(Ocupa la Presidencia el señor Senador García Costa)

(Ingresa a Sala el señor Ministro de Industria, Energía y Minería y asesores)

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar con la sesión, cabría preguntar a los señores Senadores si prorrogamos hasta una hora razonable la sesión porque no creo que al señor Ministro y a sus asesores le sea suficiente con tan sólo diez minutos. En tal sentido, si no hay objeciones, la Mesa propondría extender la reunión hasta la hora 19 y 45 minutos. De todos modos, según la opinión de quien habla los artículos a considerar no revisten gran complejidad, por lo que quizás podamos finalizar antes.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: los Legisladores del Partido Nacional formulamos moción en el sentido de que el próximo martes a partir de las 9 y 30 de la mañana la Comisión reciba a la Universidad de la República y al Poder Judicial. Esa mañana y la del miércoles están libres, y hoy estamos a doce días de la fecha en que vence el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe el Mensaje Complementario. Entonces, en esa jornada vamos a estar tan sólo a una semana y nosotros entendemos oportuno que la Universidad y el Poder Judicial comparezcan ante este Cuerpo.

SEÑOR COURIEL.- Le solicitaría al señor Senador que pospusiera su moción para la sesión de mañana, puesto que nosotros tenemos alguna dificultad. Entonces, podríamos hablarlo informalmente y mañana tomar una decisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Gallinal me hace saber que está de acuerdo.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente del momento en que se vote la moción, creo que además de la Universidad y el Poder Judicial, también debería concurrir el CODICEN. En esos tres temas, las colectividades políticas debemos tomar una resolución antes de que se envíe el Mensaje Complementario.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, la moción propuesta por el señor Senador Gallinal en nombre del Partido Nacional será considerada previamente y mañana se pondrá a votación. Por otra parte, el señor Senador Brause -que es en realidad el Presidente de esta Comisión- buscará un camino para atender el planteo -que comparto- del señor Senador Michelini, en cuanto a que también concurra el CODICEN.

Entramos a la consideración del Inciso 08, Ministerio de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, haremos algunas apreciaciones de carácter general. Hemos concurrido con los distintos jerarcas del Ministerio; realmente, la delegación es inversamente proporcional en número a los recursos que se le han dispuesto por el Presupuesto. De todas maneras, apostamos a la potenciación de los recursos humanos, ya que las dificultades financieras no han podido ser cubiertas con el Presupuesto que se nos ha asignado.

De todas maneras, como ustedes saben, los primeros artículos que se están planteando en el Inciso 08 del Presupuesto están vinculados a la Dirección de Energía.

El Ministerio tiene distintas funciones que es importante resaltar. Una es la parte que tiene que ver con la Dirección Nacional de Industrias, que es responsable de todos los aspectos industriales y, fundamentalmente, del desarrollo de políticas comerciales, para lo que solicita recursos de carácter regular y de carácter extraordinario, por la vía de cooperación técnica. Esto es muy importante porque la Dirección Nacional de Industrias complementa el esfuerzo y el apoyo de todo aquello que tiene que ver con los temas comerciales y la defensa de los intereses del país en aspectos tan importantes como las denuncias de "dumping" u otros que realmente son muy sensibles y que cada día están funcionando más en el ámbito comercial, regional e internacional.

Por otro lado la Dirección de Energía está inserta en la expresión de la política energética, que corresponde al Poder Ejecutivo en su relacionamiento con los roles empresariales, en particular con los Entes Autónomos comerciales e industriales del Estado -ANCAP y UTE- y, finalmente, en lo que va a ser el marco regulatorio de la actividad energética, que será objeto de otra norma legislativa y no está incluido en el Presupuesto. Hemos apreciado, inclusive, que en la Cámara de Representantes ha sido eliminado todo lo que tiene que ver con la Unidad de Regulación de Energía Eléctrica, ya que se va a tratar en el futuro.

Los recursos con que se maneja la Dirección de Energía no son muchos y a través del artículo 141 estamos solicitando la contratación de algunos funcionarios de alta especialización. Se trata de una actividad cada día más demandante y exigente, no sólo en materia de política energética nacional sino también en el relacionamiento de carácter regional, habida cuenta de que la energía está vinculada específicamente con la visión estratégica del país, sobre todo, en lo que tiene que ver con el ingreso del gas natural al Uruguay y con el diseño de la nueva matriz energética, que estamos tratando de consolidar a través de políticas de carácter energético a nivel de todo el Poder Ejecutivo.

