistencias y lo dijo el señor Ministro en la Comisión.

En el artículo 278 se habla de U$S 1:500.000 para el pago de acreedores, que son $ 17: 430.000. Por otro lado, dentro de los activos del Instituto Nacional de Abastecimiento hay dos propiedades, una en la calle 25 de Mayo -aparentemente se maneja que quede en manos del Estado- y el local central de Cerro Largo y Ciudadela. Supuestamente con la venta de estos dos bienes, se llegará con suerte a obtener U$S 3:000.000 para un pasivo de U$S 6:000.000 sólo a capital original.

Con respecto a lo que manifestó el señor Senador en lo que tiene que ver con los juicios, efectivamente ellos están calculados con intereses, daños y perjuicios, costas y costos, etcétera. Por lo tanto, si hoy por hoy pensamos en los juicios, la deuda puede elevarse tres, cuatro o cinco veces más. El tema de los proveedores no apuesta a esperar -por decirlo de alguna manera- tres, cuatro o cinco años para cobrar un juicio, porque dentro de ese período muchas de esas empresas no existirán en el país.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que la venta de inmuebles o algún traspaso hecho por el Poder Ejecutivo, implica trámites muy lentos. Entonces, si ponemos a texto expreso que los inmuebles son para pagar eso -se los quede el Estado o no-, también es algo muy lento.

Si pudiéramos otorgar la posibilidad al Ministerio de pagar con certificados para el Banco de Previsión Social, ¿eso no ayudaría a las empresas? Aunque no los pudiera canjear en el primer mes, dichas empresas están pagando aportes patronales. No estamos haciendo crecer el déficit; quizá eso podría estar solucionando algo, o quizás no. Es posible que este instrumento, más algún otro que se nos pueda ocurrir permita que la empresa lo prefiera antes que hacer un juicio a cinco años. De esta manera, por ejemplo, podría recibir una parte en recursos y otra en certificados. Quizás, a empresas grandes como SAMAN le sirva recibir certificados, que significan dinero constante y sonante. De esta manera estaríamos logrando una solución que, evidentemente, es mejor que la de los juicios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la información que nos han proporcionado nuestros visitantes y les recordamos que la versión taquigráfica de lo expresado esta tarde será repartida a todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los representantes de los acreedores y proveedores del Instituto Nacional de Abastecimiento, ex Subsistencias)

SEÑOR PRESIDENTE.- Le damos la bienvenida a los representantes del Colegio de Abogados y les ofrecemos el uso de la palabra.

SEÑOR HERBERT.- El Colegio de Abogados tiene dos preocupaciones que quiere transmitir en esta presentación. En primer lugar, tres artículos de la normativa de este presupuesto y, en segundo término, el tema del conflicto del Poder Judicial.

Nuestras principales observaciones como abogados, a las normativas de este Presupuesto tienen que ver, en primera instancia, con el Impuesto a las Retribuciones Personales. No voy a argumentar sobre este tema que está suficientemente discutido a nivel nacional. Sí debemos recordar que de acuerdo a este sistema el cálculo se realiza sobre el bruto y no sobre el neto, haciendo una distinción no tolerable, incluso, con respecto a aquellos que pagan el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

El segundo aspecto que como abogado nos interesa recalcar es el que tiene que ver con el artículo 31 del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, que sustituye al artículo 400 del Código General del Proceso y agrega algunos trámites a la ejecución de las sentencias contra el Estado. El Colegio de Abogados no ve razón alguna para que se efectúe una dilación de esta naturaleza en la ejecución del Estado cuando ha sido condenado. En ese sentido, tenemos opiniones muy importantes como la del doctor Tarigo, que se refiere a este tema y es muy crítico. Precisamente, él dice que la automaticidad de la ejecución de la sentencia contra el Estado es una contrapartida al privilegio de la inembargabilidad que la ley confiere a los bienes del Estado. En las actuales circunstancias, esto se ve agravado porque al haberse eliminado la participación del Banco Hipotecario del Uruguay –cuyas cuentas eran reajustables-, todo el tiempo que se pierda en la ejecución, por supuesto, es sufrido por el acreedor del Estado.

El tercer punto tiene que ver con tres normas que privilegian a la Contaduría General de la Nación, que son los artículos 43, 44 y 46 del Mensaje Complementario. La Contaduría General de la Nación es una parte igual a otras y el Colegio de Abogados no puede explicarse por qué se le concede ese privilegio, sobre todo, en lo que respecta a la eliminación o la exoneración de la intimación que se propone en una de esas normas. Como bien se sabe, la intimación es la que pone en funcionamiento la mora y es indispensable para que la parte afectada esté en pleno conocimiento de su calidad de morosa. Adicionalmente, el Colegio de Abogados recuerda que sigue defendiendo la asistencia letrada obligatoria. Esto se refiere a las normas sobre mediación que venían en el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, que no fueron aprobadas en el proyecto de la Cámara de Representantes. Sin embargo, ante la posibilidad de que se vuelva a plantear este tema, el Colegio quiere dejar sentado que la asistencia letrada obligatoria es una reivindicación suya, sobre todo, en el caso de la mediación, porque el mediador no es abogado.

A continuación voy a aludir a un tema que nos preocupa mucho, aunque no como operadores del sistema jurídico. Me refiero al conflicto que a raíz de este proyecto de ley presupuestal se ha instalado en el Poder Judicial. Esto es serio, y desafortunadamente el Colegio de Abogados no sólo no participa, sino que no es informado de nada y debe averiguar las cosas de modo indirecto. El conflicto se ha instalado entre la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios. Lo preocupante es que, aun cuando la Suprema Corte le diese a los funcionarios la totalidad de lo que ha solicitado en su Mensaje, el conflicto no se acabaría, sino que se ahondaría, porque hay algunos aspectos en que parece razonable la reclamación de los funcionarios. Hay dos grandes temas que el Colegio quiere plantear a la Comisión. En primer lugar debe privilegiarse la función jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia está ensanchando sus servicios administrativos en perjuicio de la función jurisdiccional. Para dar una idea, el artículo 112 crea diez cargos de mediadores, ensanchando un servicio que, por bueno que sea para un país que tenga mucho dinero -y no es la actual coyuntura del Uruguay- no es absolutamente imprescindible en el Uruguay, donde el esquema de las Defensorías de Oficio es uno de los mejores del mundo y llega hasta los rincones más recónditos del territorio nacional. Además, este servicio de mediación obviamente no se está prestando en los rincones, sino que es un plan piloto que se está dando fundamentalmente en Montevideo.

Otro tipo de gastos que nos preocupa mucho en esta coyuntura son los de inversiones en construcción y reforma de edificios. Entendemos que la Suprema Corte de Justicia ha ensanchado mucho este sector de la arquitectura del Poder Judicial, un poco a contrapelo de lo que suele suceder en otros Entes, en donde este aspecto se terceriza.

Entendemos que una de las posibilidades, no de solventar, pero sí de menguar las diferencias que existen entre los funcionarios y la Suprema Corte de Justicia, sería que se aprobaran estas compensaciones por alimentos que están solicitando los funcionarios –de aproximadamente $ 1.800 por mes- y el pago de la cuota mutual, que representa unos $ 500. Esto beneficiaría desde el Presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta el último funcionario del escalafón, porque son partidas fijas. Esos $ 2.300 pueden no ser muy importantes para los magistrados de alto grado; en cambio, sí lo son para los funcionarios, ya que representaría el 35% o 40% de sus sueldos. De esta forma, se evitaría que se ensanche demasiado la diferencia de remuneración entre los magistrados y los funcionarios administrativos.

El Colegio de Abogados también entiende que resulta poco justo que los funcionarios reciban un aumento del 5% o 6%, porque ya están cobrando desde hace dos años una partida de $ 800, que se les asignó de economías de la Corte, ya que se entendió que estaban sumergidos. En este momento no se puede decir a los funcionarios que el aumento en realidad es del 26%, pero hay que descontar los $ 800 que ya están cobrando, que sería algo así como el 21% o 22%. De manera que unos tendrían un aumento del 5% o 6% y otros del 26%. Este tema ha sido tratado en el Colegio, con los funcionarios y con los Actuarios y parecería que esto es razonable.

