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Carátula

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 18 minutos)

La Comisión tiene el agrado de recibir nuevamente al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, acompañado por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Economista Ariel Davrieux y sus asesores, para continuar con la consideración del proyecto de ley de Presupuesto. Luego de escuchadas las explicaciones brindadas en la sesión pasada por el señor Ministro y el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ingresaríamos ahora al estudio del Capítulo relacionado con los subsidios y subvenciones.

SEÑOR MINISTRO.- Este tema va a ser expuesto, en detalle, por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero antes quisiera hacer una aclaración de orden personal.

Motivado por la visita del señor Presidente de Chile y sus Ministros, estoy en la obligación de concurrir a una reunión que me llevará algo más de media hora en el correr de la mañana, por lo que en ese lapso me ausentaré de la Comisión.

En ese sentido, me excuso por las molestias que pueda causar a la Comisión, pero estoy urgido por una razón de protocolo que, como saben los señores Senadores, no puedo ignorar.

Obviamente, mi intención es reintegrarme al trabajo de la Comisión tan pronto termine con ese compromiso.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera plantear una cuestión de orden.

Por mi parte, no estoy en desacuerdo con que sigamos avanzando en el estudio de lo que está escrito, pero me parece que esta Comisión, después de haber escuchado la primera exposición del señor Ministro acerca de la política económica y el diseño presupuestal para los próximos cinco años, tiene que darse la oportunidad de discutir si ello es correcto o no. ¿Adónde apunta el país? ¿Qué problemas enfrenta la actual situación y qué se espera como resultado de la gestión gubernamental en el plano económico en estos cinco años? No sé qué criterio vamos a adoptar, porque de lo contrario, tomamos el texto que vino del Poder Ejecutivo, página por página y liquidamos el asunto estudiando cada uno de los artículos, para después pasar al Plenario. De pronto, abreviamos, y en diez días terminamos el trabajo, pero me parece que esto da mérito a que hagamos un examen para saber si el diseño que ha hecho el Gobierno es correcto o no y, en ese sentido, podemos intercambiar alguna opinión al respecto.

Entonces, planteo mi posición al señor Presidente y a los miembros de la Comisión, para saber qué criterio se va a adoptar, si el que mencionó la Mesa en el sentido de estudiar el capítulo de los subsidios o si se puede abrir un debate de análisis del diseño de la política económica.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: naturalmente que la Comisión es dueña de sus tiempos, pero todos hemos percibido que faltando 34 días hemos podido analizar 16 artículos originales más tres aditivos. La idea que teníamos nosotros, en especial porque se reclamó en función de que faltan 34 días de trabajo de la Comisión y estamos en algo más de una semana de la fecha de vencimiento de ingreso del Mensaje Complementario, es tratar de analizar, por lo menos, las partes más sustantivas del proyecto y aprovechar la visita de quien nos viene a informar.

Podemos hacer el debate en el Plenario o con el señor Ministro, pero si hacemos esto último, ostensiblemente, no vamos a tener el tiempo del titular de la Cartera ni de la Comisión para analizar las disposiciones y los planillados.

Entonces, en lo personal, sin prohibir por ello ningún tipo de discusión, me parece que la Comisión en esta etapa y con estos plazos, debería abocarse a ser informada a propósito de los asuntos concretos, más que a generar un debate, que seguramente nos puede llevar dos, tres o cuatro días, luego de lo cual, en consecuencia, no estaremos en condiciones de ser informados, por lo menos en los plazos útiles. En lo que me es personal, prefiero hacer lo que la Mesa ha indicado. Sin perjuicio de ello, la Comisión es dueña de su tiempo y no es un obstáculo el hecho de que no estemos de acuerdo si la tesis es empezar a debatir sobre los objetivos de la política económica con el señor Ministro.

En definitiva, será la Comisión la que indique cuál es el camino que se desea recorrer.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Por mi parte, coincido con las apreciaciones del señor Senador Atchugarry. Agregaría que es absolutamente importante aprovechar el tiempo dentro del período que falta para recibir el Mensaje Complementario. Ya han transcurrido ocho días y me permito recordar a los señores Senadores que desde el viernes al lunes inclusive, la Comisión no se va a reunir...

(Dialogados)

Creo percibir, por algunas palabras que me llegan desde la izquierda, que se desearía trabajar el sábado, el domingo y el lunes. Podría ser una propuesta del señor Senador Couriel que después explicitará con detalle. Pero, si así no fuera, me remito a lo que hasta ahora ha dispuesto la Comisión.

Ahora bien, como el tema que propone el señor Senador Gargano, que es singularmente importante, puede tratarse después de vencido ese período, preferiríamos oír la mayor información posible sobre los temas que todos sabemos son pasibles de estar contenidos en un Mensaje Complementario en la forma y oportunidad que se determine. Si se prefiere comenzar por el Mensaje Complementario, a tientas, me gustaría que respecto a ANEP –que descuento tendrá el Mensaje Complementario- tuviéramos la oportunidad de dialogar con sus autoridades. Si no es así, tendremos reuniones fuera del ámbito normal con ANEP, para saber qué es lo que se piensa. Lamentablemente, en forma simultánea, otros señores Senadores deberán reunirse con el Ministerio. Me parece, señor Presidente, que lo más lógico es recorrer el camino que la Constitución nos traza; y ese es el camino. Después de esos pocos días, sin lugar a dudas, podremos enfrascarnos con el más amplio derecho en largas discusiones sobre política económica, lo que esperamos no nos impida al final poder votar algo, en cumplimiento de nuestra tarea, para pasar al Plenario.

Por lo tanto, sigamos con lo que estamos y no nos enzarcemos en cambiar el programa.

SEÑOR GARGANO.- Creo que siempre es conveniente comenzar la jornada con una sonrisa, pero lo que he planteado no es un tema de estar alegre o de sonreír, sino de ver cómo organizamos el trabajo.

La coalición de gobierno, es decir, los Partidos Nacional y Colorado, han marcado los tiempos en los cuales hemos trabajado. El jueves dijeron que el viernes no se trabajaba, y así se hizo; expresaron que el señor Ministro tenía que ir a Brasil, no vino y no trabajamos durante dos días. No queremos pautar los días de trabajo al señor Ministro, que tiene cosas muy importantes que hacer, pero quien marca los tiempos de trabajo de la Comisión no es el Encuentro Progresista – Frente Amplio o el Nuevo Espacio, sino los señores Senadores del Gobierno.

Por otro lado, no me parece inconveniente, sino muy importante, que se vea lo que va a tener el Mensaje Complementario. ¿Cómo podemos saber lo que él contiene si el señor Ministro viene acá y nos dice que va a haber un recorte de la inversión de tantos millones de dólares para el primer año, para el segundo, para el tercero y para el cuarto? Nos gustaría saber qué está planteándose la coalición de gobierno en cuanto a ANEP, a la Universidad de la República, etcétera. ¿No es conveniente discutir los capítulos fundamentales o sólo tenemos que analizar los subsidios y subvenciones para las 45 organizaciones a las cuales vamos a votar $ 45.000 a unas y $ 200.000 para otras?

Me parece muy importante hablar de lo otro más allá de los tiempos que apremiaban tanto al señor Senador García Costa el día jueves, cuando pedía que se actuara rápidamente, porque transcurrían los días y no se sabía qué opinaba el Partido Colorado sobre el contenido del Mensaje Complementario. Al Partido Nacional, como miembro del Gobierno, le interesaba saber qué iba a votarse; a mí también me importa mucho, como miembro de la oposición.

Entonces, planteo que se discuta eso para saber cómo vamos a actuar con relación al otro tema. De pronto, cambiamos nuestro voto y apoyamos algunos artículos, para dar la posibilidad de que ese Mensaje Complementario contemple algunas situaciones difíciles que se están dando en el país.

Esta no es una discusión política en vano, sino que es lo más importante que tenemos en estos cinco años, en el Poder Legislativo.

SEÑOR SANABRIA.- Es bueno señalar que los acuerdos políticos vinculados al trabajo de la Comisión han sido por consenso y por unanimidad. No surge de las actas ni de ningún contacto de coordinación, que haya habido oposición en cuanto a los programas que la Mesa y la Presidencia han procesado en estricta consulta con todas las bancadas políticas. Si así no fuera pediría que se planteara como cuestión de fondo porque, en ese caso, estaríamos todos equivocados en lo que venimos manejando. Hasta este momento, todo el trabajo que se ha hecho en coordinación con todos los sectores políticos ha sido aprobado por unanimidad. De las palabras del señor Senador Gargano, surgiría que la coalición de gobierno ha tomado iniciativas sin consultar a las demás bancadas, y no es así.

En el otro aspecto, el ámbito de la discusión política de este Presupuesto es cuando se comienza a votar en general; siempre ha sido así en la Comisión y en el propio Senado de la República. Si estamos escasos de días, como todos sabemos, evidentemente tenemos que seguir analizando el articulado a los efectos de generar condiciones de conocimiento, análisis y consulta, para saber qué vamos a votar.

En ese sentido, si no hay un planteo concreto de la modificación de agenda, creo que tenemos que seguir trabajando, ya que se encuentra presente el equipo económico, para brindar la información que se requiera.

SEÑOR GARGANO.- Vamos a terminar con esta discusión que nos está insumiendo demasiado tiempo. De todos modos, quiero contestar una alusión política que ha hecho el señor Senador preopinante. No digo que no hayamos dado nuestro acuerdo a que se trabajara como se hizo, sino que hemos sido demasiado contemplativos; nos han dicho que es mejor hacer esto y lo hemos aceptado. Entonces, vamos a pedir que se vote el procedimiento que sugiere el señor Senador Sanabria o el señor Presidente de la Comisión o lo que planteamos nosotros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Teniendo en cuenta que el señor Senador Gargano hizo un prolijo inventario de los días que no se pudo reunir la Comisión, atento a la ausencia obligada del señor Ministro de Economía y Finanzas, la Mesa le recuerda también que el miércoles de mañana no pudimos sesionar, a pedido expreso del sector que él integra. De manera que hay que aclarar las cosas.

Escuchada la moción del señor Senador Gargano, se pone a votación el régimen de trabajo propuesto para el día de hoy por la Mesa, comenzando por el inciso 21, "Subsidios y Subvenciones" o, por el contrario, se ingresa a una discusión sobre las políticas económicas.

La Mesa aclara que los señores Senadores que voten por la afirmativa, votarían para que se comience a trabajar por el inciso 21, que he mencionado anteriormente.

(Se vota:)

9 en 17. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que puso a votación la Mesa es una falsa oposición. Hoy estamos convocados para discutir estos temas. Lo que planteaba el señor Senador Gargano era ajustar o acordar una fecha, lo más pronto posible, para analizar otro tema. Pero él no propuso cambiar todo el régimen de trabajo en el día de hoy. Entonces, voté negativamente porque ese no era el espíritu de la discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Michelini ha hecho un comentario respecto a la forma en que la Mesa ha interpretado la moción del señor Senador Gargano, pero la Mesa no tiene más remedio que poner a votación lo que él solicitó.

SEÑOR DAVRIEUX.- En el Capítulo relativo a subsidios y subvenciones hay, básicamente, dos componentes: uno, referido a empresas públicas y otro, a diversas organizaciones privadas. En lo relativo a subsidios o a financiación en las empresas públicas, en general, no hubo modificaciones en la Cámara de Representantes y sí las hubo en cuanto en las subvenciones en las empresas privadas.

