SEÑOR PRESIDENTE.- (Dr. Correa Freitas) Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 14 minutos)

La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a los integrantes de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, a quienes les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR LUCIAN.- Como Presidente de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, quiero agradecer a la Comisión por habernos recibido, lo cual nos permite comunicarles la situación en que nos encontramos.

Someramente, queremos decir que la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes realiza la vacunación, prevención y tratamiento de la tuberculosis en todo el país, incluyendo la actividad privada, sin costo para las instituciones o las personas.

Por otra parte la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes se encarga del Programa de Vacunaciones del Ministerio de Salud Pública en todo el país, así como otro tipo de prevención de algunas enfermedades que se pueden diagnosticar rápidamente.

El impacto de este sistema en todo el país es enorme. El presupuesto de esta institución es del entorno de los $ 75:000.000 a $ 76:000.000 por año y tiene 400 funcionarios que realizan todo tipo de tareas. Como se sabe, hay un conflicto muy importante y los funcionarios, incluso, no están entregando vacunas, debido a que existe una inseguridad en el Presupuesto, no sólo en lo que tiene que ver con los salarios sino también con poder ejercer la función que la Comisión tiene a su cargo. Actualmente, para solventar nuestro presupuesto, tenemos lo que se obtiene del impuesto a las bebidas alcohólicas blancas –caña, whisky y grappa- y de algún otro que rinde una cantidad importante del dinero. Sin embargo, lo que se obtiene de estos impuestos ha bajado porque, como se sabe, los hábitos de la población han cambiado y actualmente se consume otro tipo de alcoholes que no están gravados para esto. También tenemos el producido de algún impuesto muy pequeño como el de los bailes de carnaval, algunos "dancing" o los billetes no cobrados de la Lotería Nacional. Sin embargo, lo que se obtiene de estos impuestos es muy poco. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas hasta ahora ha venido poniendo la otra mitad de ese presupuesto, es decir, $ 35:000.000 ó $ 36:000.000 de los $ 75:000.000 que representan el total. Sin embargo, ahora, en el Presupuesto, aparece un aporte del Ministerio de Economía y Finanzas de solamente $ 17:000.000. Esto nos preocupa tremendamente, y le comunicamos al Ministerio de Economía y Finanzas que esta cifra no nos permite funcionar.

Nosotros no tenemos posibilidades de resolver el conflicto existente, porque no depende de lo que la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes pueda plantear, ya que tenemos un déficit presupuestal. Inclusive, queremos dejarles un comunicado que nos envía el Ministerio de Salud Pública sobre la gravedad del conflicto.

Queremos dejar en claro que existe un problema presupuestal, y poder solucionarlo no depende de la Comisión Honoraria. Hemos planteado reiteradamente, a distintos niveles, la gravedad del tema, y para reafirmarlo hemos traído en el día de hoy una nota de la Dirección de Epidemiología en la que se da cuenta de la grave situación que seguramente se suscitará dentro de poco tiempo.

No quiero cansar a los señores Senadores, sino que simplemente deseaba plantearles el problema y pedirles que nos ayuden a resolverlo. Estamos dispuestos a contestar las preguntas que deseen plantear. Obviamente, necesitamos la colaboración de los señores Senadores para poder solucionar esta grave situación.

SEÑOR MICHELINI.- No voy a preguntar acerca de las razones, porque las han explicado claramente. Además, han venido también los funcionarios y desde hace mucho tiempo conocemos el tema de la Comisión Honoraria. Si no me equivoco, los $ 17:000.000 ya figuraban en el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, quisiera saber si durante el trámite en la Cámara de Representantes y luego de las gestiones que ustedes seguramente han hecho, se les dio alguna explicación.

Por otra parte, me pregunto si existe una inquietud por parte del Poder Ejecutivo con respecto a que ese Presupuesto, a sus ojos, no esté bien conformado, y si planteó algún mecanismo de discusión del tema presupuestal.

Por último, quisiera que se me aclarara cuánto ha tenido que aportar el Poder Ejecutivo –me refiero a cifras gruesas y no a detalles- en los últimos tres años para subvencionar el Presupuesto de la Comisión Honoraria.

SEÑOR LUCIAN.- Hemos hecho gestiones sobre el tema de los $ 17:000.000 que figuran en el Presupuesto, y se nos contestó que se trataba de un error. El propio Ministro de Salud Pública así lo manifestó en una Comisión, aunque no sé si era ésta. Posteriormente, se nos planteó la posibilidad de que en el Mensaje Complementario viniera algún refuerzo de esa cifra, pero ahora se nos ha comunicado que allí no se nos otorga más dinero.

Con respecto a la otra pregunta formulada por el señor Senador Michelini, aclaro que en los últimos años el Ministerio ha venido dando una asistencia financiera que está en el entorno de los $ 35:000.000 ó $ 36:000.000 anuales.

SEÑOR MICHELINI.- Una de las preguntas que había hecho era si, en algún momento, el Poder Ejecutivo manifestó que quería discutir el Presupuesto de la Comisión porque le parecía alto. ¿Nunca planteó nada de eso? ¿Simplemente ha venido pagando las necesidades que tiene la Institución?

SEÑOR LUCIAN.- Pediría que esta pregunta la contestara el doctor Cuesta, porque soy un flamante Presidente de esta Comisión.

SEÑOR CUESTA.- Soy el Coordinador General y, en realidad, tengo carácter técnico, porque ocupo un cargo médico y, además, soy el responsable de los programas médicos de los que se encarga la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Tengo treinta años de actuación, y debo aclarar que he ocupado todos los cargos, incluida la Coordinación General, mediante concurso de oposición.

Esta es una Institución que durante cincuenta años fue absolutamente eficaz, totalmente satisfactoria para el país y nunca necesitó un centavo del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, en los últimos tres años se dejaron de percibir las cantidades que normalmente se recibían por concepto de una fracción del IMESI, del Impuesto a las Bebidas Alcohólicas. Eso fue muy importante y, a partir de ese momento, se generaron necesidades que obligaron a que los titulares del Ministerio de Salud Pública de esa época solicitaran ayuda al Ministerio de Economía y Finanzas. En los últimos dos años, el Ministerio de Economía y Finanzas controla cuánto se percibe, calcula lo que se necesita para el Presupuesto mensual y entrega las cantidades necesarias para que éste sea cubierto. Eso se ha hecho así hasta el día de hoy y nunca ha fracasado. Quiere decir que el Ministerio de Economía y Finanzas ha respondido a la demanda, que asciende a alrededor de $ 35:000.000 o más anuales, y se los entrega a la Comisión Honoraria como complemento de lo que recibe actualmente, tratando de compensar lo que dejó de percibir.

El Programa central de la Comisión Honoraria es la lucha antituberculosa. Ruego que disimulemos un poco nuestro orgullo, pero debo informar que hace sólo dos meses fuimos nombrados el país con mejor Programa de Lucha contra la Tuberculosis de América Latina. Quiere decir que no es cualquier Programa, sino el mejor. Dentro de cuatro días iremos a asesorar el Programa de Ecuador; acabamos de hacer lo mismo con el de Colombia y, seguramente, tendremos que asesorar el de otros países. Por lo tanto, se puede ver que es muy importante lo que hace, no la persona, sino la Institución como tal.

Como Programa de Lucha Antituberculosa en nuestro país, con los instrumentos actuales, sería suficiente, porque hemos logrado que la tuberculosis esté en un plano controlado. Sin embargo, con el correr del tiempo, la Comisión Honoraria y el Ministerio de Salud Pública han asumido otras responsabilidades, entre otras, un Programa tanto o más grande que el de la tuberculosis, como es el Programa Nacional de Control de la Vacunación. Eso es lo que ha ido aumentando las necesidades de la economía.

Es cierto que no sólo se percibe por los alcoholes; en lo que refiere a este impuesto, hemos oído decir, en algunos momentos –y pido disculpas por los errores que pueda cometer en esta materia, dado que soy médico y no técnico en la misma- que se trata de un impuesto terminal. Esto sucede porque, de alguna manera, estamos ante un vicio social y en la medida en que él fuera controlado, parecería que ese impuesto se dejaría de cobrar. Ojalá fuera así debido al hecho de haber logrado cierto control sobre el vicio social. Sin embargo, la auténtica verdad es que dicho vicio no sólo no ha sido controlado hasta este momento, sino que ha crecido en forma muy importante, y esto ha ocurrido tanto en el Uruguay como en toda América Latina y también me animaría a decir que en el mundo entero. No hay ninguna estadística que indique que en nuestro país el alcoholismo haya disminuido; lo que realmente ha descendido es el monto percibido a raíz del impuesto en esta materia y, en consecuencia, también las cifras que por ese concepto percibe la Comisión Honoraria.

Insisto en aclarar que no ha sido necesario detener la implementación de los programas. El Ministerio de Economía y Finanzas ha complementado el presupuesto de la Comisión Honoraria a satisfacción. Sin embargo, si las cifras que figuran en el Mensaje del Poder Ejecutivo permanecen tal como están, en su actual magnitud, no tenemos ninguna duda de que no podrá ser posible el cumplimiento de los programas, por lo menos en el mismo nivel de eficacia que se ha logrado hasta ahora. Nosotros somos programadores sanitarios, de manera que lo que se nos deberá decir es que este es el presupuesto con el que contamos para saber, de esa manera, qué podemos hacer con esos recursos. Y no hay duda de que en el procedimiento actual, nosotros, con nuestro equipo técnico, dentro del programa de salud, si tratamos de planificar las cosas con la mayor eficacia posible e intentando hacer el mínimo daño, siguiendo el camino de las prioridades sanitarias, deberemos necesariamente realizar cortapisas. Siendo así, el programa no tendrá la misma eficacia, si es que en los hechos podemos continuar implementándolo. Hasta ahora, tanto en lo que refiere a la lucha contra la tuberculosis, como en lo que tiene que ver con vacunaciones –y esto último lo puede confirmar la doctora Ruocco- hemos sido ejemplo en el contexto latinoamericano. Y esto ha sucedido así porque el Ministerio ha tomado las prerrogativas necesarias y también, fundamentalmente, porque la Comisión Honoraria así lo ha hecho posible, desde el punto de vista operativo.

De manera que lo que debemos decir es simplemente que como ordenadores o programadores sanitarios, cuando nos llegue el momento de recibir los recursos que se decida otorgarnos, tendremos que adaptar los programas a esos recursos. Sin embargo, dadas las cifras de las que hoy tenemos conocimiento, no existe la menor duda de que la eficacia de los programas se verá sensiblemente disminuida; incluso, quizás se deba retirar definitivamente alguno de ellos.

Invito a que todos reflexionemos sobre lo que es el programa nacional del control de la tuberculosis en el país.

Como esta enfermedad no se ha constituido en un problema fundamental, el tema no ha llegado a los señores Legisladores como un drama nacional. Por suerte esto ha sido así durante los últimos cincuenta años, y esperamos que la situación continúe de esa forma. Debemos pensar también en el programa nacional de vacunaciones, que brinda un 90% de cobertura. Como este problema ha sido perfectamente resuelto, tampoco ha llegado a la órbita parlamentaria como cuestión nacional, aunque podría llegar, porque las vacunas siguen siendo adquiridas por el Ministerio y aplicadas por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.

Queremos decir que dentro de unos días estaremos viviendo en un país en el que nos preguntarán, precisamente, qué se puede hacer con el programa contra la tuberculosis, contando con esta cantidad de dinero. Y les vamos a tener que responder que, como falta dinero para casi un cincuenta por ciento de los tratamientos, se deberá suspender la mitad de ellos. Es decir, hay programas sanitarios de algunos Ministerios de este país y de Latinoamérica, que no podrán desarrollarse para tratar la tuberculosis. Quisiéramos no tener que llegar a la encrucijada de seleccionar los tratamientos a llevar a cabo, es decir, qué tipo de tratamientos, a qué chicos vacunar y con qué cobertura. Y eso sólo sería posible siempre y cuando tuviéramos los recursos suficientes, y al hablar de recursos suficientes nos estamos refiriendo a los que ya percibimos, más los que estaba aportando el Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑORA POU.- Ante todo, queremos agradecer la presencia de esta Comisión en la tarde de hoy. Por múltiples motivos, podemos dar testimonio de lo que ha sido la labor de la gente que trabaja en la lucha antituberculosa.

Tenemos una inquietud que, en realidad, surgió cuando gente que trabajaba en este rubro se hizo presente en la Comisión de Salud Pública del Senado. Teníamos allí un compañero -que ahora no está más, porque fue a ocupar un cargo en una Intendencia- que había sido Intendente en dos períodos anteriores y que muy honestamente dijo que se enteraba en ese momento de que había algún dinero que la Intendencia debía aportar; si no me equivoco, era por concepto de una tasa o impuesto a locales nocturnos. Entonces, mi pregunta concreta es si las Intendencias están aportando lo que deben aportar, por concepto de lo que he señalado.

