SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 10 y 18 minutos)

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación de Bancarios del Uruguay)

-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a los representantes de la Asociación de Bancarios del Uruguay, a quienes dejamos en uso de la palabra.

SEÑOR BELLO.- Señor Presidente: en primer lugar, queremos agradecer la posibilidad de permitirnos exponer ante esta Subcomisión un tema que hemos priorizado como un elemento central en cuanto a lo reivindicativo prográmatico, porque a nuestro entender hace a la vida futura de los bancos oficiales.

Los bancos oficiales son un motor de desarrollo del país, lo han demostrado en el pasado, y creemos que lo siguen demostrando y lo seguirán haciendo en el futuro. A ellos no sólo le exigimos un accionar permanente en el fomento de los sectores productivos y comerciales del país, sino que también recurrimos a ellos para atender situaciones angustiantes, que sólo para tomar como muestra ejemplificamos con la desgraciada situación del brote de aftosa en el Norte del país. Lógicamente nuestros bancos precisan ser mejorados, reformulados, cambiados al servicio de su efectivo desarrollo. Esto, a nuestro entender, pasa por reestructurarlos al influjo de tres grandes elementos: por un lado, la complementación de sus funciones; por otro, la formación profesional de sus recursos humanos actuales y futuros y, por último, la renovación generacional permanente.

Si exploramos el primer aspecto, veremos que hoy los bancos oficiales funcionan compitiendo entre sí y consideramos que este es un elemento que distorsiona y deteriora su accionar. Por otro lado, vemos que los organismos financieros de nuestro país fundamentalmente son extranjeros y funcionan "holdinizados". Entonces, al enfrentar en competencia a esos sectores, evidentemente, se lo debe hacer en conjunto, es decir, con estrategias, políticas y productos comunes, utilizando las sinergias de su accionar conjunto y disminuyendo sus costos de funcionamiento a través del aprovechamiento integral de sus infraestructuras.

Por otra parte, el sistema financiero requiere formación profesional y certificación de sus cuadros, de modo que se logren mayor especialización y movilidad dentro del sistema. Estamos trabajando en la búsqueda de dicha formación y certificación profesional a través del diseño de un proyecto del Instituto de Formación y Certificación Bancaria, que cuenta con el auspicio del BID.

Otro aspecto de características esenciales que queremos destacar, pensando en la supervivencia de los Institutos –que es el tema que hace a la entrevista que solicitamos a los señores Senadores- tiene que ver con el hecho de que para que los bancos oficiales subsistan en el futuro necesitan una renovación generacional permanente. Es impensable visualizar dentro de 15 años a los bancos oficiales si no varía la situación actual desde el punto de vista de su composición etaria. En este sentido, queremos que quede claro que no estamos hablando de cantidad sino de composición. Para ilustrar este problema podríamos decir que lo que está ocurriendo es como si en las sociedades de los distintos países no nacieran niños. La banca oficial no tiene ingresos en forma de renovación generacional desde hace unos cuantos años. Los que se llevaron a cabo se hicieron a través de concursos de funcionarios públicos, redistribuciones, regularizaciones de situaciones contractuales, pero con funcionarios de distintas edades, que no pertenecen a la franja más joven de la población. Esto provocó no sólo que no se pudiera mejorar el promedio etario sino que en muchos casos se agravara. Es impensable visualizar los bancos oficiales si no pensamos en una renovación generacional permanente. Esta es una política que debe llevarse adelante permanentemente.

En este aspecto, existe una prohibición legal de ingreso de personal que está vigente desde 1990 y que fue reafirmada en 1995 por 10 años más. Es decir que hasta el año 2005 no puede haber ingresos, lo cual no quiere decir que no los haya habido. Sí los hubo, pero como ya dijimos no se aplicaron criterios racionales y por ello impactó en forma desfavorable en la composición etaria. Actualmente el promedio de edad de la banca oficial es de 44 años y 3 meses e incluso, en algunos bancos, supera los 46 años.

Si se observan estos datos se verá que en una perspectiva matemática, podría afirmarse que dentro de 15 años no habrá más bancos, porque en promedio se habrán jubilados todos sus funcionarios, lo cual hace visualizar el caos que ya es hoy la banca oficial y es posible tener una idea de la grave situación en la que ésta se encontraría en el año 2005, fecha en que finaliza la prohibición legal. Este tema ya hace unos años que está presente en la preocupación de AEBU y de los Directorios de los bancos siendo, incluso, incorporado en el Convenio Colectivo anterior. Hay en ese convenio artículos que hablan de la renovación generacional, pero que no se pudieron llevar a la práctica fundamentalmente porque la prohibición legal sólo se puede salvar a través de otra excepción legal, es decir, no puede ser por otros mecanismos. Requerimos un informe jurídico, que solicitamos al jurista Gonzalo Aguirre Ramírez, en el que se dice que se precisa expresamente una norma de presupuesto nacional que habilite a los bancos oficiales a poder realizar concursos.

Nosotros buscamos que se cumplan dos grandes objetivos: el impacto sobre los bancos, permitiéndoles comenzar un proceso de mejora continua a través de una racional renovación generacional y, por otro lado, el impacto sobre la sociedad, en la medida en que justamente nos estamos refiriendo a un sector de la población que está sufriendo, como ninguno, el desempleo.

También queremos dejar claro que porque haya ingresos de gente joven en la banca oficial, no se soluciona el problema del desempleo, pero sería una oportunidad que se le daría a los jóvenes para capacitarse y concursar por un puesto. Esto requiere que ustedes aprueben la norma legal que habilite a los bancos oficiales a realizar concursos. Nosotros creemos que en el proceso debería intervenir la propia Oficina Nacional del Servicio Civil asegurando la racionalidad del ingreso. Por otro lado, entendemos que el mismo puede producirse, en vez de por el grado 5, por el grado 0 del escalafón.

Les estamos presentando una propuesta de norma que ustedes podrán corregir pero que busca dar oportunidades al conjunto de la población, estableciendo un concurso de oposición, méritos y/o sorteo, lo que da amplias facilidades. Se trata de atar el tema a la formación bancaria, ya que hoy no existe formación ni certificación bancaria. La capacitación previa que se hace es para dar pruebas de ingreso y eso no tiene demasiado sentido. Lo que buscamos es la formación bancaria y la profesionalización de la actividad. Incluso, en ese sentido podría unirse el ingreso de personal joven a cursos de capacitación que tengan que ver con la formación profesional.

Sobre el tema que les estamos planteando, hemos logrado un amplio apoyo de la población, manifestado en el pronunciamiento de siete Juntas Departamentales a favor de una solución a esta problemática.

Con relación a este tema, también nos gustaría destacar el editorial de "El País" del 4 de noviembre de 2000 en el que bajo el título "La propuesta gremial" dice en su última parte: "Es cierto que en lo que a los bancos se refiere, las planillas estaban sobrecargadas, pero sus necesidades de renovación generacional son las mismas que las de las empresas con quienes compiten, y mientras éstas tienen las manos libres para solucionarlas como quieran, los bancos del Estado no. Veamos algunos números. La edad promedio de los funcionarios de toda la banca oficial es altísima: 44 años y 3 meses. Entre 1990 y 1999 la banca privada aumentó su personal en 1.451 empleados y la estatal lo disminuyó en 1.771, y en la banca privada se jubilaron 2.328 empleados, mientras que en la oficial 3.154. La diferencia entre ingresos y jubilaciones en la banca privada es positiva 3.157 y en la estatal negativa 1.371.

La aspiración de AEBU de contar con un marco legal que habilite el ingreso del personal joven a los bancos del Estado por estricto concurso con miras a la capacitación y profesionalización de sus funcionarios tiene sentido y merece apoyo"...

No sólo las cifras demuestran que la banca privada está creciendo, sino que lo hace renovando sus cuadros, y esa es una ventaja comparativa muy importante.

Nos gustaría destacar algunas intervenciones de los señores Legisladores en la discusión de la Cámara de Representantes sobre el aditivo.

El señor Diputado Blasina decía: "A nivel oficial se ha manifestado el objetivo de convertir al Uruguay en plaza financiera del MERCOSUR –cosa que compartimos-", ... "para impulsar este primer objetivo, a esta altura resulta absolutamente indispensable realizar una reestructura profunda de los cuatro bancos oficiales, una racionalización y complementación de sus funciones y, en particular, una renovación generacional. En este momento existe un obstáculo para que ingrese personal joven a los bancos oficiales, mientras que los funcionarios que tienen causal jubilatoria desde hoy hasta el 24 de abril de 2005 alcanzan a 1.708.

El proyecto plantea el ingreso de jóvenes al sistema financiero oficial, de entre 15 y 25 años –justamente la franja de nuestra sociedad más castigada por el flagelo de la desocupación- a través de un procedimiento transparente y cristalino, por llamado abierto a concurso de oposición y méritos y/o sorteo, según corresponda. Entendemos que esto es esencial si realmente queremos potenciar a los bancos oficiales, teniendo en cuenta además que éstos compiten con el sistema financiero privado. Debemos destacar que este último tiene absoluta libertad para hacer ingresar a funcionarios jóvenes, y así está procediendo.

Si proyectamos esta situación hasta el año 2005, ¿en qué condiciones de competencia real van a estar los bancos oficiales con el sistema financiero privado, en su mayoría extranjero? Si obstruimos el ingreso de personal joven desde ahora hasta el 24 de abril de 2005, ¿en qué condiciones de competencia van a quedar los bancos oficiales, que en el discurso todos coincidimos que debemos potenciar?"

La señora Diputada Argimón decía: "No voy a votar este aditivo por razones de disciplina partidaria, pero comparto en todo su rigor el informe de la AEBU, especialmente en lo que tiene que ver con la banca oficial".

El señor Diputado Ronald Pais decía: "Nosotros no vamos a acompañar este aditivo, pero reconocemos que refiere a un tema que, sin duda, tiene enorme importancia y diría que es una de las grandes deudas que posee el sistema político en la actualidad.

El envejecimiento de la plantilla redunda en perjuicio de la eficiencia de los distintos organismos. La dificultad que enfrentamos es que distintas disposiciones legales que cerraron a cal y canto el ingreso a la función pública, sin hacer distinciones, generaron una enorme olla a presión que, de alguna forma, debe tener un escape.

Esa válvula de escape han sido los arrendamientos de obra, las becas, las pasantías y todos los problemas que tenemos, algunos de los cuales se pretende arreglar a través de este proyecto de ley. Pero no podemos atacar el tema sectorialmente. Considero que la intensión es buena y que, inclusive, muchos de los argumentos que se han dado son justificados y por lo menos yo los comparto"... "Porque si queremos un Estado uruguayo eficiente y empresas públicas también eficientes, no debemos cerrar las puertas a la juventud, ya que si lo hacemos estaremos cerrando las puertas a la esperanza, a la especialización y a la formación de muchos jóvenes en esas áreas".

El señor Diputado Lev decía: "Nos sentimos responsables y no podemos permitir que la banca pública no compita mínimamente en igualdad de condiciones con la banca privada. Simplemente estamos subsanando un error que se viene acumulando". "Empecemos por la banca pública, para que el Estado –la banca de los uruguayos- pueda competir con la banca privada extranjerizada".

El señor Diputado Borsari decía: "No vamos a acompañar este artículo aditivo por razones de disciplina partidaria. Creemos que cuando se trata de un país que quiere competir, que quiere desregular, que quiere que el Banco de la República, el Banco de Seguros del Estado y el Banco Hipotecario compitan con la banca privada, pues bien: habilitemos los mecanismos, no para que haya una mayor burocracia ni clientelismo, sino una racional posibilidad de competencia para estas instituciones financieras".

Por todo lo dicho, señores Senadores, si todos -cualquiera sea el sector político al que pertenezcamos- reconocemos la necesidad de realizar la renovación generacional; si todos nos damos cuenta de la gravedad en que podemos sumir a los bancos oficiales de no abordarse urgentemente una solución; si la potestad que los señores Legisladores votarían para los Directorios de los bancos oficiales puede ser controlada por organismos como la Oficina Nacional del Servicio Civil, dependiente de la Presidencia de la República, o por el propio Parlamento a través de los Ministerios respectivos; si pueden arbitrarse mecanismos para estudiar las reales necesidades a cubrir, sin sustituir la totalidad de las vacantes y si ello no implica incremento de costos, ya que está previsto presupuestalmente –e incluso podrían ingresar funcionarios por grados más bajos del escalafón- entonces, estamos no sólo ante un problema de los bancos oficiales, sino también del resto de los Entes. Pero los bancos oficiales ya están hoy desregulados y en frontal competencia y, además, principio tienen las cosas.

Así pues, señores Senadores, solicitamos que se habilite la posibilidad del ingreso de gente joven a los bancos oficiales, de forma de no agravar una situación que puede en pocos meses tornarse insostenible.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera formular algunas preguntas bien concretas para poder ilustrarnos un poco más con respecto a la propuesta.

En principio, me gustaría saber cuál es el promedio etario en la banca privada. Ese dato es esencial para nosotros.

Por otro lado, en función de la propuesta, se habla de la entrada por concurso de oposición y méritos, lo que me parece fundamental porque, de otra manera, todo lo que se expresa no serviría para nada. Sin embargo, a esos efectos, la pregunta que hago es la siguiente. En la medida en que eso sería una excepción a la Ley Nº 16.127 ¿se puede, en función de las vacantes por jubilación –porque no es que se quiera incrementar el número- poner un número menor para ver qué es lo que pasa?

Quisiera saber, también, si a ustedes les parece bien que la Ley obligue a entrar en los grados más bajos, es decir, que no se establezca que "se puede" sino que "se debe", de manera de evitar el aumento de los costos, porque todos queremos que los mismos, a partir de las tasas de interés, bajen.

Por último, ¿qué pasaría si lo sacáramos de esta ley e hiciéramos un mecanismo de entrada a los bancos, aunque al principio arrancara tenuemente, despacio? Me estoy refiriendo a un régimen normal de entrada de gente joven, que vaya más allá de estos cinco años, pero que arranque ahora y nos permita tener un horizonte de 10 ó 15 años. Esto haría posible contemplar el aspecto generacional, y si las condiciones cambiaran dentro de siete u ocho años, ustedes o el propio sistema político verían la manera de encarar el tema.

SEÑOR BELLO.- Brevemente, debemos decir que no tenemos las cifras del problema etario de la banca privada, aunque sabemos que es más bajo. Sin embargo, hay algunos elementos interesantes que forman parte de propuestas que están en discusión.

Pensamos que, de repente, no se podía legislar o que, de pronto, el hecho de fijar determinadas pautas a los Entes Autónomos podía ser, de alguna manera, cercenar sus propias posibilidades, y por eso nos pareció adecuado hablar de los organismos de contralor. Por otra parte, creemos –y esto forma parte de una de las propuestas que hicimos a los Directorios respectivos- en la necesidad de los ingresos meritorios, es decir, en las entradas por el grado 0.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Ya existe ese escalafón?

SEÑOR BELLO.- Sí, señor Senador. Incluso, la idea es vincular esto con el tema de la formación profesional. No es lo mismo prepararse para trabajar en un banco que conocer el funcionamiento de esas instituciones, y por eso ahora estamos hablando de la profesionalización del sistema. Hemos pensado que podrían buscarse mecanismos adecuados porque, en esta complementación de funciones que buscamos, se nos ocurrió la posibilidad de que los cuatro bancos oficiales hiciera un concurso o prueba única, como resultado del cual se seleccionara y formara a esos futuros cuadros para la dedicación concreta al sistema financiero.