Asimismo, las actividades relacionadas con la minería y la geología son de extrema sensibilidad y también están contempladas en el Presupuesto, más allá de que los recursos que se nos han otorgado no se condicen con las necesidades, que siempre son ilimitadas para este tipo de situación. Además, a pesar de que no figura en el nombre del Ministerio, la micro y pequeña empresa, a través de su Dirección, es muy importante y se está manejando con recursos no sólo regulares sino, fundamentalmente, de cooperación externa.

La propiedad industrial es otra de la unidades que manejamos en el ámbito institucional. Como ustedes saben, integra el trípode del concepto de propiedad industrial, que incluye los derechos de autor, las marcas y las patentes. En el caso del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la propiedad industrial se refiere exclusivamente a marcas y patentes y no a derechos de autor, que es una competencia exclusiva del Ministerio de Educación y Cultura, aunque de alguna forma es compartida con nosotros en algunas visiones de carácter estratégico.

Este es un panorama de carácter global. El Ministerio de Industria y Energía representa algo más del 0.3 del Presupuesto Nacional, por lo que no puede modificar o alterar la ecuación de las variables macro económicas del país. Manejándonos con la ley de la economía de las necesidades ilimitadas y de los recursos escasos, lo que hemos hecho es potenciar todos los recursos humanos en función de la cooperación externa que estamos consiguiendo en distintos organismos y tratando de ir buscando un espacio, sobre todo, en lo que tiene que ver con presencia política en aspectos tan sensibles como el industrial -fundamentalmente en materia de política comercial, que corresponde a todo lo que es inserción del país en la visión sectorial de la economía- el energético y otras áreas que corresponden al Ministerio. También es cierto que el 60% de los recursos de que dispone el Inciso son de libre disponibilidad y el 40% provienen de Rentas Generales. Además, el rubro inversiones representa apenas el 5% y el resto son gastos de funcionamiento.

Esta es la visión general del Ministerio y estamos abiertos a discutir estos temas, evacuar las consultas y preguntas, y en una amable terapia de grupo, estamos dispuestos a compartir las dificultades que el Ministerio tiene para cumplir con sus objetivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para mí es muy grato contar con la presencia del señor Ministro y del señor Subsecretario con quienes me une una muy larga amistad.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que la mecánica a seguir es la misma que hemos seguido hasta ahora, es decir que el Ministro o sus asesores vayan desarrollando cada uno de los artículos y, si lo consideramos necesario, les haremos las preguntas correspondientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradezco mucho al señor Senador Michelini el recuerdo de lo que es la práctica de la Comisión, pero quería saber si algún señor Senador tenía algún comentario para hacer frente a las manifestaciones del señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- En el artículo 141 se está habilitando una partida anual de $ 663.000 en el Rubro 0, Retribución, con destino a la contratación de dos funciones de alta especialización. Hasta hace poco tiempo la Dirección de Energía contaba con el Director y un chofer y estamos potenciando dicha Dirección bajo dos vías. Por un lado, con la contratación de dos cargos de alta especialización, que ya han sido planteados a nivel administrativo, y, por otro, con la contratación de dos asesores o de dos cargos de alta especialización que tienen sus requisitos técnicos para potenciar. Simultáneamente con este tipo de solicitud, hacemos una complementación con cooperación técnica externa de algunos organismos internacionales para ir desarrollando una dirección que tiene muy pocos funcionarios pero que tiene una gran importancia de carácter técnico por lo que involucra en el diseño y definición de las políticas energéticas.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En realidad, mi pregunta no va destinada al Ministerio. A mi juicio, en el Presupuesto hay una inconexión. El señor Ministro nos explica -y el texto es muy claro- que para dos funcionarios de alta especialización se consigna una partida específica. Los artículos 16, 17 y 18 –particularmente este último- no corresponden en su origen al Ministerio de Industria, Energía y Minería, aunque este último señala en forma genérica "funciones de alta especialización" en número que ni siquiera está fijado y con recursos a analizar con el jerarca que corresponde que, reitero, no es en este caso el titular de esta Cartera. Entonces, creo que cuando concurran los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas analizaremos estos aspectos. Pero desde ya quiero decirle al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que tan poco dinero tiene que, de pronto, esta partida puede destinarla a otros fines y puede tener dos funcionarios de alta especialización -podría ser alguno más- según los cálculos que he hecho. En ese sentido, que el señor Ministro no se intranquilice y utilice esa partida. Sé que él no precisa el acicate, pero le doy la noticia para que la tenga presente.

