SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 19 minutos)

(Ingresan a Sala los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y asesores)

De acuerdo con lo previsto en la agenda de trabajo, la Comisión cuenta en el día de hoy con la presencia de los representantes del Poder Judicial, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariño, del señor Ministro, doctor Cairoli y sus asesores. En nombre de este Cuerpo les expresamos la más cálida bienvenida y, previo a escuchar los comentarios que tienen que formular nuestros invitados respecto del Inciso 16, Poder Judicial, la Mesa desea manifestar, a título recordatorio a los señores miembros de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para enviar el Mensaje Complementario estaría venciendo el martes 14 de noviembre. Aclaro que las manifestaciones de la Mesa no deben ser interpretadas con ningún otro sentido que el de que sirvan como recordatorio a los señores Senadores.

Dicho esto, damos la palabra al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR MARIÑO.- Señor Presidente y señores Senadores: previamente, deseo expresar, en nombre de la Suprema Corte de Justicia, nuestra complacencia y agrado por la invitación a participar en esta reunión que, sin duda, no será un monólogo, pues tengo la esperanza de que haya un diálogo fructífero entre los dos Poderes del Estado.

La sociedad exige, día a día, del Poder Judicial una mayor eficiencia y eficacia. Sin embargo, tal como se ha podido constatar por parte de las diversas consultorías que han efectuado al respecto un profundo examen de la situación del Poder Judicial, nuestra organización interna se encuentra aún sin los elementos materiales y humanos necesarios para lograr una administración de justicia más eficiente, flexible y menos burocratizada. Puede enumerarse un largo elenco de problemas todavía existentes, como insatisfactoria dotación de recursos del aparato administrativo, carencia de sistemas de información integrales, frágiles sistemas informáticos, duplicación de esfuerzos por carencia de la estructura organizacional, ausencia de indicadores de gestión, etcétera, que, además, es por todos ustedes conocidas.

Por lo tanto, el Poder Judicial concibe este Presupuesto como un instrumento de primer orden para la implementación de este proceso de modernización y mejora de los servicios judiciales que todos queremos y entiende que la búsqueda de la eficacia y la eficiencia debe formar parte de los criterios básicos para la mejora de tales servicios, que son prestados a los ciudadanos en bien del país y de mantener la paz necesaria para vivir en democracia.

El presente trabajo recoge el esfuerzo desplegado por casi dos años en los que el Poder Judicial trata de conseguir un Presupuesto quinquenal en búsqueda de la reforma y modernización de la Justicia. Contó para ello con el apoyo de consultores internacionales, contratados en el marco del Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial financiado por el BID, que a partir de un estudio general fueron ingresando a los objetivos particulares anotados, profundizando los temas. Para ello, la Corporación que tengo el honor de presidir constituyó grupos de proyectos integrados con personal técnico especializado, apoyados en las mencionadas consultorías y coordinados también por un consultor internacional.

En concreto, se abordaron los siguientes aspectos: capacitación de los funcionarios a todos los niveles, actividad jurisdiccional, política de recursos humanos, infraestructura edilicia, proyectos informáticos, recursos extrapresupuestales y gastos de funcionamiento.

Este Presupuesto supone un claro compromiso del Poder Judicial de orientar sus actividades en el próximo quinquenio hacia un mejor funcionamiento de los servicios, a través de tres grandes líneas de trabajo: la política de recursos humanos, la política de capacitación y las inversiones en sistemas informáticos. Las tres forman parte de un conjunto integrado de medidas tendientes a mejorar la eficacia y eficiencia del Poder Judicial a través de la mejora de la calidad de las resoluciones judiciales, el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos, la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios y la gestión administrativa que implica el fortalecimiento de la Dirección General de los Servicios Administrativos y sus distintas Divisiones, especialmente, la que tiene que ver con informática, mediante la implantación de nuevos sistemas y su extensión a todo el país.

Sobre estos cuatro ejes básicos se estructuran las actividades que se configuran en el Plan Estratégico de Gestión 2000-2004 que, a su vez, forman parte del núcleo principal de este Presupuesto.

No podemos dejar de mencionar, naturalmente, el Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial del BID. En virtud de las actividades que se realizarán dentro del marco de la financiación estrictamente presupuestal, el Poder Judicial está preparando un amplio conjunto de proyectos orientados a la modernización del Organismo, englobado bajo la denominación que acabo de mencionar y financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que asciende aproximadamente a U$S 8:000.000.

Este Programa consta de tres componentes básicos a saber: reorganización y fortalecimiento de la gestión administrativa del Poder Judicial, destacando especialmente el diseño e instalación de un sistema moderno de gestión informática de expedientes administrativos para las oficinas de tal calidad y la capacitación de todos los funcionarios que ahí se desempeñan.

Otro componente es la reorganización del sistema de gestión de la Suprema Corte de Justicia. El objetivo es fortalecer su gestión, descongestionar la de las tareas administrativas, que pueden ser delegadas en los servicios administrativos de apoyo. Al igual que en el componente primero, se proyecta el diseño de un sistema moderno de gestión de expedientes y base de datos, de resolución y acordadas, así como la mejora y ampliación de las bases de datos de jurisprudencia y la capacitación para el uso del nuevo sistema.

Otro elemento es la mejora de los Tribunales y Juzgados. El fin de este componente es disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales en los despachos en donde se va a instalar la prueba piloto del nuevo sistema de gestión de Juzgados. El diseño de este nuevo sistema implica una revisión de todos los procedimientos judiciales, la normalización y codificación de documentos, el flujo de proceso y el diseño de un sistema de estadísticas, como aspectos muy destacables.

También incluye la capacitación de todos los funcionarios que se desempeñan en los Tribunales y Juzgados para el correcto uso del nuevo sistema. A este respecto cabe señalar que con fecha 6 de setiembre de 2000 se firmó un documento por parte de la Suprema Corte de Justicia y el BID, con el apoyo del Poder Ejecutivo, en el que se fijan las directrices definitivas de este préstamo.

Por último, es necesario precisar que, como el Programa del BID refuerza las actuaciones en determinados componentes aunque el mismo va a tener un costeo independiente, se ha considerado conveniente integrarlo con fines meramente expositivos dentro del conjunto de programas y actividades presupuestales.

Hasta aquí serían las consideraciones de carácter general.

Ingresando a los aspectos puntuales, es conveniente, para una mayor claridad, dividir las exposiciones en dos programas: uno, que corresponde a la prestación del servicio de Justicia; y otro, que se relaciona con la gestión administrativa y prestación del servicio de apoyo a los Tribunales.

Con respecto al primero, uno de los objetivos se fija en atender la demanda de servicios judiciales de los Tribunales, incluyendo aquellos servicios conexos y de apoyo necesario. Con el fin de contemplar las necesidades de cobertura de la demanda y fortalecer la actividad del Poder Judicial, como es la provisión de servicios jurisdiccionales, se prevé aumentar la dotación de estos recursos de acuerdo con el detalle siguiente, y que los señores Senadores podrán examinar en el documento en la parte referida a la Suprema Corte de Justicia, que aparece en las páginas 72 y 73.

Debo aclarar –en honor a la verdad- que la Suprema Corte de Justicia se ha limitado en cuanto al proyecto de creaciones, en virtud de la situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, en virtud de ello no podemos ocultar las necesidades imprescindibles, que son las que voy a mencionar, para que el Poder Judicial no sólo mantenga el actual sistema de trabajo, sino que supere carencias que son verdaderamente trascendentes, como lo detallaré.