Entonces, consideramos que sería muy importante que, de alguna manera, el Poder Legislativo reasigne esos fondos, porque otorgarlos para que se repartan, por ejemplo, entre gastos de funcionamiento con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de quienes ocupen cargos en el Escalafón I) -que son exclusivamente los Magistrados- y gastos de funcionamiento en general, donde por ejemplo se incluye el sistema informático, que está muy desarrollado en la Suprema Corte de Justicia pero con una finalidad que no es exactamente la correcta, ya que, de acuerdo con lo que entiende el Colegio de Abogados, todo el sistema informático debería estar dirigido al conocimiento de todo el trámite judicial a partir de las terminales ubicadas en los propios Juzgados. No pensamos que esto deba hacerse por comodidad, sino con el fin de controlar el funcionamiento de expedientes, es decir, para que cada abogado esté en condiciones de saber que su expediente está siendo tramitado de determinada manera. Al poder obtener esos datos día a día, se sabe si el expediente subirá en cuatro o cinco días o en una semana o si la resolución baja en dos o tres días o en un mes. Precisamente, esto es una especie de control parecido al que antaño hacían los Actuarios cuando enviaban los expedientes al despacho del Juez con hora y fecha, teniendo luego que expedirse el Juez en forma concordante.

Por lo tanto, como puede verse, tenemos una diferencia filosófica con la Suprema Corte de Justicia, porque ese organismo está desarrollando un servicio de informática para proporcionar jurisprudencia y nosotros creemos que eso, cualquier profesional lo puede obtener de otra manera. En cambio, no utiliza ese servicio en lo que verdaderamente debe hacerlo, que es en el control de la marcha de los expedientes.

Entonces, volviendo al punto anterior, creemos que decir que se otorga una partida para gastos de funcionamiento, en términos genéricos; para compensaciones por alimentación sin aportes -lo que podría estar contemplando la aspiración de los funcionarios- y también para inversiones en construcción y reformas de edificios, que es algo que en esta coyuntura seguramente debería quedar relegado porque realmente no hay dinero, en los hechos va a provocar que la situación empeore el conflicto existente entre la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios. Por nuestra parte, estamos muy preocupados porque este conflicto se extienda, ahora sí, hasta mucho después de que se apruebe este Presupuesto, esto es que finalice con esta primera etapa del Presupuesto y comience nuevamente en una segunda etapa a partir de la discusión de cómo se deberían redistribuir estas partidas entre los funcionarios y lo que pretende la Suprema Corte de Justicia.

Por lo expuesto, el Colegio de Abogados quería manifestar esta preocupación y lo que hemos hecho es la presentación somera de nuestras inquietudes.

SEÑOR PEREZ NOVARO.- Con relación a este último punto, quería destacar que en el Mensaje Complementario se propone nombrar seis Jueces. Evidentemente, el número de Jueces debe incrementarse porque la cantidad de asuntos y su complejidad así lo ameritan. Asimismo, quiero aclarar que nos estamos refiriendo sólo a Jueces de Primera Instancia.

Por otra parte, una de las fallas que hemos constatado en estos diez años de aplicación del Código General del Proceso, tiene que ver con la actividad jurisdiccional en la Segunda y la Tercera Instancia, es decir, en lo que es la casación, fundamentalmente, en cuanto al estudio de los expedientes. Por ejemplo, si se nombrara algún cargo de Ministro Suplente, se podría estar previendo una serie de falencias que tienen muchas veces los Tribunales en su funcionamiento cuando un Ministro se enferma, cuando pide licencia, cuando obtiene una beca o cuando viaja. Cabe recordar que para dictar sentencia se requieren tres votos conformes y, por lo tanto, si falta uno de ellos por alguna de esas situaciones que mencioné, de alguna forma, existe una paralización que conspira contra la celeridad de la Justicia; como se sabe, una Justicia que tarda, no es Justicia. Entonces, en ese aspecto vemos que no hay respuesta alguna en este Presupuesto a esta inquietud que es realmente sentida.

SEÑOR HERRERA.- En primer lugar, quiero decir que vengo en representación del Colegio de Abogados de Durazno y, por extensión, de todo el interior.

En segundo término, quiero destacar que compartimos todo lo que el Colegio de Abogados ha dicho, ya que venimos en bloque, con un Colegio que es verdaderamente del Uruguay y no sólo de Montevideo. Sin duda, en el interior tenemos los mismos problemas que aquí se han mencionado. Asimismo, me parece importante destacar que no sólo en lo que respecta a este último tema venimos como una Corporación, sino que simplemente somos el medio que tienen los ciudadanos para acceder a la Justicia y todo el problema que con ella ahora se está dando si bien nos afecta directamente a nosotros, también repercute en la gente, que no ve resueltos sus casos con celeridad.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que podamos releer la versión taquigráfica, pienso que aquí se han realizado aportes sobre el tema del funcionamiento de la Justicia, que realmente son muy importantes, pero resulta muy complejo tratar de solucionarlos en la etapa presupuestal, cuando desde la propia Suprema Corte de Justicia nos están llegando algunas sugerencias que ya se nos han anunciado y cuando, por otra parte, se ha hecho hincapié en algunos aspectos edilicios o de infraestructura, cuya necesidad es muy difícil de evaluar. Algunos Senadores estamos abocados a un esfuerzo por lograr ciertas economías en el Parlamento y en otros rubros del Presupuesto nacional, con el fin de mejorar la escala salarial de sueldos –que, en algún caso, puede incluir a los Magistrados- de tal manera que, más allá de que después se pueda hacer un estudio mejor para aprovechar todos los recursos –humanos y materiales- del Poder Judicial, se pueda lograr una mejora en las retribuciones, lo que pensamos siempre va a redundar en un mejor funcionamiento, ya sea que haya alguna reestructura futura o no. Para decirlo de otro modo, creo que independientemente de que los aportes que nos están dando puedan servir para futuras instancias, el esfuerzo de algunos, humildemente, procura atender a los funcionarios desde el punto de vista de sus remuneraciones. Quizás, aunque la Suprema Corte de Justicia haya avanzado más en el aspecto informático que otros Incisos, en la medida en que se piensa implementar un sistema de expediente electrónico, pienso que no conviene descuidar esa área. Es nuestra preocupación, de que con el Colegio de Abogados podamos tener otras instancias en el futuro para dialogar sobre esto, ya sea que estemos considerando un Presupuesto o no. De ese modo, se podrían solucionar muchos aspectos que nos preocupan y con respecto a los cuales uno cree que el Poder Judicial no termina de tomar conciencia.

SEÑOR MUJICA.- Quiero agradecer a la delegación del Colegio de Abogados su presencia y su aporte. Creo que un conflicto largo y tedioso no va a hacer otra cosa más que enviciar el ambiente y crear males mayores en el funcionamiento de la Justicia. Si bien hay que hacer esfuerzos por conseguir recursos, me temo mucho que haya que analizar una redistribución del gasto. Existe una masa tan disconforme que si se repartiera de forma un poco más equitativa, creo que se aminoraría el problema. Sin duda, aquí hay un problema económico que es determinante, pero a esta altura existe una especie de sordo reproche de mucha gente que trabaja en la Justicia. Creo que una Justicia que funcione con un clima tan distorsionado, no es bueno. Esta no es más que una percepción y por ello agradezco la opinión que han brindado. En definitiva, nosotros no somos Jueces y también en esto tenemos que laudar con un criterio político teniendo en cuenta qué es lo mejor para el todo.

En última instancia tengo mi desconfianza en cuanto a los recursos que pueda asignar esta Casa. Ojalá que sean mayúsculos, pero cuando se habla de economía y recorte, si existe un lugar poco apropiado para ello, es éste. Siendo objetivo digo que estamos en ese baile y veremos lo que se puede aportar, pero me inclino a decir que los recursos reales que hay son los que están mal distribuidos. Esa es la masa más importante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero pedir autorización a los integrantes de la Comisión para efectuar al Colegio de Abogados dos preguntas que me parecen importantes.

En primer lugar, quisiera saber si ustedes cuentan con algún pronunciamiento escrito relativo al tema del artículo 31, es decir, sobre la modificación al artículo 400 del Código General del Proceso. Si bien ustedes acaban de citar la opinión del doctor Tarigo, no sé si refieren a lo que dice en su libro sobre el Código General del Proceso, a algo que dicen ciertas publicaciones de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal o a lo que piensan ustedes.

En segundo término, a raíz del planteo que han realizado –que, en mi opinión, es muy bueno- acerca de lo que no ha propuesto la Suprema Corte de Justicia, quisiera saber qué opinión tienen –en caso de que así sea- sobre la eventual creación de Tribunales de Casación. Sobre este asunto hace poco leí un artículo muy interesante del doctor Enrique Tarigo, que salió publicado en el Semanario "El Día". Allí se plantea que uno de los grandes problemas que existe en este momento en la justicia uruguaya es la gran demora que existe en las sentencias de casación por parte de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PEREZ NOVARO.- Con respecto a la cita que se hizo de lo manifestado por el doctor Enrique Tarigo, debo decir que corresponde al libro de "Lecciones de Derecho Procesal". El sentido que tiene es, precisamente, establecer que el Estado, que en este punto tiene un privilegio, no se vea detenido -luego de un proceso que ha demorado años y quien ha litigado contra el Estado ha tenido una serie de instancias que soportar- por una serie de instancias, donde en la fase prácticamente administrativa, se sigue postergando el cobro de su crédito. Como ha dicho Carnelutti –un teórico italiano-, el crédito que tiene el Estado es digno de tutela y fe porque, precisamente, tiene capacidad de responder financieramente de forma muy importante. Entonces, seguir postergando esa posibilidad de cobro, evidentemente incide o es la contrapartida de que no se embargue, como sucede con cualquier otra parte.