SEÑOR CUESTAS.- Confieso que el problema es tan nuevo para la señora Senadora Pou como casi lo es para mí, porque esto es algo que pasó muy inadvertido históricamente en la institución. Realmente, existe una ley por la cual los clubes nocturnos deben pagar un impuesto que debe ser recaudado por los municipios, los que deben volcarlo a la Comisión Honoraria. Por concepto de esto, en estos momentos se aporta entre $ 700.000 y $ 800.000 por año. Si se me pregunta qué es lo que pienso al respecto, digo que, evidentemente, alguien no está pagando. Pienso que, obviamente, ese dinero no está llegando a los lugares donde debe llegar. No quisiera pensar que quienes lo recaudan no lo están volcando, como corresponde.

Se me ocurre que los Intendentes están haciendo lo que deben hacer. Sin embargo, en nuestro informe figuran solamente tres o cuatro departamentos que están volcando esos fondos, y me cuesta creer que no haya otros departamentos en los que exista este tipo de clubes nocturnos. Es claro que no soy un "habitué" de estos lugares, pero cuando veo que sólo hay uno o dos que están pagando en Punta del Este, pienso que esto no es muy serio.

En definitiva, debo decir que ese impuesto existe. Lamentablemente, nuestra Comisión no tiene la infraestructura, la departamentalización, ni la chance de supervisar esta situación, de modo de enterarnos quiénes deben pagar y si ese dinero efectivamente llega. Esto es algo que no podemos hacer. De manera que nos ponemos en comunicación con las Intendencias y si hay dinero que nos corresponda, nos lo dan. Así es como se ha percibido el dinero por este concepto durante estos quince o veinte últimos años.

SEÑORA POU.- Entonces, quizá podamos tener alguna esperanza de que los rubros se vean acrecentados. Dejo planteado esto porque el actual Intendente confesó en forma muy sincera que no tenía idea a este respecto y que, evidentemente, nadie le había ido a golpear la puerta. Así, me animo a sugerir a los integrantes de la Comisión que se pongan en contacto con el Congreso Nacional de Intendentes, para que, por lo menos en el departamento de Maldonado, se vea acrecentado el aporte.

SEÑOR NIN NOVOA.- A título informativo y dirigido a la Comisión, quiero señalar que aquí se ha hablado de un aporte histórico de aproximadamente $ 35:000.000 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que se reduce a $ 17:000.000; se trata de ingresos provenientes del IMESI a algunas bebidas alcohólicas. Quisiera saber concretamente cuál es el monto global del presupuesto anual de la Comisión, a los efectos de poder tener una idea de lo que estamos hablando en relación con el recorte.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa debe aclarar que en el Mensaje Complementario está prevista una partida anual de $ 28.991. En el artículo 108 del Mensaje Complementario, por el cual se sustituyen los artículos 324 y 325 del proyecto de ley de Presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes, está prevista una partida para los Ejercicios 2000 y 2001 de $ 28.991 para la Liga de Lucha Antituberculosa.

SEÑOR MICHELINI.- Perdón, señor Presidente, pero esta es la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.

SEÑOR CUESTAS.- Si bien no vino la contadora, podemos decir que el Presupuesto global es de U$S 4:500.000 o U$S 5:000.000 anuales. De lo que estamos hablando es de la complementación que se percibía a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que la calculaba dicha Cartera y la fue acreciendo en la medida en que tenía una auditoría permanente sobre lo que se percibía por concepto de impuesto. Cabe destacar que tenemos emolumento muy importante que resulta de un porcentaje que percibimos de la Dirección de Loterías y Quinielas por aquellos premios vendidos y no cobrados. Insisto, esa es la cifra que el Ministerio de Economía y Finanzas fue brindando y aumentando por sí y ante sí. Quiere decir que son cifras importantes en lo que tiene que ver con los programas.

Olvidaba decir –y hoy lo planteamos en la Comisión Honoraria- que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud tiene programas para el mundo y dentro de dos años tendremos que hacer una campaña antisarampionosa para completar la erradicación de la enfermedad en el país, y eso tiene un costo muy elevado. Naturalmente, si llegado el momento el Ministerio nos da los recursos, no hay problema. Una de las campañas que ya hemos realizado fue solventada enteramente por la Comisión Honoraria y otra se hizo a costa del Ministerio de Salud Pública. Además, hay otro programa -lo que sucede es que estamos hablando de los dos más importantes- con cobertura de tipo nacional y no sólo para capital o interior.

SEÑOR MUJICA.- Me doy cuenta que en la base se expresa gráficamente un cambio en el gusto en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de la gente; hemos dejado de tomar grappa y caña y estamos consumiendo whisky. Este fenómeno lo hemos discutido reiteradamente en la Comisión de Industria a lo largo de estos años. Tal vez, nos encontremos ante un cambio filosófico. La bebida alcohólica fue gravada a principios de Siglo con un criterio, a mi juicio, eternamente válido. Este mal es muy difícil de combatir y, entonces, por lo menos cobrémosle algo para que contribuya a restituir la salud. Es muy distinta la experiencia de ese Uruguay histórico a lo que hicieron otros países del mundo industrializado, donde hasta tuvieron "Ley Seca", y así les fue.

El gran obstáculo que ese ha encontrado en estos años es que favorecemos el contrabando al encarecer la bebida. Entonces, no hemos gravado el whisky pero resulta que Escocia registra más de 6:000.000 de litros de whisky y en el Uruguay, entran oficialmente 2:000.000. Creo que este es un problema que va atado a todo lo demás. Así como tiene el tabaco, el alcohol debe tener una base imponible y todos debemos ser conscientes que con eso contribuiremos a pagar ciertas cuestiones como esta, y otras. También es triste tener que andar mendigando recursos flacos que no están, sin saber cuándo recibirán el dinero, etcétera, cuando en realidad deberían ser las propias Direcciones del Estado que dieran aliento con una perspectiva seria.

En consecuencia, más allá de la lucha por el Presupuesto, entiendo que este es un tema sobre el que todos los actores políticos deberíamos discutir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la visita a los miembros de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

(Se retira de Sala la delegación de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios de Fiscalía)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores le da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios de Fiscalía.

SEÑOR BERMUDEZ.- Trataremos de ser lo más breve posible ya que sabemos que los señores Senadores tienen una agenda muy apretada. Si no estamos equivocados, contamos con 15 minutos para hacer nuestra exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa debe aclarar que en realidad son 10 minutos para la exposición y 5 minutos para responder las preguntas.

SEÑOR BERMUDEZ.- En nuestro memorándum tenemos sintetizado quiénes somos y por qué recibíamos algunas remuneraciones en el comienzo.

En el primer punto, solicitamos la supresión total de los artículos 37 y 38 del proyecto del Poder Ejecutivo. En los artículos 36 y siguientes se presupuestan todos los fondos de libre disponibilidad, o sea, lo que dicho en términos criollos para nosotros son los proventos, que significan –peso más peso menos- aproximadamente una cuarta parte de lo que recibimos mensualmente. A través de los artículos 36 a 41 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, se presupuestan todos los fondos de libre disponibilidad y de aprobarse esas disposiciones se verían sensiblemente afectados nuestros ingresos. A fin de que los señores Senadores tengan una idea, diremos que para un funcionario administrativo los proventos significan alrededor de $1.200. Sin lugar a dudas, esto topearía o congelaría los proventos y, por consiguiente, nuestro bolsillo.

En el segundo punto solicitamos que no se prive a los funcionarios administrativos, obreros y de servicio del Ministerio público y fiscal, de beneficios que puedan percibir otros funcionarios del mismo, ya que de esa forma se fracturaría desde el punto de vista presupuestal el organigrama de dicho Ministerio. Antes de que llegara el Mensaje Complementrario, teníamos información en el sentido de que los Magistrados iban a recibir algún tipo de remuneración, de acuerdo con lo que marcara el Presupuesto. De todos modos, quedamos mucho más preocupados cuando leemos el Mensaje Complementario, puesto que en el artículo 95 asigna una partida para una cantidad de personas y en lo que a Fiscalía de Corte refiere, habla de gastos de funcionamiento con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de quienes ocupen cargos en el Escalafón N), que son los Magistrados y Fiscales, con lo cual nosotros quedaríamos excluidos. Además, nosotros somos funcionarios equiparados al Poder Judicial y también se nos deja de lado en el artículo 114 de dicho Mensaje, cuando en el Programa 001 se asigna por compensación alimenticia de aportes a los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, a nosotros se nos excluye.

Por nuestra parte, rechazamos de plano el Mensaje Complementario, porque en él no se nos contempla en absoluto. Entendemos que no es tanto lo que se les da a los funcionarios administrativos de la Suprema Corte de Justicia, pero a nosotros, reitero, se nos está excluyendo, porque se establece que las partidas otorgadas no integrarán la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones; esto es lo que dice el artículo 114 del Mensaje Complementario.

Por lo tanto, los funcionarios administrativos y de servicio de la Fiscalía de Corte nos encontramos con que el proyecto de ley de Presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo no sólo no nos otorga nada, sino que nos excluye de cualquier mejora que pudiera existir y, además, afecta los proventos. En definitiva, reitero, el Presupuesto no nos otorga nada sino que, por el contrario, nos quita.

Por tales razones, nuestra solicitud –tal como consta en el memorándum que entregamos a los señores Senadores- es que se supriman totalmente los artículos que afectan los proventos y, de alguna manera, pedimos que se otorgue una partida decorosa para los sueldos de los funcionarios del Ministerio Público y Fiscal, lo cual no figura en el memorándum porque esa iniciativa fue posterior a la lectura del Mensaje Complementario.

SEÑORA MANGINI.- Quería reiterar que consideramos insuficiente la partida que se ha asignado a los judiciales, de la cual estamos exceptuados expresamente. Por otra parte, entendemos que no es bueno otorgarla como complemento por alimentación, porque lo que pretendemos es la mejora del salario de todo el sistema judicial, el cual nosotros integramos tal como siempre fue ratificado por el Legislador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: queda claro que con los artículos 95 y 114 nos ocurre lo mismo que a la delegación que nos visita, porque recién estamos tomando contacto con esos textos.

Con respecto al artículo 37 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que luego se convirtió en 38 en el texto aprobado por la Cámara de Representantes, hubo una modificación en virtud de la cual se habla de los saldos no comprometidos en vez de los saldos disponibles. Me gustaría saber si a pesar de esa modificación, los representantes de la delegación piensan que si bien se mejora su situación, igual los termina perjudicando, o si simplemente todo queda como está.

SEÑOR BERMUDEZ.- Pediría al señor Senador si puede reiterar los cambios que se hicieron en el artículo 38.

SEÑOR MICHELINI.- Los artículos 37 y 38 del texto del Poder Ejecutivo se convirtieron en 38 y 39 en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. El artículo 39 aprobado en la Cámara de Representantes no implicó cambios, mientras que el 38 sufrió una serie de modificaciones.

Concretamente, lo sustancial de los cambios no corresponde al porcentaje de 80% que allí se menciona, sino al hecho de que se habla de los saldos no comprometidos y no de los saldos disponibles. Entonces, lo que quiero saber es si los trabajadores del Ministerio Público y Fiscal entienden que ese cambio mejora en algo su situación, no la mejora en absoluto o si soluciona algo pero igualmente los perjudica.

SEÑORA MANGINI.- Aparentemente, la Contaduría General de la Nación va a tomar como base el año 1999 para establecer los créditos. Nosotros hasta el momento, cobrábamos de acuerdo con la recaudación y siempre se mantenía una especie de reserva para que todos los meses tuviéramos un ingreso normal. Sin embargo, al establecerse los créditos, en nuestro sector, es decir, en el del Ministerio Público y Fiscal y en el de los otros equiparados, cobramos como retribuciones personales y no en la parte del gasto, si bien a eso se refiere el artículo. Cabe destacar el hecho de que nosotros tenemos un tope de crédito y, por consiguiente, quedamos expuestos a todos los instructivos, que nunca aclaran sobre estos temas y regulan hacia abajo. Precisamente, al establecerse como base el año l999, que fue uno de los más bajos en recaudación, se va a registrar una disminución de los salarios.

SEÑOR MICHELINI.- Considero que el punto fue suficientemente aclarado.

SEÑOR MANGINI.- Quiero agregar que en las reuniones que mantenemos con nuestros jerarcas coincidimos en solicitar una partida expresamente para el Ministerio Público y Fiscal y para los equiparados. Incluso, se nos ha manifestado que se está en desacuerdo con que la partida se otorgue sólo a un escalafón que, en este caso, es el N).