SEÑOR MINISTRO.- Muchas gracias, señor Senador; el Ministerio toma nota de esta información.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera hacer una consulta muy breve. Desearía saber por qué se utiliza la expresión "contratación de funciones" y no de funcionarios. No sé de cuántos funcionarios se trata pero, ¿por qué se apela a la expresión "contratación de dos funciones de alta especialización"?

SEÑORA ERRAMUSPE.- Esa es la denominación que figura en el decreto de reforma del Inciso, es decir, se crean funciones de alta especialización y por eso dicha expresión figura así.

SEÑOR MINISTRO.- Esto se planteó, también, en la Cámara de Representantes. De lo que se trata es de que las funciones de alta especialización sean las que predominen en la definición de la contratación. Como es un tema absolutamente técnico, las funciones son las que van a determinar las características del funcionario. De todos modos, en materia terminológica podríamos ajustarnos tanto a funciones como a funcionarios, porque no conocemos funciones que se cumplan sin funcionarios especializados.

SEÑOR CORREA FREITAS.- El tema de las funciones de alta especialización fue creado en la Ley de Presupuesto Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Por supuesto que se puede discutir si está bien o mal, pero allí se habla de funciones de alta especialización y de funciones de alta prioridad. Es una categoría especial que se corresponde con los cargos de gerencia en la Administración Central y que se proveen por concurso público y abierto entre toda la ciudadanía. Ese es el régimen de las llamadas funciones de alta especialización.

SEÑOR ASTORI.- Simplemente quería aclarar que mi observación no tenía que ver con esta categoría, sino a la expresión que figura aquí, "contratación de funciones". No me refería a la categoría de "funciones de alta especialización", ya que coincido con el señor Senador Correa Freitas en que fue creada en el Presupuesto de 1995, aprobado el 5 de enero de 1996. Simplemente quería saber por qué se apelaba a la figura de contratar funciones y no funcionarios.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Este también es un problema conceptual; es un tema de los contadores y en el que, también en alguna medida, tenemos responsabilidad los abogados. Conceptualmente, en el ámbito de la Administración Pública se habla siempre de que únicamente ocupan "cargos" aquellos que están presupuestados y que los que son contratados realizan "funciones", porque en este último caso no se utiliza la expresión "cargos contratados". Estos no son cargos presupuestados y allí se habla de "funciones". Creo que el señor Senador Astori conoce muy bien este tema que es de orden presupuestal.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 142 asigna a la Unidad Ejecutora "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" una partida de $ 1:200.000 para la utilización en las actividades de desarmado de las instalaciones que albergan el reactor de investigaciones en el Centro de Investigaciones Nucleares. Como se sabe, el reactor nuclear ha sido desactivado porque existe una disposición legal que no permite la generación de energía nuclear. Estos recursos se están utilizando para el desarmado total, con la sensibilidad y la preocupación que supone el manejo de fuentes radioactivas y, en particular, del reactor nuclear. Esto es, también, para mejorar e iniciar las nuevas instalaciones para la gestión y almacenamiento de residuos radioactivos provenientes de actividades realizadas en el territorio nacional. Estamos hablando no sólo de la desactivación del reactor nuclear, sino también del depósito o de la administración de los deshechos radioactivos que hoy están funcionando en el ámbito de la Universidad de Ciencias y que tienen determinadas medidas de seguridad. En la actualidad el Ministerio está tratando de administrar y de buscar una solución de carácter definitivo junto con el Rector de la Universidad, con el que tenemos un permanente diálogo y el Director de Ciencias, Decano de la Facultad de Ciencias. Estos recursos son, precisamente, para terminar de desactivar el reactor nuclear que tuvo el país y para crear las condiciones de máxima seguridad de depósitos de deshechos radioactivos, que no son de un gran volumen, pero que tienen la sensibilidad, no sólo en la expectativa pública, sino también en el manejo de lo que significan estos elementos en la sociedad.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En este artículo se habla de las instalaciones que albergan al reactor de investigaciones RUI, pero creo que en lugar de la letra "I" debería figurar el número "1".