Debemos decir que no pensamos que se deban sustituir todas las vacantes –como ya hemos dicho- sino una parte de ellas, pues debe ser un proceso permanente y no de un solo impacto. Estamos hablando de un proceso en el que se va haciendo ingresar gente y dando vida de continuidad a los escalafones. Hay formas racionales de hacer esto, que han sido planteadas en algunas propuestas sobre las cuales hemos conversados con los Directorios. Pero, evidentemente, si las cosas se realizan por la vía de esta norma o no, es algo que deberá definir el sistema político.

Lo que sí creemos es que el tema es urgente, es decir, no puede esperar ni siquiera un año más, porque ya la situación de los bancos es de notorio deterioro. Tenemos las manos atadas. Precisamente, días pasados se mencionaba como argumento del Directorio del Banco Hipotecario para el posible cierre de dos agencias de Montevideo, el hecho de que se necesitaba llevar gente a casa central. Entonces, verdaderamente estamos deteriorando el servicio a raíz del problema que se está viviendo.

SEÑOR RUBIO.- Según veo, en la década del 90 hubo una disminución de 1.371 funcionarios, y se prevé que si el sistema se mantiene habría una disminución de 1.600 más, sólo por esta causal. Quiere decir que estamos hablando de una cifra superior a los 3.000 funcionarios. Quisiera saber sobre qué cantidad de funcionarios totales hablamos, para conocer la magnitud de la disminución.

SEÑOR MOREIRA.- Ese dato figura también en el material, pero en este momento, de memoria, podemos decir que la cifra total es de 10.000 funcionarios, aproximadamente.

Quisiera decir, también, que en la banca privada, en la que hay más o menos 7.000 funcionarios –la cifra exacta también figura en el material- en el mismo período ingresaron más de 5.000 funcionarios. Eso indica que existe un movimiento permanente de gente, cosa que no se da en la banca oficial, en la que la gente que ingresó lo hizo con edades superiores –se trata de los mismos promedios que existen en los bancos- y el ingreso fue decididamente menor.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera hacer dos últimas preguntas muy puntuales.

Ante todo, quiero decir que me gustó la posibilidad de seleccionar personal en conjunto. Creo que se trata de una idea bien interesante, que podría constituirse en el elemento a partir del cual se pudiera elaborar un régimen general. Si se llegara a generar un consenso a partir de esa selección en conjunto del futuro personal y, en lugar de empezar ahora, ya, comenzara a partir de enero del 2002, ¿eso sería visto por ustedes como algo muy grave?

SEÑOR MOREIRA.- El problema es que continúa achicándose la posibilidad real y hoy ya hay crisis. Lógicamente, si no hay más remedio seguiremos peleando por lo que tenemos pero, insisto, a costa de seguir reduciendo la banca oficial.

El compañero citaba el ejemplo de las dos agencias que el Banco Hipotecario estudia cerrar. También debemos decir que en dicho banco existe la "Sección Inmobiliaria" -muy importante, porque a la hora que las personas pretenden realizar una compra cuentan con la tranquilidad de la seriedad y seguridad que brinda el banco- que en su momento contaba con 20 funcionarios y que hoy sólo tiene cuatro y está en vías de extinción. Se trata de un servicio que daba ganancias al banco desde el punto de vista económico y que además, repito, era muy importante para la población. De esta manera, puede cortarse toda otra cantidad de servicios. Por este motivo planteamos que la urgencia es inmediata; no se trata de un capricho ni de buscar aumentar la plantilla, sino que es un problema real que hoy tiene la banca oficial.

SEÑOR RUBIO.- Creo que he encontrado la cifra correcta; habría un punto de partida algo superior a los 10.000 en 1990, y si esto se aplica quedaría en 6.000.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho el aporte que nos han brindado y, naturalmente, será tenido en cuenta.

SEÑOR DE ARMAS.- Antes de retirarnos, queremos agradecer que nos hayan recibido y les señalamos que vamos a dejar un material sobre la situación del mercado asegurador, que está referido a cómo vinieron los artículos en el Mensaje del Poder Ejecutivo.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Bancarios del Uruguay)

(Ingresan a Sala los representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Audiencias tiene mucho gusto en recibir a la delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, cuyos miembros ya han sido puestos en conocimiento del mecanismo de trabajo.

SEÑOR ESTEVEZ.- Como Presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, agradezco el recibimiento de esta Comisión, pero queremos señalar que en virtud de la importancia del tema que vamos a plantear hoy, nos hubiese gustado disponer de un plazo mayor. De todos modos, teniendo en cuenta que contamos con muy poco tiempo y el tema amerita ser desarrollado lo más extensamente posible, si el señor Presidente así lo dispone, le cederíamos la palabra a nuestros asesores. También queremos señalar que está presente el secretariado de la Confederación y sus asesores.

SEÑOR CAZORLA.- La principal propuesta de COFE en la etapa presupuestal apunta a la tabla de sueldos y lo relativo al salario social, principalmente a lo que hace a la cobertura de salud.

Previa y rápidamente tenemos que ubicar en qué contexto platea COFE la tabla de sueldos. Durante un período de quince años, el deterioro de compensaciones y salarios reales fue del orden del 18%. Hasta el mes de abril de este año, más o menos se marcaba un porcentaje estable al final de cada período salarial; a partir de abril, la caída salarial se incrementa en un 0,5% mensual, y en agosto llegamos al 20% en el área de salarios y compensaciones reales. Según los datos estadísticos y las previsiones del equipo económico, en el mes de diciembre se ubicará en el 23%.

La tabla actual que rige la retribución de los funcionarios públicos fue incluida en una ley presupuestal, la Nº 16.170, que ya tiene diez años de vigencia; solamente se ha modificado por los incrementos de los períodos de ajustes. Indudablemente, esa tabla ha quedado muy retrasada por la forma en que se ajustan los salarios públicos, y en la actualidad sus valores son bastante irrelevantes. Lo que realmente importa en el conjunto de las retribuciones de los funcionarios públicos son las compensaciones, que obedecen a una casuística muy extendida y difícil de inventariar, pero que generan una distorsión colosal.

La tabla que presenta COFE está referida exclusivamente a funcionarios civiles de la Administración Central, excluyendo al escalafón K) militar y al L) policial. En cuanto a cuáles son los objetivos de esta tabla, podemos decir que apunta a incorporar definitivamente en las retribuciones básicas las actuales compensaciones y a mejorar sustancialmente las retribuciones salariales de todos los funcionarios de la Administración Central, con especial incidencia en aquellas más bajas. Asimismo, implica una recuperación del deterioro salarial y una mejora del salario real.

Otro de los objetivos consiste en racionalizar la escala de retribuciones, que actualmente tiene 16 grados, con una variación del 8% entre cada uno de ellos. La tabla que proyectamos prevé una escala de 12 grados, con una variación porcentual del 10%.

También se pretende alcanzar la equidad salarial, eliminando progresivamente la brecha existente en las retribuciones por todo concepto entre funcionarios de la Administración Central que cumplen similares funciones. Aquellos que tengan ingresos de naturaleza salarial superiores a los establecidos en la tabla, mantendrán en forma inmodificada la diferencia con carácter personal, con excepción de las retribuciones generadas por horas extras y actividades reguladas por leyes especiales. Esto permitirá, en un plazo razonable, que aquellos funcionarios que cumplen iguales funciones obtengan similares retribuciones.

Otro de los objetivos de esta tabla –y que consideramos muy importante- es la recuperación de los grados más bajos del escalafón, situando al más bajo en el 46% de la canasta familiar que, a enero de 1999, tenia un valor de $ 16.000.

Por otro lado, se pretende dar certeza al ingreso de los funcionarios públicos en todos los niveles. Las compensaciones y otras retribuciones -que son parte sustancial de los ingresos por todo concepto- aun siendo permanentes, no alcanzan a todos los funcionarios o son de monto variable, sujeto a contingencias de recaudación, al criterio jerárquico de distribución o están acotadas a la disponibilidad del crédito, aspectos que varían mucho de un lugar a otro. Las actuales compensaciones generan una situación salarial muy grave en organismos que están regidos por el mismo estatuto legal, jurisdiccional, institucional, presupuestal y financiero. Por lo tanto, esa discriminación es inaceptable y afecta el principio de a igual función igual retribución, que a esta altura ha quedado reducido a una mera enunciación.

Otra de las propuestas de COFE se refiere al salario social, que incluye entre otros, la prima por antigüedad, el hogar constituido y la asignación familiar. Lo novedoso del planteo es que el cálculo se refiere al grado más bajo de la tabla presentada por COFE para 30 horas semanales.

También, en el caso del hogar constituido y de la asignación familiar, se aplica un porcentaje sobre ese valor antedicho, según tramos de ingreso.

El principal planteo que hace en esta oportunidad COFE es sobre la cobertura de salud. En este momento solamente el 1.6% de los funcionarios civiles de la Administración Central –estamos excluyendo al escalafón K, militar, al escalafón L, policial, y al Inciso 12, por tener regímenes de cobertura de salud específicos- que son 21.000 funcionarios, perciben por mes $ 209.21. A su vez, el 6.35% de los funcionarios perciben $ 196.93, y el 92.05% restante no percibe un solo peso por cobertura de salud. Además, lo que persiguen algunos es virtual, porque todos sabemos que la cuota mutual promedia los $ 650 mensuales, y conocemos el precio de los tickets para medicamentos y órdenes para consulta. En los hechos, no existe cobertura de salud para los funcionarios de la Administración Central.

La propuesta de COFE es bastante novedosa y se basa en un régimen de cofinanciación entre el funcionario y el Presupuesto. El funcionario aportaría el 2.5% de su retribución y el resto lo haría el Presupuesto. El costo total para el Presupuesto sería de $ 14:110.000 mensuales o U$S 1:175.000. Es decir que el costo total para el Presupuesto oscila en los U$S 11:000.000, que no es una cifra muy exagerada. Hay que tener en cuenta el momento que vive el sistema de salud y las dificultades financieras, por lo que esta sería una forma distributiva de que los funcionarios accedan al régimen de cobertura de salud. Además, tanto para este régimen como para el de la tabla, se prevé distribuir su financiación en el período 2001-2004.

SEÑOR IGUINI.- El promedio general de salarios, si tomamos en cuenta el total de los funcionarios -incluyendo a militares, policías, ANEP, Universidad, etcétera- para 1999 es de $ 8.000, pero en los promedios siempre se ahogan los enanos. Entonces, tenemos una diferencia de sueldos enorme. No nos vamos a referir a las cifras que se están dando oficialmente, pero queda claro que no son correctas. Lo real es que actualmente existe una anarquía total en el sistema retributivo de la Administración Central. Concretamente, la idea es tratar de hacer una unificación. Naturalmente, el salario se compone de Rentas Generales y de distintos proventos, tasas, etcétera, que lo incrementa, ya que es muy bajo. La idea de fondo que plantea COFE es racionalizar todo eso incorporando al sueldo los proventos que recibe la gente y no al revés, como propone el Mensaje del Poder Ejecutivo, que prevé que si no se gastó o se comprometió a fin de año el total de los proventos, el 80% pasa a Rentas Generales. Nosotros queremos que toda esa serie de leyes especiales que significan fondos se incorporen a la tabla de sueldos.

SEÑOR MICHELINI.- El señor Senador Rubio y quien habla tenemos una duda. Quisiera saber si lo que COFE plantea es convertir los proventos con carácter salarial, por lo menos para la Administración Central.

SEÑOR CAZORLA.- Los proventos se incorporarían a la financiación de la tabla con carácter salarial, pero no incluye la parte de los proventos afectados a gastos de inversión y al resto de los rubros de funcionamiento.

SEÑORA ARISMENDI.- Dado que la exposición de COFE queda registrada en la versión taquigráfica, para que los miembros de la Comisión que no están y los demás señores Senadores puedan abordar el tema, me gustaría que quedara claro –porque no surge de la sola lectura del material y prueba de ello es la duda que surgió a los señores Senadores Michelini y Rubio- si lo que se está planteando es ordenar la anarquía que existe de varias decenas de leyes que han ido durante todos estos años tratando de paliar la situación salarial miserable que han tenido los trabajadores de la Administración Central. Creo que se quiere hacer una sistematización para evitar que el sueldo dependa de tantas variables –muchas de ellas las hemos abordado en estos días cuando han concurrido los Ministerios- y compensaciones que en muchos casos están topeadas doblemente.

Además, después tendríamos que ir a hacer los números para ver lo que quedó, porque tenemos la sensación demostrable de que hay rebaja salarial prácticamente en todos los Incisos. Entonces, la pregunta concreta es si, en definitiva, cuando miramos la tabla, lo que estamos haciendo es un ordenamiento. Es decir que creo que no es un aumento salarial que a algunos les puede parecer muy brusco, sino que lo que estaríamos haciendo –en el caso de aprobar la propuesta de COFE- sería ordenar y sistematizar los distintos componentes que hoy dependen de tantas variables, lo que hace que no se sepa si van a ser parte del sueldo. Este no es un tema menor, señor Presidente, porque tiene que ver con todos los Incisos que hemos ido abordando. Como a usted le consta, con las distintas delegaciones de los Ministerios que recibimos hemos ido tratando una serie de normas que, en definitiva, "han ido metiendo tijera" a parte de estas compensaciones.

Con respecto al tema de Salud Pública, debemos decir que cuando vino el señor Ministro y se planteó una sistematización o reformulación del sistema mutual, se hacía relación a algo que estaba íntimamente ligado con el planteo que ha hecho en este momento la delegación de COFE.

Por lo tanto, apelando a la sensibilidad del señor Presidente y a su flexibilidad –porque aquí estamos hablando nada menos que de toda la Administración Central- solicitaría que se me aclarara este punto.

SEÑOR CAZORLA.- El planteo de la señora Senadora apunta a uno de los objetivos centrales de la tabla. Actualmente, la situación está tan atomizada y la retribución salarial tan dispersa, que hasta podríamos decir que un Grado equis de un Inciso comparado con el mismo Grado de otro Inciso en la Administración Central, reciben salarios distintos, aun dentro de la misma Unidad Ejecutora. Se trata de funciones con las mismas tareas e igual responsabilidad, por lo que es inadmisible la diferencia, y la propuesta tiene fundamentalmente un efecto racionalizador. Entonces, las compensaciones son un componente de cofinanciación de la tabla, con los recursos presupuestales genuinos y los extrapresupuestales; me refiero a aquellos que están destinados al costo del personal y no a otros.

SEÑOR NIN NOVOA.- Estamos de acuerdo con la propuesta de racionalización de los salarios o de los ingresos de los funcionarios de la Administración Central. Decimos esto, porque somos respetuosos del principio de que a igual función igual remuneración; entonces, muchas veces, estas distorsiones que se van creando por arrebatos –no digo voluntaristas- de sensibilidad para mejorar el salario de algunos funcionarios en determinados Incisos o Ministerios, van creando una distorsión en la escala y se viola el principio al que se ha hecho referencia. Uno muchas veces se pregunta, considerando las necesidades de algunos salarios sumergidos en determinados puntos de la Administración Central, por qué cuando los aumentos van para determinados Incisos se establece una diferencia entre el chofer, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que va a recibir un aumento, y el de Salud Pública, al que no le va a tocar nada. Creemos que una tarea muy importante del Poder Legislativo es la de colaborar con la racionalización de los ingresos de los funcionarios públicos, para mantener una distribución equitativa y para que aquellos uruguayos que trabajan en diferentes ámbitos de la Administración, tengan la misma retribución por igual función.

Queríamos hacer este comentario frente a los delegados de COFE.

SEÑOR RUBIO.- Para tratar de entender esto con mayor claridad y de que quede constancia de ello en la versión taquigráfica, quiero señalar que aquí hay un esfuerzo de racionalización que incluye mejorar sustancialmente la situación de los Grados más bajos, levantando la escala y respetando el principio de a igual función igual remuneración. En la escala que tenemos, esto afecta fundamentalmente al sueldo básico, pero el tema de las distintas compensaciones no me queda claro si se afecta o no.

