SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 33 minutos)

La agenda del día de hoy señala que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibe, en primer término, a los integrantes de la Corte Electoral, a quienes damos la bienvenida.

La Mesa da cuenta a los señores Senadores que se les está repartiendo una fe de erratas correspondiente al Mensaje Complementario.

Damos la palabra al señor Presidente de la Corte Electoral.

SEÑOR URRUTY.- Sin perjuicio del análisis particularizado de los artículos que la Corte Electoral ha propuesto en su proyecto de Presupuesto, me voy a limitar a hacer una exposición de carácter muy general. Posteriormente, si la Comisión resuelve considerar los artículos proyectados por la Corte, quienes me acompañan se expedirán respecto al análisis particular de ese articulado.

Para cualquiera que vive en este país, es sabido que han monopolizado la atención en materia de Presupuesto, la Salud Pública y el Poder Judicial. Hasta ahora nadie se ha acordado que existe la Corte Electoral y eso es bueno cuando se está en época de elecciones y cuando la Corte tiene que proclamar resultados. Sin embargo, en este momento es importante que, por lo menos, la Corte Electoral haga oír su exposición porque, sin cometer ningún tipo de exageración, tengo la obligación de manifestar ante esta Comisión del Senado que la Corte Electoral está al borde del colapso, es decir, el sistema electoral uruguayo está al borde del colapso. No es preciso ir muy lejos: basta con examinar algún país de nuestro continente para apreciar las consecuencias que se pueden dar si además de tener que enfrentar los problemas económicos que acucian a todos los países de América, el Gobierno tiene que soportar el peso de las denuncias de ilegitimidad. Eso vemos que está ocurriendo en algún país de América y termina provocando un caos. Afortunadamente en Uruguay esta situación no se da y nadie ha cuestionado la legitimidad de los gobernantes. Esto no sucede porque por suerte tenemos un sistema electoral maravillosamente concebido allá por los años 1924 o 1925, que para que funcione adecuadamente requiere de seres humanos. Un sistema electoral puede ser muy perfecto, pero si no es aplicado correctamente esa perfección desaparece. Cuando digo que la Corte Electoral está al borde del colapso, no puedo dejar de mencionar que el Organismo tenía en 1985, cuando salimos del régimen de facto, 1592 funcionarios y que a junio del 2000, ese personal ha quedado reducido a 1120 funcionarios. Cabe agregar que a esa fecha 111 funcionarios tenían causal jubilatoria y en el tiempo transcurrido a partir de junio, se han ido acogiendo a la jubilación. Por tanto, desde 1985 a la fecha, el Organismo Electoral ha perdido la tercera parte de su personal. Esto que es grave considerando a todo el Organismo Electoral, es mucho más grave si tomamos en cuenta las oficinas electorales departamentales, donde en algunos casos el personal ha quedado muy reducido. Por ejemplo, en la oficina de Soriano hay 12 funcionarios y se nos ha informado que la secretaria se jubila y también el jefe que cuenta con más de 70 años se tiene que retirar..

El articulado que la Corte Electoral ha proyectado apunta fundamentalmente a salir de este colapso. No pretendemos acrecentar el número de funcionarios del Organismo pero tenemos que evitar, de cualquier manera, que el mismo se reduzca, porque con menos funcionarios es imposible atender las obligaciones y compromisos que la Constitución y la Ley nos imponen. Mencioné la reducción de personal que se produjo desde 1985 a la fecha, pero la misma ha ido acompañada de un incremento importantísimo de tareas que la Corte Electoral originalmente no tenía a su cargo. En 1924, cuando fue creada la Corte Electoral, no organizaba las elecciones universitarias, así como tampoco las elecciones de las asambleas docentes de ANEP, las elecciones del Banco de Previsión Social, las de la Caja Notarial, ni las de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Todos estos son cometidos que le fueron agregados a nuestro Organismo con posterioridad. Incluso, en la última reforma constitucional, se le impuso a la Corte Electoral el compromiso y la obligación de atender cuatro elecciones en el transcurso de 13 meses. La más difícil de ellas es la elección primaria de los partidos políticos que, de acuerdo a la reforma constitucional, quedó integrada al proceso electoral nacional. Esta se realizó en abril; en octubre tuvimos que hacer la elección nacional; en noviembre la segunda vuelta y en mayo del 2000 las elecciones departamentales. Sin embargo, no es solamente esta tarea la que se derivó de la reforma constitucional. A raíz de dicha reforma la Corte Electoral, además de organizar y juzgar estas cuatro elecciones, también tiene que hacer acto de presencia y proclamar el resultado de las convenciones nacionales que eligen los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, así como también las 19 convenciones departamentales de cada uno de los partidos políticos que eligen los candidatos a la Intendencia. Estas son tareas que deben ser cumplidas por un número muy reducido de funcionarios. Por ejemplo, los doce funcionarios que decía que quedan en el departamento de Soriano deben desempeñar todas las actividades que el organismo electoral tiene a su cargo.