Se proyecta la creación del cargo de dos Ministros de Tribunales de Apelaciones: uno, con funciones de Director del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, que actualmente lo desempeña gratuitamente un Ministro de Tribunal de Apelaciones -es decir que está cumpliendo la doble función de Ministro y de Director de dicho Centro- ; y, otro, con tareas de suplente, a fin de que no se produzcan los trastornos cuando otros Ministros de Tribunales piden licencia y hay que integrar esos órganos colegiados. Asimismo, ese Ministro, en los momentos en que no tenga que integrarlo, sería el instructor de sumarios a los Magistrados. También se prevé la creación de cargos de 8 Jueces Letrados para el interior, de 3 Jueces Letrados para el interior suplentes y de 3 Jueces de Paz Departamentales suplentes también para el interior. Me detengo especialmente en estos 6 cargos porque debe ser por todos conocido el reclamo que hay desde los Intendentes Municipales, los ediles y el Colegio de Abogados con respecto a los problemas que ha tenido la Suprema Corte de Justicia en los últimos años por carecer de Jueces suplentes en el interior. En función de ello, a veces se han dado situaciones verdaderamente insuperables y hemos debido recurrir al envío de Jueces suplentes –que pertenecen a Montevideo- al interior con la correspondiente desviación de su trabajo en la capital.

Insisto en este tema porque, aunque parezca mentira, en varios casos se han presentado situaciones en que los Jueces de Paz –que normalmente suplen a los Jueces Letrados- estaban de licencia por diferentes motivos y no teníamos con quién suplirlos. También se ha producido en algunos departamentos el caso de que los Jueces de Paz que existen se encuentran de licencia y no tenemos con quien suplirlos, en virtud de que la mayoría de los Jueces del interior son legos. Por eso quiero poner especial énfasis en la creación de estos 6 cargos de Jueces suplentes.

Pretendemos la designación de un Juez Letrado de Menores en la capital –que sería el tercer Juez Letrado de Menores- tema en el que no es necesario extendernos demasiado en virtud de que sólo existen dos para tratar el tema de los menores infractores y el incesante aumento de las situaciones creadas por ellos, por lo que es fundamental tener un tercer Juez, para que los tres puedan atender la situación por lo menos en turnos de 10 días, lo que ya es mucho decir.

El destino de los nuevos Juzgados es la instalación de un Turno más en lo Penal en Canelones, Las Piedras, Pando o Ciudad de la Costa, y en Mercedes. Cabe aclarar que son oficinas ya existentes y sólo se requiere la creación del cargo de Juez.

Ponemos énfasis en todo, pero también en la Ciudad de la Costa, que se ha transformado en un verdadero "boom". En consecuencia, deberíamos dividir el territorio actual, que se extiende a todo el sur del departamento de Canelones y crear, entonces sí, un Juzgado –estoy hablando de la creación de cargos de Juez, Actuario y Adjunto- en la ciudad de Atlántida, seccionando esa extensa franja tan poblada en dos secciones y dos subsecciones de las que existen separadas por el arroyo Pando.

También pretendemos la creación de un cargo de Juez no Penal en el departamento de Lavalleja, en donde sólo existe un Juez Penal y no en materia Civil; por lo tanto, es necesario absorber ese trabajo con esa creación.

Con respecto a la instalación de nuevos Juzgados, traemos nuevamente a colación la creación del Juzgado de Rincón de la Bolsa, zona muy carenciada, y la Corte ha tenido que paliar en un mínimo esa situación designando un Defensor de Oficio para la zona y, al mismo tiempo, otro Juez de Paz para que ayude en las conciliaciones y actúe directamente en las mediaciones.

Por último, nos queda una zona muy importante del departamento de Durazno, que es Sarandí del Yi, en donde existen distancias muy grandes para nuestro país y para la capacidad económica de sus pobladores para acercarse a la capital del departamento, es decir, a la ciudad de Durazno.

Quiero hacer un paréntesis para dar a conocer a los señores Senadores que estos pedidos que se formulan son los mínimos; pero, además, están basados en el hecho de que estos Ministros de la Corte, desde hace ya siete años que, junto con los doctores Cairoli y Alonso de Marco –ahora se han plegado los otros dos Ministros- recorren palmo a palmo nuestro país. No sólo conocemos las capitales, sino también los pequeños pueblos, y sus carencias. A pesar de que también tenemos la información que nos brinda nuestra División de Servicios Inspectivos, nosotros quisimos acercarnos a la población para tomar contacto con las fuerzas vivas de esas zonas, a los efectos de hablar con certeza y seguridad acerca de las necesidades más destacables que tiene el Poder Judicial y que, pese a la situación económica del país, creemos que deben ser atendidas.

Otro tema en el que hemos fijado nuestra atención refiere a los centros de mediación. En 1996, con la colaboración del Ministerio de Salud Pública, que nos cedió los locales, comenzaron a funcionar cinco Centros de Mediación Plan Piloto. Dicho Plan ha tenido un éxito que seguramente todos conocerán en función de la publicidad que se le dio. Inclusive, existe una Asociación de Mediadores, porque cada vez más el pueblo, las personas que llegan a esos Centros y obtienen éxito, nos hacen saber a nosotros y a los mediadores la necesidad de que eso siga subsistiendo. Nosotros consideramos, también, que deben ampliarse y extenderse. Los propios Comisarios y el Jefe de Policía nos han dado la pauta de cómo ellos han solucionado conflictos vecinales, esos pequeños conflictos que generalmente terminan con lesiones graves o en un homicidio.

Es por esa razón, entonces, que queremos institucionalizar esa prueba piloto y, por ende, que se creen los cargos necesarios. En este momento los que concurren a realizar la función de mediación, lo hacen contra el pago de una muy módica suma que proviene del rubro "Viáticos". Pero pensamos en el interior del país y el interior piensa en nosotros, y también nos exige Centros de mediación. Es por ello que se han proyectado cinco aunque, en realidad, deberíamos hablar de por lo menos veinte, uno en cada capital de departamento y algunos más en las ciudades en donde existen Juzgados Letrados. Pero nos hemos tirado a lo menos para lograrlo y por ello, reitero, hemos proyectado cinco Centros que serán distribuidos por la Corte en su oportunidad. En este rubro tenemos veinte cargos de mediadores, diez para los cinco Centros ya existentes y otros diez para los del interior.

El objetivo segundo es mejorar la calidad y la gestión de los servicios judiciales, así como las de los servicios de apoyo a través de un plan de capacitación regular que se extienda a toda la República; el fortalecimiento de las estadísticas, ya sea para la medición de la duración del promedio de los procesos y el rendimiento de los señores Jueces, como para la evaluación del grado de satisfacción de los usuarios; y, por último, la creación de la División de Información y Documentación Jurídica.

El tercer objetivo tiene que ver con fortalecer la capacidad de gestión administrativa y jurisdiccional de alta superintendencia de la Suprema Corte de Justicia. Esta sigue con su vieja estructura lentamente modificada de 1907 a la fecha, en donde no existe una División Auditoría, aunque sí los funcionarios. Entonces, pensamos crear la División de Auditoría Económica por un lado y la Administrativa por otro, que actualmente está, en parte, en la División Servicios Inspectivos, y otra parte en la División Funcionarios Técnicos, como escribanos y abogados de la División General.

Necesitamos apoyo para la Unidad de Auditoría Económica Financiera, pero éste estaría en principio previsto con la contratación mediante el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo. No obstante, debemos pensar si al cabo de los cuatro años de duración que tiene este sistema debe mantenerse la Auditoría Económica Financiera, porque lo contrario sería hacer un esfuerzo y perder una herramienta cuando termine el plazo del contrato.

Necesitamos fortalecer y reorganizar la División Planeamiento y Presupuesto. Tenemos a nuestro lado al sostén de esta división, la contadora Gonet. Aunque a ustedes les parezca mentira, un Poder del Estado tiene en su División Planeamiento y Presupuesto una contadora y dos funcionarios. En consecuencia, es menester fortalecer esto y por ello se pide la creación de dos cargos, nada más; uno para el Departamento de Estadística que, como decía anteriormente, va a ser fundamental para el conocimiento que tenga la Corte acerca de cómo seguir proyectando su futuro trabajo –y que también será importante para que los Legisladores, la prensa y la ciudadanía conozcan la cantidad de trabajo que tenemos- y otro para el Departamento de Planificación y Presupuesto.