Con respecto al tema de la casación, brevemente quiero decir que los propios informes técnicos que el Banco Interamericano de Desarrollo han establecido que el tiempo que el máximo órgano jurisdiccional nuestro, la Suprema Corte de Justicia, dedica a la actividad puramente jurisdiccional, no supera el 15% del total. Esto quiere decir que la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con datos objetivos que surgen de informes técnicos, está destinando el 85% de su tiempo a una multiplicidad de tareas. Repito, sólo dedica un 15% a la actividad jurisdiccional, lo que lleva a una gran demora. Los expedientes de casación o acciones de inconstitucionalidad demoran en su estudio, fácilmente, más de dos años, luego de haber sido sustanciadas todas sus etapas. Luego de dos años, a lo que muchas veces hay que añadir el tiempo que insume el proceso, podemos decir que estamos hablando de una delegación de justicia.

SEÑOR HERBERT.- Para el Colegio de Abogados del Uruguay este es un tema fundamental porque considera que la Suprema Corte de Justicia debe dedicarse a su actividad jurisdiccional, entre otras razones, porque quienes lo integran son los mejores Jueces, pero no así los mejores administradores. La administración de la justicia por un cuerpo colegiado de cinco personas que no están capacitadas para esa función, es un tema que se ha puesto de relevancia en la última asamblea que ha hecho el Colegio de Abogados.

En el próximo número de "Tribuna del Abogado" -que es nuestro órgano- que saldrá en los primeros días de diciembre, hay un artículo del doctor Canabal con el que se pretende, en cierta forma, resolver algo de esto, entendiendo que la Corte, ley mediante –aclaro que no leí el artículo, pero sé que se va a publicar- pueda funcionar por salas. Sin duda, esto mejoraría el aspecto jurisdiccional que está tan destrozado, porque cuando se habla de un mínimo de dos años, no se establece el máximo, que pueden ser cuatro o cinco. Es evidente que la Suprema Corte de Justicia se ha constituido en un tribunal muy lento para nuestra Justicia. Esto es algo parecido a otro tema en el que estamos interviniendo porque nos tiene preocupados, y tiene que ver con lo sucede en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está abocado a atender asuntos que van desde una mera sanción administrativa, a solucionar conflictos de licitaciones de millones de dólares. Por lo expuesto, consideramos que se hace casi imprescindible la existencia de una primera instancia. De este tema conoce mucho el señor Senador Correa Freitas y, por su parte, el Colegio lo está estudiando a fondo, apoyando la posibilidad de que nuestra justicia, en lo relativo a lo contencioso administrativo, también cuente con instancias que permitan la labor jurisdiccional con más fluidez. La proposición de que exista un Tribunal de Casación atiende ciertamente a esa finalidad, como así también el hecho de que la Corte pueda funcionar por salas.

Estamos trabajando en esto y ofrecemos nuestra opinión para cuando se la requiera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la concurrencia de los representantes del Colegio de Abogados y dejamos constancia de que la versión taquigráfica será remitida a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación del Colegio de Abogados)

(Ingresan a Sala los integrantes de la Agrupación de Funcionarios de la Inspección Veterinaria y de Tecnología)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a los representantes de la Agrupación de Funcionarios de la Inspección de Veterinaria y de Tecnología

SEÑOR LANGÓN.- Debido a que disponemos de poco tiempo –lo que es muy comprensible- trataremos de dar un primer panorama de lo que consideramos la columna vertebral de nuestra reivindicación y de nuestra lucha en este momento.

El objetivo de nuestra agrupación ha sido la ampliación de la base imponible de la ley del Fondo de Inspección Sanitaria. Durante mucho tiempo hemos hecho un estudio de este tema y hemos llegado a la conclusión de que esta sería la solución para toda la problemática de que adolece en la actualidad nuestro sector de inspección de carnes. Ello está fundamentado en la exposición de motivos en dos grandes áreas de solución del problema. Como corresponde, en primer término, dado que somos una asociación gremial, la inspección de la base del Fondo de Inspección Sanitaria, tal como la ley lo estableció en 1970, daría o da una estabilidad salarial y laboral que es lo que ha permitido el desarrollo con éxito durante estos treinta años y posibilitado el ejemplar comportamiento en cuanto a lo que es el contralor en el abasto y en la exportación de nuestro principal producto, la carne.

En segundo lugar, en base a todos los estudios y proyectos que hemos realizado, vemos con total claridad que, además de solucionar o dejar en piloto automático nuestros salarios, brindaría la oportunidad, en este momento de tan difícil situación económica del país, de incorporar a todos los sectores industriales que conforman la cadena agroalimenticia cárnica y de poder abatir el impuesto que actualmente es del 1%, a un porcentaje de no más de un 80% del actual.

Queremos trasmitirles, en forma breve, lo siguiente: la posibilidad de un organismo que se maneje con gran competencia en lo que refiere a la riqueza nacional, que solucionaría su problema salarial y, de manera colateral, las dificultades que venimos arrastrando con convenios que la propia ley establece en cuanto a lo que son los análisis de las carnes y subproductos, como los que firmamos estrictamente con la DILAVE. Esto daría solución, también, a problemas estrictamente laborales, como sería poder disponer del seguro de accidentes -que actualmente no lo tenemos- y ni que hablar de lo que podría mejorar nuestra salud.

Lo que he dicho aquí es una verdad comprobada matemáticamente, porque de incorporarse todos los operadores de la cadena agroalimenticia cárnica al Fondo de Inspección Sanitaria, podríamos abatir el impuesto.

SEÑOR QUAGLIOTTI.- Hace más de cuatro años que estamos abocados a encontrar una solución definitiva a un problema que se creó a través del cambio del sistema de remuneraciones. Hemos desarrollado un sinnúmero de proyectos con ese fin y el que más nos agrada, porque crea un marco -como dijo el doctor Langón- igualitario frente a todos los operadores que reciben el sistema, es el de ampliar la base de la Ley de FIS. De todos modos, voy a referirme estrictamente al artículo 77 del Mensaje Complementario, para dar a conocer nuestro punto de vista como agrupación de funcionarios.

En primer término, allí se fija una cantidad que hoy sabemos que no es suficiente para atender en forma específica las retribuciones de los 432 funcionarios que conformamos la División de Industria.

En segundo lugar, queremos señalar que tiene alguna desprolijidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, con respecto a la especificidad y al destino que marca esta disposición, que sería al Grupo 0 "Servicios Personales" del Programa 005 "Servicios Ganaderos", del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". La Ley de FIS, en el año 1970, y todas las leyes concordantes que se aprobaron posteriormente son muy específicas y muy claras respecto del destino, que habla de atender las retribuciones que, por concepto de horario extraordinario, realizan los funcionarios de la Inspección Veterinaria y de Tecnología de la División Industria Animal. Esto es lo que queríamos remarcar de este primer párrafo del artículo 77, que a nuestro juicio, no queda claro.

Con respecto al monto nominal de dicha compensación, la disposición dice que "no podrá ser superior al monto vigente al primero de enero de 2000". Queremos recalcar que nuestras retribuciones fueron congeladas al 1º de enero de 1999, por lo que se estaría, en forma velada, tapando lo que consideramos una reivindicación por no haber tenido ajustes, los que eran cuatrimestrales en una primera etapa según el Decreto Ley Nº 382, que nos rige. Desde enero de 1999 en adelante deberían haber sido semestrales, pero hasta el presente no hemos tenido ningún ajuste en la partida que recibimos por estar a la orden, con la argumentación, por parte del Poder Ejecutivo, de que no se sabe ciertamente a cuánto asciende el FIS. Esta ha sido nuestra lucha en los últimos cuatro años: poner claridad en la recaudación de un impuesto que tiene un fin específico establecido por ley.

