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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 45 minutos)

La Subcomisión de Audiencias tiene el gusto de recibir a la delegación de AUDESE. Antes de escucharlos, el señor Senador Michelini ha solicitado la palabra.

SEÑOR MICHELINI.- Naturalmente, ahora no se puede hacer, pero para las futuras audiencias, solicito que se reciba a las delegaciones en una Sala más reducida, porque considero que debemos mirarle la cara a nuestros visitantes y ellos a nosotros.

SEÑOR PRESIDENTE.- La solicitud del señor Senador será tenida en cuenta.

Tiene la palabra el señor Seré.

SEÑOR SERE.- Vengo en representación de la Asociación Uruguaya de Empresas de Servicio Expreso. A nuestro sector de actividad normalmente se lo conoce como "courrier".

Antes que nada, queremos agradecer a los señores Senadores por recibirnos y deseamos expresar que el objetivo de nuestra visita es brindar información con relación al artículo 345 de la Ley de Presupuesto. Este artículo no ha sido votado por la Cámara de Representantes y está planteando un nuevo impuesto de U$S 20 a las encomiendas postales que ingresan al país, cuyo valor es de menos de U$S 50.

Queremos hacer un breve comentario sobre el régimen vigente de importación y deseamos mencionar que la introducción de encomiendas postales, así como de artículos de menos de U$S 50, está absolutamente reglamentada y controlada por las autoridades competentes. Todos aquellos envíos postales que llegan actualmente vienen declarados, cuando corresponde, con una factura indicando el valor y el tipo de mercadería y los mismos son o deben ser fiscalizados por la Dirección Nacional de Aduanas. Esta aclaración viene a colación de algunos comentarios que se vertieron en algunas sesiones en el Parlamento en las que se mencionó que estos artículos se introducían al país sin ser inspeccionados por las autoridades competentes. Queremos mencionar que la legislación vigente establece lo contrario, por lo cual todos los artículos que nosotros transportamos son verificados por la Aduana.

En cuanto al impuesto que propone crear el artículo 345, la estimación de nuestro sector es que por el sector privado están llegando aproximadamente 5.000 encomiendas postales por mes. Consideramos que menos del 15% de ellas están originadas en el comercio electrónico.

Antes que nada, queremos mencionar que el impacto que tendría este nuevo impuesto en lo que se denomina la nueva economía, ha sido ampliamente cubierto por medios de prensa en los últimos meses, cuando este artículo estaba a consideración de la Cámara de Representantes. Por este motivo, no nos vamos a extender en este punto que –creemos- está más que claro y estamos a disposición de los Senadores presentes para aclarar cualquier duda que haya al respecto.

Sí queremos mencionar que este impuesto no estaría gravando únicamente a aquellos envíos generados en él "e-commerce", sino que estaría gravando absolutamente a todas las encomiendas que llegan al país. Es importante mencionar que el Gobierno está queriendo promover el comercio de Uruguay, en las importaciones y las exportaciones, como un país de tránsito y, en cierta forma, se vería afectado por este nuevo tributo. Esto implicaría un encarecimiento para los exportadores, ya que ellos reciben normalmente muestras de los artículos que van a exportar, las cuales tienen que reproducir; lo mismo sucede con los importadores, ya que reciben adelantos de los productos que luego comercializarán o no en el mercado interno. Esto también afecta a los turistas que vienen al Uruguay.

Por lo tanto, debería considerarse que este impuesto está gravando absolutamente a todas las encomiendas postales. Aquí he omitido expresamente el hecho de que también estaría gravando los envíos que reciben todos los particulares del exterior de parte de sus familiares, obsequios no solicitados, etcétera. Es decir que tendría un impacto que no sabemos si ha sido debidamente analizado por la Administración Nacional de Correos. Creemos que debería escucharse a esta Administración antes de expedirse sobre este punto, ya que tendría un impacto negativo en toda la población y no sólo en el sector empresarial.

Entendemos que el fin que podría perseguir la implantación de este impuesto, en una primera instancia, sería recaudar fondos. Según una afirmación optimista de lo que llega a través del sector privado, permitiría recaudar U$S 1:200.000 anuales, aproximadamente, sin considerar que la aplicación de ese impuesto va a implicar la disminución de esos envíos.

Una segunda interpretación de estos impuestos sería la protección de los comerciantes en la comercialización de aquellos artículos que tienen un monto inferior a U$S 50. En este caso, podemos mencionar que en la mayoría de los casos de las empresas de transporte expreso el flete encarece el servicio, ya que hay un elemento de urgencia que desbalancea absolutamente la ecuación de costos. Además, la principal motivación para comprar por Internet y recibir los productos por alguna de esas empresas no lo constituye el ahorro de costos, sino la variedad y la gran oferta de artículos a nivel mundial -incluidos los "compact disc"-, que no se han comercializado en nuestro mercado, ni se lo hará jamás por su tamaño, lo que impide que los comerciantes traigan esos artículos. Por lo tanto, observamos que la principal motivación que tienen esas personas es el acceso a artículos que no están disponibles en la plaza; al no estarlo, y si frenamos esa vía, muchas de esas compras no se van a realizar.

En definitiva, la implantación de este nuevo impuesto nos llevaría a castigar a los habitantes de nuestro país, dejándolos al margen de toda la oferta de productos mundiales que hay, al menos en este segmento de valor, ya que el encarecimiento los haría prácticamente prohibitivos.

Creemos que el gran problema que existe detrás de este tema es el del contrabando o de la mala o inadecuada aplicación de las normas aduaneras, y el de la subfacturación. Pensamos que estas problemáticas son muy complejas y no se solucionan con el establecimiento de este impuesto.

Es oportuno recordar que a nivel mundial se ha establecido que para envíos de poco valor el costo administrativo de su recaudación y su impacto en las economías, no justifica cobrar un monto, aunque sea mínimo o simbólico. Uruguay tampoco es la excepción. Estimamos que el costo de cobrar este impuesto, teniendo en cuenta todas sus ineficiencias, significaría U$S 9 por envío. Si tenemos en cuenta que para ello hay un impuesto de U$S 20 más los U$S 9 adicionales, estaríamos en U$S 29 por envío. Hay que tener en cuenta, además, que esta disposición estaría gravando envíos que a veces tienen un valor de U$S 5 o U$S 10. Creemos que este tema debería ser atacado mediante la correcta aplicación de otras herramientas, y no a través de este impuesto.

Sí queremos poner a consideración de esta Subcomisión el hecho de que nuestra Cámara ha mantenido su postura en el sentido de que la forma más eficiente de aportar nuevos fondos al Estado –posición que hemos mantenido en los últimos 5 o 7 años- es a través de la generalización del IVA a los servicios que presta el Correo. Entendemos que esto ayudaría a mejorar las finanzas de las arcas del Gobierno Central, daría mayor transparencia y equidad a los operadores privados y, a su vez, permitiría algún nivel de ahorro de costos en la propia Administración Nacional de Correos del IVA comprado, que actualmente está perdiendo. Reitero que, a nuestro juicio, esa sería una medida que debiera ser tomada en cuenta.

Otro aspecto importante a destacar, y que está un poco implícito en lo que ya mencioné, pero no voy a profundizar, es el impacto que tendría este impuesto en el comercio internacional, esto es, en el "e–commerce" o nueva economía. Ello significa que Uruguay debería estudiar a fondo todos los acuerdos postales internacionales que ha firmado para ver si esta norma no viola alguno de ellos. Tenemos conocimiento que hace pocos años, en una conferencia general organizada en Cancún por las Aduanas, Uruguay firmó y votó afirmativamente el establecimiento de un régimen moderno de aduanas, que incluye un sistema de no pago de tributos para valores menores –en el caso de Uruguay, hablamos de U$S 50- en virtud del convencimiento de los beneficios que ello traía para su comercio.

Estos son los principales aspectos que queríamos destacar.

SEÑORA HUGHES.- Simplemente, queremos agradecer y hacerles entrega de unas carpetas donde están volcadas todas nuestras inquietudes con respecto a este tema.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que la agenda es muy intensa para el día de hoy, en la medida en que este artículo fue suprimido en la Cámara de Representantes y que por diversos medios nos ha llegado información, no vamos a hacer preguntas, pero quiero dejar constancia de que tengo un buen conocimiento del tema.

SEÑOR GARGANO.- Aprovecho la presencia de los integrantes de esa Asociación para plantear lo que , a mi juicio, debe haber sido la razón por la que surgió este artículo, que ha sido suprimido en la Cámara de Representantes. Me refiero a que parece haberse constatado, por parte de comerciantes del mercado local, que a través de las encomiendas, por ejemplo, se produce la introducción masiva de discos compactos que se adquieren a precios que los vuelven absolutamente competitivos. Este mecanismo lleva a que se produzca una competencia desleal porque esos productos no pagan impuestos, cosa que sí hacen los comerciantes del mercado local. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de discos compactos que en la calle cuestan U$S 23 o U$S 24 y otros, que son de vieja edición, que valen la mitad.

Concretamente, me gustaría saber qué opinión tienen acerca de esto.

SEÑORA HUGHES.- Quiero explicar al señor Senador que, en realidad, hay un concepto totalmente equivocado con respecto a la circulación de los discos compactos que se venden tanto en Carrasco en una camioneta a $ 50 como en la Ciudad Vieja a $ 100. En Estados Unidos, una procesadora de discos compactos cuesta U$S 180. La gente que compra discos compactos a través de los servicios de comercio electrónico o de correo electrónico es aquélla que no consigue determinado disco en este país y lo obtiene en grandes proveedoras en Estados Unidos, que acá generalmente no hay. El gran problema no es lo que viene por esta vía, sino la impunidad que existe en la reproducción de discos compactos en este país. En este sentido, los invito a pasar por la calle 25 de Mayo, donde hay un señor que los vende con sus cajas correspondientes. Cuando pasa un cliente, llama a un amigo que está con una bolsa y le trae el compacto, por el cual cobra $ 100. A su vez, en Carrasco hay un señor que tiene una procesadora de discos compactos y vende las copias a $ 50; es más, como a veces las copias no son tan fieles, inclusive da un comprobante como garantía para que lo llamen por teléfono y lo cambien. Este tipo de personas está perjudicando al comerciante instalado en Uruguay. Eso es lo que hay que atacar; no creo que lo que llegue por medio del comercio electrónico pueda afectar a la industria.

SEÑOR HEBER.- Simplemente quería dejar claro dos aspectos. Primero, que la Asociación ha concurrido para asegurarse de que no se incluya ese artículo, porque actualmente no figura.

SEÑOR SERE.- Hemos venido también para aportar información y aclarar algunas dudas.

SEÑOR HEBER.- Aclaro que ha habido una posición casi unánime en la Cámara de Representantes en el sentido de no acceder a este tipo de impuestos que no gravan nada y que, además, no deberían apuntar a las compras por Internet, sino a aquello que se hace en forma oculta. Creo que el sistema actual está correcto y no tenemos la voluntad política de cambiarlo. La ansiedad o la búsqueda de recursos no nos puede llevar a deteriorar lo que está bien implementado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa agradece la presencia de los representantes de la Asociación Uruguaya de Empresas de Servicio.

(Se retira de Sala la delegación de AUDESE)

 

(Ingresa a Sala la delegación de ADEAM)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida a los representantes de la Asociación de Empresas Automotrices del MERCOSUR–Uruguay. Asimismo, les pide excusas por la tardanza, pero esperamos sepan comprender, dado que la reunión con el señor Ministro de Economía y Finanzas se prolongó más de lo esperado.

SEÑOR DEL CASTILLO.- Soy Presidente de la gremial de esta Asociación y desempeño funciones en SEVEL Uruguay, que representa las marcas Fiat, Alfa Romeo e IVECO.

Antes que nada, quiero agradecer en nombre de todos la deferencia que han tenido en recibirnos. Concretamente, nos queremos referir a las modificaciones que se pretenden aplicar al IMESI en el proyecto de ley de Presupuesto. En este sentido, nos hemos reunido con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Les hemos hecho llegar un repartido en el que se trata de demostrar que los cálculos realizados por el Ministerio con respecto a las pérdidas que daría la baja de aranceles de las importaciones de automóviles de la región son erróneos o, mejor dicho, no son exactos. Digo esto en función de que se partió de la base de que en el mercado se venderían 32.000 unidades, importándose desde el Brasil 9.000. Consideramos que hoy el mercado es recesivo y que en los próximos tiempos va a seguir con cierto nivel de recesión, sobre todo en lo que queda del año. Durante este período se importarán 4.500 unidades desde Brasil y una cantidad similar el año que viene. Como el arancel cero abarca solamente 4.000 vehículos, hay 500 que tributarían un arancel menor -de aprobarse el acuerdo del MERCOSUR- y el perjuicio en la baja de aranceles sería de U$S 350.000. Además, como los márgenes de las empresas y de la red de concesionarios son mínimos, cualquier incremento de los impuestos derivaría en un aumento del precio de los vehículos de entre un 9% y un 10%. Pensamos que en un momento en que el mercado está recesivo y la economía no tiene el dinamismo que debería y que necesita el país, cualquier incremento en el precio del producto hará más recesivo aún el mercado y, por lo tanto, se va a recaudar menos porque el nivel de actividad será menor.

Por otra parte, consideramos que hoy el automóvil no es un bien suntuario; en la mayoría de los casos es un elemento de trabajo. Por lo tanto, debería arbitrarse cualquier tipo de solución para incrementar otros impuestos y no castigar siempre los vehículos.

De aprobarse lo que se proyecta en el Presupuesto, solamente de IMESI un vehículo pagaría un 60% más los demás impuestos. Quiere decir que el valor del vehículo tendría un 70% de impuestos, lo que consideramos no es justo.

En otro orden de cosas, dentro del sector hay una tendencia a subsidiar a los vehículos o al armado nacional. Esto, de alguna manera, perjudica la leal competencia de los productos que se ofertan en el mercado.

SEÑOR GORINI.- Sintetizando lo que mencionaba el señor Presidente de la Asociación, nos encontramos ante una serie de problemas. En el año 1998, tuvimos un mercado excepcional. Como todos recordarán, se comercializaron 38.000 unidades con ayuda de la financiación bancaria, que luego desapareció. En 1999, el mercado se redujo a 19.000 unidades. Posteriormente, el mercado disminuyó aún más, llegando a 16.000. Para ejemplificar lo que está pasando, basta con presuponer que en el mes de octubre el mercado será, aproximadamente, de 1.100 unidades. Esto es como pensar que estamos de nuevo en 1991. Por supuesto que todas las empresas no están configuradas como en ese año. Actualmente, contamos con ciertas tecnologías que también encarecen. Además, hay un costo adicional, todo lo cual lleva a que a las empresas les resulte difícil no sólo obtener ganancias, sino también no perder dinero. Cabe agregar que en la época actual las empresas están más dedicadas a tratar de cobrar los créditos, lo cual es bastante complicado. Es difícil, reitero, no sólo ganar, sino volver a recuperar lo que se trasladó al mercado en 1998. Este problema también se le presenta a los bancos.

Considero que si a este mercado retraído le agregamos la carga de un impuesto como el IMESI, obtendremos un mercado aún más deprimido en el futuro.

Hasta el mes de junio de 1995 se generó un mercado de, aproximadamente, 38.000 unidades. Desde julio de ese año hasta junio de 1996 el mercado cayó a 16.000 ó 19.000 unidades. Quiere decir que el mercado cayó en 1995 y, luego de aplicado el impuesto, disminuirá aún más. Si hoy tenemos un mercado de 16.000 unidades, tendremos que prepararnos para uno menor.