Los artículos que se refieren a empresas públicas son el 323 y del 326 en adelante. En primer lugar el artículo 323 hace referencia a los Ferrocarriles del Estado y establece los subsidios anuales para todo el período 2001 – 2004, determinando que, en la medida en que exista un programa de mejoramiento de la empresa, que supone una reducción paulatina –esperamos que se produzcan en forma bastante rápida sus gastos de funcionamiento y, en consecuencia, sus subsidios de funcionamiento- quedarán partidas liberadas que permitirán, por un lado, cancelar una deuda con el Banco de la República por la adquisición de material ferroviario –realizada en el marco de la deuda con la Federación Rusa- y, por otro, destinar los saldos al plan de inversiones de financiamiento de las líneas férreas. El monto total previsto es del orden de unos U$S 22:000.000 anuales. Por otra parte, el artículo 326 fija las partidas para el Plan Agropecuario y el 327, 328, 329 y 330 se refieren al Instituto Nacional Colonización, a PLUNA y a la Dirección Nacional de Correos. Detrás de la propuesta del Poder Ejecutivo está el planteo de ir hacia una paulatina reducción de los subsidios para el mejoramiento de la gestión de las empresas públicas. De hecho, el Instituto Nacional de Colonización en el Presupuesto anterior no tenía ningún tipo de subsidios pero, debido a todo el problema del sector agropecuario, culminó el período con un déficit a fin del año 1999 que impone que, desde el año 2000 en adelante, tenga que recibir algunos subsidios para sus gastos de funcionamiento; se espera que esta situación se vaya regularizando a lo largo del período.

En el caso de PLUNA, se presenta una situación en la cual el Estado se hizo cargo de la deuda que tenía la empresa por la adquisición de los aviones 737 –los cuales sigue volando la empresa PLUNA S.A.- y se espera que en un par de años se pueda culminar el proceso de eliminación de los gastos de la empresa, para que permanezca como es, de hecho, actualmente. PLUNA, como Ente Autónomo, sólo se encarga de administrar o representar el Estado en la sociedad anónima y eso puede resolverse con partidas bastante menores.

En la Dirección Nacional de Correos, también se presenta toda una tabla de decrecimiento que, en el marco de una actividad que ha venido mejorando claramente desde el año 1996 en adelante, supone una reducción paulatina en los subsidios que le corresponden en todo el período.

SEÑOR RUBIO.- Me gustaría que el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ampliara la situación de PLUNA, desde el punto de vista presupuestal, y de este servicio de deuda. Entiendo cuál es el criterio que se maneja, pero me pareció muy escueta la explicación.

SEÑOR DAVRIEUX.- Con respecto a PLUNA tenemos, por un lado, el servicio de deudas que, incluso, nos llevó a un intercambio de opiniones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Quien habla entendía que esta deuda había sido asumida por el Gobierno y podía ser incluida dentro de los desembolsos financieros del Gobierno y no como un subsidio a la empresa. También estaba el criterio de que, en realidad, el deudor original era PLUNA y, entonces, debía hacerse un subsidio a dicha entidad que luego se le volcaba al Gobierno, para que lo entregara al Banco Central y éste pagara la deuda. De hecho, por lo que tengo entendido, la operatoria es directa. Simplemente, el Banco Central paga la deuda de PLUNA que está incorporada dentro de la deuda refinanciada en el llamado Plan Brady y se lo debita al Gobierno. Pero, en lugar de debitarlo a las cuentas de desembolso financiero, lo hace como un subsidio a PLUNA, Ente Autónomo. Se trata de pagos que hay que hacer para cancelar la deuda a lo largo de un período bastante extenso, ya que la refinanciación de la deuda del Plan Brady tiene un período de hasta treinta años.

En cambio, lo que figura en el artículo 328 se refiere a la financiación de los gastos corrientes de PLUNA. La mayor parte de éstos no son, en realidad, efectuados por la empresa, sino que se trata de aquellos funcionarios que, habiendo sido declarados excedentarios, no fueron redistribuidos y permanecen en planilla de disponibilidad. A esos efectos, en su momento se había presentado un artículo que establecía la posibilidad de que los funcionarios de PLUNA pudieran ser redistribuidos dentro del departamento o en uno limítrofe. La situación que se da es que se trata de funcionarios que están en planilla de disponibilidad y se les puede asignar un trabajo en otras oficinas del Estado, porque así lo permite la Ley Nº 16.736, pero la ley vigente que se les está aplicando y que es anterior, prevé que puedan excusarse de pasar a desempeñar nuevas tareas si el nuevo lugar de trabajo estuviera fuera del la localidad en que viven. Por lo tanto, los que viven en San José de Carrasco pueden negarse a venir a trabajar a Montevideo, porque les queda muy lejos. Hay funcionarios que se encuentran dentro de este régimen vigente y, entonces, se les sigue pagando a través de PLUNA, y tiene que aparecer una subvención en este sentido. Aparte de esto, efectivamente, están algunos gastos de funcionarios que están trabajando en PLUNA; se trata, básicamente, de las Secretarías de los Directores, porteros y choferes. Tenemos, también, los gastos de los sueldos –que, en parte, están financiados por lo que se cobra- del personal que realiza el servicio de tierra en el Aeropuerto Laguna del Sauce. Esta es la única actividad que realiza PLUNA, como Ente Autónomo, mediante un acuerdo que cubre la mayor parte de estos gastos y reduce, en parte, lo que sería el déficit si estas personas estuvieran en planilla de disponibilidad -como podría suceder- sin realizar ningún tipo de tarea.

La idea que se refleja en estas cifras. -que, como se observa, tienen una irregularidad si se quiere sospechosa- tiene simplemente el propósito de ir reduciendo estos subsidios. Es la misma que se tenía cuando se formuló el Presupuesto, porque se consideraba la posibilidad de redistribuir funcionarios no sólo en San José de Carrasco, sino también en Montevideo sin que se negaran a ser trasladados. No hemos hecho una evaluación en cuanto a si esta reducción es posible, ya que no fue aprobada la norma que permitía distribuir funcionarios que, en principio, tuvo una mayoría tanto en la Comisión como en la Cámara. Como se entendió que esto requería una mayoría especial, dicho artículo no fue aprobado.

SEÑOR RUBIO.- Me resulta ilustrativa la explicación dada. Ahora bien; en cuanto a PLUNA Sociedad Anónima, ¿hay alguna previsión en el ámbito del Presupuesto?

SEÑOR DAVRIEUX.- PLUNA Sociedad Anónima es, precisamente, una sociedad anónima en la cual hay participación del Estado y en el Presupuesto no hay ninguna previsión en ese sentido, por lo menos de la que yo tenga conocimiento.

SEÑOR RUBIO.- Comprendo, señor Director. Pero en el ámbito de Planeamiento y Presupuesto, ¿existe algo con respecto a su evolución? Digo esto porque, si la evolución no es conveniente, esto puede tener alguna consecuencia en el orden financiero. Hago este planteamiento, no a los efectos del debate presupuestal, sino para tener claridad en cuanto a la situación.

SEÑOR DAVRIEUX.- No puedo informar totalmente en este sentido, pero entiendo que el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas ya estuvo en la Comisión. Digamos que la competencia en materia de política de transporte y, en consecuencia, lo que se vaya a hacer con participación del Estado en PLUNA Sociedad Anónima, está dentro de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Realmente, no me gustaría invadir competencias en este tema por lo que, si el señor Ministro no creyó del caso plantear este tema o no le fue consultado, no sería correcto ponerme a especular sobre lo que él está pensando hacer en esa área.

SEÑOR RUBIO.- Tomamos nota.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión tiene conocimiento de que el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas habrá de volver a este ámbito cuando se aborde nuevamente su Inciso.

Continúa en el uso de la palabra el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR DAVRIEUX.- Decía que, en este caso, la política general que trataban de reflejar estos artículos era una reducción en las subvenciones a través de un mejoramiento de los servicios. En realidad, más que una previsión, fija una política en la cual se quiere enmarcar a los Directorios, tanto a los actuales como a los que ingresen, y cuáles serán los recursos con que van a contar, así como lo que deberán hacer para administrar los organismos sin mayores aportes del Estado.

En el caso de la delegación de nuestro país en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, cabe aclarar que, por un decreto de enero de 1995, los ingresos uruguayos por la venta de energía van directamente al Estado. A su vez, éste se hace cargo de los gastos –de la parte que corresponde a Uruguay- no de la delegación sino de funcionamiento de la planta de la Represa y del servicio de deuda. Esto corresponde, aproximadamente, al 50% de los gastos, para lo que se están previendo unos U$S 14:000.000 o U$S 14:500.000 anuales. Esto marca una continuación de la política de reducción de esos gastos que, en algún momento, estuvieron en el orden de los U$S 25:000.000, y a principios del período pasado fueron bajados a U$S 16:000.000, lo que también indica una pequeña reducción. Por ejemplo, ya estamos en el límite de la cantidad de funcionarios, que son alrededor de 200 de cada país que prestan funciones en la represa.

SEÑOR GALLINAL.- Deseo hacer una pregunta al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con respecto a la Administración Nacional de Correos.

Concretamente, deseo conocer cómo fue la evolución de la Administración en estos últimos años, básicamente, cuáles son las razones que llevan al Poder Ejecutivo a otorgarle los subsidios que aquí se determinan. De acuerdo con los últimos relevamientos que hemos conocido a través de la prensa, se trata de una de las instituciones o empresas del Estado de la que se tiene mejor opinión, por su eficiencia.

Eso me lleva a preguntar al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ¿con cuántos funcionarios cuenta esa Administración y cuáles son los rubros o razones en virtud de las cuales se establecen los subsidios que aquí se proponen por parte del Poder Ejecutivo?

SEÑOR DAVRIEUX.- Antes que nada, aclaro que no tengo un detalle exacto de las cifras, pero naturalmente podemos hacerlas llegar al señor Senador Gallinal y a la Comisión, para saber a cuál ha sido la evolución.

Como ustedes sabrán, hasta 1995 la Administración Nacional de Correos era una oficina centralizada del Ministerio de Educación y Cultura y, en su mayor parte, prácticamente todos sus sueldos eran pagados por Rentas Generales. Entonces, si la imaginamos como una unidad autónoma –que, en realidad, no era- los recursos que obtenía el Correo, básicamente, servían para pagar los gastos de funcionamiento y algunos complementos de los sueldos de los funcionarios. Esa cifra era, sin duda, bastante superior a los U$S 10:000.000 en aquel momento. Incluso, tenía proventos importantes -actualmente son recursos de recaudación directa afectados para el uso directo de las oficinas, que luego eran extrapresupuestales pero, en definitiva, eran proventos- y un porcentaje de ellos se destinaba a financiar parte de sueldos del resto del Ministerio de Educación y Cultura. De modo que el tema era un poco complejo, porque se le retiraba al Correo una parte de los ingresos como una especie de impuestos para sueldos del resto del Ministerio y, a su vez, los básicos eran pagados por éste. Pero, de todos modos, las cifras eran bastante superiores a los U$S 10:000.000. Además, existía el Porte Postal, que era bastante importante y que representaba alrededor de U$S 6:000.000 o U$S 7:000.000.

En 1996, la propia Ley de Presupuesto le da a la Administración Nacional de Correos el carácter de un Servicio Descentralizado y comienza a tener una mayor operativa. El mejoramiento de su imagen está ligado, sin duda, al hecho de que las cartas empezaron a llegar, se establecieron procedimientos de control y seguimiento de cartas y mejoraron las retribuciones de los funcionarios. Básicamente, esto se dio a través de mecanismos de incentivos a la productividad o al rendimiento, ya que estaba ligado a la cantidad de envíos que llevaban los carteros, lo que luego también se extendió a los encargados de la distribución, etcétera.

El subsidio fue bajando en más de U$S 10:000.000 y se está planteando que en el Ejercicio 2000 esa cifra sea del orden de los U$S 6:000.000; su descenso se seguiría produciendo el año próximo y la idea es, simplemente, que en el 2003 desaparezca.

Por otra parte, en la propia Ley Nº 16.736 se decidió que el Porte Postal estaría vigente hasta el año 2004 y luego desaparecería. Existió algún proyecto de ley que en algún momento fue consensuado, aunque luego se discutió si lo había sido; finalmente, no fue aprobado. En virtud de la normativa de esa propia ley, que establece que son parte del ingreso del Correo lo que cobren de los usuarios y de sus permisarios, se fijó una partida bastante menor, del orden de los U$S 12:000.000, para el año 2000 a fin de cubrir el déficit, aunque también en la misma línea de reducción.