SEÑOR CAZORLA.- La tabla presentada sitúa el valor de cada Grado. Actualmente, están las retribuciones salariales básicas de monto menor y las más importantes son las que surgen de compensaciones, sobre las cuales hay un inventario muy largo.

Entonces, el funcionario que por retribuciones básicas y compensaciones supere el valor Grado de la tabla, no pierde dicha retribución, sino que simplemente la mantiene inmodificada. Lo que exceda el valor Grado de la tabla, no lleva aumento salarial en los períodos de ajuste. Creemos que no hay otra forma de racionalizar, porque si seguimos con esta misma práctica, la atomización salarial seguirá eternamente. La única forma de apuntar a una racionalización más gradual es ir congelando, sin pérdidas salariales, las compensaciones que superen el valor Grado de la tabla. Además, tienen un efecto retroalimentador de la financiación de la tabla, ya que en la medida en que esos valores no ajusten los que exceden los valores Grados, el costo de los ajustes es menor y, por lo tanto, pueden atender el costo total de la tabla.

SEÑOR IGUINI.- Inclusive, en este Proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo hay un elemento que va a distorsionar aún más la situación. La reforma del Estado ya asciende a los U$S 150:000.000 y hubo alrededor de nueve mil vacantes. Si bien ya están siendo cubiertas, se prevé en el futuro acumular el valor en dinero de cada cargo que se abandona para transformarlo en uno de alta especialización o de alta prioridad. Es decir que no va a haber una reducción presupuestal en el pago de salarios, sino un escalafón especial de los de alta especialización. En el caso de la Presidencia de la República sucede lo mismo, ya que originalmente esto estaba previsto en la Secretaría de la Presidencia y en la Caja Militar; ahora en la Cámara de Representantes se extendió para toda la Presidencia la creación de un escalafón especial. Eso es lo que planteamos para toda la Administración Pública.

SEÑOR RUBIO.- Me gustaría ver los aditivos proyectados en la Cámara de Representantes para ver si está contemplado el tema de los ajustes diferenciales de las compensaciones, de tal manera que en un período se racionalice el conjunto del sistema. Creo que ese es un problema de texto exclusivamente.

La reforma del Estado, según estimaciones técnicas a las que hemos tenido acceso, en el conjunto del Estado, en la última fase, será del orden de los U$S 500:000.000, entre compensaciones, excedentes, jubilaciones anticipadas, promoción de egresos, contratos de obra, etcétera.

SEÑOR MORALES.- Para que quede como método de reflexión cuando se tengan que tomar las decisiones, quiero hacer algunos comentarios.

Hace algunas semanas tuvimos una entrevista con el señor Ministro y el señor Subsecretario de Economía y Finanzas, y en el día de ayer con el señor Vicepresidente de la República.

En ambas oportunidades fuimos a hacer el planteo que hacemos hoy en esta Comisión, y las dos veces recibimos como respuesta que el país está en crisis. ¡Vaya noticia para nosotros, que desde el año 1991 los trabajadores públicos venimos soportando sobre nuestros hombros el gran peso de la crisis de que nos hablaban los gobernantes!

En este momento decimos a los señores Legisladores que nosotros sabemos de la crisis porque somos los que más la soportamos. Entendemos que nuestro planteo es razonable y no somos inmediatistas; pensamos que gradualmente se puede llegar en este período de Gobierno a las aspiraciones que planteamos. Estas no sólo van a solucionar nuestro problema económico, sino la gran dificultad que tiene el Estado uruguayo, que es la distorsión del salario de sus trabajadores.

Nosotros pedimos a esta Subcomisión, es decir, a la Cámara de Senadores, que cuando vayan a tomar las decisiones se acuerden de los tremendos sacrificios que han hecho decenas de miles de trabajadores públicos y sus familias durante las últimas tres décadas. Creemos que ello amerita que el Parlamento tenga sensibilidad y atienda nuestros reclamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado.

(Se retira de Sala la delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado-COFE)

(Ingresa a Sala la delegación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida a los integrantes de la delegación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

SEÑOR ALONSO.- Mi nombre es Diego Alonso y soy Subsecretario General de la UTHC. Queremos agradecer la oportunidad de dar nuestra opinión acerca de la necesidad de que exista una contemplación, por parte de la Cámara de Senadores, en cuanto a los pedidos de la Universidad de la República en su conjunto y del Hospital de Clínicas en particular. Sabemos que días pasados fueron recibidos representantes de la Universidad por parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, quienes hicieron la presentación de su pedido presupuestal. En esta oportunidad el mismo se presenta de una forma diferente, con objetivos claramente identificables, lo que ha sido compartido por todas las Bancadas y los señores Senadores presentes.

Uno de los proyectos de desarrollo que plantea la Universidad es el de la atención a la salud en el Hospital de Clínicas, Doctor Manuel Quintela. El objetivo general es contribuir a la mejora de la salud de la población a través de una atención de calidad, que constituye un ámbito de enorme valor para la formación de recursos humanos, y la generación y aplicación de conocimientos en el campo de la salud. Este objetivo se construye a partir del análisis de la estructura demográfica y epidemiológica del Uruguay, que ha completado hoy su transición demográfica, y presenta, fundamentalmente, un cuadro de enfermedades de carácter crónico y degenerativo, hecho que condiciona las políticas sanitarias. Obviamente es necesario que estos elementos sean considerados en la práctica, teniendo en cuenta que la salud es un bien social y debe ser abordado por el Estado evitando la superposición de recursos, apuntando a la equidad y a la calidad, lo que se convierte actualmente, no en un tema de discusión política, sino en un imperativo ético, que debe ser considerado como un tema de todos los uruguayos. De este modo, el Hospital plantea su reclamo presupuestal, su visión de presupuesto y su opinión acerca del modelo de salud que lo acompaña, lo que también se está discutiendo a nivel de una Comisión mixta entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República. Allí se plantea la necesidad de conformar una red asistencial pública y docente que evite la superposición innecesaria de recursos y permita una mejor asistencia, tanto en calidad como en cantidad, fundamentalmente basada en una actitud preventiva y en la asistencia primaria de la salud.

Entendemos que este proceso de cambio y esta discusión para la búsqueda de metas en común deben ser impulsados y fortalecidos por medio de una apuesta presupuestal del Hospital de Clínicas que debe contemplar, necesariamente, el acompañamiento de este proceso cultural y funcionarial. Este hará posible una mejor gestión teniendo como centro y último beneficiario al usuario, a la población en general, si se ve contemplado por un presupuesto que permita la recuperación del salario real de los trabajadores del Hospital; esto será fundamental para lograr dicho cambio y conseguir una mayor dedicación al servicio, en especial teniendo en cuenta un tema que pesa mucho a los trabajadores de la salud.

Precisamente, dado lo menguado de nuestros ingresos, muchas veces nos vemos obligados a tener un pluriempleo y correr de un lado a otro lo que, en última instancia y más allá de lo que nos pueda perjudicar en lo individual, repercute directamente en la calidad de los servicios que se brindan al beneficiario de Salud Pública. Hay que tener en cuenta que hay usuarios con características muy complejas, hay mucha gente que proviene del interior, buscando soluciones que en otros lugares no se le pueden brindar, y también de los sectores más desposeídos de nuestro país.

Pensamos que el hecho de tomar como centro al usuario no es un objetivo de discusión de izquierdas o derechas, sino que debe ser de todo el país. Asimismo, tengamos en cuenta que allí debemos expresar la necesidad de que el Hospital de Clínicas es quien resuelve los casos más complejos que se presentan, por lo que es necesario que continúe funcionando a pesar de la discusión acerca de la construcción o la reconversión del edificio. Ese es otro tema que llevaremos a cabo en otro momento; ahora debemos buscar el apoyo presupuestal para la transformación de la gestión de la asistencia y esta apuesta a la asistencia primaria, con la conformación de una red. En ese sentido, el Hospital tiene mucho para dar, este proceso será largo, pero queremos que siga funcionando y dando respuesta a los pacientes, y a la población en general.

Este es nuestro pedido, donde también queda planteado el tema salarial, no sólo como un reclamo sectorial, sino como uno de los insumos imprescindibles para lograr que este proceso de transformación se culmine en la práctica.

SEÑORA ARISMENDI.- Como dice el señor Senador Nin Novoa, sólo quiero hacer un breve comentario.

Hemos seguido este tema en el planteo que hacía la Universidad y hemos atendido a todos los planes que se analizan para el manejo del Hospital, en particular a partir de la nueva Dirección del Hospital de Clínicas.

Quiero hacer un comentario porque me parece importante que la delegación de la UTHC haga hincapié en lo que supone la dignificación del trabajo de los funcionarios del Hospital, en función del proyecto Hospital de Clínicas, es decir, de lo que esta Institución brinda a la población por distintas vías, ya sea a través de la atención o de la formación de profesionales y técnicos como parte de la extensión universitaria. Simplemente, quería hacer un comentario porque, a mi entender, este es un aspecto importante. Se destaca por parte de la delegación de trabajadores del Hospital de Clínicas todo lo que significa la dignificación del trabajo que desempeñan los funcionarios en virtud del proyecto relativo al Hospital de Clínicas y a todo lo que tiene que ver con lo que este brinda a la población, por distintas vías, ya sea por la atención, la formación de profesionales y de técnicos, así como la extensión universitaria, en particular, la del Hospital.

Concretamente, quiero señalar que no creo que los funcionarios tengan que pedir disculpas o hacer una gran fundamentación para reclamar lo que les corresponde lo que, por otra parte, es justo, sobre todo, porque se trata de una función muy especial, en tanto tiene que ver con la vida y con la atención a seres humanos, donde lo que está en juego –no pretendo ser dramática- es la vida y la muerte. En definitiva y tal como lo veíamos en otra sesión en la que discutimos el tema de Salud Pública y la atención directa al paciente, tendría que haber un reconocimiento de la sociedad hacia estos trabajadores por la función que cumplen en lo que respecta a la salud y, particularmente, en el Hospital Universitario.

Quería hacer este comentario porque pienso que hemos entrado en una época en la que se trata de buscar cómo se financian sus aumentos salariales o cómo hay que hacer toda la fundamentación para pedir disculpas cuando se está reclamando lo que es justo y tiene que ver con la función que cumplen estos trabajadores. Por supuesto, estoy convencida de que la función tanto del Hospital Universitario como la de los docentes o la de los funcionarios del Poder Judicial son actividades sobre las cuales se ha apoyado la sociedad entera para que "a camiseta" se saque adelante lo que obligatoriamente debería ser cumplido por el Estado. No quería dejar de decir esto, porque me da la impresión de que estamos pasando como por un tobogán y en esto no involucro a la representación de los trabajadores -pues ellos lo que intentan es dignificar su función- sino a los propios Legisladores.

SEÑOR ALONSO.- Quisiera agregar que el tema salarial, sin duda, no se justifica solamente por la función que cumplimos. Precisamente, esto ha sido reconocido por la propia Universidad en Presupuestos anteriores y es obvio que lo menguado de los salarios universitarios es lo que permite cumplir las funciones sustantivas de la Institución como tal. En días pasados hubo una reunión de hospitales universitarios en Chile y pudimos saber que con presupuestos mayores que el nuestro y con más cantidad de funcionarios por cama se hacía una menor producción, fundamentalmente, desde el punto de vista académico, investigación y extensión. La pregunta que todos se hacían en esa reunión en la que participaron varios países de América Latina y los del MERCOSUR, es cómo podía el Hospital de Clínicas llevar adelante estas funciones sustantivas con un presupuesto tan menguado. La respuesta fue que es por los bajos salarios que perciben los funcionarios.

Me parecía importante destacar este aspecto porque cierra de alguna manera la inquietud que expresaba la señora Senadora en cuanto al planteo salarial que formulamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de los trabajadores del Hospital de Clínicas.

(Se retira de Sala la delegación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda damos la bienvenida a la delegación del Sindicato Médico del Uruguay.

SEÑORA MÉNDEZ.- En principio, quiero agradecer la deferencia que han tenido los señores Senadores en recibirnos y, desde ya, adelantamos que a los efectos de aprovechar el tiempo de que disponemos vamos a leer nuestra propuesta, la que se refiere, concretamente, al área de Salud Pública.

En primer lugar, vamos a hablar de la carrera funcional y de los concursos. Desde hace décadas, no se realizan concursos para los ingresos ni para los ascensos en los cargos médicos de la Administración del Servicio de Salud del Estado -ASSE- a pesar de la expresa disposición legal que así lo establece, a través de la Ley Nº 9.202, artículo 35.37 y 42, Ley Orgánica de Salud Pública. A consecuencia de ello se ha generado una situación por la cual, prácticamente, no existen cargos presupuestados, siendo sustituidos por cargos contratados bajo diversas modalidades. La inmensa mayoría de ellos se ubica en el grado de ingreso al escalafón Grado VIII, provocando de ese modo un fuerte achatamiento de la pirámide escalafonaria, con las consecuencias que esto trae aparejado para el funcionamiento de los servicios.

A los efectos de buscar soluciones a la problemática planteada, se propone que el proyecto de ley de Presupuesto incorpore disposiciones que permitan la reconstitución de la carrera funcional de los médicos del Ministerio de Salud Pública, con el mecanismo de concurso y respetando los derechos adquiridos.

En cuanto a las remuneraciones médicas, podemos decir que históricamente las de Salud Pública han evolucionado significativamente por debajo de las retribuciones que para las mismas funciones rigen en el sector privado. Si se relaciona este aspecto con el punto anterior y a ello se suma una escasa asignación de recursos que para los restantes insumos vinculados a la producción de los servicios asistenciales, se desprende la existencia de condiciones para la generación de niveles de calidad asistencial inferiores a los alcanzados en el sector privado.

En este contexto el Sindicato Médico del Uruguay destaca que es imperioso, para alcanzar similares niveles de calidad asistencial para el conjunto de la población, iniciar un proceso gradual de equiparación remunerativa de las funciones médicas entre los sectores público y privado a lo largo del período presupuestal.

Parte del financiamiento necesario para alcanzar el mismo, lo constituyen los fondos ya asignados a las distintas comisiones de apoyo que tienen el objetivo de incentivar la actividad médica en diversos programas, que funcionan en la órbita del Ministerio de Salud Pública y con lo que actualmente se paga a los médicos y otros funcionarios.

Con respecto a la cobertura de salud de los funcionarios públicos, podemos decir que actualmente toda la actividad laboral privada en relación de dependencia obtiene una cobertura de salud a través de las IAMC con una financiación basada en el aporte de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, que es administrado por el Banco de Previsión Social, función que antes cumplía DISSE. Consideramos que no existe razón sustancial para que la dependencia laboral en la actividad pública y privada tenga un tratamiento distinto en este aspecto, hecho que fue reconocido por los candidatos en las últimas campañas electorales.

La extensión de la cobertura mediante el sistema privado de prestación médica –IAMC- a otros sectores de la población, contribuiría a que exista una asistencia igualitaria y eliminaría las coberturas múltiples que aumentan los gastos del Erario Publico y distorsionan el sistema en su globalidad.

Por las razones expuestas, proponemos que se incorpore, en una primera etapa, a los funcionarios públicos a la cobertura prestada por la ex DISSE, utilizando los fondos de prestaciones de salud de distinta naturaleza que la Administración brinda actualmente a sus funcionarios.