Creo que esto debe ser considerado –así lo manifestamos en el Ministerio de Economía y Finanzas- cuando se dé vigencia a dicho impuesto. En 1995 se adelantaron compras, y contamos con la colaboración de dicha Cartera de Estado, que avisó algunos meses antes para que las empresas pudieran tener stock, y aprovecharan ese momento de crecimiento del mercado. Todos recordarán que, durante 1995, en uno o dos meses el mercado llegó a 7.000 unidades. Por tanto, sería importante que las empresas pudieran aprovechar ese mercado antes de que entrara en vigencia el IMESI. Sabemos que luego de eso, la situación será bastante dramática. No se trata, simplemente, de aplicar un impuesto, sino que hay que medir las consecuencias que el mismo traerá para la industria de importadores, que ya tiene dificultades internas, algunas de ellas mencionadas por el señor Del Castillo.

Creemos que no tenemos la posibilidad de pagar el impuesto con papeles; debemos hacerlo con dinero. En consecuencia, pensamos que este impuesto debería disminuirse o quizás no aplicarse. En todo caso, habría que limitar la incidencia -que no llega al 1%- que tendrá esta posible rebaja de recargos del 23% al 13.8%. No queremos trasladar los precios al 9%.

SEÑOR DEL CASTILLO.- Si me permiten, quisiera referirme a la forma de tributación del impuesto. Tal como se lo indicamos al señor Ministro, el impuesto se aplica sobre un ficto. Consideramos que el ficto lo refiere la Dirección General Impositiva al precio de lista del vehículo. El precio realmente aplicado nunca tiene que ver con el de lista. En realidad, todos los vehículos sufren un descuento. Es más, cuando la terminal hace ventas a flotillas, o directas, debe hacer grandes descuentos. Quiere decir que estamos pagando un impuesto sobre algo que no se factura. El ideal sería que se tributara sobre el precio real aplicado a cada venta. Lo más práctico para la Dirección General Impositiva -tal como se lo indicamos al contador Joaquín Díaz- teniendo en cuenta que las terminales somos agentes de retención, sería que aplicaran el impuesto sobre lo que facturan aquéllas a los concesionarios, con un margen de descuento. Generalmente, las comisiones son de un 10% y los concesionarios siempre descuentan, de ese porcentaje, por lo menos, el 50%, a fin de competir en un mercado tan recesivo.

Incluso, en la reglamentación anterior del IMESI se preveía que se tributara el impuesto con un más/menos 5%. Eso le daba una reserva a las terminales, que es la que hace de agente de retención y paga millones de pesos todos los meses. Es así que deducía ese 5% que, actualmente, por las necesidades financieras que existen, llega hasta el 10%.

SEÑOR SANABRIA.- En primer lugar, deseo hacer una consulta relativa a la aplicación del IMESI, en la eventualidad del aumento. Seguramente, el planteo de nuestros visitantes estará referido a dilatar en el tiempo la aplicación, en la eventualidad de que se mantenga el aumento, a los efectos de generar posibilidades de oferta.

En segundo término, deseo referirme al tema de las alquiladoras ya que, tal como está el Presupuesto, desaparecería el descuento del IMESI. Concretamente, deseo saber cómo operó el cambio que tuvo la tributación del IMESI para las alquiladoras, en cuanto a la compra de vehículos. Deseo saber si aumentó o, simplemente, no registró movimientos importantes cuando se modificó el sistema de tributación, es decir, el actual, que se está aplicando desde hace un par de años, mediante el cual no se descuenta en el vehículo, como anteriormente, sino que se paga y luego se deduce por otras tributaciones de las propias empresas alquiladoras. ¿Se notó detracción o mantenimiento del nivel de compras?

En tercer lugar, deseo referirme a las transacciones de autos usados. En la eventualidad de la necesidad que tiene el Presupuesto de generar algunos ingresos relacionados con requerimientos importantes para el país, la posibilidad de algún pequeño impuesto a la transacción del auto usado, ¿afectaría la comercialización del auto nuevo?

SEÑOR DEL CASTILLO.- En realidad, el señor Senador Sanabria ya respondió la primera pregunta que hizo él mismo.

En cuanto a la segunda pregunta, es decir, a la incidencia que tuvieron los impuestos a las empresas arrendadoras, debemos indicar que se observó que se aquietó el mercado. En ello incidieron dos factores: uno, de los impuestos, y otro, la disminución del mercado turístico. Esta situación es bien conocida por el señor Senador Sanabria, ya que representa un departamento netamente turístico. De manera que disminuyeron mucho la actividad de las empresas arrendadoras. La ley referida a las empresas arrendadoras tendía, precisamente, a promocionar el turismo. Algunas de estas empresas cumplen estrictamente con todos los requisitos de la ley, pero otras no. Entonces, en mi modesta opinión, la Dirección General Impositiva les cae a todas las arrendadoras, porque algunas no cumplen. No me parece del todo justo, porque el rubro turismo es muy importante y las empresas arrendadoras ayudan mucho en ese mercado.

SEÑOR SANCHEZ.- Simplemente, deseo abundar en algunas consideraciones en relación al tema de las empresas arrendadoras.

En ese mercado hay una tendencia a renovar las unidades con mayor celeridad de lo que se hacía antiguamente. Lógicamente, para ser competitivos se requiere tener unidades casi 0 kilómetro. Hasta el momento, las arrendadoras no pueden descontar el IMESI hasta que transcurren tres años o más.

Con respecto a la pregunta de si se ha retraído, debo decir que en parte se ha retraído; pero, por otro lado, hay una política de las empresas, que debería ser estimulada, en cuanto al recambio más pronto de las unidades. Por lo tanto, debería permitírseles que descontaran ese IMESI o, por lo menos, tener algún beneficio tributario antes de los tres años. Las compañías han hecho un esfuerzo, tanto las que venden como las que compran -nosotros hemos reducido márgenes y ellos han puesto todo de sí- para mejorar el mercado y poder tener nuevas unidades, aun en aquellos casos de unidades de mil centímetros cúbicos que no descuentan IMESI, porque la legislación lo prohibe. Creo que hay que acompañar ese esfuerzo, puesto que da posibilidades al turismo, a un incremento de fuentes de trabajo, etcétera.

Si el señor Presidente de la Comisión me lo permite, quisiera referirme a un tema que se tocó al comienzo. Existe la tendencia a fundamentar el aumento de las tasas de IMESI con la potencial baja arancelaria. Entonces, quiero aclarar que no se trata de una baja arancelaria, sino de una reacomodación de aranceles. Es muy importante tener en cuenta que así como van a bajar algunos aranceles, otros subirán y, en algunos casos, esto se producirá en forma más sensible que la baja general de la que se está hablando. Por ejemplo, los aranceles de importación del MERCOSUR, que están fuera de los cupos y que sólo se refieren a las quinientas unidades de que hablaba el señor Del Castillo hace unos momentos, van a bajar del 23% al 13.8% en una primera instancia, si es que esto se aprueba. También es cierto que unidades que hoy pagan el 6%, pasarán al 13.8%; y también lo es que todas las unidades que vienen de extra-zona , del 8% pasarán al 23%.

Insisto, entonces, en que hay una reacomodación arancelaria y que no es un argumento del todo válido decir que se trata de una compensación para la baja.

SEÑOR DEL CASTILLO.- Con relación a la tercera pregunta, debo decir que en la dinámica del mercado de comercialización de vehículos, hay que tener en cuenta que cuando se vende un vehículo cero kilómetro generalmente se toma uno usado. Hoy en día, porque la economía no funciona como debiera, en todas las concesionarias se venden pocas unidades nuevas y hay un gran stock de usadas. En consecuencia, cualquier tributo con que se piense gravar a los vehículos usados va a enlentecer más la gestión de venta.

SEÑOR NIN NOVOA.- En virtud de que el artículo fue modificado en la Cámara de Representantes -la tasa se bajó del 60% al 50%- y de que, además, se dispuso que la presente norma entrará en vigencia cuando también entre en vigencia el acuerdo automotor del MERCOSUR, quisiera una breve reflexión sobre ambos puntos.

SEÑOR HEBER.- Un poco coadyuvante con el planteo del señor Senador Nin Novoa, digo que la modificación introducida en la Cámara de Representantes busca relacionar el tema frente a la caída de la recaudación a que supuestamente puede llevar el acuerdo automotriz regional.

Pregunto, entonces, si va a existir caída de la recaudación. Según tengo entendido, por el PEC y el CAUCE, aquí no tenemos temas arancelarios. En función de eso queríamos saber si vale la pena condicionar el impuesto puesto que, en definitiva, se trata de un aumento de la recaudación en función de una caída de ésta o, dicho de otra manera, una manera de compensar esta caída.

SEÑOR DEL CASTILLO.- Consideramos que va a haber una caída de la recaudación y de ahí nuestro planteo. Nunca se importó el cupo previsto en el CAUCE; quiere decir que no va a haber ningún tipo de variación. Y, en lo que hace al PEC, solamente vamos a tener fuera del cupo quinientas unidades, de las cuales muchas, como decía el contador Sánchez, son utilitarios nafta que en lugar de pagar el 6%, pagará el 13.8%. Según nuestros cálculos, entonces, no habrá ningún perjuicio y sí un incremento de la recaudación, debido al aumento de los que vienen de extra-zona.

Con respecto a la pregunta planteada por el señor Senador Nin Novoa, consideramos que debe mantenerse la relación porcentual que existe en la aplicación del tributo del IMESI entre unidades diesel y unidades nafta, puesto que de lo contrario el país se va a ver más perjudicado. Si en el futuro se llega a aplicar un aumento del IMESI sobre los combustibles, se evidenciará mucho más la tendencia a la utilización de vehículos diesel, por lo que se consumirá menos nafta y habrá una menor recaudación. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra gremial, esto es un error.

SEÑOR MICHELINI.- Según pude entender, el objetivo no es recaudar más, sino que haya una compensación del impuesto.

Tengo la sensación de que la redacción del Poder Ejecutivo es más clara que la anterior. Entonces, pregunto a nuestros visitantes si nos podrían hacer llegar una redacción que pueda compensar la supuesta caída que tendría el IMESI, no en el 8% de crecimiento en un caso y del 9% en otro, puesto que ustedes dicen que no va a ocurrir y que eso sería, digamos, una sobre recaudación. Admitamos que puede haber una pequeña pérdida. Me pregunto cómo podría compensarse.

De pronto es muy poco lo que hay que tocar. Como dije al principio, la redacción del Poder Ejecutivo me parece más clara y no me termina de convencer la modificación hecha en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, es probable que ustedes puedan aportar otro texto para que contemos con el del Poder Ejecutivo, el de la Cámara de Representantes y aquel que ustedes creen, con total buena fe, que retocaría esa pequeña pérdida que pudiera existir, no en los niveles que el Poder Ejecutivo dice y que podría llevar a una sobre recaudación.

SEÑOR GARGANO.- Voy a plantear una pregunta producto de la lectura de los textos comparados.

Por lo menos en la disposición citada del Texto Ordenado hay, en el numeral 11), que es el que genera todo este examen, un inciso segundo que dice: "Créase un adicional equivalente al 20% (veinte por ciento) de las tasas que corresponda aplicar según lo dispuesto por este numeral". Esto, tanto en la redacción que viene del Poder Ejecutivo como en la aprobada por la Cámara de Representantes, se elimina. Entonces, mirando el aumento que se propone y la eliminación de este adicional, pregunto a cuánto se reduce lo que se paga hoy. Dicho de otro modo: en cuánto aumenta si manejamos las dos variables, esto es, eliminando la tasa adicional e incrementando la tasa de aplicación básica.

SEÑOR DEL CASTILLO.- En primer lugar, voy a contestar al señor Senador Michelini diciendo que con mucho gusto, con total buena fe y objetividad haremos llegar, en un plazo perentorio, lo que podríamos proponer como modificación al texto.

Con respecto a la pregunta del señor Senador Gargano, debemos decir que las tasas aumentan en los modelos diesel del 47%, que incluye todos los adicionales –porque fueron varias las modificaciones que se hicieron a la ley original-, al 60%; y en los nafta, del 30% al 40%, incluyendo también todos esos adicionales.

SEÑOR BOLIVAR.- Nosotros pensamos que es importante que se mantenga esa relación porque de lo contrario se va a provocar una distorsión aún mayor a la que existe en el momento, porque existe un gran crecimiento del número de vehículos con motorización a gasoil en detrimento de los nafteros. Si se produce un aumento mayor en la tasa del IMESI de los nafteros que en los diesel se seguirá aumentando esa corriente que a la larga, no tengo la menor duda, va a provocar una baja en la recaudación del impuesto a los combustibles.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero dejar constancia que cuando el tema de los vehículos a gasoil se masifica tanto, si queremos ayudar al agro manteniendo un gasoil bajo, no lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, a la larga empezaremos a perder un instrumento. Notoriamente el gasoil es para el transporte público, sea de larga o corta distancia, o para el agro. Naturalmente, puede haber una persona que hace muchos kilómetros y necesita este tipo de vehículos, pero cuando se masifica, perdemos el instrumento de trabajo, por lo menos, en el corto plazo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión agradece la presencia de la Asociación de Empresas Automotrices del MERCOSUR.

(Se retiran de Sala los representantes de la ADEAM)

 

(Ingresa a Sala una delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con las audiencias de esta Subcomisión y a los efectos de procurar un régimen de trabajo que nos permita cumplir con el horario establecido, quizás lo apropiado sería que se le brindara un tiempo de exposición a los invitados para que, luego, los señores Senadores puedan hacer las preguntas del caso.

En nombre de la Subcomisión le damos la bienvenida a los representantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y le damos la palabra.

SEÑORA OLIVER.- Soy funcionaria del Tribunal de Cuentas y cumplo funciones en la Unidad Financiera y Contable. Vengo en representación de los funcionarios del Tribunal que, como decía, están trabajando en dicha Unidad.

A efectos de que los señores Senadores tengan una noción, quiero decir que la Unidad Financiera está compuesta por 4 cargos: uno de Director, uno de Tesorero y dos de Auxiliares Contables. Estos últimos hace ya casi 10 años que están cumpliendo sus tareas y cada uno de ellos tiene dos grandes responsabilidades. Uno de esos funcionarios realiza la liquidación del total de los gastos de inversiones, suministros y gastos extrapresupuestales del organismo y el otro es el responsable de la liquidación de todos los haberes, subsidios y demás gastos del Rubro 0 que representa su trabajo. Estos dos funcionarios, que hace muchos años que trabajan, se ven totalmente imposibilitados de ascender en su carrera funcional porque no existe un cargo superior; además, las pocas personas que integran esa Unidad así lo impide.

Por otra parte, actualmente trabajamos allí 8 personas y hay funcionarios administrativos que están actuando en funciones contables más especializadas y con muchísimas responsabilidades, más que nada por los nuevos ordenamientos contables, como la puesta en marcha del CIF y demás. Estos funcionarios tampoco pueden ascender ni mejorar sus posiciones, porque no existen cargos para ello.

El espíritu del Tribunal en la redacción de los artículos 6º, 7º, 9º y 38 es reorganizar la pirámide de la Unidad y dar lugar a todos esos reclamos porque entiende que son necesarios para su mejor funcionamiento. Definitivamente, quedaría integrada la Unidad Contable, con la aprobación de estos artículos, con un Director, un Tesorero, dos Jefes y dos Auxiliares Contables.

Por otro lado, hay un caso muy específico de un Tesorero que era Director de Departamento del escalafón C y en el anterior Presupuesto su cargo fue transformado pasando a ser Tesorero del escalafón D. En la redacción de ese artículo no se le fijó el porcentaje que le corresponde a los que integran dicho escalafón, ya sea C o D pero de Grado 13. Entonces, el artículo 38 estaría corrigiendo esa redacción.

SEÑOR MICHELINI.- El material que nos han repartido habla siempre del Presupuesto propuesto por el Organismo. Mi pregunta es si nuestros visitantes o la Mesa puede identificar si está incorporado en el proyecto del Poder Ejecutivo, porque eso permitirá avanzar en su análisis.

SEÑORA OLIVER.- Sí, señor Senador. Fueron incluidos a iniciativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El costo de estos artículos asciende a la suma de $ 360.000. Sé que hay muchísimos millones de dólares rondando el Presupuesto y el Tribunal siempre ha sido muy medido y tiene un presupuesto muy ajustado, pero digamos que el costo de estos artículos no es muy elevado.