El articulado proyectado por la Corte Electoral apunta a evitar este colapso. Si los señores Senadores analizan los artículos, podrá apreciar que prácticamente no tienen costo. La excepción está dada por lo que se propone en cuanto a informatizar el sistema, que es la única forma que existe de poder paliar la insuficiencia de personal que ya está padeciendo. Las demás disposiciones que tienen costo son aquellas que suponen la incorporación al proyecto de presupuesto, por primera vez en la historia, de gastos que normalmente eran aportados a la Corte Electoral por el Poder Ejecutivo en forma directa. Reitero que si los señores Senadores reparan en el articulado, encontrarán que los artículos del proyecto de Presupuesto de la Corte Electoral que tienen costo son los que tienden a contemplar los gastos inscripcionales -que hasta ahora nunca fueron incluidos en la Ley de Presupuesto- y los gastos derivados de las elecciones que la Corte Electoral sabe de antemano que tiene que realizar. Me refiero a las del Banco de Previsión Social, las de la Universidad de la República y, por supuesto, las elecciones nacionales -con las primarias, que forman parte de éstas- y departamentales.

Estos son los artículos que tienen costo. Los demás implican una redistribución de los rubros que tiene la Corte Electoral, tratando de contemplar mínimamente a un personal que está muy mal retribuido, mediante las economías producidas por la no provisión de vacantes. En el futuro, se pretende que las vacantes surgidas a partir de enero del 2000 se puedan llenar. Insisto en que si esto no se logra, no creo que en el 2004 podamos volver a enfrentar los cuatro actos eleccionarios.

Este problema ya lo estamos padeciendo actualmente, porque la Corte Electoral sabe que dentro de dos o tres días ingresará la promoción de un recurso de referéndum contra algunos artículos de la Ley de Urgencia. El Organismo dispone de 45 días para calificar dicho recurso, lo que supone ordenar todas las adhesiones y verificar las impresiones digitales de cada uno de los adherentes, para ver si se alcanza el 2% que la reforma de la ley estableció en materia de recursos de referéndum. Si se comprueba que se cubre ese porcentaje, la Corte Electoral tiene que organizar una convocatoria a la ciudadanía para que todas aquellas personas que deseen adherir al recurso de referéndum lo puedan hacer. Dicha convocatoria debería realizarse dentro de los 45 días de proclamado el resultado, e implica exactamente el mismo trabajo que organizar una elección nacional.

Pero además, durante los mismos meses en que la Corte Electoral va a tener que enfrentar esta tarea, deberá organizar las elecciones del Banco de Previsión Social -que tienen que llevarse a cabo el 25 de marzo de 2001 y tendrán un costo del orden de los U$S 6:000.000- para elegir a tres personas que van a representar a activos, pasivos y empresas. Y estas elecciones son mucho más complejas que las nacionales, porque en estas últimas sabemos que los ciudadanos tienen una serie y número de credencial que permite ordenarlos, hacer un plan circuital y darles a conocer dónde tienen que ir a votar, mientras que en las del Banco de Previsión Social, con los padrones que la Corte Electoral tiene a su disposición en este momento, existen unos 70.000 u 80.000 activos que no tienen Credencial Cívica o, lo que es peor, que la tienen pero el Banco de Previsión Social, a pesar de todas las medidas que ha adoptado, no la ha podido obtener. Por consiguiente, para votar, habrá que ordenar a los ciudadanos por orden alfabético, lo que significa que se tendrán que desplazar a lugares muy alejados de su domicilio, con el agravante de que el que tiene Credencial va a ir a votar, no al lugar que corresponde a la primera letra de su apellido, sino al que corresponde a su serie y número, que él no sabe que el Banco de Previsión Social no pudo obtener.

