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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 14 minutos)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a los Representantes del Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos y, al mismo tiempo, les cede el uso de la palabra.

SEÑORA ANTOLA.- En mi calidad de Secretaria General del PLENADI en el período 1999-2001, quiero señalar que el Plenario representa a todas las organizaciones. PLENADI significa Plenario Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad.

En el día de hoy concurren el doctor Oscar Vincent, que es nuestro asesor e inclusive formó parte del Secretariado muchas veces, siempre luchando por una asignatura pendiente, que es la discapacidad. También, están presentes el doctor Jorge Sosa, Secretario de Comunicaciones en este período y el doctor Luis Trucco, quien es nuestro compañero en el tema desde hace muchos años. Todos participamos de la organización por distintos motivos, ya sea por ser padre de un chico con discapacidad, como el caso del doctor Luis Trucco, por tener una discapacidad, como sucede con el doctor Jorge Sosa y, quien habla, por tener una discapacidad adquirida.

Como saben los señores Senadores, el PLENADI es una organización que federa a varias instituciones de personas con discapacidades. Nuestro objetivo es llevar adelante todo lo relativo a encuentros en parques de recreación y cursos, que se encuentran desperdigados entre las distintas asociaciones porque, en realidad, el Plenario no tiene los recursos suficientes para hacerlo por sí solo. Como se sabe, contamos con $ 85.000 por año, cifra con la que tenemos que tratar de cubrir todas nuestras necesidades. Inclusive, anteriormente conseguíamos donaciones para que los chicos pudieran realizar los cursos de las distintas manualidades, pero en estos momentos no las tenemos. Todos conocemos la recesión que existe en el país en general y todos estamos peleando por combatirla.

Frente a esto, nuestra idea es concurrir a esta Comisión y tratar de conseguir, por intermedio de ustedes, la suba de la subvención que recibimos.

SEÑOR VINCENT.- Por mi parte, hace unas cuantas décadas que soy médico; además, soy investigador desde hace 40 años en el Instituto Clemente Estable. A su vez, estoy trabajando con todos mis compañeros en el PLENADI desde su inicio. Tengo una carrera internacional importante, pero lo que me gusta es mi país y, por eso, estoy aquí.

Queremos recalcar a los señores Senadores que el PLENADI es el Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos y es la única organización no gubernamental que tiene como perspectiva el amplio espectro de la discapacidad nacional. Es también, una organización federativa que no se dedica a una causa específica de una enfermedad determinada; tratamos de ser el máximo órgano de gestión para conseguir los mayores alcances, tales como derribar barreras arquitectónicas –como ya se está viendo en la ciudad- mejorar el transporte, realizar trabajo de campo en la Corte Electoral para lograr el acceso de las personas discapacitadas en nuestro rígido sistema electoral –por suerte, totalmente distinto al desprolijo de los Estados Unidos- promover la vivienda y la educación para estas personas e intentar que las mismas permanezcan trabajando.

Los números muestran la realidad. Desde que empecé la carrera en el Instituto Clemente Estable, se decía que el 10% de la población es discapacitada. Hoy en día, en función de que existen tres factores muy difíciles de rebatir, esa cifra ha aumentado. La expectativa de vida más larga en toda América –excluyendo a Estados Unidos y Canadá- es la de Uruguay, y eso provoca que la ancianidad incremente enormemente el número de personas discapacitadas. A su vez, los años de dictadura militar provocaron una explosión de emigración muy importante que, desgraciadamente, se está produciendo también en estos tiempos. ¿Quiénes emigran? Toda gente capaz y sana; las personas discapacitadas quedan aquí. Eso incrementa enormemente el porcentaje correspondiente a la familia de la persona discapacitada.

Por último, tenemos el desgraciado nivel de, entre otras cosas, accidentes de tránsito, que supone alrededor de 10.000 personas con lesiones importantes en la pelvis, la cadera, los miembros inferiores, la columna vertebral, el cráneo, etcétera, es decir, discapacitados con lesiones importantes.

Con esos tres factores –podríamos agregar algunos más- saltaríamos del 10% al 15%. Decirles a ustedes que ese 5% equivale a 150.000 personas, y que de 300.000 se pase a 450.000, es una deshonestidad, es algo no ético. Debemos tener cuidado porque los informes que vienen de las Naciones Unidas sobre políticas sociales del Uruguay son muy valiosos, pero también critican ácidamente algunos puntos muy vulnerables de nuestra nación. Uno de ellos es la segmentación, el aislamiento, la falta de programas nacionales de coordinación. Hay U$S 500.000 en un programa de rehabilitación para personas discapacitadas motrices, que hace tiempo que anda dando vueltas; seguramente se ocupará de él la delegación futura. Con los recursos humanos -reconocidos por los delegados mundiales que nos han visitado- y los materiales de que disponemos, no queremos un peso más, sino una coordinación de esfuerzos para que no se dupliquen las tareas en esta área, que quince o veinte organizaciones hagan lo mismo, esterilizando tiempo y llegando a resultados contraproducentes, en un mundo de economía ingrávida, en el que cada vez el dinero vale menos.

Entonces, el PLENADI surge como un órgano gestor, federativo y nacional, que conoce muy bien el perfil humano de una persona discapacitada, como también al rural que habita en Artigas, Salto o en cualquier otro departamento, a raíz de los encuentros que hemos llevado adelante. Queremos jerarquizar nuestra actividad, porque entendemos que es la de máximo nivel del área de la discapacidad a nivel de las organizaciones no gubernamentales. No sólo venimos con demandas, sino también presentando soluciones, como órgano gestor, como órgano de "leasing", o como se le quiera llamar. A este respecto, quienes nos han acompañado en la mañana de hoy, se seguirán explayando.

SEÑOR SOSA.- Para nosotros, es un gusto estar aquí.

Desde su fundación, en 1983, PLENADI tiene como objetivo organizar una vez por año un encuentro nacional de personas con discapacidad –a esto también se refirió el doctor Vincent- con el cometido de sensibilizar, concientizar, reflexionar y meditar con las instituciones de cada departamento. Hemos recorrido más de medio país.

Este año, y hace un mes, en la ciudad de Maldonado, organizamos el 13º Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad. A su vez, en forma paralela, y durante los mismos días, tuvo lugar el 6º Encuentro Nacional de Jóvenes con Discapacidad. Estos Encuentros han nucleado en cada departamento más de 350 personas con discapacidad, número que año a año se va acrecentando. Para solventar estos encuentros necesitamos contar con dineros que permitan la participación de personas con discapacidad de los lugares más remotos del país, que tienen carencias que, de una u otra forma, tratamos de solucionar. También a los efectos de contar con su participación, tratamos de conceder distintas becas que les permitan participar en estos encuentros que se han llevado a cabo en Paysandú, Cerro Largo, Maldonado y otros tantos departamentos, tratando de comprometer a las autoridades locales sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas en lo que refiere a la salud, capacitación laboral, formación y educación, es decir, todo lo que compete a la problemática de la persona con discapacidad. Este es un objetivo que venimos cumpliendo desde hace varios años; pero cada vez nos va a costar más, como nos sucedió la última vez. De cualquier manera, el compromiso está planteado y no vamos a decaer en el esfuerzo de seguir involucrando a las autoridades de entes públicos y privados para que colaboren con nosotros, a los efectos de poder llevar a cabo esta obra que entendemos es fundamental, así como también los restantes puntos que han sido citados por nuestros compañeros.

SEÑOR TRUCCO.- Por supuesto que la presencia de esta delegación del PLENADI está fundamentada en el estudio del Presupuesto Quinquenal del Estado para el período 2000-2004, así como del Mensaje Complementario.

Como se ha señalado, nuestra institución es una asociación civil que, en función de disposiciones internacionales y nacionales, debería recibir un apoyo económico de los Gobiernos para llevar adelante acciones en el orden social, como lo es la temática de las personas con discapacidad. Por medio de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se nos fijó una subvención de $ 50.000 anuales. También en esa misma Ley, pero en otros artículos, otras instituciones tienen sus subvenciones.

Como dije, somos una asociación civil, pero también una federación que viene trabajando desde hace 17 años. El Parlamento Nacional nos conoce muy bien porque hace muchos años que estamos trabajando con él, aportándole ideas y siendo referentes de la temática en varias oportunidades. Así, hemos llegado a este Presupuesto en donde, en una primera instancia, el Poder Ejecutivo ha elevado el Presupuesto Quinquenal a la Cámara de Representantes. La gran primer sorpresa fue que las subvenciones son para el 2000 y el 2001. Esto produjo una gran conmoción a todas las instituciones. Nos preguntamos qué va a ocurrir después del 2002. Podríamos interpretar que este rubro Subsidios y Subvenciones del Inciso 21, en principio, podría ser descartado.

Posteriormente, en la Cámara de Representantes se trató de modificar esto, extendiéndose un año más, abarcando nuevas instituciones, anulando algunas o trasponiendo ciertos términos. Sin embargo, seguimos con los $ 50.000 iniciales que, ahora, son $ 85.000 anuales, en virtud de los ajustes económicos que se han realizado. En el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo se anula todo lo que propuso la Cámara de Representantes, incluso, la extensión de un año más se traslada al Ejercicio 2000 – 2001. De manera que nuestra institución queda con los valores congelados. Reitero que actualmente cobramos por el Ejercicio 2000 $ 85.000, aproximadamente.

SEÑOR RUBIO.- Tengo una duda que es compartida por el señor Senador Michelini, acerca de si estamos hablando de la misma organización o si está bien el nombre. Lo que figura en el Inciso Subsidios es el Plenario Nacional del Impedido. ¿Es correcto?

SEÑOR TRUCCO.- Exactamente, señor Senador.

Decía que, actualmente, a través de los ajustes anuales estamos percibiendo $ 85.000, cuya base son los $ 50.000 a los que me referí anteriormente. Entonces, seguiremos con esa cifra porque, de acuerdo con el Mensaje Complementario, se vuelve para atrás y no hay aumentos. Incluso, se formó una Comisión y no sabemos bien qué cometidos específicos tiene, más allá de que se han delineado. También tenemos dudas acerca de cómo va a funcionar dicha Comisión y la manera en que se distribuirá la partida de $ 14:000.000. Tenemos inquietudes al respecto.

Reitero que ya estamos en el 2000 y continuamos con los $ 85.000 congelados, desde el 1º de enero de 1989. Nuestra Institución tiene muchos gastos, además de los que son comunes a todas las organizaciones. Por ejemplo, tenemos un Presupuesto de recursos humanos que, aunque es pequeño, tiene su incidencia. Asimismo, disponemos de cursos de capacitación con profesores del CODICEN, y debemos comprar los artículos que ellos necesitan, a fin de que capaciten a los jóvenes y adultos con discapacidades.

Insisto en que el Parlamento debe incidir en este tema. Como verán los señores Senadores en el documento que les hemos entregado, estamos solicitando un aumento de $ 200.000 anuales. Si se nos compara con otras instituciones, se verá que otras tienen muchos más subsidios. Quiero dejar constancia de que no pretendemos desvestir a un santo para vestir a otro. Todas las instituciones mencionadas en estos artículos, merecen tener una subvención, por sus objetivos y acciones. También lo merecen algunas instituciones nuevas. Pero insistimos en que se nos reconozca como Federación, que sólo obtiene por año $ 85.000. Según parece, vamos a seguir así hasta mediados del 2002. Creo que nuestra Institución no va a poder subsistir, tal como están las cosas hoy.

Además de la subvención, tenemos ciertos ingresos. Cada institución afiliada paga entre $ 40 y $ 50 por mes. Es verdad que a veces se obtienen determinadas contribuciones o colaboraciones, pero cada vez son menores. Somos una institución pionera. Estamos trabajando desde hace 17 años. Hemos obtenido reconocimiento a nivel internacional. PLENADI es considerada a nivel mundial como la entidad que representa a Uruguay entre todas las instituciones del mundo agrupadas en la DPI. Somos la Asamblea Nacional por Uruguay y deberíamos concurrir habitualmente a congresos y reuniones a nivel latinoamericano y mundial. Lamentablemente, el año pasado no pudimos concurrir por carencia de fondos. Sí pudimos ir al encuentro que se celebró en 1998.

Por lo expuesto, estamos pidiendo a los señores Senadores que contemplen nuestras aspiraciones y se las trasladen al Poder Ejecutivo. Sabemos que este último es el que tiene la iniciativa, tal como se nos indicó en la Cámara de Representantes. Pensamos que debe haber una correlación de fuerzas y entendimiento entre ambos Poderes. A su vez, el Poder Ejecutivo debe tener una capacidad receptiva para atender los requerimientos que se vuelcan en este ámbito.

En consecuencia, solicitamos que la actual subvención de $ 85.000 pase a $ 200.000. Por supuesto que es un salto importante en cuanto a la cantidad de dinero. Pero debemos valorar no solamente los pesos, sino también la acción, los objetivos y las metas que tiene PLENADI como organización representativa en el área de la discapacidad. En nuestro país hay como mínimo un 10% de personas que se encuentran en esa situación.

SEÑORA POU.- Es un gusto estar con los Representantes de PLENADI en el día de hoy. Es una institución que valoramos, conocemos y hemos visto actuar, siempre, en medio de dificultades, pero quizás ningún momento fue tan crítico como este.

Además de coincidir con los planteos que han hecho –no quiero abundar en ello porque quienes hicieron uso de la palabra lo han explicado muy bien- quiero dar mi testimonio, porque los he visto actuar y sé que lo que dicen se corresponde con la realidad.

Me siento en la obligación de introducir un tema que me toca de cerca muy especialmente. Cuando veo instituciones como ustedes –que trabajan en un campo donde cada vez más actúan las Organizaciones no Gubernamentales, disminuyendo las que lo hacen en la esfera del Gobierno- pienso que hay determinado tipo de actividades que tienen valor, pero no precio. Por eso es que cada vez más la sociedad civil es la que se agrupa en torno a intereses y preocupaciones a las que se procura dar solución. Las Organizaciones no Gubernamentales están allí donde el Gobierno no llega. Más que nunca me siento responsable de hacerles una aclaración, porque ustedes tienen a la vista el mismo Presupuesto que nosotros, es decir, el primitivo, el enviado por la Cámara de Representantes y el Mensaje Complementario.

Ustedes conocieron una institución que se llamó Acción Solidaria y que trabajó muchas veces de la mano de ustedes. En este momento, dicha institución se ha disuelto. Quiero explicarles por qué figura aquí una institución que ya no existe. No es lógico que esto ocurra en momentos en que ustedes están pidiendo, razonable y responsablemente, que se aumente un subsidio. Debo decir, entonces, que cuando nosotros vimos que figuraba esta institución dentro del primer listado, le solicitamos a un representante de nuestra propia bancada –como forma de que se viera en ello nuestra buena voluntad y que se reflejara buena información- que la misma se retirara. Seguramente, debe haber sido la única institución que en lugar de pedir que se mantenga o se aumente su partida, solicite que sea retirada porque, obviamente, en ese momento se estaba procesando el trámite de disolución. Es así que llega, entonces, el Mensaje al Senado tal como corresponde sin que esta institución figure en el listado. No obstante, debo confesar mi sorpresa y asombro –pero, lo dejamos por aquí- cuando nuevamente veo que ha sido incluida en el listado final con el último Mensaje Complementario.

De manera que simplemente quería dejar aclarado cuál es nuestra responsabilidad, del mismo modo que dejamos constancia de ello en otras oportunidades cuando han concurrido a este ámbito otras organizaciones, que figuraban o que, en su caso, no estaban en el listado porque habían desaparecido.

SEÑORA ARISMENDI.- Simplemente, quisiera hacer una constancia. Nosotros conocemos esta situación y en los últimos años hemos trabajado conjuntamente, a veces con poca suerte, sobre todo cuando nos abocamos a encontrar las partidas que habían sido votadas en el Presupuesto anterior pero que luego se habían extraviado por el mundo de las planillas y del Ministerio de Economía y Finanzas. Debo decir, entonces, que hubo varios compromisos, en ocasión de considerarse distintas Rendiciones de Cuentas e incluso en la Comisión Permanente que, en aquel momento, era presidida por el señor Senador Sanabria. En esas instancias asumimos un compromiso que no pudimos cumplir, porque no estaba en nuestras manos la posibilidad de hacerlo y, sobre todo, la de encontrar las partidas extraviadas que serían destinadas a la adquisición de materiales como, por ejemplo, audífonos.

Por otra parte, tal como le consta al señor Presidente, hemos abordado una serie de tareas en cuanto a legislación e incluso hemos planificado, que apenas termine la consideración del Presupuesto y a instancias de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social realizar un encuentro para analizar todo el tema de los baremos. Esperamos que de esa forma se pueda ir avanzando, tal como se hizo en la Cámara de Representantes, que luego de mucho trabajo logró la elaboración de una pequeña ley relacionada con la compatibilidad de los discapacitados y su posibilidad de trabajar.

Quería dejar esta constancia, porque nosotros pensamos –tal como nuestros visitantes- que respecto de este tema y de otros el Presupuesto aparece como si fuera a regir por un año. Por lo tanto, parte de lo que resta por determinar –y ello será tarea de la Comisión- es si estamos considerando un Presupuesto Quinquenal o un Presupuesto para un año. Permítame que exprese, señor Presidente, que de pronto hubo un error y entre tantas fe de erratas que nos han enviado, tal vez el Poder Ejecutivo nos envíe otra señalándonos que se equivocó en el planillado y que hay partidas que estaban planificadas para el quinquenio pero sólo figuran para un año.

SEÑOR RUBIO.- Tenemos una idea bastante cabal del trabajo que se está haciendo en materia de capacidades diferentes en el Uruguay y del esfuerzo que ello implica. Entonces, quería referirme al tema del incremento de los accidentes de tránsito. Concretamente, me gustaría que se reiterara la cifra a que se hizo referencia, cómo inciden los accidentes de tránsito y si hablamos de cantidades anuales.

