SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

Queremos dar la bienvenida a los Representantes del Congreso Nacional de Intendentes, que nos visitan en el día de hoy. Antes de cederles el uso de la palabra, deseo señalar que ya está preparada y acordada la agenda de trabajo para el día de mañana, miércoles 22; de 14 a 15 y 30 horas concurrirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de 15 y 30 a 18 y 30 horas, lo hará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si bien la agenda les será distribuida a los señores Senadores, la Mesa simplemente quería anticiparse.

Ofrecemos la palabra a los Representantes del Congreso Nacional de Intendentes.

SEÑOR MALAQUINA.- Como ustedes sabrán, el Congreso Nacional de Intendentes elevó a la Secretaría de la Comisión algunas ideas sobre el proyecto de Presupuesto y el Mensaje Complementario remitido por el Poder Ejecutivo. En dicho Mensaje hay algunas correcciones mas que nada de redacción, pero también hay temas de otro carácter y que quisiéramos comentar.

Concretamente, el Congreso Nacional de Intendentes reclama más recursos de acuerdo con los artículos 214 y 298 de la Constitución de la República. Según el artículo 298, el Congreso Nacional de Intendentes –y fundamentalmente las Intendencias del Interior del país- le solicita al Poder Ejecutivo que revea el porcentaje del 5% de la recaudación que se realizaba en el interior –fuera de la ciudad de Montevideo- para planes de desarrollo. El Poder Ejecutivo había propuesto un 5% para el primer año y en los subsiguientes aumentaba la cuota. Queremos destacar que en el interior del país se recaudan aproximadamente U$S 800:000, los que de acuerdo con esta propuesta se destinarían para planes de desarrollo U$S 40:000.000 en el 2001, algo más en el 2002, y así sucesivamente. Eso equivale, si dividimos aquellos U$S 40:000.000 entre los 18 departamentos, a aproximadamente U$S 2:000.000 para cada uno. En consecuencia, el Congreso Nacional de Intendentes está pidiendo, por unanimidad, una alícuota del 25%. Por lo tanto, solicita U$S 200:000.000 por año, lo que permitiría una inversión por departamento de U$S 11:000.000. En los hechos y en la práctica esto no será así porque los recursos se dan en la medida en que existan proyectos de desarrollo aprobados por las autoridades nacionales o por las Intendencias. En la Ley de Presupuesto se establece que un 25% de esos recursos serán administrados por los Municipios del interior del país y el 75% por los Entes Autónomos, Poder Ejecutivo y Servicios Descentralizados. En este caso, el Congreso Nacional de Intendentes considera que, en primer lugar, aquí no hay que aumentar impuestos, esto es, no se trata de gravar con más impuestos a la población puesto que es un fondo que ya existe. Lo que sucede es que quien asigna los recursos –si es un 25%, como pide el Congreso Nacional de Intendentes- es la Comisión Sectorial o las autoridades del Gobierno Nacional. Insisto, aquí no hay aumento de recursos. Todos los que estamos aquí sentados participamos de una reforma de la Constitución, y muchos de los que lo hicimos a favor en aquel momento hicimos hincapié en el hecho de que los Gobiernos del Interior del país iban a tener recursos para financiar sus planes de desarrollo. Por su parte, quienes no apoyaban esa reforma, tampoco dijeron que estaban en contra de esta disposición. Puedo asegurar que esta iniciativa cuenta con una importante mayoría de toda la conciencia de los ciudadanos que votaron convencidos de que era una buena disposición y que la necesitábamos para mejorar el país. Esto es lo que estamos planteando hoy a los señores Senadores. Estamos diciéndoles que queremos recursos, no para dilapidarlos, para pagar sueldos o hacer mal uso de ellos, sino para responder a un verdadero desarrollo del país con participación de los actores políticos, sociales y técnicos del interior.

Quiero hacer, más que nada, reflexiones políticas sobre este tema, porque me corresponde y debo hacerlas. Encontramos serias dificultades en muchos equipos municipales del interior del país, debido a que no están en condiciones de realizar grandes estudios, no pueden contratar técnicos especializados para proyectos de desarrollo y la mayoría de las veces deben recurrir a gente que no es del lugar. Sin duda, para realizar un plan de desarrollo se necesita conocer la realidad de cada uno de los departamentos, lo que es posible si se vive allí; a doscientos kilómetros, a trescientos kilómetros o a quinientos kilómetros de distancia no se sabe lo que ocurre en el lugar en que se efectúa dicho plan.

El sábado pasado participé en una reunión en Artigas y quiero decirles con franqueza que el gobierno ha hecho una excelente gestión con respecto a la fiebre aftosa. Seguramente en ninguna parte del mundo se lleva a cabo algo como lo que se hizo por parte de los técnicos y de las autoridades, frente a un flagelo tan grande como el de la aftosa, lo que es reconocido por todos. No hay nadie que no lo reconozca. Los productores fueron bien retribuidos; se les pagó a los productores, pero lo cierto es que la gente se encuentra muy deprimida porque Artigas no ha tenido –digámoslo con confianza y tranquilidad- una política que le permita desarrollar la frontera. Este departamento ha dependido, fundamentalmente, de lo que pasaba en Quaraí y de los cargos que pueda ofrecer la Intendencia; en otro momento, el Ferrocarril, la Policía, etcétera. Los temas económicos y técnicos fueron bien solucionados, pero no ocurrió lo mismo con el problema emotivo de la gente, ya que ésta se siente muy deprimida y discriminada, y reclama cosas que le permitan sortear esta dificultad. Esto no se genera ahora, sino que viene desde tiempo atrás. Pero, lamentablemente, el tema de la aftosa puso en Artigas una bandera que nosotros –lo digo en este recinto, que es de políticos- debemos atender muy bien y tratar de solucionar. Los sueldos en Artigas rondan los $ 1.500 por mes. El tráfico con Quaraí es permanente. El departamento floreció cuando la economía de Quaraí, y de Brasil, tenía una moneda fuerte, y fue entonces que abrieron comercios y hubo un buen funcionamiento económico. Pero el 13 de enero de 1999 cayó la moneda de Brasil y, prácticamente, aquello fue algo así como una bomba que arrasó con cuanto comercio había. Esta es una realidad que el país no puede ignorar. Esto que señalo para Artigas también vale para Bella Unión y para el resto de la frontera. Lo que sucede es que en otras partes de la frontera el gobierno ha tomado medidas como, por ejemplo, en el caso de Rivera, o el Chuy con los "free shops", etcétera. ¿Ustedes saben que en Artigas –acabamos de plantear este tema- los aviones no pueden surtirse de combustible? Cuando viaja un avión a aquel departamento debe ir hasta Rivera o Salto para reabastecerse de combustible para volver a Montevideo. Es muy triste cuando uno llega al interior del país y se encuentra con estas realidades.