Menciono esto para señalar que, en el mismo momento en que tenemos que organizar algo similar a una elección nacional en el supuesto de que las adhesiones alcancen el 2%, debemos hacer lo mismo con las elecciones del Banco de Previsión Social.

Asimismo, el 30 de noviembre tenemos que llevar a cabo las elecciones de las Asambleas Docentes de ANEP, cuyo escrutinio seguramente llevará todo el mes de diciembre. Suponemos que el 13 de diciembre –si el Poder Ejecutivo accede a la sugerencia de la Corte Electoral de postergar la fecha del 6 de diciembre que estaba prevista, para la que se decretó un paro general- se realizarán las elecciones de la Caja Notarial. Todo esto lo debe realizar un personal que, como ya expresé, ha quedado reducido en un tercio con respecto al que la Corte Electoral tenía en 1985.

Al elaborar su proyecto de Presupuesto, la Corte Electoral tuvo plena conciencia de los problemas económicos que estaba enfrentando el Gobierno y de las penurias financieras que debe estar afrontando en este momento el Erario Público. Por esa razón, la gran mayoría de los artículos que hemos proyectado aspiran, simplemente, a que se otorgue a la Corte Electoral una facultad que sólo va a utilizar si es necesaria, que es la de proveer las vacantes que se produzcan. Con el personal que tenemos actualmente, en 1999 pudimos organizar las tres elecciones nacionales -las primarias, las de octubre y las de noviembre- y las elecciones municipales del 14 de mayo, pero tenemos claro que con menos personal del que tenemos en este momento no podemos enfrentar el futuro. Por ese motivo solicitamos que se faculte a la Corte Electoral para que, en caso de ser necesario, pueda proveer las vacantes, que se van a seguir produciendo porque el promedio de edad del personal electoral es relativamente elevado.

Por otra parte -y esto es lo único que tiene costo de todo el proyecto de Presupuesto de la Corte Electoral- solicitamos una cifra del orden de U$S 6:000.000, diferida en los cuatro años, para informatizar el sistema electoral. Actualmente, están informatizados el Padrón y el Registro Patronímico, pero debemos conectar en red a las Oficinas Electorales con la Oficina Nacional, y tenemos que informatizar el procedimiento de expedición de la Credencial Cívica, porque la entrega de la misma no puede demorar tanto como lo hace en este momento. Además, debemos paliar mediante la informatización del sistema la insuficiencia de personal que he denunciado.

Otra norma que tampoco tiene costo y que nos resulta fundamental es la que reitera una facultad que le han concedido todas las leyes de presupuesto anteriores a la Corte Electoral, que se refiere a la posibilidad de adoptar una reestructura de su personal que permita contemplar, sobre todo, la insuficiencia de personal que existe en las oficinas del interior de la República. Por supuesto que eso de ninguna manera atentaría contra el derecho a la carrera funcional, pero permitiría reforzar el personal de aquellas dependencias electorales que en este momento tienen personal insuficiente, incluso a costa del personal de las oficinas centrales o del departamento de Montevideo, donde la insuficiencia de personal también se nota pero es más fácil recurrir a otras reparticiones para cubrir las faltas.

En términos generales, insisto que fuera de los artículos que por primera vez se incluyen en la Ley de Presupuesto -que tienden a contemplar por esta vía los gastos que demandan las elecciones nacionales y que, de no ser votados ahora, el Poder Ejecutivo igualmente tendrá que poner los recursos a disposición de la Corte, porque es imposible hacer una elección sin dinero- todo lo demás no tiene costo. Además, hay que recordar los gastos inscripcionales, que siempre han sido aportados a la Corte fuera de la Ley de Presupuesto.