SEÑOR NAVARRETE.- Queremos hacer especial hincapié en la importancia que tiene el trabajo de los residentes para la salud pública. Los residentes, que fueron agregados a la actividad médica en nuestro país en 1985, han cambiado la cara de la asistencia pública en los hospitales en nuestro país, y mucho más en el interior que en Montevideo. Por un lado, aumentó la responsabilidad, ya que los residentes son graduados; anteriormente, la asistencia estaba a cargo de los practicantes. Además, los residentes han pasado un concurso muy exigente, por lo que tienen muy buena preparación, y cumplen cuarenta horas semanales. Sin embargo, tienen un sueldo paupérrimo, que es de $ 3.500 más un apoyo de $ 3.000. El cargo establece dedicación especial, pero los señores Senadores se darán cuenta de que no pueden vivir con $ 6.500, por lo cual el cargo se desvirtúa, en la medida en que los residentes tienen necesidad de ir a cumplir otras actividades para complementar su ingreso. Están en un cargo de formación, que tiene una duración de tres años, y en ese período tienen mucho que estudiar para lograr una adecuada preparación. Pero, ¿cuándo van a estudiar, si tienen que cumplir actividades en otros sitios, porque el sueldo no les da para vivir? De modo que este mensaje del Sindicato Médico es fundamental para nosotros. Creemos que es muy importante que se intente mejorar en algo la situación presupuestal de los residentes.

En todo el mundo, los residentes ganan entre U$S 1.000 y U$S 1.300 mensuales; naturalmente, no aspiramos a que lleguen a esa cifra, porque somos conscientes de que no es posible en este momento, pero pretendemos que por lo menos alcancen los U$S 700.

SEÑOR CORREA FREITAS.- La delegación del Sindicato Médico del Uruguay ha planteado un tema que me viene preocupando desde hace muchos años y que, más que un sueño, es una pesadilla para mí; me refiero al tema de los concursos en el Ministerio de Salud Pública. No pude lograr esto cuando fui director de la Oficina Nacional del Servicio Civil entre 1990 y 1995 y luego entre 1995 y 2000, y en todos los casos me enfrenté con que los propios Ministros y las jerarquías del Ministerio nos plantearan la dificultad de instrumentar los concursos. En este sentido, quiero decir con toda honestidad que, desde el Senado de la República, estoy dispuesto a impulsar todas las normas que sean necesarias para que efectivamente los cargos del Ministerio de Salud Pública se provean por concurso. En las explicaciones que se nos daban, se nos planteaban, por ejemplo, las enormes dificultades que tienen los currículum de los médicos –ustedes los conocerán mejor, porque en cada especialidad tenemos nuestros problemas- pero fundamentalmente, insisto, se nos alegaba que existía una enorme dificultad para llevar a la práctica los concursos y que, por lo tanto, podría llevar mucho tiempo la provisión de los cargos. Entonces, quisiera saber si la delegación que nos visita tiene algún proyecto concreto o ideas prácticas sobre la forma de llevar adelante esos concursos, para evitar que esto se transforme en una traba y que pasen cinco años peleando. Justamente, según me informaban los Ministros, el gran problema era que, si se formaba un tribunal para un concurso, y dadas las dificultades que existían con los currículum que presentaban cada uno de los concursantes, se generaba un conflicto tan grande que terminaba en la imposibilidad de que se proveyera ese cargo.

SEÑORA ARISMENDI.- El señor Senador Correa Freitas tuvo esos problemas desde la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero nosotros, por lo menos en la Legislatura anterior, nunca pudimos lograr que el Ministerio nos informara cuántos médicos tenía. De manera que el problema ya no está solamente en los concursos, sino que va mucho más allá; no es posible ni siquiera saber quiénes son los médicos del Ministerio, cuántos son ni dónde están. Nunca logramos que se nos diera esa respuesta e, incluso, se nos explicaba que el Ministerio no tenía esa información.

SEÑOR LORENTE.- A pesar de que la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública, del año 1934, establece la obligatoriedad de que los ingresos y los ascensos sean realizados por concursos de oposición o de oposición y méritos, como es de público conocimiento, desde hace décadas esta práctica no se realiza, con la excepción que señalaba el doctor Eduardo Navarrete, en el sentido de que los médicos residentes sí tienen un concurso muy exigente. Con respecto al resto de los médicos que han ingresado en las últimas décadas al Ministerio de Salud Pública, ningun ha ingresado por concurso, y tienen modalidades de contratación y de vinculación con la Administración de la más diversa índole, que sin duda habrán sido preocupación del señor Senador Correa Freitas cuando ocupó el cargo de Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El Sindicato Médico, desde hace muchos años, mantiene esta reivindicación con mucha fuerza, y ha luchado por lograr que los ingresos y los ascensos se realicen por concurso. En honor a la verdad, debemos decir que en la actual Administración, el Ministro de Salud Pública, con quien una delegación del Sindicato Médico estuvo reunido ayer, planteó la dificultad de que existe una reglamentación muy antigua y desactualizada en materia de concursos. En este sentido, el señor Ministro se comprometió a nombrar delegados a efectos de que, conjuntamente con representantes del Sindicato Médico del Uruguay de la Federación Médica del Interior, establezcan un nuevo reglamento para llevar a la práctica los concursos. Incluso, formuló un compromiso en el sentido de que los nombramientos de médicos de familia que se realicen en el futuro, concretamente contemplados en la Ley de Presupuesto que esta Comisión analiza, van a ser llenados mediante concurso, y que hasta tanto este reglamento no esté adecuado a la realidad de hoy, no se van a proveer los 25 cargos que el Ministerio tiene asignados para el año 2001.

Esta es una reivindicación del Sindicato Médico que, como decíamos, tiene ya muchos años, y vemos con satisfacción que podría concretarse de acuerdo con la información que el propio señor Ministros nos trasmitiera en el día de ayer.

Un segundo aspecto que estamos manejando en el documento que hemos entregado a la Mesa, refiere al hecho de que, por esa misma realidad de no existencia de concursos, la inmensa mayoría de los médicos, que tienen diversas formas de contratación, están todos en el grado de ingreso, concretamente en el grado 8, aun cuando en la práctica –porque los servicios deben seguir prestándose- cumplen tareas que superan el grado por el que perciben su remuneración. Existen hoy médicos que cumplen tareas de jefatura y de alta responsabilidad, que, no obstante, tienen un cargo de ingreso de grado 8. El Sindicato Médico, además de plantear el ingreso por concurso, pretende también que, en relación a estos médicos que con responsabilidad han desarrollado durante estos años tareas superiores al grado que les corresponde, se haga una adecuación de carrera con los concursos que correspondan y con los méritos surgidos de la tarea realizada, de manera de reconstituir la pirámide que, en este momento, es prácticamente inexistente en el Ministerio de Salud Pública.

SEÑORA POU.- Creo que en la mañana de hoy se ha tocado uno de los puntos quizá más importantes en lo que refiere a la salud del país.

Al escuchar a alguien decir –no recuerdo si fue uno de los delegados o la señora Senadora Arismendi- que es muy difícil el procedimiento para los concursos, uno se pregunta en qué país vivimos, porque esto se hace así en todas partes del mundo, incluso con estructuras mucho más concretas que la nuestra con una considerable cantidad de médicos y funcionarios de los distintos niveles. Entonces, me parece que cortarnos las piernas para no perdernos en el camino, no es la senda más indicada.

Lo que se nos acaba de dar como noticia en el sentido de que el señor Ministro se comprometió a que, de aquí en más, los cargos sean previstas por concurso de oposición o de oposición y méritos, según corresponda a cada uno de los lugares por los cuales se esté compitiendo, nos deja realmente contentos. Verdaderamente, agradezco por habernos enterado de eso, porque no lo sabíamos, y a partir de ahora estaremos vigilantes en lo que refiere al tema.

SEÑOR NIN NOVOA.- Me gustaría profundizar un poco en el tema de la cobertura de salud a los funcionarios públicos. Particularmente, quisiera que se expresara opinión sobre el sistema de asistencia integral que rige para los funcionarios de salud pública en todos los servicios hospitalarios estatales. Al mismo tiempo, quisiera plantear una inquietud que tengo respecto a incorporación de los funcionarios públicos al sistema de DISSE. ¿Tiene esto alguna posibilidad de avanzar hacia otros ámbitos del funcionariado público?

SEÑOR LORENTE.- Existen normas en esta Ley de Presupuesto que, de alguna manera, limitan disposiciones que hasta este momento regían para los funcionarios de salud pública en cuanto a la cobertura de prestaciones. Esto ha generado reacciones por parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y también por parte del Sindicato Médico del Uruguay que ha estado estudiando este tema.

Por nuestra parte, estamos estudiando una alternativa que pretendemos sea más ambiciosa, que no surge como iniciativa propia del Sindicato Médico del Uruguay, y creo que esto es importante destacarlo. Dicho Sindicato, en el año electoral, convocó a reuniones de todos los candidatos a la Presidencia para que manifestaran su respuesta a dos interrogantes formuladas por la Institución. Esas preguntas eran: qué salud tenemos y qué salud queremos. En las respuestas de los cuatro candidatos, escuchamos un compromiso preelectoral. Para ser justos, debo decir que uno de los candidatos a la Presidencia no participó de la solución, pero sí lo hicieron los otros tres, quienes nos dijeron que el 2 de marzo se extendía la cobertura de DISSE a todos los funcionarios públicos. Nos encontramos a mediados de noviembre y esa solución no se ha implementado. Nos pareció que la Ley de Presupuesto constituye una buena oportunidad para incorporar esta medida, que había sido comprometida por los candidatos a la Presidencia.

Además, el Sindicato Médico es consciente de la actual situación que vive el país y del hecho de que generar ingresos en este momento es algo muy difícil, cosa que ustedes comprenden mucho mejor que nosotros. Pero también aportamos lo siguiente. En la Administración pública centralizada se está dando una cantidad de prestaciones de diversa naturaleza con relación a la cobertura de salud. En algunos lugares se paga la cuota mutual, mientras que en otros se tiene servicios propios de asistencia. Esto genera una cantidad de egresos, y la propuesta del Sindicato Médico es utilizar esos egresos que hoy se dan en el Estado en salud parcial y, en algunos casos, inexistente para algunos grupos de funcionarios públicos y dar cobertura a través del sistema de DISSE a todos los funcionarios en una primera etapa. Esta es, concretamente, la propuesta que el Sindicato Médico del Uruguay está realizando.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar constancia de que comparto la idea de que todos los funcionarios públicos deberían estar en DISSE, con el régimen normal de descuento correspondiente. Pero aclaro que eso debería ser gradual, tratando sobre todo de incorporar a los hijos de los funcionarios. El sistema de DISSE funciona en la medida en que las capas etarias no pierdan equilibrio. Cuando avanzamos en los temas etarios, nos encontramos con que determinadas personas utilizan los servicios de salud más que otras. Entonces, cuando hay una incorporación de gente joven, como por ejemplo, en este caso, los niños -no hasta los cuatro o cinco años, edad en que utilizan bastante el servicio, sino a partir de esa edad- eso produce un cierto equilibrio; entiendo que no debería sólo tomarse el tema de los funcionarios, sino también el de los niños.

Naturalmente, comparto también lo que se ha dicho en relación con los jubilados; considero que ese tema debe ser estudiado, a los efectos de establecerse un proceso gradual. Deberíamos plantearnos un horizonte de cinco o seis años, entonces, cuando quisiéramos acordar, una gran masa de uruguayos tendría cobertura a través de DISSE. Esto es algo perfectamente posible, sólo se necesita la voluntad correspondiente y que el Ministerio en cuestión e incluso los interesados –é que el Sindicato es uno, pero también existen otras Instituciones- nos puedan aportar elementos sustanciales en esta materia. Si esto no se puede dar en cinco años, hablemos entonces de seis o se siete, pero lo importante es tener un horizonte que lleve hacia ese sistema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación del Sindicato Médico del Uruguay.

(Se retira de Sala la delegación del Sindicato Médico del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión le da la bienvenida a los funcionarios del SODRE, a quienes previamente se les ha comunicado el mecanismo de trabajo.

SEÑOR LAMANNA.- El motivo de la visita es hablar de la situación actual de los funcionarios del canal y del SODRE en general, en materia salarial. Asimismo, hemos traído una propuesta para resolver ese tema en el próximo Presupuesto.

En un documento redactado el 26 de setiembre de 2000, que enviamos al señor Ministro de Educación y Cultura y a los señores Senadores, hacíamos mención a este tema. En dicho documento señalábamos que como consecuencia de las restricciones en las pautas publicitarias y de las inversiones de las empresas públicas, nuestros ingresos se habían reducido en el entorno del 40% y el 50%. Eso ha complicado de una manera notoria la situación de los funcionarios, en la medida en que los sueldos están –incluso los de los empleados de mayor antigüedad- en el entorno de los $ 2.000. En el caso de los administrativos, técnicos de radio y de televisión, eso se complementa con una partida que también sale de los fondos de libre disponibilidad –en este caso, proventos- que se ha denominado "Reforma Escalafonaria", la que implica aproximadamente $ 1.000 o $ 1.200 por funcionario, lo que en definitiva lleva a que el sueldo base se sitúe en el entorno de los $ 3.000 o $ 3.200. Cabe señalar que los proventos que cobramos significan las dos terceras partes del salario; en los últimos años han adquirido una gran importancia en la estructura salarial, por lo que la situación que estamos viviendo ha generado verdadera angustia.

En ese documento del 26 de setiembre que mencionamos, hacíamos una solicitud concreta en el sentido de incorporar el mejor provento cobrado en 1999 al sueldo presupuestal. Quisiera explicar el por qué de este pedido, que no es caprichoso. Las otras posibilidades que nos han planteado, como por ejemplo el promedio de las partidas de los proventos correspondientes a 1997, 1998 y 1999, disminuirían en el transcurso de estos próximos cinco años y congelarían el salario dejándonos en una situación bastante complicada. Por otra parte, este mejor provento –estamos hablando de recibos de cobro del mes de julio de 1999- nos permitiría tener un salario medianamente decoroso; estaríamos hablando de aproximadamente $ 7.000, donde estarían reunidas todas las partidas.

Fundamentamos nuestra solicitud tomando como antecedente la situación de los funcionarios del "Diario Oficial", que en el Presupuesto de 1995 acordaron con las autoridades una solución de esas características y lograron obtener una mejor partida.

Otras de las razones que nos mueven a esto –y aquí tomamos como punto de partida las palabras del propio Presidente de la República- es tratar de poner en línea estos salarios los que, como les explicamos, son muy bajos. Hemos hablado con algunos señores Senadores y todos han coincidido en que indudablemente los sueldos que se perciben en el SODRE son muy bajos y que es necesario rever la situación.

Si bien hacemos esta propuesta concreta de incorporar el mejor provento de 1999 a la partida presupuestal, quiero decir que estamos dispuestos a conversar y a buscar otra solución –si es que la hay- o a escuchar alguna propuesta de parte de los señores Senadores. Quiere decir que estamos abiertos al diálogo porque creemos que esto se puede financiar. Inclusive, estamos convencidos de que el SODRE, y concretamente Canal 5, tiene enormes posibilidades de crecimiento por delante, lo que de alguna manera ayudaría al autofinanciamiento no sólo del tema salarial sino también de su propio funcionamiento.

Por último, queremos mencionar un tema que tiene que ver con la situación de una cantidad de funcionarios denominados "cachet". Nosotros estamos pidiendo que se regularice esa situación, ya que es bastante comprometida. En el caso del canal estamos hablando de 30 personas que desempeñan funciones en áreas muy delicadas y específicas –muchas de ellas técnicas- pero que no aportan al Banco de Previsión Social, no cobran aguinaldo ni los proventos, aun cuando participan en su generación. En definitiva, entendemos que es un asunto de estricta justicia, y por eso solicitamos que en este Presupuesto sea resuelto.