Les quiero decir, señores Legisladores, que el 298 no es el artículo de la Constitución que está pidiendo dinero para dilapidarlo, sino que es la verdadera disposición que reformará el interior del país y lo hará para bien. Digo esto porque, en definitiva, todos estos lugares, estas ciudades, estos departamentos deprimidos por una infraestructura que tienen establecida y que no se ha podido actualizar, de acuerdo con el mundo moderno, la competitividad, la globalización y las nuevas reglas de juego, deben ser ayudados. Los ayudamos si les damos recursos; y están necesitando de ellos. Asimismo, tenemos que capacitar a la gente para que pueda definir los proyectos que ellos realmente puedan desarrollar. Si Artigas estuviera en otra situación desde el punto de vista económico y no dependiera sólo del Municipio, del Ejército, de la Policía, de los maestros y del Hospital, seguramente hubiera afrontado de otra manera la dificultad de la fiebre aftosa. Pero esa fue la gota que rebasó el vaso; el pueblo está muy sensible, así como todos los sectores y todos los actores. Estuvimos hablando con la gente de Bella Unión que tienen cerradas sus fronteras, no pueden exportar, tiran la leche todos los días; ahora están fabricando queso. También conversamos con la gente del centro comercial, quienes nos dijeron que no están en contra del "cero kilo" ni de nada de eso, sino que quieren reglas de juego claras. Lo mismo hicimos con el sector agropecuario y con la gente de GREMEDA, vinculada a la medicina, que nos hablaron de las dificultades que tienen porque el Estado les debe y no les paga. De modo que esta es la realidad y la traigo hoy aquí, aunque no tiene mucho que ver con el artículo 298, a los efectos de poner un ejemplo de lo que puede ocurrir si se aplica una política amplia que permita oír la opinión de los Intendentes –que son la institución política por excelencia del interior del país- y dé lugar a la participación de los Diputados que representan nuestras zonas. Me refiero a que, concretamente, se pueda venir a hablar con los Ministros y con los Directores de los Entes Autónomos para proponerles proyectos e ideas como forma de que a través del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional y la gestión de todas estas entidades, poco a poco, se pueda ir revirtiendo esta situación.

Por supuesto, no quiero monopolizar el uso de la palabra –seguramente también intervendrán otros de mis compañeros- pero quería destacar que esta disposición no representa más dinero ni significa crear más impuestos. Por el contrario, si se reviera esto y se adjudicaran más recursos, podríamos hacer una transformación más rápida de un interior del país que realmente está pasando por muchas dificultades –seguramente tal como le está ocurriendo a Montevideo- y viene muy herido desde hace mucho tiempo.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Me gustaría realizar algunas preguntas a la delegación del Congreso Nacional de Intendentes con respecto a algunos artículos y a determinados temas que consideramos de enorme importancia. Es claro que, en nuestro caso, nos condiciona el hecho de haber sido Intendente Municipal durante diez años y haber presidido el Congreso Nacional de Intendentes. Por lo tanto, más allá de las consideraciones y de las valoraciones políticas que cada uno pueda hacer, en lo que me es personal tengo la obligación de seguir defendiendo lo que en su momento como Intendente y Presidente del Congreso Nacional de Intendentes entendí justo. Es así que ahora, como Senador de la República, y como no hay elementos que me hayan hecho variar esa posición, sostengo el mismo pensamiento con respecto a muchos de los temas que los señores integrantes de la delegación han expresado.

En primer lugar, quisiera hacer una pregunta con respecto a la inmunidad tributaria del artículo 376 que, de alguna manera, se pretende aplicar también a los Gobiernos Departamentales. A nuestro entender esto es de una mala consideración política para las propias Intendencias Municipales y, en consecuencia, es una norma inoportuna porque, como todos sabemos, al amparo de esa inmunidad tributaria las Intendencias Municipales han realizado un enorme trabajo de renovación de flota de vehículos y maquinaria. En muchos casos estos sirven para ayudar en otras áreas como, por ejemplo, para el funcionamiento de escuelas y distintas actividades que pueden prestar los Gobiernos Departamentales. Entonces, concretamente quisiera una respuesta del Congreso Nacional de Intendentes sobre el artículo 376.

En segundo lugar, quisiera referirme a otro tema de enorme importancia para los señores Intendentes Municipales aunque, quizás, no integra la consideración del Presupuesto. Me refiero al tema de UTE porque podría ser conveniente que quede constancia en el ámbito de esta Comisión de cuál es la posición del Congreso Nacional de Intendentes. Cabe aclarar que las Intendencias Municipales de todo el país abonan, en su totalidad, por mes, una cifra que va de los U$S 2:000.000 a U$S 3:000.000, lo que representa aproximadamente U$S 30:000.000 por año. De alguna forma, esto refleja que los Gobiernos Departamentales no son un consumidor cualquiera por lo que –esto ha sido una lucha permanente- debieran precisamente ser tratados de manera diferente, teniendo en cuenta además que prestan un servicio público esencial, contribuyendo a la seguridad pública y muchas veces suministrando el servicio de alumbrado en pueblos y villas que no reciben contraprestación alguna por ese concepto; este es un caso típico en las poblaciones del interior de cada uno de los departamentos y de MEVIR. Al parecer había algún tipo de consideración por parte de UTE en cuanto a aplicar una rebaja por pronto pago pero, obviamente, no existe una consideración de gran consumidor ni una tarifa diferencial por este servicio. A ese respecto quisiéramos saber qué tipo de gestiones han realizado con el Directorio de UTE y qué respuesta han tenido para un tema que no es menor, ya que, seguramente, en muchos casos, esto ronda desde el 6% al 10% del presupuesto de los Gobiernos Departamentales, fundamentalmente, del interior del país.

En tercer término, me siento obligado a referirme a un tema que en su momento también planteé como Presidente del Congreso Nacional de Intendentes y acompañé resoluciones unánimes en lo que tiene que ver con el tratamiento tributario que recibe la Intendencia Municipal de Montevideo. Concretamente, estoy hablando de los aportes patronales de la Comuna capitalina. Las Intendencias Municipales estaban obligadas a pagar por ese concepto un 16.5 %, sin embargo, la de Montevideo está obligada a pagar un 19.5 %. A esta diferencia se agrega otra que se da a partir, si no me equivoco, del año 1995, según la cual los Gobiernos Departamentales del interior, en virtud de un acuerdo celebrado con el Ministerio de Economía y Finanzas en ese entonces y de que se trata de la prestación de servicios y competencias que eran inherentes al Gobierno central, se logró que no se pagaran los aportes patronales. Quisiéramos saber, entonces, en qué estado está este tema, en el que para la Intendencia Municipal de Montevideo existe una doble diferencia: en primer lugar, en cuanto al monto del aporte patronal y, en segundo término, en lo que tiene que ver a cómo enfrenta ese porcentaje que realmente es importante para la Comuna de Montevideo.

Simplemente quería realizar estas tres preguntas -sin pretender ser el único interesado en hacerlo- cuya respuesta seguramente surgirá en el curso de esta audiencia.

SEÑOR MALAQUINA.- Voy a referirme a dos de las preguntas planteadas por el señor Senador Larrañaga.

Sin duda, quitarle a las Intendencias la inmunidad impositiva para renovar sus flotas de vehículos, significa un perjuicio. No creo que esto se haya puesto por lo que pudieran pagar las Intendencias adquiriendo los vehículos con un precio mayor o pagando parte de los impuestos. Seguramente, todos ustedes conocen las dificultades que se tiene para mantener los vehículos oficiales. Los talleres mecánicos han sido siempre un inmenso problema cuando teníamos que arreglar las chatarras y los vehículos viejos, cambiar motores, hacer reparaciones, etcétera. Esta disposición que está vigente permitió a las Intendencias –como lo hizo también el Poder Ejecutivo en varios Ministerios- tener vehículos nuevos, entregando los viejos cuando empiezan a dar algún dolor de cabeza, sin tener que pagar absolutamente nada. Creo que el régimen es de 100.000 kilómetros y menos de dos años. En este sentido, en nuestro caso concreto, una de las camionetas que compramos por este régimen se la dimos a SAIS, que es un servicio de asistencia social del interior del departamento de Salto. Esto permite que un médico recorra todas las policlínicas, que son 32, en una camioneta doble cabina, con aire acondicionado. Pero eso seguramente los Intendentes podrán hacerlo con los vehículos que poseen y así atender las necesidades de su departamento.

Quiero decir con franqueza -y seguramente el señor Intendente Lamas tendrá también otros ejemplos para brindar- que a nuestro juicio esta es una disposición que si quedara sin efecto solucionaría un inmenso problema a todas las Administraciones Municipales y no se lo crearía a la recaudación de estos impuestos por parte del Poder Ejecutivo.