Concretamente, estamos solicitando que se nos otorgue una partida especial y, si fuera posible, que ello no se hiciera a través de rubros que después no podemos conservar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda agradece la concurrencia y la información brindada por la Asociación de Funcionarios de Fiscalía.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Fiscalía)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda da la bienvenida a la Agrupación Ex Federación ANCAP, a quienes deja en el uso de la palabra.

SEÑOR RIET.- En primer lugar, queremos aclarar que hemos traído una carpeta para entregar a los señores Senadores, en la que figuran nuestras iniciativas, con el fin de que sean incorporadas en el Presupuesto Nacional.

La primera propuesta tiene que ver con las empresas llamadas tercerizadas que están siendo contratadas por distintos organismos del Estado y no sólo por ANCAP. De acuerdo con la experiencia que vivimos los funcionarios de este Ente, sabemos que estas empresas suelen incumplir sus obligaciones fundamentales como, por ejemplo, el pago de los salarios. Muchas veces nuestro Sindicato ha tenido que actuar y hacer intervenir a ANCAP para que estas empresas regularicen las obligaciones laborales y sociales más elementales con sus trabajadores.

Concretamente, nuestra primera propuesta es que se modifique el Decreto Nº 114/982, de forma tal que el organismo estatal contratante de estas empresas sea solidario con relación a las obligaciones laborales y sociales, de modo que se ejerza una función de contralor. Aclaro que el texto del citado Decreto se incluyó en la carpeta que entregamos a los señores Senadores.

La segunda iniciativa que queremos plantear para que pueda incluirse en el Presupuesto, tiene que ver con la problemática de la industria de alcoholes. En primer lugar, el sector de alcoholes fue desmonopolizado en 1996 y aún no se ha reglamentado con el decreto correspondiente toda la actividad y los controles que antes ejercía ANCAP.

Con respecto al contrabando, tema que hoy está en la palestra, queremos aportar la propuesta de que los envases de bebidas alcohólicas que se vendan en los "free shops" sean de un tamaño diferente al de los comercializados en el interior del país, como una medida práctica para impedirlo.

En otro orden de cosas, el régimen impositivo de las bebidas alcohólicas en el Uruguay es realmente llamativo. Las bebidas alcohólicas nacionales, y no sólo las de ANCAP, tienen una carga impositiva mayor que las importadas. En ese sentido, en la carpeta entregada a los señores Senadores presentamos distintas gráficas y escalas donde, increíblemente, se puede ver que una bebida de ANCAP tiene hasta un 60% de incidencia del IMESI, mientras en un whisky importado es del 25%. No pedimos un monopolio, sino que no exista discriminación; reitero que esto es para todas las bebidas nacionales y no sólo para ANCAP. Lo mismo ocurre con la producción de alcohol, dado que el que aún se produce en la planta de ANCAP de Paysandú tiene un impuesto de entre un 10% y un 11%; sin embargo, el alcohol importado que se produce en los países del MERCOSUR no paga ningún impuesto al ingresar al país. Tampoco aquí pretendemos un trato preferencial; por el contrario, queremos eliminar la discriminación que se verifica hoy contra la producción nacional y contra la de ANCAP.

En materia de iniciativas, también presentamos la situación de 41 funcionarios de "El Espinillar" –la planta de ANCAP que está cerrada- quienes, por realizar changas, no fueron reconocidos por ANCAP como funcionarios públicos y no pudieron acogerse a los beneficios de la ley para jubilarse como destituidos, presos, etcétera, por la dictadura. Cabe destacar que todos estos funcionarios tienen las correspondientes certificaciones de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior que justifican donde pasaron aquellos años. A ese respecto hay una propuesta de artículo para que este grupo sea considerado de la misma manera que los demás funcionarios públicos.

Entrando ya en materia presupuestal, sabemos que el tema de los becarios es muy amplio y tiene ramificaciones en toda la administración pública y otras empresas, por lo que queremos hablar, en particular, del caso de ANCAP. Desde el año 1996, dadas las características de las industrias de nuestra empresa –dato que adjuntamos en la carpeta mencionada- ha solicitado poder ingresar técnicos profesionales y obreros con capacidades especiales. Esto no fue posible; recién en 1998 ANCAP pudo permitir el ingreso a algunos becarios y pasantes, pero la mayoría ingresó en 1999. El número de becarios y pasantes que hay en ANCAP asciende solamente a 65 personas. Creemos que este Organismo ha sido muy prolijo en su administración al permitir el acceso sólo de gente imprescindible que hoy está ocupando vacantes. El acuerdo que se logró en la Cámara de Representantes puso como fecha máxima para que los becarios permanecieran trabajando hasta el 31 de diciembre de 1998, por lo cual el grueso de los funcionarios becarios de ANCAP quedarían irremisiblemente fuera el año que viene. Por lo tanto, pedimos una modificación de ese artículo a fin de aprovechar la experiencia de trabajo de esta gente, que ha sido bien evaluada por la Administración. De todas maneras, reivindicamos que siga existiendo el sistema de becarios y pasantes, el que entendemos muy interesante, tanto para la enseñanza en el país como para las empresas públicas.

Con respecto al artículo 162, que permite la libre importación del asfalto, se puede tener un enfoque puntual de lo que significa este producto y entrar en la discusión que ya se mantuvo en la Cámara de Representantes por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de los representantes de la Administración ANCAP. Allí, el Ministerio dijo que ANCAP no proporciona los asfaltos con las características necesarias y los administradores de ese Organismo afirmaron que siempre estuvieron dispuestos a brindar lo que el consumidor pedía.

También se puede enfocar el tema por lo que implica el asfalto para ANCAP, que factura aproximadamente U$S 20:000.000, es decir, un 2% de lo que es la facturación del Organismo, lo que parece muy poco.

Por otro lado, se puede enfocar el asunto desde los costos de ANCAP, que cuenta con una planta especializada en producción de asfalto. Cabe aclarar que para producir asfaltos hay que importar un crudo especial que es asfaltífero, o sea que no es un residuo inservible, sino que viene en este crudo especial y necesita un grupo de operarios capacitados que lo trabajen. Entonces, si se quita a ANCAP el monopolio de la importación y de la comercialización de la producción de los asfaltos básicos, en todo caso se podría decir que también habría que eximirlo de la obligación de mantener la seguridad del abastecimiento para el país. De lo contrario, ANCAP estaría incurriendo en costos sin poder asegurar la colocación.

Ninguno de estos enfoques es el nuestro. Recién en el día de ayer conocimos el Mensaje Complementario y lo empezamos a discutir; allí vimos la creación de las URSIP, Unidad Regulatoria de los Servicios de Interés Público, y a ello debemos sumar el proyecto de la segunda ley de urgencia, donde se plantea la desmonopolización del gas natural. En realidad, estamos sumamente preocupados, porque nos parece que debería darse una discusión sobre cuál es la función, cuál es el nuevo papel en los nuevos mercados más desregulados y más competitivos que existen, que queremos dar a ANCAP. No creemos que el tema del asfalto pueda analizarse en forma aislada porque hacerlo así, de hecho significa convalidar una estrategia que supondría ir desguasando a este Organismo, ir desmonopolizando hoy el asfalto, mañana el gas natural y luego se pedirá el gas licuado de petróleo, como lo hacen hoy los grandes consumidores de energía. Nos parece que lo que corresponde es dar una discusión global sobre la política energética en el nuevo papel de las empresas públicas, en las condiciones de mercado, del MERCOSUR, etcétera, que estamos viviendo, para ver cuál debe ser la función de ANCAP vinculada a la discusión del nuevo marco regulatorio, que es el que se plantea en el Mensaje Complementario.

Entonces, decimos a los señores Parlamentarios, según nuestra modesta opinión, que no nos parece adecuado tratar el nuevo marco regulatorio de los combustibles, las nuevas funciones y las competencias de la empresa estatal ANCAP, etcétera, en el marco de una discusión parlamentaria. Creemos que debería darse una discusión específica, otorgando mayor participación a los actores sociales que están involucrados en esto, que no son menos de diez mil familias uruguayas que están viviendo con el actual marco regulatorio.

SEÑOR RUBIO.- Me gustaría tener información acerca de los becarios y pasantes, antes y después de esta situación, en cuanto a cantidad e impacto.

Ahora bien; sabemos que se preveía un cronograma de rebaja de impuestos para colocar en condiciones de mayor competencia a ANCAP pero, por otro lado, hay avances en cuanto al tema de la desmonopolización. Quisiera saber cuál es el alcance de este punto, específicamente en relación con el gas.

Si no estoy mal informado, teníamos compromisos en relación con el gasoducto, pero ahora se incorpora, en el Mensaje Complementario, la posibilidad de importación para los grandes consumidores de gas y supongo que será a través del mismo mecanismo; no sé cómo se conjuga un aspecto con el otro. En otro orden, se plantea también, por lo menos públicamente, el asunto del gas licuado. Por lo tanto, quisiéramos un breve comentario que después podríamos ampliar en la Comisión especializada.

SEÑOR GOMEZ.- Voy a responder sobre los becarios y, más tarde, el señor Riet hablará sobre el otro tema.

Como él bien decía hoy, en realidad el grupo de becarios que existe en ANCAP es muy reducido, pero el tema es que los artículos referidos al tema de los becarios, tal cual están hoy en la Cámara de Representantes, dejan fuera a la inmensa mayoría de los funcionarios que hoy están prestando funciones en cargos presupuestales de ANCAP. Esa fue la vía que ANCAP encontró, debido a la prohibición presupuestal, para incorporar gente.

Este es solamente a modo de ejemplo para que se aprecie cuál es la situación. Nosotros tenemos becarios que son operarios de Refinería. ANCAP hizo un llamado que trajo como consecuencia que se anotara un grupo importante de gente. Hubo una selección a través de un concurso y posteriormente se realizó un curso intensivo de seis meses. Luego de ello quedaron los que efectivamente fueron los mejores. ANCAP hizo toda una inversión desde el punto de vista económico para cubrir vacantes de operadores de refinería, porque era la única posibilidad que existía para cubrir, reitero, vacantes ya existentes al 31 de diciembre de 1998. Por lo tanto, lo que solicitamos es que se busque una excepción para que aquellos becarios y pasantes que hoy día están ocupando cargos presupuestales, puedan seguir trabajando en áreas de ANCAP.

SEÑORA POU.- Quiere decir entonces que en ese artículo en el que tenemos fecha de diciembre, lo ideal sería que tuviéramos una fecha posterior o que no tuviéramos ninguna fecha.

SEÑOR GOMEZ.- Exacto.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas maneras, la Mesa advierte que hay una pregunta formulada por el señor Senador Rubio.

SEÑOR RIET.- A nuestro entender, lo que ocurre en el tema del gas natural es que el Poder Ejecutivo decide -como parte sustancial de una política energética- enriquecer la matriz energética con el gas natural, lo cual nos parece muy correcto y lo apoyamos totalmente. ANCAP hace posible instrumentar esa medida y es socio en un 20% en la construcción del gasoducto fundamental, que es el que se va a construir ahora de Buenos Aires a Montevideo. Para hacer viable ese gasoducto en su rentabilidad –condición que ponían las empresas privadas que son socias de ANCAP- ANCAP tuvo que comprar una capacidad de transporte, esto es, un espacio en el caño de 1:500.000 de metros cúbicos. UTE también hizo lo propio pero con 500.000 metros cúbicos. Esa capacidad de transporte está comprada y desde que el caño esté construido hay que pagarla, se transporte o no. En realidad, estamos comprando un espacio en un caño, un pedazo de caño vacío. Esto no quiere decir que vayan a comprar gas.

SEÑOR RUBIO.- Al leer los contratos, me quedó una duda al respecto. Debo entender, entonces, que se está pagando el peaje, tanto si se trae ese volumen físico de gas como si no se trae.

SEÑOR RIET.- No es un peaje; es la capacidad de transporte. En los contratos, según el precio de venta del gas para Montevideo, UTE, etcétera, que se ha acordado, ANCAP no gana nada con esa capacidad de transporte, sino que va a tener que venderla. La podrá vender directamente, pero los clientes naturales van a ser UTE y Gaseba. Ahora bien, en los contratos ya está fijado -por el precio de venta que se fijó para Montevideo- que ANCAP no gana absolutamente nada con esa capacidad de transporte, que va a vender al mismo precio de compra. ANCAP va a tener que invertir en su cuota correspondiente de 20% de dueño del gasoducto del sur y de 45% de Conecta -que es la distribución del gas en todo el interior del país- muchas decenas de millones de dólares para la extensión de los caños.

La ganancia de ANCAP estaba prevista. La recuperación de esas inversiones, con una rentabilidad muy baja -en términos capitalistas esto no era un buen negocio; ANCAP lo hace para posibilitar la introducción del gas natural- se manifiesta a través del derecho de importación. El gas natural es un hidrocarburo, un derivado del petróleo en forma gaseosa, y es este derecho de importación el que pierde a través de la Ley de Urgencia N° 2 en el caso de los grandes consumidores, que van a ser fundamentalmente UTE y Gaseba. Por lo tanto, este proyecto a nuestro entender ha dejado de ser rentable para ANCAP.