Por otro lado, en cuanto a lo que ha señalado la señora Senadora Pou –que ya lo había adelantado hace varios días- tendremos que analizarlo, porque si bien son disposiciones que requieren de la iniciativa del Poder Ejecutivo, acá figura una cuyo destino no se acepta. Muchas de ellas fueron planteadas en la Cámara de Representantes y, a su vez, desaparecieron, razón por la cual considero que tendremos que hacer un esfuerzo de imaginación para ver cómo podemos mejorar algunas de estas situaciones.

SEÑOR MICHELINI.- Brevemente quisiera señalar, señor Presidente, que quienes estamos aquí presentes tenemos una sensibilidad muy especial con este tema aunque, por supuesto, ello no significa que eso sea suficiente para lograr los objetivos que nos están planteando. De cualquier manera, cabe destacar que tenemos una línea de trabajo según la cual, en primer lugar, tendremos que ampliar esto para dar seguridad de que estas disposiciones regirán todo el quinquenio. Ese es, entonces, el primer objetivo que estamos intentando, o sea, que exista la seguridad de que, poco o mucho, los recursos sean para todo el quinquenio.

Por otro lado, tal como señalaba el señor Senador Rubio tendremos que empezar a estudiar las partidas, tema que no es fácil, pues incluso el Mensaje Complementario deja sin efecto también otras partidas muy legítimas.

De todos modos, quiero destacar la sensibilidad de quienes estamos aquí presentes y la intención de lograr que las organizaciones que agrupan a personas con capacidades diferentes cuenten con un mayor respaldo del Estado.

SEÑOR TRUCCO.- Quisiera señalar que en el material que entregamos a los señores Senadores figuran en forma adjunta tres propuestas que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Las mismas se refieren, por ejemplo, a la exoneración del IVA de compra para las instituciones que giran en esta área, pues este impuesto para una organización como la nuestra significa un costo que no podemos deducir, porque somos consumidores finales.

Otra de esas propuestas tiene que ver con la formación de un Fondo Nacional para proyectos en el área de discapacitados, que hemos denominado FONADI en base a un impuesto que no es trasladable al consumo y que no eleva los gastos de las instituciones, pues simplemente del remate de sus bienes podrían destinar un porcentaje mínimo para un descuento que sería volcado al Fondo que pretendemos crear. De este modo podríamos seguir adelante con nuestro trabajo, elaborando proyectos con el fin de lograr la mejora que merecen en su calidad de vida las personas con capacidades diferentes.

Por último, otra de nuestras propuestas tiene que ver –tal como señalaba la señora Senadora Arismendi- con la famosa recuperación de una partida de U$S 2:500.000 que el Ministerio de Salud Pública nunca cobró al de Economía y Finanzas. No sabemos por qué ocurrió esto y simplemente de tres partidas pudimos rescatar una y se perdieron, reitero, U$S 2:500.000 que, como es obvio, no se gastaron en un área social; es por este motivo, que insistimos tanto en este punto.

SEÑOR VINCENT.- En principio, nos congratulamos con la señora Senadora Pou por la valentía de su exposición, sobre todo, en momentos en que en nuestro país vivimos una situación de crisis o de cambio de valores. Inclusive, sabemos que hay instituciones dirigidas por una sola persona y que no trabajan por muchos años. Entonces, nos parece muy valiosa la actitud de resignarse a la desaparición de una institución no gubernamental.

Quisiera agregar que desde el principio hemos trabajado cómodamente, en forma transversal, y todos los partidos políticos están representados en el PLENADI. Además, siempre hemos tenido en cuenta las recomendaciones dadas por los primeros congresos mundiales sobre discapacidades en cuanto a que las organizaciones no se embanderen políticamente, al igual que otras áreas como, por ejemplo, la drogadicción o la pobreza. Precisamente, uno de los males es la falta de coherencia en las distintas organizaciones en lo que respecta no sólo a la politización sino, incluso, a la partidirización, lo que hace que no se concreten muchos logros y no haya una coordinación en los programas nacionales. En lo que me es personal, simplemente quisiera decir que no puedo ejercer como profesor de neurología, porque el mérito obtenido en los Estados Unidos en mi profesión, no es válido para la Facultad de Medicina de nuestro país.

Otro punto al que quería referirme es el siguiente. Si bien no integro las comisiones específicas de tránsito –como por ejemplo USAT- puedo decir que estoy atento al tema y siempre trato de participar en asambleas y reuniones que se realizan. Por cierto, lo que se está haciendo es muy meritorio, pero no es suficiente. Concretamente, la cifra que mencionamos de 10.000 accidentados es anual y en ella se incluye a los accidentes severos con fractura de piernas, caderas, columna cervical y cráneo. Muchos de ellos se convierten en discapacitados severos y graves, lo que representa un gran problema para nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la concurrencia del Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos, así como la información brindada en la mañana de hoy.

(Se retiran de Sala los representantes del Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos)

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios

Judiciales del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado da la bienvenida a los Representantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

Tiene la palabra el señor Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Antes que nada, agradecemos la deferencia que una vez más tiene el Senado de la República en darnos la oportunidad de que se escuchen nuestras reclamos y aspiraciones con la esperanza de que –dentro del marco de independencia y de funcionalidad que se marca a cada Poder del Estado- desde el Senado se contemplen las reclamaciones que entendemos son justas.

La compañera Rama, actual Secretaria General de nuestro sindicato va a reiterar nuestras aspiraciones.

En lo particular, quiero aclarar debidamente algo que para nosotros está llevando a una confusión para que cuando ustedes deliberen tenga en claro la situación de una partida que la Suprema Corte de Justicia nos otorga desde hace 4 años por concepto de ahorro de economías del Rubro 0. Se trata de ahorros que se hicieron con el sacrificio de los funcionarios judiciales, que emana del no llenado de vacantes y de la no realización de los ascensos durante muchos años en el Poder Judicial, lo que ha traído aparejado un esfuerzo superior del personal para mantener el buen servicio de la Justicia.

Decía que, desde hace ya cuatro años, la Suprema Corte de Justicia decidió otorgar esas partidas de acuerdo con los ahorros del Rubro 0, partida que conlleva los debidos descuentos de Montepío e Impuesto a los Sueldos. No es cierto lo que se dice en este momento que a los funcionarios del Poder Judicial se les otorgó $ 800 de aumento; en el mejor de los casos, este año se incrementó dicha partida en $ 150, porque desde hace cuatro años que venimos percibiéndola y el año pasado era de $ 650.

Por tanto, objetivamente, entendemos que no se la puede tomar como un aumento. Sería lo mismo que si se tuvieran en cuenta los aumentos semestrales que se nos han otorgado del 1.5% durante mucho tiempo.

Reitero que con esa partida, que lleva descuento de Montepío e Impuesto a los Sueldos, el promedio de los salarios de los funcionarios judiciales está en alrededor de $ 3.000

SEÑOR RUBIO.- Me queda claro lo que se está planteando porque, además, hemos conversado varias veces incluso con miembros de la Suprema Corte de Justicia y nos hablaron de ese tema de los $ 800.

Quisiera saber si en el Mensaje Complementario se vendría a cubrir ese tema o se mantiene igual. Me refiero a si la partida está reconocida, lo que vendría a significar que quedaría igual. Deseo conocer en qué artículo está reconocida el fondo para esa partida.

SEÑORA RAMA.- En realidad, esa partida no está reconocida en ninguno de los artículos del Mensaje Complementario ni en el Mensaje inicial del Poder Ejecutivo, ya que el Inciso 16 no fue tenido en cuenta por éste. En el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, si bien se incluye un artículo que se refiere a la racionalización salarial –que tiene algún error que señalamos- proponemos un aditivo en el sentido de incorporar un incremento de muy poco monto. Entendemos que si el concepto es la racionalización, en la escala salarial deben incluirse todos esos veinte renglones, aproximadamente, que se liquidan en nuestro recibo, a fin de cubrir el concepto o el objetivo.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia, tampoco incluye la partida extra o compensación personal que venimos percibiendo.

Concretamente, solicitamos que, tomando como base ese artículo que envió la Suprema Corte de Justicia, se incluyan esos dos ítems que refieren a ese incremento de abril de 1996 y la partida o compensación personal que venimos percibiendo porque, como aclaraba el señor Pereyra, de hecho ya está formando parte de nuestra remuneración en la medida que tiene aporte e impuestos. En el Mensaje Complementario no se menciona en absoluto ese tema. En el día de ayer, hablamos con algunos Legisladores y tuvimos la impresión de que había surgido ese error o duda.

En el marco de lo que veníamos planteando, queremos manifestar brevemente nuestra preocupación con respecto al tratamiento que ha venido teniendo el Poder Judicial en las etapas presupuestales. En el Mensaje inicial del Poder Ejecutivo ni se menciona el Inciso 16. Por su parte, en el de la Suprema Corte de Justicia, ajustándose a costos y conceptos a nuestro juicio erróneos, lo que se envía como incremento salarial y proyecto de reestructura es totalmente parcial y, además, se vuelven a privilegiar determinados sectores, como es el administrativo de apoyo, dejando de lado en forma absoluta el área de los Juzgados que para nosotros es la sección fundamental que debe cuidar y proteger el Poder Judicial.

En consecuencia, nos encontramos con que en el propio Mensaje de la Suprema Corte de Justicia hay carencias fundamentales que nos hacen plantear nuestra discrepancia.

Desde el comienzo hicimos un planteo muy claro que supongo conocerán los señores Senadores puesto que consta en el memorándum entregado oportunamente, donde no sólo planteamos reivindicaciones en lo inmediato relativas a lo salarial, sino también estamos apuntando a circunstancias que atienden a la problemática del Poder Judicial como tal y al objetivo de la mejora de la gestión del mismo, que hace muchos años venimos denunciando en el sentido de que se está produciendo un grave deterioro. Por un lado, esto se debe al tratamiento que ha tenido en las diferentes etapas presupuestales en las que no se les adjudicó los rubros necesarios para un adecuado funcionamiento y, por otro lado, porque se hace imprescindible instrumentar una verdadera reestructura en sus escalafones, en su forma de organización, criterios de trabajo y, por supuesto, en la dignificación de sus salarios. Entonces, nuestro planteo fundamental apunta a eso, y nuestra preocupación, insisto, trasciende lo inmediato del tema salarial, más allá de que es acuciante como ya lo hemos explicado reiteradas veces.

Los artículos que hemos propuesto se refieren a la racionalización de la escala salarial, que es de gran importancia. La suma que se viene percibiendo, que tiene todas esas características que apuntábamos, debe ser incluida en la remuneración base de los funcionarios.

Por otra parte, hacemos un planteo respecto a lo que puede ser un incremento en lo inmediato y de que se instrumente una forma que abarque a absolutamente a todos los funcionarios de todos los escalafones, desde Magistrados hasta el auxiliar, que se implementaría a partir de un viático por alimentación que ya existe en otros organismos, en los Entes y en el Banco de Previsión Social. A nuestro juicio, eso constituirá un paliativo para las remuneraciones de todos los funcionarios del Poder Judicial. También apoyamos el artículo referido al pago íntegro de la cuota mutual, que sí envió la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, proponíamos que se autorizara, en un plazo no mayor de 240 días a partir de la vigencia de la ley de Presupuesto a que la Suprema Corte de Justicia presente un proyecto de reestructura que verdaderamente apunte a resolver la situación del Poder Judicial, en la que participen todos sus actores y que luego sea aprobado por la Asamblea General.

En la medida en que somos conscientes de que la reestructura es imprescindible, decimos que la misma es fundamental si realmente nos preocupa el funcionamiento del Poder Judicial, tal como hemos oído en estos últimos días. Cada vez que en las etapas de tratamiento presupuestal o Rendición de Cuentas los funcionarios debemos tomar obligadamente alguna medida para poner de manifiesto nuestros reclamos, se alzan las voces de preocupación en cuanto al mal funcionamiento y a la problemática del Poder Judicial. Sin embargo, en los demás días del año nadie se preocupa por ver realmente qué es lo que pasa. En esta oportunidad, con el solo hecho de trabajar a reglamento, es decir, sólo ajustándose a lo que establecen las disposiciones reglamentarias, hemos puesto de manifiesto una de las carencias fundamentales, que es lo obsoleto de las estructuras escalafonarias, la falta de definición de tareas en cada cargo, y del reconocimiento de responsabilidades y tareas semitécnicas que realizamos diariamente y, por supuesto, la no adecuación de las remuneraciones. Insisto, el solo hecho de trabajar de esa forma puso en crisis y ratificó todo lo que venimos planteando hasta el momento.

Por consiguiente, para nosotros es fundamental que en esta instancia se tomen en cuenta estos planteos que, reitero, no sólo apuntan a una reivindicación inmediata en lo salarial, sino que va más allá y persigue un objetivo más elevado que debe ser de interés para toda la sociedad.

SEÑOR CORREA.- Desde hace mucho tiempo hemos estado intentando hacer un trabajo a corto, mediano y largo plazo, para todo el organismo sin exclusiones, desde los Magistrados hasta los funcionarios. En tal sentido, hemos dialogado con todos los sectores políticos, al ver con preocupación el deterioro en algunos momentos estructurales y en otros funcionales, como bien manifestaba la compañera. Los distintos sectores siempre nos plantearon la búsqueda de soluciones especialmente en lo que tiene que ver con las retribuciones teniendo en cuenta la alta calificación de las tareas que realizan los funcionarios, no reconocidas salarialmente. Siempre nos han planteado de que se iban a analizar las retribuciones más bajas. Es más; nos hablaron de un salario mínimo judicial decoroso, criterio en el cual nos sumamos. Previo a las elecciones se nos manifestó que se destinarían U$S 14:000.000. En conversaciones posteriores esa cifra se redujo a U$S 9:500.000. Más adelante, en forma pública distintos Senadores mencionaron que eran U$S 7:000.000. El señor Ministro de Economía y Finanzas anuncia que eran U$S 4:000.000 y, finalmente, en el Mensaje Complementario nos encontramos con que para las retribuciones más bajas se destinan U$S 1:850.000 con criterios confusos, tal como señalaba el señor Senador Rubio. Incluso, la redacción lo hacía compartir con gastos. Además, en su Mensaje siempre consideraba las retribuciones más altas. ¿De qué estamos hablando? Por un lado, mantenemos conversaciones por salarios de $ 3.000 y funciones calificadas. A su vez, se nos habla de un salario mínimo judicial decoroso, insisto, criterio al cual nos sumamos. También estamos haciendo un esfuerzo grande –y así lo han manifestado diferentes Legisladores- para tomar al Poder Judicial como un todo, desde el primer Juzgado a la última de las oficinas. Sin embargo, cuando nos encontramos con lo escrito vemos una realidad muy diferente.

Señor Presidente: creemos que es el momento de que se den señales claras acerca de cuál va a ser el camino que se va a recorrer. Como dije, a través de seis artículos nosotros planteamos soluciones a corto, mediano y largo plazo. Esto también se lo hemos manifestado a la Suprema Corte de Justicia. Es más; los funcionarios tenemos una reestructura de todo el organismo y aspiramos a que todos los actores del Poder Judicial podamos conversar para dar soluciones que toda la población necesita. Repito, precisamos señales claras; no nos pueden decir que se va a resolver el tema de las retribuciones miserables con funciones tan calificadas y luego escribir algo totalmente contrario.

Venimos con la ilusión de todo lo que hemos conversado hasta ahora con los distintos Legisladores se vea reflejado en las soluciones que se están planteando. Los señores Senadores advertirán en el memorándum que los distintos artículos propuestos por la gremial refieren a mecanismos presupuestales que tienen viabilidad. Entonces, a la hora de decidir esperamos que los señores Senadores tengan en cuenta esta opinión.

SEÑOR RUBIO.- He leído todo el material y por ello comparto ampliamente la reivindicación planteada. El Poder Judicial, junto con la educación y algunos otros sectores de la Administración Pública, están absolutamente sumergidos.

Estoy tratando de darme cuenta, desde el punto de vista de la iniciativa del Poder Ejecutivo, qué es lo que ha planteado porque, por ejemplo, se ha hablado del tema de las transferencias desde el Poder Legislativo al Poder Judicial, pero no logro ubicar todavía dónde están. Seguiremos estudiando este tema, pero por ahora no lo he encontrado. Para darme cuenta de qué es lo que viene en el Mensaje Complementario, me queda claro que hay dos partidas; una de ellas por U$S 2:000.000, en el artículo 114, y otra que se escalona a lo largo del período 2002 – 2004, con montos que van desde un poco más de U$S 1:000.000 para el 2002 y alrededor de U$S 3:000.000 para el 2004. Esto está referido exclusivamente al escalafón I en ambos casos. La partida de $ 800, esto que procede de las economías del propio Poder Judicial, ¿abarcaba a todos los funcionarios? Según lo que entendí -no sé si los montos son iguales- del artículo 114 se trata de una partida de U$S 2:000.000 que acá viene destinada a gastos de funcionamiento y compensaciones por alimentación, sin aportes y que es genérica, pero no sé si esto es equiparable a los $ 800, porque me da la sensación de que es una cifra bastante inferior. En definitiva, ¿los $ 800 abarcan a los 4.300 funcionarios del Poder Judicial o a una parte de ellos?

SEÑOR PEREYRA.- Dicha partida abarca a la mayoría, sólo está excluido el escalafón de magistrados y quienes están equiparados con ellos.