El tercer párrafo del artículo 77 dice: "El régimen de compensaciones por permanencia a la orden y por alimentación excluye toda otra retribución extraordinaria". Aquí tenemos lo que es y ha sido inconstitucional en el Decreto Nº 382, por lo menos a nuestro entender, porque vemos que se consagra nuevamente otra violación a nuestros derechos, pues excluye expresamente cualquier trabajo por concepto de hora extra, en día inhábil y horario nocturno. Sabemos que hay normas que el país ha refrendado en el marco de los convenios realizados con la OIT, que han sido tomados y hechos ley por nuestra legislación. Allí se consagra específicamente el horario nocturno, sea para los funcionarios públicos como para los privados, el trabajo en día inhábil y las horas extra, más allá del horario que nosotros efectuamos. Quiero que ustedes sepan que el Decreto Ley Nº 382 consagra la realización de una tarea de ocho horas de lunes a viernes, más cuatro de estar a la orden, doce horas los sábados, doce los domingos y días inhábiles, con un tope máximo de 120 horas. La industria frigorífica es una actividad que tiene 24 horas para los grandes frigoríficos y para gran parte de la industria, pero los funcionarios hemos quedado congelados en número porque, de los 517 que éramos originalmente, en 1996, hoy somos 432. No han ingresado nuevos funcionarios a este sistema y la tarea de los frigoríficos es igual o mayor que la de 1996. Por lo tanto, ese horario de 12 horas de estar a la orden, de lunes a viernes, más doce horas los sábados y doce domingos, para un gran número de funcionarios se ve agregado a un horario extraordinario que no tiene ninguna compensación por este artículo 77, ni por el Decreto Ley Nº 382, que nos rige.

SEÑOR GALAGORRI.- Complementando la exposición de los compañeros, quiero decir que el primer párrafo del artículo 77 habla de una partida anual de $ 90:074.754 y esa cantidad no alcanza para nuestros reclamos, dado que el 1º de enero de 1999 sufrimos una rebaja salarial compulsiva de un 20%. De la noche a la mañana, tuvimos un 20% de rebaja y se argumentó que el fondo no era suficiente para cubrir a todos los funcionarios. A esto le tenemos que sumar que, desde 1998 a la fecha, están congelados los ajustes porque primero eran cuatrimestrales, luego, semestrales, pero no se nos dieron. Entonces, hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo de un 20% más. Si a eso le sumamos que con esta partida de $ 90:000.000 se pretende seguir congelando nuestros salarios, no sé qué podemos llegar a recibir en cinco años más.

Consideramos que esta partida es insuficiente, porque no contempla esa rebaja salarial. El año pasado, por intermedio del Director General de Economía, se nos prometió que en esta instancia presupuestal se iba a encontrar la solución, pero estamos viendo que no va a ser así. También a esto tenemos que sumarle que el FIS recauda en dólares pero a nosotros se nos congela todo en pesos. Si a nosotros se nos pagara lo que realmente se recauda en el Fondo de Inspección Sanitaria, a la fecha deberíamos tener los aumentos correspondientes. Para redondear, puedo decir que a esto también le tenemos que sumar que nuestro trabajo en las plantas frigoríficas, tal como lo dijeron los compañeros, no es de doce horas a la orden porque, al ser menos funcionarios, tenemos que cubrir el total de la actividad de la industria frigorífica, que no es de doce horas, sino de veinticuatro. Esto se lo pueden preguntar a nuestras autoridades, porque cuando vienen las auditorías extranjeras no damos abasto para cubrir las plantas con las exigencias que tenemos de los mercados extranjeros. Por tanto, al día de hoy debemos cubrir esa actividad, pero vemos que nuestro salario es cada vez menor. Por ello, reclamamos una justa remuneración por el trabajo que desarrollamos y consideramos que estos $ 90:000.000 son insuficientes porque ya nos quitaron, siguen haciéndolo y, si continuamos con nuestros salarios congelados, vamos a continuar perdiendo salario.

SEÑOR MUJICA.- Hace bastantes años que, a través de las distintas Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, conocemos las peripecias de esta industria; es una lucha larga. Es posible que los tropezones desde el punto de vista sanitario, luego de costarnos mucho, le den importancia a esto, a Rubino y a tantas cosas por el estilo, pero probablemente tengamos que sufrir bastante más, como nación, para aprender.

SEÑOR MICHELINI.- Ahora estamos tomando contacto y lo estudiaremos. El tema viene en el Mensaje Complementario y, si bien alguno de los Senadores que estamos acá no damos abasto, ya tendremos oportunidad de tomar conocimiento. El señor Senador Mujica está vinculado a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y tiene un conocimiento mayor del tema. Por tanto, revisaremos la versión taquigráfica al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión, agradecemos la concurrencia y la información brindada por la Agrupación de Funcionarios de Inspección Veterinaria y Tecnología. Asimismo, les hacemos saber que la versión taquigráfica será repartida a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la Agrupación de Funcionarios de Inspección Veterinaria y Tecnología)

(Ingresa a Sala la delegación de Organizaciones Gremiales de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y Servicios Descentralizados)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de Organizaciones Gremiales de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y Servicios Descentralizados.

SEÑOR MATTO.- Soy el secretario del Sindicato Postal y quisiera agradecer la buena voluntad de los señores Senadores de recibirnos.

Voy a plantear el tema que tiene que ver con el Correo y los compañeros expondrán el tema global que refiere a los becarios de todos los Entes y, en última instancia, también de la Administración Central, porque becarios hay en todos los organismos públicos.

El tema del Correo nos preocupa y esperamos que se nos dé una contestación. Queremos preguntarle a todos los sectores presentes del Senado si se quiere que el Correo trabaje en igualdad de condiciones que los privados. En este momento el Correo está con una situación de déficit, aunque en los últimos años ha ganado prestigio ante la opinión pública. Pero quedamos muy alarmados y, en última instancia, pensamos que sería bajarle la cortina al Correo si se hace lo que se ha estado diciendo en la prensa en los últimos días y que figura en el Mensaje Complementario, que es la aplicación de IVA al Correo. Queremos que se nos diga si se va a aplicar o no porque, en los 155 artículos que leímos, el correspondiente al Correo no estaba. Según las comparaciones que se hacían al principio, la leche larga vida y el Correo iban a tener IVA. Esto significa que eso lo va a pagar la carta, con lo que, entonces, los sectores más humildes de la población también pagarían IVA.

Otro tema que queremos plantear acá, con mucha energía, pero también con total franqueza, es que el Correo paga el 26% de aporte patronal, mientras que las empresas privadas pagan el 13%. Se nos había dicho que había un compromiso con todos los Entes, en el sentido de que a partir de 2001 y cada cuatro meses, se iba a bajar un punto el aporte patronal, pero esto no se ha cumplido con relación al Correo. Entonces, ahora parece que eso se va a postergar un año más.

Asimismo, queremos preguntar por qué las empresas del Estado no trabajan con el Correo. ¿Por qué no se utiliza el Correo para cumplir con todo lo que tenga que ver con correspondencia, tanto de UTE, como de ANTEL, del Banco de Seguros, del Banco de la República, etcétera? Nos hemos encontrado con situaciones en las que se llama para que todos se presenten, a efectos de ver quién va a repartir, por ejemplo, las carteras del Banco de la República; el Correo ofrece un precio menor del que cobran los privados y, con total sorpresa, vemos que se elige a las empresas privadas. Es así que este tema nos tiene muy preocupados. Realizaremos una asamblea el día 30 de noviembre para informar de todo lo que está ocurriendo.

Otra de las cosas que nos preocupan -sabemos que esto no se va a discutir en la instancia del Presupuesto- es que se sigue sin nombrar el Directorio; hace más de seis meses que estamos sin convenio y, debido a eso, no sabemos con quién vamos a discutir.

Agradecemos que los señores Senadores hayan escuchado el planteo que acabamos de hacer en nombre de todo nuestro gremio. A continuación, le cedemos la palabra al compañero Gómez, de ANCAP, quien hablará sobre el tema global que tiene que ver con todos los becarios de los diferentes organismos y, principalmente, todo lo que refiere a los Entes que representamos hoy aquí.

SEÑOR MICHELINI.- Antes de ingresar a ese asunto, me interesaría terminar con el tema del Correo. Con relación al mismo, hay un artículo que tiene que ver con el flete gratuito de la correspondencia que va en los ómnibus. Entonces, quisiera saber si ustedes son conscientes de ello, porque lo que allí se establece va a afectar la ecuación. Quisiera que se manifestaran al respecto.

SEÑOR MATTOS.- Hasta ahora, los fletes eran llevados por las empresas privadas. Actualmente, el Correo tiene su flota propia. Personalmente, no entiendo bien el significado de lo que establece el artículo, porque nosotros no lo teníamos.