Por otro lado, sabemos que en la Cámara de Representantes se aprobó el artículo 3º, que cuesta $ 3:029.000 y está relacionado a un reclamo de diez funcionarios del Tribunal. Para que los señores Senadores tengan una noción clara, el total de lo que se está pidiendo en el Proyecto del Presupuesto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Rubro 0 es de $ 2:770.000, quiere decir que es menos de lo que se aprobó en ese artículo 3º. Pensamos que se puede hacer un poco más de justicia, más que nada porque sabemos que es una disposición que ni siquiera tuvo la iniciativa del Tribunal.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera saber si se me puede informar a qué remuneración llegarían los Secretarios Abogados de los Ministros con esta redacción.

SEÑORA OLIVER.- Puedo contestarle porque además trabajo en la Unidad Financiera y Contable y participé en la elaboración de los costos de los artículos.

Por ese artículo 3º aprobado en la Cámara de Representantes, los Secretarios Abogados del Tribunal pasarían a ganar $ 31.800.

SEÑOR GARGANO.- ¿Los abogados tienen incompatibilidad para el ejercicio de la profesión?

SEÑORA OLIVER.- No, señor Senador, pueden ejercer. Además, son contratados.

SEÑORA GIANARELLI.- Soy la Directora del Servicio de Informática Jurídica del Tribunal, pero no sólo voy a plantear lo relativo a nuestro Servicio.

En nuestro escalafón hay diez funcionarios: una Directora, dos Jefes y siete Operadores. El Tribunal solicitó la transformación de un funcionario del escalafón C al D), para permitirle desarrollar las tareas específicas que ya está realizando. El costo de dicho artículo sería de $ 29.684 anuales. Estoy hablando del artículo 10 del proyecto enviado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, con respecto a los artículos 17 y 18, el Tribunal, por justicia, propone transformar un cargo de auxiliar, que realiza tareas de administrativo porque la merma de funcionarios no ha permitido nombrarlo desde hace cinco años. El costo de esta disposición es de $ 6.500 anuales. Se transformaría al escalafón C y esto permitiría no sólo recompensarlo como se debe –porque, repito, realiza todas tareas administrativas-, sino también darle la posibilidad de presentarse a concurso, ya que todos nosotros ascendemos por concurso.

Otra aspiración que tienen todos los funcionarios es que se apruebe la partida de bienestar social, que se ha presentado en varias Rendiciones de Cuenta por parte del Tribunal. El costo de este artículo es de $ 500.000. Si se pudo votar un artículo con un gasto de $ 3:200.000, nos preguntamos por qué no se puede votar para todos los funcionarios $ 2:700.000 -prácticamente, se hace ahorrar plata al Estado-, incluyendo a esos abogados, para quienes se pide un 30% de aumento. Estamos aquí para ver si se puede hacer un poco de justicia; hay artículos que no tienen ni costos.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quisiera saber si el artículo 10 al que usted se refiere es el que acompaña el memorándum que nos entregaron. Me pareció escuchar que usted había hablado de un costo de $ 6.000 anuales.

SEÑORA GIANARELLI.- Eso estaba referido a los artículos 17 y 18.

SEÑORA PENA.- Soy Escribana Actuaria del Tribunal. Como sé que el tiempo es limitado, voy a leer brevemente lo que traje por escrito.

El artículo 23 asigna al cargo de Actuario sin dedicación exclusiva la misma compensación que se establece por el artículo 545 de la Ley Nº 16.736 a los cargos de Director de Departamento del escalafón A, Contador y Médico, por permanencia a la orden. Se propone que la compensación que perciben en el Organismo el Médico y el Contador, profesionales sin dedicación exclusiva por permanecer a la orden, extendida a la Actuaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por estar en idéntica situación. La presencia del Actuario en la oficina está íncita en el desempeño de su función y en su permanencia a la orden. Es justo compensar a quien no pudiendo ejercer el cargo con dedicación total, permanece sin embargo a la orden del Organismo, en la misma situación de otros profesionales contemplados por la Ley. Entonces, se pretende establecer una situación de trato igualitario entre profesionales que se encuentran en idéntica situación funcional. Esto se pide sólo para un funcionario y el costo anual es de $ 49.793.

SEÑORA AGUIRRE.- Soy Jefe del Servicio de Informática del escalafón D. Me voy a referir no sólo a nuestro escalafón, sino también al C, que está relacionado con los Jefes. Los Jefes quedamos en una situación de injusticia desde el año 1995, cuando en el Presupuesto quinquenal el Tribunal planteó una reestructura y una reordenación de salarios para todos los funcionarios. Estos aspiraban a que se estableciera una escala progresiva en las remuneraciones que implicaban el reconocimiento de mayor grado de responsabilidad y especialización. En ese Presupuesto quinquenal se aprobó prácticamente para todos los funcionarios del Tribunal, pero quedamos afuera los Jefes. Seríamos nueve Jefes del escalafón C y dos Jefes del escalafón D -que es el semitécnico- de Informática. Más allá de eso, el Tribunal vuelve a reiterar este pedido, porque también lo planteó en las Rendiciones de Cuentas de los años 1996 y 1998, oportunidades en las que no se contempló esta situación porque, como todos sabemos, no se votaron recursos. Quiere decir que desde el año 1995 sufrimos ese perjuicio en los salarios.

Por otro lado, en el escalafón D -que es en el que me encuentro- tenemos truncada la carrera administrativa porque sólo existe un cargo superior al nuestro, que es el de Director de Servicio, que está ocupado por una funcionaria, que es una persona joven. O sea que ni en el momento ni en el futuro tenemos posibilidades de ascenso. Además, la diferencia de salario de este cargo inmediato superior con respecto al nuestro es más del 100%, siendo que en los cargos inmediatos inferiores, que son los Operadores I, apenas hay una diferencia que está entre los $ 150 y $ 200. También hay que tomar en cuenta que las responsabilidades y las tareas no son las mismas. Deseamos que en el Presupuesto esto se tenga en cuenta a los efectos de subsanar esta situación de los Jefes que tenemos desde hace cinco años. Esto figura en el artículo 2°, como correspondiente al escalafón C y en el artículo 9° que compete al escalafón D. Además, queremos recalcar que quienes integramos el escalafón D llegamos a nuestro cargo por concurso dado en el escalafón C, cosa que no sucedió con los operadores I y II que estaban en el escalafón C y ascendieron al D, sin concurso y con una remuneración superior.

SEÑORA TUCCI.- Quiero agradecerles la deferencia por atendernos. Abogo por la aprobación de todo el Presupuesto porque entendemos que es de justicia la solicitud ajustadísima que han presentado los Ministros y es aspiración de todos que se pueda consagrar.

En particular, vengo en representación de la doctora Zuffo y de la escribana Cano, con quienes compartimos la tarea en el Departamento Jurídico.

Soy la Secretaria del Departamento Jurídico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la doctora Zuffo es la Directora del Departamento Jurídico y la escribana Cano es su Actuaria. Sobre nuestras espaldas se depositan el estudio y proveído del trámite de todos los expedientes jurisdiccionales del organismo. Los acompañamos cuando ingresan y los despedimos cuando llegan a estudio para los señores Ministros. Esta es una tarea que en cada acción de nulidad representa de un año y medio a dos años de trabajo.

Los artículos 13, 14 y 15 del Proyecto de Presupuesto vienen a plasmar una aspiración largamente acariciada desde hace más de cinco años y consiste en transformar los cargos de Directora de Departamento y Actuaria, en dos Directoras de División y el de Secretaría de Departamento Jurídico en Subdirectora de División. Este artículo no tiene costo ninguno.

Estas transformaciones no tienen otro objeto que regularizar la estructura orgánica y funcional de las tareas, tal como ya se vienen cumpliendo; y dado que las mismas son equivalentes a las de Defensor de Oficio en lo Contencioso Administrativo, establecer igual remuneración para los cargos superiores y un 80% para el inmediato inferior.

El gasto general de esta regularización implica $ 141.253 y quiero recalcar por último que se trata de tres cargos presupuestados con dedicación exclusiva y carga horaria completa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos su presencia y el material que nos han dejado.

(Se retira la delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

 

(Ingresa a Sala la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a la Mesa Intergremial de Transportistas y le cedemos la palabra, rogándoles que sean breves.

SEÑOR TOLEDO.- Deseamos manifestarles a los miembros de la Comisión algunas inquietudes que tenemos con respecto al tratamiento que tuvieron unos puntos propuestos por nosotros y acordados con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el Mensaje Presupuestal que se discutió en la Cámara de Representantes.

Ya hemos concurrido a la Comisión de Hacienda del Senado, planteando nuestra problemática, anteriormente al conflicto que se suscitó con el Poder Ejecutivo. A raíz del mismo, llegamos a un acuerdo en presencia del señor Presidente de la República y de algunos señores Senadores. Parte de ese acuerdo debía estar reflejado en alguno de los artículos del Presupuesto que luego de ser redactados y presentados en dicho Mensaje, ambas partes -el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y nuestra gremial- nos dimos cuenta que debíamos incluir algunas modificaciones, porque no estaba bien reflejado lo que había sido ese acuerdo.

Posteriormente al Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, presentamos dos modificaciones que no fueron incluidas en la discusión y en la votación. Se entendió que estas llegaron fuera de tiempo y no había oportunidad para poderlas discutir. Varias de estas modificaciones son sustanciales en lo que tiene que ver con el acuerdo.

En virtud del escaso tiempo que tenemos para hacer nuestra exposición, hemos traído una carpeta en la que se aclaran cuáles son esas modificaciones y adjuntamos dos cartas enviadas por el Subsecretario de Transporte al Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, donde se le solicitaba incluir las modificaciones. A modo de resumen, le dimos una redacción factible a lo que debería ser, a nuestro criterio, la redacción final de estos artículos en virtud de lo acordado con el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos los datos vertidos por la Intergremial de Transportistas.

(Se retira de Sala la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga)

 

(Ingresan a Sala los representantes del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Previo a escuchar su exposición, la Mesa les ruega la mayor brevedad posible a efectos de disponer de los diez minutos que tienen para realizarla y dejar un margen de tiempo para las preguntas, si es que las hubiera.

SEÑOR PIGNATTA.- Soy Presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

Antes que nada, queremos agradecer a la Comisión por recibirnos. El motivo de nuestra presencia es poner en conocimiento de los señores Senadores la posición, desde el punto de vista técnico, del Colegio que presidimos con respecto a los artículos 342 y 343, mal llamados Impuesto a las Retribuciones Personales, a las unidades, a los profesionales o a los servicios profesionales en general.

Sucintamente, y antes de hacer referencia a los aspectos técnicos tributarios del tema, queremos manifestar que, a nuestro juicio, este impuesto es esencialmente discriminatorio y va en contra de la equidad tributaria que debe prevalecer en todo tipo de gravamen. En este caso concreto, los contadores, pero también los profesionales en general a través de nuestra Agrupación Universitaria del Uruguay, hemos llegado a la conclusión de que este impuesto grava en forma discriminatoria a un sector de la sociedad frente a otros.

En consecuencia, no guarda el principio de equidad tributaria que debe regir cualquier gravamen a la ciudadanía.

Si se me permite, cedería el uso de la palabra al contador Mañas, quien hará referencia a aspectos de técnica tributaria específicamente, en relación con la redacción dada a estos artículos.

SEÑOR MAÑAS.- Soy contador público e integrante de la Comisión de Tributaria del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

A solicitud del Consejo Directivo, como órgano asesor del Colegio, participamos del análisis de los artículos 342 y 343 del proyecto de ley de Presupuesto directamente vinculados con las retribuciones personales.

En ese sentido, haremos llegar al señor Presidente de la Comisión dos juegos del informe realizado por la Comisión de Tributaria y entregados al Consejo Directivo del Colegio.

El objetivo del informe que hizo la Comisión de Tributaria fue esencialmente técnico mediante un análisis de estas normas que se incluyeron en el proyecto de ley de Presupuesto. Sabemos que a través de esas dos normas se propone gravar a los profesionales universitarios y a las empresas unipersonales que brinden servicios personales fuera de la relación de dependencia. Estos sujetos pasivos del Impuesto a las Retribuciones Personales que presten servicios de tipo personal fuera de la relación de dependencia lo liquidarían sobre la base de lo que son las retribuciones reales menos la deducción de un 20% o de un ficto por concepto de gastos.

En el informe que elaboramos realizamos un análisis extenso del Impuesto a las Retribuciones Personales, del hecho generador de ese tributo, de sus diferentes aspectos, para que el mismo se configure. Como conclusión final, entendemos que esas dos normas que se incluyen en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional introducen un tributo con un hecho generador diferente al del Impuesto a las Retribuciones Personales. Por lo tanto, concluimos -como lo decía el contador Pignatta- que estamos en presencia, no de un Impuesto a las Retribuciones Personales exactamente, sino de un gravamen a la renta de trabajo de tipo personal sobre determinados sectores de la economía personal. Reitero que este informe ha sido aprobado por la Comisión de Tributaria y fue entregado al Consejo Directivo, en donde hacemos una serie de puntualizaciones que quisiéramos referir brevemente.

La norma que se pretende aprobar a través del proyecto de ley de Presupuesto alcanza a todos los profesionales universitarios que estén fuera de la relación de dependencia, incluso a aquéllos que no estén alcanzados al día de hoy por el Impuesto al Valor Agregado, como es el caso de los médicos y de los odontólogos.

Por otra parte, comprende también a quienes reciben retribuciones por servicios personales fuera de la relación de dependencia, pero organizados a través de empresas unipersonales, cuyo factor predominante es el trabajo.

Un tercer aspecto del análisis de ese hecho generador del IRP es que las sociedades profesionales, al no verificar su aspecto subjetivo, no quedarían comprendidas en esa norma. De su estudio, vemos que los profesionales estarían alcanzados en forma individual por ese impuesto, pero no las sociedades correspondientes. Vemos, pues, que la norma es un poco contradictoria en el sentido de que si un profesional presta ese tipo de servicios en forma independiente, aislada, y percibe honorarios, está alcanzado por el impuesto, pero no si se trata de una sociedad de varios profesionales, porque se podría encontrar una forma en que no se encuentre gravada.

Asimismo, observamos que sobre los ingresos reales que se factura se estaría descontando un 20% por concepto de gastos fictos. En el caso de que este valor no supere el que actualmente paga la Caja de Profesionales, sería el que se debería pagar, que aporta, no sobre la base de los ingresos reales, sino sobre los fictos.

La norma no prevé la deducción de gastos reales, sino de gastos fictos de un 20%. Entendemos que una buena práctica tributaria, si el contribuyente tiene los medios probatorios para demostrar que los gastos son reales, debería permitir su deducción y hacerlo sobre los fictos.

Otro aspecto que no se contempla en esos dos artículos es la subcontratación de servicios profesionales para participar en un trabajo. Al no contemplarse la situación de los subcontratos, se estaría dando una doble imposición que no tendría justificación desde el punto de vista técnico, porque se estaría gravando en cabeza de quien factura al cliente y, también, del profesional que es subcontratado.

Reitero que estos dos artículos nos dejan una serie de interrogantes con respecto al momento del nacimiento de la obligación tributaria, sobre todo cuando hay un desfase entre el momento en que se presta el servicio y el que se cobra. Estas interrogantes se plantean a raíz de las diferencias de interpretación de las normas de seguridad social que ha tenido el Banco de Previsión Social.

Por último, creemos que también es importante realizar algunas precisiones con respecto a lo que son la administración y la fiscalización, en el caso de que los honorarios sean facturados por parte de profesionales o empresas unipersonales a particulares o pequeñas empresas. En este caso no habría un doble interés ni una oposición de intereses, puesto que las pequeñas empresas liquidan sus tributos en forma ficta y no sobre base real. Entonces, a éstas tal vez no les interese tener los comprobantes de quienes les facturen sus servicios; no lo verían como algo primordial porque no habría IVA para descontar y, a su vez, tampoco sería un gasto. Desde ese punto de vista, la norma tal como está prevista podría llevar a una evasión adicional, no sólo del IRP que se plantea, sino también del IVA. Si los particulares y las pequeñas empresas no exigieran, no se estaría recaudando el IRP y habría también una menor recaudación del IVA.