En lo que tiene que ver con lo expresado por el señor Senador en cuanto a las partidas, tal como decían los compañeros, son inferiores a lo que se había hablado que se podía otorgar al Poder Judicial. También aquí hay una discriminación, porque se da una partida para el escalafón de Magistrados –en la cual se incluye algo relativo a los académicos- que, en números reales, significaría un aumento salarial de alrededor de $ 2.000. Aclaro que esta partida es exclusiva para el salario de los señores magistrados. En cambio, con respecto a la otra partida de U$S 23:000.000, donde estaríamos incluidos alrededor de 3.800 funcionarios, debemos decir que no está destinada totalmente para el rubro alimentación, porque también dice que es para gastos de funcionamiento. Por lo tanto, en el mejor de los casos en que la Suprema Corte de Justicia decida repartir los U$S 23:000.000 entre los 3.800 funcionarios –cosa que, adelantamos, será imposible- nos tocaría a cada uno alrededor de $ 500. En otras oportunidades la Suprema Corte de Justicia ha traspasado economías de rubro 0 para gastos de funcionamiento, es decir, nos ha sacado plata de los bolsillos de los trabajadores para que el Poder Judicial pueda funcionar. Como va a utilizar parte de dicha partida para gastos de funcionamiento, tenemos la seguridad de que aprobarse esto que ha venido en el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo, el aumento real para los 3.800 trabajadores judiciales –donde también están incluidos los técnicos- será de entre $ 100 y $ 150.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera intentar clarificar el tema, porque tenemos breves minutos para hacerlo.

En primer lugar, debo decir que como iniciativa del Poder Ejecutivo tenemos los artículos 112 a 116 que vienen en el Mensaje Complementario que se dice que están financiados. Por otro lado, tenemos la iniciativa del Poder Judicial y -como bien decía el señor Senador Rubio, hay compromisos de todos los partidos en cuanto a sacar rubros del Parlamento, tema que todavía no se ha estudiado- que nos permite trabajar buscando otros recursos dentro del propio Presupuesto y ahí no habría aspectos de inconstitucionalidad, aspecto en el que todos debemos ser cuidadosos. Entonces, más allá de que nos han entregado una serie de iniciativas, después de que ustedes repasaran las suyas y las del propio Poder Judicial, me gustaría ver si podemos trabajar alguna que ustedes tengan y que haya sido enviada por el Poder Judicial como tal, como por ejemplo la de la cuota mutual, sin ningún grado de reproche de inconstitucionalidad o ilegalidad. Esto nos permite un esfuerzo sólo de búsqueda de rubros sin tener que atender los aspectos de legalidad con los que siempre hay que ser muy cuidadosos, independientemente de que no sean colmadas todas sus aspiraciones, o por lo menos las más prioritarias. Repito que no deben haber sombras de inconstitucionalidad en estos temas.

Como tenemos pocos minutos, quisiera que en otro momento nos acerquen las iniciativas que coinciden con las de la Corte, para tratar de llevar adelante un común esfuerzo y ver que los aspectos de legalidad estén salvados, para apuntar sólo a los recursos.

SEÑORA RAMA.- Entiendo lo planteado por el señor Senador, pero también considero –quizás me equivoco, aunque creo que no- que en la medida en que existe un Mensaje Complementario de la Suprema Corte y que su monto es superior a lo que nosotros estamos planteando, aún abarcando algunos artículos generales y globales, como se planteaba a corto, mediano y largo plazo, creo que el punto de vista de la inconstitucionalidad no existe. Entiendo que el Legislador está habilitado a distribuir los recursos como lo considere más adecuado y racional a los efectos del objetivo planteado.

SEÑORA ARISMENDI.- Hago una sugerencia a los señores Senadores para autorizar al señor Presidente -a pesar de que está en la Presidencia y no puede hacer declaraciones- a que exprese verbalmente y como constitucionalista que es, el asentimiento que realizó con un gesto.

SEÑOR COURIEL.- Que conste en la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Que así sea.

SEÑOR PEREYRA.- Una vez más, reiteramos nuestra esperanza de que el Senado de la República priorice el área del Poder Judicial. Todos entendemos que es impensable la existencia de un estado de derecho en una sociedad democrática y republicana, sin un sostén fuerte del Poder Judicial, que avala todas las garantías individuales y colectivas y también garante nuestro en la actual lucha.

Con respeto le recordamos a los señores Senadores, que los cinco compañeros que aquí estamos, además de estar representando a cuatro mil funcionarios judiciales, también representamos a casi un millón de uruguayos que le dijeron sí a la justicia el 31 de octubre de 1999.

SEÑOR NIN NOVOA.- Me parece que sería bueno explicarle a ésta y a otras delegaciones, ante la presencia poco numerosa de Legisladores, que esa es una Subcomisión de audiencias, pero que de cualquier manera –hago constancia de ello- todos los señores Senadores reciben la versión taquigráfica de estas reuniones y, además, la información que cada una de las delegaciones trae. Por lo tanto, todos los señores Senadores estarán en conocimiento de los planteos que se realizan los días viernes ante esta Subcomisión.

Me parece que era bueno aclarar este punto, porque es lo que corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa agradece la aclaración del señor Senador Nin Novoa y la presencia de la delegación de funcionarios del Poder Judicial.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay)

 

(Ingresa a Sala la delegación de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a la delegación de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y les cede la palabra, solicitándoles que se identifiquen antes de hacer su exposición.

SEÑORA UBIRIA.- Agradecemos a la Comisión el permitir nuestra presencia aquí en el día de hoy. Me acompañan en esta reunión los asesores de la Comisión, doctora Graciela Nario, el contador Angel Labruna y la Secretaria Jacqueline Spencer.

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado fue creada por la Ley Nº 16.095 y está integrada por delegados de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Cultura y presidida por el señor Ministro de Salud Pública. También participan el CODICEN, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología y el Congreso Nacional de Intendentes. En la Comisión están representadas todas las personas con discapacidad, las federaciones o comisiones como, por ejemplo la Coordinadora de Ciegos, la Federación de Padres y el PLENADI. Por mi parte, integro la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado por PLENADI.

La Comisión tiene por ley la obligación de elaborar políticas, evaluarlas, llevar a cabo la coordinación de los trabajos e implementar la reglamentación de dicha norma. Es una institución que está integrada por personas que se desempeñan en forma honoraria, pero que se basa en una infraestructura rentada. Debido a una partida presupuestal, se ha podido desarrollar un conjunto de proyectos, pero todavía quedan muchos por concretar. Por ejemplo, en este momento tenemos a estudio el proyecto de servicio de transporte de puerta a puerta para personas con capacidad reducida. Este servicio es casi el único que existe en nuestro país para trasladar a personas con discapacidad. También disponemos de una atención gratuita de abogado para asesorar a quienes que no pueden acceder a consultar todo lo que existe desde el punto de vista legal en el país para personas con discapacidad. Asimismo, por mandato legal, efectuamos la inscripción de las personas discapacitadas que quieren trabajar.

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado es como la madre de todas las instituciones de personas con discapacidad y tenemos previsto, sobre la base de la actividad que estamos desarrollando, que llegue a ser la gran herramienta del Gobierno para atender este sector de la población.

Si la Comisión me lo permite, le cedería el uso de la palabra a la doctora Nario para que ampliara sobre las facultades y competencias de esta Comisión.

SEÑORA NARIO.- Me desempeño como Asesora Letrada de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Deseo complementar lo que señalaba la señora Secretaria de la institución, expresando que por la Ley Nº 16.095 y otras posteriores, la voluntad de los señores Legisladores fue asignarle a la Comisión una competencia muy importante, pero también muy amplia. Dicha competencia no está en consonancia con los recursos que se nos han asignado; esta es la primera cosa que debemos puntualizar: hay grandes competencias, pero escasos recursos.

En segundo lugar, debemos hacer referencia a los antecedentes de nuestra institución. En el Período comprendido entre los años 1990 y 1995, se nos asignó una partida de U$S 60.000 anuales y, por otra ley, se otorgó por única vez una suma de U$S 2:000.000 para la ejecución de proyectos. Al día de hoy, la partida de U$S 60.000 es insuficiente –por motivos que más adelante explicará el contador Labruna- y la correspondiente a ejecución de proyectos está agotada. Algunos proyectos son más importantes que otros, y a modo de ejemplo podemos citar el de ayudas técnicas para las personas de escasos recursos que no pueden acceder a sillas de ruedas, bastones, audífonos, etcétera. Consideramos importante que dicho proyecto continúe funcionando.

Por otro lado, el proyecto de transporte adaptado para personas con movilidad reducida está prácticamente desfinanciado y es muy difícil llevarlo adelante. Contamos con una pequeña colaboración del Ministerio de Salud Pública que consiste en la disponibilidad de tres choferes, un funcionario administrativo y la entrega de vales de gas oil, así como el uso de un lugar en el garaje para guardar las unidades. Se trata de una ayuda que se sitúa en alrededor de $ 14.000 mensuales, que no cambia demasiado la situación. Además, se nos ha hecho la expresa constancia por parte del Ministerio de que esa ayuda se prestará hasta diciembre de este año y luego su continuidad y condiciones dependerán de este Presupuesto.

El transporte adaptado para personas con movilidad reducida es fundamental porque no solamente es utilizado para concurrir a centros de asistencia para rehabilitación o consulta médica, sino también a lugares de recreación. Por nuestra parte, consideramos la rehabilitación como un proceso integral, que no implica solamente ir al médico, sino también otra serie de actividades que permiten a la persona con discapacidad integrarse al medio social.

Debemos decir que el proyecto de Ayudas Técnicas no lo estamos cumpliendo, las mismas no se están brindando; el de Transporte tiene serias dificultades y la partida de funcionamiento está agotada. En consecuencia, si la situación no varía, si los números que surgen del proyecto de Presupuesto a estudio y del Mensaje Complementario no se incrementan, la Comisión corre serio riesgo de no poder seguir cumpliendo con todos los cometidos que señalaba la compañera.

A continuación me gustaría, con la autorización del señor Presidente, darle la palabra al contador Labruna, quien explicará el problema que existe con esa partida de U$S 60.000 anuales.

SEÑOR LABRUNA.- La partida de U$S 60.000 fue votada en 1992 y luego, en 1996 ó 1997, la misma se congeló a pesos. En 1997 hicimos trámites para que se nos pagara la diferencia de cambio, cosa que logramos. Pero a partir de esa fecha, no nos pagaron más dicha diferencia de cambio.

En el cuadro que figura al final de este repartido consta la manera en que ha evolucionado esa cantidad de U$S 60.000. Ustedes pueden ver que cada año se produjo un desfase y en la actualidad hay U$S 47.000 que no hemos podido cobrar.

Obviamente, las funciones de la Comisión se han ido incrementando, cumple nuevas actividades y el dinero cada vez rinde menos.

Actualmente, tenemos $ 574.000 asignados, cantidad que se reitera en el Proyecto de Presupuesto.

En el mes de junio enviamos una carta al Ministro de Economía y Finanzas, a la que no tuvimos respuesta.

También le enviamos una carta, luego de haber mantenido una reunión con integrantes de la Cámara de Representantes, al Ministro de Salud Pública para que se incluyese, en el Mensaje Complementario, un complemento para esta partida. Tampoco tuvimos respuesta.

Acá adjuntamos 2 artículos que tienen relación con los gastos de funcionamiento e inversión para llevar esos U$S 60.000 a U$S 100.000.

Por otro lado, hay otro artículo para crear una partida de U$S 175.000 para poder continuar con el proyecto de Transporte y de Ayudas Técnicas, los que son de suma importancia y respecto de los cuales se agotaron los recursos, porque el dinero asignado a cada proyecto era puntual, hasta determinado tiempo, y luego quedaban truncos.

En este momento, la Comisión se está haciendo cargo de estos dos proyectos. Respecto al de ayudas técnicas es muy poco lo que estamos haciendo, no así con el de transporte, ya que tenemos dos camionetas circulando, que sirven para llevar gente con discapacidades, aunque también es un proyecto deficitario.

De aquí nuestro pedido para que se tengan en cuenta las cifras, dada la función que estamos cumpliendo con este dinero.

Creo que lo más importante es lograr que estas cifras se revean, sean revisadas, porque, de lo contrario, será imposible cumplir con los cometidos que tenemos asignados.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el planteo formulado.

SEÑOR GALLINAL.- Antes que nada, deseo agradecer la presencia de los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, así como también el trabajo que realizan. Todos los que integramos esta Subcomisión, así como los demás integrantes de todos los Partidos, lo valoramos mucho y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para aumentar esa partida que necesitan.

Me llamó la atención, teniendo en cuenta el Mensaje original del Poder Ejecutivo, así como lo aprobado en la Cámara de Representantes, ver que en la Cámara de Representantes se había logrado –no en el caso de ustedes, pero sí en el de otras asociaciones que también cumplen funciones muy importantes- incrementar alguna partida. Ahora, el Mensaje Complementario, parecería que lo único que hace es repetir exactamente lo que venía en el proyecto original. Por ello es que, obviamente, no han surgido mayores recursos para vosotros, aunque estamos en condiciones de dárselos.

También hay allí algunos errores que vale la pena aclarar. En el Mensaje original del Poder Ejecutivo se otorgaban $ 238.000 anuales para "Acción Solidaria". En la Cámara de Representantes, a pedido del señor Representante Penadés, se excluyó esa partida, en atención a que "Acción Solidaria" no está cumpliendo funciones. Ahora, en el Mensaje Complementario nos sorprendemos con el hecho de que se reitera una partida para una Asociación que no está cumpliendo funciones. Quiero suponer que eso obedeció, simplemente, a que en el Mensaje Complementario se calcó el Mensaje original del Poder Ejecutivo. Bueno; para empezar ya disponemos de $ 238.000 para dar a distintas asociaciones, más lo que podamos conseguir de otros recursos. Buscaremos la forma de darles el respaldo que estas asociaciones se merecen.

SEÑOR MICHELINI.- Nos han visitado varias organizaciones vinculadas al tema de los discapacitados. Quiero trasmitirles lo que ya he dicho en otras oportunidades. Los señores Senadores que estamos acá, tenemos sensibilidad frente al tema, aunque eso no supone el generar la expectativa de que luego se logre todo lo que se aspira. Sin embargo, nuestra preocupación fundamental es que la partida -sea poco o mucho- llegue a los cuatro años porque, de lo contrario, no puede haber un horizonte cierto de trabajo. Junto con el señor Senador Nin Novoa estamos viendo si se puede atender lo determinado en la Cámara de Representantes, lo que no es fácil. Pero, reitero, nuestra preocupación fundamental es que se pueda llegar a 2004 sin problemas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión agradece a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado su comparecencia en la mañana de hoy, y le deja constancia de que la versión taquigráfica con todos los antecedentes le habrá de llegar a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado)

 

(Ingresan a Sala los Representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, y les ofrecemos la palabra.

SEÑOR PEIRANO BASSO.- Ante todo, les damos las gracias por recibirnos en este ámbito.

Queremos destacar que, desde siempre, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay ha entendido que el tema del costo-país es muy serio y que realmente compromete el futuro del desarrollo comercial y económico de nuestra sociedad. Pensamos que tenemos un país caro y por eso siempre hemos considerado que todo lo que tenga que ver con el hecho de favorecer la inversión y de generar diversificación, apertura y baja de precios, redunda directamente en beneficio de la sociedad. Creemos que desmonopolizar a las empresas del Estado, privatizarlas parcial o totalmente, constituyen medidas que están en esa línea, es decir, en la de abaratar al Estado, abaratar al país y conseguir que la inversión nacional y extranjera crezca y sea una realidad. De hecho, actualmente los niveles de inversión son muy bajos en comparación con los de otros países de la región y del mundo.

Asimismo, pensamos que el sector privado ha estado haciendo un esfuerzo muy importante –es claro que no es el único que lo ha hecho en el país- en lo que refiere a productividad y, naturalmente, muchas veces ha debido pagar ese esfuerzo con altos índices de desempleo y con ajustes salariales. Consideramos que debe haber una contrapartida del esfuerzo que ha hecho el sector privado, por parte del sector público.

Estamos ante un tema complejo, difícil, que –obviamente- no tiene una única respuesta, pero se trata de un asunto que debemos encarar porque está incidiendo en el costo-país.

Luego de un estudio realizado recientemente, se llegó a la conclusión de que la economía ilegal del país se ubica, aproximadamente, en U$S 1.500:000.000 y, en buena medida, eso tiene raíces fundamentalmente económicas. Es obvio que, si en un lugar los precios son mucho más baratos que en otro, los productos pasarán por la frontera. Lo cierto es que hay un tema de costo-país que, más allá de circunstancias y de los desequilibrios macroeconómicos que puedan darse en un lugar, en un determinado momento histórico –por ejemplo, una devaluación que haga que un país pueda ser más barato que su vecino- está incidiendo. Pero también es cierto que hay un deber a cumplir, nos estamos refiriendo al hecho de que hacer todo lo que podamos para abaratar el país será siempre poco porque, en nuestro caso, somos muy caros.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, naturalmente, ve con buenos ojos todo lo que se está haciendo en lo que se refiere al tema del control del contrabando, así como también todo lo que se realice en cuanto a la coordinación de medidas de contralor por parte de la DGI, la Dirección Nacional de Aduanas y del BPS.

Todo eso es bienvenido, pero sabemos que el problema de fondo es otro, y pasa por el hecho de que tenemos un alto costo-país. De hecho si pensamos que entre un 30% y un 35% de los trabajadores privados dependientes está en la ilegalidad, estamos hablando de un problema social importante que, con el tiempo, crecerá. En algún momento hay que pararse a pensar cómo se encara el tema.

El monotributo que estamos propiciando desde hace muchos años –y que ha sido recogido en el Presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes- constituye uno de los caminos hacia la legalización de toda esa gente que se encuentra ahora en la ilegalidad, no porque quiera, sino porque muchas veces las circunstancias la han llevado a eso. A esa propuesta de artículo se le deberán hacer algunos ajustes para que logre tener una mayor efectividad.