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 143 es a los efectos de autorizar a abonar aportes patronales con cargo a los fondos de libre disponibilidad. En este momento hay determinadas retribuciones de los funcionarios, como por ejemplo las de alimentación, por las que no se realizan los aportes patronales y estamos buscando que a través de la "libre disponibilidad" podamos volcarlos, para que los distintos beneficios que tengan los funcionarios también se vean incrementados en los aportes respecto de los beneficios de la seguridad social.

Como decíamos al principio, el artículo 144 está vinculado al Fondo Industrial de Defensa Comercial, para el cual habíamos solicitado una suma más importante.

SEÑOR MICHELINI.- El señor Ministro manifestó que había pedido una cifra más importante para el Fondo Industrial de Defensa Comercial. Quisiera saber cuánto se había pedido y si la suma dispuesta, a pesar de ser una cifra menor a la esperada, pone en riesgo el Fondo que se crea.

SEÑOR MINISTRO.- El Ministerio había solicitado $1:300.000 y fueron otorgados $ 300.000. De todas maneras, también es cierto que para el Ejercicio 2002 se aumenta en $ 600.000 y para el Ejercicio 2003 también se incrementa en $ 600.000. Estamos administrando de la mejor manera posible los fondos y tenemos cooperación externa.

Quiero hacer especial énfasis en la actividad que desarrolla el Fondo Industrial de Defensa Comercial. Como se puede apreciar, en los literales se dice: "A) Realizar la instrucción de las investigaciones que se realicen en el marco de los Acuerdos derivados de la Ronda Uruguay del GATT. B) Asistir a las empresas nacionales que deseen solicitar la realización de las investigaciones antes referidas. C) Asistir a las empresas exportadoras nacionales que sean objeto de investigaciones de este tipo en el exterior. D) Difundir las obligaciones y derechos derivados de los mencionados Acuerdos entre todos los agentes económicos nacionales."

Realmente es un tema importante, porque es la complementación de la política comercial a la estrategia del país en materia de obligaciones, tanto en el marco multilateral de la Organización Mundial del Comercio como en los Acuerdos de integración que se mantienen en el ámbito regional y extrarregional. Como se sabe, hoy la política comercial es parte de los instrumentos más activos que utilizan los países, habida cuenta de que cuanto más se acentúan los procesos de liberación, de desmantelamiento arancelario y de apertura, con más agudeza se desarrollan los recursos para poder defenderse en algunos mercados de la penetración de determinados productos.

Esto es muy importante porque el Uruguay está manejando algunos temas específicos de defensa comercial, así como ciertas denuncias que se realizan, que se le han hecho o que, incluso, está efectuando o analizando. Todo ello implica un asesoramiento permanente a las empresas, sobre todo para defender la estrategia del país en temas tan importantes como, por ejemplo, el "dumping". Quizás, este sea uno de los elementos de competencia desleal que más está afectando la competitividad de muchos países y que los Estados necesitan desarrollar, como asesoramiento directo al sector productivo exportador o comercial en el marco de las políticas comerciales. En este ámbito nos estamos manejando con los recursos que disponemos. Debo decir que contamos con recursos humanos escasos. Tengo que mencionar -y que esto no quede como una reivindicación de lo que inicialmente planteara el Ministerio- que en esta Dirección Nacional de Industrias, nuestra Cartera ha entendido que necesita multiplicar y fortalecer sus recursos humanos. En el Mensaje solicitado inicialmente, no tuvimos la posibilidad de incorporar el núcleo y número de funciones que queríamos aumentar en la Dirección. Entendemos que esta actividad es muy importante y se complementa en el esfuerzo con la Cancillería, con relación a la política exterior de negociaciones, así como con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por tanto, esta ausencia de recursos que creíamos que podíamos disponer para contratar más gente y sustentar un apoyo importante que necesita el sector productivo nacional, la estamos tratando de suplir con cooperación externa y convenios de asistencia técnica con las Naciones Unidas y otros organismos, de modo tal que el sector productivo nacional no quede ausente del apoyo necesario ni tampoco el país, en el fortalecimiento de su política comercial en su carácter global.