A modo de ejemplo quisiera informar a cuánto ascendió el sueldo de la funcionaria Paula Colotuzzo en setiembre de 2000: $ 1.567, $ 237 por reforma escalafonaria y $ 1.831 por proventos. Simplemente quería citar este ejemplo para que los señores Senadores tuvieran claro cuál es el panorama del SODRE en general y de los funcionarios técnicos, administrativos y de radio y televisión –que son los más bajos- en este momento.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber si ha ido descendiendo el número de los funcionarios de Canal 5. Por otra parte, en otras oportunidades se han hecho algunas sugerencias con respecto al canal, e incluso nos han traído los artículos redactados para especificar exactamente qué era lo que querían. En este caso, si no entendí mal, se trataría de los proventos de 1999 y del tema de las personas que están pagadas por "cachet", que no aportan al Banco de Previsión Social ni perciben aguinaldo. Sería bueno que nos acercaran el memorándum y la carta que le están mandando al señor Ministro Mercader.

SEÑOR LAMANNA.- La carta fue dirigida al señor Ministro y a todos los señores Senadores.

SEÑOR MICHELINI.- En definitiva, pienso que sería útil que nos acercaran una iniciativa más vinculada a lo que podría ser el articulado. En otras oportunidades lo han hecho y nos ha permitido trabajar con mayor comodidad y precisión.

SEÑOR LAMANNA.- El número de funcionarios aproximado del canal en este momento es de 130 personas. De ese número, más de 30 son contratados por "cachet". Esos funcionarios son administrativos y técnicos y cumplen funciones con un régimen de seis horas de lunes a domingo en el caso de los técnicos, y con una extensión horaria que va desde las 6.30 hasta la hora de cierre, que es entre los 12.30 y la 1.00. No sé si ha habido una disminución sustancial, pero sí la ha habido en cuanto a que muchos funcionarios que tenían causal jubilatoria se han ido retirando y no ha habido nuevas incorporaciones.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quisiera preguntar al señor Lamanna cuál es la diferencia entre la situación actual y la que se prevé en el artículo 228 del Presupuesto de los contratados en régimen de "cachet". En ese artículo se dice que "podrán contratar en régimen de ‘cachet’, solamente artistas, docentes, técnicos en radio y espectáculo, siempre y cuando presten efectivamente servicios en estas áreas". En los incisos siguientes se declara que "no darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público" y que "el crédito autorizado para estas contrataciones es limitativo y no puede ser reforzado".

SEÑOR LAMANNA.- Lo que se plantea en el Presupuesto es fijar reglas de juego un poco más claras y se hace una especificación mayor. Se refiere a técnicos, artistas y docentes. Por lo que sé, en los años anteriores se contrataron algunos funcionarios bajo ese régimen para el área administrativa pero, de cualquier modo, la mayor parte de los funcionarios contratados están destinados a trabajar en el área de técnicos o en los cuerpos estables. Allí es totalmente imprescindible porque se trata de llenar algunos vacíos y, en el caso de no hacerlo, se complicaría la propia mecánica de funcionamiento del canal o de otros sectores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los funcionarios del SODRE y les damos la seguridad de que vuestro planteamiento llegará a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de funcionarios del SODRE)

(Ingresa a Sala la delegación de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión, damos la bienvenida a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, a quienes les damos la palabra.

SEÑOR BARCELO.- Se trata de una situación que se reitera cada cinco años, cuando se establece la temática presupuestal, referida en este caso a la educación pública.

Todos los actores políticos señalan constantemente que la educación pública es un eje fundamental para la transformación del país y siempre se la plantea como una cuestión de futuro. Nosotros entendemos que, justamente, ahora es una cuestión de presente inmediato y que deben tomarse medidas para que de una vez por todas comencemos a salir de la situación de deterioro que vive el sistema educativo público a nivel presupuestal, a nivel salarial y de condiciones de trabajo.

Como ciudadanos –y ello va más allá del ejercicio del sindicalismo o de la docencia- reclamamos que se cumplan los acuerdos firmados por escrito públicamente en noviembre del año pasado, cuando los partidos políticos de nuestro país se comprometieron a elevar el presupuesto destinado a la educación pública al 4,5% del PBI, así como a abordar la temática salarial de los funcionarios, en este caso de la ANEP. Por eso es que entendemos que existe una necesidad imperiosa de que el Poder Ejecutivo envíe un Mensaje Complementario para eliminar la brecha que se dio entre el Mensaje del Poder Ejecutivo y el del CODICEN en cuanto a esta temática, a fin de saldar al menos aspectos sustanciales en cuanto a Presupuesto y salario. Por lo tanto, pretendemos que los agentes políticos operen a favor de que exista un Mensaje Complementario en el que se contemplen las reales necesidades de toda la educación pública. Más allá de lo que puedan ser partidas para inversiones –que sin duda siguen haciendo falta- queremos que también se contemplen los aspectos salariales de todos los funcionarios de ANEP. Podrá haber voluntad política de grandes transformaciones para la educación, pero ellas no se van a poder concretar si no hay un presupuesto acorde con las reales necesidades que se están demandando.

Los señores Legisladores conocen la situación de estancamiento y retroceso en cuanto al presupuesto destinado a la educación pública, que afecta lo edilicio, las condiciones de trabajo, los materiales didácticos y, sobre todo, la profesionalización de la tarea y el ejercicio docente. Sin duda, eso incide directamente, en nuestro caso, en todos los adolescentes y jóvenes uruguayos, porque se da un deterioro de la profesión y, por lo tanto, de la calidad educativa. Todos los discursos que escuchamos siempre apuntan a que en el contexto regional y mundial en el que estamos, Uruguay debe apostar a la educación para comenzar a revertir los hechos y marcar su perfil propio. Reitero que este es el momento, este es el presente y no podemos quedar atados a una situación coyuntural.

SEÑORA ARISMENDI.- Voy a ser muy breve, señor Presidente. Por razones que todos conocen hemos seguido este tema permanentemente, porque somos parte de los docentes de este país, aunque circunstancialmente estemos aquí.

Queremos dejar la constancia de que hasta el momento nuestra bancada no tiene ninguna noticia sobre el Mensaje complementario; solamente estamos informados por los trascendidos de prensa del día de hoy, y parecería que estaría entrando el día martes, pero no tenemos conocimiento acerca de qué contiene. Creemos que sería importante -y vamos a intentar que así se haga- que en lo que refiere a la ANEP en su conjunto, se integrara al debate el aspecto salarial y todo aquello relacionado con el sistema público de enseñanza, particularmente la enseñanza media, ya que en el Presupuesto anterior, el articulado contenía una serie de transformaciones en la educación, que figuraban en el Mensaje presupuestal. Por lo tanto, no se trata solamente de analizar las cifras que puedan venir en el Mensaje complementario, sino de ver en conjunto lo que significan para la educación de este país. Para ello debemos ver la Universidad y la ANEP como un todo, que es la tesitura sobre la que trabajamos nosotros.

SEÑOR MICHELINI.- Mis palabras van en el mismo sentido, porque estos temas son muy conocidos. A diferencia de otras delegaciones a las que tenemos que preguntarles para conocer con detalle sus planteamientos, este es un tema de público debate, no sólo en la campaña electoral, sino luego de ella, e inclusive los delegados que hoy nos acompañan así lo han planteado.

En primer lugar, quiero dejar constancia de que, independientemente de que el Mensaje complementario venga o no, ANEP envió un presupuesto que es superior al que mandó el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, el Parlamento puede decidir entre ambos.

En segundo término, amén de que se puedan plantear otras fórmulas –por supuesto muy legítimas- hemos insistido en que el país asuma un compromiso en el sentido de que cada peso nuevo que entre vaya para la Educación. Nos parece sustancial el tema educativo, no sólo por lograr que los maestros y profesores tengan una mejor remuneración –a la que tienen tanto derecho como cualquier otro funcionario público- sino porque creemos que es la única inversión efectiva que puede hacer el país para marcar una diferencia en lo que es su propia esencia. La educación es lo que nos diferencia del resto del mundo. Creemos que la inversión en las nuevas generaciones es un punto esencial que todos debemos perseguir.

En su momento, pues, presentaremos propuestas para que haya mecanismos que permitan incorporar a los salarios de los docentes todo peso nuevo que aparezca en los próximos meses y años.

SEÑOR BARCELO.- En la carpeta que entregamos a los señores Senadores, en la primera hoja, en función de los Mensajes presentados tanto por el Poder Ejecutivo como por la ANEP, hay una serie de modificaciones que propone no solamente FENAPES, sino también el conjunto de los sindicatos de la educación. También entendemos que hoy por hoy la coyuntura es otra, ya que ha habido una señal clara en la Cámara de Representantes -y en los distintos medios de prensa, que es la forma en que nos estamos enterando- en cuanto a la existencia de un Mensaje complementario. También por medios de prensa hemos escuchado dos posturas: por un lado se ha hablado de mayor inversión y, por otro, de aumento salarial. En ese caso, la Federación quería plantear que va a optar por un aumento salarial, porque esa es una de las grandes urgencias nacionales.

SEÑOR MICHELINI.- En este caso, inversión y salario es lo mismo, porque más del 90% -y estoy seguro de que más- de la instrucción de los niños, está en manos del recurso humano, y es ahí donde se debe invertir.

SEÑOR NIN NOVOA.- Tal como lo expresó el señor Senador Michelini, esta temática es muy conocida. Lamentablemente, en el Inciso 25, para la ANEP viene una partida única de $ 30:000.000, que va a ser asignada al traslado de docentes. Luego hay otro artículo que habla de que aquellos recursos que se viertan a Rentas Generales por la enajenación de bienes muebles del Estado, podrán ser destinados a Salud Pública o a ANEP, según las prioridades del Poder Ejecutivo. De cualquier forma creo que las partidas que vengan por medio del Mensaje complementario serán significativas porque, en los hechos, en el Mensaje original no hay nada. Entonces, todo es aumento.

SEÑOR RUBIO.- Pido disculpas por haber llegado tarde. Lo que ocurre es que estamos participando en varias reuniones a la vez. Quiero decir que conozco el planteo y comparto plenamente la preocupación de los docentes y de los funcionarios de Educación Secundaria. Si bien se están manejando varias fórmulas, creo que en realidad los temas del incremento salarial, de la cuota mutual y de ligar incrementos futuros al producto, son sustantivos. Sin duda la política de inversión central está en los recursos humanos, como decía el señor Senador Michelini, pero pienso que otras inversiones se pueden financiar en el mediano plazo, inclusive por créditos que se han otorgado o que se están gestionando en el marco del financiamiento externo. Ese es el tema clave.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores inscriptos para hacer uso de la palabra, sólo nos resta agradecer la presencia de los invitados, dándoles la seguridad de que la versión taquigráfica de sus palabras llegará a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de FENAPES)

(Ingresa a Sala la delegación de la Dirección Nacional de Comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda, doy la bienvenida a la delegación que nos visita en el día de hoy.

SEÑOR CERVERA.- Soy funcionario de la Dirección Nacional de Comunicaciones y, en primer lugar, queremos agradecer la oportunidad que se nos ha brindando para expresar nuestras inquietudes. Pertenecemos a un órgano desconcentrado del Ministerio del Defensa Nacional. Esto quiere decir que nos regimos por el Estatuto del Funcionario Público y que somos funcionarios civiles, de carácter presupuestado.

Nuestras apreciaciones se centran respecto a determinados proyectos de ley que están destinados a modificar el marco legal de las telecomunicaciones, y consideramos imprescindible trasmitir a los señores Legisladores nuestras preocupaciones sobre el enfoque con el que se está manejando este tema.

Consideramos necesaria una revisión y actualización de la legislación nacional en la materia. También entendemos que se hace impostergable la creación de un órgano regulador, pero con algunas salvedades. Se debe contemplar la importancia estratégica de las telecomunicaciones y sus potencialidades de desarrollo, y consideramos imprescindible que se cuente con una Ley Nacional de Telecomunicaciones. Por ello estimamos que el ámbito adecuado no es un conjunto de artículos dentro de la Ley de Presupuesto, que tiene otros fines específicos.

Con fecha 13 de junio se ha presentado ante este Parlamento un proyecto de ley en el que se prevé la creación de un nuevo organismo rector de las comunicaciones, denominado CONTEL, en el que quedaría subsumida la Dirección Nacional de Comunicaciones. Los miembros del Directorio de este organismo serían nombrados por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado.

Además, tenemos conocimiento de que el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto que será remitido a este Parlamento en forma de Mensaje Complementario, para ser incluido en la Ley de Presupuesto que se está tratando. Dicho proyecto refiere a la creación de un órgano regulador de los Servicios de Telecomunicaciones, denominado URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones), que prevé que los miembros del Directorio de ese organismo serán designados por el Poder Ejecutivo, pero sin la previa venia del Senado. Entendemos que este punto atentaría contra la independencia de criterio y de acción que debe tener el organismo que se crea. Además, los funcionarios tendrían el carácter de contratados, lo cual crea preocupaciones en el mismo sentido.

Adicionalmente, la administración del espectro radioeléctrico –que es el cometido fundamental de la actual Dirección Nacional de Comunicaciones- incluye el monitoreo de las emisiones radioeléctricas, el control técnico de las estaciones y el contralor correspondiente para que los servicios operen dentro de los parámetros incluidos en la licencia. El articulado del proyecto del Poder Ejecutivo segmenta estos cometidos entre la URSEC y la DNC, con lo cual se provoca una ineficiencia de gestión por la superposición de cometidos y se generan indefiniciones en cuanto a las facultades de control de los servicios radioeléctricos. A vía de ejemplo, en caso de presentarse algún problema de interferencia, el usuario afectado tendría que dirigir su reclamo al órgano autorizante, que sería la URSEC. A su vez, este organismo tendría que derivar el reclamo a la Dirección Nacional de Comunicaciones, que se encargaría de efectuar el monitoreo y las inspecciones técnicas correspondientes. Luego debería realizar el informe y aconsejar medidas a la URSEC quien, en definitiva, sería la competente para actuar adecuadamente. Como se puede apreciar, el proceso es notoriamente más complejo que el actual.

Con respecto a las competencias que le fueron atribuidas a la DNC, en el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.671 se establece "Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional". Ahora bien; cabría precisar de qué hablamos cuando se hace referencia a la "defensa del espectro radioeléctrico". Esta es la tarea que actualmente realiza la DNC, concurriendo a los foros subregionales, regionales e internacionales, como el MERCOSUR, CITEL y UIT, para realizar las gestiones correspondientes de notificación y coordinación, a efectos de obtener el reconocimiento y la protección contra interferencias. En el proyecto que se estaría elaborando, estos cometidos aparecerían divididos entre la URSEC y la DNC, lo que genera, por un lado, una superposición de competencias y, por otro, un complejo mecanismo de coordinación entre ambos organismos.

Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo –por el que se crearía la URSEC- se considera a los servicios como compartimentos estancos, y esto va en sentido opuesto a la actual tendencia de la tecnología, de convergencia de los servicios. Es decir que surgiría una serie de interrogantes en cuanto al alcance de las competencias de uno y otro organismo cuando hablamos de radiodifusión de datos, de radiodifusión digital, de radio por Internet; o a la inversa, ello ocurriría con los sistemas de televisión por abonado inalámbrico o aquellos que utilizan redes mixtas, o los servicios anexos, como por ejemplo el acceso a Internet a los abonados de televisión por cable.

Gran parte de nuestra preocupación se plantea también sobre el financiamiento de la DNC. En la actualidad, este organismo se maneja exclusivamente con recursos extrapresupuestales procedentes de la facturación por concepto de asignación de frecuencias y licenciamiento de servicios.