Pensamos que estamos en un momento importante de la vida del país porque, de alguna manera, nos estamos preguntando qué país queremos. Precisamente, este Presupuesto es una ocasión en que podemos seguir incrementando impuestos o lo contrario, es decir, poner el acento en reasignar gastos y en bajar costos, porque el otro camino no tiene un feliz retorno.

En el día de ayer, leí en un diario acerca de toda esa gente que estaría dispuesta a emigrar. Se me ocurrió pensar que, de alguna manera, eso habla bien de los uruguayos, porque seguimos siendo gente emprendedora, dispuesta a tomar riesgos y a hacer grandes cosas. Gente emprendedora y solidaria, porque todas esas personas siguen teniendo ideales y están pensando en un proyecto relacionado con sus vidas. El asunto es poder darles la oportunidad aquí. Es por eso que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, desde siempre ha puesto el acento en estas cosas, señalando que no podemos seguir subiendo impuestos e incrementando gastos. Obviamente, el Presupuesto equilibrado es la base, pero no puede tratarse de un Presupuesto equilibrado hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, si bien quizás hoy no se pueda bajar impuestos, por lo menos se podría no subirlos y reasignar los gastos. Así, nuestra Cámara quiere continuar poniendo el acento en estos temas, seguir en la línea actual y apoyar todo aquello que tenga que ver con el control sistemático del contrabando. Por supuesto, siempre tenemos en mente el problema de fondo, que es de tipo económico y pasa por el costo-país.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera aludir a dos aspectos relacionados con el tema.

En principio, en lo que tiene que ver con el monotributo, se me ocurre que lo mejor sería que nos alcanzaran las sugerencias e inquietudes.

Por otro lado, en cuanto al tema impositivo, quiero decir que concuerdo con que los impuestos no deberían subirse. Se ha dicho por allí que no se terminaría gravando la producción. Personalmente, creo que a los pocos meses se estarían incluyendo en el costo-país por diversos mecanismos. La pregunta que deseo hacer, señor Presidente, es si creen, en la medida en que han sido enfáticos en que no deben subirse los impuestos, que los planteados en el Mensaje Complementario van a incidir rápidamente en el costo-país y por lo tanto no sólo en la producción, sino también en aumentar la brecha con respecto al contrabando, porque éste tiene un gran ingrediente en lo que es el costo-país. Los productos brasileños, por ejemplo, hoy entran al Uruguay por vía legal, salvo algunas excepciones, con recargo cero, independientemente de que hayan bajado o subido por el problema de la moneda. Incluso hay subvenciones que el gobierno brasileño da a esos productos que se exportan en forma totalmente legal hacia nuestro país. El problema radica en que cuando a esos productos brasileños se les ponen aquí todos los impuestos como a cualquier otro producto, cuando van a competir con los que son traídos en forma ilegal que no tienen el costo-país, hay una enorme diferencia.

Quisiera saber si creen que las iniciativas de aumento impositivo van a incidir rápidamente en el costo-país.

SEÑOR PEIRANO BASSO.- Pensamos que todo lo que sea incrementar los impuestos incide en el costo-país. Obviamente, se trata de ver si ha habido una reasignación y no un incremento, pero hasta donde nosotros tenemos información habría un incremento, lo cual ciertamente es perjudicial. Pensamos que quizás se puedan hacer cosas. Por ejemplo, con relación al tema de la inmunidad fiscal, respecto a lo cual ha venido un artículo en el sentido que el Estado pague lo que corresponde en materia de importaciones, se han hecho excepciones en la Cámara de Representantes. A nuestro juicio, no tendría que haber excepciones, sino aprobarse sin ellas.

Esto es algo no importante, pero son mensajes que se envían a la ciudadanía en cuanto a que se está en la línea de bajar realmente los impuestos, aspectos que hay que cuidar y tener en cuenta.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: la verdad es que el Parlamento siempre tiene funciones relevantes en una sociedad democrática y en ella el pluralismo de ideas es un elemento vital, central. Escuché con tranquilidad y con placer la posibilidad de que en el Uruguay se dé todo tipo de posiciones sobre las causas por las cuales el país está viviendo una situación crítica, por las cuales los uruguayos se quieren ir del país y hay una tasa de desempleo muy alta, hay más delito y también más suicidios. Simplemente, quería dejar una constancia que tiene que ver con lo siguiente. Hay diversas posiciones y visiones del país. La Cámara de Comercio nos acaba de presentar su visión del país, que nosotros respetamos. No la compartimos. En realidad, no la compartimos porque mirando el mundo real no conocemos ningún país exitoso en el mundo desarrollado donde el Estado no haya tenido intervención, donde no haya protegido a la industria que sobre esa base creció y donde las regulaciones del Estado –en el sudeste asiático, en los Estados Unidos y en Europa- no hayan sido importantes. Esto no quiere decir que el Estado siempre actúe bien. Creo que el mundo no es blanco y negro, sino más gris. No todo lo que hace el Estado es vicioso ni todo lo que hace el sector privado es virtuoso. Hay un problema de costo-país.El Uruguay es caro en dólares. No deriva sólo del Estado, sino que a veces deriva de otros factores de costo, como la tasa de interés y a veces las tarifas de los servicios públicos, que se han transformado en un verdadero impuesto. Pero si es caro en dólares es porque hay un atraso cambiario que está siendo extraordinariamente relevante en la década, por lo cual la competitividad del Uruguay y el costo-país medido en dólares se han hecho muy altos.

Desde este punto de vista, señor Presidente, entendemos que también el gasto público no es menor, sino que tiene su relevancia. Para nosotros, la inversión pública es muy importante; de lo contrario, no habría carreteras ni escuelas. El papel social que en la historia del Uruguay tiene el gasto público desde las primeras décadas del batllismo, en que fue un gasto redistributivo a favor de la enseñanza y de la salud, no es un hecho menor. Nos dio, de alguna manera, la posibilidad de diferenciarnos nítidamente del resto del mundo, del resto de los países latinoamericanos. Este fue y sigue siendo uno de los mejores países en materia de distribución del ingreso y esto tiene que ver con el Estado benefactor que se creó en las primeras décadas del siglo. Sí estamos en absoluto desacuerdo con el uso del Estado para llenarlo de funcionarios como política de clientela. Eso no es bueno en el Uruguay ni en ningún lugar del mundo.

Esta era simplemente una constancia que quería dejar de puntos de vista distintos en el país, pero considero que es muy sano que pueda haber controversias en una sociedad democrática.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay su concurrencia a esta Subcomisión. Les dejamos constancia de que la versión taquigráfica de las palabras aquí pronunciadas será repartida a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay)

 

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR).

SEÑORA CASAS.- Estamos aquí en nombre de la Asociación de Docentes de la Universidad y queremos agradecer a los señores Senadores la oportunidad que nos han dado de comparecer ante esta Subcomisión. Nuestra intervención se dividirá en dos partes.

Queremos resaltar que la Asociación de Docentes solicitó ser recibida para poder trasmitir a los señores Senadores la importancia que, en el Presupuesto de la Universidad, tienen todos aquellos proyectos ligados al desarrollo del Cuerpo académico de la Universidad de la República.

La Universidad ha presentado ante este mismo Cuerpo su plan estratégico de desarrollo y los 21 proyectos de desarrollo institucional que lo componen. Nosotros queríamos enfatizar y jerarquizar algunos de los puntos contenidos en estos proyectos porque nos parecían sumamente importantes, fundamentalmente, a los efectos de poder trasmitir la relevancia de la relación entre la calidad de la docencia de la Universidad de la República y el desarrollo de la institución de educación superior Universidad de la República ligado al desarrollo general del país.

Los docentes de la Universidad, por mandato de su Ley Orgánica, debemos desarrollar tareas de enseñanza, de investigación y de extensión. Estas diversas funciones se ven afectadas seriamente por el estado general de situación de este Cuerpo docente. En esta presentación estamos jerarquizando, fundamentalmente, la necesidad de desarrollar proyectos institucionales ligados a la jerarquización de la función docente a partir del desarrollo de tareas relacionadas con la formación disciplinaria, la formación didáctica, la reestructura de la carrera docente en sí misma y, por último, la necesidad de que todas estas acciones den cuenta de la detención de una sangría que preocupa a los docentes de la Universidad de la República, ligada a la posibilidad de conservar en dicho Cuerpo docente a personal formado estrictamente en su disciplina que, muchas veces, debe optar por el camino de trabajar en otro sector que no es la Universidad de la República.

Al mismo tiempo, las tareas de investigación y extensión se ven limitadas en cuanto a su desarrollo y a la necesidad de este trípode que sostiene el funcionamiento de la Universidad de la República por motivaciones derivadas casi siempre de la necesidad de contar con más Presupuesto para poder llevarlas a cabo.

Creemos que el proyecto elaborado por la Universidad de la República, en su totalidad, lleva a pensar en el quinquenio, en la necesidad de proyectar para los próximos cuatro años. Por lo tanto, la preocupación de la Asociación de Docentes es llevar a cabo un trabajo que pueda, fundamentalmente, dar cuenta de las necesidades de las diversas funciones que desarrolla el Cuerpo docente y de que la Universidad, en su conjunto, funcione como tal.

Queremos destacar que la delegación que ha concurrido en el día de hoy a esta Subcomisión está integrada por diversos profesores de la Universidad de la República que consideraron necesaria su presencia para jerarquizar una comparecencia que, inicialmente, fue solicitada por la Asociación de Docentes de la que son miembros. En consecuencia, la Universidad en su conjunto y, en este caso, su Cuerpo docente, necesita ser escuchado e interpelado; por eso vinimos a contestar las preguntas que los señores Senadores quieran hacernos, fundamentalmente, en torno al hecho de que nosotros, como Asociación de Docentes, estemos solicitando un Presupuesto Quinquenal. Consideramos que la Ley de Presupuesto debe contener artículos que den cuenta de la posibilidad de que este pedido presupuestal de la Universidad se cumpla, porque esa sería la única manera de apostar a un proyecto a largo plazo, no para la Universidad sino para el país.

SEÑOR WSCHEBOR.- Queremos hacer algunas referencias y abundar en algunos planteamientos hechos por la profesora Casas en su intervención.

Naturalmente, hablar del Presupuesto de la Universidad como institución es un tema muy vasto. No es nuestra intención abordar este asunto en su totalidad en el día de hoy, sino concentrarnos en los problemas del personal académico de la institución que, naturalmente, es el eje de la calidad y de la vida institucional, que da continuidad y significación a la vida universitaria a largo plazo. Por lo tanto, esta breve intervención se centrará en ese tema.

Queremos señalar cuatro puntos: primero, cuál es la situación actual; segundo, cuál es la situación futura que prevemos; tercero, que hay un embrión de una joven generación académica que debemos proteger y, cuarto, cuáles deben ser las soluciones presupuestales para atender estos aspectos.

En cuanto a la situación actual, vamos a señalar algunos parámetros. Muchas veces hemos hablado sobre este tema pero debemos tener presente cuatro o cinco datos. Los señores Senadores tienen en su carpeta una gráfica que muestra la evolución real del salario universitario y cómo ha decrecido -luego de un breve crecimiento que comenzó muy abajo en el año 1985- en 1986 y 1987, con una tendencia al decrecimiento a largo plazo, que afecta seriamente la situación del personal académico de la institución.

Por otra parte, la Universidad de la República tiene cerca de 7.000 docentes, de los cuales 5.6% están en régimen de dedicación total. A estos efectos, vale la pena entender qué es lo que ocurre en la comparación internacional. Cuando uno le dice a un colega de otro país que la Universidad de la República tiene 5.6% de docentes en régimen de dedicación total, piensa que es un chiste y no lo puede creer. La Universidad de Chile, por ejemplo, que es una institución pública nacional, parecida en su trayectoria histórica a la nuestra y comparable en muchos aspectos, tiene un 60% del personal docente en régimen de dedicación total. Naturalmente, allí se considera que ese es un porcentaje muy bajo. Normalmente, en una Universidad de un país avanzado hay profesores que no son de régimen de dedicación total -tal vez, un 20%- que son considerados la excepción.

Como todo el mundo entiende, esta es una actividad que a la mayoría de las personas requiere toda la cabeza y toda la vida para desarrollarla. No tenemos recursos ni podemos pagar sueldos atractivos como para hacer que la dedicación total sea un régimen básico –como lo es en todo el mundo- para la vida del personal académico.

Sobre la situación actual, y en esta rápida pincelada, tenemos algunos ejemplos que nos golpean duramente. En estos días, la Universidad de la República está asignando proyectos de iniciación a la investigación para sus jóvenes docentes. Se han presentado 680 proyectos, pero la Universidad tenía dinero sólo para 60. La Comisión Sectorial de Investigación Científica decidió eliminar otros programas para que sean 90. Es decir que el 85% de estos jóvenes –algunos de ellos brillantes- van a quedar afuera. Les puedo decir –es una constatación personal- que en mi Facultad me ha tocado actuar en el jurado que debió tomar decisiones, y mucho más que un jurado me sentí un verdugo, liquidando a los jóvenes, que sabía que tenían una extraordinaria competencia, y muchas veces empujándolos simplemente a la emigración.

Cada proyecto, señores Senadores, significaba U$S 4.000 por un solo año. Digo esto para que se vea la modestia, la discreción y la limitación de los recursos que emplea la Universidad de la República en sus proyectos.

Hay muchos otros ejemplos. Podría hablar del Fondo Clemente Estable, administrado por el CONICYT, que esencialmente sólo hay dinero para uno de cada ocho o de cada diez proyectos; del Fondo Nacional de Investigadores, que ha dejado en la puerta, sobre todo, a los jóvenes y que, tal como viene este proyecto de Presupuesto, queda eliminado en sus recursos a partir del año 2002, y que nosotros pensamos debe tener continuidad. En fin, podría citar muchos otros ejemplos, pero he tomado estos, porque son calientes y actuales. Debo decir a los señores Senadores que esto forma parte de una constelación general de problemas de la situación actual, que deben ser corregidos.

¿Cuál es la situación futura? Queremos hacer previsiones en el corto plazo. Ya hoy estamos en una situación muy difícil, pero lo que debemos prever es que el número de estudiantes que vayan a la educación superior pública aumente –así lo queremos- porque esta es una de las bases del desarrollo económico, social e intelectual del país. ¿Quién les va a enseñar? ¿De dónde va a salir el personal académico que los forme, si hoy no podemos estimular a nuestros jóvenes docentes a dedicarse a la vida académica? No podemos continuar con una Universidad en que el profesor está de paso; necesitamos verdaderos académicos, como ocurre en todo el mundo.

De modo que nuestra diferencia con respecto al desarrollo, no sólo con relación a los grandes países, sino también de la región, se va a profundizar si no atendemos el problema de los jóvenes académicos. Eso es, en primer lugar, aunque no exclusivamente, un problema económico y de atención presupuestal.

Lo mismo va a pasar en el plano de la investigación científica y tecnológica. El discurso sobre la modernización está vacío si no se piensa en las personas que en su cabeza llevan la modernización, en la técnica avanzada, en los científicos y en los investigadores. Estos, hoy, están en una situación de abandono. Les pido a los señores Senadores que piensen que el 80% de la investigación científica del país se hace en la Universidad de la República.

Estas cifras que son admitidas, y que nosotros creemos son mayores, las tomo de la versión grabada de la exposición que el señor Ministro de Educación y Cultura hizo en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda hace pocos días. De modo que ni siquiera provienen de las fuentes de la propia Universidad de la República.

Quiere decir, entonces, que estamos muy lejos de las necesidades que se nos vinieron encima.

Por otro lado, y en los pocos minutos que nos quedan, debemos señalar que, a pesar de las dificultades, hay una joven generación. Tenemos jóvenes académicos que ingresan en un cargo de Ayudante Grado 1 en la Universidad de la República, con veinte horas semanales, por $ 1.900 mensuales; tenemos jóvenes académicos que van a hacer Doctorados -porque tienen vocación- fuera y vuelven al país, o los realizan aquí en los posgrados que ha creado nuestra Universidad, que están a las puertas de la emigración, porque si cruzan la frontera con Brasil o se van a Chile, ganarán el doble, el triple, cinco o diez veces más de lo que les ofrece nuestra casa de estudios si acceden a la dedicación total que no podemos darles.

Este es, pues, un tema nacional; es el tema de la retención de jóvenes talentos. Digo que es un tema nacional en un sentido histórico muy importante. Los grandes países industriales tienen un programa de captación de talentos, cosa que es habitual ver en los diarios o en las revistas especializadas. Alemania, los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá tienen un programa organizado para reclutar el talento de todo el mundo. Y nosotros, como país y como región, no hemos reaccionado frente a eso. Precisamente, esa es la responsabilidad que tenemos en este momento.

¿Hay solución a estos problemas? Conocemos las dificultades económicas del país; no se nos escapan y no estamos haciendo planteamientos en el aire. Pero sí queremos decir sobre este punto –porque el tiempo es corto- lo siguiente. Nos importa mucho el año 2001, pero no es un programa de seis meses el que tiene que ver con el personal académico de la Universidad de la República. A un joven que ha terminado un Doctorado, que tiene treinta años, una familia y un futuro por delante y buenas condiciones académicas, no le podemos decir "por ahora", sino que tenemos que darle una solución de fondo.

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República considera que los temas del personal académico y de la preservación del patrimonio intelectual del país deben tener en este Presupuesto un reflejo claro y preciso, y que no deje lugar a dudas sobre todo el quinquenio de Ejercicio presupuestal.

Aprovechando esta oportunidad que ustedes han tenido la gentileza de darnos, queremos dejar planteado este problema prioritario, de primera magnitud, cual es que los acuerdos que se hagan en esta materia deben hacer creíble que hay un futuro en el país para los jóvenes investigadores, los jóvenes académicos y los jóvenes profesores, no sólo por un año –porque eso no sirve- sino por todo el quinquenio del Ejercicio presupuestal.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Todo lo expresado ha sido sumamente claro, y lo comparto, por lo que no es necesario preguntar nada.