Diría que, de aquellos U$S 16:000.000 de 1995, ahora estamos en aproximadamente U$S 7:000.000. Según el proyecto, la idea es que esto vaya desapareciendo. El Poder Ejecutivo está analizando un proyecto de ley que elimina el monopolio del correo, ya que es uno de los que continúa vigente y hay muchos organismos privados que realizan porte de correspondencia. El Correo es un monopolio de la Administración Nacional de Correos y los que trabajan sólo lo hacen en uso de lo que se llaman permisos precarios, que pueden cesar en cualquier momento. En consecuencia, se procura que lo que se está viviendo con la existencia de 100 empresas de correo privado, se opere en un mercado libre eliminando el monopolio para permitir que las empresas operen en ese mercado. A esos efectos, se quiere introducir –tema sobre el que se ha hablado a fin de incluirlo en el Mensaje Complementario- una unidad reguladora que, junto con las telecomunicaciones, regule el mercado de correo. Se trata de que este sea, realmente, un mercado donde exista competencia, y no un monopolio en el que éste fija, hasta donde desea, límites a la operación de los privados.

SEÑOR MICHELINI.- En la medida que el contador Davrieux fue avanzando, tengo inquietudes sobre algunos artículos anteriores.

Una de ellas se refiere al artículo 323, donde se plantea la subvención con respecto a AFE. Quizá el segundo ítem sobre la ampliación del plan de inversiones requiera otorgar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas alguna facultad para que los mismos créditos sean usados de alguna otra manera. De lo contrario, ese plan de inversiones no se podría desarrollar. Cabe aclarar que ese tema lo está trabajando la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado de la República y, en su oportunidad, lo pondremos en conocimiento de esta Comisión para que lo evalúe.

En el artículo 324 tengo una pequeña duda. No sé si el señor Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto se refirió al tema, pero hay un ítem que se refiere a la Comisión Nacional de Centros CAIF. No sé si está bien puesto el nombre. Por la información que poseo, hay dos entidades que se ocupan de CAIF. Una de ellas es de carácter nacional -donde está presente el Ministerio, el CODICEN y otros organismos del Estado- que se llama, si no me equivoco, Comité y no Comisión.

Además hay una Comisión, que es una ONG, pero igual se le llama Comisión. Me gustaría saber a cuál se le quiere dar la subvención y los fundamentos pertinentes. Si no se cuenta con la información ahora, más adelante se puede acercar. Concretamente, pregunto si es un error y si se quiere dar el dinero al organismo que tiene integrado al Estado, o si los argumentos son otros.

Por otra parte, hay un artículo –no recuerdo el número- que dice que los Entes Autónomos que se asociaran con privados, tanto internamente como con el exterior, deberán tener una serie de condiciones de transparencia y de auditorías. Yo comparto totalmente este criterio, pero la pregunta que quiero hacer es si la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande –que me parece bien que se le dé una subvención y que los recursos se viertan al Estado- tiene algún control o se le realiza alguna auditoría por parte del Estado con respecto a cómo autoriza los gastos globales.

Si el orden jurídico no fuera claro, quizás habría que poner que en la medida en que se le está dando una subvención, como contrapartida existiera una norma o un mecanismo –y esta es otra pregunta para el contador Davrieux- que le permitiera al organismo correspondiente tener claridad y transparencia en el manejo de esta subvención que está haciendo dicha Comisión.

SEÑOR DAVRIEUX.- Con respecto a los artículos 324 y 325, todavía no he hecho ninguna mención. Por lo tanto, preferiría contestar en primer lugar las preguntas formuladas con relación al artículo 323 sobre AFE y al 331 sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para luego retomar el 324 y 325, los cuales no pasé por alto, sino que primero quise referirme a los que atañen a las empresas públicas y luego a los de empresas privadas.

SEÑOR RUBIO.- No sé cuál es el orden previsto, pero antes de ingresar a la última parte, tendría algunas preguntas para formular con respecto al artículo 326, referido al Plan Agropecuario.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con relación al artículo 327, sobre el Instituto Nacional de Colonización, quisiera saber cuál es el régimen planteado y qué se proyecta en cuanto a los subsidios que van disminuyendo a partir del año 2000 en adelante. Además, si se cuenta con la información ahora -si no se podrá traerla en otra oportunidad- me gustaría saber cómo se dio esto en el quinquenio anterior.

SEÑOR RUBIO.- Mi pregunta se refería a la situación de las transferencias al Plan Agropecuario. Según entiendo, la situación jurídica no se modificó y en el último Presupuesto hubo una innovación. Sin embargo, no sé cómo han evolucionado los montos. Sé que hubo un cambio en la Cámara de Representantes en la medida en que para cubrir todo el Período se previó solo uno de los conceptos, que era el de gastos, y se hizo extensivo al resto.

SEÑOR DAVRIEUX.- En primer lugar, con respecto al artículo 323 sobre AFE, aquí se establecen subsidios y subvenciones. Para destinar a inversiones dentro de la empresa, el subsidio es suficiente con esta norma y no requiere la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero para el plan global de AFE sí se requiere de dicha intervención porque su Plan de Inversiones incluye a partir del año 2001 una partida relativamente menor, dada la dimensión de la tarea, de U$S 2:600.000 y otra del orden de los U$S 12:000.000 anuales adicionales para obras a realizar en infraestructura ferroviaria con fondos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En su momento se habían estudiado dos alternativas y se optó por una de ellas.

El plan de AFE implica que la empresa se divida en dos partes: una referida a la empresa de transporte, o sea, llevar cargas de un lugar a otro, y la otra está relacionada con la construcción y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. En algún momento se pensó que esta tarea podía ser asumida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la misma manera en que es competencia de este Ministerio la construcción y mantenimiento –al menos su contratación- de la vialidad nacional, es decir de las carreteras y caminos nacionales. La opción elegida fue mantener la empresa integrada con las funciones que sigue cumpliendo, pero separando contablemente las tareas de transporte que deberían autofinanciarse de la parte de infraestructura, que mantendría algo de este subsidio y recibiría, además, otro componente de subsidio para la parte de construcción y el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por un monto para los cinco años, si contamos desde el 2001 al 2005 –año en el que se aplicaría el Presupuesto del 2004- de aproximadamente U$S 50:000.000 adicionales. Esto haría que la empresa efectuara en ese período una inversión próxima a los U$S 90:000.000 a U$S 100:000.000, por lo que se piensa que las líneas férreas estarían en condiciones de poder absorber gran parte del transporte pesado forestal que se realiza básicamente de Rivera a Montevideo y de Tacuarembó hacia Fray Bentos y Paysandú, aunque las distancias a estas dos últimas ciudades son menores y las áreas forestadas no justifican los traslados hacia el ferrocarril, con lo que estos traslados se harán normalmente por camión.

SEÑOR GARGANO.- Según tengo entendido, el contador Davrieux había optado por examinar los artículos referidos a las empresas públicas. A este respecto, quisiera formular alguna pregunta relacionada con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, aunque no sé si entra dentro del esquema que él se había trazado. La pregunta es la siguiente. Este monto de $ 167:792.800 asignado, ¿son transferencias que se realizan para el funcionamiento de la Comisión? ¿Cómo se distribuye el gasto? ¿Se retribuye al conjunto de los funcionarios o sólo a los integrantes de la Comisión?

Por otra parte, siempre quisimos saber y nunca pudimos averiguar a dónde van los resultados financieros de la operativa de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Es decir, dónde se vierte y cuál es el monto que el Estado obtiene por el funcionamiento de la represa de Salto Grande en materia de beneficios económicos. Esta es una vieja inquietud del ex Senador Mallo que nunca logró ser despejada durante aproximadamente diez años. Me parece que ahora podemos estar en condiciones de saber cuánto dinero se traslada desde esa Comisión al Estado porque se supone que todo se vierte al Gobierno y luego éste, mediante transferencias, cubre los gastos de los integrantes de la delegación uruguaya, o sea, de los obreros, de los técnicos y algunos gastos de funcionamiento de otra naturaleza.

SEÑOR NIN NOVOA.- Se ha hablado de que se va a cancelar la deuda con el Banco de la República, en el marco del acuerdo con la Federación Rusa por la compra de rieles. Concretamente, deseo saber si este acuerdo es parte de aquella vieja deuda que la Federación Rusa tenía con nuestro país por la compra de lana. ¿A cuánto asciende el total de esa deuda? ¿Se puede inferir que hubo una transferencia indirecta a los exportadores por parte del Gobierno uruguayo?

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera referirme a la última parte de la exposición del contador Davrieux, relativa a las posibilidades de inversión y a la situación de AFE Carga. En realidad, desearía dejar una constancia porque, de lo contrario, entraríamos en un debate y esa no es la idea que tiene esta Comisión.

De todas formas, a nivel del estudio del plan de trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tenemos un margen de interpretación con respecto a estas partidas que se están adjudicando. En realidad, observamos discrepancias entre lo que valora el Directorio de AFE en cuanto a la forma en que se asignan las partidas en el Presupuesto –tal como lo señalaba el contador Davrieux, en cuanto a renovar y a que en el futuro se saque la madera por esa vía- y la opinión de dicho Ministerio.

O sea que aun sobre este Presupuesto que estamos considerando y la posibilidad de que ese plan que mencionaba el contador Davrieux se lleve a cabo, estamos examinando su viabilidad en función de las partidas asignadas, pero me parece que no hace exactamente al artículo que estamos considerando, porque éste señala que si se exceden las necesidades del Organismo, entonces, se volcaría para ampliar el plan de inversiones. Si entendí bien, eso es absolutamente hipotético.

SEÑOR DAVRIEUX.- Son dos preguntas diferentes sobre el artículo 323.

En cuanto a lo que decía la señora Senadora Arismendi, efectivamente, esto es hipotético y responde a la política a seguir, que consiste en reducir el déficit operativo y permitir que por ese camino se logre parte -aunque no la principal- del financiamiento del plan de inversiones. Naturalmente, como todas las cosas son opinables, el Directorio de AFE puede pensar que se va un poco rápido o lento. Frente a las inversiones de esta Administración de los últimos años, que ascienden a U$S 3:000.000 o U$S 4:000.000, siempre podemos decir que U$S 100 son pocos, pero frente a U$S 20 del período anterior, U$S 100 son cinco veces más. Pero, como decía, son opiniones y ese tema se debatirá cuando se analice –si así se hace- el proyecto de desarrollo de AFE en el marco de la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

De manera que concuerdo totalmente con la señora Senadora Arismendi en que esto es hipotético, es decir, que si hay excedentes primero se podrá pagar al Banco de la República lo que le debe el Estado por las compras de material ferroviario que recibió con destino a AFE y luego ampliar las inversiones.

La pregunta del señor Senador Nin Novoa se refería a la deuda de la Federación Rusa. Por el momento, el sector privado está molesto porque de hecho no ha recibido nada. Quienes no cobraban directamente aún no han percibido nada y a aquellos que garantizaron el resto de la deuda no se les ha devuelto ninguna garantía. En realidad, el sector privado se queja de que el Estado ha recibido dinero y que aún no les ha adjudicado nada. Lo que ocurre es que el Banco de la República está estudiando los mecanismos para hacer efectivo esto e incluso pagar a quienes corresponda. Digo esto porque ahora el Estado cobró una parte y tampoco les ha pagado nada. Hasta ahora el sector privado no se ha visto beneficiado y, reitero, se queja de la actitud del conjunto de los organismos del Gobierno, incluida la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ha intervenido en algunas de estas gestiones.

En cuanto a la deuda rusa, la deuda llegó a ser –puedo equivocarme en un millón- de U$S 46:000.000, más U$S 6:000.000 de intereses, lo cual totaliza U$S 52:000.000.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Sólo por la lana?