Como estos cometidos son transferidos en gran número a la URSEC, no queda claro de qué manera se va a financiar esa DNC de cometidos reducidos.

Además, tenemos otras interrogantes relacionadas con los funcionarios de la DNC. Tanto los técnicos como los profesionales y los administrativos, realizan tareas de especialización en una materia específica. Por ejemplo, un número considerable de funcionarios ha hecho cursos –inclusive en el exterior- para manejar las materias específicas a que están asignados. En caso de prosperar este proyecto, muchos de ellos quedarían asignados, o bien a otros cometidos diferentes de aquellos específicos para los que están capacitados o, en su defecto, tendrían que concursar para ocupar un cargo en la URSEC, aunque perderían su condición de presupuestados para pasar a un régimen de contratados.

En materia de capacitación internacional, debemos tener en cuenta que también se han desarrollado algunos proyectos de mejora, como por ejemplo el que se ha hecho en cooperación con UTE para el desarrollo del Sistema de Expediente Electrónico, denominado GEX 500, que actualmente está en funcionamiento en varios organismos de la Administración pública, como la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Además, tenemos a estudio varios proyectos adicionales para incorporarlo a otros organismos. Cabe destacar que este sistema informático se rige por el Decreto 500 y es acorde con lo establecido en la reciente Ley de Urgencia en cuanto a la informática en la Administración Pública.

Adicionalmente, se desarrolló un Sistema de Administración Comercial, que contempla todas las actividades que se realizan en la actual DNC y, eventualmente -dado que tiene un desarrollo modular- podría utilizarse en otros organismos o en otras administraciones extranjeras similares a la nuestra para la administración del espectro radioeléctrico.

Otro problema que se nos plantea es que no hay ningún tipo de reconocimiento a la trayectoria y a la especialización de los actuales funcionarios; no se considera ningún tipo de solución a la disparidad de niveles salariales existentes en la actualidad entre el personal de la DNC y sus pares de ANTEL, que tienen similar perfil ocupacional y de formación. Hay que tener en cuenta que la DNC fue creada por el Decreto-Ley Nº 15.671.

Al respecto, corresponde establecer que en virtud del Decreto Nº 497/93 se había establecido una equiparación salarial entre ambos organismos. Esto funcionó durante cinco años sin ningún tipo de problemas, hasta que el Poder Ejecutivo, a través de un Decreto de abril de l998, dispuso dejar sin efecto esta equiparación y retrotraer nuestros salarios a valores de enero de l997.

En conclusión, consideramos que la Dirección Nacional de Comunicaciones en un todo y debe integrar el órgano regulador, sin perjuicio de que, eventualmente, también deberían participar ciertas áreas de ANTEL y de la Dirección Nacional de Correos. Además, los funcionarios deberían mantener su calidad de presupuestados y, adicionalmente, se debería restablecer la equiparación salarial con ANTEL, que es el organismo que en este momento tenemos como referente a nivel nacional.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que está claro, de acuerdo con el planteo de nuestros visitantes, que su posición es la de que sería conveniente que se creara -ya sea por el Mensaje complementario o por otra iniciativa legislativa- un organismo regulador en el que participara la Dirección Nacional de Comunicaciones. Asimismo, pude entender que a su criterio no se debe cambiar el carácter de presupuestados de los funcionarios de esa Dirección y que el nivel de sus remuneraciones debe estar acorde con el de otras reparticiones que deben participar en el organismo regulador al que se ha hecho referencia.

Concretamente, quisiera saber –he leído con atención el documento y quizás no haya advertido algún punto- cuál debe ser el Ministerio de referencia del organismo regulador que se propone. A modo de ejemplo, podemos decir que así como el Banco Central tiene como Ministerio de referencia al de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social al de Trabajo y Seguridad Social, seguramente para el órgano regulador del que estamos hablando también debería haber uno, que notoriamente no sería el de Defensa Nacional.

SEÑOR CERVERA.- Entendemos que lo fundamental de este organismo sería, por un lado, que tuviera jerarquía y, por otro, autonomía técnica y funcional. Ya existe un proyecto que se está estudiando, que plantea un posicionamiento similar al de la Oficina Nacional del Servicio Social. Entendemos que, a falta de un Ministerio con la competencia específica de las comunicaciones, ese entorno podría ser el adecuado.

SEÑOR MICHELINI.- Pero no el Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación de funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicaciones y les damos la seguridad de que la versión taquigráfica de sus palabras será distribuida a los demás señores Senadores que forman parte de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda.

(Se retira de Sala la delegación de funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicaciones)

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Padres de Discapacitados de Florida)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Padres de Discapacitados de Florida, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA RODRIGUEZ.- Señor Presidente: representamos a la Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados de la ciudad de Florida, que es una organización civil sin fines de lucro, con personería jurídica. Esta Asociación ha creado el Centro Doctor Jacobo Cibils, institución que atiende en Florida, desde hace diecisiete años a discapacitados profundos de dicha ciudad y zonas vecinas.

Esta institución, en este momento, se mantiene con una población de alrededor de 105 alumnos, que oscila por las altas de tratamiento. Todos ellos tienen discapacidades profundas y moderadas. La institución funciona con apoyo del INAME y del Banco de Previsión Social, con el que se mantiene un convenio. Asimismo, se reciben algunos aportes de socios voluntarios y el trabajo de padres que realizan beneficios.

Nuestra institución se ha mantenido durante diecisiete años, y en este momento funciona en una planta física que no es adecuada para sus requerimientos. A través del tiempo se ha ido modificando, pero los recursos materiales resultan totalmente insuficientes para la atención que se brinda, que es la rehabilitación completa y que procura la integración a la sociedad y al sistema educativo a cada uno de los chicos.

El trabajo se realiza en forma individual con los alumnos y se brinda un tratamiento completo que se prevé y se piensa con el médico tratante y con técnicos que integran un equipo multidisciplinario.

En principio, concurrimos a la Cámara de Representantes con el fin de que se nos incluyera en el Presupuesto Nacional. Evidentemente, si nuestra institución dejara de funcionar, se ocasionarían grandes dificultades a los padres, que deberían trasladarse, en algunos casos, hasta 100 kilómetros. Repito que las dificultades son cada vez mayores y sabemos que en la primera parte del análisis de este Presupuesto hemos sido considerados. Tenemos conocimiento de que la cifra que se nos ha otorgado resulta insuficiente para las necesidades de la institución, ya que también estamos abocados a la construcción de una nueva planta física para la cual ya contamos con el terreno. Sin duda, con un presupuesto que se mantiene al día en lo que tiene que ver con los aportes al Banco de Previsión Social y al INAME -aunque no en lo que respecta a los gastos de la institución, porque siempre hay un déficit que debe cubrirse con la realización de beneficios- resulta muy difícil superar la crisis por la que estamos atravesando.

SEÑORA ASTENGO.- Tal como decía nuestra Directora, estamos trabajando en este momento con 105 chicos y jóvenes –algunos tienen 39 años de edad- que se han incorporado a talleres laborales. Incluso, atendemos niños desde cinco o seis meses, ya que ingresan en cuanto se detecta su discapacidad. En la gráfica que figura en la carpeta que hemos entregado a los señores Senadores, podrá observarse que allí no figura el mismo número de chicos, lo cual revela la movilidad de la población que atendemos. Precisamente, esa carpeta fue confeccionada para presentarla en la Cámara de Representantes hace alrededor de tres meses.

Como ya se ha dicho, tenemos un edificio totalmente inadecuado, y quienes lo conocen saben que allí hay escalones, por lo cual el ingreso con sillas de ruedas se hace a pulmón por parte de los funcionarios.

Por otra parte, el edificio resulta pequeño, ya que incluso hay chicos que están en lista de espera para ingresar, porque el presupuesto que tenemos –tal como aparece en la carpeta- es equilibrado gracias al trabajo de la Comisión, pero no cubre nuestras necesidades. Por ejemplo, hay grupos, sobre todo en los de los casos más difíciles, que son los de chicos psicóticos y autistas, en los que no podemos realizar más ingresos. Por tanto, hay chicos que esperan que ampliemos la capacidad de la planta física, así como también que se incorpore personal, lo que en estos momentos es totalmente imposible. Por eso, en el material entregado informamos que el año que viene tendremos un déficit de U$S 3.000 mensuales, teniendo en cuenta los proyectos que hay. Sabemos que si lográsemos tener U$S 7.000 mensuales, podríamos llevar adelante el proyecto que pretendemos en los próximos años. Esa cantidad, para nosotros, es imposible de obtener, e incluso no sabemos cómo se podrá cubrir ese déficit de U$S 3.000. De todos modos, tenemos claro que la institución tiene que abrir su matrícula e incorporar a los chicos que están en sus casas, porque no hay otro lugar a donde puedan asistir. No existe una institución privada o estatal que pueda incorporarlos, sobre todo a los que tienen problemas psicóticos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Debo informar que el artículo 324 que fuera aprobado tiene una partida para este Centro de $ 200.000 para los años 2001 y 2002.

SEÑOR RUBIO.- Debo expresar que conozco perfectamente el magnífico trabajo hecho por el Centro Jacobo Cibils en los últimos veinte años en el departamento de Florida. Quiero agregar que es la única institución que tiene estas características.

En la Cámara de Representantes, mediante el artículo 324, se aportó una pequeña partida que va del 2000 al 2002. Es decir que no cubre todo el período y además es muy exigua, porque son U$S 1.434 mensuales. Teniendo en cuenta las necesidades de esta institución, creo que el Senado debe hacer un esfuerzo para incrementar esta partida, y estamos dispuestos a trabajar en esa dirección, porque se trata de una necesidad perfectamente justificada.

SEÑORA POU.- Al igual que el señor Senador Rubio, desde el inicio he sido testigo de la magnífica obra del Centro Jacobo Cibils, que he visto crecer y he podido observar cuánto más que el presupuesto se pone allí, porque muchas cosas no se pueden contar ni incorporar en los balances, y si bien no tienen precio, son las que valen.

En una situación ideal, aparte de estos $ 200.000 que están en el Presupuesto, se necesitaría elevar esa cifra hasta los U$S 7.000 mensuales, pero en el caso de que no pudiéramos llegar a esta cantidad y tuviéramos que moderar las expectativas, mi pregunta es si estaría incluido dentro de ese achicamiento el aprovechamiento del terreno que ustedes tienen y la construcción de ese nuevo edificio.

SEÑORA RODRIGUEZ.- Quiero agradecer las palabras de la señora Senadora Pou y del señor Senador Rubio, que son personas que realmente conocen la obra. Eso que dice la señora Senadora que no tiene precio, lo acabo de recibir. Por tanto, muchas gracias en nombre de todo el personal.

Respondiendo la pregunta, debo decir que sería imposible sin los U$S 7.000 plantearnos la construcción de la planta física. Como decía la señora Secretaria, en este momento tenemos carencias, como por ejemplo, chicos que están en lista de espera. Entonces, primeramente incorporaríamos otros maestros, técnicos y otros turnos. Esto sería posible llevarlo adelante antes de pensar en la planta física. Si se me pregunta cuánto sería el máximo que nos podríamos achicar, pienso que la cifra no debería ser menor a U$S 3.000.

SEÑOR MICHELINI.- Conocemos la situación, y creo que realmente despierta una sensibilidad muy especial. Por más que esa cifra se haya incorporado en la Cámara de Diputados, el Presupuesto no está aprobado y, por tanto, hay que estar atentos. Además, esa cantidad es insuficiente y habrá que ver si viene algo en el Mensaje Complementario, pues de no ser así se van a generar otro tipo de inconvenientes. Asimismo, independientemente de la cifra a la que se llegue, creo que existe un problema adicional que es el período que se establece, porque por más que no se pueda comenzar la construcción ahora, con sólo mantener la obra –me refiero a la obra espiritual y física con estas personas que tienen capacidades diferentes- para que no entre en déficit y caiga, y lograr abatir el déficit, luego podríamos pensar –aunque no sea en este Presupuesto, pero quizás en una Rendición de Cuentas, mediante la Intendencia de Florida o incluso a través de préstamos internacionales- a más largo plazo.

Ahora bien, ahí hay un problema que me parece que es más preocupante que la obra. Se dan rubros para el año que viene y algo más para el otro, pero supongo que el mecanismo del supuesto gasto cero quedará; entonces, lo que no se establece en este Presupuesto, es difícil que se pueda incorporar después.

SEÑORA ASTENGO.- Nosotros no sabíamos que la partida era por dos años; creíamos que era por cinco, y esta es una gran preocupación.

SEÑOR MICHELINI.- Son casi U$S 18.000. Se trata de dos partidas, una para el año 2001 y otra para el 2002.

SEÑOR NIN NOVOA.- Debo decir que este proyecto fue mejorado en la Cámara de Representantes, porque originalmente venía una partida para los años 2000 y 2001, y en esa Cámara se agregó que fuera también para el 2002. Creo que vale la aclaración. Hay un espíritu de colaboración para esta obra que, sin duda, es insustituible, porque muchas veces el Estado adopta una actitud de prescindencia frente a algunos casos de la realidad social que obligan a tener una sensibilidad especial y mayor frente a estas obras, que son muchas en el país y a todas se debería ayudar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sólo resta agradecer la presencia de la delegación de la Asociación de Padres de Discapacitados de Florida, y tengan la seguridad de que su planteamiento llegará a todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Padres de Discapacitados de Florida)

(Ingresan a Sala los representantes de la Comisión Pro Universidad de la República Regional del Este)

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de la Comisión Pro Universidad de la República Regional del Este, a quienes les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA ZABALETA.- Soy representante estudiantil en la Comisión Pro Universidad de la República Regional del Este, que se ha formado en Maldonado a partir de mayo de este año y tiene un proyecto que es bastante antiguo en Maldonado, así como también en todo el interior del país, que refiere a la descentralización de la educación terciaria.

Comenzamos nuestras gestiones en abril de este año. Un grupo de estudiantes se unió a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental y se comenzó a trabajar en forma conjunta para lograr este proyecto.

Mantuvimos una reunión con el rector de la Universidad, ingeniero Guarga a quien planteamos nuestra idea y entregamos las 5.000 firmas que logramos juntar en una semana en el departamento de Maldonado para avalar nuestra idea. El señor rector se mostró realmente muy comprometido con este proyecto, apoyó nuestra idea y nos puso como condición indispensable para instalar cualquier curso de la Universidad en Maldonado, realizar un estudio de factibilidad para saber cuáles son las necesidades del departamento y cuál la demanda de estudiantes. La idea es poner en la balanza las necesidades reales y las carreras que podrían ser instaladas. El estudio debía ser pagado por la Intendencia Municipal de Maldonado, según nos pidió el Rector. Luego de hablar con el señor Intendente antes y después de resultar electo, logramos que la Intendencia solventara los gastos de este estudio, que fue firmado el 1º de noviembre por la Universidad y dicha Intendencia Municipal. Quiero señalar, por último, que el mismo comenzó a desarrollarse.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Ante todo, considero necesario aclarar un poco que hay una voluntad real de varias partes o, mejor dicho, de los protagonistas de esto. La Universidad así lo demostró en un principio, cuando el Rector fue a la Junta Departamental de Maldonado. Así pues, sabemos que hay una voluntad real en cuanto a la descentralización, ya que el rector lo ve como una prioridad. Incluso, en el Presupuesto de la Universidad, hay un rubro dedicado a la extensión universitaria, y es por eso que acudimos a los Legisladores, es decir, creemos que es deber de las autoridades apoyar y apuntar a una equidad social en lo que tiene que ver con la educación. De parte de la Intendencia también hay una voluntad real porque –como bien decía la compañera- ya se firmó un estudio de factibilidad que será financiado por la Comuna; queremos aclarar que, en este caso, estamos hablando de más de U$S 20.000. Este aspecto muestra realmente la voluntad que existe, no sólo por la cifra que acabamos de mencionar, sino por el hecho de que se decidió avanzar por este camino sin saber cuáles son las carreras y dónde se instalarán. Se hizo una inversión sin tener todavía los datos reales de cómo y cuándo. Por nuestra parte, apuntamos a la voluntad que sabemos tiene la Universidad y la Intendencia en sí confió en esa voluntad. Cabe agregar que no sólo la Intendencia Municipal de Maldonado, sino toda la población del departamento apunta –y lo aclaramos ante esta Comisión, en la que están representadas todas las fuerzas vivas- a que haya una Universidad no sólo para Maldonado sino también regional. No se trata de implantar una Universidad para cada departamento, porque sería algo totalmente utópico. Lo que pedimos es una Universidad regional que, también por factores éticos, sería bueno que fuera descentralizada en la región. Debemos decir que se ha formado una Comisión en Maldonado, y hay otras en San Carlos, Pan de Azúcar y Piriápolis. Hoy mismo se está reuniendo una Asamblea a los efectos de formalizar esta última. Hablamos también con los Intendentes de Lavalleja y Rocha y en Minas hay una Comisión que está trabajando en este tema a nivel liceal.