El programa segundo está referido a la gestión administrativa y a la prestación de servicios de apoyo a los Tribunales. Hasta el momento, hemos estado hablando de creaciones y apoyos a las funciones estrictamente jurisdiccionales. Ahora, pues, vamos a atender la demanda de servicios y gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para esa gestión que, en parte, es administrativa y, en otra parte, técnica, pero que sirve como un apoyo indispensable a la actividad de los Tribunales, entre ellos, los Defensores de Oficio. No estamos pidiendo la creación de Defensores de Oficio para Montevideo, pues entendemos que son suficientes, pero sí solicitando, también por reclamo del interior del país, la creación de seis cargos de Defensores de Oficio Itinerantes que puedan llegar a las zonas más densamente pobladas de algunos departamentos. Naturalmente que el número no será suficiente, pero las cosas tienen un comienzo y este sería un gran paso para, en un futuro, poder cubrir esas carencias. Digo esto porque las personas de escasos recursos que están totalmente alejadas de la posibilidad de contacto con la Justicia y no pueden acercarse a un Defensor –que aunque no les resuelva el problema los pueda orientar- no creen en el país, no ya en la Justicia sino en el país, dado que ella no les puede acercar un Defensor que las oriente en sus problemas, que aunque para nosotros sean menores, para ellas son acuciantes y están aisladas de los Centros que hay en cada departamento.

Por otra parte, debemos fortificar el Instituto Técnico Forense que tiene trascendencia internacional, que ha ido más allá de los límites de la República Oriental del Uruguay y es reconocido en el mundo entero como uno de los Institutos que pese a sus carencias instrumentales está dotado de recursos humanos con un gran valor, que han podido superar esas carencias de herramientas y lo han puesto en el tope dentro de su especialidad.

También necesitamos la contratación de asistentes sociales para asistir a los Jueces, la contratación de psicólogos y se impone la creación de un cargo de Director de toda el área pericial de la medicina forense, que se ha extendido a partir de la pequeña morgue de la Facultad de Medicina a la morgue actual pero que abarca muchos más aspectos que no pueden ser cubiertos por dos o tres Directores de Departamento, sino que precisan un Director que esté en el vértice de ese Departamento y dirija a todos y que, desde el punto de vista administrativo, sirva de enlace con el Director del Departamento.

Otro objetivo es mejorar y racionalizar la gestión de los servicios administrativos. Para lograrlo se prevén actividades muy importantes, una de las cuales tiene que ver con la División Informática, en virtud de que se ha detectado la precariedad de los medios materiales y humanos de que dispone dicha División. La Directora de esta División, señora Raquel Martínez, es una especialista en esta área, por lo que si la Comisión me autoriza le cedería el uso de la palabra para que explicara la situación en la que se encuentra su División y cuáles son los proyectos en informática previstos para todo el país, ya que creo que ella va a ser mucho más precisa de lo que yo pueda serlo.

SEÑORA MARTINEZ.- Voy a sintetizar mi exposición en tres puntos fundamentales. El primero está relacionado con los proyectos informáticos a financiar por el Programa BID, cuyos objetivos fueron bien explicados por el doctor Mariño. Estos no sólo alcanzan a la parte informática, sino también a la racionalización de los procedimientos administrativos. Pero para la ejecución de este Programa, que tiene un gran componente informático, se requiere de una contraparte técnica a nivel informático del Poder Judicial, que sea fuerte y estable. Esto significa que a la hora de la contratación de las consultorías puedan tener un interlocutor válido del lado del Poder Judicial para llevar adelante todas las actividades en un proceso controlado en el que el Organismo pueda intervenir en la compra de equipamiento, en el desarrollo de sistemas y en la selección de los consultores a contratar. Tener una contraparte fuerte implica necesariamente el fortalecimiento de la División Informática, dado que hoy día –como el doctor Mariño explicó- nuestra estructura es bastante débil.

Por otra parte, se prevén proyectos en informática que están insertos en la propuesta de Presupuesto del Poder Judicial, relacionados con la carga de información en un sistema de historia laboral, con la instalación de equipamiento para las Defensorías de Oficio de Montevideo y del interior –hablamos de instalar computadores personales para estos funcionarios que hoy en día trabajan con máquinas de escribir- para el Registro de Testamento y Legalizaciones, y con la instalación de equipos y sistemas en la Inspección General de Registros Notariales. La expansión del sistema de gestión de Tribunales, que se desarrollarían con el Programa BID, está prevista para más cantidad de Juzgados, dado que este Programa sólo prevé la informatización de unos 43 Juzgados, y esto significaría la instalación de Juzgados tipo.

Todos estos proyectos que mencioné se presentan en el Presupuesto fuera del Programa BID.

Por otro lado, tenemos el funcionamiento de los servicios en informática del Poder Judicial, que demanda una estructura más fuerte en la organización de la División Informática.

La situación de esta División es la siguiente. Tiene la necesidad de ser contraparte del Programa BID, de gestionar a futuro los proyectos en informática y de sostener el funcionamiento actual y futuro que se derive de la ejecución de los proyectos. En este momento contamos con 8 técnicos, con 1 Directora de División y con 1 Director de Departamento. Quiere decir que no tenemos personal suficiente y tampoco una estructura funcional acorde. Entonces, necesitamos un Departamento de Soporte Técnico de los Sistemas, uno de Soporte a Usuarios y uno de Desarrollo de Proyectos y Sistemas. La situación de precariedad en que se encuentra la División de Informática fue recogida por numerosas consultorías contratadas por el BID, todas las cuales proponían el fortalecimiento de la División, que es lo que se prevé en los diferentes artículos planteados en el Presupuesto.

SEÑOR MARIÑO.- También me quiero referir a uno de los temas más sensibles, que es el de implementar las medidas de racionalización de la gestión de los recursos humanos. Sin duda, todos los proyectos que se puedan alcanzar, los recursos que podamos tener y la introducción de la mejor técnica del mundo, va a fracasar si nuestros funcionarios no están en condiciones laborables, y me refiero a la escala retributiva, al nivel de remuneraciones y a los sistemas de ascensos y promociones de algunos escalafones. En pocas palabras, los funcionarios tienen que estar conformes. Es incompatible pretender lo mejor del Poder Judicial en tanto no se pague a sus funcionarios sueldos decorosos. En función de ello, la Suprema Corte de Justicia con una de sus consultorías elaboró la escala de sueldos, la racionalización de los escalafones y la adecuación de algunos cargos para que se diera cumplimiento, aunque sea en parte, a esa necesidad. Y digo en parte, porque la Suprema Corte de Justicia también tuvo en cuenta la situación por la que atraviesa el país. Esto no ha sido de la complacencia de nuestros compañeros de trabajo, funcionarios judiciales, en tanto ellos pretendían otro escalafón y esa propuesta nos llegó quince días antes de que venciera el plazo constitucional, por lo que no pudimos estudiarla -hubiéramos querido hacerlo cuando los invitamos a trabajar juntos el año anterior- en virtud de lo cual, naturalmente, no se pudo tener en cuenta dicha propuesta. Sin embargo, debemos destacar que el sistema que se aplica está calculado científicamente y pone los puntos sobre las íes, porque establece en la reestructura que las personas con un mismo grado deben cobrar igual sueldo. En este momento nos preocupan dos artículos que ya fueron aprobados en la Cámara de Representantes. Tanto es así, que nos pusimos en contacto con el contador Davrieux para hablar sobre el tema.

El artículo 35, que está en la parte general del Presupuesto, establece una prohibición total de trasposición de rubros. Esto alarma a la Suprema Corte de Justicia, porque dado lo menguado de los sueldos de los funcionarios, desde hace dos años se les está dando una partida de $ 800 mensuales, la que se obtiene de la trasposición de rubros -que está amparada por la ley- del propio rubro 0 y de otros rubros, para poder atenuar, en parte, la situación de rigor económico que están viviendo los funcionarios judiciales.

Aclaro que los Magistrados estamos excluidos del cobro de estos $ 800.