SEÑORA POU.- En nombre de la Bancada del Partido Nacional, quiero resaltar el privilegio que es para nosotros tener enfrente la calidad y cantidad de personas que han venido en la mañana de hoy a compartir con Legisladores de todos los Partidos el proyecto de la Universidad de la República y sus preocupaciones.

Creo que es bueno que nos señalemos mutuamente –y así creo que lo estamos sintiendo todos- que estamos ingresando en una nueva era de relacionamiento de la Universidad con la sociedad, en este caso, a través del Poder Legislativo. Son muchos los síntomas, empezando por la manera cómo la Universidad, por primera vez, presenta su Presupuesto: por programas. Creo que esta ha sido una clara señal de que la Universidad de la República quiere que el Uruguay entero se entere de qué está haciendo y hacia dónde está mirando. Es una apertura -y, para mí, casi un llamado a recibir propuestas, como señalaba el doctor Wschebor- el hecho de que podamos compartir, en este caso, planes de futuro y sueños, porque el que no sueña, no tiene muy buen futuro. Pero también tenemos que ser conscientes de que para que los sueños se conviertan en realidad, hay que estar despierto después. Nosotros estamos bien despiertos, y la lucha de la Universidad es nuestra propia lucha.

En fin, quiero destacar este nuevo relacionamiento, que creo es responsabilidad de ustedes y de nosotros trasmitirlo a la sociedad.

Cuando yo era más joven –y también todos los que estamos aquí; por suerte la ley es pareja para eso- un joven del Movimiento Universitario Nacionalista llamado Ruperto Long, en una manifestación hacia la Universidad, hablando de su autonomía y defendiéndola como lo hacemos todos, decía qué importante es tener siempre, y en todo momento, presente que la autonomía tiene que ser de la Universidad para hacer cosas por el país, y no autonomía de la Universidad con respecto al país. Este no es un tema semántico, ni de preposiciones, sino de actitud.

Creo que hoy en día, más allá de las dificultades –vamos a contribuir para que haya un punto de encuentro presupuestal en este sentido- lo importante es esta actitud que nos da muchas esperanzas hacia el futuro. Debemos confiar en la esperanza, porque ésta no es un sentimiento pasivo como para sentarse a esperar lo que pase, sino que, por el contrario, debemos trabajar en procura de las metas que nos son comunes.

SEÑOR MUJICA.- Simplemente, deseo darle las gracias a nuestros visitantes.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: sin duda, hemos escuchado una excelente exposición de los docentes universitarios. Probablemente, al señor Presidente de la Comisión y a quien habla nos caben las generales de la ley, porque hoy estamos sentados de este lado, pero también podríamos ocupar el lugar de nuestros visitantes, como docentes universitarios.

Quiero destacar que, por lo menos, tres de los sectores políticos están manifestando su disposición favorable al planteamiento de la Universidad de la República. Destaco, especialmente, la disertación de la señora Senadora Pou. Siempre recuerdo que durante la apertura democrática muchos sectores políticos decían que como no sabían lo que iba a hacer la Universidad, no podían otorgarle recursos. Siento que, desde este punto de vista, se ha producido un cambio significativo. Ojalá que los acuerdos que están encima de la mesa en estos momentos, se puedan concretar para mejorar los ingresos de nuestra principal casa de estudios.

Si me permiten, quisiera hacer la siguiente pregunta. Estamos discutiendo el Presupuesto Quinquenal, pero se pone mucho énfasis en el del 2001. El Poder Ejecutivo, por ley, tiene la posibilidad de definir las características de los Presupuestos posteriores, es decir, tiene actualizadores -que a veces utiliza para el gasto- y determina políticas salariales para el año siguiente. En este momento hay determinadas propuestas que quieren vincular el Presupuesto universitario –también de otras instituciones, como por ejemplo la ANEP- con el crecimiento del Producto Bruto Interno. Me gustaría saber la opinión de esta delegación de profesores universitarios acerca de cuáles son, a su juicio, las mejores condiciones para que no quede congelado el Presupuesto universitario del 2001 y pueda tener una evolución favorable en los años posteriores tratándose, sobre todo, de un Presupuesto Quinquenal.

SEÑOR MENDEZ.- Agradezco al señor Senador Couriel por la pregunta.

Este tema es muy caro para nosotros porque, precisamente, se inserta en la necesidad de tener un plan a largo plazo, tal como expresaba mi colega, el doctor Wschebor.

A tales efectos, hemos estudiado el tema profundamente y hemos solicitado la opinión jurídica de uno de nuestros grandes especialistas –cuando digo "nuestros", me refiero al país- el doctor Cassinelli Muñoz. En realidad, para mí es un honor estar con él hoy aquí. Ponemos a disposición de los señores Senadores el análisis que hemos realizado en ese sentido. Nos gustaría de manera clara y expresa que el texto que se vote incluya alguna cláusula –hemos estudiado distintas posibilidades para hacerlo de una manera técnicamente correcta- en la que se establezca el crecimiento del Presupuesto universitario ligado al aumento del Producto Bruto Interno del país. Pensamos que esto es absolutamente posible y legal; incluso, hay antecedentes en ese sentido. Nuestra propuesta tiene un elemento sustancial. No pretendemos que se le quite nada a nadie. Tampoco sería necesario efectuar una reestructura de impuestos, ni siquiera, de los ingresos del Estado. Simplemente, queremos apostar juntos por el país. Si la economía del país crece, pedimos una decisión política de este Parlamento para que parte del crecimiento de la economía del país se vuelque al Presupuesto universitario. Esto es posible.

Insisto en que ponemos a disposición de los señores Senadores integrantes de esta Subcomisión el documento en el que se detalla la forma legal para llevar adelante esta propuesta.

SEÑOR RUBIO.- Comparto plenamente los puntos de vista expuestos en los distintos documentos, así como también las manifestaciones de la profesora Casas y del doctor Wschebor.

Creo que debemos concentrar el esfuerzo –más allá de las negociaciones políticas que, como es de público conocimiento, se concentran en la posibilidad de obtener partidas suplementarias- para ligar el crecimiento de las partidas con el del Producto Bruto Interno. Desde ya adelanto que vamos a leer con atención el informe que se nos entregue. Creo que hay una disposición política destacable para solucionar el problema. No obstante, considero que la clave del asunto radica en los términos en que se exprese. Lo digo porque puede ser algo tan genérico que, en realidad, no obligue o genere los compromisos políticos suficientemente importantes como para que después se concreten. De ser así, saldríamos de esta situación y dentro de un año tendríamos que enfrentar una nueva conflictiva, así como también los perjuicios que la Universidad pueda sufrir en esas circunstancias.

SEÑOR NIN NOVOA.- También estamos de acuerdo con la contundencia con que se han expresado los catedráticos de nuestra Universidad de la República. Nosotros, que estamos tratando de buscar soluciones a los problemas que desfilan los viernes por este Parlamento –todos vinculados con el tema recursos- queremos saber si es posible tener una base de datos que nos permita trabajar sobre algo concreto.

La pregunta sería la siguiente. En base al Presupuesto Quinquenal presentado por la Universidad de la República, ¿hay estimaciones sobre el porcentaje de aumento que les correspondería, en función del crecimiento del Producto Bruto Interno?

SEÑOR WSCHEBOR.- En el proyecto de Presupuesto presentado por la Universidad, hay dos cálculos. Uno de ellos, está relacionado con el porcentaje del Presupuesto de la Universidad –también de la educación pública en general- con respecto al Producto Bruto Interno. El otro, es una estimación sobre cuál sería ese porcentaje –según la propuesta de la Universidad- en la hipótesis de un crecimiento del Producto Bruto Interno. Esta estimación es la que hizo el Gobierno en su presentación presupuestal.

En este caso, puedo decir, groseramente, cuáles son las cifras de las que estamos hablando. A la fecha de hoy, el porcentaje que ocupa el Presupuesto universitario con respecto al Producto Bruto Interno, es del orden de 0,48%, es decir, el 4.8%o. La propuesta de la Universidad –en caso de que se cumplan las hipótesis moderadas de crecimiento hechas por el Gobierno para la economía nacional- sería que, al final del quinquenio, el porcentaje fuera del 0,86%, con una evolución paulatina a lo largo del quinquenio.

SEÑOR RUBIO.- Aprovechando que está en Sala el profesor Cassinelli Muñoz, nos gustaría tener su opinión –como el tiempo es acotado, podría ser por escrito- sobre este tema de las distintas variantes y posibilidades para vincular en un texto el crecimiento del Producto Bruto Interno y el eventual aumento de las partidas para la Universidad de la República, así como también algún otro inciso. Sabemos que hay una preocupación bastante extendida en relación con los Presupuestos educativos en general.

SEÑOR CASSINELLI MUÑOZ.- Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, la exigencia es que haya un Presupuesto Quinquenal y que el mismo sea aprobado por el Poder Legislativo. Por consiguiente, es perfectamente viable una fórmula que no determine cifras en pesos, sino parámetros, es decir, una fórmula paramétrica y modos de cálculo que conduzcan a la determinación del Presupuesto en función de otras variables. Lo que no se puede hacer es dejar librado a una decisión discrecional del Poder Ejecutivo el monto del Presupuesto de tal o cual año. Por eso, la solución que propugna la Asociación de Docentes, plantea que el problema de que no se obtenga la cantidad adecuada a lo previsto por la Universidad de la República, con el argumento de que podría haber dificultades en la recaudación, se salva señalando que nada impide que se condicione a la variación de los parámetros el aumento efectivo en pesos. Reitero que no puede dejarse librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo o de los órganos de administración, la fijación definitiva del valor de la asignación presupuestal.

SEÑOR GALLINAL.- Quisiera hacer alguna reflexión en torno a este tema porque, notoriamente, en el correr de las últimas semanas hemos hecho hincapié, en principio y en el seno mismo de esta Comisión, en pedir expresamente, en nombre del Partido Nacional, que se adelantara la fecha de audiencia con las autoridades de la Universidad de la República. Esto tenía el propósito de estudiar el Presupuesto universitario antes de que se enviara el Mensaje Complementario. Concomitantemente, tuvimos oportunidad de reunirnos con el Rector de la Universidad, ingeniero Guarga, con quien profundizamos largamente en el contenido de ese Mensaje y del Presupuesto universitario diseñado por esa propia casa de Estudios. También mantuvimos distintas reuniones con gremiales y federaciones de estudiantes, porque de la misma manera que nos interesaba mucho otorgar a la Universidad un Presupuesto que fuera acorde con sus necesidades y con la importancia que la educación tiene para el país, considerábamos que si se enviaba desde el Parlamento mensajes o señales que recorrieran un camino de aprobación de un Presupuesto que asignara una mayor cantidad de recursos, podíamos estar en condiciones de dar a los principales actores universitarios la posibilidad de reconsiderar el conflicto que hoy se mantiene y que, seguramente, causa perjuicios importantes a todos, principalmente a aquellos estudiantes que puedan ver perdidos algunos cursos o que no puedan rendir algunos exámenes.

Las bases que hemos propuesto y que consideramos han recogido consenso en las distintas filas políticas, sobre todo en el correr de los últimos días, empiezan por esta cláusula gatillo –por llamarla de algún modo- por la cual se faculta al Poder Ejecutivo a ir otorgando recursos presupuestales a la Universidad de la República en función del aumento del Producto Bruto Interno.

Por otra parte, hace ya tres semanas que dimos redacción a una cláusula con ese propósito y, en el correr de las próximas horas, podremos hacerla llegar a las autoridades de la Universidad y a los propios docentes, a efectos de recibir a cambio su propuesta. Esto sería, además, en el entendido de que respetaríamos consideraciones en cuanto a su distribución que, básicamente, estarían referidas no sólo a la Universidad de la República, sino también a ANEP. Pretendemos que mediante una cláusula de similares características se otorgue recursos a ANEP. Aproximadamente, y de acuerdo con lo que ha sido la tradición en la repartición de esos recursos, esto significaría que un 80% estaría destinado a la ANEP y un 20% a la Universidad de la República. Desde luego, pueden existir otras consideraciones que ameriten la introducción de una cláusula en ese sentido y, para ello, necesitamos la voluntad del Poder Ejecutivo, a través de la expresión de su bancada de Senadores cuando llegue el momento de aprobarse el Presupuesto. También es justo reconocer, y lo hace alguien que no pertenece al sector político del Presidente de la República, que éste se ha mostrado muy interesado, en los últimos tiempos, en dar recursos importantes a la Universidad.

Conjuntamente con esto, los otros términos que estamos barajando refieren a la partida del Mensaje original -lo que parecería estar definitivamente aclarado- que es de U$S 13:000.000 adicionales por año y una partida adicional a esta cifra, cuyo monto está entre los U$S 5:000.000 y U$S 7:000.000 para cada uno de los años siguientes. También existe la posibilidad de autorizar a la Universidad de la República a utilizar las economías o a que los montos no utilizados en cada año se puedan introducir en los años siguientes. De esta manera, no solamente podríamos incrementar sus recursos, sino además, podríamos ayudarla a gastar mejor. Digo esto porque es algo que le pasa a la Universidad de la República y a todos los organismos del Estado, cuyos fondos presupuestales terminan en Rentas Generales cuando no se ejecutan y, a medida que se aproxima el 31 de diciembre se gastan y, por el apuro, se gastan mal o no todo lo bien que sería deseable si se dispusiera de más tiempo.

También señalo que no se trata de un concepto que haya sido aceptado definitivamente por nuestra contraparte en la negociación.

SEÑOR RUBIO.- ¿A qué concepto se refiere?

SEÑOR GALLINAL.- Estoy hablando de la autorización para utilizar fondos en los Presupuestos o Ejercicios siguientes. Contra esto, hemos manifestado la alternativa de que, si no hay intención de recorrer ese camino, entonces, esa partida inicial que reclamamos de U$S 5:000.000, podríamos aumentarla para contemplar lo que la Universidad de la República solicita.

Estos, señor Presidente, son los términos que estamos visualizando y sobre los que consideramos que en los últimos días ha habido un avance significativo de parte de todos los sectores políticos. Personalmente, desearía que no nos empantanáramos en la cláusula gatillo o en la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo y, por ese motivo, señalo esa disposición en enviar el texto que hemos redactado sobre dicha cláusula, de manera de recibir, tanto de la Universidad como de la Asociación de Docentes, el texto alternativo que ellos consideren conveniente, a los efectos de ver si podemos zanjar las eventuales diferencias que puedan existir. Quizás en las próximas horas estemos anunciando, todos los sectores políticos, un acuerdo referido a la educación, tanto para ANEP como para la Universidad de la República.

SEÑOR RUBIO.- Quería señalar que me sumo a esta solicitud efectuada por el señor Senador Gallinal. Para hablar con claridad, debo decir que sobre el tema de las economías, las conversaciones que han existido nos hacen pensar que estamos más cerca, pero aún nos falta.

En lo que tiene que ver con una partida complementaria, que ha sido demandada desde distintos ámbitos universitarios y desde otros lugares, aparentemente habría disposición política para encontrar los recursos. Existen diferencias de cifras, pero parecería que estamos cerca de alcanzar una mayoría política en el Parlamento.

El problema de la forma a dar al vínculo para el futuro entre el crecimiento del Producto Bruto Interno y los Presupuestos de la ANEP y de la Universidad, desde mi punto de vista y del de nuestra bancada, está bastante "verde" en cuanto a la formulación concreta. Por consiguiente, y sin que esto signifique un compromiso gremial, cuanto más fórmulas e ideas se tengan y se nos alcancen, mejor. Digo esto porque puede haber distintas variantes y hay que tener un poco de imaginación en la medida en que también sería una innovación ya que no se trata de un actualizador cualquiera, sino de algo que busca incrementar partidas ligadas a determinados parámetros.

Esto es lo que quería manifestar y agradecer a esta formidable delegación que ha venido en el día de hoy; sabemos lo que significa para nuestro país lo que están haciendo.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar una constancia relativa a que ligar el tema educativo al crecimiento del país tiene, además, una virtud importante, ya que no genera déficit. Asimismo, marca una señal en el sentido de que no distribuye los nuevos recursos de la manera en que ha venido haciéndolo, sino asignándole una prioridad sustancial al tema educativo. Independientemente de cómo se formulen y cuáles puedan ser las redacciones que vayan para un lado o para otro, es muy importante enviar la señal en el sentido de que no seguimos gastando como lo estamos haciendo, sino que vamos a poder emplear los nuevos recursos de forma diferente. Notoriamente, habrá que hacer un esfuerzo para que las redacciones sean las correctas y den las garantías correspondientes.

SEÑORA CASAS.- En primer lugar, quiero agradecer que nos hayan recibido en el día de hoy.

Queremos expresar, como representantes de la delegación de la Asociación de Docentes, que vamos a encontrar la forma de intercambiar sustancialmente con los señores Legisladores la propuesta que traemos en cuanto a este artículo a incluir en la Ley Presupuestal y lo que los señores Legisladores estén elaborando. A partir de esto, podremos llegar a un acuerdo.

Repito nuestro agradecimiento, y seguramente una señal de este tipo, en el sentido de trabajar para consustanciar un Presupuesto más firme de la Universidad para el quinquenio, va a ser de enorme recibo en el personal académico docente de nuestra Casa de Estudios.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias agradece la concurrencia y la información brindada por los representantes de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.

(Se retira de Sala la Asociación de Docentes de la Universidad de la República)

 

(Ingresan a Sala representantes de los funcionarios profesionales de las Defensorías de Oficio)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda da la bienvenida a los representantes de los funcionarios profesionales de las Defensorías de Oficio.

SEÑOR GUADALUPE.- Agradezco a los señores Senadores que nos hayan recibido en el día de hoy.