En cuanto al artículo 145 su exención no está relacionada con la importancia de carácter institucional. Simplemente, se trata de una regularización de dos ex funcionarios de la Comisión Nacional del Papel, que estando en Comisión se incorporan a los cuadros funcionales del Ministerio, donde desde hace años están trabajando.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero hacer una pregunta, aunque no sé si depende de la Dirección Nacional de Industrias. Si no fuera así, el señor Ministro luego me indicará en qué rubro o artículo iría.

Integro la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, en la que estuvimos hablando sobre la dirección que acredita -no sé bien cuál es su nombre- a las empresas, los aspectos del ISO 9000 y demás. No sé en qué lugar de la órbita está, aunque tengo entendido que el Ministerio de Industria, Energía y Minería estaba dando una oficina para estas acreditaciones. Además, quisiera saber si es consciente que los recursos que esta oficina tiene son muy escasos. Si no es en esta Dirección, le pido al señor Ministro que, cuando corresponda, lo indique.

SEÑOR MINISTRO.- Es oportuna la reflexión del señor Senador. Los organismos acreditadores de las normas de calidad son muy importantes, porque están vinculados a la competitividad del país. En el ámbito del Ministerio, la Dirección Nacional de Industrias tiene competencia en ese sentido, teniendo en cuenta además el relacionamiento con los órganos acreditadores y con los habilitados de carácter internacional que son nacionales. En el caso del Uruguay, tenemos la UNIT de normas técnicas y el LATU. Estas son las dos instituciones que certifican calidad ISO 9000. Aunque esto parezca un poco disuelto en las definiciones de políticas, este es un tema de primera prioridad. Cada día son más estrictas las reglamentaciones y los requisitos de carácter técnico en materia de calidad.

El sector exportador, incluso de producción nacional, necesita reunir estos requisitos de calidad para poder ser competitivo y no ser excluido, entre otras cosas, por algunas medidas de restricciones no arancelarias que se aplican en el exterior, por ausencia de ajuste por parte de los productos o servicios en materia de calidad. Permanentemente, se están realizando estos procedimientos y puedo decir que el Ministerio de Industria, Energía y Minería en materia de calidad, es la única unidad ejecutora que tiene certificaciones de calidad en determinados procedimientos.

Además, está en tratativas con el LATU para asesorar al resto de la Administración Pública en temas que hacen a la calidad en procedimientos de carácter administrativo. Esto no es mérito del señor Ministro ni de esta Administración, sino que se viene ejecutando desde Administraciones anteriores. De todos modos, es importante señalarlo porque no sólo la calidad es en el producto, sino también en los procedimientos. Por otra parte, cada día se es más exigente en estos temas, y tan es así que en el Ministerio tenemos la Fundación Innova, en la que tratamos de desarrollar una política de calidad en consonancia con la Cámara de Industrias, como también con el Comité Nacional de Calidad. Es un tema realmente importante que queremos homogeneizar porque la calidad no sólo debemos verla en los aspectos del producto, sino también en los requisitos que establecemos, por ejemplo, para el gasoducto, las instalaciones de gas o determinadas actividades que son muy sensibles y no hacen tanto a la calidad del producto, sino también a la seguridad de la población en la aplicación de determinadas normas que son estándares internacionales. Por tanto, Uruguay tendrá que ir ajustándose a los efectos de mantener sus niveles de competitividad.

SEÑOR DURÁN.- Me da la impresión de que el señor Senador Michelini se refiere al Organismo Uruguayo de Acreditación, que es una oficina que tiene su sede en un local que le ha cedido la Dirección Nacional de Industrias pero no depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el tema de las acreditaciones surge a partir de una serie de decretos, y el Uruguay tiene un sistema de acreditaciones mixto donde participan privados y el propio Estado. El Organismo Uruguayo de Acreditaciones, que tiene un componente privado aunque sin fines de lucro y da las acreditaciones y recursos a partir de ellas, seguramente en el correr del tiempo va a tener un equilibrio presupuestario. Notoriamente no lo tenía en el pasado, porque primero se crea el organismo y después empieza a hacer las acreditaciones. Sé que tiene un problema de déficit en un porcentaje de recursos. Quiero saber si el Ministerio es consciente de que si por las acreditaciones que da este organismo no va a poder financiar la pequeña infraestructura que tiene y si no se le vuelcan recursos va a tener complicaciones al dar las acreditaciones. Sin duda este Ministerio es el que tiene que ser más partidario de esto porque a través de la calidad y de las acreditaciones se logra entrar a mercados a los que no se podría entrar. Independientemente de que se me pueda dar la respuesta acerca de cuánto cree el Ministerio que necesita este organismo, sería bueno que en el correr de los días viéramos qué nivel presupuestario o de subvención precisa, y si en algún momento esta Cartera lo ha planteado.