SEÑOR LAMAS.- Creemos que no existe una cabal comprensión ni conocimiento de cuál es la función que los Gobiernos Departamentales de todo el país desempeñamos. Actualmente estamos discutiendo el tema de las patentes. De pronto, vemos que hay voluntad de hacer alguna rebaja en ese tributo y escuchamos a algún Legislador que ha manifestado cómo es posible que resignemos recursos nuestros cuando a la vez estamos demandando al gobierno nacional que nos otorguen más. Por eso lo del principio: que haya un cabal conocimiento de cuál es la situación de los Gobiernos Departamentales. Nosotros, con el tema de las patentes, no estamos haciendo más que aliviar la presión tributaria que están sufriendo nuestros contribuyentes. Aquí se mencionó que anualmente salen del interior a la capital más de U$S 800:000.000. Hoy por hoy, ese tributo de patente referido a aforos que no son reales, implica un desembolso extra para nuestro contribuyente. Entonces, nos permitimos disentir con esa opinión relacionada con que nosotros por un lado dejamos alegremente de percibir recursos y por otro lado demandamos que nos los den por otra vía. Eso no es así. Las Intendencias en general sustituyen siempre a aquellos organismos del Gobierno Nacional que no pueden cumplir cabalmente sus competencias. Me refiero específicamente a OSE, Enseñanza Primaria, Salud Pública, entre otros organismos. Cuando nosotros demandamos que se devuelva al interior parte de ese 25% de los recursos que allí se generan, estamos cuantificando esas funciones que nosotros cumplimos y para las cuales no tenemos recursos asignados, aunque previstos, sí, en la Constitución, y por lo cual son de nuestra estricta competencia. En todas las que no tenemos competencias y sí debemos realizarlas, no tenemos recursos. Por eso es que nos permitimos disentir en cuanto a que no estamos demandando ni somos quejosos, sino simplemente expresando cuál es la realidad de nuestro interior y de los Gobiernos Departamentales.

Con respecto a UTE -muy brevemente, porque lo van a explicar los demás compañeros- pasa algo similar. UTE fija y aplica duramente sus tarifas, sin reconocer que en el interior también lo hace. ¿Por qué los Gobiernos Departamentales tenemos que absorber y pagar de nuestros recursos para los cuales no tenemos ingresos, el alumbrado de los barrios carenciados, el alumbrado de los barrios del SIAV, el de MEVIR, el de los clubes sociales y deportivos y el de los barrios cooperativos? Al respecto, debo decir que en nuestro departamento y específicamente en mi ciudad el movimiento cooperativo es muy importante, a tal punto que tiene, creo, el más alto porcentaje de soluciones habitacionales de ese tipo en todo el interior. Entonces, cuando queremos un tratamiento diferencial, no es por quejarnos ni por generar los recursos que no nos merecemos; al contrario, es porque ya estamos disponiendo de recursos que no tenemos, para cumplir con esos cometidos que otros organismos no cumplen. De manera que pienso que deberíamos entre todos tratar de conocer bien a fondo cuál es la tarea que los Gobiernos Departamentales desempeñamos. Se van a llevar muchas sorpresas. Con respecto específicamente al caso de UTE y de la inmunidad que hay en cuanto a la importación de bienes que compitan con los que hay en plaza, ¿son los Gobiernos Departamentales los que tienen que atender al alumbrado público en cuanto a seguridad y a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, cuando no tenemos recursos para ello? Creo que esa es una de las preguntas fundamentales que constituyen la base para sustentar nuestros justos reclamos y que no son sólo de un sector ni de un Gobierno Departamental, sino el fruto de una posición monolítica del Congreso Nacional de Intendentes que por primera vez en la historia tiene rango constitucional. Es el Congreso en pleno, sin distinción de colores ni de ubicaciones, el que está demandando una consideración que los Gobiernos Departamentales merecemos porque hemos estado hasta ahora destinando recursos que no tenemos para cumplir fines que no debemos cumplir.

SEÑOR MALAQUINA.- En la mañana de hoy mantuve una conversación telefónica con el señor Presidente de UTE, escribano Scaglia. En el día de ayer remitió a todas las Intendencias un memorándum a través del cual pretende llegar a algunas soluciones, que son las que estamos reclamando nosotros. En muchos casos se necesita ley, porque él no puede hacer rebajas de tarifas si no tiene la autorización correspondiente. Pero lo cierto es que el tema del consumo de la energía eléctrica es terrible. Nosotros hacemos toda la extensión de la red, ponemos los transformadores, asignamos nuestro personal a esa tarea, mantenemos los camiones circulando toda la noche para ver dónde se apagan las luces y, además, tenemos que pagar a UTE todos los meses la corriente eléctrica, a pesar de que nuestros contribuyentes no nos paguen. Creo que en Montevideo el impuesto de alumbrado público se cobra puerta a puerta, mientras que nosotros lo cobramos con la contribución inmobiliaria. Así que figúrense ustedes cómo le vamos a poder pagar a UTE, cuando a veces rondamos el 50% de morosidad, si no nos alcanza a cubrir el costo de lo que nos significa pagar esa energía a un precio como lo hace cualquier persona que consume pocos kilovatios, mientras que nosotros consumimos miles.

Quiero referirme también a otros aspectos y traigo a colación hechos que ocurrieron hace un mes; no me voy a remontar mucho más atrás. ¿Los señores Senadores saben que cuando fueron a Artigas a hacer el procedimiento relativo al problema de la fiebre aftosa la Intendencia de dicho departamento tuvo que dar combustible al Ejército y a la Marina durante 15 días porque no tenían más? ¿Saben que ahora OSE está tomando medidas importantes porque existe mucha morosidad en el pago del agua potable? Concretamente, la semana pasada en Salto se cortó el agua a varias familias y el Municipio será el que tendrá que proporcionársela. Nada de esto está dentro de las competencias de los señores Intendentes. Pero cuando llega, por ejemplo, el Comandante a hacer un procedimiento en el departamento de Artigas y no tiene combustible, ¿adónde va? Se dirige a la esquina, porque ahí está el Intendente. Asimismo, cuando OSE le corta el agua al vecino, este le pide al Intendente que le envíe un camión con agua, y debemos hacerlo porque no podemos dejar a la gente sin agua. Esto ocurre todos los días.

Los Intendentes no venimos a pedir limosna. Ojalá pudiéramos hacer sólo lo que nos indica la ley, pero entonces no sé cómo viviría la gente en el interior del país.

Con respecto al consumo de UTE, tengo entendido que el Presidente ha tomado algunas medidas y que el problema de las deudas se va a solucionar. Se establecerá una rebaja en el costo de la energía. Naturalmente, habrá que realizar las consultas necesarias con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y quizá haya que aprobar alguna ley, pero estamos dialogando y, de acuerdo a lo que se me manifestó en la mañana de hoy, trataremos de encontrar las mejores soluciones. Creemos que lo más importante es que UTE facture el consumo de energía eléctrica -esto lo propusimos personalmente en nombre del departamento de Salto- del alumbrado público.