Estamos en representación de 38 funcionarios del Poder Judicial, concretamente, que desempeñamos funciones en las Defensorías de Oficio. En particular, todos somos, o bien abogados o escribanos. La antigüedad que tenemos promedia los 15 a 18 años, pero también hay de 10 ó 12 años –que son los más jóvenes- y otros hasta con 25 años.

Quizás los señores Senadores sepan que las Defensorías de Oficio cumplen, dentro del Poder Judicial, una función social de atención a los grupos más carenciados y el desempeño de las funciones es eminentemente técnico. Es decir que allí no hay funciones de tipo administrativo.

Ahora bien; la Suprema Corte de Justicia, en el caso que nos ocupa, nunca nos reconoció –por la vía de los hechos y del Derecho- estos cargos técnicos. Es así que desempeñamos cargos administrativos y funciones técnicas, sin recibir nunca el reconocimiento a pesar de múltiples gestiones que se hicieron.

Fue así, entonces, que en 1995 –los que estamos aquí presentes y algunos otros- comparecimos en el Parlamento a efectos de hacer este planteo. Los señores Legisladores de aquel momento, y por unanimidad, nos reconocieron ese derecho, es decir, los cargos técnicos, plasmándolo -inclusive con el levantamiento de un veto- en el artículo 487 de la Ley Nº 16.736 -Ley de Presupuesto de 1995 y que entró en vigencia a partir de 1996- transformando cargos administrativos en Procuradores y otros en Defensores Adjuntos para aquellos funcionarios que desempeñaran tareas en la Defensoría Penal.

De esta manera se zanjó una gran injusticia que se venía dando en los hechos puesto que, tendrán presente los señores Legisladores, en oportunidad de un Presupuesto anterior los Defensores de Oficio consiguieron "engancharse" con los señores Magistrados. Al otro año, los Procuradores con cargo efectivo formalmente en el Poder Judicial, también lo lograron. Allí se produjo una diferencia, que tildamos en aquel momento –y lo hacemos hoy- de irritante, puesto que cumpliendo idénticas funciones, los que formalmente tenían el cargo ganaban tres o cuatro veces más que los que no lo tenían.

Los señores Legisladores hicieron justicia en ese sentido y se plasmó ese asunto en este artículo. Sin embargo, a posteriori, después de entrar en vigencia, la Suprema Corte de Justicia por sí y ante sí, introdujo un recurso de inconstitucionalidad, que es el que actualmente está en trámite. A través del doctor Gonzalo Aguirre –que es quien nos patrocina- del doctor Pérez Pérez y del doctor De La Fuente controvertimos esta situación con argumentos muy sólidos y establecimos que la inconstitucionalidad no es tal. Lo que sucede es que el trámite lleva cinco años en su dilucidación y está próximo a dictarse sentencia. ¿Qué ocurre, entonces? En el supuesto caso de que la sentencia nos sea desfavorable, obviamente retornaríamos al cargo administrativo. De esa manera, los sueldos que percibiríamos se retrotraerían al de aquel cargo administrativo que teníamos en 1995. Concretamente, el sueldo promedio pasaría a ser de $ 4.000. Al respecto, comento que a la Caja de Profesionales Universitarios –estoy en la sexta categoría- debo pagar $ 4.000. Quiere decir que el sueldo sólo me alcanzaría para eso.

Recurrimos a los señores Senadores una vez más por lo siguiente. Pretendemos que se refrende políticamente esa voluntad inequívoca del Parlamento de aquel momento, y que nos consta existe en casi todos los Legisladores que hemos tenido oportunidad de contactar. Además, esto significaría una buena señal dado que la Suprema Corte de Justicia hoy tiene una integración diferente y nos consta que por este motivo y por el transcurso del tiempo, ha cambiado aquella concepción que era muy cerrada a este respecto. Por lo tanto, les pedimos acoger nuestra solicitud e incorporar el artículo que ha sido repartido. Si lo cotejan con el original de la Ley Nº 16.736, verán que tiene una pequeña modificación a través de la cual se contempla la situación de tres funcionarios que están en comisión en el Palacio Legislativo y a los que la Suprema Corte de Justicia –actitud que controvertimos- no les ha pagado por considerar que efectivamente no cumplían funciones. Más allá de las divergencias de esta situación, sería justo que estos funcionarios formaran parte de todo el staff.

Para finalizar, aclaro que la incorporación de este artículo no genera ningún gasto puesto que la Suprema Corte de Justicia, aunque a regañadientes, ha venido cumpliendo hasta ahora.

SEÑORA ARISMENDI.- Simplemente deseo dejar constancia de que hemos seguido este tema en toda la discusión del Presupuesto anterior. Efectivamente, tal como se señala, fue de las pocas cosas que logramos incorporar al Presupuesto que terminó siendo ley en enero de 1996. Realmente, todas estas alternativas han constituido una gran frustración.

De todos modos, la misma disposición que tuvimos en su momento la ratificamos hoy, como nos consta hizo la Cámara de Representantes.

Por otro lado, no quisiera entrar en un terreno que no domino –máxime con la delegación que nos visita y el Presidente que tenemos- pero a cualquier funcionario que pase en comisión la ley lo ampara y no pierde ninguno de los derechos que tenía en su lugar de origen. Esto lo señalo independientemente de lo que se pueda pensar acerca de quienes deberían o no tener la posibilidad de pasar en comisión a alguna parte. Mi opinión de maestra de escuela es que la ley contempla esta situación y, en consecuencia, lo que se ha estado haciendo es algo totalmente irregular, para decirlo de manera delicada.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa debe dejar constancia que hay una norma legal específica para los pases en comisión para prestar asistencia directa al Presidente de la República, a los Ministros de Estado y a los Legisladores, que establece a texto expreso que esos funcionarios tienen derecho al total de las remuneraciones y compensaciones como si estuvieran trabajando en el lugar de origen.

SEÑORA POU.- Queremos decirle a la delegación que nos visita que en nombre de la bancada del Partido Nacional vamos a mantener la misma posición. Si esto quedó definido y aceptado por todas las partes en la Cámara de Representantes, la bancada de Senadores va a seguir manteniendo la misma postura, no sólo por respeto a nuestros compañeros –que sabemos han trabajado mucho- sino porque consideramos que no se trata de otra cosa que cumplir con algo que es de estricta justicia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera saber cuál es la razón de inconstitucionalidad que planteó la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR HELANDER.- La razón que planteó la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con la ausencia de iniciativa en el Mensaje original del proyecto. Básicamente, se trata de una razón de forma pero que fue extensamente contestada por prestigiosos constitucionalistas, como los doctores Gonzalo Aguirre y Pérez Pérez, quienes en sendos escritos refutaron a nuestro criterio ese argumento.

Deseo agregar que hemos mantenido entrevistas con los Ministros y creemos que el tema debe plantearse en el sentido de si la solución es justa o no. El propio Fiscal de Corte, doctor Peri Valdez, en su dictamen de uno de los juicios reconoce la justicia de la solución dada por el Parlamento y es en base a eso a como entendemos debe resolverse este tema.

Cuando la Suprema Corte de Justicia fue recibida por la Comisión de Presupuesto, el señor Senador Rubio la consultó acerca de su opinión sobre estos artículos, pero no contestó el tema de la justicia o injusticia de nuestro pedido, sino que simplemente se limitó a referirse al aspecto de la inconstitucionalidad y no a la solución de fondo que creemos es lo que está en la base de este tema.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quisiera preguntarles si saben cuál fue el resultado de la votación en la Cámara de Representantes porque en el Mensaje Complementario viene un anuncio de veto para este artículo. Me parece que ese es un dato importante para que ustedes sepan cuáles son los pasos que hay que dar para el levantamiento del veto, que como bien saben es mucho más difícil hoy que en el Presupuesto pasado.

SEÑOR HELANDER.- Según los datos que tenemos, el artículo fue aprobado por 96 votos en 96 Legisladores presentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa agradece la concurrencia y la información que nos han brindado en el día de hoy. Además, señala que la versión taquigráfica será repartida a todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los representantes de los funcionarios profesionales de las Defensorías de Oficio)

 

 

(Ingresan a Sala los representantes de los funcionarios de la Corte Electoral)

SEÑOR PRESIDENTE.- Le damos la bienvenida a la delegación que nos visita y les concedemos el uso de la palabra.

SEÑORA TRUJILLO.- Agradecemos a los señores Senadores por habernos recibido.

La Corporación ha remitido un proyecto de Presupuesto en la cual se incluye una tabla de sueldos. Antes que nada, quiero aclarar que la misma no va a producir ninguna erogación al Estado, es decir que no va a tener gastos para el aumento de dichos sueldos. El dinero que se ha utilizado para la tabla es el generado por las vacantes producidas hasta el 30 de diciembre de 1999. Cabe destacar que la tabla fue confeccionada por los señores Ministros de la Corporación y los funcionarios tenemos conocimiento de la misma y estamos de acuerdo con su aprobación.

SEÑORA ENDERE.- Voy a reiterar lo que ha dicho la compañera y, más que nada, decir que los funcionarios de la Corte Electoral estamos de acuerdo con la tabla elevada por la Corporación. Ella nos representa un pequeño aumento y dado que estamos en conocimiento del estado económico por el cual está atravesando el país, se vio la forma de instrumentar por parte de los señores Ministros una mínima mejoría en el sueldo de los funcionarios, sin que produzca una erogación al Estado. Esta es las forma más viable que se encontró para poder lograrla.

Debemos aclarar que no contamos con otros beneficios, como por ejemplo sociedad médica o canasta familiar y nuestros sueldos son muy pequeños. Esporádicamente, cuando se nos presenta una elección, podemos obtener más dinero por las horas extras.

SEÑORA POU.- Quisiera preguntarles dónde se ubica la tabla a que hacen referencia.

SEÑORA ENDERE.- La tabla de sueldos se encuentra en el Presupuesto enviado por la Corte Electoral y no tenemos inconveniente de hacerles llegar una copia.

Como ya dije, esporádicamente cuando hay una elección, podemos rescatar alguna hora extra. De lo contrario, no tenemos posibilidades de ganar ningún dinero extra. Por lo tanto, cuando no podemos hacer horas extra, se nos presenta un gran problema a los funcionarios de la Corte Electoral porque nuestros sueldos son muy pequeños.

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera dejar una constancia y formular una consulta. En el día de ayer recibimos a los señores Ministros de la Corte Electoral y nos describieron las tareas y el aumento de trabajo y, con mucho énfasis, el esfuerzo con el cual los funcionarios llevan adelante estas tareas. De otra manera, no garantizarían -como se hace en nuestro país- todos los actos electorales. En ese sentido, nos queda muy claro el planteo formulado por los funcionarios que viene a complementar el anterior que hizo la Corporación.

Por otro lado, en el día de ayer también se planteó con mucha ansiedad, la necesidad de cubrir vacantes y disponer de un personal que, a raíz de las jubilaciones, del retiro, o del pasaje a otras tareas, también dependiendo de los sueldos, ya no trabajan más allí. Por lo tanto, se nos habló de la necesidad de tener más funcionarios y de hacer inversiones para informatizar a todo el país.

Me gustaría que los funcionarios nos dieran una opinión acerca de las necesidades de incorporación de personal. Tengo una duda -porque no manejo exactamente las posibles variantes que podríamos abordar- sobre cuál es el peso de las horas extra. ¿De qué manera el ingreso del nuevo personal modificaría la situación actual? Lo planteo crudamente porque podríamos estar haciendo una rebaja salarial en la medida en que se reparta lo mismo entre más personas. No tengo las cifras de las vacantes que se han generado. En el día de ayer, se habló de un proyecto de informatización futuro y los Ministros de la Corte dijeron que al día de hoy no podían proyectar el número de funcionarios que se necesitarían para llevarlo a cabo, en la medida en que se sustituirían puestos de trabajo.

Cuál es la relación entre cubrir las vacantes generadas y la situación salarial que, como acá se señalaba, se complementa con las horas extras que se realizan cuando existen distintos eventos electorales.

SEÑORA ENDERE.- En cuanto a las vacantes y a la reestructura de la tabla, las vacantes que se toman en cuenta fueron producidas hasta el 31 de diciembre de 1999, justamente por ese tema, es decir para cubrir más cantidad de cargos, sería posterior al Presupuesto del año 2000 que no entra dentro de la transformación de la tabla. Es real que el número de funcionarios ha caído en una forma muy grande, porque año a año se jubilan muchos compañeros y hace muchos años que no entra nadie a trabajar a la Corte Electoral. Eso es, más bien, tema de la Corte Electoral. No nos hemos interiorizado en eso, porque nos preocupamos por la tabla en sí, que nos representa una pequeña mejora.

SEÑOR MICHELINI.- En la Comisión se discutió con la Corte Electoral si estaban o no al borde del colapso. Ellos plantearon una situación muy dramática de baja de funcionarios en los últimos años y también hicieron referencia a los nuevos esfuerzos que a partir de las reformas constitucionales se han hecho.

De los 19 artículos que presentó la Corte Electoral, los 11 primeros hacen referencia al tema de los funcionarios y sólo uno tiene costo. Si bien el artículo 2º presenta una levísima mejoría, ello no representa un aumento para el erario público. Pese a ello, no ha venido nada en el Mensaje del Poder Ejecutivo ni en lo aprobado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, creo que la intervención de la Corte en el día de ayer, así como la que se está llevando a cabo ahora, va a hacer reflexionar para que alguno de estos artículos puedan incorporarse en el momento correspondiente. Hay temas vinculados a inversiones que para nosotros son importantes, porque pueden hacer a lo que la señora Senadora Arismendi hacía referencia. O sea, al hecho de dejar algunas vacantes que se puedan usar como partidas a replicar en el rubro salarial. Es decir que si hay una inversión en instrumental o en informática, ello podrá ser así, pero si no hay inversiones, la Corte va a estar obligada a usar todas las vacantes, porque el trabajo se tendrá que hacer a costa del recurso humano.

SEÑORA ENDERE.- En lo que va del año se produjeron más de setenta vacantes y se prevén más, porque la gente está en el límite de la edad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la concurrencia y la información brindada por los funcionarios de la Corte Electoral, dejando constancia de que la versión taquigráfica de lo aquí hablado se va a remitir a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral)

 

(Ingresa a Sala la Asociación de Funcionarios de la Contaduría General de la Nación)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la Asociación de Funcionarios de la Contaduría General de la Nación.

SEÑOR ALVAREZ.- Como gremio perteneciente a COFE y junto con la Confederación, reivindicamos la plataforma de COFE, sobre todo en lo que tiene que ver con la tabla de sueldos.

Dentro de los temas que nos preocupan, hay uno que fue planteado en el Mensaje original del Poder Ejecutivo y otro en el Mensaje Complementario.

El primero de ellos fue votado por la Cámara de Representantes y quedó, en la redacción de esa Cámara, como el artículo 106. Se refiere a un incentivo al presentismo que transforma un incentivo al rendimiento que se da desde 1991 en la Contaduría, y que abarcaba sólo al 40% de los funcionarios. El artículo sustitutivo que viene en el proyecto del Poder Ejecutivo implica que esta remuneración se transforme en incentivo al presentismo, cosa en la que estamos de acuerdo, ya que en vez del 40%, lo podría cobrar el 100% de los funcionarios, en lo que también estamos de acuerdo.

En lo que no coincidimos -y al respecto habíamos planteado un aditivo distinto- es en la distribución de los literales. Nosotros habíamos planteado 80, 10 y 10 y el proyecto del Poder Ejecutivo propone 65, 20 y 15. Pero lo más grave es que en el articulado enviado por el Poder Ejecutivo, además de los topes del 65% y 80% que ya establecía la ley original, se establece un tope en pesos, que es lo que en este momento la Dirección de la Contaduría General de la Nación está distribuyendo, bajo ese concepto de incentivo al rendimiento. Entonces, lo que proponemos es que se elimine esa referencia de tope de remuneración. O sea, que se elimine la parte que dice: "Los que no superarán el importe de $ 7:205.900 anuales". Con eso quedaríamos conformes.

El fundamento de esto es que este tope es lo que actualmente se está repartiendo. Presupuestalmente se podría repartir más, es decir, $ 10:400.000.

Esto agrega un tope más a los ya existentes y de mejorar la situación económica del país como todos esperamos, estaría congelando este incentivo al presentismo durante los cinco años del período, cosa que consideramos totalmente injustificada. Además, esto agrega una rigidez al propio jerarca, porque acá se está facultando a la jerarquía de la Contaduría a realizar esa distribución; no es para nada taxativo el hecho de que se tenga que repartir los $ 10:400.000. Por otra parte, este provento está creciendo y ello figura en el memorando que repartimos.

Este es el primer punto que queríamos plantear.

Ahora bien; en el Mensaje Complementario hay una serie de artículos que se refieren al servicio de garantía de alquileres. Son 7 artículos, del 41 al 47. De esos 7 artículos, los que van del 43 al 47 cuentan con la aprobación de la Dirección de la División del Servicio de Garantía de Alquileres, de los asesores letrados de dicho Servicio y, por supuesto, de la Asociación de Funcionarios, porque se trata de artículos que pretenden mejorar el servicio, evitando mayores déficit de los que se puedan estar generando en este momento.