SEÑOR DAVRIEUX.- No, por todo concepto. Hay dos o tres empresas que quebraron y cuando se trató de ver qué era lo que podían reclamar, nunca presentaron los papeles. La cifra correspondería al tiempo transcurrido desde 1992 hasta ahora, es decir, 8 años.

La Federación Rusa hizo algunos pagos. Por un lado, abonó los intereses en efectivo, entregó los U$S 6:000.000, y el Estado ruso se hizo cargo de los alquileres de nuestra Embajada en su país durante 10 años, por U$S 2:000.000. Además, se han efectuado compras con destino a AFE por U$S 27:000.000. De manera que, actualmente, tendríamos un saldo favorable de posibles compras a realizar por valor de U$S 18:000.000. El Estado le ha pagado al Banco de la República, que fue el que puso los fondos, además, recibió los intereses y está percibiendo las versiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de los alquileres que tendría que pagar en Rusia. El Estado pagó alrededor de U$S 8:000.000 correspondientes al primer embarque realizado en 1998. No hemos saldado lo relativo a 1999, que comprende dos embarques que se realizaron en ese año y principios del 2000. Con las previsiones que se hacen aquí, se pagaría al Banco de la República que, por otra parte, ha debitado al Estado lo que cobra afuera. Lo que no ha hecho dicho Banco es traspasar esos fondos a los privados. En la compra del material ferroviario –concretamente, rieles- hubo un acuerdo –gestionado en parte por nuestra Oficina- mediante el cual se realiza un descuento por esa deuda. Cabe acotar que dicha deuda valía en el mercado internacional entre 52% y 54%; de manera que los rusos no estaban cumpliendo mucho con sus obligaciones. El Banco de la República le hizo al Estado un descuento del 25% sobre lo que pagó efectivamente. Hay un principio de compromiso sobre el saldo.

En consecuencia, tenemos pendiente conseguir materiales y realizar compras en Rusia, que estarían a cargo del Gobierno de dicho país y entregadas al Estado uruguayo, como forma de pago de su deuda de U$S 18:000.000. Una de las limitaciones que tiene esto es que estaban dispuestos a pagar el 100% de la deuda con materiales, pero no querían usar los que fueran valiosos, o sea, que no querían entregar lo que podían vender en el mercado internacional. Naturalmente que podíamos recibir petróleo. Si comprábamos por el valor de la deuda, hubiéramos cobrado en 6 meses, pero los rusos no nos entregaban petróleo porque era lo mismo que darnos dinero. No les servía pagarnos el 100% en dinero. Por ello, limitaron las compras que podían hacer en materiales. Es por eso que estamos viendo la posibilidad de que UTE pueda comprar entre U$S 5:000.000 y U$S 6:000.000; pero todavía tenemos que ver qué materiales, dentro de los que está dispuestos a entregarnos Rusia por pago de deuda, podrían ser de utilidad para el sector público o privado. En este momento, hay negociaciones entre el Banco de la República y los privados para ver cómo se transfiere parte de lo que ya recibió efectivamente esa Institución, que ya cobró. A algunos sólo tiene que devolverles garantías en caso de que la Federación Rusa no pague. Por ejemplo, hay un par de empresas que nunca cobraron y a las que hay que pagar efectivamente lo que les corresponda de lo que el Banco cobró, que se ubica aproximadamente en el entorno de los U$S 6:000.000 de intereses y alrededor de U$S 9:000.000 en efectivo como parte de amortización.

Eso es lo que puedo informar sobre esta situación.

Debo decir, además, que por el momento el sector privado no ha sido demasiado beneficiado; inclusive, más de una vez me han hablado que por ahora no han decidido plantear acciones judiciales contra el Banco de la República y el Estado por haber cobrado y no pagarle.

Nos estábamos manifestando con relación al artículo 323, que refiere a AFE, y no sé si se desea plantear alguna otra pregunta. Si no es así, pasaríamos a contestar las consultas sobre el Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Colonización y posteriormente la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

Sobre el Plan Agropecuario, debo decir que la iniciativa que había presentado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca era diferente a la aprobada por la Cámara de Representantes. Si no recuerdo mal, la primera establecía una partida únicamente para el año 2000 por este mismo importe, y preveía que en años subsiguientes este Fondo sería administrado por el Ministerio, afectándose una parte al Plan Agropecuario, para utilizar diversos mecanismos de difusión de la tecnología. Por un lado está la parte de investigación y, por otro, la extensión, que es de lo que se encarga el Plan Agropecuario. Sin embargo, en la Cámara de Representante privó otro criterio, decidiéndose mantener la misma partida que tenía en el año 2000 en términos reales para los años siguientes. O sea que lo que aquí está planteado es el mismo aporte del Gobierno a esta persona pública no estatal creada en la Ley Nº 16.736.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera saber qué modificaciones habría si comparamos los montos del Presupuesto anterior y los de éste.

SEÑOR DAVRIEUX.- Entiendo que no hay ninguna modificación, porque la partida del año 2000 es la que está vigente, que es la de 1999.

Con respecto al Instituto Nacional de Colonización, en el período 1995–1999 no hubo ningún subsidio previsto en la Ley Nº 16.736. Justamente, debido a esa situación, cuando el cobro de las rentas de las cuotas de venta de tierras de colonización bajaron, por la coyuntura que vivió el agro en 1999, el Instituto recurrió al endeudamiento con el Banco de la República para poder efectuar sus gastos corrientes, puesto que no tenía acceso a ningún aporte del Gobierno. Lo que está planteado respecto al 2000 es para los gastos en que efectivamente incurrirá en el transcurso de este año, y luego se plantea que comience a haber una recuperación de su cobranza de los arrendamientos o rentas de tierras, por lo que se prevé esta disminución. Hasta el año 1998, en general, tuvo una situación, no desahogada, pero que le permitía cubrir sus gastos de funcionamiento.

Con respecto a la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, por este decreto de enero de 1995 se estableció que los recursos de la cobranza de la parte uruguaya respecto a la venta de electricidad, se verterían a Rentas Generales, que se haría cargo de todo el presupuesto de la Comisión. No estamos hablando sólo de los sueldos de los delegados, sino de todos los sueldos, gastos e inversiones que realice Salto Grande. Es bueno señalar esto de las inversiones porque, justamente, es la explicación de la diferencia entre las cifras del año 2000 y las establecidas para el 2001 al 2004. En el 2000 se va a terminar de pagar alguno de los transformadores que se sustituyeron totalmente cuando comenzaron a quemarse, situación que llevó a que entre los años 1998 y 1999, la operativa de la represa implicara una mayor erogación que los U$S 15:000.000 previstos. Hubo que pagar esos transformadores, lo que fue cubierto con cargo al 1% establecido en un artículo para gastos urgentes o imprevistos.

Quiere decir que en los años 1998 y 1999 la cifra fue mayor que esta, habida cuenta de que se tuvo que cubrir la parte de inversiones.

La cifra del año 2000 incluye la parte que corresponde al último período de pago de los transformadores comprados, básicamente en España y Ucrania.

Los montos sobre la recaudación de Salto Grande están incluidos en todas las Rendiciones de Cuentas, concretamente, en el Capítulo de Recursos, Tomo II, que se presenta como anexo a la Ley y que, de acuerdo con su artículo 1º, forma parte de ella.

Si me permiten, y para hablar de cifras –y sólo para este tema- pediría al Contador General de la Nación que aporte la información de lo que se prevé para estos años.

SEÑOR ZUNINI.- Como bien decía el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la cifra prevista figura en el Tomo de Recursos –en particular, en el tomo desglosado o con mayor apertura- concretamente, en el rubro 241/1025. Me estoy refiriendo al monto previsto por la venta de energía de Salto Grande. Su importe para el año 2000 es de 423:972.000; para el 2001, 440:931.000; para el 2002, 458:568.000; para el 2003, 476:911.000; y, por último, para el 2004, 495:987.000.

SEÑOR DAVRIEUX.- A veces, cuando no se sabe de qué moneda se está hablando, no se entiende muy bien el significado de los números. Esto supone una cifra que va subiendo desde U$S 35:000.000 al comienzo del Período, hasta terminar un poco por encima de los U$S 40:000.000, en el año 2004. Quiere decir que el margen neto son unos $ 240:000.000 o U$S 20:000.000, entre los gastos en que se incurre y lo recaudado.

El destino es Rentas Generales. Se paga dentro del conjunto del presupuesto, al igual que el Impuesto al Valor Agregado o las restantes tributaciones.

En cuanto a los controles, debemos decir que la Comisión Técnico Mixta tiene el carácter de mixta porque comprende a más de un país. Tenemos una delegación uruguaya, pero es un órgano binacional. En consecuencia, hay allí un tema de quién puede controlar algo que no es sólo del Uruguay. Entonces, la forma en que se logra un control general es a través de auditorías externas contratadas que informan sobre todos los proyectos.

Por la Ley N° 16.170, de Presupuesto del año 1990 –no recuerdo exactamente si ese es el número- se establece que la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, con plazo de vencimiento el 30 de abril de cada año, tiene que presentar una Rendición de Cuentas y un proyecto de presupuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo comunica a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No tenemos inconvenientes en traer esas cifras si los integrantes de la Comisión lo desean, porque son datos binacionales. Podemos alcanzarles una copia, porque tenemos la previsión del año 2001; se trata de un presupuesto anual que remite la delegación uruguaya todos los años.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa agradecería que nos pudieran proporcionar dicha información.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera hacer un comentario muy breve y una pregunta.

Parto de la base de que los ingresos previstos por venta de energía eléctrica deben estar sujetos a posibles oscilaciones debido a las condiciones climáticas, porque no creo que se puedan planificar con rigurosidad esos ingresos, sobre todo tratándose de montos tan importantes como los que ha mencionado el señor Contador General de la Nación.

En la propuesta tenemos tres tipos de situaciones. Por un lado, están las entidades públicas -y la pregunta refiere sólo a ellas porque las otras no han sido analizadas todavía- donde se establece con todo detalle el destino de las partidas que se asignan; en algunos casos, con mucho detalle, mientras que en otros, con una especificación genérica, pero detalle al fin, referido a sueldos y funcionamiento. Sin embargo, también está la situación de algunas entidades, donde se establecen simplemente partidas genéricas, sin destino, como en el caso del Instituto Nacional de Colonización, la Administración Nacional de Correos y, precisamente, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hay una tercera situación donde, como en el caso de PLUNA, se asignan partidas para gastos de funcionamiento, pero si no entendí mal es para retribuir salarios de funcionarios no redistribuidos, por lo menos en parte.

La pregunta que voy a formular es doble. En el caso de que no se asigne destino, ¿se trata de partidas de libre disponibilidad a las que los Entes pueden asignar el destino que estimen conveniente? Es el caso de Salto Grande, la Administración Nacional de Correos y del Instituto Nacional de Colonización. Por otra parte, en el caso de PLUNA, ¿no habría que establecer que, en rigor, una parte de estas partidas es para el pago de salarios y no para gastos de funcionamiento?

SEÑOR DAVRIEUX.- Como ya he expresado, las cifras planteadas para los organismos públicos, en general, han sido presentadas previendo un decrecimiento de los subsidios a otorgar. Esto marca una política de mayor autofinanciamiento de la empresa, la que lo logrará a través de la reducción de su monto de salarios, de sus inversiones o del acotamiento de sus gastos. Es bastante difícil poder introducirse en una empresa y marcar los destinos desde fuera con varios años de anticipación y, sobre todo, con una reducción sucesiva de esos montos. Creo que sería un poco aventurado tratar de prever en qué va a gastar una empresa con sus componentes de recursos ya que, por otro lado -no en el caso de AFE, sin duda, pero sí en el de la Dirección Nacional de Correos y el Instituto Nacional de Colonización- estas partidas constituyen, en definitiva, una pequeña parte de su presupuesto; por ejemplo, en la Dirección Nacional de Correos puede significar un 25%. Si dijéramos que destinamos una parte a salarios y otra a gastos, simplemente imputarían parte a lo que le decimos y el monto total quedaría igual. Financiarían el saldo de lo que gastan en otra materia con sus recursos propios. No creo que sea demasiado conveniente y, personalmente, no me animaría a prever cómo van a reducir exactamente cada partida. Lo que el Estado les está marcando es su política respecto a ellas. Luego, el hecho de cómo se las arreglan es tarea de los administradores que sean designados.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera aclarar mi pregunta, porque a lo mejor no me expresé bien.

