Artículo 1º.- El Presupuesto Nacional para el actual período de gobierno, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y sus anexos, que forman parte integrante de ésta.

Artículo 1º.- El Presupuesto Nacional para el actual período de Gobierno se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y los siguientes anexos, que forman parte integrante de ésta: Tomo I "Resúmenes", Tomo II "Recursos", Tomo III "Gastos de Funcionamiento", Tomo IV "Inversiones", Tomo V (partes I, II y III) "Estructura de Cargos y Contratos de Función Pública" y Tomo VI 1 "Programa Estratégico de Gestión y Planes Anuales de Gestión por Inciso y Unidad Ejecutora".

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2001, excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Artículo 2°.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2001, excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Artículo 3º.- Las estructuras de cargos y contratos de función se consideran al 1º de mayo de 2000 y a valores del 1º de enero de 2000. Autorízase a la Contaduría General de la Nación a efectuar las

modificaciones consecuentes, de acuerdo con normas anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley, así como las que resulten pertinentes por su incidencia en ésta.

Artículo 3°.- Las estructuras de cargos y contratos de función se consideran al 1° de mayo de 2000 y a valores del 1° de enero de 2000. Autorízase a la Contaduría General de la Nación a efectuar las modificaciones consecuentes, de acuerdo con normas anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley, así como las que resulten pertinentes por su incidencia en ésta.

Artículo 4º.- Los créditos establecidos para gastos de funcionamiento, inversiones, subsidios y subvenciones están cuantificados a valores del 1º de enero de 2000 y se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997 y por los artículos 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y sus modificativos.

Los planillados anexos comprenden el costo del Presupuesto Nacional del período 2000-2004, incluidas las partidas que se asignan por los artículos de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 375.

Artículo 4º.- Los créditos establecidos para gastos de funcionamiento, inversiones, subsidios y subvenciones están cuantificados a valores del 1º de enero de 2000 y se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997, y por los artículos 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y sus modificativos.

Los planillados anexos comprenden el costo del Presupuesto Nacional del período 2000-2004, incluidas las partidas que se asignan por los artículos de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 408.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben en el Presupuesto Nacional, dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben en el Presupuesto Nacional, dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 582 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento a efectos de su aprobación los proyectos de estructura, organización o reestructura de los Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional. Pasados cuarenta y cinco días sin pronunciamiento expreso, los mismos se considerarán aprobados.

Artículo 7º.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el sentido de establecer que donde dice: "inciso 1º del artículo 14" debe decir "inciso 2º del artículo 20".

Artículo 9°.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el sentido de establecer que donde dice: "inciso primero del artículo 14" debe decir "inciso segundo del artículo 20".

Artículo 8º.- Interprétase que el término vacantes, en el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, y que resultan de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, refiere al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas y no a la cantidad de cargos y funciones contratadas.

Suprimida una vacante, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas discapacitadas.

Facúltase al jerarca del Inciso, a propiciar ante el Poder Ejecutivo –previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación-, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas, adecuados a los requerimientos de las unidades ejecutoras de su Inciso, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

Lo dispuesto será de aplicación, en lo pertinente, a los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y las personas públicas no estatales.

Artículo 10.- Interprétase que el término vacantes, en el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, y que resultan de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, refiere al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas y no a la cantidad de cargos y funciones contratadas.

Suprimida una vacante, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas discapacitadas.

Facúltase al jerarca del Inciso, a propiciar ante el Poder Ejecutivo Previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, adecuados a los requerimientos de las unidades ejecutoras de su Inciso, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

Lo dispuesto será de aplicación, en lo pertinente, a los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y personas públicas no estatales.

Artículo 9º.- Inclúyese en el inciso quinto del artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, el siguiente numeral:

Artículo 11.- Inclúyense en el inciso quinto del artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, los siguientes numerales:

Artículo 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer aumentos diferenciales a funcionarios docentes, militares y policiales, en oportunidad de los incrementos generales de las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central al amparo del artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y artículo 1º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Dichos aumentos diferenciales podrán superar entre el 10% (diez por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) a los aumentos generales dispuestos por el Poder Ejecutivo.