Sin embargo, hay dos artículos que incluye el Poder Ejecutivo y que cuentan sólo con la aprobación del Contador General de la Nación, porque ni siquiera la Dirección del Servicio está de acuerdo. Me refiero a los artículos 41 y 42. Más que nada el artículo 41 es muy grave, porque plantea que los inventarios que se realizan antes de la entrega de las llaves de la finca, así como el inventario que se hace posteriormente, en vez de hacerlos, como hasta ahora, los Inspectores del Servicio de Garantía de Alquileres, lo hagan las inmobiliarias o los administradores de bienes que contrataran los propietarios. Y esto genera una discriminación entre los inquilinos, ya que habría inquilinos con inmobiliaria –estos son la mayoría- y habría otros sin inmobiliaria, los que seguirían recibiendo la inspección por parte del Servicio de Garantía de Alquileres. Pero lo más grave es que, obviamente, se pierde la imparcialidad y la idoneidad de los Inspectores del Servicio, los que evalúan el estado de la finca y cuando se va a entregar las llaves tasan los posibles desperfectos que podrían haber quedado; es en base a esa tasación que el Servicio de Garantía de Alquileres paga al arrendador y luego le cobra al inquilino. Entonces, para nosotros aquí hay una pérdida de imparcialidad porque, además, estos inventarios forman parte de los contratos, por lo que aquí se agregaría una inseguridad jurídica. Una parte del contrato estaría realizada solamente por uno de los contratantes. A su vez, desde el punto de vista de los trabajadores de Contaduría, esto implica la posibilidad de que diez compañeros que realizan la tarea de inspección quedaran sin trabajo, sin función, y esto, para nosotros, es muy peligroso.

El artículo 42 simplemente restringe, desde el punto de vista geográfico, las funciones del Servicio de Garantía de Alquileres porque, salvo Montevideo y Canelones, en el resto del país quedaría como potestad de las Intendencias Municipales.

SEÑORA ARISMENDI.- Por nuestra parte, ya habíamos observado el artículo vinculado a los topes en oportunidad de que concurriera a este ámbito el Ministerio correspondiente. Simplemente, queremos dejar constancia de que esto está en el marco de toda una concepción del Presupuesto que es tope sobre tope.

Por otro lado, teníamos conciencia de que, en realidad, como ocurre en relación con otros aspectos del Presupuesto, se estaba trabajando sobre la cifra más baja –aproximadamente $ 7:000.000- y, por lo tanto, esa es la única realidad; todos los otros porcentajes están puestos en función de tomar lo establecido en la ley. Pero, en la práctica y en los hechos, al decir que será hasta algo más de $ 7:000.000, se está señalando que esa es la cantidad de la que se dispone. Toda la parte referida a la ley anterior y a las modificaciones actuales no tiene ningún valor, salvo lo que refiere a que, en lugar del rendimiento, es el presentismo. Ya planteamos esto en su momento y lo tenemos en cuenta.

Debo decir que, en relación con el artículo 42 del Mensaje Complementario, no me queda claro –y aún no lo he estudiado- de qué forma se limita el trabajo del Servicio de Contaduría a Montevideo y a Canelones.

SEÑOR ALVAREZ.- El Servicio de Contaduría en este momento se puede realizar en todo el país y, de hecho, así se está haciendo; en realidad, de acuerdo con lo que plantea el artículo 42, estrictamente hablando, quedaría sólo para Montevideo. Las explicaciones que nos han dado, al preguntar sobre este artículo, fueron que quedaría dentro de la órbita del Servicio parte del departamento de Canelones y que no se actuaría más en el resto de los departamentos del interior del país. Obviamente, esto no figura en el texto, dentro de cual podría quedar abarcado también el departamento de Canelones.

SEÑORA ARISMENDI.- A través de este artículo se faculta a los gobiernos departamentales del interior a asumir íntegramente los cometidos y Canelones, por más que sea considerado una república autónoma, sigue formando parte del interior. Pero, reitero, se faculta a asumir los cometidos, lo que quiere decir que se pueden asumir o no, que deberán ser instrumentados o no, que existirán las condiciones o no. Creo que habría que mirar esto muy bien, porque podría quedar toda una franja importantísima de la población sin posibilidad de tener un respaldo que hoy tiene, aun cuando existe una cantidad de dificultades -precisamente, ayer observábamos este aspecto relacionado con el tema de la vivienda a nivel de cooperativas- para poder tener una garantía que le permita acceder, por ejemplo, a un alquiler. A propósito del Mensaje Complementario tendríamos que volver a preguntar qué pasaría si el resto del país quedara en tierra de nadie, es decir, qué pasaría si las Intendencias no lo asumieran por el hecho de no poder hacerlo o porque no tienen interés. A su vez, si la Contaduría organiza su trabajo en base al hecho de atender sólo Montevideo, estamos diciendo que el interior del país quedará sin esta forma de resolver el tema de la vivienda. Aclaro que no sé si estoy en lo cierto, porque recién estoy tomando contacto con esta parte.

SEÑOR ALVAREZ.- Según la experiencia surgida del sistema actual, prácticamente las Intendencias del interior no han asumido ninguna potestad. Ahora habría una competencia parcial, compartida entre el Servicio de Garantía de Alquileres y los Gobiernos Departamentales. De hecho, estos últimos prácticamente hasta este momento no han aplicado esa facultad, lo que nos hace pensar que si esto fuera aprobado, el interior quedaría totalmente desatendido en lo que refiere a este servicio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún señor Senador desea hacer otras consideraciones agradecemos la presencia de los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Contaduría General de la Nación.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Contaduría General de la Nación)

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los representantes a la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay, y ofrecemos la palabra.

SEÑOR CROCE.- Ante todo, quiero agradecer a la Comisión por el hecho de recibirnos en este ámbito.

A continuación, voy a referirme a los temas puntuales que el gremio prioriza para esta entrevista.

Por un lado, nos preocupa la observación hecha por el Poder Ejecutivo en el Mensaje Complementario al artículo 214 del Proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. El Poder Ejecutivo sitúa a dicho artículo entre las normas cuya aprobación entiende inconveniente. Por esta disposición, que había sido introducida como artículo aditivo en la Cámara de Representantes, se presupuesta en el organismo a alrededor de 70 funcionarios contratados; todos ellos tienen una muy larga data en el organismo ya que, en su mayoría, son incorporados de AFE que ingresaron al organismo en el año 1987, lo que quiere decir que hace más de diez años que forman parte de él. Se trata de funcionarios con veinte años de antigüedad en la función pública, que se han capacitado en registros y que están fuera de la carrera. Por el hecho de estar contratados, no pueden concursar ni ascender, por lo que su situación nos preocupa prioritariamente. Ya en la Ley de Presupuesto del año pasado se obtuvo media sanción y finalmente no se pudo concretar. Confiamos en que esta vez no ocurra lo mismo.

También nos preocupa la situación de cinco compañeros que, no obstante ser escribanos y desempeñarse en su profesión, ocupan cargos administrativos y por tanto perciben el sueldo de tales. Es más, ni siquiera están cobrando una compensación especial por realizar las tareas técnicas que desarrollan. Inclusive, algunos de ellos a veces están a cargo de registros del interior. Repito que se trata nada más que de cinco funcionarios. Nosotros proponemos la transformación en cargos técnicos, financiándolos con supresión de vacantes o por lo menos con el crédito que le queda a la unidad al realizarse dichas supresiones. Este artículo necesitaría ser introducido, ya que esto no ocurrió en la Cámara de Representantes.

El último tema al que nos queríamos referir tiene que ver con el artículo del Mensaje Complementario. Mediante esta disposición se recoge el artículo 210 aprobado en la Cámara de Representantes, agregándole un inciso final por el que se destina el total del producido a Rentas Generales. Lo que se proponía con el artículo 210 era derogar una exoneración al pago de la tasa registral, que entendemos injusta, que favorecía a los "holdings" y a las sociedades de intermediación financiera. La técnica legislativa utilizada tal vez no fue del todo feliz y reprodujo un viejo artículo de la Ley No. 16.320, por la que se derogaba las exoneraciones de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados al pago de la tasa. O sea que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados pagan la tasa desde el año 1992. Ahora, por el artículo 210 se repitió, para incluir a los "holdings", que se derogan la exoneración sobre Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, "holdings", sociedades de intermediación financiera. Asimismo, al agregar el Poder Ejecutivo el inciso final que expresa que se destinará íntegramente a Rentas Generales, no solo se apoderaría de la nueva recaudación que ingresa por "holding", sino de la que ya ingresaba desde 1992 por Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Esto para nosotros es grave. Se nos ha dicho que esto no es importante, que esta situación se daría solamente cuando los Entes Autónomos compran para sí mismos. Si fuera así, no sería nada, pues los Entes Autónomos podrán comprar 20, 30 o 50 inmuebles en el año y esto no sería relevante. Pero nosotros tememos que esto sea aplicable en todos los casos en que intervienen los Entes Autónomos que, en el caso del Banco Hipotecario y del Banco República, representa un porcentaje alto de la recaudación. Si ese dinero se destina íntegramente a Rentas Generales, nosotros perderíamos un porcentaje importante de la recaudación, por lo que podrían verse disminuidos nuestros ingresos que, por otra parte, cabe aclarar que ya lo han sido. Digo esto porque este año se nos abatieron en un 20 % los conceptos que cobramos con cargo a proventos, por la baja de la recaudación; asimismo, se anuncia que este mes va a haber un nuevo recorte. Por lo tanto, tememos que de aprobarse este artículo, sigan los recortes. Entonces, pretendemos que el artículo se apruebe tal como vino de la Cámara de Representantes, sin el inciso final que destina el producido a Rentas Generales.

Esto es todo lo que teníamos para plantear.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la concurrencia y la información que nos han brindado, dejando constancia de que la versión taquigráfica de las palabras que aquí se dijeron será remitida a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de Funcionarios Registrales del Uruguay)

 

 

(Ingresa a Sala la delegación del Grupo de Base DILAVE Miguel C. Rubino)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida a la delegación del Grupo de Base DILAVE Miguel C. Rubino y les ofrecemos el uso de la palabra.

SEÑOR BERMUDEZ.- Agradecemos a la Subcomisión que nos reciba en esta ocasión y aclaro que trataré de ser breve y lo más claro posible.

Para ubicar a los señores Legisladores, vamos a referirnos al artículo 129, que sustituye a los artículos 129 y 130 que fueron aprobados en la Cámara de Representantes dentro de los que el Ministerio sustituye en el artículo 71 del Mensaje Complementario. De acuerdo al tríptico entregado en el material del que disponen los señores Senadores, la DILAVE Rubino, División de Laboratorios Veterinarios, realiza una multiplicidad de actividades descriptas claramente en el mismo. Algunas de ellas el laboratorio las puede ofrecer y cobrar; otras, como lo son campañas sanitarias, diagnósticos diversos, seguimiento de enfermedades y puestas a punto de técnicas, no las puede cobrar y ocasionan también gastos. Ciento cincuenta y seis renglones diferentes son los que hoy vende el Rubino; su recaudación alcanza a los U$S 300.000 anuales y esta suma alcanza a cubrir el 30% de su función. Cabe aclarar que no tiene Presupuesto de funcionamiento de Rentas Generales. El artículo 129 –que, repito, presenta hoy el Ministerio- destina toda la partida de dinero a la División de Laboratorios Veterinarios –estamos hablando de U$S 600.000- pero al final hace referencia al artículo 13 de la Ley Nº. 16.736 –los señores Legisladores podrán ubicarla con el número 2 dentro del material que les fue entregado- que tiene que ver con la tercerización de actividades no sustantivas que se desprende del propio artículo mencionado.

Cuando el Director General de Servicios Ganaderos fundamenta este artículo que, inicialmente, en la Cámara de Representantes llevó el número 128, el día 26 de setiembre de 2000, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, por esta tercerización mencionó actividades que involucran análisis sumamente costosos, realizadas dentro del Programa Nacional de Residuos Biológicos y que son totalmente sustantivas. Además, se refirió a otras estructuras de laboratorios nacionales que podrán llevar a cabo estas funciones.

Las funciones sustantivas que realiza la División de Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino están descritas en el tomo de reformas administrativas del Estado, publicación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fojas 519. Con respecto a esto debemos decir que no existen estructuras nacionales de laboratorios que hoy puedan realizar la actividad de certificación sanitaria de las carnes de consumo interno y de exportación. La DILAVE es el certificador sanitario oficial del Estado uruguayo, único reconocido por los mercados compradores, que lleva adelante el Programa Nacional de Residuos Biológicos dentro del Departamento de Protección de Alimentos. Además, los técnicos que están a la cabeza de este Programa Nacional hoy son referentes sobre la certificación oficial del gobierno de Chile.

La certificación sanitaria de las carnes cuesta U$S 250.000 anuales y es auditada continuamente por los compradores, sin haber recibido nunca observaciones. Hemos podido seguir vendiendo carnes y asegurarnos nuevos mercados. Los técnicos tienen la mejor formación y contamos con el mejor equipamiento para llevar a cabo nuestras actividades.

La tercerización implica pagar a otros laboratorios, que no existen, las reglamentaciones y requerimientos exigidos internacionalmente. Los compradores son muy exigentes y el Instituto Miguel C. Rubino deberá ser el que responde oficialmente frente a los compradores, para lo cual también deberá estar en las mejores condiciones. Los alrededor de U$S 6:000.000 mencionados en el artículo 129, que dispone actualmente el Senado, junto a la recaudación del laboratorio, financiarían todas las actividades de la DILAVE. Pensamos que esto debería ser permanente en el tiempo e independiente de las autoridades del momento, por la relevancia de sus funciones que tienen que ver con el nivel sanitario de la ganadería nacional y las garantías que el Estado deba dar al productor en la compra de cualquier producto de uso veterinario. Para citar otras áreas del laboratorio, debemos señalar que Virología, por ejemplo, está procesando los muestreos de suero que se realizan en el país para determinar la presencia o no de anticuerpos contra la Fiebre Aftosa. A su vez, Histopatología ha recibido informaciones de Europa acerca de que la "enfermedad de las vacas locas" se está trasmitiendo a humanos con una connotación sumamente especial y, además, trata enfermedades comunes al ganado y al hombre –lo que se denomina zoonosis- tales como la tuberculosis y Leptospira y realiza todo lo que tiene que ver con campañas sanitarias. En el tríptico figuran todas, pero podríamos citar algunas como brucelosis, garrapatas, sarna, piojos y otras.

Si parte del dinero mencionado en el artículo 129 se utilizara para tercerizar, quedarían desfinanciadas nuevamente diferentes áreas del laboratorio y, por lo tanto, algunas de las funciones antes mencionadas. En consecuencia, nos parece que lo más adecuado sería mantener los artículos 129 y 130 tal como vienen de la Cámara de Representantes. El artículo 129 financia una actividad tan delicada como es la certificación sanitaria de la carne. A su vez, el artículo 130 financia, junto a la recaudación del propio laboratorio –lo que hoy podríamos llamar Fondos de Libre Disponibilidad- las demás áreas de éste.

Si esto no fuera posible, quisiéramos que se eliminara del artículo 129 presentado en el Mensaje Complementario correspondiente al Ministerio –que está dentro de los mencionados en el artículo 71 de dicho Mensaje- la referencia al artículo 13 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

Por último, estamos presentando la fundamentación y la redacción de una disposición –que consta probablemente en las últimas hojas del repartido- que incluye al artículo 201 de la Ley Nº 16.320, que tiene como fin el ingreso de técnicos a la División de Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino por la necesidad de una prolongada formación para lograr una alta especialización debido a las propias funciones que realiza el laboratorio y al promedio de edad de los técnicos actuales, que arriesga la posibilidad de trasmitir conocimientos a otros.

Asimismo, queríamos señalar que los funcionarios técnicos en la DILAVE cobran en promedio $ 6.500 y el Director de la misma tal vez gane $ 10.000. No conozco el monto con exactitud, pero estoy seguro de que si cobra algo más, es muy poco.

Esto sería un concentrado de nuestra exposición y, en caso de que los señores Senadores deseen realizar preguntas, estaríamos dispuestos a contestarlas.

SEÑOR NIN NOVOA.- Me parece que este es uno de los servicios esenciales que tiene el país hasta por nuestra propia composición de la generación de las divisas, de las exportaciones. Nos guste o no, la carne sigue siendo el mayor rubro exportador que tiene el Uruguay y, en un mundo tan competitivo y tan cruel desde el punto de vista comercial, nuestro país no puede estar a merced de la falta de recursos para hacer el tipo de análisis que realiza la DILAVE, que no son pruebas de calidad sino de control sanitario de las partidas de carne que el Uruguay exporta. Entonces, cuando tomamos conocimiento de que no hay rubros para algunos reactivos y dependemos de terceros países que, además, son competidores o potenciales competidores de nuestros mercados y de nuestra carne, realmente nuestra preocupación aumenta.

Quisiera que me hicieran un brevísimo comentario sobre estos aspectos que acabo de mencionar, señalando cuál es la función concreta y cuáles son los inconvenientes que están visualizando con respecto a esta dependencia del exterior en materia de análisis sanitarios de nuestra carne.

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera complementar el planteo realizado por el señor Senador Nin Novoa. En la exposición realizada, se menciona que en el Uruguay no existen otros laboratorios con las características necesarias para poder cubrir las tareas que hoy se desarrollan en el Instituto Miguel C. Rubino. Además, si entendí bien, de todas maneras la responsabilidad seguiría recayendo sobre este laboratorio.

Pregunto, entonces, si ustedes suponen que existen posibilidades de que laboratorios que hoy no hay en el Uruguay pudieran apetecer instalarse aquí. En este caso, me sumo al comentario realizado por el señor Senador Nin Novoa, porque en un mundo como el de hoy, daría la sensación –a lo mejor me equivoco; más que nada, es una cuestión de experiencia con relación a otros temas- de que es medio absurdo que nosotros abriéramos las puertas para que la competencia nos venga a analizar lo que nosotros, luego, les vamos a vender. De pronto, entendí mal, pero tengo la impresión de que al no existir en este momento otras posibilidades de realizar estos análisis, controles y toda la labor que se desarrolla, podría suceder que alguien de fuera se viniera a instalar aquí, y que quien se sintiera interesado en un paisito como el nuestro pudiera estar vinculado, como sucede en este mundo globalizado, a quienes luego nos dirán que el Uruguay no está en condiciones de vender determinada cosa, porque la certificación que se hace es, para decirlo brevemente, negativa a sus intereses.