SEÑOR VERGARA.- En la misma línea que los colegas Intendentes, queremos expresar que quienes nacimos y vivimos en el interior conocemos la labor que cumplen las Intendencias y sabemos que excede absolutamente el marco de sus competencias. Alguien podrá preguntarnos por qué hacemos esto. Lo que ocurre es que el gobernante municipal tiene un contacto diario con el ciudadano, que a veces fue compañero de la escuela, del liceo, del Rotary o del club de fútbol. El relacionamiento del gobernante con el ciudadano es totalmente diferente al que existe con el gobernante del Poder Central. Hay aspectos que no se pueden eludir. Antes de comenzar esta reunión, comentábamos con algunos señores Senadores lo que podría ocurrir si nosotros suspendiéramos a los funcionarios y las tareas que estamos realizando en las escuelas, liceos, centros de barrio, hogares de ancianos, clubes de la tercera edad, etcétera. Podríamos hacer una larguísima exposición sobre lo que realizamos y que no es competencia estricta de la Intendencia. Por ejemplo, todos sabemos que MEVIR es un emprendimiento maravilloso que está llevando a cabo el país pero, naturalmente, luego de construida la vivienda y entregada al ciudadano que la necesitaba, tiene una exoneración tributaria de la planilla durante diez años, y nosotros también le ponemos la luz y le hacemos la calle. Nos parece que eso está muy bien. Cuando hablamos de la luz y pedimos que se nos contemple como grandes contribuyentes, no es por la carga que el técnico de UTE nos diga que tiene determinada línea sino porque pagamos mucho dinero a fin de mes. Además, no lo estamos haciendo por una razón de carácter industrial o comercial, sino porque es un servicio público. Por lo tanto, creo que merece una tarifa diferente. Pienso que este aspecto es muy claro.

Por otra parte, quería referirme a otro punto relacionado con UTE. Muchas veces se dice que las Intendencias no están bien gestionadas y quizás tengan razón, pero también es cierto que hay organismos que pertenecen al mismo Estado que las Intendencias y que tienen cierta tecnología -como la que posee UTE en materia de gestión- que, al querer transferírnosla, nos cuesta mucho dinero. Debemos pagar muchos miles de dólares para poder acceder a la misma. Creo que es necesario que vayamos tomando conciencia y abordando estos aspectos porque, de lo contrario, no podremos ser todo lo eficientes que desearíamos y, seguramente, no será posible optimizar los recursos en la medida que quisiéramos.

En consecuencia, todo lo que tiene que ver con UTE es muy importante para nosotros. A algunas de las Intendencias que están al día con UTE, por pagar al contado, se les hizo una exoneración del 10%, pero ahora ese descuento ya no corre más. Si no se nos considera grandes contribuyentes, ¿por qué los técnicos de UTE entienden que hay que medir la potencia por línea cuando entendemos que no se trata de un tema técnico sino de lo que pagamos por mes? Somos chicos o grandes por la cantidad de dinero que aportamos. El señor Senador Larrañaga manifestaba que las Intendencias pagamos alrededor de U$S 2:000.000 mensuales y eso es mucho dinero. Hay que tener en cuenta que desarrollamos todas esas labores y no nos quejamos por tener que hacerlo. Las realizamos con gusto, pero necesitamos recursos. Creo que los organismos del Gobierno Central son conscientes de que su eficiencia no es suficiente para lo que necesitan los ciudadanos del país y lo que falta lo cubren las Intendencias. Nosotros no reclamamos un surplus; simplemente, manifestamos que hemos destinado recursos que son legítimos y propios de cada una de las Intendencias y toda la vida los han utilizado para abordar aspectos que no son estrictamente legales y de competencia de las Intendencias, pero ello se realiza en beneficio de los ciudadanos. En virtud de que se aprobó una Constitución que pretende que el interior tenga el desarrollo armónico y las mismas oportunidades que tienen los que viven en Montevideo, estamos reclamando todo lo que hemos señalado y, obviamente, eso se cubre con recursos.

En cuanto a los vehículos que preguntaba el señor Senador Larrañaga, aclaro que tenemos una cantidad de vehículos muy antiguos y estamos programando un remate de ellos porque su funcionamiento nos está costando muy caro. Sin embargo, cuando leímos este artículo, detuvimos el procedimiento, porque si nosotros rematamos los vehículos, seguramente, nos van a dar poco dinero por ellos y, si después no podemos comprar porque nos cambian las reglas del juego, será imposible ayudar a los que asistimos actualmente. ¿Cómo podremos asistir al productor rural, a MEVIR, a las policlínicas, a los centros de barrio, a los merenderos o a los comedores si el vehículo que antes comprábamos en un precio ahora tenemos que pagarlo al doble? Parece absolutamente razonable que las Intendencias sean excluidas de este artículo de inmunidad tributaria.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera saber si en algún momento se podría hacer una ampliación sobre el alcance del Inciso D del punto 12, relativo al IVA en las obras de infraestructura. Sé que existe una demanda de la Intendencia de Montevideo en este sentido, pero me gustaría que se me aclare qué alcance tiene en el interior, ahora o cuando se estime pertinente.

SEÑOR ARANA.- En primer lugar, quiero manifestar mi total coincidencia con todos y cada uno de los puntos que estuvieron desarrollando mis colegas.

En lo que tiene que ver con la reivindicación de todos los esfuerzos que están haciendo permanentemente las Intendencias del interior, nos sentimos muy consustanciados con esa problemática, que conocemos bien, porque algunos de los aquí presentes fueron compañeros nuestros cuando integramos el Senado de la República. Como Senadores tuvimos oportunidad de recorrer el país y conocer las realidades del interior, particularmente algunos departamentos que visitamos con relativa asiduidad durante los cinco años de la Legislatura. De manera que nos sentimos totalmente conjugados con ese propósito y con el sentido que ha inspirado en la nueva Constitución el artículo 298 en cuanto a alentar todo aquello que pueda hacer la promoción económica, productiva y social del Uruguay todo y, obviamente, también con el artículo 214 que habla de las transferencias de recursos.

Respecto a la consulta que nos hacía el señor Senador Larrañaga, tal como lo hicieron notar mis colegas, quiero recordar que en forma unánime se han adoptado resoluciones. En particular, en el mes de julio de este año, se señaló la necesidad de reclamar la inclusión de la Intendencia de Montevideo en el régimen de asistencia de aportes patronales al Banco de Previsión Social, vigente para los Gobiernos Departamentales del interior. En más de una ocasión esta resolución ha sido votada en forma unánime y, en ese sentido, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento por la solidaridad que ello ha implicado. Entendemos que esta situación ha sido injusta y estoy totalmente convencido de que es necesario reverla con un sentido de equidad, de equilibrio, de amplitud y de pluralismo, ya que no es conveniente generar diferenciaciones que lo único que hacen es acotar las posibilidades y potenciaciones que todos y cada uno de nuestros departamentos tienen que realizar y que nosotros como gobernantes tenemos que impulsar. Debemos incluir también el departamento de Montevideo porque, aunque es el más pequeño, es el más poblado y el que está presentando índices crecientes y más alarmantes de familias con necesidades básicas insatisfechas.

Debemos tener en cuenta las múltiples exigencias -por parte de la propia población o del Gobierno, a través de leyes y decretos- que se le hacen a los residentes en Montevideo, muchos de los cuales han nacido en el interior y sospecho que su número va en aumento habida cuenta de la difícil situación que estamos atravesando en el último período. También hay extranjeros que se han afincado en nuestro país y en la capital. Antes de hacer referencia a estas situaciones diferenciales y poco equitativas, debemos tener en cuenta que se ha ido cargando a las espaldas de los contribuyentes que habitan la ciudad de Montevideo, por ejemplo, formas muy duras de absorber aquellas inversiones que, quizás, no son de las más importantes que el país tiene que enfrentar en este momento para asegurar la salubridad de nuestra población. Es sabido que con el doctor Lanza, al comienzo de la apertura democrática, se empezó a hacer un plan de saneamiento que puede generar no solamente la salubridad pública, sino también la credibilidad y el posicionamiento de la capital, de la mayor ciudad del país, y del Uruguay todo, en el contexto regional. Quiero ser muy claro: mi propósito desde hace cinco años es posicionar a nuestra ciudad, en tanto capital del Uruguay, porque me siento al servicio no sólo de los ciudadanos de la capital, sino del Uruguay todo. Si posicionamos bien en el ámbito regional a nuestro país, a través de su capital, estaremos facilitando el ingreso de capitales y de turistas, potenciando la mano de obra, que es una de las demandas más angustiosamente reclamadas por toda la población uruguaya.