SEÑOR MICHELINI.- El artículo refiere a la obligatoriedad que tienen las empresas de transporte de trasladar el correo gratuito. Ahora eso es eliminado e, independientemente de que el Correo ha formado una flota propia, según dijo el señor Ministro, todavía hay una parte que se transporta por esta vía. Eso tiene un costo, y no sé si ustedes lo han evaluado. Simplemente, quiero ponerlos en conocimiento de esto, porque quizá no tienen opinión formada al respecto pero, de pronto el lunes o el martes podrían hacernos llegar su visión del tema.

SEÑOR MATTOS.- Estamos totalmente en contra de eso, porque no queremos que la competencia nos lleve la correspondencia. Es lógico que queremos llevarla nosotros mismos. Por eso, hemos planteado que la flota sea del Correo, con nuestros funcionarios, a pesar de que se ha tercerizado el servicio. Evidentemente, queremos que el Correo tenga su flota propia para llevar nuestra correspondencia. Hasta hace unos años la llevaba la competencia, a raíz de un acuerdo que hubo después de que se cerró AFE.

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, ofrecemos la palabra al señor representante de ANCAP.

SEÑOR GOMEZ.- De alguna manera, estoy representando a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como también a los 3.800 becarios y pasantes que se encuentran afectados por lo resuelto en la Cámara de Representantes. En ese sentido, lo primero que queremos plantear es que, en realidad, a nuestro juicio, si bien hubo un avance con respecto al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, la situación quedaría sin modificarse, no se podría resolver la problemática que hoy tenemos. Es decir, ha habido un avance, pero insuficiente.

Entonces, queremos destacar dos cosas. Por un lado, consideramos que es positiva la reglamentación general que se estableció en la Cámara de Representantes con respecto a las becas. Creemos que en el futuro debe existir una reglamentación de becas que deje en claro cuál es el cometido de esa situación que constituye una experiencia laboral. Es bueno que eso quede establecido en la nueva reglamentación, con vistas al futuro. Pero el artículo 416, fundamentalmente, de alguna manera lesiona la situación de estos trabajadores, que rondan los 3.800, por lo que entendemos que se deberían hacer algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque el origen del problema es que estos trabajadores -aproximadamente 3.800, como he dicho antes-, en general, han sido incorporados a las distintas unidades de las empresas públicas salteándose una prohibición presupuestal existente. Entonces, cada una de las empresas del Estado y cada uno de los Servicios Descentralizados, Entes Autónomos y de la Administración Central, de algún modo han utilizado convenios existentes con la ORT, con la UCUDAL, con la Universidad de la República, con el INAME, con el INJU, con la UTU; es así que, a través de esos convenios, de alguna manera se saltearon la ley presupuestal anterior para tener funcionarios, porque esa era la necesidad verdadera. Se necesitaba ocupar determinados lugares en cada una de las empresas del Estado. Entonces, ese fue el instrumento que se utilizó, porque no había otro. Aún utilizando dichos convenios en muchísimos casos, las becas y las pasantías fueron resueltas por concurso; quiere decir que, en forma previa al ingreso, se tuvo que hacer concursos para poder después empezar a trabajar.

No es que hoy esté instalado un problema, porque en realidad estos muchachos están resolviéndoles una dificultad a las empresas del Estado, porque están cumpliendo funciones a satisfacción en todos los lugares donde están trabajando. Ellos han sido capacitados -y ha habido una inversión importante de cada una de las empresas-, han demostrado idoneidad y por eso se ha mejorado la calidad del servicio. Según las últimas estadísticas aparecidas en la prensa, ha habido un mejoramiento en el rendimiento de las empresas del Estado, y no vamos a atribuir esto exclusivamente a este fenómeno. Pero sí es cierto que ha habido un recambio generacional, aunque mínimo, con la entrada de estos muchachos. Digo esto, porque el promedio de la población etaria de las empresas del Estado -puedo hablar de UTE, ANCAP u OSE- oscila en los 47 años. Por lo tanto, esta es una fuente nueva que está ingresando y que sin duda va a redundar en la eficiencia de estas empresas. Incluso, regularizar la situación de estos muchachos no insumiría un gasto presupuestal extraordinario.

Para nosotros, el tema pasa, fundamentalmente -para ser concretos- por mejorar la redacción del artículo 416 que viene de la Cámara de Representantes. Por un lado, para resolver la situación de todos estos trabajadores que mencionaba, lo mejor sería modificar la fecha que hoy tiene, estableciendo que todos estos becarios y pasantes quedaran exceptuados del régimen que determina la presente ley, y que quedaran amparados hasta la fecha de la promulgación de la ley. De allí para adelante, comenzaría a regir el nuevo régimen, estableciendo cuál es la beca, el salario, cuánto tiempo se van a beneficiar, todo lo relacionado con los estudios y demás.

El hecho es que tenemos un problema instalado, que creo que no estuvo en el ánimo de la Comisión ni de la Cámara de Representantes cuando lo resolvió. Lo cierto es que lo que está planteando el artículo 416 es que salvo en el tema relativo a la fecha -que establece el 31 de diciembre de 1998- en el resto los becarios y pasantes quedarán amparados en el régimen que se va a instalar y, en definitiva, "entrampa" a estos trabajadores porque muchos de ellos ya no son más estudiantes y se recibieron. Por lo tanto, a efectos de regularizar esto -incluso sin llegar a lo que pretendíamos en el inicio de toda esta etapa, que era la presupuestación- quedaríamos plenamente satisfechos si se cambiaran algunos aspectos de la redacción, es decir, donde establece que quedarán exceptuados del régimen que se va a incorporar, todos aquellos becarios y pasantes que a la fecha de promulgada esa ley, etcétera.

SEÑOR MATTOS.- Solamente deseo agregar que si no se aprueba que este sistema tenga vigencia a partir de la promulgación de la ley, a más de 300 becarios se les haría un contrato por dos años y después quedarían sin trabajo. En un momento en que se plantea que la juventud se está yendo, lo que queremos es que a partir de enero de 2001 las cosas sean de otra manera, que se reglamenten y que sepan a qué se atienen cuando entran. El hecho es que hay becarios que tienen cinco, seis y hasta ocho años de antigüedad. Concretamente, lo que queremos es que se cambie la fecha. Lo que se votó en la Cámara de Representantes es que el que haya entrado hasta diciembre de 1998, mantendría su puesto de trabajo, ¿pero qué sucedería con aquellos que ingresaron en 1999 y en 2000? A nosotros no nos interesa por qué vía ingresaron; son trabajadores y, por lo tanto, en este instante en que existe una situación de desempleo terrible, queremos que nuestros reclamos se aprueben y que lo que pedimos rija a partir del momento en que se vote el Presupuesto, para que nadie quede en la calle.

SEÑORA ARISMENDI.- Creo que aquí se plantean tres problemas que podríamos resolver en el sentido que planteaba la delegación. Aun en la hipótesis de que inicialmente los trabajadores hubieran ingresado como pasantes, hoy son trabajadores y, por lo tanto, tenemos por delante una situación a regularizar. Estos trabajadores, en su calidad de pasantes, no están amparados por una serie de leyes laborales y, en consecuencia, se está ahorrando dinero sobre la base de personas que están bajo un régimen distinto.

En segundo lugar, se ha desnaturalizado -y no es el momento para discutirlo- la calidad de la pasantía o de la práctica que nosotros, por lo menos, compartimos en el sentido de que aquellos que estudian, tanto en la Universidad del Trabajo como en la Universidad de la República -es decir en las instituciones del sistema público de enseñanza-, tengan la posibilidad de hacer prácticas en nuestras empresas del Estado. La corriente educativa en el mundo entero propone no realizar las prácticas entre cuatro paredes de una institución educativa. Esto está desnaturalizado porque, a su vez, no funciona como un sistema de práctica en el trabajo y de educación por el trabajo.

En tercer término, tenemos que ver cómo de aquí para adelante hacemos que la carrera funcional y las necesidades de estos organismos se rejuvenezcan y se desarrollen, desde el punto de vista del nivel de los trabajadores, por la vía de los ingresos normales, es decir, concursos, etcétera, con toda la legislación que los ampare.

Quiere decir que se trata de tres problemas a normalizar. Entonces, si de aquí en adelante tenemos determinada situación, tendríamos trabajadores que han sido utilizados como tales durante muchísimos años, quienes serían regularizados y recuperaríamos, desde el punto de vista educativo, lo que significa una pasantía, que no es un seudo trabajo en otras condiciones, sino la formación técnico-profesional correspondiente. A su vez, podríamos pensar en recuperar el ingreso a la Administración Central o a las empresas del Estado por las vías que corresponden. Es decir que cuando hay necesidad de renovación de personal, que ello se cubra mediante concursos y presupuestación y no por caminos indirectos, que hace que luego de un tiempo volvamos a encontrarnos en esta situación que tenemos hoy planteada.