A grandes rasgos, esta es una presentación de las conclusiones y de los aportes que creíamos conveniente resaltar que, como bien dije, están contemplados en el informe.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quienes estamos de acuerdo con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, lo estamos a partir de cierta franja de ingreso. Vemos que este nuevo impuesto es, por sobre todas las cosas, discriminatorio. Ustedes saben cuál es nuestra posición y no es necesario reiterarla aquí, pero también es bueno decir que este impuesto fue suprimido en la Cámara de Representantes. De manera que ya se está transitando el camino que puede llenar las aspiraciones que el Colegio de Contadores ha venido a plantear y que con seguridad serán contempladas en el Plenario.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias agradece la presencia del Colegio de Contadores, así como el material que pusieron a nuestra disposición.

(Se retira de Sala la delegación del Colegio de Contadores)

 

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Wilson Sanabria)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Actuarios Judiciales)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- En nombre de la Subcomisión de Audiencias, doy la bienvenida a la delegación de actuarios del Poder Judicial. Disponen de diez minutos para hacer su exposición y habría otros cinco para las consultas que quieran hacer los señores Legisladores. Agradecemos, asimismo, que den su nombre antes de hacer uso de la palabra a los efectos de la versión taquigráfica.

SEÑOR PASELLE.- Soy actuario del Poder Judicial desde hace más años de los que quiero acordarme. Hemos venido a plantear a esta Comisión del Parlamento, ni más ni menos algo que estamos persiguiendo desde hace quince años -o sea, desde que se reimplantó la democracia- y que consiste en la reincorporación de una disposición que la Ley Nº 13.640 de 26 de diciembre de 1967 ya contemplaba en su artículo 333. Esta norma implica la equiparación de los cargos de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial, profesionales universitarios técnicos y colaboradores inmediatos de los Jueces, con determinados cargos de Jueces. Aquella disposición, entonces, implicaba la equiparación de los Actuarios titulares de los Juzgados Letrados con los Jueces de Paz de Montevideo y de los Actuarios Adjuntos con los Jueces de Paz del interior del país.

Esta norma que pretendemos que el Parlamento incluya en el proyecto de ley del Presupuesto es, nada más ni nada menos, que la adecuación a los términos modernos de los nombres de los cargos, pero no conlleva ningún cambio. Lamentablemente, hace quince años que venimos bregando por lo mismo y en alguna oportunidad, cuando algún Parlamento anterior se hizo eco de ello y logró incorporar dicha norma en el Presupuesto, fue vetada. Esto ocurrió en el año 1985 y se trataba de una disposición más ambiciosa porque pretendía la equiparación con todos los cargos técnicos del Poder Judicial.

La idea de la Asociación de Actuarios –en aquel momento, Asociación de Técnicos del Poder Judicial- es lograr una equiparación de todos los funcionarios judiciales, no sólo de los técnicos profesionales. Esto nunca se pudo lograr por obvios motivos económicos. Sin embargo, desde aquel momento hasta ahora los distintos Parlamentos han incorporado normas presupuestales, sin Mensaje de la Suprema Corte de Justicia ni del Poder Ejecutivo, que implica equiparaciones de técnicos de dentro y fuera del Poder Judicial. En este momento, en determinados cargos de Magistrados se ha equiparado a funcionarios técnicos del Poder Judicial, como Defensores de Oficio, Procuradores, Secretarios III, abogados de Juzgados Penales. Inclusive, lo que es más lamentable es que se fueron equiparando funcionarios técnicos de los registros públicos y de las fiscalías que pertenecen al Ministerio de Educación y Cultura, que nada tienen que ver con el trabajo interno de los Juzgados. Sin embargo, los Actuarios que somos los funcionarios técnicos que trabajamos codo a codo con los Jueces diariamente, somos los únicos que no hemos conseguido esa equiparación.

Por lo tanto, sin duda vemos esta solicitud como una razón de estricta justicia.

Estas distintas equiparaciones que se han producido conllevan la tergiversación total del escalafón Profesional del Poder Judicial. De esta forma, la Corte se vio obligada a desglosar este escalafón en dos, el de los profesionales equiparados y el de los no equiparados, como forma de poder manejarlo. Entonces, resulta que hay profesionales Grado 10 en el escalafón que ganan más que los Actuarios titulares Grado 15. Con esto creo que queda demostrada la injusticia de la situación actual.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Agradecemos la presencia de los delegados de la Asociación de Actuarios Judiciales. Desde ya les informamos que cualquier material que deseen dejar, será incorporado a la versión taquigráfica, a los efectos de que quede a consideración de los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Actuarios Judiciales)

 

 

(Ingresa a Sala la delegación de SUTEL)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- En nombre de los integrantes de la Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda, damos la bienvenida a los integrantes de SUTEL, a quienes agradecemos su presencia.

Queremos informarles que disponen de diez minutos para realizar su exposición, luego de lo cual los señores Senadores tendrán cinco minutos para realizar cualquier pregunta.

SEÑORA SUDANO.- Agradecemos la recepción que nos han dado en el día de hoy. El tema es para nosotros muy complejo y difícil en concentrar en tan poco tiempo. Pero haremos los máximos esfuerzos en tal sentido.

El tema que nos ocupa es la reforma de la Carta Orgánica de ANTEL. Queremos dar la posición del sindicato y aportar la documentación que les hacemos llegar en forma de carpeta a cada uno de los señores Senadores presentes y, por su intermedio, a las bancadas que representen.

En primer lugar, queremos dejar constancia de que transitamos por este camino durante la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Representantes. En aquella oportunidad, agradecimos la rapidez con que nos recibieron, nos escucharon y analizaron el material que les entregamos, y que hoy es un poco más amplio. No podemos dejar de decir aquí que, lamentablemente, las resoluciones que se adoptaron en la Cámara de Representantes, prácticamente, no tuvieron en cuenta ninguno de nuestros argumentos. Para nosotros esto es bastante serio y grave. Genera la decepción en nosotros y en nuestros representados. Apuntamos, aunque con menguadas expectativas, a que en la Cámara de Senadores se revierta la forma en que se analizó, se discutió y resolvió sobre los cambios de la Carta Orgánica de ANTEL, y se puedan tomar en cuenta las documentadas y fundadas opiniones que los trabajadores estamos presentando a través de SUTEL.

En las carpetas que les entregamos, hay materiales que tienen que ver con la primera posición -que sigue siendo la misma- que asumió el sindicato, así como también un par de declaraciones fechadas en el mes de setiembre. Luego hay una serie de datos extractados del balance de 1999, de carácter operativo, indicadores de gestión, que indican muy claramente el estado de desarrollo en distintas áreas de ANTEL. También hay -es una incorporación que estamos haciendo en esta Cámara y que no introdujimos en la de Representantes- una parte en la que se desarrolla cada una de las áreas de ANTEL, de manera documentada, indicando su estado actual y su perspectiva. Proponemos que, en oportunidad de estudiar este material, se haga especial hincapié en el capítulo subtitulado "Evolución del Mercado de la Telefonía Móvil". Allí nos referimos, específicamente, a la situación de ANCEL y a lo que para nosotros es su futuro en cuanto a crecimiento y a las necesidades de inversiones que para ello se requiere.

En la última parte figura un informe realizado junto con el economista Luis Stolovitch. Allí se hace una primera reflexión bastante pormenorizada, a pesar de ser preliminar, sobre el marco general de las telecomunicaciones en la región. También se incluye una serie de análisis sobre las necesidades o no de inversión y de asociación con capitales extranjeros. Todo ello ha sido analizado desde nuestra óptica, pero basados en documentaciones oficiales.

Una vez explicados los materiales contenidos en las carpetas, queremos reafirmar que nuestra posición sigue siendo la que está establecida por escrito en las primeras páginas del documento que les entregamos, tituladas: "Acerca del Proyecto de Reforma de la Carta Orgánica", con fecha 11 de setiembre de 2000. Seguimos ratificando que lamentamos la inclusión de un aspecto de este tipo en un proyecto de ley presupuestal. Estamos reclamando -y lo seguiremos haciendo- que este tema no sea abordado en este ámbito. En relación con esto, a las inconstitucionalidades que para nosotros son claras al incluir este tema en la Ley de Presupuesto, se agrega en las últimas horas lo que se resolvió en la Cámara de Representantes. Para nosotros esto también es una clara inconstitucionalidad en los procedimientos que se definieron para su votación, ya que no se exigió mayorías especiales. En ese sentido, el asesor jurídico que nos acompaña hará alguna fundamentación al respecto.

Por si fuera poco el tema de las inconstitucionalidades, seguimos remarcando la necesidad del respeto al plebiscito de 1992. Los trabajadores no despegamos el análisis de la forma en que afecta este proyecto de ley de Carta Orgánica del crecimiento futuro de ANTEL. En realidad, la perjudica y no le da herramientas para crecer. En verdad, hay instrumentos para desgajar esta Administración. Además, estamos muy preocupados por la incorporación que se hizo en la Cámara de Representantes, es decir, el aditivo que plantea la creación de una sociedad anónima en el terreno de la telefonía celular. En ese sentido, deseamos advertir que nos parece altamente inconveniente el camino que se recorrió para discutir un tema tan delicado para el país y la ciudadanía. Es un asunto que tiene aristas de índole tecnológica, económica y social y que incide en la sensibilidad de una población que se pronunció por más del 72 % contra la venta de ANTEL.

Todo eso amerita la necesidad de instaurar un debate sobre el futuro de las telecomunicaciones que se haga fuera de la ley presupuestal, con los tiempos y análisis imprescindibles, y la participación informada de todos los involucrados en este tema. Pensamos que estuvo lejos de hacerse esto, y apelamos a que en la instancia que resta en el Parlamento se tengan en cuenta estos elementos, para que no ocurra lo mismo que en la Cámara de Representantes, donde las redacciones de los cambios sucesivos llegaron muy tarde en la Comisión y mucho más aún la última versión en el Plenario, ya que se distribuyó una hora y media antes de que el tema se discutiese.

El proyecto de ley tuvo pocos cambios en relación con su versión original. Algunos de ellos son mínimos, casi podríamos decir intrascendentes. Otros -que se inscribían en la línea de coincidencia que teníamos, relativos a la ampliación de cometidos- desaparecieron, en tanto algunos cambios -como el Capítulo relativo a ANCEL- son altamente inconvenientes. No podemos comprender la línea racional de argumentación que plantea que el sector que da más ganancias -en función de la cantidad de abonados, de los promedios de tiempos de uso del servicio y de la proyección a un mayor crecimiento- sea justamente el que se pretenda vender o asociar.

Entonces, la única línea de razonamiento que podemos seguir es que eso es beneficioso, no para el Estado ni el país, sino para quienes están intentando obtener suculentas ganancias que la telefonía celular ofrece, que evidentemente son inversores extranjeros. En ese sentido, nosotros cuestionamos seriamente todo el capítulo de ANCEL. Entendemos que se comete un error importante bajo el rótulo de fortalecer; por el contrario, no se fortalece nada, sino que se debilita la estructura estatal y terminamos regalando el área de mayor crecimiento en lo inmediato a los supuestos inversores privados.

Sé que disponemos de poco tiempo, pero quería que el doctor Uriarte, nuestro asesor sindical, pudiera hacer una brevísima alusión a la parte de inconstitucionalidad.

SEÑOR URIARTE.- A nuestro criterio, este proyecto de ley, que ya ha recibido media sanción, necesariamente requiere de la mayoría de tres quintos. De alguna forma, esto implica la constitución o ampliación de un Ente Autónomo, tal como lo prevé el artículo 188 de la Constitución de la República. Podemos definir si lo que se está aplicando aquí son los incisos primero y segundo de esta disposición o el tercero y cuarto. Entendemos que aquí se está haciendo una clara alusión al inciso segundo, en tanto esta norma estipula que el aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado, y aquí nos encontramos con que en esta nueva sociedad, creada con los activos de ANCEL, se está estableciendo una determinada participación de capital privado inferior a la participación del Estado, asegurándose éste la mayoría. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esto estaría incorporado, reitero, dentro de la disposición del inciso segundo del artículo 188 de la Constitución de la República y, en consecuencia, requeriría de los tres quintos de votos para su aprobación. Este requisito no es nuevo, puesto que viene de la Constitución de 1934.

Tampoco varía la situación por el hecho de que estemos hablando de una sociedad anónima. Evidentemente, el constituyente de 1934 ya había previsto la posibilidad de la existencia de la integración de capitales en sus distintas formas jurídicas, esto es, sociedades anónimas, cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera.

Por consiguiente, si este proyecto es aprobado por menos de tres quintos de votos, se estaría actuando de una forma totalmente inconstitucional.

Me parece que es clara la intención de mantener ANCEL como una empresa subsidiaria y controlada e integrada por los activos de ANTEL. En consecuencia, se estaría realizando una integración de capital privado a un Ente Autónomo, salvo que, extremando el razonamiento, se entendiera que se está creando un nuevo Ente Autónomo bajo una forma de sociedad anónima, habida cuenta de lo que prevé el artículo 189 de la Constitución de la República, lo cual no nos parece razonable.

No es pensable que el proyecto pueda ubicarse en los incisos tercero y cuarto del artículo 188, por dos razones. Por un lado, porque allí se presume la existencia de una empresa privada, en forma previa. Aquí no la hay. Por otro, porque debe concurrir previamente, como dice la Constitución de la República, el consentimiento de la empresa integrada. Como no lo hay, se estaría dando un consentimiento a posteriori.

El otro aspecto que queremos resaltar en cuanto a la eventual inconstitucionalidad es que dentro del capítulo se sostiene que los Directores de las sociedades anónimas serán nombrados por ANTEL, con autorización del Poder Ejecutivo. De acuerdo a los artículos 187 y 192 de la Constitución de la República, los Directores de esas sociedades integradas con capitales privados deben reunir las mismas cualidades que los de los Entes Autónomos. Por consiguiente, esta previsión sería inconstitucional, puesto que esos Directores de estas sociedades anónimas también deberían requerir la venia del Senado, establecida en la Constitución.

En suma, este proyecto de ley de Presupuesto reúne serias inconstitucionalidades. Sin perjuicio de ello, queremos recordar que no se encuadra dentro de la previsión del artículo 216 de la Constitución de la República, que establece que no se incluirá ni en los Presupuestos ni en las Leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato del Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución.

Estas son las cosas que, más allá de que puedan haber existido otras situaciones similares históricamente -hemos consultado, sobre esto, al profesor Cassinelli Muñoz y a otros distinguidos constitucionalistas- nos han reafirmado en esta posición.

SEÑORA ARISMENDI.- El tema que estamos abordando es de una importancia y magnitud tales, que necesitaríamos interiorizarnos más, puesto que aquí hay aspectos jurídicos y otros vinculados a cambios y transformaciones tecnológicas. Entonces, los legos en la materia deberíamos tener la posibilidad de profundizar y preguntar.

Me ha quedado una serie de dudas porque, entre otras cosas, la señora Presidenta de SUTEL tuvo que sintetizar y diría que titular una serie de temas que hacen a la concepción por la cual se nos proponen estas normas dentro del proyecto de ley de Presupuesto. Vaya dicho esto, independientemente de que el tema, planteado así, no nos da la posibilidad de una discusión seria y muy responsable, con base en toda la información necesaria.