No hay que olvidar que estamos hablando de U$S 200:000.000. En el primer plan de saneamiento de Montevideo el Estado se hacía cargo del 90% de los costos de las amortizaciones a través de OSE. Luego esto pasó sucesivamente del 90% a cargo del Estado y del 10% de los montevideanos, a 50% cada uno y ahora este enorme caudal de inversiones está enteramente a cargo de los habitantes del departamento capital. Sin embargo, en el resto del país es el Estado, a través de sus oficinas correspondientes, que lo resuelve.

En lo que tiene que ver con el Banco de Previsión Social en más de una oportunidad se nos había dicho que era de recibo que no se tuviera en cuenta esa situación diferencial de los famosos tres puntos por encima de los del resto del país. Como ustedes recordarán, oportunamente se resolvió que Rentas Generales se hiciera cargo del 16.5% que aportan las Intendencias del interior. Con esto se provoca una situación muy inequitativa porque los habitantes de Montevideo, por estar residiendo en este departamento, tienen que hacerse cargo del 19.5% de aportes por los, aproximadamente, 9.500 o 9.600 funcionarios municipales de Montevideo y, en la medida que la población aquí concentrada es el 44% o 45% de la del país, también deben hacerse cargo, en tanto contribuyentes –porque Rentas Generales la constituye la totalidad de aportación de todos los ciudadanos del país- de más de un 7% de aportes patronales al Banco de Previsión Social por 28.000 ó 29.000 funcionarios municipales del interior del país, según la información que nos ha hecho llegar la Asociación Nacional de Municipales. Se adujo que esta situación diferencial estaría motivada por el hecho de que en las Intendencias del interior –me consta que ello es así y así lo han manifestado claramente, en forma muy convincente, nuestros colegas en la tarde de hoy aquí en el Senado- hay un sinnúmero de apoyaturas que se reclaman por parte de la colectividad o de los propios organismos públicos cercanos al Gobierno Departamental, que tratan de buscar el apoyo más directo y rápido para atender situaciones diversas en distintos ámbitos. Se había dicho que esas apoyaturas sociales no eran las mismas para el caso de la capital. Sin embargo, tengo aquí el cálculo de las apoyaturas que hemos venido haciendo año a año para atender situaciones angustiosas que son muy entendibles, en la medida que aquí se concentra el 75% o el 80% de las familias con las necesidades básicas insatisfechas de todo el Uruguay. Podemos destacar la apoyatura que hacemos a las guarderías gratuitas con asistencia médica y alimentación gratuita, así como con asistencia didáctica. Asimismo, hacemos apoyatura a la salud a través de las policlínicas municipales y los convenios que se han establecido con organizaciones no gubernamentales. Se hacen 550.000 atenciones primarias de la salud, a lo que hay que agregar la atención odontológica y la ayuda que brindamos gratuitamente a través de los medicamentos a la población más indigente del país. Además, hacemos una apoyatura a la discapacidad, a la condición de mujer, a la juventud de los barrios periféricos, a las situaciones de la tercera edad y a los programas que tienen que ver con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por ejemplo, hemos adquirido más de 110 hectáreas de tierra cara –porque tienen saneamiento y fácil conexión con el resto de la ciudad- y hemos hecho un aporte a las familias más indigentes de la periferia del departamento en el banco de materiales. Además, hay que tener en cuenta las miles de viviendas –sin duda que es un porcentaje escaso frente a la demanda creciente que está teniendo nuestro país y nuestra capital- que con recursos municipales se han construido en terrenos municipales.

Una de ellas se encuentra a pocos metros de esta misma Sala, y nos regocija decirlo porque realmente fue una sorpresa para mucho de nosotros, uruguayos y montevideanos, y esperamos que sea una vitalización en mano de obra y en transformación de la ciudad. Nos referimos a la transformación de la Fábrica de Alpargatas, que involucra también al Mercado Agrícola, el más lindo mercado con que cuenta el país. Este Mercado no fue producto de un diseño de arquitectos o ingenieros uruguayos, porque fue una donación del Gobierno belga, y sigue lineamientos muy claros de mitad del siglo pasado, en las transformaciones que París registró en el Segundo Imperio. Esta obra, más las hectáreas que la Intendencia Municipal de Montevideo tiene destinadas a distintos grupos sociales, particularmente a empleados municipales y de la Facultad de Medicina, va a permitir transformar una zona tremendamente degradada en lo físico y en lo social, y forma parte de las acciones que queremos seguir promoviendo, en conjunción con los organismos centrales, como el Banco Hipotecario del Uruguay, y desde luego también con el sector privado.

Pero se adujo que quizás estos operativos de apoyatura a los sectores más desvalidos era una opción que tomaba la Intendencia Municipal de Montevideo, y que la diferencia que podía haber respecto a muchas de las Intendencias del interior del país era que, concretamente, no había un apoyo directo a los organismos centrales. Nada más lejos de la realidad, señor Presidente, porque hemos hecho apenas un esbozo inicial de la enorme cantidad de construcciones y de predios con los que estamos beneficiando directamente a organismos centrales, como los Ministerios de Salud Pública; de Educación y Cultura; de Deporte y Juventud; del Interior; de Defensa Nacional; de Industria, Energía y Minería; de Relaciones Exteriores; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; etcétera. Puedo mencionar algunos ejemplos, para que esto no sea interminable, aunque también puedo dejar toda la documentación, señor Presidente, para su conocimiento. En efecto, son innumerables la cantidad de escuelas y liceos que están utilizando predios y edificios de la Intendencia, lo que nos parece natural y es nuestro propósito seguir apoyando al Estado central, porque el Uruguay es uno solo; de esto estamos convencidos. Por lo tanto, creo que toda forma de diferenciación, falta de equidad o exclusión, realmente no es razonable en momentos tan críticos como los que estamos atravesando, en la medida en que nos impida que todos, sin excepción alguna, podamos contribuir a una transformación positiva de las realidades económicas, productivas y sociales de nuestro país.

Voy a mencionar algunos de los ejemplos más claros de las propiedades que están siendo usufructuadas por organismos centrales, por la importancia que esto significa en materia de contribuciones directas a través de aportes económicos que realiza la población que reside en Montevideo. Dejo de lado la innúmera cantidad de escuelas y liceos, o construcciones y predios que utiliza el INAME y la Administración Nacional de Educación Pública. Así, por ejemplo, La Tablada y el COMCAR son propiedad municipal. Del mismo modo tenemos construcciones municipales en propiedades municipales que están beneficiando al Ministerio del Interior, más allá de cuartelillos y comisarías que están en predios municipales; me refiero a la Radio Patrulla, en la zona del Prado. Otro ejemplo es el predio municipal que con muchísimo gusto ofrecimos al Estado para posicionar al país en las mejores condiciones desde el punto de vista regional; me refiero al ex Parque Hotel, hoy sede de la Secretaría del MERCOSUR, que tiene una ubicación muy emblemática en la ciudad y es una propiedad de un enorme costo. Podemos mencionar también al Liceo Militar y a casi todas las plazas de deportes de Montevideo, y estoy orgulloso de esto, porque me parece muy bien que sea así. Pero lo que no me parece muy bien es que no se tengan las razonables contrapartidas que nos permitan potenciar estos emprendimientos y seguir haciendo más obras para posicionar a Montevideo y al Uruguay en el contexto que queremos, porque nos parece que esto nos beneficia a todos y nos da alternativas favorables para el futuro próximo. Hasta la propia Casa Presidencial es propiedad municipal, y me siento orgulloso, como montevideano –no solamente como Intendente- de que el Presidente de la República esté viviendo en una residencia de propiedad municipal.