Me parece importante el hecho de que toda una región se haya puesto a trabajar en conjunto en algo tan importante como es la educación. Por eso, realmente sentimos como un deber el apoyar a la otra parte. Es decir, las Intendencias van a poner su granito de arena, por decirlo de alguna manera y, por lo que sabemos, la Universidad quiere ponerlo también.

Es por esa razón que hoy venimos a hablar ante ustedes.

Por otro lado, hay una factibilidad real en cuanto a que Maldonado tiene una infraestructura ociosa en toda la temporada baja. En este sentido, hemos hablado con hoteleros, quienes plantean eso mismo, es decir, establecer una tarifa estudiantil que permita facilitar las cosas y hacer un cambio estructural real en lo que tiene que ver con la sociedad. Estamos convencidos de que habiendo una sociedad en la región, la sociedad en sí cambia, es decir, no es la misma. Y no apuntamos a la equidad social, sino también a que todos nosotros podamos estudiar y tener objetivos claros más allá de lo que puede ser la educación media, porque hay una condicionante real, que es la economía.

Para resumir, queremos decir que se está haciendo un estudio de factibilidad, que constituye, por decirlo de alguna manera, la balanza entre lo vocacional y la necesidad real de la región. A partir de allí, se van a dictar ciertas carreras, que no sabemos cuáles son, pero son específicas, quizá cortas, pero implementadas realmente con inteligencia.

La Universidad también ha tenido experiencias en lo que refiere a descentralización, algunas positivas y otras negativas. En mi opinión las experiencias negativas se debieron, en gran parte, al hecho de que no se realizó un estudio como el que ahora se está llevando a cabo, cosa que incluso fue admitida. Es por eso que la propia Universidad creyó indispensable realizar el citado estudio.

Hemos venido a pedir el apoyo de los Legisladores, porque lo sentimos como un deber. Además, queremos recalcar que existe un rubro de la Universidad para la descentralización universitaria hacia el interior, denominado, "Extensión Universitaria", y allí está incluido el Este. En el departamento de Maldonado se ha triplicado la población, según los datos del censo. Quizás en los años 80 teníamos 3.000 estudiantes sólo de Maldonado estudiando aquí. Entonces, si hablamos de toda la región y, a su vez, se triplicó la población de Maldonado, cabe preguntarse cuántos estudiantes podemos tener ahora. No tengo el dato preciso, pero sabemos que se trata de una cifra muy alta. Ahora bien; no sólo debemos apuntar a esa población sino a la posible población , es decir, a todos aquellos que no pueden venir, pero tienen el deseo de hacerlo, y ahí los números se agrandan. Entonces, ese es un dato real, por lo que aquí existe una prioridad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me comprenden las generales de la ley, porque soy de Maldonado, y quiero decir que el estudio de factibilidad fue firmado por la Intendencia y cuesta casi U$S 40.000. Puede ser dividido en partes iguales entre la Intendencia y la Universidad. Se está trabajando muy seriamente en ese estudio, por cuanto lo que se busca es detectar científicamente las necesidades laborales a los efectos de que las carreras sean aquellas realmente indispensables para el medio.

SEÑOR RUBIO.- Conozco perfectamente esta propuesta porque he estado con los estudiantes en varias oportunidades. Además, sé del apoyo que se ha dado a esto en Maldonado y tengo entendido que se está haciendo una proyección más hacia fuera. Incluso, estuvimos en la Junta Departamental de Maldonado y pudimos escuchar la opinión de distintos sectores políticos sobre el tema.

Confieso que el proyecto me resulta muy interesante porque no se trata de hacer una microuniversidad. Es decir, se tiene la idea de hacer un Centro Regional especializado en las cuestiones que tienen mayor demanda en la zona en materia de economía turística y otras. En realidad, el propio estudio de factibilidad indicará el resto de los componentes. Sé que la Universidad comparte este punto de vista porque tuvimos oportunidad de plantearlo días pasados, cuando estuvo presente en este ámbito el señor Rector.

Entonces, la idea me parece importante y el apoyo social es más fuerte. Ahora bien, entiendo que lo que se está planteando es el refuerzo de rubros para la Universidad a fin de que ésta, a su vez, esté en condiciones de encarar este proceso de descentralización. Esto es lo que me ha parecido entender luego de escuchar el planteo hecho aquí, salvo que existiera, además, otro contenido que no haya alcanzado a percibir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Aparentemente, se descuenta que esa es la finalidad.

SEÑOR MICHELINI.- Más allá de la innovación y lo interesante que es la idea quisiera saber si hay algo concreto en lo que se pudiera ayudar, más allá de ir siguiendo paso a paso el desarrollo que están haciendo los grupos de apoyo, como la propia Universidad y la Intendencia Municipal de Maldonado. De otro modo, creo que esta experiencia también sería bueno que la contaran a nivel de las Comisiones de Educación y Cultura de ambas Cámaras del Parlamento.

SEÑORA MUNIZ.- Soy maestra y ex Edil, comenzando a trabajar en la Comisión de Cultura de la Junta.

Tenemos el apoyo de toda la población y de todos los egresados universitarios de Maldonado, quienes se han ofrecido para ayudar no sólo con su presencia sino también materialmente. Incluso, contamos con infraestructura en lo que tiene que ver con el edificio para instalar los cursos universitarios. Por ejemplo, el del CERP que queda libre a partir de las 17 horas, y que cuenta con una sala de informática muy importante y uno de los laboratorios más completos. Quiere decir que allí estaría todo pronto para que comenzaran los cursos universitarios.

Hemos hablado con el Rector quien nos señaló que el Presupuesto está indicado dentro de lo relativo a la extensión hacia el interior.

SEÑORA POU.- Realmente es una alegría y un refresque ver a estos jóvenes peleando por la educación terciaria. Esto me merece una reflexión que espero sea compartida. Recuerdo una las palabras que el joven delegado nos trasmitía acerca de cómo iban a ser elegidas las carreras, en el sentido de que no habrá una clonación de lo que son los programas universitarios. Con respecto a la autonomía universitaria -que compartimos porque entendemos que es la esencia misma del concepto universitario- debemos decir que siempre nos gustó ponerle una preposición y señalar que debe ser para y no del país. El hecho de que se pueda pensar en una universidad en el este, que esté en consonancia con las actividades, sobre todo post universitarias, que los muchachos y las chicas puedan tener, va afinando este concepto de verdadera autonomía, que no es del país sino para preparar mejor a la gente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Simplemente nos resta agradecer vuestra presencia y asegurarles que su planteo será tenido en cuenta.

(Se retiran de Sala los representantes de la Comisión Pro Universidad de la República Regional del Este)

(Ingresan a Sala los representantes de la Comisión Departamental de Apoyo a la Escuela Rural de San José)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión tiene mucho gusto en recibir a los representantes de la Comisión Departamental de Apoyo a la Escuela Rural de San José, quienes ya han sido puestos en conocimiento del mecanismo de trabajo.

SEÑOR CAMY.- Soy Edil departamental de San José y he venido acompañado por cuatro padres de distintas escuelas rurales de nuestro departamento. Sabedores del reducido tiempo del que dispone esta Comisión, queremos contarle concretamente nuestra experiencia.

En San José hemos conformado la Comisión Departamental de Apoyo a la Escuela Rural. Hay 67 escuelas rurales que se han representado a través de distintos padres que conforman dicha Comisión. Personalmente, represento a la Junta Departamental y también integran aquel Cuerpo los dos Representantes Nacionales por nuestro departamento los señores Chapper y Sellanes. Todo esto nos preocupa mucho y seguramente ya lo tengan presente los señores Senadores en virtud de que damos por supuesto que se ostenta la representatividad que aquí los trajo, es porque conocen la realidad del país. En el Uruguay las escuelas urbanas reciben del Consejo respecto de la ANEP una partida fija para solventar el costo de los auxiliares de servicio, pero no ocurre lo mismo con las escuelas rurales. Ellas solventan el costo del auxiliar de servicio a través de las tortas fritas, las carreras de petisos, etcétera, es decir, con todo ese microclima rural. A nuestro juicio, los auxiliares de servicio son tremendamente importantes. A través de números estadísticos dejaremos en claro cuál es la situación de nuestro departamento. En San José existen 67 escuelas rurales, 45 de las cuales son unidocentes, es decir, que tienen una sola maestra. Asimismo, de esas 67 sólo cinco tienen un auxiliar de servicio presupuestado en la Administración Nacional de Educación Pública. Esto habla a las claras de que la inmensa mayoría está siendo solventada por los vecinos.

Tengamos en cuenta que el nuestro es un departamento de productores muy pequeños, el que tiene más colonos del país y con una alta tasa de productores arrendatarios, con producción intensiva. Los señores Senadores conocen bien la situación que está atravesando el sector agropecuario, lo que agrava aún más el hecho que desde siempre los productores rurales hayan solventado a la escuela rural. Tengamos en cuenta que ésta es el centro de desarrollo de la campaña. No estamos pidiendo que se presupueste, como se hizo con excepciones durante la historia de este país para alguna escuela por la buena voluntad de un Representante Nacional o de un gobernante departamental, sino que en realidad estamos solicitando una partida fija de $ 2.000 para todas las escuelas del país. Quisiera poner un caso práctico para que puedan comprender bien esta problemática. Recuerden que de 67 escuelas rurales hay 45 que sólo tienen una maestra, razón por la cual la auxiliar de servicio se transforma en un referente importantísimo en el proceso educativo del niño. No sólo cumple la función de atender el comedor y la limpieza, sino que además, por ejemplo, en nuestro departamento que está surcado por principales arterias de tránsito nacionales, ella es quien cruza a los niños por la ruta para que tomen el ómnibus. Incluso, en casi todos los casos hace un horario más extenso que la propia maestra.

Queremos dejar tranquila nuestra conciencia y advertirles que se corre un riesgo real de que escuelas rurales deban dejar de tener el auxiliar de servicio, lo que en algunos casos implicaría cerrar el comedor.

Hemos hablado a nivel de la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes hace dos meses, con la Consejera Gladys Pérez de Queirolo del Consejo de Educación Primaria, con el Vicepresidente del CODICEN y hace tres días un productor de la zona de Jesús María del departamento de San José le entregó una carta al Presidente de la República. Queríamos advertir esto porque esta situación nos preocupa muchísimo; está en juego el sustento de algunas escuelas rurales.

Algunas de ellas- que vaya si son las que más nos preocupan- tienen cuatro o cinco alumnos pero otras tienen un promedio de 21 o 22 niños. Es un tema realmente importante.

Sin abusar del tiempo que tienen los señores Senadores, me gustaría que un propio paisano de mi departamento, Presidente de la Comisión Departamental, productor pequeño de la zona de Jesús María, el señor Néstor Díaz Camacho, representante de la Escuela Nº 132 de 21 alumnos, cuente lo que estoy diciendo.

SEÑOR DIAZ.- Para nosotros es un gran halago que nos hayan recibido acá porque, como dijo el señor Camy, somos paisanos que vivimos y trabajamos en el campo.

El año pasado, viendo las circunstancias y por la sequía que tuvimos que soportar, llegamos al extremo de que prácticamente no quedaba dinero en las escuelas para comenzar el año lectivo y contratar a un auxiliar de servicio. Entonces, conversando con vecinos de otras escuelas de la zona, decidimos reunirnos y surgió la posibilidad de hablar con el señor Inspector. Se formó una delegación, que fue muy bien recibida por el Inspector Departamental, al que le planteamos la posibilidad de seguir trabajando con las instituciones rurales y las fuerzas vivas del departamento para ver si podíamos lograr algo. El señor Inspector nos dijo que podíamos contar con él y a partir de eso se eligieron delegados por agrupamientos de escuelas que se encuentran en la misma zona y se invitó a las autoridades departamentales para formar la Comisión Departamental que me cabe el honor de presidir. Hemos tenido audiencias en la Cámara de Representantes y en el CODICEN. Además, están trabajando con nosotros los dos Diputados del departamento y hemos ido dando todos los pasos necesarios. Ahora nos hace falta la voluntad de los señores Senadores y del CODICEN para solucionar este problema. Es de destacar que en este momento en nuestra escuela estamos aportando $ 100 por familia por mes para pagar no sólo el sueldo de la señora que trabaja en la escuela y la comida de los chicos, sino también lo que tiene que ver con la limpieza y la puesta en condiciones. Además, hay una maestra sola que atiende niños desde jardinera hasta sexto año, por lo que el auxiliar es un apoyo fundamental.

No hay que olvidar que también debemos pagar los aportes sociales. En las escuelas de alrededor de 20 niños las auxiliares están ganando entre $ 700 y $ 1.500. La señora que cocina en nuestra escuela ganaba $ 1.300 pero, viendo las dificultades existentes, rebajó el sueldo a $ 1.000 para poder seguir colaborando con nosotros. Ella era una madre de la escuela, aunque ahora ya no tiene niños allí. Realmente, estamos haciendo un sacrificio muy importante, más teniendo en cuenta que en este momento no hay rentabilidad en el campo.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que en cualquier escuela, sea rural o no, debe haber un auxiliar de servicio, si no escuché mal, hay 67 escuelas rurales en San José. En la medida en que el reclamo es de $ 2.000 por mes por escuela, quisiera saber si han evaluado cuánto implicaría esto en todo el país, incluyendo los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social. Pregunto si tienen la cifra de la cantidad de escuelas rurales del país y la cantidad de dinero que esto implicaría.

SEÑOR CAMY.- Nosotros no tenemos ningún dato a nivel nacional, sino departamental porque la Comisión se formó en la jurisdicción del departamento de San José. Esto llevó a que distintas escuelas de otros departamentos nos llamaran; concretamente la Escuela de Piedra Sola, en la zona de Colonia, nos llamó preocupada por el tema. Nosotros le dijimos que queríamos plantear el tema organizadamente, con datos que conocemos, que nos comprometa a los actores del gobierno departamental en esta causa. Reitero que los dos Diputados del departamento y el gobierno departamental en su conjunto nos están apoyando.

Reitero que no tenemos los datos a nivel nacional, salvo una estadística que nos hizo llegar a la Comisión el señor Senador Larrañaga y que brindó en la hora previa del Senado. Allí consta el número exacto de escuelas rurales y manifestaba la voluntad de la Dirección en cuanto a lo que nosotros estábamos planteando.