Dije que sin dinero no se puede hacer una elección, pero mucho menos sin seres humanos, porque por mucho que se informatice el sistema, los resultados del escrutinio tienen que ser digitados por funcionarios electorales y, por ejemplo, la Oficina de Soriano -donde la situación es más grave, pero no es la única- por más que se informatice el sistema, con los doce funcionarios que tiene no puede funcionar.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: hemos escuchado la intervención del señor Presidente de la Corte Electoral, con quien nos une una muy rica amistad y, por tanto, mis comentarios van en la línea de cierta sorpresa ante los planteamientos que hizo. Creo que no se puede decir que la Corte Electoral está al borde del colapso. La Corte podrá tener dificultades, como las tienen todas las áreas del Estado. Este Organismo puede pensar que es imprescindible que tenga mayores recursos, pero sostener que está al borde del colapso es un elemento muy fuerte. Quiero decir que no coincido con la visión del señor Presidente de la Corte. Obviamente, no dispongo de la información pormenorizada y minuciosa que él posee, pero nunca he sido ajeno a los temas que la Corte Electoral nos ha planteado.

Es cierto que los recursos son escasos; lo venimos escuchando reiteradamente de parte de distintos organismos, y en algunos casos podemos coincidir, pero ningún organismo habló de colapso, sino de dificultades y serios inconvenientes para el desarrollo de otras actividades. Repito que ese término tan fuerte aquí en la Comisión nunca se ha utilizado.

En segundo término, quiero señalar que, sin perjuicio de lo que el Parlamento pueda contemplar del presupuesto de la Corte, ella sabe que siempre que precisó ayuda la tuvo; que cada vez que tuvimos que aprobar medidas excepcionales para que pudiera cumplir con su tarea, lo hicimos, y lo vamos a hacer cada vez que la Corte enfrente una situación que no pueda resolver con los recursos que oportunamente se le asignaron.

Entonces, en el tono más fraternal, respetuoso y de mayor amistad hacia el señor Presidente de la Corte, me veo en la obligación de hacer estas puntualizaciones, porque yo no creo que la Corte Electoral esté al borde del colapso. Tendremos una Corte con dificultades para enfrentar algunas situaciones, pero cuando lo deba hacer, si no lo puede resolver ella sola, las soluciones van a aparecer -como ocurrió siempre- para que pueda cumplir con los cometidos que tiene asignados.

SEÑORA ARISMENDI.- Simplemente deseo hacer una precisión, porque creo que el señor Senador Fau no escuchó una parte de la exposición del señor Presidente de la Corte. El problema es que no se trata sólo de la perspectiva de los cinco años, sino de las urgencias para estos días. Sería un poco extraño estar votando una dotación presupuestal y, dentro de una semana o quince días, tener que votar recursos extraordinarios para estas prioridades y urgencias que tendrá en pocos días.

Además, para agobiar un poco más al señor Presidente de la Corte, agrego que si nos apuramos a votar el proyecto que tiene que ver con los Consejos Asesores y Consultivos de Formación Docente, a la brevedad tendrán una votación más.

SEÑOR URRUTY.- Señor Presidente: pensé que había sido claro; mi exposición no tendía tanto a reclamar recursos, sino a solicitar la aprobación de un articulado que nos dé facultades para movernos. Señalé que lo único que se había incluido en esta Ley de Presupuesto -y por sugerencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- son recursos que el Poder Ejecutivo hasta ahora ha puesto a disposición de la Corte Electoral.