Entonces, si no se exceptuara al Poder Judicial de este artículo y, en consecuencia, no se pudiera efectuar la trasposición de rubros dentro del propio grupo 0, como lo indican los numerales 1) y 2) del artículo 35, la Suprema Corte de Justicia cesaría en el pago de los $ 800 a partir del mes de enero a los funcionarios judiciales, con lo cual podrán imaginar el problema al que nos veríamos enfrentados, que tal vez sea más grave que el que tenemos actualmente. Por eso, en el Mensaje Complementario que remitiremos a la Asamblea General antes del día 13 de este mes –habiendo ya hablado al respecto con el contador Davrieux- haremos llegar un artículo 1º –aclaro que ya está elaborado, aunque no depurado- que expresa: "Se excluye al Poder Judicial de lo dispuesto en el artículo 35 del proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal aprobado por la Cámara de Representantes, manteniéndose vigente lo establecido en el artículo 472 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990". Este es el artículo al que me refería y que nos permitiría hacer trasposición de rubros, a excepción de trasponer rubros del grupo 0, de reforzar el grupo 0.

SEÑOR MICHELINI.- Me quedó claro -pero no sé si a los demás señores Senadores- que, de aprobarse este artículo 35, el Poder Judicial tendría que cesar de dar el aumento de $ 800 que se dio estos últimos dos años.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara al señor Senador que eso había quedado claro en la exposición del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero que quede más claro, señor Presidente, y creo que usted comprende mi actitud.

SEÑOR MARIÑO.- Quedó bien claro.

Hay otro artículo que también puede causar una distorsión muy importante al Poder Judicial y que no se tuvo presente cuando se elaboró el Presupuesto general. Me estoy refiriendo al artículo 33 del Presupuesto, cuando traslada a cada Organismo los pagos que se originen en virtud de las sentencias judiciales. Esto para nosotros fue un golpe en el medio del pecho, porque alguien se olvidó de que existe el artículo 4º de la Ley Nº 15.859, de 18 de marzo de 1987 –la llamada Ley Aguirre- que con la mejor intención, no lo dudamos y lo aceptamos, establece que en todos los casos en que una persona procesada es absuelta, se le debe indemnizar. Acá se establece una responsabilidad objetiva, totalmente distinta a la del artículo 24 de la Constitución de la República, que sí la asumimos –naturalmente- cuando el Juez actúa con dolo o con culpa grave.

A lo que hago referencia es al caso de que el Fiscal y el Juez -que actúan en el marco de la Constitución, porque tienen semiplena prueba de que el detenido pudo ser el autor del delito- procesan al detenido y, al final, recogiendo el propio Juez nuevas pruebas o trayéndolas la defensa, lo absuelven porque llegan a la conclusión de que no es el autor del ilícito. Entonces, por el artículo 4º se le va a indemnizar. Pero esto lo está indemnizando el Estado, el Tesoro Público. Ahora bien; si por aplicación de esta situación planteada por el artículo 4º, la Suprema Corte de Justicia tuviera que hacer frente al pago de todas las demandas, se produciría un verdadero caos.

Creemos que esto hay que tenerlo en cuenta e insistimos en que el Poder Judicial, cuando se trata del artículo 4º, está asumiendo una responsabilidad objetiva.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Con respecto a este tema en que se consagra la responsabilidad objetiva del Estado a título excepcional, quiero decir que se trata de uno de los temas que se ha discutido más en nuestra Doctrina y Jurisprudencia nacionales: si el artículo 24 de la Constitución de la República consagra la responsabilidad objetiva o, en cambio, la subjetiva. Jiménez de Aréchaga, en su clásica obra "La Constitución Nacional" sostiene la tesis de la responsabilidad objetiva. Por su parte, Sayagués Laso, en su "Tratado de Derecho Administrativo", se inclina por la responsabilidad subjetiva. A partir de allí, nuestra Doctrina se ha dividido. Personalmente, participo de la responsabilidad subjetiva del Estado, tal como lo ha hecho mayoritariamente la Jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia.

En este sentido, quería preguntarle al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia si tiene información sobre la cantidad y el monto de los juicios por responsabilidad objetiva del Estado, con base en esta llamada "Ley Aguirre". Es decir, si saben cuántos casos hay, aproximadamente, de procesados que luego fueron declarados inocentes y que reclaman por la responsabilidad objetiva del Estado, y a cuánto asciende el monto de dichas reclamaciones.

SEÑOR MARIÑO.- No podría satisfacer puntualmente la pregunta del señor Senador, pero sí podríamos proporcionarla luego a la Comisión. Sin embargo, como cada Presidente de la Corte tiene que firmar las contestaciones de la demanda y acá hay dos Ministros que hemos sido y somos Presidentes –yo lo he sido por dos años y él lo va a ser ahora- podemos decir que son muchas las demandas que hay. No podemos fijar los montos porque tratamos de abatirlos al mínimo, y muchas veces lo logramos. En definitiva, como son pagados por el Ministerio, no tenemos su cuantificación, pero podemos hacer un relevamiento en los servicios de abogacía de la Corte para que los señores Senadores tengan esa información a corto plazo.

Con respecto al último tema, relativo a Inversiones, que es muy sensible para la Corporación, podemos decir que como proyectos mínimos para el quinquenio la Corte prevé algunos rubros. En general, señor Presidente y señores Senadores, hay que precisar que tanto para las creaciones como para los aumentos de sueldo –especialmente para los funcionarios que tienen más sueldo- la Corporación ha tomado el criterio de hacerlo en forma escalonada. Por ejemplo, hemos decidido que, de aprobarse el proyecto, aquellos que perciban más de $ 15.000 obtendrán el 50% el primer año y el otro 50% en el segundo, como consta claramente en la escala que he entregado a los señores Senadores. También hemos previsto que las creaciones de las que he hablado y algunas otras que habían quedado en el tintero no se hagan en forma inmediata sino paulatina. No aspiramos a tener todos los Jueces suplentes ni todos los Defensores ni todos los Juzgados a crearse, en el mismo día.

Sin embargo, pensamos que sí es necesario lo que tiene que ver con los Centros de Mediación, que no implican importes sustanciales en el Presupuesto pero que sí son importantes para la población. A título de ejemplo y como una idea orientadora acerca de la trascendencia de la creación de estos Centros, podemos decir que en cinco años han atendido 13.000 consultas. Sólo esta cifra da la pauta de la importancia de esto y, quizás sí, aquí pongamos énfasis para tener los cinco Centros ya institucionalizados en forma inmediata porque, reitero, lo que se requiere no es importante, igual que lo del interior.

Culminando con mi exposición, me referiré a las inversiones. En cuanto al edificio de la Plaza Libertad, donde se ubicarían la Dirección General y todos los Servicios Administrativos, se han planificado sus erogaciones a través de los años y serían de un total aproximado a los U$S 5:000.000. Se apruebe o no el famoso Código del Proceso Penal, la reorganización y centralización de los Juzgados Penales en el edificio que adquirimos recientemente en la calle Juan Carlos Gómez 1240, donde estaba el ex diario "Acción" y donde estaba funcionando Manos del Uruguay necesita su acondicionamiento. Esto debe ser acompañado, por supuesto, con el acondicionamiento del edificio donde funcionaba el Instituto Técnico Forense, en el que se establecerían los Juzgados.

Los proyectos informáticos también necesitan apoyo y este es un aspecto importante porque tenemos un plan piloto para 45 Juzgados, cuyos gastos serán solventados por un préstamo del BID. Pero a los cuatro años esto termina, por lo que, si este plan piloto culmina bien, dentro de cinco años el Poder Judicial habrá realizado un gran esfuerzo y le habrá hecho invertir al pueblo U$S 8:000.000 para obtener un muy buen servicio a través de una informática que va a caer automáticamente porque no va a haber dinero para seguir manteniéndola ni para solventar los salarios que por los primeros cuatro años va a pagar el BID.

También tenemos un proyecto informático para servicio de consultas asistidas, lo que significa un adelanto para los abogados y para todo el servicio ya que, sin tener que atender en la baranda a los profesionales, podrán obtener desde sus Juzgados o desde lugares especiales la información requerida.