Para los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República el incremento se adecuará a lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, excluidos los incrementos diferenciales a que refiere el inciso anterior para policías y militares.

Artículo 12.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer aumentos diferenciales a funcionarios docentes, militares y policiales, en oportunidad de los incrementos generales de las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central al amparo del artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y del artículo 1º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Dichos aumentos diferenciales podrán superar entre el 10% (diez por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) a los aumentos generales dispuestos por el Poder Ejecutivo.

Para los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República el incremento se adecuará a lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, excluidos los incrementos diferenciales a que refieren los incisos anteriores para policías y militares.

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

Artículo 12.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transformar los cargos de particular confianza establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y modificativos, en cargos de alta prioridad de acuerdo al régimen dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, manteniendo la misma denominación y posición jerárquica e inicialmente la misma retribución.

Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer una escala de retribuciones para funciones de alta prioridad, la que sólo podrá aplicarse en oportunidad de determinar los incrementos diferenciales de retribuciones previstas en este Capítulo.

Artículo 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transformar los cargos de particular confianza establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y modificativos, en cargos de alta prioridad de acuerdo al régimen dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, manteniendo la misma denominación y posición jerárquica e inicialmente la misma retribución.

Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer una escala de retribuciones para funciones de alta prioridad, la que sólo podrá aplicarse en oportunidad de determinar los incrementos diferenciales de retribuciones previstas en este Capítulo.

Artículo 13.- Derógase el artículo 9º de Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los funcionarios que, a la fecha de vigencia de la presente ley, se encuentren desempeñando efectivamente las funciones de mayor jerarquía referidas en este artículo, continuarán percibiendo esa compensación mientras presten dichas funciones. A tales efectos, se determinará el monto que a la fecha de vigencia de la presente ley están percibiendo, el que solamente recibirá los aumentos salariales que se aprueben para los funcionarios públicos.

Artículo 14.- Derógase el artículo 9° de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los funcionarios que, a la fecha de vigencia de la presente ley, se encuentren desempeñando efectivamente las funciones de mayor jerarquía referidas en este artículo, continuarán percibiendo esa compensación mientras presten dichas funciones. A tales efectos, se determinará el monto que a la fecha de la presente ley están percibiendo, el que solamente recibirá los aumentos salariales que se aprueben para los funcionarios públicos.

Los asesores con funciones de mayor jerarquía del titular de una unidad ejecutora, con o sin funciones ejecutivas adicionales, declarados tales por la autoridad competente, que a la fecha de ésta gozaban de la compensación dispuesta por el artículo 9º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, conservarán dicho beneficio en carácter de compensación personal, aunque por causa de reformulación de las estructuras organizativas realizadas en aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, algunas de las ex unidades ejecutoras, hayan pasado a ser áreas o dependencias de otras unidades ejecutoras, y siempre y cuando continúen prestando los servicios originales a nivel de los Directores de esas áreas o dependencias.  

Artículo 15.- Establécese con carácter general que las retribuciones por todo concepto de los integrantes de los órganos directivos de las personas públicas no estatales no podrán superar, en ningún caso, la de un Subsecretario de Estado.

Artículo 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer, a iniciativa de la Contaduría General de la Nación y la Oficina Nacional del Servicio Civil, las modificaciones necesarias conducentes a racionalizar las denominaciones de cargos o contratos de función pública y las de sus respectivas series, tendiendo a establecer una denominación o nomenclatura uniforme en las estructuras de las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional y siempre que ello no ocasione lesión de derechos funcionales.

La mera modificación de la denominación o nomenclatura de un cargo o función contratada no genera lesión de derechos.

Artículo 15.- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional se podrán determinar nuevas funciones de Alta Especialización, al amparo de lo dispuesto en los artículos 714 y 730 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, además de las ya previstas en los decretos que aprobaron las respectivas reformulaciones organizativas.

Artículo 17.- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional se podrán determinar nuevas funciones de alta especialización, al amparo de lo dispuesto en los artículos 714 y 730 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, además de las ya previstas en los decretos que aprobaron las respectivas reformulaciones organizativas.