SEÑOR MUJICA.- Quisiera saber en cuanto tiempo estiman ustedes la formación de un operario corriente en la Refinería. Sabemos que por ejemplo en lo que tiene que ver con el portland lleva bastante tiempo y creo que aquí entra a jugar uno de los factores que frecuentemente no se mide. Supongo que hay un lento y largo aprendizaje que se hace en las propias instalaciones.

SEÑOR RIET.- Yo cumplo funciones en ANCAP como operador de refinería desde hace 25 años. El operador de refinería siempre entró a ANCAP por distintas vías, ya sea antes, durante o después de la dictadura. Hoy fue por los becarios a través de UTU. ANCAP le pidió que le mandara una lista y se presentaron muchos becarios, pero dentro de ANCAP siempre fue igual. Lo primero que se hace es un concurso, una prueba de capacidad, que incluye matemáticas, física, química, etcétera. Quiere decir que antes de que ANCAP le dé nada a uno, tiene que salvar una prueba. Después se dicta un curso de tres o cuatro meses de ocho horas, pago por ANCAP, muy intensivo y que incluye varias pruebas eliminatorias. Aquellos que lo aprueban –que han conformado un porcentaje muy bajo en los últimos años, nada más que un 20% ó un 30% de las personas- ingresan a trabajar en la Refinería. Nosotros empezamos a tener confianza en ese compañero que está trabajando por lo menos un año después de su ingreso a la Refinería.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión agradece a la Federación ANCAP su concurrencia a la sesión de hoy y la información que nos ha brindado.

(Se retira de Sala la delegación de la Agrupación ex Federación de ANCAP)

(Ingresa a Sala una delegación de jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, le da la bienvenida a la delegación de jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA CARRERA.- En primer lugar queremos agradecer a los señores Senadores por recibirnos en el día de hoy. Les contamos que venimos en representación de cuarenta y cinco jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable que depende del Ministerio de Educación y Cultura y representamos al 56% de los investigadores que allí trabajan.

Este grupo de jóvenes investigadores está constituido mayoritariamente por estudiantes avanzados, por egresados y posgraduados de las Facultades de Ciencias, Medicina y Química, con una edad promedio de 26 años.

¿Por qué nos parece importante la promoción de la investigación científica? Al respecto queremos leerles una pequeña reseña de lo que fue, en junio de 1999, la Conferencia Internacional sobre el Papel de la Ciencia para el Siglo XXI, organizada por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia. Reitero que vamos a hacerles una breve reseña sobre uno de los puntos que nos parece esencial tocar en este momento.

La ciencia en el tercer mundo: ¿un lujo o una necesidad? Un primer punto importante tiene que ver con la prioridad del apoyo al desarrollo científico en países en desarrollo. ¿Esto es un lujo o una necesidad? En ese sentido apareció y fue motivo de un muy fuerte énfasis que en el contexto actual de la llamada sociedad del conocimiento y de una globalización que no incluye solamente las economías, sino también los cambios físicos y biológicos, es imprescindible que cada país cuente con una estructura científico - tecnológica que asegure una capacidad endógena de creación de conocimientos y de formación de recursos humanos, al más alto nivel, en áreas prioritarias específicas. Este es un elemento clave para concebir un proceso de desarrollo duradero. El progreso de una sociedad no se basa sólo en el desarrollo de la ciencia y tecnología, pero no puede alcanzarse sin él.

Como podemos ver, en nuestros días, no se puede hablar de un desarrollo sustentable de un país sin inversión en ciencia y en tecnología. Queremos ver qué está ocurriendo al respecto en nuestro país. Como porcentajes del Producto Bruto Interno se presenta, en el cartel que estamos viendo, la inversión que en investigación y desarrollo realizan algunos países de la región y otros desarrollados.

En el caso de los países desarrollados invierten casi el 3% del Producto Bruto Interno, mientras que en los países de la región tenemos el caso de Chile que triplica lo que es la inversión de Uruguay en investigación más desarrollo. Nuestro país destina –de acuerdo a las versiones más optimistas- un 0.3% de su Producto Bruto Interno en lo que es investigación y desarrollo.

En esta reunión de la UNESCO se postuló como primera meta para los países en desarrollo, que estos debían alcanzar al menos el 1% de inversión. Vemos que el Uruguay está muy por debajo de este límite inferior. Si los señores Senadores me permiten, debo aclarar que en este porcentaje del 0.3% también están incluidos los créditos externos, los préstamos, por ejemplo, los que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo.

Cabe señalar que con este porcentaje de 0.3%, a nivel científico el Uruguay ha alcanzado un nivel muy importante en la región en cuanto a publicaciones. Esto se ha logrado sobre la base fundamental de un fuerte componente voluntario por parte de la comunidad científica del país, a efectos de llevar adelante y desarrollar lo que es un componente fundamental de la cultura del país, así como para la formación de los jóvenes investigadores que en este caso están representados hoy aquí por nosotros.

A propósito de esto podemos citar un ejemplo. En Estados Unidos está comprobado que el factor más importante y reconocido de crecimiento del PBI en ese país, está dado por la inversión en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Incluso, en el mes de febrero de este año, en una de las reuniones más importantes de lo que es la ciencia en Estados Unidos, la Secretaria de Estado Madeleine Albright no sólo da por descontado lo que es el rol de la ciencia en un país, sino que compromete a los científicos más destacados de la nación a formar parte de las comisiones que a nivel diplomático tiene el país.

En consecuencia, vemos que la importancia de la ciencia no está dada solamente por lo que es el desarrollo intrínseco del país sino también para la conversación y el relacionamiento con el resto de los países del mundo.

Otro aspecto que debemos aclarar es que el 0.3% del Producto Bruto Interno que el Uruguay invierte en investigación y que representa aproximadamente cincuenta millones, ha permitido llegar a los científicos de este país a un nivel excelente de acuerdo a sus posibilidades. Es más, en un informe sobre la ciencia en América Latina –incluso tenemos copia de esto para distribuir entre los interesados- publicado en la revista Nature, que es una de las más prestigiosas a nivel científico, se establece que el Uruguay, teniendo en cuenta la inversión que hace en investigación científica –los señores Senadores pueden hacer cálculos sencillos- es el que tiene la mayor eficiencia por publicación. Quiere decir que con los cincuenta millones que vuelca en inversión, Uruguay cuenta con doscientas cuarenta y cinco publicaciones por año indexadas en revistas arbitradas. Asimismo, si se realiza un cálculo de la inversión de Uruguay, se tiene en cuenta sus publicaciones y se compara con la inversión que figura en los cuadros que hemos mostrados, vemos que nuestro país es el que tiene mayor eficiencia y el que cuesta menos por trabajo científico a realizar.

SEÑOR PLATERO.- Seguidamente veamos lo que sucede actualmente en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

Dicho Instituto tiene en la actualidad 32 cargos, los que se dividen en 7 investigadores jefes, 11 investigadores asistentes, 11 investigadores ayudantes y 5 cargos de técnicos. Reitero que se trata de 32 cargos financiados por el Ministerio de Educación y Cultura, y existen alrededor de 100 investigadores que trabajan en el Instituto.

Actualmente somos cuarenta y seis jóvenes trabajando, de los cuales solamente uno ocupa un cargo técnico y, de acuerdo al presupuesto que contamos para el año 2001, se podrían financiar cinco becas para estos jóvenes, lo que representa $ 1.157 por mes.

Si analizamos el ingreso de todos estos jóvenes, vemos que más de la mitad trabajan como honorarios y sólo un 2% de ellos perciben una beca que es de carácter concursable en la actualidad y su duración se limita a dos o tres años, siendo financiada por el Ministerio de Educación y Cultura. Quiere decir que más de la mitad no cobra nada y el resto cobran salarios por contratos parciales en marcos de proyectos que pueden ser de la Universidad, si son unidades asociadas, o internacionales, de la Comunidad Económica Europea.

Si analizamos el cartel anterior vemos que mostraba lo que sucede en cualquier centro de investigación donde existe una pirámide. Los investigadores jefes son los grados 5 y es el máximo escalafón al que se puede aspirar. Luego vienen los investigadores asistentes que serían grado 4 –si los comparamos con la Universidad- y los investigadores ayudantes que serían grado 3. En esta pirámide que estamos viendo falta la base que estaría constituida actualmente por los jóvenes que allí trabajan, pero que no tienen ningún cargo y por lo tanto tampoco pueden acceder a cargos superiores, o sea que falta toda la base de la pirámide.

Este panorama refleja lo que sucedió desde el año 1995 a la fecha. En el Clemente Estable estuvieron trabajando 42 jóvenes, que ya no están más porque la mayoría emigraron hacia el exterior. Algunos fueron a otras universidades a cursar posgrados que son muy necesarios para engrosar el poderío científico de nuestro país, pero gran cantidad de ellos fueron buscando otras oportunidades, y si bien tenían perspectivas de volver, los números nos indican que se quedan. Esto se debe, por un lado, a la falta de perspectivas, sobre todo en el Clemente Estable, de conseguir un cargo, pero además por las fuertes políticas que están teniendo los países desarrollados en el sentido de destinar el 3% del PBI a la captura de personas con un alto nivel educativo. No olvidemos que en su mayoría, los jóvenes que han pasado por el Clemente Estable, tienen veinte años de educación, es decir, seis años de Educación Primaria, otros seis de Educación Secundaria, luego seis de Facultad y algún año de posgrado. Después de esos veinte años en los que el Estado ha invertido en la formación de estos jóvenes, son captados por otros países. Por ejemplo, tanto los Estados Unidos como Australia incluyen en sus constituciones mecanismos para atraer jóvenes, porque les falta capital humano para poder trabajar.

Como ya hemos dicho, con el Presupuesto actual estamos teniendo dinero para cubrir solamente cinco becas de $ 1.157, y en la propuesta que el Consejo Directivo del Clemente Estable elevó para el Presupuesto, se incluye la recuperación de treinta y dos cargos que se perdieron desde 1995 al 2000. Diecisiete de ellos se perdieron por la reforma del Estado –CEPRE- a través de la cual muchos investigadores, amparándose en el incentivo que dio el Estado, dejaron sus cargos. Sin embargo, dichos cargos no pueden ser eliminados, como sucede con los pertenecientes al Ministerio de Salud Pública. Estos treinta y dos cargos que se intenta recuperar están comprendidos por diecisiete para investigadores y quince becas para estudiantes, con un apoyo de $ 2.000 por mes por estudiante. Se trata de becas Grado I que se equiparan con veinte horas de universidad. Esto correspondería a una inversión de $ 360.000 al año para jóvenes investigadores.

A su vez, como entendemos las limitaciones presupuestales que tiene el Estado, se buscaron mecanismos para permitir que el Clemente Estable consiga dinero para administrar y de esa forma pagar a la cantidad de investigadores que allí trabajan sin cargo. Para ello se propone incluir al Clemente Estable en la ley de donaciones, extendida a la Universidad de la República, a través de la cual se le permite recibir dineros de empresas o personas que estén interesadas en realizar aportes a la ciencia. Por otro lado, aprovechando el enorme potencial que existe en las instalaciones del Instituto, permitirle vender servicios -ya sea al Estado o a empresas públicas o privadas- cuyos fondos fueran directamente administrados y utilizados en el funcionamiento del propio Instituto de la forma que mejor le parezca. Una de las posibilidades podría ser la de pagarle a personas que trabajen en esos proyectos.

Hemos tenido varias reuniones con los señores Senadores y observamos que la Cámara de Representantes incluyó los artículos 234 y 235 que podrían ser beneficiosos para nosotros, porque en ellos existía el monto de $ 359.000 por año para pagar becas, y la ley de proventos para poder vender servicios. Lamentablemente, en el Mensaje Complementario el Poder Ejecutivo no recomienda estos dos artículos.

Hemos hablado con varios señores Legisladores de ambas Cámaras y todos nos manifestaron su buena voluntad de incluir estos mecanismos para detener la fuga de cerebros. En ese sentido, los veinte años de educación invertidos por el Estado difícilmente se recuperarán si no se toman medidas para mantener estos jóvenes. En lo personal, considero que la creación de quince becas no es un mecanismo demasiado efectivo para lograrlo, pero si actualmente cinco becas de $ 1.157 sirven para mantener a cuarenta y cinco personas trabajando con algún tipo de expectativa, esto se podría multiplicar muchísimo si se lograran estas quince becas de $ 2.000. Si bien no es una solución a largo plazo, son una muestra de que hay interés de que esto siga funcionando.