Aquí hay un argumento que está planteado, que hemos escuchado muchas veces y hemos leído en las versiones taquigráficas de la Comisión de Ciencia y Tecnología -lo dijo el propio Directorio de ANTEL y su Presidente, el ingeniero Bracco- así como en diversos medios de prensa con relación al empuje, a las vertiginosas transformaciones tecnológicas que se han producido en el mundo que nos rodea y a la incapacidad que -aparentemente- tendría el organismo estatal para abordarlas. Para decirlo en forma muy breve -porque sé que el señor Presidente está ocasional y generosamente ocupando la Presidencia, por haber sobrevivido aquí; y quizás simplifique- aparentemente, es tal la situación, que la única solución que tenemos son los cambios que se nos proponen.

Entonces, pregunto -porque, insisto, he leído de esto y también me gustaría preguntárselo al Directorio de ANTEL- ¿cómo ve SUTEL estas nuevas transformaciones, desafíos y realidad que a veces parece que entran mágicamente al país sin que podamos pararlos y si el único camino que existe para ponernos a tono y competir -porque esto es lo que se nos plantea- son esas transformaciones previstas en el proyecto de ley de Presupuesto? Según se nos dice, ANTEL no estaría en condiciones de abordar los desafíos que la revolución científica y tecnológica nos exige y, por lo tanto, lo que deberíamos hacer es que se produzcan transformaciones que abarcan aspectos como los mencionados por el asesor jurídico del gremio -no voy a opinar desde el punto de vista constitucional- que tienen que ver con los cambios a introducir, con cuál es la situación real del organismo, y -ni que hablar- con la telefonía celular. Para decirlo en dos palabras: me refiero al tema del contenido, a las condiciones que tiene ANTEL para abordar esto. En el año 1992 aparentemente no podíamos competir, íbamos a tener déficit, la empresa se fundía, y nunca íbamos a tener digitalización ni, inclusive, teléfonos celulares. Al día de hoy todas las informaciones oficiales y no oficiales, así como las sindicales, estarían demostrando otra cosa. Está aquí, entonces, uno de los nudos a resolver. En consecuencia, ¿cuál es el camino? ¿Estamos, como país, a través de ANTEL, imposibilitados para abordar estos desafíos o hay formas diferentes para ponernos "a rueda" -para decirlo gruesamente- con el mundo que nos rodea?

SEÑOR MUJICA.- Voy a ser breve y no voy a realizar ningún desarrollo. Tengo un par de preguntas para formular. Con respecto al texto aprobado en la Comisión de la Cámara de Representantes -que la delegación debe conocer- quisiera saber cómo viene posicionada la situación de RURANCEL. La otra interrogante es, de acuerdo con la demanda prevista -medida por el Poder Ejecutivo- si ustedes ven la necesidad de la inversión de capitales privados para poder cubrirla.

SEÑOR JURADO.- Integro la Comisión Asesora de la Mesa Ejecutiva del Sindicato de Telecomunicaciones. Las preguntas que han hecho los señores Senadores abordan temas de enorme contenido y no los podemos desarrollar en dos minutos pero, de todas maneras, vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible. ANTEL está bien posicionada en cuanto a responder a las llamadas "industrias de contenido". El mercado de Internet es muy dinámico y avasallante, puesto que hay empresas que una semana existen, y a la otra dejan de existir. Como ejemplo, puedo citar el caso de "Starmedia" que en estos momentos está desapareciendo, cuando hace 3 meses en el Hotel Radisson su Presidente, señor Espuelas, cantaba loas con respecto a la nueva economía en Internet. Por lo tanto, el hecho de que ANTEL se introduzca en el tema de la industria del contenido es muy riesgoso, porque pondría en peligro a toda la empresa.

En cuanto al tema de RURALCEL, me voy a referir al artículo 5º del proyecto que viene de la Cámara de Representantes que dice: "A estos efectos, se considera servicio público de telefonía básica la prestación a terceros de servicios de telefonía que reúnan los caracteres de fija, conmutada y referida al tráfico nacional, así como los servicios de telefonía fija que se prestan bajo la denominación comercial de RURALCEL. Colocar esto en este artículo 5º es un disparate técnico, ya que RURALCEL es un servicio de telefonía fija brindada por ANCEL. Al prestar servicio de telefonía inalámbrica con tarifas de telefonía fija, estamos trabajando a nivel de todo el territorio nacional. En el supuesto caso de que ANCEL se vendiera, la pregunta sería: ¿ese capital que se incorporaría, del que se está hablando, soportaría un tráfico de RURALCEL trabajando a ese ritmo de pérdida?

Se prevé que ANCEL duplique en dos o tres años. Por lo tanto, ninguna telefónica del mundo se desprende de su celular, dado el desarrollo de este tipo de telefonía, que sustituirá A la mal llamada telefonía básica. A mi entender, la definición de telefonía básica está mal hecha.

El tema de la inclusión de RURALCEL en el artículo 5º, obedece más a un tema de votos en el interior que a uno técnico o relacionado con el mantenimiento del servicio. ANCEL, como dijimos, cubre todo el territorio nacional. En estos momentos, se está realizando el cambio de radiobases, que es la que soporta determinado número de teléfonos celulares, de tecnología analógica a digital por contrato. Esto ya lo está haciendo ANTEL financieramente y no tiene ningún problema en este sentido. Las inversiones para que ANCEL soporte el tráfico previsto de teléfonos celulares como el de telefonía de datos, que también viene a través de la telefonía alámbrica -que se encuentra bien claro en el documento que se les ha entregado- es del orden de los U$S 50:000.000. ANTEL, para obtener esta cifra no tiene que pedirle préstamos a nadie y la puede solventar perfectamente con recursos propios.

La telefonía mal llamada básica que se mantiene dentro del artículo 5º va a tener un crecimiento estancado y comenzará a retroceder con el paso de los años.

Para establecer que en estos momentos ANTEL no funciona con una tecnología de punta, habría que ver la definición de "tecnología de punta". A mi entender, no sólo existe una, sino veinticinco, y optar por la mejor es uno de los postulados del Sindicato. Por tanto, necesitamos órganos que establezcan cuál es la tecnología de punta, como dice el Sindicato, y no decir que ANTEL no la tiene en este momento.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quisiera hacer una pregunta que, no es sobre la tecnología pero sí sobre la visión estratégica.

En el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes se prevé la prestación del servicio de telefonía de larga distancia por terceros o por operadores privados. Estuve, precisamente, en Brasil y me parece que allí la telefonía de larga distancia ya está tercerizada. No se entra más en el clásico 00 y después el número del país, sino que hay que digitar un número que corresponde al operador privado. Esto en el Uruguay no pasa y lo que se está proponiendo es la venta de las llamadas internacionales. ¿Tienen algún dato en cuando a lo que significa esto, en los recursos y en los ingresos de ANTEL?

La otra pregunta que quiero formular es la siguiente. Si ustedes tienen que hacer una evaluación o comentario sobre cuál es el precio que visualizan de lo que cuesta el 40% del paquete accionario que la ley permitiría vender de ANCEL, ¿a qué número arribarían?

SEÑOR JURADO.- Está previsto para el año 2001 que se recaudará, por la telefonía internacional, unos U$S 91:141.000. Sí es evidente que, dada la tercerización en los países linderos –no sólo en Brasil, sino también en Argentina-, el ciudadano común, por ejemplo, en Argentina puede optar por una central u otra discando números diferentes, mientras que en nuestro país lo hace a través de una sola salida, mediante la central de tráfico interurbano internacional. Ahora bien, ¿cuánto puede durar esto? Digo esto, porque las telefónicas van empezar a competir en tarifas y va a llegar un momento en que las dos van a costar lo mismo y sólo serán teléfonos diferentes. También está el hecho de que el tráfico internacional está cayendo por el tráfico en Internet y por los correos electrónicos. Lo que representaba hace unos 4 años el 56% de los ingresos de ANTEL, hoy alcanza el 14%; quiere decir que se ha visto contrarrestado por el tráfico urbano e interurbano.

En cuanto a la otra pregunta del señor Senador con respecto al 40%, tenemos previsto, como proyección para el año 2001, una cifra de U$S 171:334.000.

SEÑORA SURANO.- Agradecemos enormemente que nos permitan estar presentes aquí, pero, con franqueza, nos resulta muy difícil hacerlo de esta manera. Queremos dejar sentadas dos cosas. Sabemos el intenso trabajo que tienen los señores Senadores en este momento con el Presupuesto, pero pensamos que es absolutamente imposible que un tema de estas características -aunque todos son importantes- se trate de esta forma, porque tenemos que comprimir respuestas que no se pueden dar en dos minutos. Nos preocupa el hecho de que hasta este momento no sepamos cómo está integrada esta Comisión -y quisiéramos que se nos evacuara esta duda- que se encarga de recibirnos.

Para ser francos, notamos importantes ausencias de Senadores que minutos antes estaban en Sala y que, en última instancia -más allá de la versión taquigráfica- pertenecen a los sectores que más nos interesaba que escucharan esta argumentación. Pensamos que esto tampoco contribuye a lo que planteábamos críticamente al principio de nuestra exposición, es decir, un Parlamento con los oídos bien abiertos a la población, que es la que le dio el voto para que ocupen los lugares que tienen. Hoy venimos a decir cuánto cuesta ANCEL, cuán inconveniente es lo que se quiere hacer ver como una ganancia para el país y que en el fondo va a ser una pérdida, por tocar apenas un capítulo que ingresó en paracaídas al Parlamento. Existen elementos técnicos, constitucionales, políticos y económicos, pero no pudimos abordar ninguno de ellos con seriedad. Estamos a las órdenes para cualquier consulta o dato que deseen solicitar los señores Senadores.

Pensamos que esto termina siendo una presencia básicamente testimonial, que igualmente hemos optado por recorrer, pero hubiéramos deseado que tuviera otra significación. Todavía nos queda un resto de esperanza.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- La Mesa deja constancia de que ha sido suficientemente tolerante en función de los acuerdos políticos de la propia Comisión -en los que se resolvió otorgar un tiempo de diez minutos para cada delegación- ya que hace cuarenta minutos que estamos escuchando su exposición. Con esto no quiero contradecir la opinión del sindicato y mucho menos la de su señora Presidenta.

Agradecemos su presencia y nos mantendremos en contacto a los efectos de brindar mayor información.

(Se retira de Sala la delegación de SUTEL)

(Ingresa a Sala la Asociación de Magistrados del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la Asociación de Magistrados del Uruguay. Pedimos disculpas por la demora, pero se nos complicó un poco la agenda en virtud de la presencia, en las primeras horas de la mañana, del señor Ministro de Economía y Finanzas y de sus asesores.

SEÑOR BORGES.- Soy el Presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

En primer término, queremos agradecer al señor Presidente y a los integrantes de esta Comisión que nos hayan concedido esta entrevista. Simplemente, venimos a seguir las tratativas que iniciamos en la Cámara de Representantes respecto al presupuesto del Poder Judicial.

Voy a hacer una pequeña introducción y luego cederé la palabra a los compañeros que integran una Comisión de Presupuesto que ha designado nuestra Asociación.

Queremos manifestar que seguimos con mucha preocupación las alternativas de este proyecto de ley de Presupuesto en la medida en que en la Cámara de Representantes no obtuvimos ningún artículo favorable a nuestros intereses. No obstante, sabíamos que el tema del Poder Judicial iba a ser tratado en forma extensa en este Cuerpo. Tenemos algunos puntos de contacto con el presupuesto que ha presentado la Suprema Corte de Justicia y otros en los cuales tenemos una propuesta propia.

SEÑOR BALCALDI.- Es muy breve lo que voy a trasmitir porque sabemos que el tiempo de ustedes es muy valioso. Sin perjuicio de ello pensamos que es muy difícil desarrollar este tema en diez minutos.

De cualquier manera, me gustaría hacer notar a los señores Senadores que en el repartido que nuestra Asociación les ha hecho llegar, está la propuesta original que hizo la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados a la Suprema Corte de Justicia. Naturalmente, allí también está lo que opinó ese Organismo y nosotros en la Cámara de Representantes. Prácticamente, esta va a ser una reiteración de lo que ustedes tienen allí, porque en cinco minutos no creo que podamos abundar mucho en el tema.

Lo que plantea fundamentalmente la Asociación es tratar de que los ingresos de los Magistrados puedan estar en las mismas condiciones que hace cinco años atrás. Quiere decir que, en términos o valores constantes, esto no significa un aumento. Simplemente, hemos hecho una estimación seria y responsable, como siempre lo ha hecho esta Asociación, acerca de la depreciación de nuestros sueldos. La misma, en este momento, alcanza un 13%, que con una inflación baja como tenemos, significa mucho para el ingreso de los Jueces. Ese fue el planteo que se le hizo a la Suprema Corte de Justicia, es decir, tratar que el Presupuesto contemple esa recuperación, que en realidad, no se puede llamar tal, porque lo que ya no se ha percibido, está perdido irrevocablemente. Entonces, solicitamos que para este próximo Ejercicio podamos estar en la misma situación que hace cinco años. Ese es el punto medular.

Por otro lado, existe un aspecto de orden más general que tiene que ver con la cuota mutual de los funcionarios del Poder Judicial y no sólo de los Jueces. Asimismo, deseamos plantear otros dos puntos que están vinculados a la vivienda. Como los señores Senadores saben, hay una compensación que reciben los Magistrados que no tienen vivienda, tanto en Montevideo como en el interior. Esto está estimado en un 20 % del ingreso, sea cual sea, y se aspira a que llegue a un 26%. Las bases están detalladas en el memorándum y prácticamente son una copia de lo que el Banco Hipotecario nos ha requerido en distintas ocasiones. Los señores Senadores saben que existe una ley en la que nos hemos basado para realizar un convenio con dicha Institución, para obtener préstamos a los efectos de adquirir viviendas.

Entonces, si el Poder Judicial no puede suministra una vivienda, en vez de pagar un alquiler -que puede ser otra alternativa- se podrá intentar adquirir una. Según los técnicos, este es el porcentaje de los ingresos propios que se puede asignar a la compra de una vivienda. Aspiramos a que en algún momento se pueda concretar este pedido.

Aclaramos que este no es un aumento del 26% ni nada que se le parezca, porque se trata de una cifra del 6% sobre un aumento que es mucho menor.

Me preguntarán si estos movimientos tienen algún costo. Al respecto, aclaramos que no tenemos posibilidades ciertas de conocer esto porque, como ustedes saben, no es un tema del Poder Judicial siquiera saber cuántas personas tienen que ver con estos ingresos, porque hay muchas de ellas que están equiparadas adentro y afuera. Entonces, hacer una estimación sería arriesgar muchísimo. De cualquier manera, se puede hablar de algo, pero si yo les digo hoy una cosa y mañana resulta que es el doble o el triple, parece poco serio.

Como conocen los señores Senadores, en la propia Cámara de Representantes se han votado algunos artículos que también crean equiparaciones que se modifican constantemente. Entonces, no podemos saber bien de lo que estamos hablando. La tercera opción o planteo que había hecho la Suprema Corte de Justicia está relacionada con la retribución adicional que tienen los Jueces por la calidad de Magistrados y sus incompatibilidades, que es un 15% sobre el sueldo base, y se aspira a que sea de un 20%.

La Suprema Corte de Justicia no habló en estos términos sino que en su Mensaje, como ustedes habrán visto, habla de una asignación básica del 13%, que en términos reales coincide con el planteo original de la Asociación. Por lo tanto, sobre eso no tenemos ninguna diferencia. En el resto del planteo, la Corporación ha pensado para años subsiguientes, también sobre básicos, lo que nosotros habíamos diferenciado en estas partidas, porque tenemos la intención, también en un artículo que la Suprema Corte recogió, de que el Juez pueda hacer alguna opción, por ejemplo con respecto a la vivienda. Si no es posible comprarla por el Banco Hipotecario, que se pueda alquilar y pagar los gastos comunes; o se tiene una cosa o se tiene la otra. Como eso se habría generalizado en la propuesta de la Suprema Corte, el planteo de vivienda cerraría un poco. En realidad, para los Magistrados es indiferente una cosa o la otra; la diferencia fundamental puede radicar en el costo que tenga una fórmula u otra y, como ya expresé, con respecto a eso no estamos en muy buenas condiciones de profundizar en el tema.