Artículo 16.- Las funciones de Alta Especialización que se creen al amparo de lo dispuesto en la presente ley, se financiarán con cargo a un crédito específico que se generará por:

1. El crédito resultante de la supresión de vacantes de funciones contratadas que se generen a partir de la vigencia de la presente ley, cuando así lo determine el Poder Ejecutivo, incluyendo en el mismo la totalidad de conceptos retributivos, cualquiera sea la fuente de financiamiento.

Artículo 18.- Las funciones de alta especialización que se creen al amparo de lo dispuesto en la presente ley, se financiarán con cargo a un crédito específico que se generará por:

Artículo 17.- La escala de retribuciones, por todo concepto, a valores vigentes al 1º de enero de 2000, aplicable a las funciones contratadas de Alta Especialización al amparo del referido régimen será:

Nivel Retribución

I $ 16.070

II $ 24.725

III $ 33.380

IV $ 42.035

Quienes desempeñen estas funciones sólo podrán adicionar a la retribución establecida en la presente escala, el sueldo anual complementario, la prima por antigüedad y los beneficios sociales.

Para todos los niveles, el régimen horario será de ocho horas diarias efectivas de labor y de permanencia a la orden.

Para las funciones a las que se le asignen retribuciones de los niveles III y IV se exigirá, además, que la dedicación sea excluyente.

A los efectos de la presente ley se entiende por permanencia a la orden, la disposición del funcionario a requerimiento de la oficina, sin perjuicio del horario asignado y, dedicación excluyente, la imposibilidad de desempeñar ninguna otra actividad remunerada, con excepción de la docencia, la que podrá desempeñarse con un máximo de veinte horas semanales de labor.

Artículo 19.- La escala de retribuciones, por todo concepto, a valores vigentes al 1° de enero de 2000, aplicable a las funciones contratadas de alta especialización al amparo del referido régimen será:

Nivel Retribución

I $ 16.070

II $ 24.725

III $ 33.380

Quienes desempeñen estas funciones sólo podrán adicionar a la retribución establecida en la presente escala, el sueldo anual complementario, la prima por antigüedad y los beneficios sociales.

Para todos los niveles, el régimen horario será de ocho horas diarias efectivas de labor y de permanencia a la orden.

Para las funciones a las que se le asignen retribuciones del nivel III se exigirá, además, que la dedicación sea excluyente.

A los efectos de la presente ley se entiende por permanencia a la orden, la disposición del funcionario a requerimiento de la oficina, sin perjuicio del horario asignado, y dedicación excluyente, la imposibilidad de desempeñar ninguna otra actividad remunerada, con excepción de la docencia, la que podrá desempeñarse con un máximo de veinte horas semanales de labor.

Artículo 18.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 20.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo podrá disponer, a propuesta del jerarca de la unidad ejecutora, que el 60% (sesenta por ciento) de los créditos transferidos según lo dispuesto en el artículo 16, sea destinado al financiamiento de las nuevas funciones de Alta Especialización o a los contratos de función pública a que refiere el artículo 20 de la presente ley. El 40% (cuarenta por ciento) restante, será asignado por el jerarca del Inciso con el mismo destino previsto en el artículo 16, de acuerdo con criterios de priorización de actividades programáticas.

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo podrá disponer, a propuesta del jerarca de la unidad ejecutora, que el 60% (sesenta por ciento) de los créditos transferidos según lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, sea destinado al financiamiento de las nuevas funciones de alta especialización o a los contratos de función pública a que refiere el artículo 22 de la presente ley. El 40% (cuarenta por ciento) restante, será asignado por el jerarca del Inciso con el mismo destino previsto en el artículo 18 de la presente ley, de acuerdo con criterios de priorización de actividades programáticas.

Artículo 20.- Los proyectos modificativos que se presenten al amparo del régimen establecido por los artículos 8º y 9º del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, deberán atender al mejor cumplimiento de actividades y metas programáticas. A esos efectos las unidades ejecutoras comprendidas en los Incisos 02 al 15 deberán determinar, previamente, los perfiles ocupacionales requeridos por los respectivos puestos de trabajo que proyecten. Asimismo, podrán condicionar los restantes puestos de trabajo determinando las especificaciones que se les exigirán cuando queden vacantes.