Como en el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo no queda del todo claro el motivo de por qué se eliminaron estos dos artículos, preguntamos a los señores Legisladores si es porque están mal redactados, si no son lo suficientemente claros y se necesita mayor información.

En ese sentido, no creo que se pueda considerar como un gasto un artículo que insuma menos de U$S 30.000 al año. Además, como ya hemos visto, el dinero que se utilice para este fin es una inversión en investigación.

SEÑOR MICHELINI.- Conocemos bien el tema del Instituto Clemente Estable y no es que el Poder Ejecutivo quiera sacar esos dos artículos, sino que los considera inconvenientes. Pero ahora es el Parlamento quien tiene la palabra.

Me llegó algún comentario acerca de los artículos 234 y 235 en el sentido de que podrían tener problemas de redacción. Entonces, aquellos que estamos de acuerdo con ellos, no quisiéramos que luego de aprobados hubiera alguna mala interpretación o algún objetivo no alcanzado, porque la redacción proveniente de la Cámara de Representantes no fue la más correcta. Entonces les pido a nuestros visitantes que los analicen y nos alcancen la redacción correcta, si creen que ella necesita modificaciones. En su defecto, votaríamos estas disposiciones tal cual están.

SEÑORA POU.- Quiero agradecer a los jóvenes del Clemente Estable la magnífica exposición que han realizado, en especial la de la señora Carrera, que sé que representa el pensamiento y el sentir de todos.

Al igual que otros señores Senadores, nosotros conocemos y valoramos de cerca la situación. Quizás por modestia les faltó decir que por cada peso -o cada dólar, porque vivimos en un mundo globalizado- que se invierte en investigación en cualquier parte del mundo, es mucho lo que vuelve al país, ya que estamos tan preocupados por el hecho de que vuelvan inversiones.

Diría que lo más importante aquí es hablar con la verdad. Debemos señalar que recién ayer al mediodía los Senadores conocimos el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo. Uno de los párrafos que aquí figura dice que "el Poder Ejecutivo no comparte determinadas normas aprobadas en el Proyecto de ley de Presupuesto por la Cámara de Representantes, la mayoría de ellas, por no cumplir con el indispensable requisito de contar con la iniciativa que dispone el artículo 86 de la Constitución de la República, y otras, porque crean ‘precios’, orientación no compartida por el Poder Ejecutivo, por no haberse seguido el procedimiento dispuesto por el artículo 702 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, que establecía, a tales efectos, la debida coordinación a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto", y cuando enumera los artículos, vemos que entre ellos figuran el 234 y el 235.

Diría que, teniendo en cuenta el bajo pero calificado quórum presente en esta Subcomisión, podríamos averiguar si el tema es simplemente de coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Más allá de que pueda haber algún corrimiento de comas, creo que queda claro que lo que precisa el Instituto Clemente Estable son cuatro cosas: la recuperación de los 32 cargos; la recuperación de los montos presupuestales del año 1995; la posibilidad de recibir donaciones; y la utilización de los proventos. Realmente, estas metas parecen bastante modestas para un objetivo tan importante para el país.

SEÑOR RUBIO.- Comparto totalmente las manifestaciones de los señores Senadores Michelini y Pou, y desde ya adelanto que vamos a trabajar en este tema. Quiero felicitar a estos jóvenes pues, tanto en la Comisión de Ciencia y Tecnología como en otras intervenciones, con persistencia están defendiendo la investigación científica en el Uruguay.

SEÑOR PLATERO.- Para finalizar, simplemente hacerles llegar una invitación. Uno de los cometidos por los cuales el Instituto fue fundado, es la difusión y la enseñanza de las ciencias biológicas. Si bien el Clemente Estable se encuentra ubicado en Avenida Italia y mucha gente pasa por su puerta, la gran mayoría no tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo adentro.

Para el próximo jueves 23 estamos organizando la primera jornada de puertas abiertas, que tendrá distintas actividades tendientes a publicitar y a divulgar la investigación que allí se desarrolla. En tal sentido, dejamos una invitación para cada uno de los señores Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa, interpretando el sentir de los señores Senadores miembros de la Subcomisión, quiere manifestar su felicitación para con estos jóvenes. Como profesor universitario siento una gran alegría y una gran emoción al ver jóvenes tan inteligentes y capaces que nos vienen a traer ideas para que este país se desarrolle y para que apostemos a la investigación científica.

Una vez más agradecemos su presencia en el día de hoy y les reiteramos el enorme placer de haber compartido un rato tan placentero.

(Se retira de Sala la delegación de jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, doy la bienvenida a la delegación que nos visita y la dejo en el uso de la palabra.

SEÑORA CACCIAVILLANI.- Muchas gracias por la bienvenida.

En primer lugar, deseo señalar que el nuevo Ministerio de Deporte y Juventud ha realizado una serie de propuestas presupuestales, algunas de las cuales queremos reafirmar en esta sesión.

En particular, me voy a referir al artículo que fue votado en el Cámara de Representantes con el número 322 y que figura en la segunda foja vuelta del repartido que les hemos entregado. Esta disposición recoge una reivindicación muy importante de nuestra agremiación, que es la estabilidad laboral de los funcionarios que al día de hoy se encuentran trabajando en el Ministerio. Nuestra intención es que a través de este escrito conozcan las diferentes situaciones que existen a este respecto. En nuestro Ministerio hay personas presupuestadas, contratadas, funcionarios en régimen de "cachet" -sobre todo docentes, aunque algunos no docentes- y en régimen de guardias médicas. Como es sabido, a fin de año el régimen de "cachet" va a pasar a ser solamente prerrogativa del Ministerio de Educación y Cultura, y por este motivo, el nuevo Ministerio se quedará sin la posibilidad de seguir financiando a estos funcionarios de la misma manera. En cuanto a este régimen de "cachet", debo aclarar que el personal docente de los institutos de Educación Física está en este régimen, por lo que la supresión de los "cachet" va a causar una situación de gran perjuicio si no se prevé una solución a priori.

Con respecto al personal que está en régimen de guardias médicas, éste atiende esencialmente la ficha médica y el laboratorio de control de dopaje -que en este momento se considera el tercero de América Latina- así como el test de entrenamiento para deportistas de alto nivel.

También tenemos becarios con un régimen ampliamente conocido. No son personas ingresadas recientemente, sino que trabajan allí desde hace mucho tiempo y al día de hoy tienen la responsabilidad de gran parte del sistema financiero contable de la institución.

Por último, existen funcionarios que no están insertos en ningún régimen, o sea que están en una situación casi ilegal. Para ilustrar estos casos voy a citar un ejemplo. Hay una funcionaria que hace 17 años que está trabajando para la institución. Es cocinera de un campamento, y como habitualmente las escuelas pagan los servicios de esos funcionarios, nunca se vio la necesidad de presupuestarla o de regularizar su situación. Así como ella, tenemos gente que tiene gran antigüedad y está en esta situación.

Otro tema que para nosotros también es fundamental es el de los salarios no docentes. Los salarios docentes de la Comisión Nacional están equiparados con los de la ANEP y, por este medio, van a tener una recuperación. Pero queremos que se sepa que el nuevo Ministerio se recibe con los salarios más bajos de toda la Administración Central, incluso menores que los del Ministerio de Salud Pública. Simplemente vamos a dar un dato: el funcionario no docente que tiene el mayor salario de toda la Ex Comisión Nacional de Educación Física, actual Ministerio de Deporte y Juventud, tiene un salario nominal de $ 7.600, más una canasta de $ 900. Lo único que no estamos teniendo en cuenta es la antigüedad y el hogar constituido. Este es el salario mayor, el de la Directora de División de toda la parte médica. Con esos salarios el Ministro va a tener que administrarse; es una situación muy especial. En la última Ley de Presupuesto el artículo 337 preveía una modificación en ese sentido, pero dos minutos antes de la resolución final, la Comisión Nacional fue excluida de ese artículo, aprobándose un artículo 336 que significó un aumento, al día de hoy, de un poco más de $ 400. Nosotros reivindicamos la posibilidad de que, aunque sea, se nos aplique el artículo 337 que se aprobó hace cinco años. Es una forma de darle un poco de aire a esta nueva gestión y, además, implicaría un total de muy poco dinero, ya que serían $ 9:180.800 por año. Nosotros hicimos una propuesta en ese sentido, que los señores Senadores podrán leer en el punto dos.

En cuanto a la carrera funcional, no estamos de acuerdo con el artículo 294 remitido por el Poder Ejecutivo, que plantea la posibilidad de que los tres funcionarios de mayor nivel en la carrera puedan ser elegidos indistintamente para ocupar cargos de responsabilidad mayor. Eso está planteado en el punto número tres, "Carrera Funcional".

También hacemos mucho hincapié en el punto número cuatro, que se refiere a darle a este nuevo Ministerio la posibilidad, aunque sea en esta primera gestión, de hacer transposiciones de rubros. Pedimos esto porque es un Ministerio que no tiene tradición como institución organizada y que necesita una base organizativa mínima o cierta flexibilidad primaria.

En el punto número cinco queremos hacer notar que, al día de hoy, los centros de formación de profesores de educación física no pueden ser declarados de nivel terciario por pertenecer a un Ministerio, pero sí está declarado de nivel terciario un centro privado, lo que genera graves problemas para los que están formados en la Administración.

SEÑOR MICHELINI.- No entendí bien: ¿existe un instituto de formación de profesores que tiene carácter terciario y que compiten con los que forma el Estado?

SEÑORA CACCIAVILLANI.- Es así; hace unos meses se aprobó como tal, con los mecanismos previstos legalmente, un Instituto de la Asociación Cristiana de Jóvenes.

SEÑOR RUBIO.- Por la intervención que se hacía, entendí que hay una cantidad muy importante de personas que están en situación de becarios, en régimen de "cachet" o en otras situaciones precarias, y una de las cosas más importantes que ustedes plantean es que se mantenga el artículo 322 tal cual fue aprobado en la Cámara de Representantes. Lo que no sé es si figura entre aquellos sobre los que expresa opinión el Poder Ejecutivo.

SEÑORA POU.- Sí figura, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Solicito a la señora Senadora que nos explique lo que expresa el Poder Ejecutivo.

SEÑORA POU.- Al igual que con otras delegaciones, tenemos que decir que en el último párrafo del Mensaje Complementario se dice: "el Poder Ejecutivo no comparte determinadas normas aprobadas en el Proyecto de Ley de Presupuesto por la Cámara de Representantes, la mayoría de ellas, por no cumplir con el indispensable requisito de contar la iniciativa que dispone el artículo 86 de la Constitución de la República, y otras, porque crean ‘precios’, orientación no compartida por el Poder Ejecutivo, por no haberse seguido el procedimiento dispuesto por el artículo 702 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, que establecía, a tales efectos, la debida coordinación" –palabra mágica- "a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto". Entre los artículos que menciona, en el último lugar está el 322.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la información brindada por la delegación de funcionarios del Ministerio de Deporte y Juventud.

(Se retira de Sala la delegación de funcionarios del Ministerio de Deporte y Juventud)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Cámara de Senadores da la bienvenida a los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional, a quienes les ofrecemos la palabra.

SEÑOR BAZZANO.- Agradecemos a los señores Senadores el habernos recibido para escuchar nuestro planteo.

Brevemente, queremos trasladar a los señores Senadores una vieja aspiración de los funcionarios de la Institución, que tiene como objetivo regularizar las retribuciones que hoy percibimos los trabajadores de la Biblioteca Nacional por concepto del Fondo de Promoción y Desarrollo. Nosotros queremos hacer una precisión: nuestro reclamo no es de orden salarial; no estamos buscando con esto un aumento de sueldo, sino regularizar una partida que ya estamos cobrando. Nuestras reivindicaciones salariales las hemos canalizado a través de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, a la que pertenecemos. Ellas se sintetizan en la tabla de sueldos que COFE ha planteado, que sé que los señores Senadores conocen porque hemos estado acá integrando la delegación.

El Fondo de Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional existe desde la Ley Nº 16.170. Fue creado en la Ley de Presupuesto del año 1990 y, hoy por hoy, para los trabajadores de la Biblioteca representa la mayor parte de sus retribuciones. Más del 50% de lo que percibimos lo cobramos por ese concepto.

Nosotros estamos planteando la necesidad de incorporar esa partida al sueldo, como compensación a la persona. ¿Por qué? En primer lugar, porque por lo que cobramos por el Fondo no se hacen los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social, ni los que deberían hacer los trabajadores ni los aportes patronales que el Estado debería verter. Eso significa un grave perjuicio para los funcionarios, ya que llegado el momento de retirarse, el monto jubilatorio se calcula pura y exclusivamente sobre lo que es el sueldo, sin tener en cuenta el Fondo de Promoción y Desarrollo que, tal como lo señalé, constituye más del 50% de nuestras retribuciones. En segundo lugar, creemos que el Estado está cometiendo una grave irregularidad en tanto se otorga una retribución personal sin efectuar los aportes correspondientes. En tercer término, planteamos la necesidad de incorporar al sueldo esta partida porque actualmente cobramos un monto variable. Todos los meses percibimos un monto diferente en una fecha distinta y, por lo tanto, estamos permanentemente pendientes de lo que recauda, fundamentalmente, la Dirección de Loterías y Quinielas, a los efectos de saber cuánto cobraremos.