De manera que estoy absolutamente convencido de que el Uruguay es uno solo y de que solamente con formas razonables, equitativas, conjugadas y coordinadas, vamos a poder realmente dar pasos hacia delante.

Ojalá pudiéramos conseguir lo que se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional de Intendentes, en cuanto a la posibilidad de generar empresas municipales y también empresas mixtas que nos permitan adentrarnos en un procedimiento moderno, renovado, seguramente con las condiciones que sea necesario establecer. Estas empresas mixtas nos podrían permitir ser más dinámicos en nuestras propuestas y conjugarnos entre nosotros y con sectores privados. Creo que, de esta manera, estaríamos avanzando en muchísimo aspectos en forma muy positiva para el país en su conjunto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa pone a disposición del señor Intendente los servicios de la Secretaría para el caso de que desee incorporar algún documento en la versión taquigráfica.

NOVOA SEÑOR NIN.- Voy a cambiar de tema y de artículo para hacer una consideración que me parece imprescindible. En el Uruguay ha habido un proceso creciente de toma de conciencia de la importancia de las Intendencias Municipales y de los Gobiernos Departamentales en la organización social y productiva del país en su conjunto. Existe una experiencia larga en lo que he llamado siempre la "municipalización" de los problemas, porque muchas veces, cuando el Estado deja de cumplir ciertas funciones, sobre todo en el interior, las soluciones son requeridas a los Intendentes. Por esta vía, ha habido una extraordinaria transferencia de recursos de los Gobiernos Departamentales al Gobierno Nacional, y éste ha sido el motivo por el cual ha habido una ofensiva, desde 1985, para reclamar una mejor distribución de los recursos fiscales dentro del Estado, donde las Intendencias, naturalmente, tienen un papel fundamental para jugar.

Esta evolución de los hechos ha llevado a que en este Presupuesto, concretamente, existan nuevas partidas para los Gobiernos Departamentales. En este sentido, me gustaría que pudiéramos aclarar el alcance de un artículo que me parece bastante pernicioso, porque por un lado les damos recursos a las Intendencias y por el otro se los sacamos. Me estoy refiriendo al artículo 334, por el cual se elimina una disposición de diciembre de 1986, que establece en el último párrafo del literal B) lo siguiente: "El servicio de deuda de los préstamos destinados a organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional y a Gobiernos Departamentales, será atendido con cargo a Rentas Generales". Pero resulta que el artículo al que estoy haciendo referencia le quita el 15% de ese servicio de deuda. Entonces, pregunto si el Congreso Nacional de Intendentes tiene una estimación de lo que esto significaría.

SEÑOR MALAQUINA.- Según las estimaciones que estamos manejando, serían U$S 10:000.000 por año.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Advierto que dentro de la propuesta de aditivos y sustitutivos del Congreso Nacional de Intendentes –según el documento que fuera repartido- se solicita una nueva redacción para el artículo 337. En tal sentido, me gustaría que la delegación que nos visita nos explicara las diferencias existentes entre al artículo aprobado por la Cámara de Representantes y el que orienta el Congreso Nacional de Intendentes.

SEÑOR VERGARA.- En primer lugar, quisiera expresar algo con relación al artículo 334, al que hacía alusión en señor Senador Nin Novoa. Nosotros pedimos que se mantenga el inciso segundo del artículo 148 de la Ley N° 15.851. Deseaba hacer esta aclaración porque quedó la sensación como que quizás no lo hubiéramos advertido. Insisto, en este repartido pedimos que se mantenga tal como estaba antes, puesto que como decía el Intendente Malaquina, estimamos que nos costará U$S 10:000.000.

En lo que tiene que ver con la inquietud que plantea el señor Senador Larrañaga, debemos decir que tenemos una duda de carácter general, en cuanto a si el Poder Ejecutivo realmente cuenta con la información de los propietarios que podrán ser exonerados y si también dispone de su nombre. Cuando le dimos una nueva redacción a este artículo, tomamos en consideración algunos elementos que nos parecieron importantes. En primer lugar, la relación de propiedad respecto al predio, o sea, que no fuera un arrendatario; tendría que tener una explotación directa sobre el predio y en definitiva, no podría exceder de las 200 hectáreas, sin importar la calidad de la explotación que sobre ella se realiza. Asimismo, pretendemos que se establezca una suerte de declaración jurada que, en cierta forma, sería cotejada con la declaración de DICOSE y del Banco de Previsión Social, o de los padrones por los que se aporte en forma trimestral. De ese modo se estaría cerrando un poco el círculo y dando cierta tranquilidad en cuanto a quienes merecen esta exoneración, porque la filosofía es que ella contemple a los pequeños productores.

SEÑOR MALAQUINA.- Quisiera hacer una aclaración sobre esta disposición. Cuando conocimos la redacción original los integrantes de la Comisión Sectorial, en la reunión mensual que tenemos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, preguntamos si el Poder Ejecutivo tenía el dato de cuáles eran los propietarios de los inmuebles con menos de 200 hectáreas. En ese momento se nos contestó que sí, que efectivamente poseía esa información y que posteriormente íbamos a recibir los números de padrón y nombres de los propietarios. Sin embargo, últimamente estuvimos haciendo consultas en la misma Oficina de Planeamiento y Presupuesto a propósito de una duda que se nos planteó, y allí se nos dijo que el Poder Ejecutivo no tenía ese dato. Entonces, imaginen los señores Senadores qué sucederá a partir del 1º de enero cuando emitamos las planillas de Contribución Inmobiliaria, ya que hay Intendencias que dan la posibilidad de pago al contado en los dos primeros meses. En consecuencia, si no tenemos el dato preciso de quiénes son esos propietarios, vamos a tener un semillero de líos y problemas muy grandes en nuestras propias ventanillas, como así también desde el punto de vista administrativo. Por consiguiente, estamos tratando de modificar la redacción del artículo de modo de poder certificar fehacientemente, a través de declaraciones juradas, cuál es la situación de relación entre un predio, dos o diez, y la cantidad de 200 hectáreas, que es lo que nos está exigiendo el Poder Ejecutivo. Naturalmente, habrá que hacer un balance porque si aquel no cuenta con el dato concreto, después habrán diferencias a favor o en contra de esa cantidad que nos están remitiendo como subsidio para los pequeños productores rurales.

SEÑOR NIN NOVOA.- Me parece que en ese artículo se plantea un problema adicional que puede ir en perjuicio directo de las Intendencias, ya que las partidas asignadas para esta transferencia de recursos son fijas, por lo que no se contempla la posibilidad de una variación importante. Creo que el peligro no es tanto el desconocimiento de los titulares de los padrones -información que pienso debe estar en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca- sino hacer la equivalencia a las hectáreas CONEAT. Digo esto porque se va a dar el caso de que en aquellos departamentos -ya se lo planteamos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- con índices de CONEAT bajos -sobre todo Artigas y Salto, con formación de basalto superficial, cristalino, etcétera, o incluso en Lavalleja- esta equivalencia, desde el punto de vista agronómico, hará que un establecimiento de 400 hectáreas con índice de valor CONEAT 100, quede incluida en esta norma. De esa manera, se puede acrecentar el número de beneficiarios y como la partida es fija -por ejemplo, a Artigas le corresponden $ 6.560- quizás no les alcanzará el dinero.

Por consiguiente, pienso que deberíamos estudiar la posibilidad de eliminar la equivalencia al Indice CONEAT; más vale pecar de generoso que de injusto, cuando la injusticia recae en las arcas municipales.