No estoy proponiendo hacer lo contrario, simplemente estoy preguntando por qué en algunos casos sí y en otros no. Y, si en los casos donde no se establece destino, el Ente que recibe las partidas puede usarlas como desee, esto es, partidas de libre asignación.

Repito mis dos preguntas. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Por otro lado, en aquellos casos en donde no se establecen destinos, ¿hay libertad de asignación de los recursos? Aclaro que no estoy tomando posición sobre el tema; estoy preguntando por qué es así.

SEÑOR DAVRIEUX.- En general, lo planteado efectivamente es sin especificar destino. En los casos en que sí se especifica el destino es por razones bastante peculiares.

Por ejemplo, en PLUNA, porque la mayor parte de lo que aparece como subsidio, que es amortización de deuda, es un pago que hace directamente el Gobierno al exterior a través del Banco Central, y no sería bueno volcárselo al Organismo para que lo pudiera gastar libremente en algo que tiene una afectación muy clara, como es el pago de la deuda. La partida establecida por separado para PLUNA se refiere a lo que sería la partida global que reciben los organismos para su funcionamiento.

En el caso de AFE, lo que sí se quiere marcar es un tema. En los Presupuestos anteriores se separaba efectivamente y se destinaba una parte al pago de deudas; normalmente, AFE nunca tiene excedentes para el pago de deudas. Aquí se establece estrictamente todo lo que tiene que pagar, que tiene el mismo procedimiento de pago; simplemente los pagos que hay que hacer se debitan al Gobierno y no al Organismo -acá no hay ninguna transferencia de recursos- y se prevé una pequeña parte para inversiones y otra para gastos de funcionamiento, vinculada al pago de salarios. Prácticamente, la recaudación directa de AFE cubre sus gastos de operación, sin incluir salarios ni inversiones. Por lo tanto, el pago total de estos dos últimos rubros se hace con estas partidas. Es por ese motivo que hay una discriminación en estos dos casos, aunque la política general es que no la haya.

En el caso de Salto Grande esto se explica mucho más, porque estamos ante una estimación y una decisión en la cual Uruguay es sólo una parte. Acá habría que tomar posición de cuál sería la opinión de los delegados uruguayos ante la Comisión Técnica Mixta, que implica no aumentar ningún tipo de gasto, sino mantenerlo dentro del mismo margen, independientemente de que tengan mayores ingresos, porque se prevé que vaya creciendo la venta de energía. Sin duda, este es un elemento adicional en la recaudación de Salto Grande que, como todos los impuestos, está sujeto a avatares. Por eso la parte de recursos es puramente estimativa y está condicionada por los riesgos y preocupaciones que señaló el señor Ministro de Economía el día lunes, con respecto a su temor de que la recaudación no se ajuste a estas cifras. En todo caso, está hecha de acuerdo con el procedimiento actual de cobranza de Salto Grande, aunque nosotros esperamos que, en la medida en que el marco regulatorio comience a funcionar y nos integremos en un mercado más unificado con Argentina, podamos mejorar los precios de venta y los ingresos de la parte uruguaya de Salto Grande.

Las dos disposiciones que habíamos salteado, no digo omitido, pero sí pasado por alto, eran los artículos 324 y 325.

Estas disposiciones, en general, se refieren a organismos privados que reciben subvenciones y que, por la normativa vigente, tienen que presentar rendiciones de cuentas. En el proyecto original del Poder Ejecutivo, la partida prevista en el actual artículo 324 lo era solamente para los años 2000 y 2001. La idea del Poder Ejecutivo era que la selección de organismos y los montos que recibían correspondían a criterios históricos y a decisiones que no habían dado tiempo de establecer las prioridades correspondientes. Nuestro propósito era –no tuvimos tiempo de hacerlo en la presentación original- que en el Mensaje Complementario –y este era uno de los temas que se mencionaba en esta Comisión como de gran interés- se prevea algún mecanismo para que las mismas partidas se distribuyan entre estos organismos u otros que demuestren igual o mayor mérito para desarrollar actividades en las mismas áreas.

En la Cámara de Representantes se tomaron dos decisiones a este respecto. Por un lado, se extendió el plazo de vigencia de estas subvenciones al año 2002 y, por otro, se incrementaron algunos montos, hubo una pequeña reducción en una partida y se agregaron otras sumas para organismos que no estaban previstos. En principio, cuando se votaron todas estas partidas ninguna de ellas estaba financiada y esto violaría la norma constitucional que establece que no pueden incrementarse las partidas de gastos, salvo que sean compensadas por reducciones en otros componentes. Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo –eso sí lo puedo manifestar, porque es tarea de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- es analizar los incrementos votados que implican que algunas partidas se han duplicado –algunas, según me han manifestado los señores Senadores fueron establecidas en forma tentativa y podría analizarse si el monto es adecuado- para darle iniciativa a aquellas que entienda convenientes y, por otro lado, proponer un mecanismo para operar a partir del año 2002 o del 2003, recogiendo la voluntad de la Cámara de Representantes que, naturalmente, debe ser tenida en cuenta por nosotros cuando elaboremos el Mensaje Complementario.

El artículo 325 es diferente porque trata, en general, de organismos más vinculados al sector público. Allí se preveían partidas para los años 2000 al 2004 y también se ha producido alguna innovación en la que se incrementó sustancialmente determinada partida, lo que pasaremos a analizar con el objeto de ver si se le da iniciativa por el mismo motivo.

En principio, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no tiene observaciones que hacer en cuanto a que se trate del mismo período que fue planteado y analizaremos el mérito para conversar con quienes tuvieron iniciativa en la Cámara de Representantes al introducir el aumento establecido que es bastante importante, ya que se encuentra alrededor de los U$S 500.000. Deberemos determinar cuáles son los fundamentos para esa modificación.

SEÑOR GARGANO.- Dado que el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aludió finalmente al artículo 325, voy a dirigir algunas preguntas relativas a ciertos institutos que fueron mencionados.

Como es sabido, la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes cumple una función esencial dentro del plan de prevención de enfermedades y tiene a su cargo prácticamente toda la política de vacunación del Ministerio de Salud Pública. También administra servicios relativos al control del VIH, etcétera.

Esta Comisión de Presupuesto, ya en el Período pasado recibió reiteradamente planteos de la Comisión Honoraria en torno al déficit sistemático que se observaba en la recaudación de aquellos porcentajes de los impuestos que le correspondían por ley, por ejemplo, sobre la caña y la grapa. Esto se debe a la caída vertical del consumo de estas bebidas y a la consecuente disminución en la recaudación. Parece que también se cobran todos los premios de la lotería y aquello que le correspondía por concepto de premios no cobrados, también ha descendido. En virtud de esto, la Comisión Honoraria planteaba extender el área de las actividades gravadas y, por ejemplo, en el tema de las bebidas alcohólicas, gravar otros productos como el whisky importado y el tabaco. Esta era una manera de mantener el auto financiamiento que la Institución tuvo durante muchos años sin que el Estado tuviera que transferirle recursos de Rentas Generales. Esto ha ocurrido prácticamente en los últimos cuatro años con graves problemas, porque a mediados de la ejecución presupuestal, la Comisión Honoraria se quedó sin recursos, paralizó su actividad y sus funcionarios que se enfrentaron a problemas para cobrar sus haberes, respondieron con movilizaciones y paros, porque no tienen otra forma de hacer sentir su rechazo a la ausencia de recursos. Pero además, se generaron problemas muy graves en la prestación de los servicios dado que el Ministerio de Salud Pública ha transferido a la Comisión Honoraria nuevas actividades y no le ha dado los recursos para enfrentarlas, sino que simplemente se las ha adjudicado.

Por lo que veo, en esta disposición no se ha optado por actualizar la imposición y buscar que los recursos de esta Comisión –que reitero cumple una función muy importante- provengan directamente de impuestos que estén establecidos en la ley. Por el contrario, se ha optado por estimar las transferencias que se le deben realizar anualmente para que puedan cumplir con sus funciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene, desde hace tres años, un planteo de los proyectos de cambio de imposición. La Comisión de Presupuesto nunca obtuvo una respuesta de dicho Ministerio acerca de si compartía o no los cambios que se proponían. Se nos decía que se estaba estudiando y parece que lleva mucho tiempo ese estudio, porque hasta ahora no hay respuesta. Sin embargo, ahora hay una manera de responder que es no optar por cambiar el sistema de financiamiento a través de los impuestos y otorgar partidas. Esto va a depender siempre de las posibilidades de caja que tenga el Tesoro Nacional, porque si las cosas no van bien, seguramente las transferencias se van a enlentecer o a dificultar.

La pregunta es por qué se ha optado por este mecanismo.

SEÑOR DAVRIEUX.- Voy a tratar de contestar al señor Senador dentro de lo que esté a mi alcance pero, previamente, había una pregunta del señor Senador Michelini que quedó para esta instancia y luego olvidé hacer referencia a ella. El señor Senador se refería a la llamada Comisión Nacional de Centros CAIF para los que actualmente existe algo así como un comité nacional. Este tipo de problemas a veces surge en las iniciativas con este tipo de subvenciones cuando se tratan en las Comisiones parlamentarias. Tuvimos algún problema con la Ley Nº 16.736 cuando se incorporó un organismo y el nombre no correspondía a ninguno de los tres que existían efectivamente, por lo que los tres reclamaron la partida. Esa fue una decisión complicada, ocurrió en Salto y el nombre que se estableció en la subvención correspondía en partes al de cada una de las organizaciones involucradas. Este tema vamos a analizarlo para ver si el nombre es adecuado y corresponde a lo que se quería hacer para, en ese caso, incluirlo en el Mensaje Complementario.

En cuanto a la preocupación del señor Senador Gargano sobre la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, simplemente quiero hacer una mención. A veces se pone un impuesto a un mal social y después, cuando se combate, nos quedamos sin la recaudación. Esto es lo que le está ocurriendo a dicha Comisión.

SEÑOR GARGANO.- El razonamiento del señor Director es absolutamente equivocado. El mal social que él dice que se ha combatido bien, no lo es tanto; no es que se haya dejado de beber. Se bebe más, pero en forma distinta. Esto lo dice la propia Comisión y ANCAP, que tienen estadísticas acerca de cómo ha decrecido determinado nivel de consumo y ha aumentado otro. De modo que este tipo de recursos dialécticos de bajo nivel, a mi juicio, no deben emplearse aquí; somos personas mayores. Estoy tratando de que haya recursos para un sector que es muy importante en la vida nacional. Además, le ahorra gastos al Estado porque, si se ejecuta bien la política en materia de salud preventiva, después se gasta menos en atender la enfermedad. Estoy hablando muy en serio. No digo que el señor Director no lo haga, pero su razonamiento es totalmente equivocado. Repito que hay datos y estadísticas que dicen que no se consume menos, sino en forma diferente. Aquello que en un tiempo fue costumbre de nuestra gente, es decir, consumir las bebidas que producía ANCAP –de gran consumo popular- hoy ha sido desplazado por otro tipo de bebidas. Lo que quiere la Comisión, justamente, es seguir atacando el mal y no que vuelva a existir el mal para recaudar. Insisto en que este es un razonamiento equivocado del señor Director y no debe hacerlo en este ámbito.

SEÑOR DAVRIEUX.- Interpreto que por esta vía se quiso dar recursos seguros para la Comisión que, efectivamente, va a cobrar, independientemente de la recaudación de otros tributos, con la misma seguridad que tienen los funcionarios públicos de cobrar, a través de Rentas Generales. Esto es lo que se propone aquí. Se plantea una solución, que no es menor, ya que alcanza la cifra de U$S 1:500.000 anuales y que se brinda a una Comisión que tenía recursos propios y, en función de ello, aumentó sus gastos. Luego, bajaron sus ingresos y, entonces, establecimos una subvención de U$S 1:500.000 anuales.