Si los señores Senadores desean hacernos alguna pregunta respecto de estas cosas, estamos abiertos a responderlas.

SEÑOR NIN NOVOA.- Sin perjuicio de abundar luego en algún otro tema como el de la asistencia mutual y la posibilidad del beneficio de DISSE para los trabajadores que, al fin y al cabo, son funcionarios públicos, quisiera preguntar si los jueces del interior ganan menos que los de Montevideo y, si es así, si es posible tener una idea de cuánto ganan.

SEÑOR BALCALDI.- La ley ha creado un escalafón que tiene que ver con las retribuciones de los Magistrados. El 100% lo recibe el Ministro de la Suprema Corte de Justicia; el 90%, el Ministro de los Tribunales de Apelaciones; el 80%, los Jueces Letrados de Montevideo; el 70%, los Jueces Letrados del interior; el 60% los Jueces de Paz Departamentales de Montevideo; el 55%, los Jueces de Paz Departamentales del interior; el 50%, los Jueces de Paz de ciudad; el 45%, los Jueces de Paz de Primera Categoría; el 35%, los Jueces de Segunda, y el 25%, los Jueces de Paz Rural. Por lo tanto, hay una enorme variedad de categorías.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Qué opinión tienen sobre esto?

SEÑOR BALCALDI.- Nosotros habíamos planteado a la Suprema Corte, y así lo recogió, alguna fórmula para todo el Poder Judicial que fuera algo similar a DISSE, es decir, que se pudiera cubrir alguna cuota mutual –que no tiene por qué ser el valor de una cuota mutual sino, por ejemplo, alguna forma de convenio como existe con DISSE, con una cuota promedio- y, de esa manera, que todos los funcionarios, Jueces y demás, pudieran acceder a este servicio, porque hoy día las remuneraciones de los trabajadores son realmente paupérrimas. De acuerdo con la pregunta que hizo el señor Senador Nin Novoa, si los Jueces de Montevideo ganan 25, los del interior ganan 10 ó 12. Entonces, para estas personas evidentemente se hace difícil estar cubierto por una sociedad médica.

La aspiración es un poco más amplia; se pensaba en algún seguro de salud compartido. Por ejemplo, habíamos averiguado algo como lo que tiene la OSE, pero son aspiraciones demasiado importantes, que requieren muchos recursos, lo que las hace prácticamente imposibles. Por lo tanto, lo acotamos a algo muy mínimo, como sería DISSE para la actividad privada.

SEÑOR NIN NOVOA.- También le preguntaba cuál era la opinión de la Asociación de Magistrados respecto a esta diferencia entre cargos relativamente similares y que está dada únicamente por una condición espacial. Por lo menos así lo veo yo en una primera apreciación, y no es mi intención juzgar.

SEÑOR BALCALDI.- En realidad, no es tan así, porque los Juzgados y sus categorías tienen relación con la importancia de los temas y de la población. Por ejemplo, los Juzgados de Paz Rurales son muy pequeños, unipersonales, para ciertas actividades de buenos vecinos, cosa que no puede compararse con la actividad de un Juez Letrado de la capital departamental, ni tampoco con los de Montevideo. Un Juez de Paz de una ciudad va a atender un Juzgado más pequeño, porque no es lo mismo ser Juez de una población de 1.000 personas que de 25.000; por ejemplo, no podemos comparar la actividad que hay en la ciudad de Treinta y Tres con la de José Pedro Varela. En Montevideo ocurre lo mismo: los volúmenes del trabajo y la importancia de los asuntos van cambiando. Podemos decir que sucede algo parecido con un Juez Letrado que tiene competencias penales que no tienen los otros, y los Civiles, que tienen montos más importantes.

Por lo tanto, hay un criterio de organización por la importancia del trabajo y las responsabilidades. Y este no es un tema que esté en discusión interna.

SEÑORA VENTURINI.- Este tema está fundamentalmente vinculado con algo que siempre ha sido muy caro a la Asociación de Magistrados y que tiene que ver con la carrera judicial. La Ley N° 15.750 es una norma que contiene una serie de regulaciones que tienen que ver con la carrera judicial. Entonces, lo que planteaba el doctor Balcaldi es cierto en cuanto a que esta norma dio determinada estabilidad en el sentido de qué sucedía con el aumento a la interna de las retribuciones con respecto a los Magistrados. La escala estableció un 100% y una cantidad de porcentajes que atienden –como correctamente explicaba el doctor- al volumen de trabajo de las distintas Sedes.

La pregunta del señor Senador es más ambiciosa y tiende a cuál es la opinión de la Asociación de Magistrados en cuanto a una norma con una escala como ésta. Lo cierto es que esta escala ha funcionado desde 1985, pero siempre nos hemos encontrado con la problemática de que es algo que hay que perfeccionar. De repente, hoy día los porcentajes establecidos están demasiado alejados, especialmente si contemplamos la situación del interior.

Teniendo en cuenta otro tema que no tiene que ver con el Presupuesto -creo que es el momento de decirlo- como es el de la carrera judicial, se está apuntando hacia Montevideo. Evidentemente, hay menor consideración en cuanto a las remuneraciones de los Magistrados del interior, que está muy claro son los que ganan menos y que, además, en estas instancias presupuestales, de Rendición de Cuentas o cada vez que se habla de modificación de ingresos, tienen mayor relevancia respecto de aquellos que ganan más. Evidentemente, estos últimos ganan más porque tienen más trabajo.

En principio está organizado así y el Legislador en aquel momento estableció esta escala, aunque por supuesto que todo es perfectible. Nosotros tenemos una realidad que es la que manejamos hoy día y por eso voy a vincular este tema con el anterior.

Por ejemplo, un tema que está aparte y que no tiene nada que ver con el volumen de trabajo, como puede ser el de la cobertura de asistencia médica para todos los magistrados, debe ser contemplado. Ahí queda bien claro que no puede serlo de acuerdo a porcentajes, sino que debe ser el mismo para todos.

Además, los señores Legisladores saben que otros funcionarios -y estoy hablando de titulares de un Poder del Estado, así como de todo el funcionariado que lo conforma- tienen cobertura de asistencia médica por el Estado. Nosotros no la tenemos y es lo que estamos solicitando. Si se lee el último punto de nuestro planteo, verán que pedimos para los magistrados algo más ambicioso, que vendría ser una especie de seguro de salud, atento al especial estrés de la labor que ellos desempeñan.

En cuanto a la pregunta concreta del señor Senador, quiero aclarar que esa es la norma que está vigente. No está en juego esa cuestión; estamos tratando de atender remuneraciones que, contemplando esa diferencia de porcentajes, lleven a un mantenimiento en el caso de la pérdida del valor adquisitivo, que fue lo primero y que sería general. Hay que tener en cuenta que hay aspectos que son sólo para magistrados, pero hay otros puntos que, cuando se aplican sobre el básico, los atiende a ellos y también a mucha otra gente, interna o externa del Poder Judicial, que está equiparada. Ahí es donde decimos que nos resulta difícil hacer las cuentas para dar la financiación. En ese sentido, apelamos a la ventaja que tiene el Legislador de conocer la forma de aportarla. Digo esto, porque a veces se nos solicita que hagamos sugerencias respecto a cuáles deben ser las fuentes de financiación de las mejoras que planteamos, pero para quienes estamos trabajando en un Poder como el Judicial se nos hace difícil. Insisto en que quienes están en el poder político tienen mejores ideas para abordar el problema del financiamiento de lo que estimamos es mínimo, para nada exagerado.

SEÑORA ARISMENDI.- Existe una primera constatación que es de tipo general: en la Cámara de Representantes, para ser francos, el Poder Judicial no existió porque el proyecto de ley que viene a consideración de la Cámara de Senadores apenas incluye un artículo que refiere a transformaciones de cargos. Quiere decir que será seguramente ineludible, para el Senado, la tarea de abocarse al estudio de todas las propuestas que existen sobre el Poder Judicial, donde naturalmente se va a tener en cuenta el planteo que hace la Asociación de Magistrados.

El otro aporte que quiero realizar, es que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado ha tenido el gusto de recibir a la Asociación de Magistrados. Al planteo que han realizado en el seno de la Comisión de Presupuesto, se agrega el tema de los topes jubilatorios. Esto hace que aquellos que están topeados tienen una vida con determinadas dificultades y, posteriormente, también las encuentran para retirarse. Se trata de un tema que, si bien no está planteado en el proyecto de ley de Presupuesto para su discusión, está absolutamente vinculado y no se puede desconocer en el asunto que estábamos abordando hace un momento.

Por otra parte, voy a plantear el tema de las suplencias de los magistrados. A propósito, quiero comentar que vi una parte de un debate televisivo que, confieso, me resultó interesante porque me sentí mucho más identificada con los planteos de la señora Decana de la Facultad que con las inquietudes que se volcaron allí. Digo que me sentí identificada porque allí se hizo un planteo en el sentido de que, aparentemente, el problema de las mujeres magistradas era que tenían niños y, por tanto, los Juzgados quedaban descabezados durante mucho tiempo. Como ella señaló, daba la impresión de que todas las mujeres se embarazaban y tenían los niños al mismo tiempo, con lo cual el Poder Judicial crujía fruto de esta situación. A grandes rasgos, esa era la interpretación que podía hacerse. Ahí se planteó con claridad que este tema no tiene que ver solamente con las licencias por maternidad, sino también con los casos -y este sí es un problema presupuestal- de suplencias, de enfermedad o la razón de que se trate, como puede ser un accidente. Entonces, quisiera saber qué modificaciones o qué situación podría darse para cubrir esa realidad del tema de las suplencias.

SEÑORA VENTURINI.- Con respecto a ese tema, la Asociación adhiere a la propuesta de creación de cargos de Jueces suplentes porque, en realidad, los que actualmente existen son insuficientes para cubrir las falencias que se pueden producir.

Por ejemplo, si empezamos por lo más alto de la escala, debe tenerse en consideración que actualmente no existe el cargo de Ministro suplente, lo cual significa que la mujer no tenga la posibilidad de embarazarse o, el hombre, de enfermarse. Otra situación que es posible, tanto para hombres como para mujeres, es la concurrencia a algún congreso o jornada en beneficio de la excelencia y de la tecnificación de la propia tarea. A esos efectos, hay una previsión en el proyecto de la Suprema Corte de Justicia , a la que adherimos. Es más; si observan al final del documento, verán que en el punto Nº 7 habíamos hecho el planteo que también incluimos en la nota que elevamos a la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 1999. Lo mismo sucede con respecto a los cargos de Jueces Letrados y Jueces de Paz. Evidentemente, eso tiene que ver con el tema presupuestal porque significa la creación de cargos y ello genera mayores costos. De todas maneras, entendemos que es lo razonable, en especial para un Poder Judicial que prácticamente duplica su número de cargos con motivo de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, que cambió del anterior proceso escrito al oral. ¡Ni qué hablar si, como todos esperamos, tiene lugar una modificación del proceso penal en el mismo sentido!

De manera que la Asociación de Magistrados no solamente adhiere a ese planteo, sino que lo había propuesto. Entendimos que eso es algo que la Suprema Corte de Justicia había recogido en su propuesta presupuestal para este período.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- La Presidencia quiere dejar una constancia y formular una pregunta.

La constancia consiste en que mi sector político ha asumido compromisos públicos para analizar en profundidad todo el tema del Poder Judicial. Así lo ha definido la coalición y los demás partidos políticos en la Cámara de Representantes y en el Senado. El próximo martes recibiremos a la Suprema Corte de Justicia, pero tenemos dos instancias de compromisos asumidos dentro del marco de las dificultades económicas y otras adicionales que tiene el país en cuanto a recaudación y nivel de actividad, por un lado, con el Presupuesto en sí y, por otro, con el que realizó el señor Presidente del Senado de transferir parte de los ahorros del Poder Legislativo al Poder Judicial.

En ese ámbito de compromiso, seguramente las fuerzas políticas del Parlamento analizaremos su monto en los próximos días, porque la voluntad política existe y los ahorros también. Evidentemente, dentro de las posibilidades que existen para aplicar esas partidas, hay un horizonte muy amplio vinculado a los problemas de inversión y de gastos del Poder Judicial hasta los temas salariales de cuota mutual o de vivienda.

Entonces, desde el punto de vista de la Asociación de Magistrados, quisiéramos saber cual sería la prioridad a tener en cuenta, partiendo de la base de recursos escasos y de partidas moderadas que surgen de ambos lugares, tanto del Poder Legislativo como del Presupuesto en sí. Si tuviéramos que analizar las tres variables: cuota mutual, vivienda y salario –sin entrar a cuantificar porque no estoy en condiciones presupuestales ni políticas de discutir el tema-, la Asociación de Magistrados tiene una posición o se considera que son aspectos similares que tienen las mismas características. Sé que poseen las mismas posibilidades, pero en la eventualidad de analizar ese tema, me gustaría saber si tienen una posición formada. En caso de que no la haya, podemos dejar la contestación para una instancia posterior, ya que tenemos por delante once días que para nosotros seguramente serán nueve o diez porque el Mensaje debe venir acordado del Poder Ejecutivo.

SEÑOR BALCALDI.- Evidentemente, no debe haber una posición formada sobre el tema, dado que mañana hay una asamblea de todos los Jueces. Por lo tanto, con seguridad enviaremos la respuesta. Por el momento puedo adelantar algo que es de pura lógica, y es que a lo menos que puede aspirar cualquier persona es a estar exactamente igual que antes. Si consideramos que ganamos un 13% menos que hace cinco años ya lo demás es como una alegría; me refiero a por lo menos estar como estábamos. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que ganar menos de lo que ganábamos antes es impensable. Esa conclusión va a ser claramente así, y seguramente habrá otras variantes. A algunos podrá parecerle justa una retribución en el caso de la vivienda, como un complemento. Otros ya habrán podido solucionar ese problema. En fin, son temas opinables que podríamos dejar en el debe para después traer una respuesta.

No queremos dejar de realizar una pequeña aclaración. Parecería un valor sobreentendido, pero en cuanto al tema de las sustituciones y de las suplencias hay algo que es claro. Las funciones se cumplen igual, los juicios siguen, y esas suplencias son honorarias. Si una persona se enferma durante un año y otra la sustituye, ésta realiza el trabajo de dos personas durante un año sin percibir más salario. Entonces, creo que debe valorarse el tipo de gente con que se cuenta para ver cuánto tiene que ganar. Como todos sabemos, cuando existe una suplencia en una mutualista, se contrata a un médico pero no va gratis. Esto es algo de servicio y es un valor entendido de los jueces. No es un tema sobre el que queramos abundar, pero cuando pedimos algún suplente es porque realmente nadie puede sustituir a nadie por un año, porque no tenemos capacidad física y porque tenemos nuestras responsabilidades en la vida. Sí se puede hacerlo por cinco días o una semana, pero hay muchas sustituciones que son por dos o tres meses. Por ejemplo, en Ciudad de la Costa hace un año que hay sustituciones permanentes y eso agobia a las personas. Por eso se hace necesaria una modificación, en virtud de agilitar los trámites y de mejorar las condiciones de los trabajadores que somos servidores públicos y necesitamos ser contemplados en eso.

Lo último a que me quería referir es a esta disminución. Cuando un país crece, aunque sea en pequeña escala, y se habla de repartir el PBI, sabemos que se manejan valores constantes en dólares. Si aspiramos a que este Presupuesto mantenga ese 13% que se perdió, estamos hablando de los mismos millones de dólares que existían antes. Por lo tanto, si se va a manejar ese mismo importe, habrá alguna redistribución que haga que no ingresen en el mismo lugar en que estaban. Ni siquiera estamos hablando de un aumento del costo real del PBI, por eso me parece que esta es una cuestión casi de justicia natural, que ustedes manejan estos aspectos mejor que los Jueces, que no somos especialistas en la materia, sino simplemente vemos lo que ganamos y lo que no ganamos.