Quiere decir que constantemente estamos especulando acerca de si el cinco de oro se acumula o se inventa algún nuevo juego como la quiniela instantánea. Pensamos que lo lógico sería que cobráramos un sueldo por el trabajo que desempeñamos en la Biblioteca.

Somos conscientes y saludamos el hecho de que en este Presupuesto el Poder Ejecutivo haya tenido cierta consideración con la Biblioteca, en tanto se plantean partidas presupuestales que permitirán introducir algunas mejoras para todos nosotros que, fundamentalmente, buscan la modernización de la Biblioteca, a través de la automatización y la corrección de algunos problemas edilicios que tenemos. Sin embargo, entendemos que, de alguna manera, eso debería complementarse atendiendo la situación de los 135 trabajadores que hoy por hoy cumplimos tareas en la Biblioteca.

Como ya lo manifestamos, esto no significa un aumento de salario. Sugerimos un aditivo a los señores Senadores -que figura en la última página del memorándum que les repartimos- proponiendo una cifra que alcanza a los $ 10:334.000 anuales, de los cuales un 80% se destinará a los funcionarios, y el 20% restante, a gastos de funcionamiento e inversión. Así es como se distribuye el Fondo actualmente. Esta cantidad no es casual ni descabellada, sino que tiene directa relación con lo que el Poder Ejecutivo entiende que deberíamos cobrar por concepto del Fondo. Además, esta es la cifra que se menciona en el Anexo IV del Mensaje original que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento como crédito presupuestal con cargo a Fondos con afectación o Fondos de Libre Disponibilidad. En consecuencia, este es el monto que plantea el Poder Ejecutivo. Nosotros sugerimos que esta cifra se incorpore al Presupuesto, discriminándose en un 80% como compensación a la persona, para los funcionarios, y un 20% para gastos de funcionamiento de la Biblioteca. El Estado debería hacerse cargo del refuerzo correspondiente al Rubro 1, que son las cargas sociales que esta presupuestación exigiría.

En resumen, este es nuestro planteo. Como los señores Senadores podrán apreciar, no pretendemos una mejora salarial. La cifra planteada significaría seguir cobrando aproximadamente lo mismo o tal vez un poco menos, ya que el hecho de salarizar el Fondo apareja algunos perjuicios para nosotros. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los funcionarios estamos pagando un 1% por concepto de Impuesto a las Retribuciones Personales y, en caso de incorporar este Fondo al sueldo, pasaríamos a pagar el 6% sobre el total, es decir, no solamente sobre lo que se incorpora, sino también sobre los $ 2.500 o $ 3.000 que estamos cobrando en la actualidad como salario. Asimismo, significaría una rebaja en la Asignación Familiar para aquellos funcionarios que tenemos hijos menores de 18 años, e implicaría la pérdida del pequeño subsidio que recibimos por concepto de cuota mutual, que en algunos casos es de $156 y, en otros, de $ 209. Excediendo los cinco salarios mínimos nacionales no tenemos derecho a cobrar nada por ese concepto. Por lo tanto, en cuanto al cobro líquido de las retribuciones personales, de alguna manera estamos sufriendo perjuicios. Sin embargo, si lo ponemos en la balanza, pensamos que esta podría ser una solución para los funcionarios, en tanto busca corregir el problema que tienen aquellos que están cerca de la edad de retiro.

Este es nuestro planteo y estamos dispuestos a contestar las preguntas que formulen los señores Senadores.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que el planteo ha sido claro y muy minucioso. Sin embargo, hay algo que no queda claro en el aditivo que presentan. Se establece una partida, de la cual el 80% se destinará a los salarios y el 20% a funcionamiento e inversiones de la Institución. Teniendo en cuenta que una parte se distribuye para salarios –si bien se hizo una acotación a este respecto, no se desprende del texto- naturalmente, los descuentos se harían a partir de esta cifra y no fuera de ella. Si se quisiera hacer fuera de ella, habría que establecerlo a texto expreso o la partida debería ser más grande, independientemente de que esa sea la voluntad de los señores Senadores o no.

De aprobarse tal como han venido a pedirlo, se establecerá la partida y el 20% se destinará a funcionamiento e inversiones y el 80% a salarios, pero más allá del Impuesto a las Retribuciones Personales, habrá que hacer los descuentos correspondientes a Montepío y aportes salariales.

SEÑOR RUBIO.- Personalmente, he interpretado esto de otra manera. En realidad, el 80% de la partida se destina al Rubro 0. Al adjudicar una parte a los salarios, el Poder Ejecutivo tendrá que financiar el Rubro 1. Me da la impresión de que la cantidad de la que deberá hacerse cargo el Gobierno, desde el punto de vista presupuestal, es muy pequeña, porque el Montepío lo aportan los trabajadores sobre lo que se convierte en salario y, al mismo tiempo, pasan a contribuir más por concepto de Impuesto a las Retribuciones Personales y demás, por lo que la diferencia con el aporte patronal, aunque no está estimada, me parece que será muy poca.

SEÑOR BAZZANO.- Efectivamente, como menciona el señor Senador Michelini, estamos planteando la incorporación al Rubro 0. Eso implica que, después de ser distribuido el dinero entre los funcionarios, estos absorberían el Montepío, o sea, el 15% que se pagaría al Banco de Previsión Social. Quiere decir que nosotros nos haríamos cargo de esto y el monto saldría de esa partida. Lo que no estamos planteando es el refuerzo del Rubro 1 para las cargas sociales que el Estado tiene que asumir; por eso pusimos sólo Rubro 0. Tenemos entendido que, si se establece esto para el Rubro 0, el refuerzo del Rubro 1 es automático, pero no sé hasta qué punto eso es así. De alguna manera, estamos asumiendo que de esta partida también salga nuestro aporte y por eso decíamos que, desde el punto de vista de lo que son las retribuciones líquidas, estaríamos cobrando un poco menos de lo que percibimos en la actualidad.

La otra cosa que queríamos plantear y que figura en el memorándum es que, por la vía de los hechos, esto implicaría la derogación de dos artículos que hoy nutren el Fondo de Promoción.

Me refiero a los artículos 337 de la Ley Nº 16.170 y el 89 de la Ley Nº 16.462 que nos dan un porcentaje sobre los impuestos que percibe el Estado por concepto de juegos de azar, en la órbita de la Dirección General de Loterías y Quinielas. O sea, que en el futuro estaríamos renunciando a todos los proventos que por esa vía pudieran ingresar al Fondo.

SEÑORA POU.- Está claro que los funcionarios que nos visitan están optando por la estabilidad, sobre todo, previendo qué puede pasar de futuro cuando terminen con sus respectivas funciones. Si entendí bien, el cálculo de lo que se tendría que aportar por la seguridad social, es lo que no está computado en esa cantidad y sería lo único que habría como gasto extra para el Rubro 1.

SEÑOR BAZZANO.- El 80% de estos $ 10:334.000 son $ 8:267.000 y sobre eso habría que calcular el aporte patronal que es de un 20% o un 20,5%.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar en claro que al principio tenía una confusión y pensaba que querían que todos los aportes, tanto patronales como personales, estuvieran fuera de la partida. Al confirmar que los aportes personales están dentro de la partida y que el Estado se tendría que hacer cargo de los aportes patronales, si bien podría haber una diferencia económica, no existiría una de caja o financiera porque somos conscientes de que las transferencias al Banco de Previsión Social que hace el Estado son muy grandes. .Por lo tanto, habría que cambiar de columna las cifras que se acaban de dar, pasando de la columna de transferencias a la de recursos genuinos. Más allá de que notoriamente para cualquier contador sería un aumento económico, hoy no implicaría un aumento de caja, desembolso, desfinanciamiento para el Estado o un incremento de su déficit.

SEÑORA POU.- Estas partidas que se destinan a Rentas Generales, están alrededor de qué monto .

SEÑOR BOZZANO.- Como dije, estas cifras son variables. Nosotros tomamos como referencia la cifra que el Poder Ejecutivo estimó que es de $ 10:334.000. Esa cantidad figura en el Anexo IV que envió el Poder Ejecutivo en su Mensaje al Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión agradece la comparecencia de los funcionarios de la Biblioteca Nacional y la información brindada.

(Se retira de Sala la delegación de funcionarios de la Biblioteca Nacional)

(Ingresa a Sala la Asociación de Funcionarios Administrativos, Semitécnicos y de Servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, da la bienvenida a la Asociación de Funcionarios Administrativos, Semitécnicos y de Servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑORA CERVERA.- Vamos a partir de la base, aunque quizás sea un error, de que no han tenido tiempo de ver el material que entregamos. Por ese motivo, tal vez nuestra exposición sea más extensa.

Nos trae a esta Comisión dos propuestas que hizo nuestra Asociación que refieren básicamente a la reimplantación del régimen de intervención de documentos comerciales y a un régimen de permanencia a la orden para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La reimplantación del régimen de intervención de las facturas comerciales se procura para que la propuesta del régimen de permanencia a la orden no tenga un costo para Rentas Generales. En el material que entregamos hay un análisis jurídico en lo que tiene que ver con el arancel consular. A su vez, hay unos cuadros donde se calculan los ingresos que se percibirían por la reimplantación de ese sistema vigente hasta 1990 y una explicación de los mismos. De acuerdo con esa información, el artículo que nosotros estamos proponiendo, significaría aproximadamente un ingreso de U$S 50:000.000 anuales, de los cuales la Asociación de Funcionarios solicitaría un 10% para financiar ese régimen de permanencia a la orden. De ese modo no se afectaría Rentas Generales sino que, por el contrario, se liberarían recursos adicionales que el Parlamento vería cuál es el destino más apropiado. Si bien en los hechos el régimen de permanencia a la orden produce un incremento salarial, queremos destacar que lo proponemos como consecuencia del incremento en las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores que, incluso, pasa por una propuesta de incorporación de técnicos de comercio exterior porque al no haber ingreso de funcionarios públicos, el plantel administrativo ha ido disminuyendo a través de los años. No tenemos rubros para pagar horas extras y, por tanto, al haber más trabajo y contar con el mismo número de personas, va a hacer que cada funcionario trabaje más horas. Además pretendemos que esa retribución venga por un régimen de permanencia a la orden.

Cuando hablamos de la reimplantación de la intervención en las facturas comerciales, entendemos importante destacar que el sistema estaba vigente hasta 1990, pero luego se suprimió. Adjuntamos los artículos por los que se suprimió y algunos antecedentes legales. La única argumentación que encontramos para la supresión de esa intervención fue la desburocratización. Por tanto, tuvimos que partir exclusivamente de esa base y pedimos un análisis más profundo del tema, no sólo por la cantidad de dinero que se podría recaudar, sino por lo que significa el régimen en sí. La intervención consular en un documento comercial, entre otras cosas, estaría respaldando al importador porque es lo que le otorga un valor legal al documento. Por otro lado, en este momento en que el país está enfrentando el tema del contrabando, no deja de ser un control en origen y el cónsul tiene la facultad de verificar la documentación. Actualmente, dicha documentación se presenta ante el Banco de la República, se hace una declaración jurada por el valor de la mercadería y se tributa por ese lado. En términos generales, esto es lo que venimos a proponer.

SEÑOR MUJICA.- Pediría una aclaración. Este arancel consular sigue vigente o, por lo menos, lo está aplicando el conjunto de países que integra el MERCOSUR para con el Uruguay y voy a ser más claro, para que quede nítido. Si un exportador uruguayo quiere exportar a Brasil, Argentina o Chile tiene que pagar algo que creo que se cotiza en dólares consulares y es algo así como U$S 14 cada uno. Se ha dicho por ahí que esto no está vigente intra MERCOSUR y que la aplicación eventual sería extra zona porque intra zona no se aplica. Considero que es fundamental aclarar esto.