SEÑOR MALAQUINA.- El proyecto que remite el Congreso Nacional de Intendentes, en su inciso final, establece que la partida global a que se refiere este artículo se actualizará anualmente teniendo en cuenta el incremento del tributo que corresponda y las variaciones que hubieran ocurrido respecto a propietarios exonerados durante el Ejercicio anterior. De esta forma, en el correr del otro año haríamos un reajuste. Insisto, esto está previsto en la redacción que el Congreso Nacional de Intendentes presentó al Senado de la República.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: el señor Intendente de Montevideo ha reiterado en esta Comisión el planteamiento que viene haciendo con mucha fuerza desde hace bastante tiempo, señalando desde su punto de vista la inequidad que existiría en la actitud de los Gobiernos Centrales con respecto a las Intendencias del Interior y a la de Montevideo. Al respecto, citó como ejemplo una serie de servicios o aportes que la Intendencia Municipal de Montevideo hace al Gobierno Central y describió una larga lista de propiedades inmuebles, que seguramente se habrá de incorporar a la versión taquigráfica. Entre otras cosas, esto demuestra que se trata de un Gobierno Municipal muy rico. Las propiedades a las que hacía alusión son de un enorme valor y eso también marca un posicionamiento de valor patrimonial respecto a otros departamentos del interior. Quisiera señalar, por ejemplo, que algunas soluciones que se han aprobado en materia presupuestal en la Cámara de Representantes, se caracterizan por la inequidad. Nosotros no estamos de acuerdo en la exclusión que se ha hecho del Gobierno Municipal de Montevideo en lo que tiene que ver con algunos recursos que, a texto expreso, sólo serán distribuidos entre las Intendencias del interior del país. Este trato no nos parece equitativo, por lo que veremos qué espacio nos queda aquí, en el Senado, para poder rever esa situación que discrimina al departamento de Montevideo en una forma injusta.

Con la misma claridad deseo añadir que la insistencia de la Intendencia de Montevideo en señalar esa inequidad no ha sido indiferente para algunos Gobiernos centrales, y en más de una oportunidad hubo intensísimas negociaciones entre el Gobierno Central y la Intendencia de Montevideo, donde el primero estaba dispuesto a acceder, en materia de recursos, a parte de lo que solicitaba esa Comuna. Pero, obviamente, esos recursos no surgen por arte de magia sino que son producto de determinadas cargas impositivas; el problema era que las fuerzas políticas que responden al Gobierno Municipal de Montevideo reclamaban recursos, pero no ofrecían la solución legislativa para la adopción de los tributos necesarios a fin de financiar los aportes que el Gobierno Central estaba dispuesto a formular. Naturalmente, se tenía el legítimo derecho de no estar de acuerdo con la financiación que se pudiera plantear, pero reitero que no hubo indiferencia de los Gobiernos Centrales, sino que existió la voluntad de querer acordar y de buscar una solución que permitiera contribuir con el Gobierno de Montevideo. El desencuentro en cuanto a la forma de financiar esos recursos imposibilitó que la Comuna de Montevideo recibiera lo que el Gobierno Central le estaba ofreciendo.

Luego de valorar debidamente el informe del señor Intendente de Montevideo, creí conveniente formular estas breves precisiones, ya que la versión taquigráfica recoge todo lo que aquí se dice, pero no lo que aquí se calla.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: recién se hizo referencia a un artículo que mencionaba la generación de un crédito para las Intendencias Municipales, equivalente a las cargas impositivas, más concretamente, al Impuesto al Valor Agregado. Creo que se trata de la disposición que dice: "Sustitúyase el artículo 2º de la Ley Nº 15.927 del 22 de diciembre de 1987 por el siguiente texto: ‘El Poder Ejecutivo acordará a las Intendencias Municipales un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de bienes de capital y de bienes y servicios destinados a la construcción o mantenimiento de obras de infraestructura pública departamental’". Esto también tiene relación con lo que los Intendentes Municipales del interior estaban explicitando, es decir, la necesidad de reclamos justos. En general, la gente no reclama cosas desmesuradas a los Gobiernos Municipales; solicita las obras y el dinamismo necesario para la mejora territorial y todo aquello que confiere calidad de vida a las poblaciones de nuestros respectivos departamentos. Entonces, parece razonable que se trate de todo aquello que tiene que ver con la mejora de la infraestructura en materia de iluminación, pavimentación o, incluso, de saneamiento. Muchas veces esto se hace con recursos propios, independientemente de aquellos que puedan provenir del Gobierno Central; seguramente las Intendencias del interior han realizado, en más de una oportunidad, obras de saneamiento acotadas o proporcionales con las posibilidades de sus ámbitos urbanos. También lo ha hecho Montevideo que, más allá del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, ha utilizado sus propios recursos para llevar a cabo obras de infraestructura. Lo curioso es que cuando las obras de saneamiento se hacen con recursos internacionales no se paga el IVA -o sea que la población del departamento no debe hacer un aporte complementario del 23%- mientras que cuando se utilizan exclusivamente los recursos de la población, para el mismo tipo de solución, sí existe esta carga tributaria complementaria. Esto es algo que me parece que sería bueno contemplar, porque es una de las maneras de potenciar, desde los ámbitos locales, todo lo que tal vez es más difícil resolver desde los centrales. Esto beneficia a la población respectiva, pero también al Uruguay, porque genera credibilidades, lo que nos parece importante para tratar de posicionarnos mejor en el contexto internacional, tan complejo, tan competitivo y, a veces, tan injusto.

Entiendo que Montevideo es riquísimo en relación con la mayoría de los departamentos, pero no todos, porque hay algunos más ricos que el nuestro. Me parece lógico que no se trate por igual a todas las Intendencias; no hay nada más injusto ni alejado de nuestro pensamiento. Sería como si nosotros, desde el plano de la descentralización de Montevideo, estuviéramos tratando igual a la zona de Pocitos o de Carrasco costero, con el barrio Borro o Casabó. No hay nada más desigual que tratar como iguales a los que son distintos; esto está clarísimo. Pero una cosa es ser rico, y otra, avaro, porque si somos ricos en tierras y propiedades, podríamos alquilarlas y generar recursos que no beneficien al Gobierno Central en sus respectivos servicios o, simplemente, vender esas tierras para hacer las obras que nuestra población demanda. Pero nuestro criterio es que debemos considerar estos temas con un sentido suficientemente flexible, amplio, de tolerancia y de coparticipación, que es lo que nosotros hemos buscado desesperadamente y, ocurra lo que ocurra con este Presupuesto –tarde o temprano esto habrá de variar- estoy seguro que debemos mantenernos en la misma línea.

SEÑOR HEBER.- Quisiera hacer un comentario referido al planteo -que nos parece de recibo- del señor Intendente de Montevideo, en cuanto a los aportes patronales. Me parece muy importante decir que existe voluntad, por lo menos de nuestro Partido, en tratar de ayudar en ese sentido, pero no alcanza sólo con la voluntad. Naturalmente, las fuerzas políticas tendrán que unirse para encontrar los recursos necesarios y ayudar a la Intendencia de Montevideo, a fin de equipararla con el resto. No se trata de ninguna animosidad por el hecho de que esa Comuna esté en manos de otra fuerza política que no es la nuestra. No es ese el criterio por el que se está penalizando con el aporte patronal a esa Intendencia; por el contrario, queremos que se nos dé una mano con los recursos necesarios para ayudarla. Tenemos la doble responsabilidad de ayudar a la Intendencia de Montevideo y de decirle a la población que habrá un recorte o un recurso que pueda generar los dineros necesarios a fin de reducir los aportes patronales. Esto nos parece parte integrante de la doble tarea que, lamentablemente, tenemos en esta Comisión. El señor Mariano Arana entiende esto muy bien porque fue Legislador, fue integrante de esta Comisión y sabe lo difícil que es encontrar recursos. Pero, reitero, debe quedar claro que no existe animosidad de nuestra fuerza política para penalizar al Gobierno de Montevideo. Invitamos al trabajo serio para encontrar recursos que, naturalmente, sean buenos y de recibo para nuestra fuerza. Actualmente es un problema encontrar estos recursos dentro de la coalición y llegar a un equilibrio, pero eso no quiere decir que estén agotados los caminos de diálogo y de búsqueda de los recursos necesarios para restituir los U$S 36:000.000 que costaría, aproximadamente, esta rebaja de aportes patronales. Estamos dispuestos a trabajar y el señor Intendente de Montevideo puede tener la garantía de que no estamos intentando penalizarlo con respecto a las demás Intendencias del país.