Quería dejar esta constancia, compartiendo lo que se expresaba.

SEÑOR MICHELINI.- Esto es un lío: lo saben ellos y lo sabemos todos. Por supuesto, si hubiera un ingreso a la función pública por medio del concurso, este hecho no se estaría registrando, y si hubiera estado bien definido el tema de los becarios, como ahora se pretende hacer, tampoco tendríamos este problema. Naturalmente, hay una situación de hecho que nadie puede desconocer. No sé si como viene la redacción de la Cámara de Representantes, el problema está bien solucionado; confieso que no hemos tenido tiempo para estudiarlo a fondo. Lo que digo es que hay un agregado adicional. Cualquier solución que implique trabajo efectivo de aquí en más para aquellos que estaban -quiero ser bien franco-, si se efectivizara a quienes han sido tomados en año electoral, estaríamos contraviniendo una norma constitucional que creo es sabia: que en años electorales no se debe tomar personal. Insisto en que quiero ser bien franco. Si hiciéramos eso, estaríamos borrando con el codo lo que, por lo menos nosotros, hemos dicho: que en años electorales no se debe jugar con el empleo de la gente.

No sé si estas normas están sabiamente resolviendo el problema, primero para adelante y después para atrás, con el agregado de la carga, pero más allá de que en este caso ustedes puedan considerarse víctimas de la situación, repito que no queremos que se juegue con el empleo en años electorales. Entonces, si se acepta ese criterio, aunque el tema se solucione para adelante, se puede venir, por el imperio de los hechos, a intentar que en años electorales se tome gente por medios oblicuos y más tarde se trate, por medio de la ley, de "blanquear" -entre comillas- esa situación.

Quiero agregar que, personalmente, voy a estudiar el tema a fondo y trataré de analizar cómo se soluciona para adelante y para atrás. De todas maneras, quiero trasmitirles que, independientemente de que cada uno está luchando por su empleo, quizás legítimamente, quien está viendo parcialmente el problema está bien que luche por los aspectos sindicales de los trabajadores y demás -si yo estuviera en su condición, haría lo mismo-, pero de este lado tenemos que observar la situación en su totalidad y no parcialmente. Por eso quiero ser franco y honesto y señalarles que esa situación pesa en mí. Algunos episodios ocurridos en las Intendencias o en organismos públicos del interior han sido realmente bochornosos, pero no todos lo fueron. Sé que han realizado cursos y que actualmente se necesita mucha de la gente que está. Tal vez habría que buscar un mecanismo para resolver el problema de otra manera, pero no lo tengo. Para ser franco, debo decirles que, a la hora de resolver el problema, están pesando todas estas condicionantes.

SEÑOR MUJICA.- Creo que las leyes, en general, y mucho más una ley presupuestal, jamás pueden presentar las tonalidades de las diferentes situaciones que enseña la vida. Existen organismos del Estado -como OSE en el interior- que no saben lo que harán si eliminan a los becarios, pero probablemente se desmoronarán. Además, hay muchos lugares de este país donde los más brillantes funcionarios del Estado son becarios. Eso está pasando a ojos vista por todas partes. También es cierto lo que ocurre en los años electorales, y no menos cierto es que nosotros no podemos cobrar las cuentas de los responsables de esas situaciones. Nos enfrentamos a una contradicción y tomamos como víctimas a los que ya en alguna medida son víctimas.

Existe otro aspecto relativo al asunto de los becarios. Se ha dicho que está bien que se reglamente para adelante. Tengo enormes dudas y creo que hay que reglamentar. Sin embargo, me parece que dos años en muchos lugares es relativamente poco tiempo, porque la formación de un trabajador lleva tiempo y es una inversión de capital tácito que hace el Estado. No se es un trabajador eficiente de la noche a la mañana cuando uno entra de sopetón en un lugar que no conoce. Me parece que eso será cada día más grave en la medida en que el trabajo se va tecnificando y complicando. Claramente creo que hay meses de aprendizaje que son inevitables y constituyen una inversión que realizan la sociedad y el Estado. Es una forma de capital, que no se debe despilfarrar. Tengo dudas acerca de que dos años sea un tiempo correcto, porque se deben contemplar todos los aspectos. Me da la impresión de que, por un lado, hay que tratar de que estos mecanismos no se sigan desvirtuando y, por otro, mientras existan el concurso y demás, realmente es necesario que la inversión que se hace en trabajadores eficientes tenga retribución para el propio Estado, porque puede aparecer una forma de clientelismo por una calesita acelerada. Por lo tanto, creo que la reglamentación de esto es un problema complejo.

SEÑOR CARBONE.- Para ir terminando con nuestra intervención, quiero agradecer a los señores Senadores por habernos recibido. Lo que planteaba el señor Senador Mujica es verdad, pero no menos cierto es que a veces las leyes pueden ser muy claras; hay que tener en cuenta quién las lleva adelante, sobre todo cuando más de una vez escuchamos hablar de transparencia al señor Senador.

Debemos considerar que, desde 1999 en adelante, en ANTEL hemos recibido un buen caudal de estudiantes becarios y que muchos servicios como el 121, 122, 124 y Atención al Cliente en Telefonía Celular, están atendidos por muchachos que necesitan que, por lo menos en una primera instancia, se mejore la fecha. Eso es lo que nosotros pretendemos con nuestra concurrencia a esta Comisión. El trabajo arduo de cómo reglamentarlo lo dejamos en manos de los representantes del pueblo. Por lo tanto, reitero que nosotros quisiéramos que se mejore la fecha y, en adelante, el trabajo queda a cargo de este Cuerpo. Nosotros, como simples trabajadores, estamos buscando la estabilidad laboral de compañeros estudiantes que han venido a darnos una mano, muchos de los cuales hasta se han proyectado en su vida, formando su familia por contar con esa entrada desde hace cinco, seis u ocho años.

SEÑOR MATTOS.- Sabemos que estos acuerdos necesitan de todas las Bancadas. Estuvimos en el despacho del señor Senador Fau y sabemos que va a presentar un proyecto. Eso coincide con lo que manifestaron el señor Senador Heber y otros Senadores nacionalistas, como la señora Senadora Pou. Ellos nos decían que están de acuerdo en votar hasta agosto, pero nosotros les explicábamos que, si se puede llegar a diciembre, muchos becarios no quedarían en la calle dentro de dos años.

Estamos de acuerdo con el concurso y con que la vía de ingreso sea esa, pero creemos que si hay buena disposición se puede llegar a acuerdos políticos, más para lograr que algunos jóvenes no queden en la calle. Como dijo un trabajador en una asamblea del Correo, queremos que se regularice el tema de los becarios que entran por seis meses o por un año y que no se sortee más el hambre, que no se tome a las personas durante seis meses y luego se las eche afuera, después de haber estado ese tiempo.

Nosotros estamos de acuerdo con lo que nos señalaba el señor Senador Fau y luego pudimos constatar que coincidía con lo que manifestaba el señor Senador Heber cuando lo entrevistamos en el día de ayer. Por lo tanto, conversamos con dos colectividades y aquí está presente la bancada del Frente Amplio. El señor Senador Fau nos dijo que les hiciéramos saber esto para tratar de llegar a un acuerdo. Insistimos en que quisiéramos que se apruebe, por lo menos hasta el 31 de diciembre desde el momento en que se vote, para que ningún joven quede afuera luego de haber hecho tanto sacrificio y con la ilusión de poder quedar en el organismo.

SEÑOR MOLINARI.- Simplemente, quisiera hacer dos precisiones por lo que señalaba el señor Senador Michelini. En primer lugar, tal como fue aprobado en la Cámara de Representantes, en este proyecto no se soluciona el tema de los becarios. Se consigue un avance con respecto al primer proyecto, pero tarde o temprano, los 3.800 becarios que existen actualmente quedan en la calle. Nadie va a estar eternamente estudiando. Actualmente, tenemos a una cantidad de compañeros que ya culminaron sus estudios y otros que dejaron de estudiar, y muchos entraron por becas de trabajo. Reitero que, tal como fue aprobado el proyecto en la Cámara de Representantes, los 3.800 compañeros becarios quedarán en la calle. Ese es un elemento central de este proyecto.

En segundo término, parecería contradictorio que hoy reclamemos eficiencia y un mejor desempeño a las empresas públicas y no permitirles que puedan capitalizar la inversión que hicieron durante todos estos años en estos becarios. ¿Qué queremos decir con esto? Que se ha invertido en un porcentaje muy importante de estas personas, que ahora tienen un conocimiento concreto de su función y hoy son imprescindibles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la información brindada, y la versión taquigráfica de esta reunión será enviada a todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los representantes de las Organizaciones Gremiales de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y Servicios Descentralizados.)