En el interior del país se pretende hacer 8 pequeñas construcciones en aquellas zonas alejadas donde los edificios de la Justicia son verdaderamente lamentables. En ese sentido, nos conmueve ver a los Jueces vivir y dictar los fallos –que son los mismos y tienen la misma fuerza que los que dicta la Suprema Corte de Justicia, porque ellos están representando a la República Oriental del Uruguay- ya no en chozas ni taperas, sino en lugares que realmente no tienen calificativo, como es el caso concreto de Isla Patrulla o, con menor gravedad, Bernabé Rivera, Cerro Colorado, Villa Rosario, Chamizo, Pueblo Feliciano, etcétera.

Por último, no podemos olvidarnos de la necesidad de adquirir, para las sedes judiciales, el equipo mínimo adicional para una prestación de servicios acorde con las necesidades y jerarquías de quien los presta y para quien lo hace.

Señor Presidente: he tratado de ser lo más breve posible para que todo el grupo que me acompaña pueda quedar a disposición de los señores Senadores a los efectos de evacuar sus dudas.

Muchas gracias por su atención.

SEÑOR PRESIDENTE.- A propósito de la afirmación hecha por el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la inclusión de algún artículo en el Mensaje Complementario, la Presidencia quiere manifestar que su plazo de vencimiento no es el 13 de noviembre –como él lo manifestó- sino el martes 14 de noviembre.

SEÑOR MARIÑO.- Muchas gracias, pero es preferible llegar un día antes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por supuesto que no está impedido de hacerlo, pero es bueno recordarlo.

SEÑOR RUBIO.- Quiero formular algunas preguntas. En primer lugar, compartimos las preocupaciones que se han manifestado con relación a los artículos 33 y 35 y supongo que eso se podrá solucionar. Hay otro artículo que se introdujo, como aditivo, en la Cámara de Representantes con relación a los Defensores de Oficio y a los Procuradores, sobre el que quisiera recibir algún comentario para saber si hay acuerdo en esto.

En realidad, creo que estamos todos de acuerdo en que hay que jerarquizar al Poder Judicial, sobre todo teniendo en cuenta que la creciente "judicialización" de muchos conflictos, no sólo políticos, ha operado un incremento notable en la actividad. Entonces, se trata de un tema de recursos y de su distribución. Desde ese punto de vista, quisiera saber, con respecto a la jerarquización en materia de medios del Instituto Técnico Forense, qué orden de previsiones hay en este Presupuesto enviado por el Poder Judicial. Hemos recibido diversos planteos de los Actuarios, quienes nos han traído distintos materiales en cuanto a retornar a la equiparación que, por el artículo 33 de la Ley Nº 13.640 de 1967 tenían con determinadas categorías de Jueces. Ellos argumentan que están en el escalafón técnico profesional en una situación de técnicos de segunda; además, realizan distintos planteamientos desde el punto de vista económico y del escalafón. Me gustaría saber cuál es la opinión que se tiene en cuanto a esta cuestión.

Con respecto a los montos, al tema más relevante desde el punto de vista económico, quisiera preguntar de qué diferencias estamos hablando en relación con el proyecto del Poder Ejecutivo. Por un lado, hay un cuadro en el que aparece –si no me equivoco- que el Presupuesto del 2000 es de U$S 67:500.000, pero en la versión del Poder Ejecutivo se habla de U$S 71:000.000. Aquí está el tema de la inclusión del crédito del BID, y eso haría la diferencia, por lo menos en la parte del crédito. Después sí aparece una diferencia importante para los años siguientes, en la medida en que la propuesta del Poder Ejecutivo se aproxima a los U$S 73:000.000 y aquí estamos hablando de U$S 84:000.000 para el 2001. Después hay un incremento -que según vi, estaría también en las previsiones- en cierta medida vinculado con el aumento del Producto. Si son esas las estimaciones, entonces trabajaría con esos números.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay varios señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra. La Mesa considera que el mejor procedimiento es que el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia vaya contestando las preguntas a medida que se formulen.

SEÑOR ASTORI.- Pero las consultas que deseo realizar tienen que ver con lo planteado por el señor Senador Rubio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Ya que estamos en este tema, por razones de economía procesal, solamente quería agregar a las mismas preguntas del señor Senador Rubio y sobre los mismos temas, otras dos que pienso permitirían ahorrar tiempo a los señores Ministros y a los integrantes de la Comisión.

El señor Senador Rubio preguntaba la opinión acerca de los reclamos de los Actuarios y, en ese sentido, haría la misma pregunta respecto de las solicitudes de equiparación de los Defensores de Oficio. Me gustaría conocer la opinión de los señores Ministros al respecto.

En cuanto a los montos, tenemos aquí una nota del 25 de octubre de la Suprema Corte de Justicia donde, ante una solicitud de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, establece algunas demandas consideradas prioritarias por la Corporación respecto a su Presupuesto original. Si vamos a hablar de las diferencias entre el Presupuesto remitido por la Suprema Corte y el del Poder Ejecutivo, me gustaría saber también a cuánto asciende la diferencia en cuanto a las demandas consideradas prioritarias por la Suprema Corte de Justicia.

Agradezco la oportunidad que me brindó el señor Presidente de plantear estas preguntas porque creo que era mejor hacerlo en este momento ya que tiene que ver con los dos temas que planteó el señor Senador Rubio.

SEÑOR MARIÑO.- Con respecto al único artículo que se incluyó en la Cámara de Representantes con respecto al Poder Judicial, debo decir que se trata de reeditar un artículo de una ley anterior, pero solamente haciendo que se extienda ese beneficio a algunos funcionarios del Poder Judicial. Debo informar que con fecha 13 de octubre del corriente año, la Suprema Corte integrada a consecuencia de una reclamación formulada por esos mismos funcionarios –no esta Suprema Corte, con estos Ministros- en un planteamiento de excepción de inconstitucionalidad de ese artículo con respecto a los Procuradores, declaró la inconstitucionalidad. Es decir que la Suprema Corte no lo va a aplicar.

En lo referente a los Actuarios, como he explicado, hemos hecho un estudio a través de consultores internacionales –una de ellas fue la consultora Vidal, cuyo informe seguramente está en poder de todos los señores Senadores, porque así lo remitimos- donde se da a los señores Actuarios la ubicación presupuestal que les corresponde de acuerdo con los sueldos que tienen sus superiores, es decir que se trata de mantener el equilibrio de esos sueldos. La equiparación a que se hace referencia sería en la práctica, pero yo no me animaría a decir –tampoco lo desmiento- que hubiera una equiparación legal. Lo único que hubo, y sí es legal, es la Ley de Organización de los Tribunales que estableció un porcentaje para los Jueces desde la categoría de rurales a Ministros de Corte, o a la inversa, partiendo de los Ministros de Corte y tomando sobre el sueldo de éstos un porcentaje hasta llegar a los Jueces de Paz rurales.

Con relación a esto y también haciendo referencia al tema de los Jueces, los sueldos de los señores Defensores de Oficio fueron equiparados a los de los Jueces hace años. Quizá lo que ellos estén reclamando es que se les pague la vivienda, pero los señores Defensores de Oficio no están obligados a vivir en el departamento donde tienen asiento sus funciones, por lo que se ha mantenido –y se mantiene- el sueldo de Defensores de Oficio. Como podrán observar los señores Senadores en el repartido que se hizo a último momento, entre los profesionales equiparados, en este momento el sueldo asciende a $ 24.588 y en el proyecto se eleva a $ 30.951. Es decir que reciben el mismo aumento del 26%, como equiparados, que reciben todos los Magistrados del país.

En cuanto a los montos, la diferencia que anota el señor Senador Rubio es acertada, y se debe -no sé cuál es cantidad exacta- a la contrapartida del préstamo del BID. La señora contadora me informa que el préstamo es de U$S 7:200.000 y la contrapartida es del 30%. El Poder Ejecutivo no remitió para el Poder Judicial ningún incremento para ningún rubro, aunque después tuvo que incrementar un poco la partida del préstamo del BID porque éste se aumentó en U$S 1:000.000. Es decir, pues, que tuvo que aumentarla en un 30% de ese monto.