En cuanto a la afirmación que hice, no sé si los señores Senadores estarán enterados, pero yo he dedicado mi vida a la Corte Electoral, y si hay algo que conozco bien es el organismo electoral. Si yo afirmo que la Corte Electoral está al borde del colapso es porque entiendo que lo está. Pudimos enfrentar con enormes dificultades las cuatro elecciones del año 1999 -sobre todo las primarias, y la necesidad de hacer una segunda vuelta en 28 días- merced a la colaboración de UTE, que nos permitió hacer un escrutinio muy rápido, que posibilitó proclamar los dos candidatos a la Presidencia que iban a disputar la segunda vuelta; pero después de eso hemos seguido perdiendo personal, porque como tuvimos una zafra de tres años, los funcionarios acumularon un promedio jubilatorio muy alto -a raíz de la cantidad de horas extras que tuvieron que cumplir para enfrentar todo esto- lo que determinó que muchos de ellos, los que tenían causal jubilatoria, después de la elección se fueran. Si esto sigue así, me atrevo a vaticinar que la Corte Electoral está al borde del colapso, porque no va a poder enfrentar las elecciones del 2004; y no estoy exagerando ni haciendo tremendismo, porque no ha sido mi costumbre y el señor Senador Fau -con quien me une una amistad que mucho me honra- lo sabe. Tengo la responsabilidad de presidir un Organismo y ello me obliga a decir en la Comisión del Senado algo que no puedo ocultar, porque mañana podría ser llamado a responsabilidad si no lo hiciera. Y esto lo vengo señalando desde hace tiempo. Ya con vistas a las elecciones de 1999 señalé en ambas Comisiones del Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Representantes, que la Corte Electoral no podía seguir perdiendo funcionarios, sobre todo en el interior de la República, porque es humanamente imposible que esos funcionarios puedan estar atendiendo dos o tres actos eleccionarios al mismo tiempo, más las tareas normales de inscripción cívica, aunque hagan seis horas extras por día y trabajen los sábados y domingos, porque hay un límite de resistencia. Esto no es una exageración. Por eso dije que hasta ahora la atención se ha centrado en Salud Pública, en la Enseñanza y en el Poder Judicial, dado lo que provoca la paralización de esas tareas, pero de la Corte Electoral no se ha hablado; sin embargo, la Corte Electoral tiene este problema y tengo la obligación de señalarlo.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera plantear algunas preguntas respecto al articulado de la Corte Electoral. La primera de ellas es para saber si esa situación de dificultad que va a vivir la Corte Electoral, con la aprobación de los artículos 9, 10 y 11- los que, tal como se dice en su fundamento, no implican costo- en cierta medida, quedaría resuelta. Los señores Ministros me indican que sí, entonces, me gustaría saber, teniendo en cuenta que estamos hablando de una situación para la que se han pensado medidas legales que no implican costo, si existen otras disposiciones relacionadas con este tema, además de los artículos mencionados.

En otro orden de cosas, el señor Presidente de la Corte Electoral habló del proceso de informatización de algunos de sus procedimientos, para lo cual sería necesario una partida de U$S 6:000.000 en el correr de los próximos cuatro o cinco años. Concretamente, me gustaría saber si figura alguna disposición relacionada con este tema en el texto presentado.

SEÑOR URRUTY.- La disposición concreta sobre ese tema está contenida en el artículo 15 del texto anexo.

SEÑOR MICHELINI.- En verdad, nos preocupa mucho el tema de la informatización de la Corte Electoral y, por esa razón, quisiera saber si el artículo 15 contempla esta situación.

SEÑOR URRUTY.- Tal como señalé, el artículo 15 es la única disposición que implica costos y, los otros artículos, son los que permiten atender las elecciones y la tarea inscripcional. Si estas disposiciones no son aprobadas en el proyecto de ley de Presupuesto, de todos modos la Corte Electoral va a tener que gestionar la obtención de estos recursos cada vez que tenga que atender una elección o un proceso de inscripción.

De manera que lo único novedoso de este proyecto y que verdaderamente implica costo es lo dispuesto por el artículo 15 que refiere a una partida diferida en cuatro años. Esta partida procura continuar con un proceso de informatización que la Corte Electoral ya inició debido a las dificultades que derivan de la necesidad de convocar a la ciudadanía cada noventa días, tal como lo hemos tenido que hacer desde 1996. Informatizar un registro, por ejemplo, implica paralizarlo y ello es muy difícil cuando hay que convocar a la ciudadanía cada poco tiempo. No obstante ello, pudimos llevar adelante el proceso de informatización del Registro Patronímico y ya tenemos también informatizado el Padrón. Cabe aclarar que las etapas que nos quedan son la de informatizar el Registro Electoral, el Registro Dactiloscópico y, fundamentalmente -hago especial hincapié en este aspecto- la de conectar las 19 Oficinas Electorales en red con la Oficina Nacional Electoral, así como informatizar el proceso de inscripción cívica, de modo que se logre que las nuevas inscripciones y los traslados se procesen en un tiempo inferior al que insume actualmente.