SEÑORA VENTURINI.- Simplemente como desahogo, queremos señalar que tenemos un régimen constitucional que no ha dado autonomía financiera al Poder Judicial. Tengan por seguro que para nosotros, que hace muchos años que trabajamos en esto -así como quienes antes trabajaban en este tema, dado que la Asociación de Magistrados siempre lo ha hecho- nos resulta penoso tener que concurrir al poder político en cada instancia presupuestal y de Rendición de Cuentas para hacer valer nuestras aspiraciones. Esto es algo para lo cual este Poder del Estado, que no es un poder político, no está preparado. Es algo que lo hacemos porque tenemos un sistema constitucional que así lo ha establecido. Pero el tiempo y la realidad social han demostrado que esto no es lo ideal. Por lo tanto, queríamos aprovechar esta instancia en el Senado de la República para que quede constancia de que este es un ejercicio que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo mientras el sistema no introduzca una modificación, la cual sería muy deseable.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Agradecemos la presencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

(Se retira de Sala la Asociación de Magistrados del Uruguay)

 

(Ingresan a Sala los representantes del Plenario Intersectorial de Venta Callejera)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- La Subcomisión de Audiencias les da la bienvenida y los deja en el uso de la palabra.

SEÑOR GALLARDO.- Los compañeros del Plenario Intersectorial de Venta Callejera me han designado para hablar en nombre de todas las organizaciones de vendedores callejeros que agrupa este Plenario. Estas organizaciones son todas las ferias permanentes, la venta en las avenidas, organizaciones del interior, es decir que representamos a aproximadamente cuarenta mil familias que viven de la venta callejera.

Si me permiten, voy a leer parte del informe que vamos a dejar a los señores Senadores.

El Plenario Intersectorial de la Venta Callejera del Uruguay, representando a todas las organizaciones de la venta callejera del país -más de 40.000 familias- solicita a los señores Senadores que se retire de la discusión de la ley presupuestal los artículos que refieren al monotributo de la venta callejera. Cabe acotar que esta propuesta ya fue presentada en la Cámara de Representantes, y ahora la reiteramos aquí con la esperanza de que seamos escuchados.

Los motivos de nuestra solicitud, son los siguientes:

En primer lugar, la compleja realidad social que involucraría los mencionados artículos y que ameritan un tratamiento diferenciado, fuera de las urgencias de una ley presupuestal que atiende a números y recaudación, que a consideraciones de complejidad social como la nuestra. Entendemos que en algún sector político pueda existir la preocupación de recaudar más. Para eso es la ley presupuestal. Pero queremos decir, con todo respeto, que se está dejando de lado una realidad muy compleja y no se está teniendo en cuenta una serie de consideraciones que los vendedores callejeros hemos planteado en los últimos años.

Nuestro Plenario no se niega a buscar vías de legalización de nuestra actividad. Es más, fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa en ese sentido, presentando en 1991 al Cuerpo legislativo proyectos de ley aprobados y mandatados por asambleas nacionales de nuestra organización, que de acuerdo a la realidad de ese momento nos parecían viables. Asimismo, participamos de una mesa negociadora en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde fines de 1995 hasta 1996. Lo hicimos junto con las Cámaras de Comercio y de Industria, participando todos los organismos públicos, es decir, Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva, Dirección Nacional de Aduana, Banco de Seguros, Ministerio de Salud Pública, Congreso Nacional de Intendentes y PIT-CNT. Procurábamos encontrar puntos de entendimiento que permitirían una legislación justa para la venta callejera, en las condiciones socio-económicas de aquel entonces.

También participamos activamente toda vez que se nos convocó para estudiar el tema, en dos oportunidades en la Comisión de Hacienda del Senado, en ocasión de discutirse la ley de venta callejera, presentada por el entonces Ministro Mosca. También fuimos recibidos por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, en marzo del año pasado.

No obstante, en las condiciones actuales en que transita nuestro sector, no sería conveniente una ley de venta callejera que nos considera como una empresa unipersonal, no atendiendo al carácter familiar de nuestros puestos. Según esta ley de monotributo, debería tributar el titular y también las esposas, hijos y familiares directos que están inscriptos como vendedores callejeros. De manera que los familiares son considerados como empleados. Hay que aportar de acuerdo a las leyes vigentes. Nosotros no consideramos a nuestras esposas e hijos como empleados. Los puestos son de carácter familiar.

Esta ley iguala todas las realidades a nivel nacional y pone a la misma bolsa a permisarios establecidos, feriantes, ambulantes y periferiantes, así como también a vendedores del interior del país, a compañeros que trabajan un solo día o toda la semana y a los que trabajan en los ómnibus. Si es una ley nacional, abarca a todos. Podría pensarse que luego, con cierto sentido común, se aplicaría a un sector y a otro no, pero eso es muy subjetivo. Además, no contempla situaciones especiales, como por ejemplo, la de los jubilados, pensionistas y discapacitados. El de los jubilados es un caso especial. En un anexo del documento que les entregamos, se detalla la situación. El año pasado, a la salida de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, ante las cámaras de televisión, el señor Diputado García Pintos dijo que se oponía a esta ley, porque sería cortarle un brazo a los jubilados, ya que tendrían que optar entre seguir recibiendo la jubilación, o renunciar a ésta y aportar a través de este tributo. Hay muchos miles de jubilados que redondean sus ingresos con lo producido en la venta callejera.

Además, esta ley obligará a un porcentaje mayoritario a marginarse aún más, al no poder hacer frente a una obligación tributaria, por menor que ella sea. Una parte de la venta callejera podría hacer frente a este monotributo, pero un sector muy importante no, teniendo en cuenta el momento de crisis en que no se vende nada. Cada vez hay más vendedores y la gente tiene menos poder adquisitivo. En este momento hay un sector importante que no puede aportar, ni siquiera, $ 100. Por supuesto que no nos negamos a una especie de monotributo. Al contrario, hemos elaborado una ley. Pero se deben contemplar estas situaciones especiales. En el tributo proyectado, no hay ningún mecanismo -por ejemplo a través de asistentes sociales- mediante el cual pueda hacerse eso.

Esta ley no contempla beneficios, tal como lo proponíamos. Si así se hiciera, sería fácil hablar con nuestra gente y proponer una inscripción voluntaria. Eso nos beneficiaría, porque ingresaríamos al sistema de seguridad social. Habría buena disposición y colaboración de parte de nuestras organizaciones.

Tampoco se plantean posibilidades de reconocer años anteriores como vendedor callejero, ni su correspondiente financiación. En nuestro proyecto de ley esto se planteaba, al igual que los plazos para regular. Habíamos propuesto plazos más extensos, dada la complejidad de nuestra actividad.

Si se aplica este monotributo a rajatablas, sin tener en cuenta nuestras consideraciones, habrá una verdadera conmoción social. Si así fuera, legítimamente, defenderemos la incautación de nuestro capital, que es lo que ponemos arriba de la mesa. Una ley de estas características, tiene muchas falencias, y se pretende discutir en pocos minutos. Por respeto a las miles de familias que representamos, no estamos dispuestos ni siquiera a considerarla. La rechazamos, y si se aprobara habilitaremos los caminos que la Constitución nos confiera, por ejemplo, el recurso del referéndum, para aquellos casos en que corresponda.

También queremos dejar sentada nuestra preocupación por la escasa representatividad de esta Comisión, que debería tener 18 miembros.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Deseo dejar constancia de que la Subcomisión de Audiencias tiene cuatro integrantes, un representante por cada Partido político.

SEÑOR GALLARDO.- Entonces, pido disculpas por ello. De todos modos, entendemos que faltan representantes de algunos sectores.

La situación de la venta callejera se ha agravado dramáticamente en estos últimos años. La crisis económica del país, con su estancamiento productivo, industrial y agrario, cada año vuelca hacia nuestras avenidas y ferias decenas de miles de trabajadores desocupados. El 90% de los vendedores de estas 40.000 familias que representamos, proviene de una fábrica o del trabajo en el campo. Esto es fácilmente constatable yendo a cualquiera de nuestras ferias, a lo cual invitamos a los señores Legisladores. Cada uno de nosotros tiene una historia de desocupación, de imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo y de, digamos, arrimarnos a una feria o a una avenida para intentar vender lo que se pueda, ni siquiera lo que quisiéramos.

Hemos planteado esta modalidad de vida como una alternativa de sobrevivencia a otras opciones que nos resistimos a aceptar, como son la emigración, que nos está desmembrando a las familias –el 18% de los uruguayos plantean su deseo de emigrar, sobre todo, los jóvenes-, la marginación, el habitar asentamientos, vivir en la basura o delinquir. Tampoco queremos optar por la solución que se ha puesto de moda en el mundo y por la cual Uruguay tiene la medalla de bronce, puesto que estamos en tercer lugar en el mundo en la tasa de suicidios. La razón por la cual se suicidan los uruguayos es, fundamentalmente, económica y, más concretamente, por la falta de empleo.

Es así, entonces, que cada día somos más los vendedores callejeros y, también, cada día vendemos menos porque el poder adquisitivo, de consumo de la gente que todavía tiene un empleo, es casi nulo.

A modo de ejemplo, el 80% de los permisarios de ferias y avenidas de la ciudad de Montevideo, que solamente pagamos $ 140 mensuales de impuestos, está endeudado con la Intendencia en dos o en tres años. Mal podríamos, así sin más, empezar a aportar a organismo alguno, por chico que sea, si no hay un trabajo de asistencia social previo -que es lo que proponemos- en el que participemos todos. Ese ámbito debe ser el adecuado, como lo fue en su momento, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el que los señores Legisladores crean pertinente. Estamos dispuestos a trabajar positivamente en ello.

Finalmente, sabedores de que esta es una realidad que los señores Senadores no desconocen, que constituimos las únicas fuentes laborales posibles en las actuales condiciones del país, que sólo somos una parte visible de un fenómeno de economía informal que abarca a 340.000 uruguayos, pero que funciona, precisamente, porque es informal, confiamos esperanzados en su sensibilidad para dar viabilidad a nuestra solicitud y transitar un camino de entendimiento en el ámbito y con los tiempos más adecuados.

Quisiera agregar, además, que este proyecto de monotributo está viciado de inconstitucionalidad. En el plebiscito de 1994 se aprobó el literal V**, en el que se dice que es inconstitucional cualquier reforma al sistema de Seguridad Social que sea planteado en una Ley de Presupuesto o de Rendición de Cuentas. Ello es claramente inconstitucional; lo decimos los vendedores callejeros, pero adelanto que hemos sido asesorados por constitucionalistas que en su momento saldrán a la prensa a confirmarlo.

El actual señor Presidente de la República, doctor Batlle, en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando se discutía la ley sobre venta callejera que fuera presentada por el entonces Ministro Mosca, dijo que él no la votaría -es casi un calco de ésta- porque tenía elementos de inconstitucionalidad. Esto es constatable, ya que figura en la correspondiente versión taquigráfica. También aludió a la injerencia en cuestiones relativas a la Ley Orgánica Municipal y en los otros aspectos que hemos mencionado.

Finalmente, queremos decir que si esta ley de monotributo es eliminada de la Ley Presupuestal, todos los vendedores callejeros y los involucrados en el tema estamos dispuestos a participar en la elaboración de un nuevo texto, de pronto, hasta en tiempos mejores que lo que puede ser una discusión en esta instancia. Estamos a las órdenes en ese sentido.

No queremos que dejen de tener presente el siguiente razonamiento: los vendedores callejeros somos todos desocupados y hemos resuelto, por las nuestras, una fuente laboral -no tenemos otra solución- y, a través de ella, también hemos resuelto, trabajando en forma digna, los problemas de educación de nuestros hijos, de salud, de vivienda y de alimentación. Lo estamos haciendo, repito, en forma digna y honrosa, y lo queremos seguir haciendo.

Entendemos que el verdadero motivo por el que se presentó este proyecto de monotributo, de pronto, tiene que ver con elementos de recaudación porque esta es una ley presupuestal. Entonces, apelamos a vuestra sensibilidad para que sea retirado, repito, de esta ley y sea discutido en otro ámbito, como problema social, y no como elemento de tributación.

Esto es todo lo que quería decir al Plenario y quedamos a las órdenes de los señores Senadores por si desean formular alguna consulta.

SEÑORA ARISMENDI.- No voy a hacer ninguna pregunta, porque hemos seguido el tema desde 1995 a la fecha. Inclusive, recordamos el debate producido en la Comisión a que se hizo referencia. Entonces, es simplemente para solicitar a la Mesa que se distribuya la propuesta que se hizo en su momento -que consta en el debate de la Comisión de Hacienda- cuando se hizo la contrapropuesta que presentan las organizaciones con respecto a esta tributación. Yo cuento con ese material, pero me gustaría que la información también pudiera llegar a los señores Senadores que hoy no se encuentran presentes.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Así se hará y la Mesa se encargará de actuar en consecuencia.

Agradecemos vuestra presencia y seguramente estaremos en comunicación en la medida del interés de la Comisión y de ustedes en torno a este importante tema.

SEÑOR GALLARDO.- Los agradecidos somos nosotros.

(Se retira de Sala la delegación del Plenario de vendedores callejeros)

 

(Ingresan a Sala representantes del Movimiento Independiente de Periferiantes)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- La Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece la presencia de representantes del Movimiento Independiente de Periferiantes, y les concede la palabra, dejando constancia de que este Cuerpo está integrado por cuatro señores Senadores, uno por cada Partido Político.

SEÑOR SOLARI.- Pertenezco al Secretariado del Movimiento Independiente de Periferiantes.

En nombre del Plenario y de los restantes compañeros, saludamos a los señores Legisladores, y también censuramos, en primera instancia, la no participación de los Senadores que tendrían que estar escuchando esta problemática, que no es tan sencilla y que no deja de ser profunda en nuestra sociedad.

A continuación, voy a dar lectura a lo que nuestro Movimiento ha planteado para este día. Dice: "Montevideo, 3 de noviembre de 2000. Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, Senador José Luis Batlle. Presente.

Señores Legisladores: no hemos venido hasta aquí para ser reiterativos de nuestros planteos anteriores, los cuales apuntaban a la posible sensibilidad de los Señores Legisladores ideólogos y defensores de este plan de exterminio hacia la actividad de la venta callejera y de lo que sólo se ha conseguido la indiferencia.

Esta actividad merece el mayor de los respetos puesto que somos el pueblo trabajador sin trabajo, que les ha solucionado en gran parte, con dignidad la desocupación galopante que nos afecta desde hace muchos años, y que de la misma hacemos directamente responsables a la clase política gobernante.

Para nosotros no es válida la argumentación de que la venta callejera es responsable de la caída estrepitosa que ha tenido el comercio establecido y la industria nacional. Claro, es más fácil mirar hacia abajo donde están los más débiles y aplicar medidas exterminadoras, ¡porque son medidas exterminadoras! Que apuntan al exterminio y no a la recaudación.

Señores Legisladores, miren también hacia arriba donde están los monopolios hipermercadistas atropellando la pequeña plaza comercial e industrial del país, con la complicidad de los organismos competentes en el contralor de mercaderías importadas a gran escala y ahí encontrarán a los verdaderos verdugos de la industria nacional.

La actividad de la venta callejera son las puertas abiertas a los cientos de desocupados que se integran anualmente a nuestras calles; son los últimos platos de guiso que alimenta a jubilados y pensionistas, que después de haber aportado toda su vida, reciben por parte del Estado míseras migajas que ni siquiera contemplan la intencionalidad del artículo 67 de nuestra Constitución, que sugiere valores adecuados a las necesidades vitales de los mismos. Y así podemos enumerar infinidad de grupos sociales con sus problemáticas que se verán afectados al grado del exterminio, si se sigue adelante con este articulado carente de valores humanitarios.

Si ustedes cierran esta puerta, abrirán aún más las puertas a la emigración, al suicido, a la prostitución, a la delincuencia y paso raya: ¡desintegro familiar!