No sé si ha quedado pendiente alguna pregunta.

SEÑOR ASTORI.- La última consulta que formulé se refería a la selección de temas prioritarios hecha por la Suprema Corte de Justicia.

Si el señor Presidente me permite, aprovecho para aclarar que mi consulta sobre los Defensores de Oficio no se refería a las retribuciones, que sé que están equiparadas, ya que si no recuerdo mal lo voté como Legislador en una Rendición de Cuentas sino, precisamente, como decía el doctor Mariño, a otros beneficios que tienen los Jueces, particularmente en materia de vivienda. Mi pregunta apuntaba a la opinión de la Corporación al respecto.

SEÑOR MARIÑO.- Adelanto que los Jueces tienen por disposición constitucional la obligación de residir en el lugar en que ejercen. Entonces, la ley establece la obligación de que el Estado les suministre viviendas, pero como en muchos casos no lo ha hecho y no puede edificar, el Poder Legislativo les ha dado el beneficio del porcentaje, creo que del 20%, para solucionar el problema de aquellos Jueces que no tienen vivienda. Los Defensores de Oficio no tienen obligación de residir; en consecuencia, no les sería aplicable ese beneficio porque sería un aumento encubierto del sueldo.

Respecto a la última consulta, es más difícil responderla, pero aquí tenemos a la señora contadora Gonet, quien nos puede proporcionar algún dato más concreto que el que puede dar un abogado.

SEÑORA GONET.- Respecto a la pregunta que se hacía sobre la nota que envió la Suprema Corte de Justicia al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fecha 25 de octubre, fue a raíz de una reunión que se realizó en la que el contador Davrieux pidió que se fijaran algunas prioridades.

En materia de números, la Suprema Corte fijó como prioridades esenciales la parte de incremento en la partida para funcionamiento. Actualmente, el funcionamiento del Poder Judicial está siendo financiado con la partida que se le otorgó en la última ley de presupuesto quinquenal y es reforzada, prácticamente desde el año 1997, con fondos que se traspasan de las partidas de inversiones. Ello se debe a que en el Presupuesto anterior, cuando se proyectaron las partidas para funcionamiento –y que fueron otorgadas de acuerdo con lo que se pidió por parte de la Suprema Corte de Justicia- no se previó el incremento explosivo en los gastos de funcionamiento por la parte de informática. Tampoco se contempló que en el Plan de Inversiones estaba incluida la parte de inmuebles y su mantenimiento, como inversiones. Esto ha determinado que en el funcionamiento del Poder Judicial en forma permanente y anual tengamos que reforzar en detrimento, específicamente, de los planes de inversión.

En consecuencia, en este plan quinquenal se ha tratado de ver -con una proyección hacia el futuro- cuál sería la repercusión de estas inversiones de informática. Además, se ha contemplado el gasto actual, como todas las creaciones de los Centros de Mediación, ya que cada cosa que se ha ido mejorando en el Poder Judicial ha tenido una repercusión en el funcionamiento. Esto ha ido aumentando los gastos y por ello la Corte considera que estos U$S 2:000.000 son imprescindibles para el funcionamiento. Ese es el refuerzo solicitado.

En materia del grupo 0, rubros de servicios personales, fue necesario hacer una selección bastante difícil; esto se hizo en función del próximo programa de fortalecimiento que se llevará a cabo si se firma el préstamo y que está vinculado con la creación del escalafón R, que trata todo este tema de informática que expusieron el doctor Mariño y la Directora de División Informática. La creación de este escalafón tiene un costo aproximado de U$S 350.000 anuales. A esto se le suma también el refuerzo del área de apoyo en la parte de la Dirección General de los Servicios Administrativos porque, lógicamente, para gestionar una mejora en un Organismo se necesita tener los recursos de apoyo que gestionen todo esto, así como la creación de un Subdirector General en la parte de la Dirección General de los Servicios Administrativos y la mejora de los salarios del Director General y de los dos Subdirectores, lo cual implica un aumento de U$S 60.000. Esto se agrega –también en este grupo 0- a algo que la Corte consideró prioritario en materia de Jueces Letrados y que es la creación de nuevos Turnos o sedes que el doctor Mariño hoy explicó, además de los Jueces suplentes y todos los cargos de funcionarios técnicos que están asociados con estas creaciones de Turnos o nuevos Juzgados. Esto tiene un costo aproximado a los U$S 1:400.000 anuales; creo que la suma total no llega a U$S 2:000.000 en el grupo 0.

Quiere decir que las prioridades que están fijadas son U$S 2:000.000 en funcionamiento, y en el grupo 0 también una cifra aproximada a los U$S 2:000.000.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Señor Presidente: observo que la hora está indicando que a breve plazo vamos a tener que concurrir a la sesión del Senado, pero creo que no seríamos justos si no vertiéramos ante los miembros de la Suprema Corte que están hoy aquí, nuestro disgusto –seguramente también es el de los demás Senadores del Partido Nacional- por el insólito -no puedo calificarlo de otra manera- artículo que salió publicado hoy en el diario "El País" de un alto o bajo funcionario –no sé bien cuál es la categoría- que hace una serie de referencias sobre este Poder Legislativo, sobre sus integrantes, en algún caso con nombre propio –no del Partido Nacional, pero al caso no viene- y en una actitud muy dura.

La Suprema Corte, entre otras cosas, tiene obviamente la superintendencia correctiva de sus funcionarios. Quiero llamarles la atención –los señores miembros de la Suprema Corte sabrán lo que tienen que hacer, mucho más que el que habla- aunque seguramente ya habrán tomado nota de esto.

De todas maneras, por aquello de que si hay alguno que no oyó, vale la pena hablar fuerte, quiero decir lo siguiente. "El director de la Oficina de Sentencias de los juzgados penales del Poder Judicial, César Menoni, dijo a El País" -así empieza el artículo- "que la nueva ‘ley de desempapelamiento’," –esto de ponerle nombre a las leyes trae sus dificultades- "lejos de contribuir a vaciar" –estoy leyendo textualmente- "las oficinas del organismo, creará mayor caos". Más adelante sigue diciendo: "los Legisladores no se asesoraron para votar ese ‘atropello’ y concluyó que su aplicación traerá severos trastornos." Este funcionario, aparentemente administrativo, habla de tareas que le conciernen a la Suprema Corte de Justicia.

Más adelante, en el mismo artículo se expresa: "en Uruguay desde hace unos años" –seguidamente "El País" transcribe las siguientes expresiones entre comillas, porque seguramente es textual, y hace bien el periodista ya que es algo bastante delicado- "’se viene atropellando el orden jurídico, desde que el actual canciller y en ese momento Ministro del Interior, (Didier Opertti) vendió la ley de seguridad ciudadana como el fin a los delitos, y no sólo no fue así, sino que nos trajo el valor agregado de las salidas transitorias’." Menuda referencia al Poder Legislativo, al Parlamento y al doctor Opertti, actual Ministro, a quien todos respetamos más allá de pertenecer o no a su partido.

Más adelante, el mismo funcionario agrega que es un "disparate jurídico que la ley de urgencia haya incluido como delitos independientes la penetración domiciliaria," etcétera. Señalo que me han dicho que este funcionario es escribano y el artículo está lleno de referencias del Código Penal, a la materia penal; esto no quita que tenga derecho a ingresar a lo penal, pero no es de uso que los escribanos tengan esta perfecta precisión.

El artículo sigue diciendo: "Menoni calificó esta ley como ‘un atropello al orden jurídico y a la jerarquía’." No sigo leyendo porque tomaría todo el tiempo citar el texto en forma completa. De todas maneras, debo decir que le reprocha a la Suprema Corte de Justicia que no haya intervenido para defender –y estas son palabras mías- "sus fueros" invadidos por esta ley tan fuera de lugar.