SEÑORA ARISMENDI.- Me comprometo a revisar el Presupuesto anterior, pero si no estoy equivocada esto fue parte de un debate en la discusión del Presupuesto aprobado en enero de 1996. Era una unidad ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que desaparece en ese Presupuesto y que a su vez le pasa una serie de potestades al LATU; en su momento, era una unidad ejecutora que recaudaba en función de una serie de inspecciones. Esto puedo corroborarlo a la luz del debate que tuvimos en aquel momento y de los resultados cuando se aprueba el Presupuesto de 1996. Lo estoy diciendo un poco de memoria, pero efectivamente eran competencias de este Ministerio que desaparecen y se trasladan a otras instancias, en particular del LATU, a partir, reitero, del Presupuesto aprobado en 1996.

SEÑOR MINISTRO.- Creo que a lo que se refiere la señora Senadora es al Centro de Productividad y Tecnología. De lo que estamos hablando acá -es la pregunta que hace el señor Senador Michelini- es del organismo de acreditación. Este acredita a los órganos acreditantes. Es el que le da, con la participación del sector público y privado, la posibilidad de otorgar certificados de calidad al LATU y a la UNIT. Está compuesto por el sector público y el sector privado y no depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entonces, en este caso no podemos reclamar determinados recursos porque está fuera de nuestras competencias. Por lo que tengo entendido, está funcionando en el ámbito de la Presidencia de la República en el sistema de control de calidad, pero con la participación del sector privado. Como aspecto funcional es importante porque es el órgano acreditador de los que después son los que acreditan y certifican la calidad en los ámbitos público y privado.

No sé si la señora Senadora se refería a ese tema, pero me parece que estamos hablando del Centro de Productividad Industrial y de Tecnología que funcionaba en el ámbito de nuestro Ministerio y que pasó con determinadas funciones al LATU, pero no es el tema de certificación.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que, si bien está en la órbita inicial de un decreto en la Presidencia de la República, después esos organismos que se crean tienen carácter privado. El Ministerio de Industria, Energía y Minería ha colaborado con este organismo en sus dependencias, incluso dando la infraestructura y un funcionario administrativo. El tema es que sería bueno, señor Presidente, en la medida en que esto está en la órbita del Ministerio en cuestión, que tuviéramos un informe, aunque fuera por escrito, acerca de la situación del Organismo Uruguayo de Acreditaciones, porque arrancó con una subvención estatal que parte la daba el INIA y parte el LATU, y creo que ahora ya no se mantienen o son escasas. Sé que hay algunos artículos que quedan por explicar, pero sería bueno que en el correr de los próximos días nos comunicaran por escrito lo que acabo de solicitar y si realmente con el cobro de las acreditaciones están en condiciones de asumir el Presupuesto este año. Cabe destacar que anteriormente ha tenido subvenciones estatales.

SEÑOR MINISTRO.- Es cierto que funciona dentro de un local facilitado por el Ministerio, pero no tiene funcionalmente ninguna relación; ni siquiera hay funcionarios allí, según me dice el señor Director de Industria. De todas maneras estamos dispuestos a analizar esto para poder respaldar la inquietud del señor Senador Michelini.

Creo que la señora Senadora Arismendi se refería a Metrología Legal, que está dentro de las funciones del Ministerio pero los aspectos de control se han transferido al LATU; mantiene el aspecto funcional y depende de la Dirección General de Metrología.

SEÑOR GARGANO.- Para volver al tema -porque estamos en un tema lateral- me gustaría que el señor Ministro hiciera revisar por los abogados del Ministerio la forma de redacción del artículo, porque hay allí un problema de carácter jurídico, ya que se dice que en el último grado del escalafón y si el sueldo es mayor, entonces el excedente se tomará como una compensación. Me parece que no funciona dentro de las normas que rigen la función pública. Lo que digo no es para tratarlo ahora sino para que lo estudien y si hay que corregirlo, se corrige, a fin de no tener en el futuro un problema legal con dos funcionarios.