La alternativa planteada implica garantizar a esta Comisión –que cumple, sin duda, una tarea muy importante- una partida segura, que está prevista en este artículo. Cuando revisé la ley anterior, pude percibir que dicha Comisión no tenía ninguna partida asignada en el Ejercicio pasado. Ello tuvo que ser cubierto a través de refuerzos de rubros o de gastos urgentes o imprevistos. Pero ahora, repito, se le asegura una partida que entendemos es de cierta magnitud.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente, deseaba pedir al señor Director si después nos puede decir, con respecto al último par de Ejercicios, cómo ha sido el desempeño de la Comisión, es decir, cuáles han sido sus ingresos, los refuerzos de rubros o aportes que se tuvo que hacer y cómo se distribuyó el gasto en forma interna. No tienen por qué darse estos datos en este momento, sino cuando se evalúe la situación de la partida para podernos ubicar en la dimensión del problema y saber hasta qué punto está resuelto con estos recursos.

SEÑOR COURIEL.- En el artículo 325, una de las instituciones que aparece es el PEDECIBA –Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas- que a nuestro juicio es extraordinariamente importante para la investigación científica, sector en el cual el país debería intentar, por lo menos dentro de sus posibilidades, mejorar sustantivamente los recursos. Hoy estamos viendo que se retiran del país una cantidad de investigadores científicos. Conozco algunos casos, que son muy cercanos a mí, de personas que se van a estudiar al exterior, que se quedan haciendo experiencia laboral, inclusive en materia de investigación científica, y que quieren volver al país, pero tienen enormes dificultades porque no hay cargos ni recursos. Normalmente, este debería ser un sector en el que se tendría que incrementar las partidas.

Tengo algunas interrogantes, porque no dispongo de la información correspondiente. Me gustaría que el señor Director me despejara estas dudas.

La partida que aparece acá es de U$S 853.000. Creo que tenía una partida de U$S 400.000, provista por el Ministerio de Educación y Cultura –me gustaría que se aclarara si se trataba de estar Cartera- que quedó sin efecto. Entonces, en vez de aumentarle las partidas, se les bajan en U$S 400.000. Si esto fuera así, quisiera saber si habría alguna chance de mantener las partidas que tenía, aumentándolas, a través del artículo 325, en U$S 400.000 que perdió.

SEÑOR DAVRIEUX.- Entiendo que la partida que está establecida, efectivamente se refiere a la que estaba incluida en Presupuestos anteriores como subvención al PEDECIBA. Esta institución empezó trabajando con un aporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, luego afectamos a su funcionamiento partidas donadas por el gobierno de los Estados Unidos, y cuando éstas se agotaron, se fijaron estos recursos. En algún período hubo una partida del Ministerio de Educación y Cultura y la pregunta de si vamos o no a incluir esos recursos, no la puede contestar el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Al respecto, tengo prevista una reunión con el ingeniero Cabañas y allí veremos cómo se encara este tema.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quisiéramos que después nuestros visitantes nos hicieran llegar un comentario a propósito de las modificaciones propuestas en la Cámara de Representantes, con respecto a ambas disposiciones que estamos analizando. Hay partidas que se han aumentado, hay otras nuevas, etcétera. Entonces, repito, sería bueno que luego nos hicieran llegar sus comentarios sobre la consistencia o no de estas modificaciones que se han planteado en la otra rama parlamentaria. Ya que estamos, les pediríamos un cuadrito comparativo que nos muestre la evolución de los U$S 40:000.000 más que aparecen, con respecto al Ejercicio 1999. Algo ha explicado el señor Director, pero nos gustaría poder visualizar la evolución con el cuadro comparativo. En el comparativo global se pasa de U$S 4.000:000.000 a U$S 9.000:000.000. De esta forma, podremos ver cómo se movió cada rubro dentro de este Inciso.

Entonces, solicitaríamos que estos dos datos se nos proporcionen, en la medida de lo posible, la semana que viene.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se da por concluido el análisis de este Capítulo, por lo que pasaríamos a considerar el Inciso 24: "Diversos Créditos".

Tiene la palabra el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR DAVRIEUX.- Señor Presidente: como lo dice el nombre, aquí no se puede sistematizar mucho, hay que analizar artículo por artículo y, como máximo, se pueden analizar en su conjunto dos o tres disposiciones.

Los dos primeros artículos, el 332 y el 333, se refieren a una modificación, que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en una línea de crédito que se llama "Fondo para la Preparación de Proyectos". Este Fondo fue creado, aproximadamente, en el año 1990 y es una partida que concede, como crédito, dicho Banco, cuando un país ha solicitado un préstamo y está muy avanzada su preparación; de esta manera puede utilizar recursos adelantados, hasta culminar dicha preparación. Esa partida fue autorizada en el Presupuesto del año 1990 y se estableció que sería administrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo encontró que algunos proyectos tenían dificultades en el comienzo de su funcionamiento, debido a que tenían que cumplir con una serie de condiciones previas –lo que llaman primer desembolso- y eso conducía a que, luego de una etapa bastante extensa de preparación del proyecto, -no menor a un año, pero que a veces llegaba a tres o cuatro- se demoraba un año en comenzar su ejecución. Para evitar este tipo de dificultades se amplió la línea de fondos de preparación de proyectos a un Fondo destinado a la preparación y ejecución de proyectos que permitiera, una vez terminada y aprobada la iniciativa, comenzar su ejecución con un adelanto de fondos, mientras se fueran cumpliendo las condiciones previas a otros desembolsos. Prácticamente, la línea de preparación de créditos que hoy seguimos usando, va a desaparecer. Entonces, lo que se plantea en esos dos artículos es establecer que, en lugar de la línea existente, se puede utilizar la nueva –los organismos interesados en el tema lo pueden hacer- manteniendo la coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De hecho, ya tenemos un planteo con un par de organismos, concretamente, puedo nombrar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que aspira, si estos artículos son probados, a poder utilizar esta línea para comenzar con la aplicación del Plan Ganadero inmediatamente, sin tener que esperar la aprobación del crédito. De esta manera, podría comenzar a ejecutarlo a comienzos del año próximo.

Esto es lo que dicen estos dos artículos. Nuestra experiencia nos indica que todos los créditos de preparación de proyectos, por todas las Unidades que lo han utilizado, dieron lugar a créditos posteriores, como, por ejemplo, en el caso del Banco Hipotecario del Uruguay, de los Organismos de la Administración Central, y de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Todos dieron lugar a créditos; simplemente se trató de un adelanto de fondos y no de un mayor endeudamiento para el país, porque este crédito luego se incluye dentro del crédito global, como uso de ese crédito.

En cierta manera el artículo 334 está ligado ya que se refiere a un tema especial. Este se ha planteado y surge de la experiencia en el manejo del Fondo de Preinversión por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con las Intendencias Departamentales que, precisamente, motiva esta pequeña modificación.

Lo que establece la ley vigente, Nº 15.851 es que en todos los créditos de preinversión –también es un fondo que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- que se otorguen a organismos de Rentas Generales o a Intendencias Departamentales, el servicio de la deuda está a cargo de Rentas Generales.

Se da una situación bastante extraña, porque el Tribunal de Cuentas exige que las Juntas Departamentales aprueben el endeudamiento de los Gobiernos y luego éste no existe, ya que, quien lo paga, es el Gobierno. De todas maneras, se exige a las Juntas que aprueben su endeudamiento. En este caso, en algunas oportunidades –afortunadamente, muy pocas- nos ha ocurrido que, en la medida en que es gratis, se solicita el crédito para inversiones en el sector privado. Entonces, se plantea que, como máximo, el Presupuesto Nacional se haga cargo de un porcentaje que nosotros habíamos planteado, es decir, del 75%. Justamente, aprovechamos la experiencia que obtuvimos con la Intendencia Municipal de Montevideo, porque es uno de los créditos más importantes que se otorgó en el período 1990 – 1992. Se trata de un crédito total próximo a los U$S 5:000.000, destinado al Plan Maestro de Saneamiento de Montevideo y el Area Metropolitana en el que la Intendencia se hizo cargo del 25% del crédito. Por lo tanto, nosotros planteamos que se cubriera hasta el 75% -esta fue la iniciativa del Poder Ejecutivo- por parte del Gobierno Central y el resto lo hicieran los Gobiernos Municipales. Entiendo que en la Cámara de Representantes este porcentaje se elevó hasta un máximo de un 85%, con las mismas condiciones.

SEÑOR GARGANO.- Quiero formular la siguiente pregunta. ¿Qué monto tiene el crédito que establece la línea rotatoria? Por otra parte, quisiera que se me aclare –porque creo entenderlo así- si, luego, la utilización de esa parte del crédito se incluye en el préstamo específico para la ejecución de proyectos. Quisiera que se me corroborara esta información.

SEÑOR DAVRIEUX.- El monto vigente para el Uruguay es de un total máximo de U$S 5:000.000 y cada crédito, en general, no excede el millón de dólares. La cifra más importante aprobada, con cargo a esta línea, fue para la Suprema Corte de Justicia, es decir, para el Poder Judicial. Se trató de una partida que alcanzó los U$S 1:800.000, porque el Banco impulsó, de alguna manera, la puesta en práctica -a través de la línea de preparación de proyectos- de un comienzo y ejecución del mejoramiento y fortalecimiento de la justicia.

En la situación actual, con la aprobación de estos artículos, no se modifica el monto global de U$S 5:000.000, pero hemos solicitado que, en caso de aprobarse –no hemos firmado el contrato con el Banco por la nueva línea- hemos dicho que no estamos interesados, en la medida que los organismos públicos no lo puedan usar. Nos han pedido que revisemos el contrato y le demos el visto bueno a sus términos, pero no lo vamos a firmar mientras no sea aprobado legalmente. Hemos pedido que, en caso de que esto ocurra, la línea pueda llegar a ser de U$S 10:000.000, porque se establece que, en el caso de que haya efectivamente proyectos que incluyan la ejecución, puedan otorgarse créditos de comienzo de ejecución hasta de U$S 5:000.000, que es justamente la aspiración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En cuanto a si se incluye en el crédito efectivamente, cuando éste no es de preinversiones, debo decir que se trata de otra cosa, porque es un tema interno. Fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 1985 pero, a partir del año 1989 en adelante -repito- se trata de un tema interno porque se utilizan fondos donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto opera como una especie de Banco, es decir, que esta Oficina es la que presta, y la que paga generalmente es Renta Generales, y ocasionalmente algún Ente Autónomo o algún sector privado. En el caso del Fondo de Preinversiones, efectivamente todos se incluyen en el préstamo global y eso ha ocurrido, por ejemplo, en el Programa, que está en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de Asentamientos Irregulares, donde el crédito que se operó el año pasado fue incorporado al crédito global. Justamente, eso se planteó cuando se estudió la Rendición de Cuentas del año 1999, donde aparecía una ejecución cero de los créditos presupuestales. Lo que pasa es que se había estado operando contra el crédito de preparación del proyecto que se imputa este año como gasto del año 2000.

SEÑOR DAVRIEUX.- Los dos artículos siguientes, el 335 y el 336, se refieren a dos partidas cuya distribución anual está establecida en el planillado y tenemos que revisar porque se trata de partidas destinadas a financiar los estudios y trabajos vinculados a lo que se podría llamar Reforma del Estado II o Mejoramiento de la Gestión del Gobierno.

Si los señores Senadores están interesados, tal vez el señor Secretario Ejecutivo del CEPRE, contador Cobas, podría exponer cuáles son los aspectos relevantes en este tema. Además, están asignados al Ministerio de Economía y Finanzas en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la gestión de sus dependencias –básicamente, la Dirección de Aduanas, la Dirección General Impositiva y creo que también la Contaduría General de la Nación- así como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por las tareas que le son propias.