Más adelante el mismo artículo sigue diciendo –y "El País" pone estos comentarios entre comillas- "si la idea fue limpiar juzgados le erraron. Lo siento mucho, no preguntaron a quien debían". Todos estamos imaginando a quién teníamos que preguntar. Sigue, señor Presidente, diciendo textualmente: "Cometí el atrevimiento de decirle a un Diputado amigo" –el atrevimiento fue para con el diputado amigo- "que no tienen derecho a ser tan burros". Esos somos nosotros, señor Presidente, aunque quizás usted no estaba en el Cuerpo en ese momento, pero debe ser solidario con los compañeros que actúan en el Parlamento. Más adelante confesó, y sigue textualmente: "esta ley es como la Biblia y el calefón: está todo mezclado". Después sigue haciendo referencias y termina haciendo teoría penal y diciendo qué es lo que se podría haber hecho y lo que no, lo que sería muy respetable. Sin embargo, va a terminar solicitando "que me dé cinco habitaciones para guardar los expedientes, estanterías, funcionarios para que me ayuden a controlar los expedientes y libros para llevar un control". Finalmente, señala otra cosa, respetable como fundamento de cualquier otro tema, pero no de estos agravios contra el Poder Legislativo, y hace referencia al Código de Proceso Penal, tan llevado y traído que no lo voy a traer ahora. Tiene una definición muy clara que nos la comunica a través del diario "El País", no sé para qué, porque tan burros somos que me ha costado entender el artículo. Me lo explicaron con cuidado y después que lo entendí, por burro, me di cuenta de lo que quería decir y me enojé. Mis compañeros, que son menos burros que yo, lo entendieron antes y también compartieron esa actitud.

Discúlpenme, señores Representantes del Poder Judicial, pero comprenderán que esto no es muy agradable. Me refiero a abrir el diario de mayor tiraje y encontrarse con estas expresiones, que después se reproducen en todos lados, porque no hay cosa más linda que salir a decirle "burros" a los Legisladores. Esto va a seguir. Como es un funcionario que actúa en el Poder Judicial y éste, en la representación que sí corresponde, que es la Suprema Corte de Justicia, no nos ha pedido que deroguemos la "ley de desempapelamiento", ni nos ha señalado este tipo de cosas en forma directa o indirecta –a lo que hubiera tenido derecho si lo hubiera entendido así- llamo la atención acerca de la circunstancia que vivimos. En el caso, hablo por los compañeros que tengo al lado, pero supongo que más lo estoy haciendo por los 130 integrantes de este Cuerpo que hemos sido elegidos por la gente, seguramente por burros, pero de cualquier manera con el derecho que nos garantiza la votación popular.

Seguramente, la Suprema Corte de Justicia no va a tener contestación a esto en el día de hoy, pero es un Poder del Estado y sabrá lo que hace. No le voy a dar yo indicaciones de lo que debe hacer o no.

Queríamos hacer estas manifestaciones en nombre de los Legisladores del Partido Nacional, a quienes nos ha llamado poderosamente la atención este artículo.

SEÑOR MARIÑO.- Debo señalar que la lectura de este artículo me causó un malestar enorme, el mismo que le produjo al señor Senador García Costa, en función de que existe un anteproyecto de ley que remitió la Suprema Corte de Justicia y sobre el que se basó el Parlamento. Esa era nuestra intención y estamos muy contentos, a pesar de ser burros como ustedes.

Cuando nos encontramos con el doctor Cairoli en el día de hoy, le comentaba que el tema será tratado mañana en el Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia y se tomarán las medidas administrativas que correspondan en función de que se trata de un jerarca, de un técnico, que es nada más ni nada menos que el Director de la Oficina de Ejecución de Sentencias, a donde van todos los expedientes una vez que la persona ha sido condenada. Entonces, si la ley no le gusta, ya veo que no la va a cumplir o no va a querer hacerlo.

Señalo al señor Presidente de la Comisión y a todos sus miembros –y lo hago extensivo al resto de los Legisladores- que la Suprema Corte de Justicia tiene el mayor respeto por sus fueros pero, concretamente, por esta ley, felicitamos al Parlamento por haberla aprobado, porque para nosotros será un arma muy importante para "desempapelar" los juzgados.

SEÑOR SANABRIA.- Comparto las exposiciones del señor Senador García Costa y del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia con respecto a este incidente. Esta fue una ley consultada y consensuada, me consta, con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Pero en lo que tiene que ver con el Presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, vinculado a algunos compromisos políticos que ha asumido el Parlamento respecto a sus propios recursos, seguramente se encontrará parte de la solución a esta problemática.

Me gustaría preguntarle al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia si con respecto a la creación de cargos de magistrados y técnicos ya está previsto un mecanismo gradual para cumplir con estas necesidades, en virtud de las dificultades presupuestales que tenemos, fundamentalmente, en el primer año. Concretamente, consultamos si sobre esta nota al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya está determinado algún mecanismo de gradualidad para la incorporación de estos técnicos y jueces, a los efectos de viabilizar un estudio más claro para aprobar estos artículos.

La otra consulta está referida a la terminación de las obras del antiguo edificio de ONDA, sobre lo que creemos debemos hacer un esfuerzo para ayudar a la Suprema Corte de Justicia. Esta obra es de gran importancia, no solamente para la racionalización de los servicios sino, además, para lograr un abaratamiento de costos de alquileres de inmuebles en Montevideo, por los que Rentas Generales está pagando sumas importantes. Quisiéramos saber cuál sería el tiempo que nos permitiría acceder gradualmente a la dotación de esa partida.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador García Costa)

SEÑOR MARIÑO.- Tal como plantea el señor Senador Sanabria, en el Anexo 9, referido al costo de nuevos cargos, dicha gradualidad está prevista. A título de ejemplo, el Juez Letrado de Primera Instancia de la capital, que es el Juez de Menores y es uno solo, está previsto para ahora, mientras que los Jueces Letrados del interior se crearán anualmente, dos en el año 2001, tres en el 2002, tres en el 2003 y tres en el 2004. A su vez, los Jueces de Paz departamentales del interior, se crearán en el año 2004. Así, se detalla en todo el planillado e incluso los cargos de Actuarios para esos Juzgados se van acompasando con la creación de cada uno de dichos Juzgados. Lo mismo sucede con otros cargos, como los de los Alguaciles y los Asistentes Sociales y Psicólogos, que se están programando a razón de cuatro por año. En cuanto a los mediadores, de los que solicitábamos un número de diez para Montevideo para el año 2001 –porque ya están funcionando desde hace años- recién proyectábamos otros diez para el año 2004.

Naturalmente, todo esto es modificable y adaptable a las necesidades y a la capacidad económica de respuesta que el país tenga a este petitorio.

En cuanto al segundo tema relativo al edificio de ONDA, se establece un incremento en los gastos, que corresponde a U$S 1:000.000 en el 2001, U$S 1:500.000 en el 2002, la misma cantidad en el 2003, y baja abruptamente a U$S 600.000 en el 2004. Las cifras del 2002 y del 2003 se deben a que ese será el momento más importante de la obra, mientras que los U$S 600.000 del 2004 refieren a su terminación.

En conclusión, esta obra totaliza U$S 4:700.000.

SEÑOR MICHELINI.- Voy a ser muy breve, porque muchas de las inquietudes que tenía ya han sido contestadas.

En primer lugar, quiero hacer una acotación con respecto al artículo 35, sobre el cual he conversado con los representantes de la Contaduría del Poder Judicial. Al final de su primer inciso, se expresa: "sin perjuicio de los regímenes especiales existentes". Nuestra interpretación es que aquí queda afuera el Poder Judicial, e independientemente de que sea bueno aclararlo y de que quede a texto expreso, marca que no había intención de que este artículo lo incorporara, lo cual allana mucho la situación. Repito que esto es independiente de que ello se ponga a texto expreso y se dé una mejor redacción y más clara. Quiere decir que no había intención en ese sentido, y creo que eso es muy bueno.

Ya se ha manifestado que las prioridades están señaladas en la carta que se envió al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Davrieux, por lo que habrá que identificar en esa misiva los artículos correspondientes.