(Ingresan a Sala los representantes de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Defensa Nacional)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑORA ANTIGA.- Antes que nada, venimos a tratar el artículo que antes era el 70 y creo que ahora es el 68, que habla sobre la fusión de nuestro organismo con el Aeropuerto y con la DINACIA. Lo que queremos resaltar de este artículo, en el caso de que la fusión se concrete, es la diferencia que existe entre las retribuciones del personal del Aeropuerto y las nuestras. Tanto ellos como nosotros tenemos una compensación por proventos diferente, siendo la de ellos mayor a la nuestra. Tal como está planteada la fusión en el artículo, se va a dar el caso de funcionarios que estarán en el mismo grado, en el mismo escalafón, desempeñando la misma función y van a tener una diferencia de sueldo de entre $ 3.000 y 4.000.

En consecuencia, pedimos que si se realiza la fusión, se contemple el hecho de que, a igual función e igual grado, igual remuneración.

En esta carpeta se proponen alternativas para esto, que no implicarían gastos para el Estado, el que tendría un ahorro prácticamente de U$S 1:000.000. Así, nadie saldría perjudicado.

Incluso, se puede manejar el tema de las vacantes, porque tanto en el Aeropuerto como en nuestro organismo existen vacantes. Ese costo, al desaparecer las vacantes, también serviría para cubrir esa diferencia, para lograr la equiparación en los sueldos.

Básicamente, es eso lo que planteamos. O sea que si realmente se da la fusión de los organismos, que no se produzca esa lesión en los funcionarios. Digo esto, porque se da el caso de que en Aviación Civil hay funcionarios que son prácticamente fundadores y tienen una antigüedad muy grande, así como grado y una gran capacitación. Sin embargo, van a quedar por debajo de funcionarios con menos antigüedad. Reitero que van a quedar por debajo en el escalafón, así como también en los salarios. En consecuencia, si bien se quiere lograr una buena administración con pretensiones, en el momento de crear un organismo nuevo, de que funcione en forma eficiente, ello no va a ser viable, ya que va a haber problemas a nivel de los funcionarios, ya que la situación que se va a dar no es la deseable. Además, la misma se puede subsanar sin provocar mayor déficit fiscal ni una erogación mayor por parte del Estado.

SEÑOR SOLIS.- Además, es necesario aclarar que pertenecemos a un Organo -Aviación Civil- que es el regulador y fiscalizador de todas las actividades aeronáuticas del país. Si hoy es injusto que haya funcionarios que ganen $ 3.000 y $ 4.000 más que nosotros, teniendo el mismo grado y cargo, ello se vería agravado si esos funcionarios se unen en una misma unidad ejecutora.

SEÑOR MUJICA.- Quisiera saber, desde el punto de vista técnico y haciendo abstracción de los salarios, qué opinan de esa fusión. ¿Es recomendable o no?

SEÑORA ANTIGA.- El tema de la fusión abarca muchos aspectos, no solamente el del salario. Sin embargo, desconocemos cómo viene planteada dicha fusión. En un principio, se podría pensar que es adecuada. En un comienzo el organismo Dirección General de Aviación Civil fue uno solo y tenía sus aeropuertos y la administración de los mismos. Cuando la dictadura, este organismo se desmembró en dos. Lo que es, básicamente el control y el transporte aéreo comercial quedó en la Dirección General de Aviación Civil y luego se creó la Dirección de Aeropuertos, que hasta el día de hoy funcionan separadas. Lo que se pretende es su fusión.

Personalmente, me gustaría saber cuál es la idea real que impulsa esta fusión. Sin embargo, los funcionarios la desconocemos. Nos ha "llovido de arriba" esto de que se va a dar la fusión de tres organismos que ya existen. Tal como está planteada, va a ser lo mismo, ya que van a estar las mismas cabezas. O sea, que es el mismo perro, pero con distinto collar.

Ahora bien; como desconocemos cuál es la idea de la fusión, cuál su meta y por qué se da así -no hemos logrado saberlo-, nos sentimos como que ya está todo entregado, todo resuelto. Entonces, lo que queremos lograr, dentro de eso, es que nuestro salario no se vea perjudicado.

Sinceramente, me gustaría poder contestarle qué va a pasar y si la fusión es buena o no, pero no lo sé. Dentro de Aviación Civil, oficina centro, que tiene a su cargo el transporte aéreo comercial, operaciones, el Aeropuerto de Melilla, etcétera, se desconoce cuál es la base, la idea, el propósito de esta fusión en un organismo, de tres que ya existen. Personalmente, pienso que nos cambian de lugar físico, pero no veo grandes cambios ni tampoco mejoras.

No sé si le aclaré el punto, pero es lo que sabemos.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: saltamos de un tema a otro y luego algunos retornan. Digo esto porque hace un rato estuvieron en este recinto los controladores que de alguna forma también tocaron este tema, preocupados por el mismo. Muchos fundamentos no podemos dar al respecto, porque tampoco los tenemos. Por las cosas que nos han informado, nos da la sensación de que este tema ni siquiera debería estar en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.

Hay un asunto que me parece muy importante y es que estos tres organismos cumplen distintas funciones porque unos controlan y otros ejecutan. Le hemos pedido a nuestros visitantes anteriores que nos brinden una información muy sucinta de qué es lo que hacen, porque si hacemos que todos sean uno y unos controlan a otros, poniéndolos en una sola estructura, quizás, se pierdan los controles. Creo que este es un fundamento bien importante para mandar el tema a la Comisión respectiva y tomarse un tiempo, más allá del agregado que ahora, además, debería ser preocupación de quienes estamos acá. En ese sentido, si hubiera voluntad del Senado -en ese caso, no contarán con mi voto- para hacer esta fusión, tendríamos que preocuparnos, por lo menos, de que los funcionarios no pierdan su salario o parte de él.

SEÑORA ARISMENDI.- Comparto las preocupaciones que aquí se expresan y creo que, en realidad, no le tenemos que preguntar a nuestros visitantes, sino al Ministerio de Defensa Nacional y solicitarle que dé un argumento importante que explique la razón de esta fusión. Seguramente, en este tema como en otros, tenemos que consultar con el Ministerio de Economía y Finanzas. Como en todo el Presupuesto, en última instancia, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene alguna razón que desconocemos, y como no se pueden votar las cosas sin saber el porqué, necesitaríamos dirigir esas preguntas que plantea la delegación, y que tenemos los señores Senadores, a las autoridades correspondientes para poder votar, o no, de manera fundada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación de la Dirección Nacional de Aviación Civil y les comunicamos que la versión taquigráfica de lo aquí expresado será remitida a todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los representantes de la Dirección Nacional de Aviación Civil del Ministerio de Defensa Nacional)

(Ingresan a Sala los representantes de la Junta Nacional del Empleo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda le da la bienvenida a los representantes de la Junta Nacional del Empleo y les cede el uso de la palabra.

SEÑOR BALBO.- Agradecemos la posibilidad que nos dan de transmitirles nuestra preocupación en cuanto al funcionamiento de la Junta Nacional de Empleo en lo referido a su financiamiento.

Como es de conocimiento público, nosotros tenemos una opinión muy favorable de las actividades que realiza la Junta Nacional de Empleo en lo que tiene que ver con la cobertura de cursos de capacitación para trabajadores en seguro de paro, para jóvenes, a través del programa Projoven en acuerdo con el INJU, con el programa que tiene para personas con discapacidad y para trabajadores rurales. Consideramos de vital importancia en el mundo de hoy, la formación y capacitación profesional y realmente, la Junta ha desarrollado en el correr de estos últimos años programas que han sido de mucha utilidad no sólo para los trabajadores sino también para el conjunto de la sociedad, en el entendido de que una mejor capacitación para los trabajadores es una buena herramienta para mejorar la competitividad de las empresas uruguayas. Sin embargo, el organismo tiene dificultades serias de financiación. Esto llevó a que en el primer semestre del año en curso, en el seno del organismo, en forma consensuada, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los empresarios y nosotros, llegáramos a la conclusión de que existe la necesidad de un aporte extraordinario del Estado al Fondo de Reconversión Laboral que, hasta el momento, se financia con el aporte de los trabajadores y de los empresarios. Por tanto, entendimos que era necesario el aporte de U$S 400.000 mensuales y, a esos efectos, en este organismo tripartito consensuamos una batería de medidas que pretendíamos se incluyeran en el Presupuesto Nacional, lo que no fue posible. Sin embargo, a principios de setiembre el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Alvaro Alonso, en una sesión de la Junta Nacional de Empleo, compartiendo el criterio y la necesidad de que hubiera un apoyo al Fondo de Reconversión Laboral, dijo que dadas las condiciones del país, el mismo no iba a poder estar acorde con lo que la Junta estaba requiriendo y entendía que era posible un aporte de alrededor de U$S 200.000 mensuales. Incluso, esto lo reafirmó el señor Ministro en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, celebrada el 19 de setiembre. Allí planteó que, quizás, no se necesiten U$S 400.000, sino mucho más, teniendo en cuenta el nivel de cobertura que se brinda al día de hoy y dijo que lo necesario va de la mano de lo posible. Agregó que el planteo de U$S 400.000 mensuales es imposible de solventar, teniendo en cuenta la situación de caja del Gobierno; por lo menos tendría muy poca posibilidad de prosperar. Sé que la mitad de esa cifra puede representar un importante refuerzo para el Fondo sin que se generen dificultades de procesamiento a nivel macro.