Estas partidas tienen una distribución anual en el planillado y hemos comprobado que las hemos espaciado demasiado en el tiempo, porque se trata de un proyecto que esperamos cumplir en tres años y la distribución de esas partidas es de cinco años.

Quiere decir que el artículo 335 está referido al Ministerio de Economía y Finanzas y el 336 a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El artículo 337 tiene que ver con una disposición diferente, y es una especie de continuación de la norma aprobada en la Ley Nº 17.243, llamada Primera Ley de Urgencia. En ésta se exoneró o se disminuyó en un 25% la Contribución Inmobiliaria Rural y la Administración Central se hizo cargo de una transferencia, por un monto de U$S 15:000.000, sólo para el año 2000. Esta reducción fue por el mismo porcentaje, cualquiera fuera la extensión del precio al cual se aplicaba. La propuesta del artículo 337 incluye una modificación, y el señor Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto podría explicar en qué consiste.

SEÑOR CIBILS.- La modificación que se hizo a la partida en la Primera Ley de Urgencia y que ha mencionado el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solamente era válida por el año 2000. En el artículo 337 se consagra una rebaja permanente durante todo el período de vigencia del Presupuesto, pero se cambia el criterio pues se exonera completamente del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural a los predios que tienen menos de cincuenta hectáreas y, a su vez, a los que tienen hasta 200 hectáreas se les exonera las primera cincuenta hectáreas. Eso afecta el monto global de la partida que se estaba asignando y queda un saldo remanente que permita rebajar en un total el 18% de la Contribución Inmobiliaria en todo el país. De modo que el nuevo criterio para transferir los montos a los Gobiernos Departamentales del interior y el de Montevideo queda cambiado, y es la tabla que figura debajo. Para hacer ese cálculo se tomó el número de establecimientos reales por debajo de cincuenta hectáreas y subhectáreas que tiene cada departamento, y la cantidad de establecimientos entre cincuenta y doscientas hectáreas con base en el último Censo Agropecuario vigente.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quisiera hacer una pregunta al ingeniero Cibils.

Naturalmente, comparto este criterio de vincular las exoneraciones al Indice Coneat porque, de alguna manera, esto supone una política diferencial. De esto se puede inferir –no sé si hay datos ampliatorios al respecto- que aquellos productores que, por ejemplo, están en una zona de basalto y tienen un Indice Coneat promedio de 50, estarían exonerados de cien hectáreas. Quisiera saber si este razonamiento es correcto, y si es así, si existe alguna estimación –además de la referida al número de establecimientos, aunque sé que no será fácil conseguirla- sobre cuánto impactaría esto en las economías de los productores rurales.

SEÑOR CIBILS.- En primer lugar, hay que recordar que cuando se está tomando el Indice Coneat promedio 100, se considera el índice de valor. O sea que para calcular la exoneración a cada Intendencia Municipal, se tomó el promedio 100 y el de recaudación por Contribución Inmobiliaria Rural de 1998. Es decir que aquellos padrones que están mejor ubicados en relación a otros, tienen diferente valor.

Por otro lado, la situación mencionada por el señor Senador Nin Novoa es cierta, porque los predios que tengan un Indice Coneat muy bajo, van a tener exoneraciones mayores. Nos pareció que considerar el criterio de tomar el valor Coneat era el único atendible en este momento y, además, fue una solución práctica para poder aplicar ese valor.

Para tener una idea del número de productores afectados conviene aclarar que, según el último censo vigente, la cantidad de explotaciones que cuentan con menos de cincuenta hectáreas es de 27.319. Es decir que con este cambio se está alcanzando, por concepto de exoneraciones, a prácticamente el 50% de los productores agropecuarios que declaraban en ese Censo. A su vez, de los establecimientos que tienen entre cincuenta y doscientas hectáreas, van a ser alcanzados 12.700 productores.

En consecuencia, nos parece que el impacto de la medida es lo suficientemente grande, como para compararlo con algún caso individual que pudiera no ameritarla.

SEÑOR NIN NOVOA.- Comparto lo que ha dicho el señor Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sin embargo, me parece que quizás haya que prever el hecho de que, tal vez, van a ser más hectáreas de las que aparecen en el Censo las que se verían efectivamente exoneradas por el Indice de Valor Coneat. Digo esto, porque hay muchas hectáreas, básicamente de basalto y cristalino, que –notoriamente- están por debajo del valor 100.

Simplemente, quería saber si existe alguna previsión. Repito que comparto este criterio porque se trata de una política de carácter diferencial, en cuya aplicación nosotros siempre hemos hecho hincapié.

SEÑOR CIBILS.- Las Intendencias Municipales van a tener que poner cuidado en manejar los números disponibles del Censo anterior porque, además, la partida es una transferencia equivalente. Esto quiere decir que corresponde a cada Gobierno Departamental el control de la situación en cada departamento.

El factor que puede hacer que exista más número de productores alcanzados o más o menos hectáreas, puede estar dado por el cambio entre el último Censo General Agropecuario y el que se está procesando en este momento, del cual aún no tenemos datos. La primera impresión que existe es que la partida de transferencia debería ser un poco mayor que la situación real que hoy se constata. Se trata de una sugerencia a tomar en cuenta.

SEÑOR DAVRIEUX.- De los artículos presentados por el Poder Ejecutivo, sólo queda por ver el 338, que hace referencia a la facultad del Poder Ejecutivo para determinar en qué Inciso –es decir, en qué Ministerio, Ente Autónomo u organismo comprendido en el Artículo 220 de la Constitución- y en qué Programa se van a llevar tres proyectos de inversión, que todavía están en una etapa primaria de preparación. Esto tiene que ver con un proyecto vinculado con el área social, que hemos llamado Atención a la Infancia y la Familia, incluido dentro de las iniciativas que, básicamente, van a comenzar en el año 2002; con un Programa de Desarrollo Regional Agropecuario, que está en el contexto de los estudios que está empezando a realizar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo con la distribución del artículo 230, que establece, como cometido, asesorar al Poder Ejecutivo sobre las políticas de descentralización y su planificación; y, por último, el Proyecto de Reforma de la Formación de Recursos Humanos para la Salud que, como decía, es el caso del Hospital de Clínicas, que en este momento está en análisis en forma coordinada entre el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de la Universidad de la República.

Estas partidas están establecidas en el Inciso 24, sin determinar quién las aplicará. Sí se prevé que cualquiera que las utilice, no pueden trasponerse a ningún otro proyecto para evitar justamente que dé lugar a su utilización en destinos que en este momento no están previstos.

SEÑOR HEBER.- Me pareció que el contador Davrieux iba a pedir al contador Cobas que se refiriera a los artículos 335 y 336, relacionados con fuentes de financiamiento y diversos créditos para programas de modernización de la gestión pública. Confieso que le tengo miedo a los grandes títulos, como "modernización de la gestión pública", porque seguimos gastando en modernización muchas veces más de lo que realmente se moderniza. A este respecto, me gustaría que el contador Cobas hiciera algún comentario porque sé que ha estado trabajando en estos programas desde hace mucho tiempo. Concretamente, me gustaría saber si esto va a tener carácter permanente, si siempre vamos a estar modernizando y nunca vamos a terminar de modernizar. También quisiera saber cuál ha sido el avance a partir de la inversión realizada en el Período pasado, dado que también hemos asignado recursos a este rubro en otros Presupuestos.

Por lo tanto, antes de pasar a otros temas, pediría que de ser posible se realizara algún comentario acerca de por qué se necesitan más partidas de las que ya hemos asignado en el pasado a esta Oficina para modernizar la gestión pública.

SEÑOR DAVRIEUX.- Mi intención fue ofrecer a los señores Senadores que estuvieran interesados la posibilidad de que el contador Cobas desarrollara este tema. De todas maneras, el señor Senador Heber ha realizado algunos comentarios sobre los que me gustaría hacer algunas reflexiones antes de que el contador Cobas analice el punto.

Antes que nada, con relación al monto de estos proyectos, en esta ocasión estamos planteando cifras bastante inferiores a las anteriores. En el Presupuesto pasado se utilizó una partida global que fue ampliada para el fortalecimiento y gastos de cooperación técnica reembolsables. En definitiva, se trató de un préstamo para cooperación técnica y no para inversiones. Lo que aquí se plantea es una partida de U$S 3:500.000, lo que representa la tercera parte de lo asignado en el Período anterior; o sea que en esos gastos estamos siendo un poco más modestos.

Por otro lado, la línea es bastante distinta, dado que se están planteando algunos cambios en la Administración Pública. Uno de ellos es reducir la actividad monopólica de las empresas del Estado y regular los mercados, donde habrá participación privada, pero en lugares donde la oferta es limitada. Por ejemplo, se puede tomar en cuenta la capacidad de una banda. Estos programas tienen que ser estudiados por parte de gente especializada y están incluidos dentro de estos proyectos.

En términos generales, además de estas partidas se prevé recibir donaciones, básicamente del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que también apoyen porque se requieren más recursos que los previstos para llevar adelante las nuevas tareas a los efectos de dar mayor libertad y apertura al mercado que permita el crecimiento económico.

Esta es la idea general, pero para referirse a los aspectos concretos, si me permiten, cedo el uso de la palabra al contador Cobas.

SEÑOR COBAS.- Para ir contestando las preguntas relacionadas con la nueva operación y con las actividades que se desarrollaron hasta ahora en el programa de reforma del Estado, debo decir que, básicamente, las dos operaciones que se plantearon –una ya se ha realizado y para la otra se solicitan recursos en el actual Presupuesto- forman parte de una estrategia general de cambio. Estas son acciones que en algunos casos se reconocen como permanentes, pero que normalmente llevan más de un Período de Gobierno.

Como ustedes saben, el grueso de los recursos de la operación anterior se destinó al pago de los incentivos de los funcionarios públicos que fueron objeto de disponibilidad por las reestructuras organizativas. Esta operación insumió U$S 103:000.000 y contó con cooperación técnica. Normalmente, las cooperaciones técnicas tienden a cumplir con las condiciones del préstamo sectorial del Banco.

Los U$S 3:500.000 a que hizo referencia el contador Davrieux son los recursos previstos para una operación que tiende a compensar todo lo relacionado con el programa de reforma del Estado y modernización que pretende dar continuidad a muchas acciones iniciadas en el Período anterior para darle aplicación en el actual Gobierno. Básicamente, se ordenan en tres grandes cuerpos de acciones. Uno de ellos se vincula con el mejoramiento de la gestión interna del Estado y tiende a implementar y a continuar esfuerzos que se han venido desarrollando en distintas áreas: implantación del sistema de información de compras y contrataciones estatales, programa del sistema de información de inversiones, instrumentación del sistema de compras electrónicas que permitirá hacer más eficiente el proceso de compras estatales. También tiene otro componente relacionado con la gestión interna, que tiende a continuar con el fortalecimiento institucional y la mejora de la gestión de los organismos vinculados con las recaudaciones, como la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas, así como la complementación de todas las acciones de administración financiera que llevan adelante la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación.

A partir de todos los esfuerzos que se desarrollaron para mejorar la presentación de la información en la Rendición de Cuentas y en el Presupuesto, se pretende incorporar un sistema que ejerza una revisión de actividades de la gestión pública en función de resultados. Esta es otra de las acciones que se quiere implementar.

Por último, se pretende lograr la implantación de sistemas que se desarrollaron con la operación anterior y que dicen relación con la supervisión del sistema de medición de las condiciones objetivas de trabajo y con el sistema de remuneraciones en el sector público. Esta es una primera área.

Otra área que también tiende a la modernización es aquella que tiene que ver con la relación del Estado con el ciudadano, que incluye la creación de centros de información, oficinas integradas de trámite, incorporación de nueva tecnología de información a los procesos públicos mediante reingeniería de procesos que afectan al ciudadano y que tienen un alto impacto en términos de costos transaccionales y de reducción de tiempos en la Administración.