Y otra vez dándole la espalda a nuestra Constitución, artículo número 40 y cada uno de nosotros, que caiga en estos términos, será la suma multiplicada de más conciencias, que en su momento le harán pagar el costo político más significativo en la historia electoral de este país.

Pensamos, y tal vez dudamos, que ustedes hayan sentido en carne propia lo que es el hambre, o tal vez y seguro que no van a estar tirados en una cama de un hospital público con carencias de toda índole y así le podemos enunciar innumerables situaciones por las que hemos pasado los marginados de una sociedad poco visionaria.

Entonces, otra vez dudamos y dudamos 40.000 familias que sobreviven de esta actividad. ¿De qué dudamos? Nosotros se lo vamos a decir.

Señores Legisladores dudamos de la sensibilidad de las personas que nos representan y dudamos que aún conserven en sus memorias, que el ejercicio de sus poderes legislativos emanan de su pueblo.

Entonces hemos llegado hasta aquí a exigir como ciudadanos de este país, como seres humanos que ven el riesgo inminente de ser ejecutados de diferentes formas por la mala praxis del poder político, estableciendo el retiro inmediato del articulado del monotributo hacia la venta callejera aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 19 de octubre de 2000 y la no consideración del proyecto de ley, a estudio de la Comisión de Hacienda del Senado, presentado por el señor Alejandro Atchugarry con la prohibición de artículos importados en la venta callejera.

Sugiriendo formar una Comisión de estudio socioeconómico de la situación con los organismos competentes en la temática y la participación de nuestro sector en forma igualitaria.

Para terminar dejamos planteada nuestra interrogante a la cual ustedes seguramente tendrán respuesta. De la fábrica a la calle, de la calle, ¿a dónde?".

Seguramente no tenemos que dar más explicaciones técnicas ni jurídicas, porque no somos juristas, ni personas acostumbradas a este tipo de situaciones. Venimos a decir cuál es nuestra realidad y nuestro sentimiento. Nos parece que les falta información para poder aplicar medidas y lo digo por el tema del articulado correspondiente al monotributo y proyecto de ley del señor Senador Atchugarry. Es lamentable que un Legislador que ocupa estas bancas, se olvide de que es elegido por su pueblo que integramos los mismos que estamos en las calles desocupados y que no tenemos la responsabilidad social de que esto haya pasado.

Me gustaría que nos hicieran alguna pregunta y que no pase lo mismo que sucedió en la Comisión de la Cámara de Representantes, de la que nos fuimos con las manos vacías y a la que asistimos como de paseo. Nosotros no venimos acá de paseo, sino a plantear nuestra posición y a que se nos fundamente por qué se ha producido esta agresividad con nuestra situación y con la gente. Nuestros compañeros han sido marginados de un sistema social y ya no encuentran respuestas, aunque cada uno, individualmente, sepa por qué suceden estas cosas y cuáles son los intereses creados.

SEÑOR MUJICA.- Lamentablemente, no puedo dar respuesta a una iniciativa que no acompaño, pero tenga esta delegación como vendedores callejeros, todos mis respetos.

SEÑOR BLANCO.- Tengo 57 años y he entrado sólo dos veces al Palacio Legislativo en toda mi vida. Pero tengo que decir que no entiendo como hoy o mañana haya gente que se pueda sentar en estas bancadas y no interpretar las necesidades del pueblo. A mi entender, ustedes desconocen la problemática social que existe afuera, es decir de aquellas personas que se ganan la vida honestamente, como lo hace un periferiante. Estamos hablando de 40.000 personas pero, si tenemos en cuenta los integrantes de una familia tipo que puede ser tres, se trataría de 120.000 personas.

A pesar de que el pueblo ha puesto en las bancas a los Legisladores, hoy o mañana les pueden dar la espalda. Muchas veces sucede que pasan de Comisión en Comisión desconociendo totalmente la realidad que nos golpea, no en estos gremios, sino en otros, pero me voy a referir exclusivamente al mío.

Estamos hablando de la problemática de 40.000 y sólo hay 4 Legisladores presentes, cuando el problema necesita la presencia de muchos más. Hace 7 meses atrás éstos venían feria por feria a pedir un voto a cada uno de nosotros para que en el día de mañana solucionara los problemas de orden personal y de todos los gremios del país. No entiendo cómo, entonces, la casta política va a pedir credibilidad cuando no contemplan las necesidades de un gremio que reúne 120.000 personas.

La periferia y la feria es el colchón que le ha resuelto al país muchas veces los problemas de orden social, económico y laboral, porque cuando le cerraron las puertas de una fábrica a una persona, puso cuatro fierritos en la feria y se dedicó exclusivamente a trabajar de eso. ¿Cómo le pueden dar la espalda a esta situación? Ahora nos hablan del monotributo y de que quien ocupe un espacio público tiene que pagar por metro, cuando hay que gente que no puede pagar ni diez pesos por mes. Los Legisladores viven una realidad aquí adentro, pero hay que salir y mirar las calles porque no se pueden manejar cosas desconociendo la realidad.

Me sentaría aquí -agradezco a los Legisladores que están presentes aunque no hago lo propio con los que faltan en este momento- para sólo entender lo que está pasando. Repito que la periferia le ha resuelto el problema laboral al Estado más de una vez. El eslogan de nuestro movimiento es: "De la fábrica a la calle, de la calle, ¿adónde?". Tengo 57 años y a 8 años de mi jubilación, ¿qué es lo se pretende hacer? ¿De qué estamos hablando?

Cuando se necesita un voto están todos sentados acá pero cuando las realidades deben llegar a soluciones, donde la desocupación laboral en el país no es ninguna novedad para todos ustedes, nos encontramos con este tipo de cosas. Entonces, miremos la realidad. No puedo creer que se diga por parte de un Representante Nacional que la gente que está trabajando en la feria anda con un cero kilómetro. Ese hombre no vive en este planeta porque desconoce la realidad de su gente. Por lo tanto, estos temas tienen que ser manejados por la gente que conoce la identidad de las cosas y, en este caso, de nuestro gremio. Puede ser que mañana señale a alguien como culpable de todo lo que pueda suceder en el futuro. Estamos hablando de mucha gente que mañana va a quedar en la calle, lo cual puede generar un estallido social. ¿A qué nos vamos a dedicar? Entonces, es un problema de conciencia y no se puede cerrar los ojos ante esta realidad.

Soy un hombre común y corriente que de pronto ustedes, desde el despacho del Palacio Legislativo, me ven pasar con el carrito a la feria, pero conozco muy bien esta problemática social. Simplemente, estamos defendiendo las necesidades que tenemos dentro de nuestro gremio. ¿Les parece lógico que en un país carente de fuentes laborales las expectativas de trabajo sean borradas totalmente por un decreto? ¿En qué planeta viven, están acá o son de Plutón?

Estas son realidades que no podemos dejar de lado y cada uno de ustedes va a ser señalado con la responsabilidad que les corresponda en cada situación.

¿Cuándo se van a solucionar los problemas? Vuelvo a repetir que estamos hablando de 120 mil personas.

Hace poco se celebró un acto al que concurrió gente que tuvo que pagar lo que no tenía para hacer acto de presencia. Hoy, ante una indiferencia como la que tenían los cicerones romanos, cuando tenían que decidir quién debía morir y quién debía vivir, toman estas decisiones. ¿Esto quedará en la conciencia de los que no están? Mi padre me enseñó que cuando alguien va a hablar y presentar sus descargos, todos tienen que estar presentes para saber cómo piensa y cómo siente. Están los otros que parece no les interesa este tema. Será porque ya está todo cocinado. Quisiera saber la opinión de cada uno. ¿Están aquí al servicio de los interés político – partidarios o del pueblo? Cada uno de los que aquí está sentado está puesto por el pueblo y está a su servicio, porque sus bolsillos se llenan con la plata de la contribución del pueblo. Entonces, queremos saber qué es lo que pretenden: ¿que trabajemos o que no trabajemos?, ¿que sigamos igual o que cambie algo?

Mi intención no es faltar el respeto a ninguno de ustedes. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de hablar, que no es por bondad, sino porque es un derecho que tenemos. Por otro lado, les ponemos un dedito para abajo a los que no están, porque no tienen un sentido de su responsabilidad y se olvidan que sus sueldos los paga el contribuyente. Entonces, por respeto y para ganarse su sueldo, tendrían que estar sentados aquí para escuchar lo que tiene que decir el pueblo y cuáles son sus necesidades.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Agradecemos la presencia de los feriantes que nos han visitado y les adelantamos que la versión taquigráfica de su exposición será repartida entre todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de Periferiantes)

 

(Ingresa a Sala la delegación de funcionarios contratados por temporada, por parte de ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a las funcionarias contratadas de ANTEL.

SEÑORA SEGUER.- Venimos en representación de los operadores zafrales que venimos siendo contratados desde hace 19 años algunos, y otros desde hace menos tiempo. Esta es una lucha que no tiene fin y para ello venimos a pedir ayuda.

La situación nuestra es muy clara. Venimos siendo contratados por temporada, luego el contrato se termina, con lo que quedamos desvinculados del Ente, y al año próximo nos vuelven a llamar. Hay que considerar que existen otras personas que se contrataron por tres meses el año pasado y hoy se les vuelve a renovar el contrato. Al respecto, solicitamos un tratamiento justo e igual para todos. En definitiva, creemos que en 19 años algún derecho debemos haber adquirido con nuestra buena conducta y asiduidad en el trabajo.

Hasta el año 1982 la persona que se desempeñaba como zafral, en el invierno se le daba la oportunidad de trasladarse a otro lugar, se le renovaba el contrato y en el verano volvía al lugar donde había desempeñado tareas el año anterior.

No se nos dio esa oportunidad y estamos en un túnel que no nos lleva a ningún lado.

Presentamos un proyecto que contempla a las personas que han tenido buen desempeño durante tres temporadas o más. Pedimos que cuando el Ente necesite gente, se nos dé la misma oportunidad que a esas personas que trabajaron tres meses y a las que luego se les renovó el contrato.

SEÑORA CAMPANELLA.- Este proyecto fue presentado en la Comisión de la Cámara de Representantes, cuando ya llevaba muchas horas de trabajo. Entonces, se presentó, se votó y todo ello llevó apenas cinco minutos. Creemos que los Diputados no tuvieron tiempo o el cansancio fue tan grande que ni siquiera tuvieron interés en leer este proyecto de ley.

Para nosotros esta iniciativa significó trabajo y representa una seguridad. Le solicitamos a los señores Senadores que tomen cinco minutos de su tiempo y lean este proyecto porque, a nuestro juicio, es viable. Esto no le insume un costo al Ente; simplemente, pedimos que se legisle algo porque no hay ninguna norma en relación a los contratos por temporada. Después de 19 años, creemos que tenemos un derecho adquirido y no poseemos nada que nos ampare. El Directorio se reserva el derecho de admisión, temporada a temporada y creo que más costo significa para el Ente estar enseñando permanentemente a la gente que todos los años entra a trabajar. Este año se tomó a gente que fue supervisada por nosotros en la temporada pasada, es decir, cuando recién habían entrado, y hoy tienen más oportunidad que nosotros, a pesar de tener sólo tres meses de trabajo. Solicitamos la misma oportunidad que esa gente. Creemos que esto es algo viable; no se pide nada del otro mundo. Sólo reclamamos que aquellos funcionarios que han sido contratados por temporada, por más de tres períodos, habiendo obtenido una calificación funcionarial mínima y aceptable, tengan prioridad para cubrir vacantes en las localidades donde se hayan desempeñado, en un radio de 50 kilómetros, frente a eventuales necesidades de selección externa, siempre que tengan las aptitudes requeridas para el cargo de que se trate. A estos efectos, deberá llevarse un registro actualizado de todos los funcionarios contratados por temporada, en el que consten especialmente las calificaciones de los mismos, aplicándose un puntaje ponderado según la reglamentación que dictará el Directorio, sobre calificación y antigüedad en las contrataciones, a los efectos de establecer una lista de prelación en función de lo expuesto. Los funcionarios en las condiciones antedichas, tendrán derecho a los cursos de capacitación que se dicten para la educación de las nuevas tecnologías, aun cuando se realizaran fuera de temporada, contándose la participación de los mismos como méritos, a los efectos de establecer el orden de prelación mencionado en el artículo anterior. Los funcionarios que reúnan las condiciones mencionadas tendrán, asimismo, preferencia para el caso de contrataciones permanentes que eventualmente pudieran realizarse por ANTEL, en caso que el servicio así lo exija, siempre que sea dentro del radio señalado y que el funcionario pueda acreditar las aptitudes necesarias para el cargo.

Creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo, la necesidad de trabajo la tenemos todos y, después de 19 años, ya tenemos un derecho adquirido. Estamos solicitando la oportunidad que no hemos tenido en 19 años y, sin embargo, ha tenido mucha gente. Nosotros entramos con 18 años y hoy tenemos 38, pero llegamos a los becarios por la edad. Esa oportunidad que tuvieron los becarios en su momento, es la misma que nosotros queremos. Solicitamos una seguridad laboral, simplemente es lo que estamos buscando.

SEÑOR NIN NOVOA.- Confieso que no es la primera vez que tomo contacto con este tema. Hace varios meses que en la Comisión de Presupuesto ya habíamos tenido oportunidad de recibir a estas "funcionarias públicas inestables", si se las puede denominar de alguna manera. En esa oportunidad, se le envió a ANTEL la aspiración, por parte de la Comisión, de los requerimientos que ustedes estaban elevando. El aditivo que ustedes presentan no le insume ningún costo adicional al Estado, porque las contrataciones de hecho se siguen haciendo y, por lo tanto, nos parece –no sólo a nosotros sino también a otros Legisladores- que es de estricta justicia.

Quiero advertirles que, lamentablemente, este aditivo con toda seguridad lo vamos a proponer casi al final del tratamiento del Presupuesto porque ahí es donde están las disposiciones vinculadas a ANTEL y nos parece que ese es el camino más adecuado. De cualquier modo, personalmente y creo que muchos señores Senadores nos comprometemos a hacer un trabajo de contacto con nuestros colegas para hacerles ver que, en realidad, esto no tiene ningún costo adicional, sobre todo en el Presupuesto, donde se habla tanto de costos y de recursos.

De manera que, en términos generales, vamos a llegar con las mejores fuerzas para proponer estos aditivos que estamos ordenando prolijamente entre todos.

SEÑORA RAMOS.- Creo que lo que pedimos es muy justo y los derechos universales y humanos lo avalan y lo protegen. Si cada uno de ustedes, lee, vota y consigue la mayoría para aprobar este proyecto, lograrán también que esta figura laboral, tan desprotegida, tenga un marco legal. Entiendo que también le darían transparencia al Directorio de ANTEL y credibilidad, y lo liberarían de influencias políticas tan rechazadas.

Ustedes, como representantes nuestros y de todo un pueblo que los eligió, -¡lástima que no están todos, para que legislen con justicia y equidad!-, van a recibir de parte de todos nosotros credibilidad y confiabilidad. Si antes de sentarse en estas bancas nos pidieron nuestro voto, nosotros ahora les estamos pidiendo que nos escuchen, también, porque nos sentimos bastante desprotegidos.

Nada más. Lástima que hay tan pocos señores Senadores en Sala y que son siempre casi los mismos que están.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Como bien lo señalaba el señor Senador Nin Novoa, es un tema que ya hemos tratado en otra oportunidad, inclusive con una comunicación al Directorio de ANTEL. Pero quisiera preguntarles cuántas serían las personas que están involucradas en esta situación y qué antigüedad laboral tienen.

SEÑORA MODENA.- Somos 30 personas de Maldonado y Canelones que tenemos entre 10 y 19 años de trabajo. Algunos trabajamos dos años consecutivos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Wilson Sanabria).- Agradecemos su presencia y seguramente estaremos en comunicación con la Comisión a los efectos de alguna otra información.

El articulado previsto está acá y va a estar incluido en la versión taquigráfica para conocimiento de todos los señores Senadores integrantes de la Comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 14 y 16 minutos)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.