El Poder Ejecutivo establecerá los criterios técnicos e instrucciones para su aprobación, previo informe del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE).

Artículo 22.- Los proyectos modificativos que se presenten al amparo del régimen establecido por los artículos 8º y 9º del Decreto Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, deberán atender al mejor cumplimiento de actividades y metas programáticas. A esos efectos las unidades ejecutoras comprendidas en los Incisos 02 al 15 deberán determinar, previamente, los perfiles ocupacionales requeridos por los respectivos puestos de trabajo que proyecten. Asimismo, podrán condicionar los restantes puestos de trabajo determinando las especificaciones que se les exigirán cuando queden vacantes.

El Poder Ejecutivo establecerá los criterios técnicos e instrucciones para su aprobación, previo informe del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado.

Artículo 21.- La provisión de las nuevas funciones contratadas resultantes, se realizará mediante concurso abierto entre quienes tengan calidad de funcionario público, durante la vigencia de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 23. La provisión de las nuevas funciones contratadas resultantes, se realizará mediante concurso abierto entre quienes tengan calidad de funcionario público, durante la vigencia de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 22.- Los jerarcas de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional podrán acordar la realización de acciones conjuntas en áreas que requieran funciones de alta especialización, para lo cual podrán convenir su cofinanciación con los recursos previstos en el artículo 16 de la presente ley.

Los convenios que se acuerden deberán contener en forma expresa los resultados buscados expresados a través de indicadores de cumplimiento de los mismos, así como la participación de cada organismo en la financiación y el establecimiento de la responsabilidad jerárquica de las funciones de alta especialización que se definan.

Los créditos presupuestales de cada Inciso involucrados en los convenios, podrán ser utilizados en los destinos previstos en la presente ley, una vez finalizados los mismos.

Artículo 24. Los jerarcas de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional podrán acordar la realización de acciones conjuntas en áreas que requieran funciones de alta especialización, para lo cual podrán convenir su cofinanciación con los recursos previstos en el artículo 18 de la presente ley.

Los convenios que se acuerden deberán contener en forma expresa los resultados buscados expresados a través de indicadores de cumplimiento de los mismos, así como la participación de cada organismo en la financiación y el establecimiento de la responsabilidad jerárquica de las funciones de alta especialización que se definan.

Los créditos presupuestales de cada Inciso involucrados en los convenios, podrán ser utilizados en los destinos previstos en la presente ley, una vez finalizados los mismos.

Artículo 23.- En todos los casos de redistribución de funcionarios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967 y 307 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969, y en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, a efectos de la adecuación presupuestal correspondiente, el sueldo y todas las demás compensaciones de carácter permanente efectivamente percibidas integran el total de retribuciones percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por prestación de funciones específicas, o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función en el organismo al que pertenecen y de los beneficios sociales.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previos a la incorporación.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

En ningún caso el total de retribuciones del funcionario que surja de la adecuación presupuestal podrá ser inferior al que venía percibiendo antes de la misma.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previos a la incorporación.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

Artículo 24.- Inclúyese en la excepción del artículo 33 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a los funcionarios de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) que puedan resultar redistribuidos, en función de la reestructura de dicho Ente.

En caso de no aceptar la redistribución dentro del plazo de treinta días de serle notificada, se entenderá que se configuró su renuncia tácita.

Artículo 25.- Los funcionarios de "El Espinillar" de la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Pórtland (ANCAP), podrán ser redistribuidos en toda la Administración Pública, de acuerdo al régimen previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, no siéndoles aplicable lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Dichos funcionarios no podrán negarse a ser redistribuidos en el propio departamento que constituye su residencia permanente o un departamento limítrofe a aquél. En caso de no aceptar en forma expresa la redistribución dentro del plazo de treinta días de ser notificada, se entenderá que se configuró la renuncia tácita.