SEÑORA POU.- En el mismo sentido de las intervenciones de los señores Senadores Arismendi y Nin Novoa, quería preguntar si hay alguna cláusula que a texto expreso diga que solamente el Rubino puede ser el que certifique. Digo esto, pensando en la hipótesis que planteaba la señora Senadora Arismendi y, sobre todo, que en los hechos, y concretamente en los episodios que todos conocemos acerca de cuando no hubo reactivos en el Uruguay, tuvimos que recurrir al Brasil. Conozco los hechos, y ese es uno. Entonces, quisiera saber si hay algún respaldo jurídico para que esos hechos puedan darse de una manera más formal.

SEÑOR RAMPOLDI.- Creo que un poco la contestación puede ser válida para las tres posiciones que recién escuché.

El Departamento de Protección de Alimentos realiza estos trabajos dentro del Programa Nacional de Residuos Biológicos desde hace veinte años, en forma ininterrumpida, contando con las técnicas aprobadas internacionalmente, los técnicos experimentados y equipamiento de última generación. Ahora bien, se requieren ciertos consumibles que deben ser repuestos. En el episodio, que recién se comentaba, de cuando hubo que enviar algunas muestras a analizar a Brasil, los consumibles que se requerían, específicamente, consistían en nitrógeno de alta pureza, que se vende en el país, lo aporta AGA y lo compramos cotidianamente. Aproximadamente, el costo que suponía continuar con los análisis era de $ 2.000. No se trataba de reactivos que no estuvieran en el país. Recién se señaló que faltaban reactivos en plaza, y yo digo que eso es falso. Lo que se requería para continuar en tiempo el programa eran unas recargas de nitrógeno de AGA que, insisto, valían $ 2.000. Eran garrafas de gas, que continuamente compramos. En ese momento, por equis problemas –no nos incumbía la manera de conseguirlas- no se compraron a tiempo. Entonces, como había una inspección de Estados Unidos visitando los frigoríficos y el laboratorio, el Ministerio decidió enviar las muestras a analizar a Brasil, en función de que no se disponía de $ 2.000 para comprar el nitrógeno.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Brasil nos hizo ese análisis gratis?

SEÑOR RAMPOLDI.- Por supuesto que no. Se nos ha referido que fueron catorce muestras las llevadas a Brasil, cuyo costo fue de U$S 21.000, cuando aquí, como dije, era muchísimo menor y estaba todo pronto como para proceder al análisis. De hecho, ya se había dado la orden en la mañana para comprar los consumibles, el personal del laboratorio los adquirió, e inclusive, habíamos sacado de los "freezers" las muestras para comenzar a procesarlas. Sin embargo, alrededor de las 13 horas llegó la orden del Ministerio de embalar las muestras y enviarlas a Brasil, cuando ya habíamos hecho la recorrida con los reactivos y los tanques de nitrógeno. No nos explicamos por qué ocurrió de esa manera. Nos pareció bastante desprolijo, pero lo cierto es que sucedió así.

También se aludió a la posibilidad de que otros laboratorios pudieran hacer este análisis. De hecho, hoy en día no hay ningún laboratorio que esté en condiciones de hacerlo, pero podría haberlo en el futuro.

No estamos en contra de que se puedan tercerizar estos análisis, porque en la mayoría de los países el organismo oficial no hace el trabajo de rutina. Todos estos análisis se han tercerizado a laboratorios privados, que son habilitados y controlados continuamente por el organismo oficial. Pero, obviamente, el pasar a un estatus de organismo certificador y habilitador, requiere de las mejores tecnologías y equipamiento para poder controlar a los de abajo. Entonces, tememos que si, en estas condiciones, se terceriza, no se le otorguen los rubros suficientes al DILAVE a los efectos de habilitar y controlar a los laboratorios en la forma debida. Esa es un poco nuestra preocupación, y no estamos en contra, repito, de que se puedan tercerizar los análisis.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Es habitual que países compradores de nuestros productos acepten análisis realizados por laboratorios particulares, o ponen especial énfasis en que sean llevados adelante por laboratorios oficiales?

SEÑOR RAMPOLDI.- Hasta el momento, el único laboratorio habilitado para hacer estos análisis es DILAVE. El día que haya laboratorios privados habilitados, seguramente el mercado comprador los va a aceptar, como sucede en todo el mundo. Una vez aceptados y controlados por el organismo oficial en forma correcta, no habría inconveniente en que se funcione de esa manera.

SEÑOR BERMUDEZ.- Si bien es indiscutible que todo lo relativo a la carne y a la exportación es un tema esencial, además de la partida global a la que estamos haciendo referencia y en función del tríptico que ustedes manejan –que, por suerte, el Gobierno de Japón pudo financiar, cosa que no hubiese podido hacer el laboratorio- hay una multiplicidad de tareas más que tienen que ver con la salud animal del país, con el seguimiento de una cantidad importante de enfermedades, con la puesta a punto de técnicas que son requeridas continuamente y con la certificación de los productos veterinarios sobre los cuales el productor debe tener garantías del Estado, que también hay que financiar. De ahí el planteamiento que hemos realizado en forma global.

SEÑOR BAÑALES.- Quiero poner énfasis en que nosotros no estamos pidiendo dinero para remuneraciones, sino para poder trabajar.

En este momento, se da la situación ilógica de que el Rubino, luego de cuatro años de ejecución de un proyecto con el Japón, cuenta con equipos de última generación, con el hecho de que más de veinte técnicos han sido capacitados en ese país, pero a veces no hay dinero para comprar el reactivo más elemental. Hay enfermedades que en este momento no se pueden diagnosticar en el Uruguay, por ejemplo, la rabia, por lo que, ante una sospecha, habría que recurrir a un país extranjero competidor comercial nuestro.

En la Cámara de Representantes se aprobaron recursos para el Rubino con los cuales puede funcionar. Por esa razón, no entendemos cuál es el motivo de haber incluido esa frase de que sea para el Rubino o para tercerizar. Simplemente, nuestro planteo es que esto quede como fue aprobado en la Cámara de Representantes, puesto que quedamos bastante conformes. Lo que queremos es trabajar, y nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias agradece vuestra concurrencia y la información brindada en el día de hoy.

(Se retiran de Sala los representantes de los Grupos de base DILAVE Miguel C. Rubino)

 

(Ingresa a Sala la delegación de Defensores de Oficio del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- Les damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA BEREZAN.- Vamos a tratar de ser muy concretos.

Los defensores de oficio en el Uruguay somos 183, distribuidos en todo el país. En el año 1991 el Legislador, rescatando puntualmente una vieja lucha de los defensores de oficio, recogió en la legislación nuestra equiparación con los magistrados sobre la base de su sueldo. Esta equiparación que, en su momento, interpretamos iba más allá de lo estrictamente económico -también era conceptual, por la naturaleza de nuestra función- se ha ido desvirtuando en el tiempo porque se han fijado partidas adicionales de las que los defensores de oficio hemos sido expresamente excluidos. Eso, más allá de lo económico, de alguna manera afecta la concepción de la equiparación de las partes del proceso.

Los defensores de oficio, en todo el país, hoy estamos permitiendo el acceso a la justicia a un promedio del 70% de todos aquellos que reclaman una decisión judicial. Es decir, el 70% de todos los procesos que pasan en el país. En materia penal, estamos asistiendo entre el 85% y 90% de todas las causas, al igual que en menores infractores. Tenemos una materia que se excluye a la nuestra, que es la contenciosa o comercial porque la asistencia que brindamos es esencialmente gratuita, por lo que está acotada a los ingresos de quienes pretenden que los atendamos.

Entendemos que, para nosotros, esta equiparación es absolutamente imprescindible –reitero el término- por lo conceptual, por ser nosotros la tercera parte del proceso y porque así ustedes, señores Senadores, nos lo han reconocido. Específicamente, en este Código de la Niñez y la Adolescencia, que está tan avanzado, la figura del defensor de oficio se ha convertido, prácticamente, en imprescindible para que el mismo tenga real validez.

Por lo tanto, es fundamental que a partir de la entrada en vigencia de esta próxima Ley de Presupuesto, se reconozca que los defensores de oficio estamos equiparados por todo concepto, porque esas retribuciones que han quedado al margen tienen que ver directamente con nuestras funciones. Por un lado, la vivienda –efectivamente, estamos obligados a vivir en el lugar donde somos designados y en ese sentido nos aporta y nos apoya una acordada de la Suprema Corte de Justicia que nos obliga a ello- y, por otro, la alta especialización. En ese sentido, nosotros hacemos una carrera administrativa, ingresando desde el interior, siendo asignados, específicamente, a determinadas materias. Eso hace que nos especialicemos, porque somos lo suficientemente responsables para estudiar y especializarnos en la materia a que se nos asigna. Reitero que la equiparación por todo concepto es básica. Sin embargo, también entendemos que este es un momento muy delicado -no somos tan obtusos como para no darnos cuenta que, con respecto a los temas presupuestales, hay muchas reclamaciones por parte de trabajadores con justo derecho a hacerlo- y consideramos que es importante aceptar la equiparación por todo concepto. Lo que nosotros estamos pretendiendo que se nos reconozca en esas partidas adicionales no es una pretensión al año 2001, sino al quinquenio, porcentual o como fuere. Aunque parezca un poco grotesco, si nos preguntan, decimos que, efectivamente, no nos importa lo económico, sino lo conceptual. Por eso es que en el memorándum que ustedes han recibido hay propuesta una redacción de artículos aditivos que, por supuesto, los señores Legisladores pueden manejar en las partidas, como lo consideren, acorde a la realidad presupuestal del país. Pero sí nos importa el primer inciso, que es donde se nos reconoce la equiparación por todo concepto.

La doctora Fernández les va a explicar un tema que ha llevado a confusión en cuanto a nuestras funciones de dedicación exclusiva y dedicación parcial.

SEÑORA FERNANDEZ.- Desde el punto de vista de nuestra función, estimamos pertinente hacer esta aclaración. Del total de defensores de oficio en el país –somos 183- actualmente tienen régimen denominado "part-time" un porcentaje que, según estimaciones, anda en el entorno del 10%. Es necesario aclarar que, si bien el régimen se denomina de "part-time" no es tal, en puridad, sino que hay una diferencia en ese 10% de defensores que, lo que no tienen con relación al cargo, es la dedicación exclusiva. Esa diferencia es esencial, por dos razones. En primer lugar, porque desde el punto de vista de la tarea y la función que, para el Poder Judicial y sus patrocinados cumplen, la tarea del defensor "part-time" es idéntica que la del "full-time". En ese sentido, no hay ni menor carga horaria, ni menor responsabilidad, ni se distingue la distribución interna de asuntos. Lo que califica la diferencia es un plus por dedicación exclusiva. Nuestro régimen –el de quienes estamos en régimen de "full-time" que, reitero, somos aproximadamente el 90%- de incompatibilidades es aún más severo que el de los magistrados. La diferencia entre la situación de uno y otro, ya está reconocida en las escalas de retribución previstas en las leyes presupuestales anteriores. En concreto, esto quiere decir que aquel defensor de oficio que no está en el denominado régimen de "part-time" dedica la misma tarea y el mismo número de horas, sin dedicación exclusiva. Esto se traduce en que, a su vez, percibe un 25% menos de la retribución prevista para el defensor de oficio "full-time". Esto quiere decir que cualquier mejora que se introduzca en la retribución de los defensores, o de la mayoría, ya reconoce en la ley una escala diferenciada, que ha sido valorada oportunamente por el Legislador y que contempla esa diferencia en cuanto a la dedicación exclusiva.

¿Cuál es nuestra situación presupuestal al día de hoy? Según lo que hemos podido interpretar de lo que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes y del Mensaje Complementario –es lo que más nos está preocupando- no hay previsión para los defensores de oficio porque, por la naturaleza del escalafón que integramos y como no pertenecemos al de los magistrados ni al de los funcionarios administrativos, por lo tanto no estamos previstos en ninguna de las disposiciones. En la medida en que los aumentos a los magistrados no se producen en la base, no nos comprenden, y tampoco integramos la calidad de funcionarios. Por lo tanto, actualmente desde el punto de vista presupuestal no tenemos previsión, lo cual afecta, además, la jerarquización de nuestra función.

Por lo expuesto, la naturaleza de nuestra propuesta podría sintetizarse lo siguiente. De considerarse, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que nuestra equiparación es por todo concepto, nosotros quedaríamos hacia el futuro nuevamente con el mensaje claro del Legislador de que nuestra tarea es equivalente, no es la misma, pero sí equivalente en trascendencia para el sistema judicial. Nosotros solicitamos que se prevea la incorporación paulatina del mayor costo que eso genera, para lo que no hemos venido percibiendo, en las escalas que se estimen pertinentes. Eso nos permitiría, hacia el futuro, no tener que insistir más en el concepto de equiparación en cada Presupuesto y, por otra parte, acompasar nuestra retribución en términos de una equiparación que sea real, y no sólo formal, en la carga, en la trascendencia o en el rol que cumplimos.

SEÑORA ARISMENDI.- Muy brevemente, señor Presidente, quisiera señalar que conocemos este tema y lo hemos venido siguiendo no sólo con respecto a este proyecto de Ley de Presupuesto, sino al anterior, razón por la cual podemos decir también que sabemos los debates que hubo entre una Cámara y la otra en torno a este asunto.

En resumen, para nosotros este planteo es una señal muy clara donde pesa mucho –lo sentimos así- un problema que tiene que ver con la dignidad de la función y, además, con la peculiaridad del universo en el cual se atiende, o sea, en una situación como la que tiene hoy el país en la que, por ahora, no se avizora que se modifique en un sentido positivo. De todas maneras, podemos adelantar nuestra posición favorable como bancada a este planteo y la intención de hacer los esfuerzos necesarios para encontrar los caminos para que la no existencia de un escalafón para estos funcionarios se transforme en una presencia acorde con el papel que cumple su tarea en la sociedad.

SEÑOR NIN NOVOA.- Lo expresado por la señora Senadora Arismendi me exime de hacer las mismas afirmaciones y constancias en el sentido de nuestro apoyo a esta propuesta porque, además, venimos tratando este tema desde hace ya unos cuantos días.

En otro orden de cosas, quisiera hacer una pregunta sobre un aspecto que quizás escapa a lo que estrictamente nos viene a plantear la delegación que nos visita, pero que, a mi entender, tiene relación con la integridad de todo el tema de Defensoría de Oficio. Hace un rato recibimos en este ámbito a los funcionarios administrativos que desempeñan tareas técnicas como abogados en lo que tiene que ver con la procuración en los juicios de oficio. Concretamente, me gustaría saber el grado de importancia de la tarea que esos funcionarios realizan para ustedes.

SEÑORA BEREZAN.- Por cierto, sabemos que estuvieron los procuradores, quienes actualmente son funcionarios presupuestados; la mayoría de ellos son abogados, aunque puntualmente puedan haber algunos escribanos. Concretamente, consideramos que la presencia de un procurador al lado de un defensor es prácticamente imprescindible. En total hay 38 procuradores –con algunos defensores adjuntos designados en la materia penal- y la mayoría cumple tareas en Defensoría de Familia y Defensoría Laboral.

Aclaro que me voy a referir estrictamente a la Defensoría de Familia, aunque supongo que en el área laboral debe ocurrir lo mismo. Tenemos que partir de la base de que el defensor de oficio tiene la obligación procesal de comparecer a las audiencias, asistiendo a las partes. Esta tarea no puede ser sustituida por la de otro técnico, salvo, obviamente, alguna situación muy puntual. A su vez y por ese motivo, mientras el defensor concurre a las audiencias, asiste a la parte o eventualmente hace una consulta y resuelve la situación procesal, el procurador cumple la función –tal como señalaba el señor Senador- de procurar el trámite que se está haciendo. Dicho de otro modo, atiende a la persona que viene a interesarse por su trámite, informa sobre lo que tiene que hacer, va al Juzgado, presenta escritos, o sea, hace un conjunto de tareas técnicas para nosotros imprescindibles y, sin ellos, no las podríamos hacer. Es más, puedo decir que los defensores de oficio que estamos asignados para Montevideo, sin ellos no podríamos trabajar; no somos "Superman". Tal como indicaba la señora Senadora Arismendi, el volumen de trabajo ha aumentado, y no porque la gente confíe en nosotros sino porque es el reflejo de una realidad. Honestamente, si los procuradores no estuvieran no podríamos trabajar. En la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes utilicé una expresión que voy a reiterar acá: creo que sin ellos el sistema de Defensoría de Oficio colapsaría. Debe tenerse en cuenta que hay procuradores solamente en Montevideo y puntualmente en algunas Defensorías del Interior, pero la mayoría no tiene estos funcionarios. Esto significa que quienes estuvimos en el interior, tuvimos que ser nuestros propios procuradores, a lo que hay que agregar la carga que implica el hecho de ser defensor de oficio. Por lo tanto, digo que sí son imprescindibles.

SEÑORA FERNANDEZ.- Quisiera agregar que la correlación de necesidad entre el soporte de la estructura de la Defensoría, que incluye a los procuradores, y en el caso de otras Defensorías a los defensores adjuntos, surge de las cifras globales. Solamente en Montevideo, en el año 1999, en la Defensoría de Familia se atendieron aproximadamente 40.000 personas y se cubrió un promedio de alrededor de 8.000 audiencias judiciales o intradefensoría en la búsqueda de convenios entre partes. Entonces, si tenemos en cuenta que en la Defensoría de Familia los defensores titulares somos unos 30 o 32, ese volumen de trabajo no se podría cubrir adecuadamente sin una estructura diversificada, pero técnicamente sólida como para brindar el respaldo adecuado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda agradece la presencia de la delegación de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. La Presidencia deja constancia que oportunamente hará llegar la versión taquigráfica de todo lo aquí manifestado a los demás integrantes de la Comisión.

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 14 y 16 minutos)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.