Quiero aclarar al señor Senador –porque creo que a eso apunta su intervención- que en lo personal hace dos períodos que estamos en la Junta Departamental de San José y hemos estado en la Comisión de Presupuesto. Como dice la Constitución de la República, el Presupuesto departamental se estructura técnicamente en virtud de lo que se establece en la Carta Magna para el Presupuesto Nacional. Por lo tanto, sabemos que no podemos pedir –y no venimos a hacerlo- al Parlamento de nuestro país una partida definida y específica para escuelas rurales. Simplemente queremos que se tome conciencia de la necesidad de esto para que, cuando se estructuren los rubros que pueden solventar esta petición, se tenga en cuenta nuestro pedido. No queremos que se tome como una solicitud demagógica, porque no lo es.

Se trata de una realidad que nos alarma y que sabemos que pueden llegar a cerrarse escuelas rurales de nuestro departamento si no se soluciona este problema Es más, no se trata sólo de las 67 escuelas rurales sino de las 116 que existen en nuestro departamento. Es una realidad acuciante.

Aclaro que podemos dar los datos del departamento, cuántos presupuestados hay –solamente en cinco de ellas- localización, número de alumnos o de lo que nos quieran preguntar.

SEÑORA ARISMENDI.- Creo que es muy importante que se nos acerque esta realidad, como lo está haciendo la delegación que nos visita. Naturalmente, esto debería estar dentro del Presupuesto de la ANEP y, en ese sentido, en el Presupuesto anterior se destinaron partidas para la tercerización de los servicios de limpieza de la ANEP, o sea, para contratar empresas de limpieza que van una vez por semana a los institutos y, obviamente, no van a las escuelas rurales sino a algunos grandes centros. Los que tenemos algo que ver con la enseñanza sabemos que, como se planteaba acá, un auxiliar de servicio cumple funciones mucho más abarcadoras que las de la limpieza una vez por semana en un establecimiento docente o en una escuela. Nosotros pudimos demostrar que esa partida que se aplicó a la tercerización de la limpieza en las dependencias de la ANEP era para regularizar a aquellos que están prestando servicios pagados por comisiones de fomento o con apoyo de vecinas o maestras. Esto sucede tanto en escuelas urbanas, suburbanas como rurales. Asimismo, es un problema presupuestal la transformación que se ha hecho de escuelas típicamente rurales a urbanas. Las razones aducidas fueron presupuestales y esto nos compromete a que cuando se estudie el presupuesto de ANEP –que en la Cámara de Representantes no se analizó- tengamos en cuenta los planteamientos que se están haciendo. Aquí se ha hablado del caso de San José, pero es a lo largo y a lo ancho del país donde el tema de las escuelas rurales convertidas en urbanas tiene que ver con el abaratamiento. La escuela pública uruguaya, y particularmente la rural, siempre se sostuvo con el apoyo del trabajo de la familia, de vecinas en su mayoría o madres que vierten en la cocina de la escuela el dinero obtenido de los beneficios, de las comisiones de fomento o gratuitamente, sobre todo en escuelas unidocentes. Podemos demostrar que en el presupuesto pasado las partidas existían para poder regularizar esta situación y no para otro destino. Ahora, si es que aparece en el Mensaje Complementario, veremos cuáles son los destinos de las partidas de ANEP.

SEÑORA POU.- Quiero agradecer a la delegación maragata habernos acercado un tema que si bien tiene una dimensión departamental, sabemos que también es dramáticamente nacional.

En la Comisión de la Cámara de Representantes hubo gente que se estuvo preocupando –como es lógico ya que allí hay representantes de todo el país- por el tema de las auxiliares de servicio. En nuestro país es muy claro que donde hay una escuela hay una comunidad y sobre todo en el interior de la República hay una palabrita que se antepone a la de escuela, y es nuestra escuela. Hay una sensación muy fuerte de involucramiento de la sociedad, más allá de que allí se tengan hijos o no o que ya hayan egresado. Repito que este es un sentimiento muy fuerte que se contrapone a esta realidad , con respecto a las auxiliares de servicio.

En algún momento –creo que fue en la Administración pasada o en la anterior, aunque esto es indiferente a los efectos de lo que quiero expresar- se solicitó que aquellas personas que estuvieran interesadas en ser auxiliar de servicio, por un problema de contratación se convirtieran en empresas unipersonales. Creo que es ocioso que relatemos que, teniendo en cuenta lo que ganan , es decir las cifras que se han mencionado –variables que todo el mundo conoce que se pagan- es absolutamente impensable que lo puedan hacer. Además, debemos tener presente todo lo que implica en materia de gastos y trámites, ya que para presentarse y aspirar a ser auxiliar de servicio, tienen que tener previamente la calidad de empresa unipersonal. Por lo tanto, creo que debemos tener en cuenta que lo que está en juego porque más allá de la condición de cada escuela, lo más importante es la educación de los niños de todo el país, ya que eso también sucede en algunas escuelas de la periferia de Montevideo, a la que muchas de ellas conocemos. Fundamentalmente estaría en una franca desproporción y el elemento de la proporcionalidad entre la inversión y el gasto debe estar presente en todo presupuesto.

SEÑOR JARA.- Le entendí al señor Michelini que serían $2.000 más los derechos sociales, pero en realidad lo que pretendemos es que esos $2.000 vayan a la Comisión de cada escuela y que allí se administre. Repito que en esos $2.000 estarían incluidos los derechos sociales. La escuela Nº 21 de Cañada Grande, a la que represento, en este momento está pagando $ 894 por mes por concepto de derechos sociales.

SEÑOR MICHELINI.- Agradezco la aclaración.

Quería solicitar que nos envíen toda la información que tengan al respecto ya que aún no ha concurrido a esta Subcomisión ni el Ministro de Educación y Cultura ni el señor Bonilla, Presidente de ANEP.

SEÑOR MUJICA.- No he hablado en toda la mañana ya que deliberadamente vengo a escuchar, pero no quiero dejar pasar este momento sin suscribir que cuando se lleva bastante tiempo y se sienten todos los reclamos de la sociedad, de todas las capas que componen la burocracia a la cual pertenecemos y que a uno le cuenten algo que además sabe , de que puede haber una auxiliar que gane $ 1300 y que renuncie a $300 para ayudar a la escuela, es una de las cosas que a uno lo dejan pensando ¡cuánta nadería a veces tenemos en los altos círculos de nuestra sociedad y qué ejemplos éticos, sencillitos y contra el piso, nos dan los pobres de nuestra tierra! No quería callarme la boca porque esto, aparte de ser un problema de la enseñanza, sin darnos cuenta, en nuestro país hay gente con mucha ética.

SEÑOR CAMY.- Como he manifestado anteriormente, de las 67 escuelas rurales del departamento de San José, se comprobó que el 70% de todos los recursos que en el año generan todas esas comisiones de fomento, se destina al pago del reclamo de las auxiliares de servicio. Digo esto porque resta señalar, que como conocen los señores Senadores, si por ejemplo se rompe un vidrio, es la Comisión de Fomento la que se encarga de esto.

Por último, les hacemos llegar nuestro agradecimiento y respeto al Poder que representan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación y le damos la seguridad de que sus planteamientos llegarán a todos los Legisladores.

(Se retira de Sala la delegación de la Comisión Departamental de Apoyo a la Escuela Rural de San José)

(Ingresa a Sala la delegación de Funcionarios Restituidos del Sodre)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a la delegación y escuchamos el planteo.

SEÑORA AGUERRE.- Vengo en representación de un grupo de funcionarios restituidos de Canal 5. En 1985 fuimos restituidos y formamos un pequeño grupo de cinco personas a quienes, hasta ahora, no se nos hizo la recomposición de la carrera administrativa. Naturalmente, hemos hecho todo lo necesario para lograrlo, hemos presentado nuestros expedientes en tiempo y forma con un asesor letrado y los mismos se han perdido. En el caso de los tres que estamos presente, los expedientes se perdieron en dos oportunidades . En este momento están en trámite pero han pasado ya quince años. Nosotros solicitamos –y así lo hicimos saber también en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social- , ya que no se nos ha hecho la recomposición de la carrera y estamos próximos a la jubilación, que se nos ampare en el artículo 18 de la Ley Nº 15.783. Esta ley del año 1985, fue la que permitió la restitución de los funcionarios públicos y estableció la recomposición de las carreras correspondientes.

Ahora bien; en varias oportunidades, en las Rendiciones de Cuentas de los años 1991, 1992 ó 1994 –fue entregada una fotocopia de ellas junto con el memorándum que se confeccionó para los señores Legisladores- aparece un artículo donde se dice que los funcionarios públicos –en algunos casos se determina el sector al que pertenecen como, por ejemplo, ANCAP o Secundaria- a los que no se les hizo la recomposición de la carrera administrativa, pueden optar por el artículo 18 de la Ley Nº 15.783, mediante el cual se otorga una compensación pecuniaria que, obviamente, nos interesa. Este es un derecho por el que quisiéramos optar ya que, reitero, no se nos hizo la recomposición de nuestra carrera.

Por lo tanto, solicitaríamos que en esta Ley de Presupuesto se incorpore un artículo en este sentido -que, en todo caso, podrá suponer un recargo para el Banco de Previsión Social pero no para el Presupuesto en sí-. Que nos permita, en particular a nosotros, que somos un pequeño grupo de funcionarios del SODRE, y quizás a otras personas en la Administración Pública –aunque esto lo desconocemos- jubilarnos por el artículo mencionado.

La redacción de dicho artículo se transcribe en el memorándum presentado, que en su inciso primero dice: "Tratándose de personas que, teniendo derecho a solicitar su restitución al cargo, optaren por acogerse a la jubilación o reformar su cédula, su asignación jubilatoria quedará fijada en el equivalente al 125% (ciento veinticinco por ciento) de todas las asignaciones computables correspondientes al cargo del que eran titulares, vigentes al día 1º de marzo de 1985". De esta forma obtendríamos una compensación pecuniaria ya que, reitero, no se nos ha hecho una recomposición de la carrera administrativa.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Se trata de un tema que oportunamente analizamos en el ámbito de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Debo decir que me duele mucho porque por dos veces fui Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, donde se aplicó el mecanismo de la restitución de funcionarios públicos al amparo de la Ley Nº 15.783. Precisamente, en el marco de las competencias de esta Oficina y de la Contaduría General de la Nación, es que se hace la recomposición de las carreras administrativas.

No sé si sería posible, dadas las complicaciones que ya tenemos en esta Comisión, que se creara una Subcomisión con cuatro Senadores, uno por cada lema, a fin de convocar en forma urgente al Consejo Directivo del SODRE, al Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y al Contador General de la Nación, para que nos expliquen por qué no se ha hecho la recomposición de las carreras. De constituirse esta Subcomisión, tal vez la semana que viene podríamos tener una definición sobre este tema y, en función de lo que nos contesten las referidas autoridades, daremos una solución legal a este tema.

Estimo que hay algo que está fallando en la burocracia de este país y, por eso, creo que hay que tomar medidas urgentes.

Por tales razones, solicito a esta Subcomisión –o quizá deba hacerlo a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en su próxima sesión Plenaria- que habilite a cuatro Senadores para que podamos convocar en forma urgente a las autoridades mencionadas, a fin de que en una mañana o en una tarde podamos encontrar una solución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entiendo que el planteamiento del señor Senador Correa Freitas debería efectuarse ante la Comisión de Presupuesto y no en este ámbito.

SEÑORA ARISMENDI.- Comparto totalmente las afirmaciones del señor Senador Correa Freitas. Quisiera agregar que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado –que tiene la peculiaridad de contar con representantes de todos los lemas- por unanimidad resolvió enviar esta interrogante al SODRE, por medio de la versión taquigráfica de la sesión en que recibimos a la delegación. Allí constaba la misma preocupación que expresaba el señor Senador Correa Freitas, a fin de que se explicara por qué se había dado esta situación, pero hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta.

La propia Comisión había dispuesto que, en caso de no conseguir una respuesta, se haría la convocatoria que acaba de mencionarse. Entendemos que esta Subcomisión no puede solucionar el tema desde el punto de vista formal, pero cabe destacar que hay una resolución unánime de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que presido, habilitada por el Plenario del Senado, quien nos dio la posibilidad de actuar en lo que se estimara necesario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Colijo por sus expresiones que las autoridades serían citadas por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑORA ARISMENDI.- En realidad, me sumo a la propuesta del señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR MICHELINI.- Los formulismos me parecen bien; el próximo lunes, cuando se reúna la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda varios Senadores podremos plantear que en función de lo resuelto el día viernes, se convoque en la misma semana a la Comisión que plantea el señor Senador Correa Freitas. Sin pretender tomarme más atribuiciones de las que me corresponden, me parece que el mencionado señor Senador debería integrarla; también quien habla, por obvias razones, y luego un integrante por cada uno de los otros dos lemas, o sea, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Es más; si el señor Presidente me lo permite, quisiera pedir al señor Senador Correa Freitas que para la convocatoria a efectuarse –la reunión podrá llevarse a cabo en cualquier Sala, mientras esté funcionando la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda- redacte un artículo que no sólo abarque el problema, sino también la posible solución legal que vamos a plantear en el Presupuesto.

No olvidemos que puede suceder que las autoridades que queremos convocar no concurran la próxima semana, quizá vengan cuando el Presupuesto ya esté armado y en proceso de votación y, por eso –si se logran las mayorías correspondientes- quisiera resolver este tema cuanto antes. Queremos preguntarles por qué no se arregló esta situación y, mientras tanto, enviarles, por fax u otro mecanismo, un artículo que estoy seguro que, con el asesoramiento de quienes nos visitan, el señor Senador Correa Freitas podrá redactar en menos de quince minutos, el cual contará con la iniciativa de varios señores Senadores. Estoy dispuesto a firmarlo a ojos cerrados porque confío en el señor Senador Correa Freitas.

Quisiera contar con la opinión de estas autoridades, pero hay que tener en cuenta que nos pueden decir que este tema no le corresponde a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en la medida en que no hay una iniciativa al respecto. Una vez que dispongamos de un artículo, podremos decir que sí existe una iniciativa de varios señores Senadores; podremos preguntar por qué estas autoridades no arreglaron la situación de otra manera y qué opinan de la forma en que nosotros pretendemos hacerlo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Quisiera consultar a la delegación dónde está trabado este trámite para la recomposición de las carreras administrativas, si hay algún informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil o de la Contaduría General de la Nación.

SEÑORA AGUERRE.- El trámite se encuentra en el SODRE; la Oficina Nacional del Servicio Civil había dicho que se podía hacer la recomposición, por lo menos en mi caso, que es el que más conozco. Efectivamente, el expediente fue enviado varias veces a esa Oficina, pero luego, durante tres años, estuvo perdido en el SODRE. En todo ese tiempo procuré encontrarlo hasta que, por fin, un asesor letrado, milagrosamente lo hizo aparecer.

Entonces, es así que empieza a dar vueltas, todavía está dentro del instituto y no ha ido más a la Oficina Nacional del Servicio Civil y, por supuesto, nunca a la Contaduría General de la Nación. Realmente, quiero que los señores Senadores nos entiendan porque, reitero, han pasado quince años y seguimos en la misma situación. Recuerdo perfectamente lo que decía la señora Senadora Arismendi en cuanto a que, cuando concurrimos a la Comisión, los señores Senadores enviaron una solicitud al SODRE para que esto se concretara. Por eso pienso que lo más probable es que el SODRE diga que sí porque, por supuesto, no va a decir lo contrario. Sin embargo, lo cierto es que esta recomposición nunca aparece.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de funcionarios restituidos del SODRE y desde ya les adelantamos que se procederá tal como se ha indicado.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 13 y 41 minutos)