Artículo 26. Los funcionarios excedentarios de la ex División Agroindustrial de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), podrán ser redistribuidos en toda la Administración Pública, sin excepciones, de acuerdo con el régimen previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Dichos funcionarios no podrán negarse a ser redistribuidos a dependencias ubicadas en el departamento de Salto. En caso de no aceptar en forma expresa la redistribución dentro del plazo de ciento ochenta días de ser notificada, se entenderá que se configuró la renuncia tácita.

El cese de los referidos funcionarios con derecho a jubilación, con un mínimo de sesenta años de edad, será obligatorio y dará derecho a una indemnización, a cargo de ANCAP, equivalente a la diferencia mensual entre sus haberes y el haber jubilatorio hasta cumplir los sesenta y cinco años de edad.

Quienes tengan entre cincuenta y cinco y cincuenta y nueve años de edad y su redistribución no sea posible, permanecerán en situación de "a la orden", en las mismas condiciones que se encuentren a la fecha de vigencia de la presente ley. Estos funcionarios podrán desempeñar sus tareas en otras dependencias de la Administración Pública del departamento de Salto, sin que se requiera su conformidad, previa autorización del Directorio de ANCAP.

Quienes no tengan causal jubilatoria podrán acogerse a un retiro incentivado equivalente a veinticuatro sueldos mensuales.

Artículo 26.- Los funcionarios de PLUNA (Ente Autónomo), podrán ser redistribuidos dentro de la Administración Pública y no podrán negarse a ser redistribuidos al propio departamento que constituye su residencia permanente o a un departamento limítrofe de aquél.

En caso de no aceptar la redistribución dentro del plazo de treinta días de ser notificada, se entenderá que se configuró su renuncia tácita.

Derógase el artículo 24 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 27. Agrégase al artículo 541 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 9º de la Ley Nº 17.213, de 24 de setiembre de 1999, artículo 83 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente inciso:

Artículo 28.- Agrégase al artículo 573 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, (artículo 120 del TOCAF), el siguiente numeral:

Artículo 28. Agrégase al artículo 573 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, (artículo 120 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente numeral:

Artículo 29.- Agrégase al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, (artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal:

Artículo 29. Agrégase al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y 6º de la Ley Nº 17.088, de 30 de abril de 1999, (artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el siguiente literal:

Artículo 30.- Derógase el artículo 47 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Artículo 30. Derógase el artículo 47 del Decreto Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Artículo 31.- Sustitúyese el artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), por el siguiente:

Artículo 31. Sustityese el artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), por el siguiente:

Artículo 32.- Suprímese el numeral 1º del artículo 464 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

Artículo 32. Suprímese el numeral 1º del artículo 464 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

Artículo 33.- Para el cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de los artículos 24 y 35 de la Constitución de la República, la erogación resultante, se atenderá con cargo a los créditos de los órganos u organismos a los cuales la condena les ha atribuido responsabilidad.

Si el órgano responsable fuera una unidad ejecutora y los créditos no fueran suficientes, el jerarca respectivo determinará los créditos de otras unidades ejecutoras con los que se atenderá el pago.

Artículo 33. Para el cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, la erogación resultante se atenderá con cargo a los créditos de los órganos u organismos a los cuales la condena les ha atribuido responsabilidad.

Si el órgano responsable fuera una unidad ejecutora y los créditos no fueran suficientes, el jerarca respectivo determinará los créditos de otras unidades ejecutoras con los que se atenderá el pago.

Queda exceptuado de esta norma el Ministerio de Educación y Cultura, en caso de expropiaciones dispuestas por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, así como también todos los organismos por hechos cuyas causales fueran originadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

Artículo 34.- En todas las licitaciones públicas y abreviadas, invitaciones o llamados que realicen los órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional, percibirán de los interesados en contratar el importe de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación que se dicte con la conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 34. En todas las licitaciones públicas y abreviadas, invitaciones o llamados que realicen los órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional, percibirán de los interesados en contratar el importe de los pliegos de bases y condiciones particulares, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación que se dicte con la conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 35.- Las trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento en los órganos y organismos del Presupuesto Nacional, regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, sin perjuicio de los regímenes especiales existentes.