SEÑOR MICHELINI.- Si bien tienen razón varios miembros de la Comisión en cuanto a que estamos analizando un aspecto lateral, sería conveniente que si el señor Ministro, introduciéndonos en el tema del Organismo Uruguayo de Acreditaciones, considera que hay un presupuesto que es necesario reforzar, y teniendo en cuenta que hay un capítulo de subvenciones, nos transmitiera si efectivamente cree que este organismo no llega con su presupuesto a fin de este año. Digo esto, porque creo que en uno o dos años su presupuesto ya estaría equilibrado por las mismas acreditaciones. En todo caso, también sería adecuado que nos diera un panorama sobre qué recursos están faltando para ese organismo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Abusando de mi calidad de ex Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, quisiera aclarar el alcance de esta norma. Puedo decir que es correcta pues, en primer lugar, da una opción para los funcionarios de otros Ministerios -es decir, no es obligatoria- en el sentido de que puedan incorporarse al de Industria, Energía y Minería.

Por otro lado, la incorporación que se hace mediante la habilitación de un cargo en el último grado, contradice lo que fue la política tradicional en materia de redistribución, según la cual siempre se hacía en el mismo nivel o cargo que ocupaba el funcionario en el lugar de origen. Lo que sucede es que las normas de la Ley Nº 16.127 han sido derogadas tácitamente por la Ley de presupuesto de 1995, Nº 16.736. De hecho, hoy en día la redistribución funciona exclusivamente mediante la supresión del cargo en la oficina de origen y la habilitación de un nuevo cargo en la oficina de destino.

En consecuencia, señor Presidente, el artículo 145 proyectado se adecua a las normas vigentes en materia de redistribución.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 146 establece lo siguiente: "Asígnase a la unidad ejecutora 011 ´Dirección Nacional de Tecnología Nuclear´ una partida anual de $ 232.400 (doscientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos uruguayos), a ser usada como contrapartida de gastos emergentes de acciones derivadas de la cooperación técnica internacional".

Cabe aclarar que la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear está relacionada técnicamente a nivel internacional con las Naciones Unidas, sobre todo en lo que tiene que ver con la energía atómica y, por lo tanto, la asistencia técnica es muy importante, así como la actividad que desarrolla no sólo en el territorio nacional sino también en el ámbito regional y extrarregional. Por lo tanto, esa contrapartida se destinaría para desarrollar los programas regulares del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Cabe destacar también que el Uruguay recibe cooperación a través de proyectos y se compromete a hacerse cargo de lo que corresponda por concepto de instalaciones adecuadas, recursos humanos y materiales, locomoción, entrenamiento de becarios en el exterior y atención de expertos en el exterior.

Además, nuestro país participa en el Acuerdo Regional Cooperativo para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nuclear en América Latina y el Caribe y asume compromisos concretos, haciéndose cargo de los costos de contrapartida como, por ejemplo, ser sede de distintos eventos regionales, participación en eventos en el exterior y gastos de infraestructura y funcionamiento.

En cuanto al plan de acción que se ejecuta entre la Dirección de Tecnología Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, se implementa el Acuerdo de Cooperación en el Campo de Uso Pacífico de la Energía Nuclear, suscrito en 1968 entre ambos países. De acuerdo con la distribución de gastos establecida en el referido plan, la Dirección se hará cargo de los traslados de su personal, de abonar los viáticos de los expertos y de los becarios que así recibe como representantes en las distintas reuniones de programación y coordinación. En este caso se prevé utilizar expertos argentinos para la realización de cursos de capacitación, requisito básico para el otorgamiento de licencias individuales de protección radiológica.

Quizás, para el común de la ciudadanía, este tema puede parecer algo esotérico, pero es realmente de gran importancia, pues se trata de una actividad que realmente administra todos los aspectos de la tecnología nuclear, no sólo con respecto a la seguridad, sino además con relación al rol que cumple el Uruguay, tanto a nivel regional como extrarregional en materia de cooperación externa. De manera que es un punto de referencia para la Organización Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, y, además, realiza cursos de carácter regional en combinación y complementación con la Universidad de la República, la Facultad de Medicina y, últimamente, en la modalidad a distancia de capacitación para los administradores o quienes tienen a su cargo la administración de recursos de distinta tecnología en la que se utilizan insumos nucleares.

Es por estos motivos que la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear necesita esta partida como complementaria de la cooperación externa que proviene de las Naciones Unidas.