SEÑOR MALAQUINA.- Queremos recordar a los señores Senadores que en la última página del memorándum que hemos dejado en su poder, figuran algunas propuestas de aditivos. En dichas propuestas se hace referencia al artículo 7º, que pone condiciones en cuanto a la información que hay que suministrar sobre presupuestos, etcétera, al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas. En este caso, nos parece que se podría estar violando la autonomía de los Municipios, razón por la cual hemos planteado este asunto en un aditivo.

Por otra parte, el artículo 17 habla de los asentamientos irregulares y del PIAI, y pide a los Gobiernos Municipales que controlen las exigencias que dicho Programa impone para ese tipo de proyectos. Nos parece que eso es darnos demasiada responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares tiene sus propios técnicos, que son los que elaboran el proyecto; entendemos que este punto requiere un mayor análisis.

Asimismo, existen algunas disposiciones -como por ejemplo el artículo 14, que autoriza a la Dirección Nacional de Catastro a inscribir los planos de construcción o de fraccionamiento sin un informe de la Intendencia Municipal, o el artículo 55, que autoriza a esa Dirección a hacer los trámites de ingreso de documentos sin controlar la planilla de Contribución Inmobiliaria del padrón de que se trate- a través de las cuales parecería que se nos quiere quitar la posibilidad de que la gente que tenga que hacer un trámite ante la Dirección Nacional de Catastro deba, previamente, estar al día en la planilla de Contribución Inmobiliaria. Pienso que esto no nos ayuda y, por el contrario, entorpece la gestión de las Intendencias y de la propia Dirección Nacional de Catastro.

En cuanto al artículo 256 tenemos una duda que ya hemos planteado ante la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, en la Comisión Sectorial, con respecto a la cual ya hemos remitido al Poder Ejecutivo un memorándum en el que establecemos que el artículo 420 que aprobó la Cámara de Representantes -que es el que aumenta los aportes del artículo 214- aparentemente no cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no habría posibilidades de que se pudiera cumplir con lo que establece esa disposición.

SEÑOR LAMAS.- En estos artículos que nos hemos permitido sugerir que se incorporen al proyecto de ley de Presupuesto, he prestado particular atención -con la anuencia de mis colegas- al artículo 20, que dice que las partidas destinadas a las Intendencias por el artículo que allí se menciona y por el 337 de la presente ley, no podrán ser objeto de compensaciones, retenciones, embargos, gravámenes ni afectaciones, o cualquier otra medida que de cualquier forma impidan su percepción directa por aquellas. Esto apunta directamente a algo que hoy en la prensa aparece como un reclamo del señor Presidente del Directorio de UTE, dirigido al Poder Ejecutivo, en el sentido de que se retenga este tipo de partida para percibir sus haberes de lo que las Intendencias debamos. Aspiramos a que se impida que este tipo de reclamos -como el que en este caso particular formula UTE- se consagre en este proyecto de ley de Presupuesto, porque por esta vía, por ejemplo, el Poder Ejecutivo podría obligarnos a no cobrar la Contribución Inmobiliaria, y lo que nos daría en compensación por ello podría quedárselo un organismo del Estado como pago de una deuda.

Concretamente, de eso se trata el artículo que con la anuencia de mis colegas me he permitido incluir.

SEÑOR HEBER.- Simplemente, quiero hacer una aclaración, porque creo que me confundí al mencionar la cifra vinculada con el reclamo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Concretamente, la cifra correcta es de U$S 3:600.000 y me parece importante aclararlo a los efectos de la versión taquigráfica, pues por confusión hablé de U$S 36:000.000.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con respecto a la duda del Congreso Nacional de Intendentes acerca de si el artículo 156 impulsa la iniciativa del artículo 420, debo decir que el propio artículo 156, en su referencia al artículo 421 contiene, precisamente, la mención al artículo 420. Además, está la iniciativa, que es el piso mínimo del artículo 388 del texto original del Poder Ejecutivo, y también figura el techo, que es el que corresponde al informe del Congreso Nacional de Intendentes, que establece el mínimo y el máximo con respecto a la iniciativa, en este tema conferida por la propia Constitución de la República.

SEÑOR VERGARA.- Debo decir, con todo respeto, que nos parece un tanto insólito que se elimine el control de la planilla de Contribución Inmobiliaria por parte de la Dirección Nacional de Catastro cuando un ciudadano tiene que hacer una gestión. Digo esto, porque vemos permanentemente que, por ejemplo, para obtener un crédito ante la banca oficial es necesario acreditar que la persona se encuentra al día con la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social. Si bien se trata de recursos legítimos del Gobierno Central y del Estado en su conjunto, también son legítimas nuestras aspiraciones y merecen ser contempladas en vez de segregadas porque, sin duda, eso nos quita posibilidades de ingresos para las Comunas.

Por último, con respecto a los artículos 345 a 355, referidos al Tribunal de Cuentas, el Congreso Nacional de Intendentes ha considerado que es conveniente eliminarlos, porque las facultades de dicho Tribunal ya están bien explicitadas en el texto constitucional, en las leyes vigentes y en las ordenanzas, y creemos que esto va a llevar a confusión. No hay que olvidar que a veces tenemos algunas dificultades con el Tribunal de Cuentas, como por ejemplo cuando necesariamente –por los problemas que ya han planteado los distintos colegas, como es el caso concreto del tema de la aftosa- tenemos que dar facilidades a los productores rurales, ya que nos encontramos con que ese Tribunal entiende que los impuestos creados por ley -como la Contribución Inmobiliaria Rural y el Impuesto a los Semovientes- no los podemos manejar con la misma fluidez con que lo hacemos con la patente de rodados, a pesar de que la unidad productiva es la misma. El dinero con que el productor rural paga la patente de su camioneta es el mismo con el que paga el Impuesto a los Semovientes o la Contribución Inmobiliaria Rural. Entonces, parecería que debiéramos tener una facilidad diferente en cuanto al manejo de estos temas que, en definitiva, simplemente requieren el otorgamiento de algún plazo o la eliminación de alguna multa.

Por último, quiero decir que, a mi juicio, agregar estos artículos va a dificultar más el relacionamiento con los Municipios y por eso proponemos que sean eliminados.

SEÑOR MALAQUINA.- En nombre del Congreso Nacional de Intendentes y en el mío propio, quiero agradecer a los señores Senadores por habernos recibido para escuchar los puntos de vista de este sector del Gobierno del país.

Queremos destacar que nos anima el mejor espíritu de colaboración con el Gobierno Nacional, con el Parlamento, y que, además, no somos ajenos a las dificultades económico-financieras que tiene el país para encontrar muchas de las soluciones que nosotros proponemos; sabemos que tenemos la responsabilidad de plantearlas pero, naturalmente, también tenemos el deseo y el ánimo de colaborar para encontrar las mejores alternativas. Pensamos que la unidad entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, sin duda será lo que llevará al país a un destino mejor.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, agradecemos la presencia de los señores representantes del Congreso Nacional de Intendentes.

No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 15 y 55 minutos)