Sólo se podrán trasponer créditos no estimativos y con las siguientes limitaciones:

Las trasposiciones se realizarán como se determina a continuación:

Las solicitudes de trasposición entre programas, deberán presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas antes del 1º de noviembre del ejercicio y contar con resolución favorable del Ministerio de Economía y Finanzas antes del 1º de diciembre de ese ejercicio.

Deróganse los artículos 107 y 108 de la Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

Artículo 35. Las trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento en los órganos y organismos del Presupuesto Nacional, regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, sin perjuicio de los regímenes especiales existentes.

Sólo se podrán trasponer créditos no estimativos y con las siguientes limitaciones:

Las trasposiciones se realizarán como se determina a continuación:

Las solicitudes de trasposición entre programas deberán presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas antes del 1º de noviembre del ejercicio y contar con resolución favorable del Ministerio de Economía y Finanzas antes del 1º de diciembre de ese ejercicio.

Deróganse los artículos 107 y 108 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

Artículo 36. Incorprase al artículo 440 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el siguiente inciso:

Artículo 36.- Los ingresos que perciban los órganos y organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional por todo concepto, se depositarán en cuentas del Tesoro Nacional, en el sistema bancario, individualizando el concepto del recurso respectivo, dentro del plazo de veinticuatro horas hábiles.

La Tesorería General de la Nación habilitará cuentas corrientes con la finalidad de registrar los movimientos y determinar los saldos de los fondos respectivos de los órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional, que por normas legales o reglamentarias perciban ingresos.

Las instituciones financieras comunicarán mensualmente a la Tesorería General de la Nación los movimientos y saldos de las cuentas del Tesoro Nacional.

Artículo 37. Los ingresos que perciban los órganos y organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional por todo concepto, se depositarán en cuentas del Tesoro Nacional, en el sistema bancario estatal, individualizando el concepto del recurso respectivo, dentro del plazo de veinticuatro horas hábiles.

La Tesorería General de la Nación habilitará cuentas corrientes con la finalidad de registrar los movimientos y determinar los saldos de los fondos respectivos de los órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional, que por normas legales o reglamentarias perciban ingresos.

Las instituciones financieras comunicarán mensualmente a la Tesorería General de la Nación los movimientos y saldos de las cuentas del Tesoro Nacional.

Artículo 37.- Al cierre de cada ejercicio financiero el 80% (ochenta por ciento) de los saldos disponibles en las referidas cuentas corrientes de las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, pasará a constituir recursos de Rentas Generales.

Se exceptúa de esta norma al Fondo Nacional de Vivienda, que se regirá por las disposiciones pertinentes en la materia.

Artículo 38. Al cierre de cada ejercicio financiero el 80% (ochenta por ciento) de los saldos no comprometidos en las referidas cuentas corrientes de las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, pasará a constituir recursos de Rentas Generales. A tales efectos, se entiende como saldos no comprometidos del ejercicio, a los recursos percibidos en el mismo, y que no se hayan aplicado a la cancelación de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos devengadas en dicho período. Esta disposición no será de aplicación a los saldos no comprometidos que financien planes de inversión, previa autorización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Se exceptúa de esta norma el Fondo Nacional de Vivienda, que se regirá por las disposiciones pertinentes en la materia.

Artículo 38.- Los gastos que se atienden con los fondos de libre disponibilidad se financiarán con cargo a los créditos presupuestales aprobados, siempre y cuando exista disponibilidad en las respectivas cuentas corrientes.

El Poder Ejecutivo podrá reforzar los créditos presupuestales de gastos de funcionamiento e inversión y retribuciones personales, si correspondiere, que se atienden con cargo a estos fondos, siempre que se acredite previamente su necesidad y conveniencia, teniendo en cuenta la disponibilidad del Tesoro Nacional, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación.

Cuando por razones de política de administración de recursos disminuya la recaudación, y en consecuencia no se pueda atender los gastos con cargo a estos fondos, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su pago.