Así como señalé que el sistema electoral uruguayo es modelo en América -esto no lo digo yo, sino que así lo expresan otros países- también debo manifestar que es el menos informatizado de América y ello se debe a que no hemos contado con los fondos necesarios como para concretarlo.

Por lo tanto, el único artículo que implica costo es el 15, salvo una disposición que implica un pequeñísimo costo que procura que el porcentaje de los cuatro cargos de confianza se acompase al sueldo total de los Ministros de la Corte Electoral y no al sueldo retaceado, como ocurre actualmente.

SEÑOR MICHELINI.- Teniendo en cuenta que aspiramos a impulsar la aprobación de este artículo 15 con los contactos políticos necesarios, me gustaría saber si se podría elaborar una redacción distinta, de modo tal que esta disposición no quede atada al texto anexo, pues el hecho de aprobar esa disposición no implica que haya que hacer lo propio con el texto anexo. Por supuesto, no pretendo tener esa nueva redacción ahora, pero sí sería importante, reitero, elaborar una nueva redacción de modo tal que no quede el artículo atado al texto anexo, a los efectos de que la propia redacción del articulado permita avanzar en el proceso de informatización de la Corte Electoral.

SEÑOR PENCO.- Simplemente quisiera precisar que el artículo 15 debe ser contextualizado con el artículo 12, que es el que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. La implementación del proceso de informatización de la Corte Electoral, necesariamente va a significar más gastos de funcionamiento como, por ejemplo, en rubros como la electricidad. La informatización que ya se procesó en el último período dio lugar a la necesidad de reforzar otros rubros en forma permanente, porque, inclusive, los que ya dispone la Corte Electoral son insuficientes para el tramo de informatización que ya fue procesado. De manera que el artículo 15 que es el que refiere a la inversión propiamente dicha en materia de informatización debe ser conectado con el artículo 12.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Desde ya pido disculpas si hago repetir algún dato pero, con respecto a la necesidad de proveer vacantes, me parece que el artículo no es consecuente porque, por un lado, se dice que se necesitan las vacantes y, por otro, se expresa que si no las proveemos el dinero que pueden generar esas vacantes será repartido. A mi entender, tendría que haber una definición muy clara en cuanto a si se necesitan o no las vacantes para la buena marcha del Organismo. De ser así, entonces, no digamos que lo que no se va a gastar en proveer esas vacantes va a ser repartido entre los funcionarios, pues ello implicaría dificultades en forma permanente, en virtud de que se originaría la intención de que en los próximos cuatro años no se provean las vacantes ya que así habría más para repartir.

De manera que me gustaría saber si se requiere realmente proveer las vacantes para la buena marcha del Organismo. En ese caso, agradeceríamos se nos hiciera llegar la evolución del personal y en cuánto estima la Corte Electoral que va a ser el porcentaje de vacantes, que puede ser del orden del 3 %, 4 % o 5 %, que es lo usual o superior. Teniendo en cuenta que según esta propuesta esta disposición regiría a partir del 1º de enero de 2000, supongo que estando ya cerca de fin de año deben tener una cifra estimativa, sobre todo, si se piensa en la preocupación expresada por el señor Presidente de la Corte Electoral en cuanto a esa importante deserción que se ha producido.

En consecuencia, si se autorizara esa norma para proveer vacantes, a mi entender, se estabilizaría el costo en lo que respecta al Ejercicio 2000; dicho de otro modo, no habría un aumento de costo y tampoco una disminución.