Compartimos totalmente esta opinión del señor Ministro, y en función de eso es que le planteamos a los señores Senadores la posibilidad de ampliar lo ya votado en la Cámara de Representantes -que son unos $ 7:000.000 anuales provenientes de Rentas Generales hacia el Fondo de Reconversión Laboral- con un proyecto de ley consensuado en la Junta Nacional de Empleo en el primer semestre del año y reafirmado en su sesión del 25 de octubre pasado. Concretamente, por este proyecto de ley -que adjuntamos en el repartido- se crea un gravamen adicional a los aciertos del 5 de Oro. Los recursos que por esta vía se obtendrían serían de una importancia vital para el funcionamiento de la Junta Nacional de Empleo de aquí en más, en función de la conocida difícil situación que viven los trabajadores en relación al empleo.

Por lo tanto, agradeceríamos a los señores Senadores si entendieran oportuno apoyar este planteo del gravamen adicional que, en conjunto con lo ya votado en la Cámara de Representantes, le daría un oxígeno muy importante a este organismo tripartito.

SEÑORA ARISMENDI.- Nosotros estamos absolutamente convencidos de la necesidad de obtener financiamiento para el Fondo de Reconversión Laboral, con destino a los cursos de formación y capacitación. En este sentido, hemos presentado innumerables iniciativas, fuera y dentro del Presupuesto. Pero el día en que concurriera el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social a la Comisión, efectuó un planteo que quisiéramos trasladar a la delegación que hoy nos visita. Concretamente, él señaló -no tengo la versión taquigráfica delante, pero voy a tratar de reproducir aproximadamente sus expresiones- que existían posibilidades de impulsar nuevos cursos en este momento y que la delegación de los trabajadores -porque esto funciona sobre la base de acuerdos tripartitos- no había hecho acuerdo con las propuestas realizadas. Recuerdo que casi textualmente señaló que la traba a la puesta en práctica en estos momentos estaría determinada por la posición de la delegación de los trabajadores en la Junta Nacional de Empleo. Frente a este planteo, nosotros sentimos la preocupación de trasladar a la delegación de los trabajadores la inquietud de cuáles son esas diferencias -si es que existen-, ya que también tenemos opinión sobre cómo se gastaron los recursos anteriores y sobre el balance que hizo la entonces Ministra Ana Lía Piñeyrúa acerca de los cursos en un llamado a Sala en la Comisión Permanente, en relación con la devaluación en Brasil. En esa instancia la doctora Piñeyrúa hizo una extensa exposición sobre estas iniciativas y el balance que hacía el Ministerio, opinión que, según tengo entendido, el actual Ministerio no comparte.

En definitiva, me gustaría saber cuál es la opinión de la delegación de los trabajadores con respecto a este tema.

SEÑOR BALBO.- En realidad, en setiembre se produjo una diferencia entre la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Junta Nacional de Empleo y la nuestra. Esta diferencia hoy se ha subsanado, y consistía en lo siguiente. Por una resolución unilateral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en enero de este año se tomó la decisión de dejar de contratar cursos para trabajadores en Seguro de Desempleo, en función de las dificultades financieras, y es así que estuvimos nueve meses sin contratar cursos. En el seno de la Junta Nacional de Empleo teníamos un compromiso de las tres partes en el sentido de lograr U$S 400.000 adicionales para planificar hacia adelante. Luego, el señor Ministro adujo que no era posible llegar a esa cifra, pero que sí entendía viable alcanzar los U$S 200.000. En función de eso, nosotros planteamos en el seno de la Junta que, para retomar las actividades luego de nueve meses de paralización, era importante saber con qué fondos íbamos a contar. En efecto, no nos parecía adecuado retomar las actividades con los fondos que normalmente se reciben, que representan unos U$S 650.000, porque entendíamos que la Junta Nacional de Empleo tendría una dificultad muy grande al retomar los cursos, ya que existían 11.000 inscriptos del año 1999 y 1.000 del año 2000, y a una parte de esos trabajadores la Junta no iba a poder darles respuesta. Entendíamos que los cursos debían retomarse sobre bases firmes, es decir que había que tener una administración responsable, en el sentido de saber cuáles iban a ser los ingresos con que íbamos a contar hacia adelante.

El jueves 16 de noviembre, en función de lo ya votado en la Cámara de Diputados, acordamos trabajar sobre ese presupuesto: U$S 650.000 mensuales, que es lo que ingresa por el sector privado, más U$S 95.000, que ingresarían de Rentas Generales, en el entendido de que esto ya es un acuerdo. Esto nos va a permitir, ahora sí, planificar en función de esos ingresos. De no tener ingresos extras, en nuestra opinión la Junta no podría tener continuidad.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Cuánto aspiran a recaudar con este artículo aditivo?

SEÑOR BALBO.- Aproximadamente U$S 80.000 mensuales.

SEÑOR MICHELINI.- Por lo que veo, con el artículo 281 y con lo que se aspiraba a recaudar por esta vía, se está tratando de llegar a los U$S 200.000 mensuales. Hago esta referencia porque creo que no deberíamos seguir recargando impositivamente la actividad y porque no tenemos iniciativa, por lo cual este artículo sería inconstitucional. Sucede que este tipo de juegos se promociona en base a los pozos que se ofrecen, y si a esos pozos se les hacen demasiadas retracciones, empiezan a ser menos atractivos, la gente juega menos y se termina dividiendo la misma cantidad entre más partes.

Independientemente de esto, lo que se estaría necesitando serían U$S 80.000 más, y ese es nuestro problema. Entonces, creo que debemos agudizar el ingenio y buscar otras soluciones, es decir, no atarnos a la financiación que nos plantea la Junta, sino intentar encontrar otra solución que no sea inconstitucional.

SEÑORA ARISMENDI.- Quiero decir que me alegra que se haya subsanado el inconveniente porque, precisamente, el señor Ministro había puesto hecho énfasis en la imposibilidad de llegar a un acuerdo en tanto la delegación de trabajadores, de alguna manera, lo estaba obstruyendo.

Por otra parte, si entendí bien, lo que se dice es que con estos recursos se podría atender a esos 12.000 trabajadores –o sea, los 11.000 correspondientes a 1999, más los 1.000 de este año- que están esperando la realización de los cursos. De ser así, no estaríamos hablando de los posibles trabajadores que se inscriban de aquí en adelante. ¿Dichos cursos se instrumentarían solamente para quienes ya están esperando acceder a ellos?

SEÑOR BARRETO.- Concretamente, la financiación que se está solicitando es para mantener a la Junta Nacional de Empleo en funcionamiento. El problema que se arrastra por la suspensión de los cursos en el año 2000 se subsanaría en forma secuencial; en otras palabras, los U$S 200.000 mensuales permitirían ir procesando los cursos para las personas que están en lista de espera, mediante algunos criterios que va a emplear la Junta Nacional de Empleo. No nos hemos referido a ello pero también habría ajustes en la Junta, por ejemplo en lo que tiene que ver con las licitaciones a las entidades de capacitación, recortes en las becas que se otorgan a los trabajadores, etcétera. En definitiva, se trata de un paquete del que vemos como reflejo la parte presupuestal, pero también hemos tratado de ajustar los costos.

Reitero que los 12.000 trabajadores que están en lista de espera tendrían su lugar en los cursos en los próximos meses y, a su vez, el financiamiento solicitado permitiría a la Junta Nacional de Empleo mantener su funcionamiento en condiciones adecuadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia y la información brindada por la delegación de la Junta Nacional de Empleo. Desde ya adelantamos que la versión taquigráfica de lo aquí expresado será remitida oportunamente a todos los señores Senadores.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 20 y 57 minutos)