Artículo 39. Los gastos que se atienden con los fondos de libre disponibilidad se financiarán con cargo a los créditos presupuestales aprobados, siempre y cuando exista disponibilidad en las respectivas cuentas corrientes.

El Poder Ejecutivo podrá reforzar los créditos presupuestales de gastos de funcionamiento e inversión y retribuciones personales, si correspondiere, que se atienden con cargo a estos fondos, siempre que se acredite previamente su necesidad y conveniencia, teniendo en cuenta la disponibilidad del Tesoro Nacional, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación.

Cuando por razones de política de administración de recursos disminuya la recaudación, y en consecuencia no se pueda atender los gastos con cargo a estos fondos, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su pago.

Artículo 39.- La Tesorería General de la Nación, realizará los pagos de las obligaciones contraídas con cargo a dichos fondos, en forma irrevocable, dentro de los cinco días hábiles desde que la obligación esté en condiciones de ser pagada.

Artículo 40. La Tesorería General de la Nación realizará los pagos de las obligaciones contraídas con cargo a dichos fondos, en forma irrevocable, dentro de los cinco días hábiles desde que la obligación esté en condiciones de ser pagada.

Artículo 40.- Derógase el artículo 48 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, sustituido por el artículo 46 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 41. Derógase el artículo 48 del Decreto Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, sustituido por el artículo 46 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 41.- Derógase el artículo 63 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 17.213, de 24 de setiembre de 1999, así como todas las normas que se opongan al presente régimen.

Artículo 42. Derógase el artículo 63 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 17.213, de 24 de setiembre de 1999, así como todas las normas que se opongan al presente régimen.

Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

Artículo 44. Sustityese el artículo 78 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

Artículo 44.- Derógase el artículo 611 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 45. Derógase el artículo 611 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 45.- Derógase el artículo 59 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 46. Derógase el artículo 59 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 46.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y por el artículo 56 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

Artículo 47. Sustityese el inciso tercero del artículo 29 del Decreto Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y por el artículo 56 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 95 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

Artículo 48. Sustityese el artículo 95 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

Artículo 48.- Derógase el artículo 87 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 49. Derógase el artículo 87 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 49.- Sustitúyese el artículo 94 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

Artículo 50. Sustityese el artículo 94 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

Artículo 50.- Los funcionarios del programa 001 "Determinación y aplicación de la Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" del Inciso 02 "Presidencia de la República", que pasen a prestar funciones en comisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, dejarán de percibir la compensación prevista por el artículo 80 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 51. Los funcionarios del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" del Inciso 02 "Presidencia de la República", que pasen a prestar funciones en comisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, dejarán de percibir la compensación prevista por el artículo 80 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 51.- Asígnase a la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", del Inciso 02 "Presidencia de la República", una partida anual de $ 1.162.000 (un millón ciento sesenta y dos mil pesos uruguayos), para atender gastos de funcionamiento de la Secretaría Nacional de Drogas.

La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación de la referida partida en grupos y objetos del gasto.

Artículo 52. Asígnase a la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", del Inciso 02 "Presidencia de la República", una partida anual de $ 1.162.000 (un millón ciento sesenta y dos mil pesos uruguayos), para atender gastos de funcionamiento de la Secretaría Nacional de Drogas.

La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación de la referida partida en grupos y objetos del gasto.

Artículo 52.- Créase en el programa 001 "Determinación y aplicación de la Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, el que se declara de particular confianza y queda comprendido en el literal D) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 53. Créase en el programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, el que se declara de particular confianza y queda comprendido en el literal D) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 53.- El Poder Ejecutivo, previa asignación legal correspondiente, fijará la tabla de sueldos de los funcionarios de la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas de Dependientes" de los programas 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República" la que no estará comprendida en lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y sus modificativas y artículo 105 de la Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983. Las precitadas remuneraciones se ajustarán en la misma oportunidad y porcentaje que los sueldos de los demás funcionarios de la Administración Central.

Hasta que entre en vigencia la precitada tabla de sueldos los mismos continuarán rigiéndose por la tabla de sueldos establecida en el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, sus modificativas y demás normas aplicables a los funcionarios de la Administración Central.