SEÑORA CERVERA.- Contestando la pregunta formulada por el señor Senador, debemos decir que estuvimos procurando, vía Internet, revisar las legislaciones de los demás países, y no sólo de los que integran el MERCOSUR. En el caso concreto de Argentina, pudimos bajar lo que es el arancel consular –lo comento por si alguno de los señores Legisladores accede a él- desde la página de la Embajada Argentina en Tokio, donde aparece, efectivamente, dicho arancel. Es así que Argentina lo tiene, al igual que Paraguay, Bolivia, Chile, Costa Rica y México. No pudimos acceder a la información de Brasil, por lo que no podemos afirmar ni una cosa ni la otra; si lo están exigiendo, no lo podemos decir. Sin embargo, sí está en su legislación y, por lo tanto, sería aplicable, sin ninguna duda, porque tuvimos acceso a ese material. De todas formas, ante la eventualidad de que pudiera surgir algún inconveniente en cuanto a su aplicación en el área del MERCOSUR, en base a los volúmenes importados y a los permisos de importación por áreas, los cálculos indican que la no aplicación en el MERCOSUR determinaría que la cifra de 50:000.000 bajara a 30:000.000.

El material que les dejamos incluye un cuadro con la información de los permisos de importación emitido por Aduana. Destacamos que se trata de permisos emitidos, independientemente del volumen en cantidad o en dólares que signifique cada permiso; el sistema de la intervención consular hace referencia al trámite de la importación, donde básicamente juegan –según el medio por el cual se transporte la mercadería- tres documentos: factura comercial, manifiesto de carga y conocimiento de embarque, lo que podría variar según si el transporte fuera aéreo o terrestre. La intervención consular en cada uno de esos documentos es de U$S 14, porque el arancel fija 3 pesos consulares, y cada peso consular vale U$S 14. Sobre la base de U$S 42 por documento, estamos hablando de U$S 126.

Pero hay otro aspecto importante a destacar. Cuando se suprime ese sistema de intervención, entre los documentos que dejan de intervenirse, están los certificados fitosanitarios. Esto quiere decir que un certificado fitosanitario llega y se da por bueno sin que nuestro cónsul en el exterior haya verificado que las firmas correspondan a una autoridad competente para expedirlo. Destacamos esto porque sabemos que tiene relación con una problemática que en este momento nuestro país está abordando.

SEÑOR RUBIO.- He estado muy interesado en este sistema y debo decir que, hasta ahora, mi impresión ha sido que esto tenía un alcance general, o sea que se aplicaba también –o, por lo menos, la legislación estaba vigente- en el caso del MERCOSUR. Pero, incluso, si no se aplicara, igualmente los volúmenes de que estamos hablando son muy importantes. Estos aspectos ya se han aclarado, y quisiera saber simplemente si en el material se ha incluido algo en relación con los lugares en los cuales hay información sobre la aplicación del sistema, porque, honestamente, no he tenido tiempo de leerlo.

SEÑORA CERVERA.- En una de las hojas incluimos el material que teníamos hasta ese momento, en el que figuran Argentina, Paraguay, Nicaragua y Ecuador. Luego de elaborado este material, seguimos investigando y aparecieron Costa Rica y algunos otros lugares. Aclaramos que no estamos incluyendo allí los aranceles o la fotocopia del documento; simplemente, lo estamos afirmando, porque tuvimos acceso al documento por la vía de Internet.

SEÑORA POU.- Días pasados analizamos la reimplantación de esto y advertimos que ello sería, verdaderamente, mucho más provechoso de lo que habíamos pensado cuando estábamos buscando financiación para tantas cosas que el país necesita. En aquel momento, se planteaba la misma inquietud, en el sentido de que no se sabía lo que pasaba con Brasil; lo que sí sabemos es que el tema de los fitosanitarios sí pasa, lo que quiere decir que hay alguna referencia como para pensar que lo otro está vigente también.

SEÑOR ORTIZ.- Quisiera hacer una breve referencia, ya que aquí hubo una mención a la Aduana.

Por lo que hemos podido averiguar, muchas veces la Aduana, para actuar ante la Justicia, requiere de una información que precisamente se la puede dar el Cónsul. Es decir, en muchas oportunidades, la Aduana, por falta de información y de una coordinación interinstitucional, no actúa. Esto quiere decir que hay una información muy importante para el país que se está desaprovechando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agrademos la presencia en la tarde de hoy de la delegación de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios administrativos, Semitécnicos y de Servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores)

(Ingresa a Sala la delegación del Comité Nacional de Coordinación del Plan CAIF)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida en la tarde de hoy a los integrantes del Comité Nacional de Coordinación del Plan CAIF y les ofrecemos la palabra.

SEÑORA FAGUNDEZ.- Soy delegada nacional, por la zona del Sur, de las asociaciones civiles que están dentro del Plan CAIF. Me acompañan en este momento otros tres delegados; en total, somos cuatro delegados nacionales, elegidos entre los 208 centros que en este momento hay en el país. Cabe agregar que se eligen delegados por departamento entre las asociaciones civiles y se está en el cargo por dos años. Luego, en una asamblea integrada por todos los delegados departamentales más los integrantes del Comité Nacional del Plan CAIF, además del Ministerio de Salud Pública, INDA, Ministerio de Educación y Cultura, INAME e Intendencias Municipales –esto aparece mucho más claro en la carpeta que tienen los señores Legisladores- , se realizan las elecciones que, en lo que hace al último período, tuvieron lugar en el mes de agosto. Entre los 19 delegados departamentales, se eligieron los delegados nacionales. Es así que fuimos electos en el citado mes de este año y representamos a la sociedad civil organizada, integrando este Plan. Nos reunimos tres o cuatro veces al año para discutir el plan en sí mismo, sus objetivos generales, la metodología de trabajo, cuáles son las necesidades en función de lo que nos demandan por departamento y el crecimiento de la apertura de nuevos centros, así como el Presupuesto.

Hace aproximadamente un mes concurrimos a la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, oportunidad en la que formulamos un planteo que tenía que ver con nuestro objetivo de que en los próximos años aumentemos la atención a los niños y a la familia. Dentro del presupuesto que presentó el INAME, estaba previsto un incremento de esa cobertura, pero a nuestro juicio es insuficiente; sólo permitirá alcanzar a un 35% de la población menor de cuatro años, mientras que nosotros aspiramos a cubrir el 50%.

SEÑOR DACUNDA.- Soy delegado departamental de Salto y delegado nacional por la zona litoral.

Como decía la compañera Fagúndez, al día de hoy el Plan CAIF tiene 200 centros, con un promedio de 80 niños, lo que implica que atiende a 16.000 niños entre 0 y 4 años. De acuerdo con las estadísticas, en el país hay 70.000 niños por debajo de la línea de pobreza en esas edades. Actualmente, estamos atendiendo nada más que a un 20%, pero nosotros deseamos llevar la cobertura al 50%. A esos efectos, necesitamos un incremento de prácticamente el doble de la partida que recibe el INAME. En la actualidad, el Instituto transfiere a los Centros $10:000.000 mensuales. De acuerdo con el nuevo pedido que hizo el Directorio del INAME, esa cifra aumentaría a $ 17:000.000. Sin embargo, para llegar al 50% en la atención de esos niños –es decir, a 35.000 niños en todo el país- pedimos $22:000.000 mensuales. Cabe aclarar que atendemos a los niños desde su nacimiento hasta los cuatro años, incluida sus familias.

Nos llama la atención el artículo 324, que habla de las partidas fijas para el período 2000 –2004. Allí aparece la Comisión Nacional de Centros CAIF, otorgándosele una partida de $ 500.000 para el período 2000-2002. Quisiéramos saber si eso es erróneo o si ese dinero será destinado a la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF, para el Comité Nacional Coordinador, que es el que está haciendo las coordinaciones del caso.

SEÑORA POU.- Hoy de mañana, cuando recibimos a los representantes de la Dirección de Loterías y Quinielas, estuvimos analizando algunos de los Fondos y se habló de los que se destinan al CAIF. Inclusive, seguimos conversando del tema fuera de Sala. Esta partida había sido negociada a nivel de la Cámara de Representantes y según la información que tengo, no era para la Secretaría Ejecutiva. De todas maneras, me gustaría confirmarlo, porque en este listado hay algunas instituciones que en el Mensaje Complementario no están. El señor Senador Rubio me informa ahora que aparentemente fue sacado del listado en dicho Mensaje Complementario.

SEÑOR RUBIO.- Traté de informarme sobre este tema, porque recibí algunos planteos. Efectivamente, esa partida no iba destinada al grupo que ustedes representan. De todas maneras, todas las iniciativas que en materia de distribución de subsidios y subvenciones aprobó la Cámara de Representantes fueron eliminadas en el Mensaje Complementario. Aproximadamente una media docena o más de organizaciones y emprendimientos que recibían subsidios, ahora no los obtendrían de acuerdo con el Mensaje Complementario,

SEÑOR DACUNDA.- En realidad, queríamos aclarar ese punto, porque como se hablaba de la Comisión Nacional de Centros CAIF, no sabíamos si se aludía a la Secretaría Ejecutiva.

Entonces, lo que les solicitamos –que está dentro del presupuesto que pidió el INAME- es estudiar la posibilidad de conseguir otros recursos.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, lo que nosotros tenemos a esta altura es el Presupuesto como vino del Poder Ejecutivo, con los respectivos planillados. Allí se habla de una cifra, creo que de U$S 92:000.000 anuales para el 2001 como presupuesto global del INAME. A su vez, en el planillado están asignadas las distintas partidas y aparece la transferencia al programa CAIF. A nivel de la Cámara de Representantes simplemente se aprobaron los planillados como venían del Poder Ejecutivo en relación a esta Institución, por lo que no hay cambios. Por su parte, hasta ahora no he descubierto ninguna innovación con respecto a este tema en el Mensaje Complementario.

Por consiguiente, el problema que plantean ustedes, sigue en los mismos términos.

SEÑORA POU.- Si no me equivoco, ustedes hablaron de partidas anuales para los cinco años, y nosotros en estos informes tenemos partidas anuales pero no para ese período, sino para el Ejercicio 2000-2002. Concretamente, me refiero al artículo 324.

SEÑOR RUBIO.- En este caso estamos hablando de las partidas de subvenciones que eran las que se discutían y no del presupuesto que fue aprobado para el INAME, donde está incluida esta transferencia para todo el período. Quiere decir que son dos temas distintos.

SEÑOR RAMOS.- Soy delegado departamental por Treinta y Tres y delegado regional por la zona Este. La confusión que se nos había planteado tenía que ver con esa subvención de dos años para la Comisión Nacional de Centros CAIF. Nosotros conformamos el Comité Nacional de Coordinación del Plan CAIF y paralelamente funciona una Comisión Nacional Honoraria de CAIF que tiene personería jurídica de segundo grado, lo que originó nuestras dudas. Como Comité Nacional de Coordinación del Plan CAIF somos representativos de los 208 Centros que existen en el país, mientras que la Comisión Nacional no es representativa de la mayoría de los Centros del país. Insisto, esa era una de nuestras preocupaciones, como así también determinar a dónde se había destinado esa partida, pero según nos informa el señor Senador Rubio, habría quedado sin efecto.

SEÑOR RUBIO.- Ese tema fue planteado por el señor Senador Michelini cuando vino el equipo económico, a quien quedaron de contestarle; yo tenía la misma confusión.

Pero el Poder Ejecutivo aclaró todo en este tema, y en todos los que tenían que ver con él, porque sacó todo, no dejó nada y por eso está como está.

SEÑOR MICHELINI.- Pido disculpas porque no pude estar presente cuando hicieron la primera presentación. De todas maneras, aquí todo es muy rápido; somos varios los Senadores que estamos buscando algunos recursos para el Plan CAIF, y a veces aparecen y otras el Poder Ejecutivo los borra, por lo que esperamos tener suerte y obtenerlos nuevamente.

SEÑOR RAMOS.- Quisiera apelar a la benevolencia de ustedes como Senadores y conductores del país, a los efectos de hacerles ver que el Plan CAIF, en este momento, está requiriendo de fondos que le permitan funcionar. Con lo que solicitábamos, podríamos crear 108 centros CAIF más, aumentando la atención de niños de 16.000 a 35.000, como es nuestra aspiración. Aclaro que nosotros no solamente atendemos a los niños, sino también a las familias, y funcionamos como pequeñas empresas, dado que cada centro CAIF tiene, como mínimo, doce funcionarios que dependen de éstos. Además, teniendo en cuenta la actual situación laboral del país, pienso que eso también debe ser considerado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a los integrantes del Comité Nacional de Coordinación del Plan CAIF la información que nos han brindado en el día de hoy.

(Se retira de Sala la delegación del Comité Nacional de Coordinación del Plan CAIF)

(Ingresan a Sala los delegados de la Cámara de Instituciones Deportivas)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores da la bienvenida a la Cámara de Instituciones Deportivas y les concede la palabra.

SEÑOR DÍAZ ROMEU.- Agradecemos a la Subcomisión de Audiencias que nos atienda en el día de hoy.

Antes que nada quisiera explicar que aún no ha llegado nuestro Presidente, doctor Arturo Navarro.

Soy el Tesorero de la Cámara de Instituciones Deportivas, que reúne a más de cincuenta instituciones deportivas que practican el deporte amateur, y a continuación haré una breve historia de ella.