El artículo 147 refiere a una partida para realizar un relevamiento a nivel nacional con el fin de actualizar el Registro Nacional de Fuentes de Radiaciones Ionizantes. La Dirección Nacional es la autoridad nacional de regulación y control radiológico; fiscaliza y controla el cien por ciento de las radiaciones ionizantes del país, incluyendo el término de materiales radiactivos y equipos generadores de radiaciones ionizantes; esto con referencia a todo lo existente en el territorio nacional. El Uruguay recibe del exterior la totalidad de las fuentes de radiaciones ionizantes. El inventario actual con que cuenta la Dirección Nacional se ha conformado a partir de notificaciones obligatorias que, de acuerdo con la normativa vigente, realizan los importadores desde el año 1984 a la fecha, razón por la cual no se dispone de información sobre fuentes que hayan ingresado antes de esa fecha.

Por lo tanto, se está en presencia de un tráfico, no en el ámbito nacional pero sí en el internacional, de tendencia ilegal en fuentes de diversos orígenes como, por ejemplo, las provenientes de la ex Unión Soviética y países que no integran el sistema de las Naciones Unidas. En el mundo existen numerosos antecedentes de accidentes ocurridos recientemente que involucran tanto a fuentes declaradas como huérfanas, con consecuencias fatales en términos de vidas humanas, así como de impacto negativo sobre la economía de los países y de costos políticos asumidos por autoridades a cargo de los organismos de regulación y control radiológico. Ejemplo de esto son Goiania en 1985, Estonia en 1994, Georgia en 1997, Turquía en 1993, México en 1997, España en 1998, a los que debe agregarse algunos recientes, entre los que se incluye un accidente con un submarino nuclear de Rusia.

Todos estos temas están a nivel de preservación de la salud y de la política en materia de fuentes radiactivas ionizantes y es lo que quiere desarrollar la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Por su parte, el artículo 148 da la opción a los funcionarios presupuestados o contratados que estén prestando funciones en comisión en el Ministerio de incorporarse de acuerdo con las bases que se establecen y en función de las normas vigentes.

El artículo 149 es un aditivo aprobado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR ASTORI.- Seguramente, existe un error de numeración, porque este es un aditivo que con el número 134 se agregó en la Cámara de Representantes, el que, por otra parte, hubiera hecho inútil toda la discusión que tuvimos con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas acerca del tema de los asfaltos. Si no me equivoco, este artículo figuraba con otra numeración pero, en todo caso, implica la derogación del monopolio, tema sobre el cual, reitero, estuvimos discutiendo con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR GARGANO.- Creo que además debe corregirse la numeración en el texto de las disposiciones citadas, pues el que tiene ese número habla de un tema relativo a los corredores de las casas bancarias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, señor Senador, la Secretaría ya había advertido el error en la cita.

SEÑOR NIN NOVOA.- Teniendo en cuenta que este artículo es un aditivo que viene de la Cámara de Representantes, me gustaría conocer la opinión del señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- De acuerdo con la información que hemos recabado, lo que se entiende es liberar la importación y la venta de derivados asfálticos en el país, favoreciendo tanto la importación por parte del sector privado como la comercialización que hoy realiza en ente estatal . Se refiere a la importación de carácter monopólico y a la comercialización, que también es restringida. No se va a obstaculizar esa importación, sino que simplemente se crearán condiciones de competencia de tal forma que quienes utilizan el derivado asfáltico como insumo tengan acceso a una competencia que, de alguna manera, les permita obtener mejores precios.

SEÑOR MICHELINI.- Esta discusión ya la tuvimos con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, quien señaló que el 98% de los asfaltos los consume el Estado en calles, carreteras y caminos, pero siempre nos quedó la duda de si existía un monopolio total o no. Sería bueno saber si esta referencia está mal -y entonces hay una equivocación administrativa-, si la referencia es otra o si, realmente, el 2% ó 3% que no consume el Estado está desmonopolizado hace mucho tiempo. Por lo menos, quisiéramos sacarnos esa duda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar por concluida la sesión, recordamos a los señores Senadores que no nos han hecho llegar los nombres de los integrantes de la Subcomisión de Audiencias que mañana comenzará a trabajar.

Agradecemos la presencia del señor Ministro de Industria, Energía y Minería, del señor Subsecretario y de los señores asesores, y valoramos la muy clara información que nos han brindado.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 47 minutos)