Personalmente, me interesa lo relacionado con la buena administración de los recursos de la Justicia, por lo que quería preguntar si los gastos de informática que figuran en el artículo 6º y el nombramiento del Director General con las retribuciones respectivas contenidas en el artículo 10 es algo absolutamente imprescindible para el buen funcionamiento del Poder Judicial. Digo esto, ya que se ha manifestado que algunas cosas dependerán de los recursos que tenga el país, pero quisiera saber si los gastos que ocasionan los artículos 6º y 10 se relacionan con una mejor administración y si una mayor retribución al Director General de Servicios para tener un mejor administrador, es absolutamente imprescindible para el Poder Judicial.

SEÑOR MARIÑO.- Con respecto al artículo 10, podemos brindar una muy clara explicación.

Hemos realizado concursos para cubrir el cargo de Director General de los Servicios Administrativos, que es nada menos que el Gerente del Poder Judicial, que tiene bajo su responsabilidad ocho o diez Divisiones y es en quien delegamos toda la función administrativa de la Suprema Corte de Justicia a excepción, naturalmente, de casos concretos que por disposición constitucional son privativos del resorte de la Corporación.

Nos hemos enfrentado a la situación de que los magros sueldos que se ofrecían a los Directores Generales no eran atractivos. Entonces, con el fin de captar un Director General con experiencia y con el nivel gerencial que debe tener –sin desmedro de que el actual Director General, en su larga trayectoria como funcionario judicial, desempeña satisfactoriamente su cargo, pero al que, como a quien habla, le quedan pocos años en su función- hemos pensado en que un sueldo de esa naturaleza, como el de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, ampliaría enormemente ese campo. De esa forma, podríamos contar con una persona altamente capacitada para desempeñar ese cargo.

Simplemente, ese es el fundamento: un fuero de atracción.

Por otra parte, consideramos que el artículo 6º es fundamental. A este respecto, conversamos extensamente con el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Davrieux, a quien creo que se le preparó una minuta especial, en función de que el escalafón R es el especial. Ahora nos hemos enterado de que lo tienen casi todos los servicios públicos en la División Informática. Para el bien de los informáticos o de quienes han estudiado esa ciencia –que para nosotros es bastante esotérica y "no le podemos entrar"- que son personas de alta cotización en el mercado, a tal punto que no hemos podido retener algunos técnicos que hemos contratado por el BID por sumas no tan importantes, pero sí significativas si las comparamos con los sueldos que puede pagar el Poder Judicial, hemos creado este escalafón R para poder mantener en el Poder Judicial al sistema informático funcionando, no sólo durante los cuatro años en que el BID nos va a apoyar con dinero para el pago de esos sueldos y para comprar las herramientas, así como para contratar algún consultor a fin de ampliar nuestros conocimientos, sino también en virtud del futuro. No podemos correr el riesgo de que, dentro de cinco años, el escalafón R establecido con el pago del préstamo, desaparezca totalmente, haya un corte tajante y no contemos más con esos funcionarios, con las consecuencias -que los señores Senadores entenderán- que ello va a acarrear.

Por esas razones entendemos que son dos temas muy sensibles y así lo hemos plasmado en la iniciativa.

Para ampliar este tema –si el señor Presidente lo permite y los señores Senadores así lo desean- podemos ceder el uso de la palabra a la señora Raquel Martínez, Directora de la División Informática, para que brinde una mejor explicación de los aspectos técnicos del porqué de este escalafón R.

SEÑORA MARTINEZ.- Quisiera hacer algunas precisiones.

Como dije antes, la División Informática actualmente cuenta con ocho personas técnicas en esta materia, así como con una Directora de División y un Director de Departamento. Si no creamos este escalafón R será muy difícil fortalecer desde el punto de vista técnico a la División Informática. Digo esto, porque las tecnologías son cada vez más complejas; comenzamos con sistemas muy simples y paulatinamente hemos ido pasando a sistemas que requieren personal técnico capacitado con una formación superior. ¿Qué significa esto? Los técnicos actuales son analistas u operadores, pero necesitamos ingenieros en computación que dominen con otra solvencia la tecnología a aplicar. Los proyectos que están previstos, obviamente se basan en tecnologías más complejas por lo cual es imprescindible que nuestra División cuente con salarios más atractivos para poder captar ese personal.

Ahora bien; además del personal técnico que tenemos, actualmente existen empresas unipersonales contratadas que están ejerciendo ciertos cargos directivos dentro de la División al frente de determinadas áreas. Se trata, reitero, de empresas unipersonales y no de funcionarios judiciales, y los señores Senadores podrán imaginar que ellas generalmente anteponen sus intereses a los del organismo. Para la División Informática, y en este caso para la Dirección, resulta bastante dificultoso controlar permanentemente esas empresas. A su vez, esa gente que ejerce ciertas funciones de jerarquía, está dirigiendo a funcionarios judiciales, porque se ha producido toda una situación de distorsión dentro del funcionamiento interno, ya que ellos reciben indicaciones de esas empresas. La situación es bastante difícil, caótica, a la interna, y la paz se mantiene a través de un buen clima laboral, en donde tratamos en lo posible de trabajar en armonía; pero imagínense, inclusive, jerarcas que están dirigiendo a empresas unipersonales que, a su vez, cobran menos de la mitad o la tercera parte que las propias empresas. Dentro de la oficina, pues, el caos es bastante importante. Es por ello que con la creación de este escalafón tratamos de nivelar la situación interna, de forma de tener una estructura estable que permita al Poder Judicial ser una contraparte técnica fuerte para la gestión de los proyectos que se avecinan.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Guillermo García Costa).- Estamos a seis minutos de que comience la sesión del Senado y hay tres Senadores anotados. Es evidente, pues, que en ese lapso no vamos a terminar; pero recuerdo que, por Reglamento, las Comisiones no pueden sesionar en forma simultánea al Cuerpo. En consecuencia, no sé qué dispondrán los señores Senadores.

SEÑOR GARGANO.- Es evidente que no hemos podido avanzar mínimamente con el Poder Judicial en el diálogo que nos pedía el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con los materiales que se nos han acercado, todo parece indicar que remitido –si lo hay- un Mensaje Complementario al Senado, a posteriori deberemos tener un nuevo intercambio con el Poder Judicial a través de la presencia de los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque hay muchos temas a analizar. En la tarde de hoy, ellos han expuestos los problemas y nosotros hemos pedido aclaraciones, pero no avanzamos sobre la opinión que nos merecen determinadas disposiciones, sobre los salarios del Poder Judicial o sobre el tema –que dejo planteado para que el señor Presidente se haga cargo de él; ahora están presentes en la Mesa el Presidente y el Vicepresidente- de las economías resultantes del Ejercicio 1999 tanto de la Cámara de Representantes como de la Comisión Administrativa y también del Senado, que se ha planteado se destinen a incrementar los recursos del Poder Judicial. Pero para eso debemos tener aprobadas las Rendiciones de Cuentas del Senado y de la Cámara de Representantes –cosa que todavía no ha ocurrido- concretamente, para saber si hay economías.

Hago el planteo, porque me parece que es lo útil que podemos hacer, y también que el señor Presidente de la Comisión acuerde con la Suprema Corte de Justicia una nueva visita.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Guillermo García Costa).- Hablando por los dos, debo decir que estamos de acuerdo con la propuesta del señor Senador Gargano y pienso que hay consenso sobre eso.

SEÑOR MARIÑO.- Deseo ofrecer a los señores Senadores todo el tiempo que requieran de la Suprema Corte de Justicia, porque este es un tema vital para el país.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Guillermo García Costa).- Pedimos disculpas a los señores Senadores que estaban anotados, pero esto no depende de la Mesa. Pasaremos, entonces, a un breve cuarto intermedio hasta que termine la sesión del Senado, para luego continuar con los dos Ministerios cuya presencia está prevista.

(Se retiran de Sala los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y asesores)

(Así se hace. Es la hora 16 y 58 minutos)