SEÑOR URRUTY.- La aparente contradicción que presenta el artículo 15 se debe a que apostamos a que si logramos concretar el proceso de informatización del Organismo, puede ocurrir que no sea necesario cubrir todas las vacantes que se produzcan en el futuro. En este momento y mientras se desarrolle el proceso de informatización, no tenemos dudas de que hay que proveer las vacantes. Sin embargo, podemos aclarar que la informatización del Registro Patronímico nos permitió comprobar que donde trabajaban 22 funcionarios, en este momento, lo hacen 4, es decir que hay 18 funcionarios cuya tarea no fue necesaria. Ahora bien, no podemos saber cuáles son las economías de personal que nos permitiría el proceso de informatización hasta tanto no avancemos en el mismo. Inclusive en materia de inscripción cívica el procedimiento que ahora nos obliga a seguir la ley, implica que por cada ciudadano que se presenta para la inscripción haya que llenar tres hojas de filiación, tres fichas patronímicas y tres fichas dactiloscópicas, todo lo cual requiere determinada cantidad de personal que, probablemente, luego de instalado el proceso de informatización, el propio sistema lo estaría produciendo con sólo digitar una vez.

De manera que no podemos especular cuál sería la necesidad de personal con un proceso de informatización completo, hasta tanto no esté culminado. Lo que sí podemos afirmar es que en este momento, tal como está informatizado el sistema electoral, la Corte Electoral no puede prescindir de más funcionarios de los que ya se han ido.

En el mensaje que la Corte Electoral envió al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General, figura la evolución de la pérdida del personal a partir de 1985, es decir, inmediatamente después de salir de la dictadura. Al respecto, ahora podemos aportar cuál fue la experiencia de esos 111 funcionarios, que al 1º de enero de 2000 tenían causal jubilatoria. Asimismo, podemos decir cuántos renunciaron y en cada sesión tratamos dos o tres renuncias para jubilarse.

SEÑOR ORLANDO.- Creo que es muy importante plantear el tema vinculado con la falta de personal que tiene el organismo, lo que puede ocasionar una grave situación en el futuro.

La Corte Electoral trabajó en el nuevo cronograma electoral, realizó las cuatro convocatorias con un número determinado de funcionarios. Pero pudimos hacer todas las tareas logrando que esos funcionarios trabajaran 12 horas de lunes a viernes, 10 horas los sábados y a veces, cuando era necesario e imprescindible, 10 horas los días domingos. Con ese ritmo logramos hacer las cuatro convocatorias, pero ahora nos encontramos con la siguiente situación. A fines de 1999, concretamente al 31 de diciembre, teníamos 184 funcionarios menos y en lo que va de este año, alrededor de 75 funcionarios. Estamos hablando de 260 personas. ¿Qué va a pasar en los años 2001, 2002 y 2003? Supongamos que tenemos 90 funcionarios menos. En el año 2004 estaríamos con una deficiencia de funcionarios de alrededor de 360. Quiere decir que si nosotros en el 2004 estamos en esa situación, no podemos hacer trabajar a los funcionarios más de 12 horas por día, de lunes a viernes y también los sábados y los domingos. Se crearía una situación de grave riesgo. ¿A qué acudimos? A la posibilidad de informatizar el organismo. En la medida de lo que hemos podido, en el sentido de tener el dinero y el tiempo suficiente, algo hemos hecho, pero la informatización de la Corte Electoral requiere tiempo -porque la pensamos hacer en el correr de los años 2001, 2002, 2003 y 2004- y dinero, que no sabemos si lo vamos a tener. Supongamos que estamos en el año 2004, que tenemos 360 funcionarios menos y no hemos concluido con la informatización, ¿qué posibilidad tenemos de organizar las elecciones internas, la nacional, el balotaje o la departamental? ¿Cuál es la única salida que tenemos ante esa situación que es factible que se nos pueda crear? Pensamos en la posibilidad de que se nos permitan llenar las vacantes a partir del 1º de enero del año 2000. Eso es lo que venimos a pedir a la Comisión. Entonces, si se presenta esa situación de riesgo o de colapso -como expresó el Presidente de la Corte Electoral- tendríamos un camino de salida, a través del artículo 10 que presentamos en el presupuesto. Esa es la ayuda que venimos a solicitar.