Este es un breve resumen para ahorrar tiempo, pero es de destacar que todo esto tiene bastante relevancia.

La tercer gran área es aquella a la que hacía referencia el contador Davrieux y tiene que ver con la relación del Estado con el sector privado, básicamente, con respecto a la revisión de todas las regulaciones o los costos implícitos que, por el ejercicio del poder monopólico del Estado, pueden implicar irracionalidades en los costos de las empresas o en el funcionamiento de los mercados para mejorar sus competencias y competitividad. Esto implica una reingeniería de procesos y el montaje de una tecnología de impacto en la regulación de las actividades económicas en los mercados para tratar de contribuir a la adaptación de éstas al desafío de la nueva economía, de la competitividad y de la competencia de los mercados.

Básicamente, esos son los grandes destinos que complementan una operación que tiene como contrapartida una reducción de los costos que el Estado impone a la economía. De alguna manera, se fortalecen las acciones para que, a través de una mayor productividad, se compensen las menores recaudaciones de lo que se le va a trasladar al sector privado.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: voy a plantear un tema de orden, porque según se acordó, la Comisión se levantaría a las 11 y 30 horas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Habíamos invitado para el día de hoy al señor Director Nacional de Aduanas, a los efectos de dialogar junto con el señor Ministro de Economía y Finanzas, pero observando la agenda de hoy o de los próximos días, no creo que pueda concurrir en otra instancia.

En consecuencia, solicito que la Mesa suspenda el tratamiento de estos artículos, a fin de escuchar al señor Director Nacional de Aduanas acerca de ciertas manifestaciones públicas que ha realizado y que, a mi juicio, son muy graves.

SEÑOR PRESIDENTE.- El régimen de trabajo y la hora de finalización de esta sesión ya fueron resueltos por esta Comisión en su oportunidad, atendiendo las obligaciones del señor Ministro de Economía y Finanzas, quien anunció tener una reunión prevista con el Ministro de Economía chileno. Según tenemos entendido, esto acontecerá en pocos minutos. De manera que hay que tener en cuenta este hecho.

Entonces, el señor Senador Heber propone cambiar lo ya dispuesto por la Comisión, con lo cual, por ejemplo, deberíamos prorrogar la hora, sabiendo que el señor Ministro no va a poder estar presente.

SEÑOR HEBER.- Tenemos dos opciones: continuar sin la presencia del señor Ministro o, si él prefiere estar presente, reunirnos a las 16 horas, en lugar de las 17. Esto lo haríamos luego de la Asamblea General, es decir, de escuchar al Presidente de Chile, señor Lagos. No creo que esa sesión insuma más de 1 o 2 horas. De manera que luego podríamos reiniciar la sesión para discutir estos temas que nos preocupan a todos.

SEÑOR MINISTRO.- Lamento ser un obstáculo para el funcionamiento normal de la Comisión. Obviamente, el tema que plantea el señor Senador Heber es de mi interés, y me gustaría estar presente. Creo que es mi obligación asistir a este intercambio de ideas que se propone con el señor Director Nacional de Aduanas y en el que, en cierto modo, está relacionado el Ministerio de Economía y Finanzas.

En consecuencia, preferiría que mantuviéramos el programa original, en el sentido de suspender la sesión, habida cuenta de que en breves minutos deberé reunirme con el señor Ministro de Economía de Chile.

En cuanto a la posibilidad de concurrir en la tarde de hoy, también tengo problemas, ya que he previsto varias reuniones, algunas de ellas muy importantes. Pero a partir de mañana estoy a la orden de la Comisión. Soy totalmente consciente de las perturbaciones que he causado al funcionamiento de este Cuerpo. De modo que estoy a su entera disposición, en las condiciones, horarios y días que deseen. Pero, reitero, preferiría que no fuera en la tarde de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda a los señores Senadores que el viernes de mañana está reservado para recibir delegaciones. De acuerdo con la agenda de trabajo de la próxima semana, tendríamos libre el jueves de mañana. Si la Comisión considera apropiado, podríamos invitar al señor Ministro a concurrir en esa oportunidad.

SEÑOR MICHELINI.- En primer lugar, el señor Ministro nos ha hecho llegar su disposición de estar mañana mismo en esta Comisión, si así se entiende necesario. Podríamos recibirlo en la tarde, durante una hora o una hora y media por lo menos, para hablar el tema relacionado con la Aduana.

En segundo término, en la agenda de trabajo de la Comisión para la próxima semana, no figura el tema del Poder Judicial ni el del CODICEN. No debemos olvidar que son asuntos a estudio de este Cuerpo, que revisten gran importancia, ya que luego de ello, puede llegar el Mensaje Complementario. Pasan los días y, notoriamente, todos los miembros de la Comisión estamos preocupados por lo que ocurrirá con esos Organismos.

Entonces, si trasladábamos este tema de la Aduana para el próximo jueves, estaríamos postergando además lo relacionado con el Poder Judicial y el CODICEN.

Concretamente, propongo que el señor Ministro de Economía y Finanzas venga mañana y que el señor Presidente combine con el Poder Judicial y con el CODICEN para recibirlos la próxima semana, incluso, introduciendo modificaciones en nuestra agenda de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Deseo informarle al señor Senador Michelini que la Mesa está haciendo lo posible para tratar -dentro de la escasez de tiempo que tenemos- el programa de trabajo. Por cierto, vamos a atender su preocupación; en realidad, ya lo hemos hecho y continuaremos procediendo en el mismo sentido.

SEÑOR HEBER.- Ya que el señor Ministro de Economía y Finanzas desea estar presente en esta reunión, propongo que las audiencias previstas para la mañana del viernes sean trasladadas a la tarde y, en su lugar, tratemos este tema. Creo que es fácil hacerlo, porque se podrían llamar a las delegaciones y citarlas para la tarde. Entonces, comenzaríamos a sesionar desde las 9 o las 10 hasta las 12 horas.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador comprenderá que las audiencias ya han sido concedidas. Pero, naturalmente, estaremos a lo que resuelva la Comisión a ese respecto.

SEÑOR FAU.- Veo con cierta preocupación la forma en que se está planteando el trabajo. Hace un rato se nos hizo una crítica muy fuerte a lo que habíamos resuelto los blancos y los colorados, con los votos contemplativos. Se nos señalaba que había asuntos muy importantes que debían ser analizados. Ahora se plantea algo que me causa sorpresa, porque si vamos a discutir un tema con el señor Director Nacional de Aduanas, debe ser de índole presupuestal. Para eso está esta Comisión. Sin embargo, he escuchado decir que se quiere debatir sobre declaraciones públicas que pudo haber hecho dicho jerarca. Me pregunto si este Cuerpo es el ámbito apropiado para discutir esos temas. Creí que el señor Director había sido convocado para ilustrarnos sobre el Presupuesto relacionado con su Oficina. Pero si la Comisión desea introducir un debate de esa naturaleza, lo que va a ocurrir es que se va a postergar la posibilidad de discutir los temas presupuestales. Por supuesto que este Cuerpo está en condiciones de decidir.

Reitero que me llama la atención que tan serenamente nos introduzcamos en un debate que nada tiene que ver con lo que explica y justifica el trabajo de esta Comisión.

SEÑORA ARISMENDI.- Quiero dejar sentado que recién en este momento nuestra bancada acaba de recibir –porque lo solicitamos expresamente- el listado de audiencias. Aquí se hablaba de audiencias, pero no teníamos idea si estaban concedidas y quiénes eran los invitados. Por lo tanto, estábamos hablando sobre algo que desconocíamos.

Creo, por otra parte, que si el señor Ministro de Economía y Finanzas ha planteado la posibilidad de concurrir en el día de mañana, y si bien no es sencillo ni correcto cambiar las audiencias, podríamos trabajar en la tarde con el equipo económico, teniendo en cuenta que en una reunión se debatió si podíamos seguir avanzando con otros Ministerios mientras no viniera esa Secretaría de Estado.

Me parece que el tema de la Aduana es muy importante, pero aquí hay una serie de aspectos que aún no hemos abordado y que específicamente tienen que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Quiere decir que a la hora 11 y 30 no terminamos con lo que hemos venido tratando esta mañana.

Por lo tanto, si la opinión del equipo económico de alguna manera condiciona las consideraciones con respecto a otros incisos, sería importante que aprovecháramos el ofrecimiento hecho por el señor Ministro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no entiendo mal, concretamente la señora Senadora sugiere que ello se haga el viernes en horas de la tarde.

SEÑORA ARISMENDI.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR HEBER.- Creo que las consideraciones del señor Senador Fau merecen una respuesta o un comentario.

Me sorprende que él se sorprenda, porque en una reunión anterior hicimos un comentario al señor Ministro y él, como todos los miembros de esta Comisión, sabían de esta instancia. Ahora bien, que el señor Senador Fau crea que el funcionamiento de la Aduana, en sus metas y objetivos, no está comprendido en el Presupuesto, realmente me sorprende. ¿Cuál es la función de la Aduana?

El señor Director Nacional de Aduanas ha dicho públicamente que tiene inconvenientes para cumplir su misión. Entonces, si no vamos a escuchar cuáles son los inconvenientes que tiene para cumplir el rol que el Estado da a esa dependencia, no sé qué otro tema vamos a discutir. No se trata del aumento salarial, ni de las inversiones, sino del papel, de los objetivos y metas que el Estado se fija para cumplir una determinada función. Esa es la potestad que tiene la Dirección de Aduanas.

Creo que mañana, ya sea en la tarde o por la mañana, nos debemos reunir. Inclusive, yo fui flexible porque pedí esto y el señor Ministro enseguida accedió a que concurriera al otro día el Director Nacional de Aduanas. Sin embargo, no pudo hacerlo y nosotros no formulamos planteo de ninguna clase. Entonces, pasar esto para la semana que viene sería dilatar una instancia que nos preocupa a todos. ¿Acaso no le preocupa al señor Senador Fau que haya presiones políticas o empresariales para cumplir determinados objetivos? Creo que él se tiene que preocupar.

SEÑOR FAU.- ¡Ahora empezamos a entendernos!

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita a los señores Senadores que no dialoguen.

Continúa en uso de la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Eso es lo que hemos venido discutiendo en las últimas reuniones. Entonces, en la medida en que le demos largas, le estaremos haciendo mal a la propia función de la Aduana. Quiero recordar que la moción de que concurriera el Director Nacional de Aduanas fue votada por toda la Comisión.

No es nuestra intención discutir con el señor Senador Fau; nuestro propósito es informarnos de lo que está pasando y, por ello, queremos escuchar al Director Nacional de Aduanas sobre lo que dijo públicamente. Esto está directamente ligado a los objetivos de una función tan importante como la que cumple la Dirección Nacional de Aduanas.

Entonces, para dejar de discutir lateralmente, propongo al señor Presidente que ubique, de mañana o de tarde, la concurrencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, que supongo reservará ese día para hablar de este tema tan importante que preocupa a todas las fuerzas políticas.

SEÑOR PRESIDENTE.- En resumen, hay una propuesta de sesionar el viernes de tarde, que necesariamente supone una modificación del régimen de trabajo ya aprobado por la Comisión.

SEÑOR RIESGO.- Simplemente, deseo hacer el siguiente planteo. El Partido Colorado tiene un problema político en horas de la tarde, por lo que sugiere sesionar de 8 a 9 y 30 horas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero recordar que las audiencias comienzan a la hora 10.

SEÑOR RIESGO.- Entonces, la Comisión podría funcionar hasta esa hora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Atendiendo a que se trata de una modificación al régimen de trabajo, la Mesa no tiene más remedio que poner a votación la propuesta de trabajar el día viernes de 8 a 10 con el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Director Nacional de Aduanas, para luego pasar a las audiencias.

(Se vota:)

15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a proceder a rectificar la votación.

(Se vota:)

14 en 15. Afirmativa.

Siendo más de la hora 11 y 30, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 11 y 41 minutos)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.