Estas instituciones se encuentran en Montevideo y en el interior del país, y trabajan denodadamente para llevar el deporte a todos los uruguayos. En ese sentido quiero recordarles que tenemos alrededor de cien mil socios y que esas cincuenta instituciones, además de trabajar con sus socios, lo hacen para la comunidad en diferentes programas de carácter social y cultural.

Nuestra Cámara se creó en 1988 y, fundamentalmente, tenía por objeto unir a las instituciones deportivas de carácter amateur, buscando un mejor funcionamiento de las mismas y el intercambio cultural y deportivo, aunque no con carácter competitivo, sino para saber cuáles eran nuestras carencias y la forma de mejorar en cuanto al trabajo en la comunidad.

Este trabajo fue arduo y de muchos años y, en especial en los últimos tiempos, hemos tratado de obtener exoneraciones. De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución estamos exonerados de diferentes impuestos, pero el IVA, en definitiva, lo tenemos que absorber, ya que no podemos descontarlo como lo hace una empresa o cualquier sociedad comercial. En ese sentido planteamos la posibilidad de un proyecto en el cual las instituciones podrían descontar dicho Impuesto para dedicarlo a su labor y a su objetivo, que es llevar el deporte a todas las escalas sociales en el Uruguay. Al respecto, solicitamos al doctor Rodríguez Villalba, quien es profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho, que nos hiciera un proyecto, que fue presentado al Ministerio de Deporte y Juventud, donde nos manifestaron su buena impresión con respecto al mismo, aunque nos señalaron que en este momento no lo pondría en su Mensaje. Posteriormente, hablamos con los integrantes de la Comisión de la Cámara de Representantes para exponer el tema, y hoy nos presentamos a plantearlo aquí. Por tales razones, solicitamos al doctor Rodríguez Villalba que informe al respecto.

SEÑOR RODRÍGUEZ VILLALBA.- Lamentablemente, voy a tener que referirme a algunos aspectos técnicos.

Lo que se pretende con este proyecto no es obtener una exoneración. El doctor Díaz Romeu afirmó correctamente que estas instituciones están exentas de impuestos, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, pero esa exención sólo puede ser alegada cuando las propias entidades son las deudoras, es decir los sujetos pasivos contribuyentes del impuesto. Pero este no es el caso del Impuesto al Valor Agregado; todos sabemos cuál es su mecánica: cuando hacemos una adquisición o inversión, el agente económico que sirve el insumo es el que será el agente ante el Fisco. Por lo tanto, las instituciones deportivas en todas aquellas obras, fundamentalmente de infraestructura, van a tener que pagar indirectamente el Impuesto al Valor Agregado. Subrayo que uno de los rubros más importantes que tienen estas instituciones, en esta materia, es todo lo referente a las obras de infraestructura: campos deportivos, piscinas e instrumental necesario para la práctica del deporte amateur. Entonces, lo que se solicita no es una exoneración –porque además ello es de resorte exclusivo del Poder Ejecutivo- sino –y esto sí puede ser iniciativa de los señores Legisladores nacionales- que se confiera un crédito, un reintegro del Impuesto al Valor Agregado que se pagó en determinadas oportunidades. De modo que esto no es una novedad, pues hay antecedentes los que, concretamente, se mencionan en el memorándum distribuido. Me refiero, por ejemplo, a los casos en que las aldeas infantiles construyen algún hogar destinado a la infancia o a la juventud, en los cuales obtienen un certificado de devolución por el Impuesto al Valor Agregado por concepto de pago para esa construcción. Otro ejemplo similar es el de la construcción del Monumento al Holocausto.

Quiere decir, entonces, que en este caso concreto la posibilidad de conferir un sistema de reintegro o de devolución del IVA, es de resorte del Poder Legislativo. Cabe añadir que esto está acotado a determinadas instituciones, en primer lugar, a aquellas sin fines de lucro y, en segundo término, a las que tengan personería jurídica. Además, hay dos condiciones que, a mi juicio, es muy importante señalar. Una de ellas es la antigüedad de la institución, y el objeto que pretende puede prestarse, obviamente, a determinado tipo de maniobras. En cuanto a la antigüedad hablamos, concretamente, de treinta años y la acreditación de un promedio de doscientos asociados. La otra condición es que quedan excluidas las instituciones que realizan actividades mediante la contratación de deportistas profesionales. Debe tenerse en cuenta que esto está encarado según el punto de vista de nuestra Cámara, que nuclea entidades que aparte de no tener fines de lucro promueven el deporte en forma amateur.

Recordemos también que la Constitución de la República habla de la necesidad del desarrollo de la cultura física, etcétera, por lo que, en consecuencia, lo que se pretende es beneficiar a aquellas instituciones que practiquen efectivamente todo esto. Para ello, pedimos como instrumento el otorgamiento del certificado de crédito, que es un instrumento de crédito muy conocido en materia tributaria, pero acotado, pues proponemos que el crédito resultante sólo va a poder ser utilizado para compensar los adeudos que tengan estas entidades con organismos oficiales. Por lo tanto, se trataría de certificados de reintegro que no van a poder circular libremente, ya que solamente podrán ser destinados a cancelar deudas con organismos públicos. Asimismo, se especifica que no van a poder ser cedidos a terceros y se establece una caducidad de dos años en cuanto a la aplicación del crédito.

Obviamente, este ha sido un resumen muy sintético sobre este punto y, por supuesto, todo esto es susceptible de los necesarios controles, primero, por parte de los organismos fiscales de la Dirección General Impositiva y, también, por parte del Ministerio de Deporte y Juventud, en tanto este puede ser un incentivo para el cumplimiento de determinados cometidos de dicha Cartera.

Por último, adelantamos que estamos a las órdenes para contestar las preguntas de los señores Senadores aunque, por supuesto, todo esto se puede leer con detalles en el repartido que distribuimos que consta de una exposición de motivos y de un proyecto articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda agradece la presencia de la delegación de la Cámara de Instituciones Deportivas y la información que nos han brindado en la tarde de hoy, la que habremos de estudiar oportunamente.

(Se retira de Sala la delegación de la Cámara de Instituciones Deportivas)

(Ingresa a Sala la delegación de Secretarios Abogados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de Secretarios Abogados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

SEÑORA EGOZCUE.- Nosotros nos desempeñamos como Secretarios Abogados de los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con carácter de funcionarios contratados y de confianza. Formamos un grupo de diez abogados que nos distribuimos dos por cada Ministro. Las tareas que cumplimos son muy similares a las que desarrollan los Asistentes Letrados de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y el cargo es idéntico. También tenemos tareas parecidas a las de los Abogados Adjuntos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. Todos estos funcionarios perciben retribuciones sensiblemente superiores a las de nosotros.

El artículo 358 aprobado por la Cámara de Representantes estableció que nuestra remuneración sería equivalente a la que perciben los abogados adjuntos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. Este artículo plasmó una legítima aspiración a efectos de aproximar nuestras retribuciones a las de otros funcionarios que cumplen similares tareas y tienen similar jerarquía y grado de responsabilidad. Sin embargo, debemos señalar que el texto del artículo aprobado tiene un error de redacción por cuanto en él se dice que nuestra retribución será igual a la de los Abogados Adjuntos por todo concepto. Pero estos funcionarios, además del sueldo base, cobran otras partidas que hacen que sus remuneraciones alcancen la cifra de $ 31.800.

En consecuencia, proponemos un texto que modifique parcialmente el artículo y se establezca que nuestra remuneración será equivalente al 50 % de lo que perciben los Abogados Adjuntos. De esta manera la cifra que se alcance será la misma a la solicitada por los Ministros en el Presupuesto enviado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En definitiva, es insólito, pero estamos solicitando que se corrija ese error, lo que en los hechos significa que se nos haga una rebaja del 50 %.

SEÑOR RUBIO.- Concretamente, el artículo dice: "La remuneración de los Secretarios Abogados de los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (escalafón A, grado 16), será la que por todo concepto perciben los abogados adjuntos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo que no se encuentran en régimen de dedicación exclusiva."

SEÑORA EGOZCUE.- El texto modificado diría que la remuneración de los Secretarios Abogados de los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (artículo 544 de la Ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996) será equivalente al 50 % de la que por todo concepto perciben los abogados adjuntos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo.

SEÑOR RUBIO.- Entonces, ahora el Poder Ejecutivo en el Mensaje Complementario lo declara inconveniente, o sea que está dispuesto a vetarlo. Seguramente esto sea por el tema de la iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- No está observado por iniciativa, señor Senador, sino por razones de inconveniencia.

SEÑOR RUBIO.- Es verdad, señor Presidente. Lo vamos a analizar.

SEÑOR MICHELINI.- Como anteriormente se nos había acercado la propuesta, sabíamos que en cierta medida había una actitud de compartir y mejorar este tipo de salarios. Por supuesto, no se hacía referencia a los montos que luego se manejaron. Creo que es de buena fe que ahora se venga a decir que existió un error y que ese no era el propósito; hay que reconocer que esto es bueno.

De cualquier manera, para mejor información, ¿cuántas son las personas afectadas y cuál es el salario promedio actual de cada uno de ustedes?

SEÑORA EGOZCUE.- Somos diez abogados y hoy por hoy tenemos un sueldo bruto de $12.753.83. Con este artículo, pasaríamos a percibir un sueldo de $ 16.400.

SEÑOR TOME.- Para evacuar un poco las dudas del señor Senador Rubio, quisiera decir que tal vez la observación del Poder Ejecutivo se centró en el monto que por error fue aprobado, mediante el cual nuestro salario ascendía a $ 32.000. Este no fue nuestro espíritu cuando asistimos a la Comisión de la Cámara de Representantes y quizás esto coadyuva a que el Poder Ejecutivo reconsidere su posición y, por supuesto, no lo vete. Digo esto porque el incremento del salario sería de poco más de $ 3.000, por lo que nuestro sueldo pasaría a ser de aproximadamente $ 16.000 y no de $ 31.000.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera que se me aclararan algunas dudas para evitar que surjan luego otros inconvenientes. En primer lugar, en la redacción inicial se menciona al Escalafón A, Grado 16, lo cual no está incluido en esta otra redacción, aunque quizá no sea necesario. Por otro lado, se expresa "que no se encuentran en régimen de dedicación exclusiva." Esto hace suponer que hay abogados que están en ese régimen. Sin embargo, en la nueva redacción que nos acercaron, esto tampoco está incluido. Entonces, quisiera saber a qué se deben estas modificaciones, para que no se puedan interpretar las redacciones de otra manera.

SEÑOR BALARINI.- En la redacción original que venía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cargo de Secretario Abogado no está presupuestado sino que se atiende con una partida de contrataciones que está prevista en el artículo 544 de la Ley No. 16.736, haciéndose referencia en el sustitutivo. Por eso, creo que la nueva remisión corrige un poco la anterior elaborada por la Secretaría del Tribunal y que hacía referencia a cómo están equiparados, pero no a la partida.

En cuanto al tema de la dedicación exclusiva, esto se debía a que cuando se había hecho la equiparación con los abogados adjuntos de la Procuraduría del Estado, surgió una confusión en cuanto a que el artículo 411 de la Ley de Presupuesto No. 15.809 del año 1985 refiere a los funcionarios del Escalafón Técnico-Profesional que estén en régimen de dedicación exclusiva. Pero estos funcionarios no están en el Escalafón Técnico-Profesional, sino en el Escalafón N, que es el del Poder Judicial, porque están equiparados al mismo. Entonces, cabe aclarar que los cargos de abogado adjunto no están en régimen de dedicación exclusiva sino que son "part time", por lo que la remuneración que perciben los diez abogados adjuntos de la Procuraduría del Estado es idéntica.

SEÑORA POU.- Atendiendo a lo que se expresa en el Mensaje Complementario, simplemente es inconveniente. Digo esto porque hay otros artículos que se complican un poco más porque son otras las motivaciones, porque necesitan iniciativa del Poder Ejecutivo, etcétera. Quizás la inconveniencia de este artículo esté dada, entre otras cosas, en que no se hablaba del 50% por alguna incomprensión en la redacción. Por esto, me permitiría sugerir a la delegación que nos enviara un artículo redactado lo más claramente posible para que nosotros podamos analizar la situación.

SEÑOR MICHELINI.- Supongo que es el mismo que me enviaron.

SEÑOR EGOZCUE.- Sí, efectivamente. Nosotros habíamos enviado una carpeta en la que se incluía el texto del artículo y una Exposición de Motivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, dicho material está a disposición de la Mesa y de los señores Senadores.

La Subcomisión agradece a los señores Secretarios Abogados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo su concurrencia y la información que nos han brindado en la tarde de hoy.

(Se retira de Sala la delegación de los Secretarios Abogados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18 y 7 minutos)