Por otra parte, respecto a una pregunta que hizo el señor Senador Michelini en cuanto a cuáles eran los artículos que nosotros considerábamos fundamentales para que el Senado los apruebe, que están relacionados con los sueldos del personal, diría lo siguiente. Los primeros 11 artículos están vinculados con los sueldos del personal. Lo que nosotros consideramos básico y, me atrevo a decir, imprescindible, para paliar la situación, son los artículos 1º, 2º, 8º, 9º y 10º. Aclaro que de los 11 artículos, 10 son sin costo; sólo hay una disposición con costo, que es la número 3. Si se votan esos artículos que son sin costo, podemos asegurar que de aquí en adelante la Corte Electoral podrá paliar y sobrellevar el tema vinculado con la falta de personal.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber cómo se van a llenar esas vacantes.

SEÑOR URRUTY.- En la provisión de vacantes, la Corte Electoral respeta el contralor partidario en todos los casos. Para la provisión de las vacantes que se producen dentro del escalafón, el Organismo ha aplicado el procedimiento del concurso; no utilizamos ningún otro para todos los grados del escalafón. Pero para la incorporación de personal que no pertenece al organismo -que sería lo que podríamos obtener si se aprobara este artículo 10- las normas que hasta ahora han regido son las que permiten asegurar el contralor partidario.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente, agradecemos a la Corte Electoral el ofrecimiento de hacernos llenar la evolución de las vacantes de este año. Además, creo que las intervenciones de los señores Ministros y del señor Presidente de la Corte nos han dejado un cierto rumbo con respecto a algunos temas sobre los cuales podremos conversar en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa coincide con esas expresiones en cuanto a que ya tenemos una idea más cercana sobre cuáles son las dificultades que tiene la Corte Electoral, de las que nos hacemos cargo.

SEÑOR GALLINAL.- No quería dejar pasar esta visita de la Corte Electoral en la Comisión de Presupuesto, sin hacer un reconocimiento, en nombre personal y de toda la bancada del Partido Nacional, a este Organismo, a sus funcionarios y a los de las Juntas Electorales de todo el país, por la ejemplar actuación que les cupo en cada una de las instancias electorales que tuvo el país en los últimos años. Aprobamos en el año 1996 una reforma que en el aspecto electoral era sustantiva y profunda, ya que sustituimos una sola elección nacional por cuatro elecciones. Hoy nos congratulamos de poder decir que la Corte Electoral no sólo ejerció debidamente sus competencias, sino que además transforma su ejercicio en un orgullo para el país. No tengo intención de introducirme en la polémica que mantuvieron con el señor Senador Fau; desde luego que cada una de las partes tendrá su fundamento para expresar lo que sostiene. Comprendo que sea muy necesario para la Corte Electoral continuar trabajando en la reforma de sus sistema informáticos, aunque en los últimos días no han quedado muy bien parados estos sistemas. Los sistemas tradicionales que tenemos en el Uruguay demuestran que son una garantía indiscutible de legitimidad de cada uno de los resultados, que nunca han sido discutidos. Además, la Corte Electoral tiene también tareas simultáneas con las elecciones nacional o departamentales, como es el caso de los referéndum -que aun cuando no se lleguen a concretar, les demanda un trabajo muy interesante- de las elecciones de ANEP, o las que se efectúan en el Banco de Previsión Social, cuya dilucidación aún no está definida, pero en caso de concretarse le van a significar un esfuerzo mayúsculo.

De modo que en nombre de la Bancada del Partido Nacional, vaya un reconocimiento por su actuación y por la garantía que significa para el país tener una Corte Electoral como la que tenemos.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Podemos dar por considerado el articulado correspondiente al Inciso 18, Corte Electoral, salvo alguna consideración particular que se desee agregar.

SEÑOR URRUTY.- Quiero agradecer las palabras que el señor Senador Gallinal efectuó en nombre de la bancada del Partido Nacional, así como a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que haya tenido a bien permitirnos exponer nuestros argumentos. Lo que hemos dicho aquí no obedece a un tremendismo, sino al conocimiento pleno de una realidad de la que, personalmente, estamos muy al tanto. No sé si los señores Senadores lo sabrán, pero el 31 de octubre cumplí 56 años de actividad en la Corte Electoral, dado que empecé a trabajar allí en 1944. Por tanto, tengo motivos para saber cuándo el organismo está al borde o en riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradecemos la presencia de los representantes de la Corte Electoral y las expresiones del caso.

(Se retiran de Sala los representantes de la Corte Electoral)