Artículo 54. El Poder Ejecutivo, previa asignación legal correspondiente, fijará la tabla de sueldos de los funcionarios del Inciso 02 "Presidencia de la República" la que no estará comprendida en lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y sus modificativas y en el artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983. Las precitadas remuneraciones se ajustarán en la misma oportunidad y porcentaje que los sueldos de los demás funcionarios de la Administración Central.

Hasta que entre en vigencia la precitada tabla de sueldos los mismos continuarán rigiéndose por la tabla de sueldos establecida en el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, sus modificativas y demás normas aplicables a los funcionarios de la Administración Central, dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 54.- Los funcionarios del programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República", que pasen a prestar funciones en comisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, dejarán de percibir la compensación prevista por el artículo 97 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 55. Los funcionarios del programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República", que pasen a prestar funciones en comisión de asistencia directa a los Ministros de Estado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, dejarán de percibir la compensación prevista por el artículo 97 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 55.- Suprímese del artículo 6º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, la referencia al cargo de Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 56. Suprímese del artículo 6º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, la referencia al cargo de Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 56.- Todos los organismos del Estado –Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales– están obligados a remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil, con destino al Registro creado por el literal D) del artículo 4º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, la información que ésta solicite a los efectos registrales.

Dicha información deberá ser proporcionada en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Facúltase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a publicar en el Diario Oficial la nómina de los organismos que no cumplan con lo dispuesto precedentemente.

Artículo 57. Todos los organismos del Estado –Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales– están obligados a remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil, con destino al Registro creado por el literal D) del artículo 4º de la Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985, la información que ésta solicite a los efectos registrales.

Dicha información deberá ser proporcionada en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Facúltase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a publicar en el Diario Oficial la nómina de los organismos que no cumplan con lo dispuesto precedentemente.

Artículo 57.- La Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará el "Modelo de Legajo Personal Electrónico", el que una vez aprobado por el Poder Ejecutivo, deberá ser adoptado por la Administración Central, Poder Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de los comprendidos en el Capítulo II de la Sección XI de la Constitución de la República.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Artículo 58. La Oficina Nacional del Servicio Civil proyectará el "Modelo Legajo Personal Electrónico", el que una vez aprobado por el Poder Ejecutivo, deberá ser adoptado por la Administración Central, Poder Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el Capítulo II de la Sección XI de la Constitución de la República. Asimismo, el Poder Legislativo adoptará el referido modelo.

El modelo proyectado deberá tener en cuenta los desarrollos electrónicos ya realizados en la materia y puestos en funcionamiento por algunos de los órganos u organismos involucrados, procurando su compatibilización con los mismos.

Artículo 58.- El personal eventual requerido para las funciones de apoyo a los proyectos de funcionamiento "Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares" y "Primera etapa del VIII Censo General, IV de Hogares y VI de Viviendas" que llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística será designado de acuerdo a lo establecido por el artículo 127 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Quienes sean llamados a desempeñar dichas funciones no adquirirán la calidad de funcionarios públicos.

La citada unidad ejecutora, al amparo del mencionado artículo, podrá además contratar personal eventual para ejecutar las tareas de relevamiento y procesamiento de las distintas encuestas que realiza. Quienes desempeñen las funciones de encuestador percibirán sus retribuciones por encuesta, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo fijará los valores de cada una de ellas, en función de la complejidad del respectivo formulario, el grado de dificultad previsto para la concreción de cada entrevista y la duración de la misma.

Artículo 59. El personal eventual requerido para las funciones de apoyo a los proyectos de funcionamiento "Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares" y "Primera etapa del VIII Censo General, IV de Hogares y VI de Viviendas" que llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística será designado de acuerdo a lo establecido por el artículo 127 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Quienes sean llamados a desempeñar dichas funciones no adquirirán la calidad de funcionarios públicos.

Artículo 59.- Encárgase al Instituto Nacional de Estadística el relevamiento y procesamiento del Indice de Precios al Por Mayor de Productos Nacionales, que actualmente elabora el Banco Central del Uruguay (BCU).

Artículo 60. Encárgase al Instituto Nacional de Estadística el relevamiento y procesamiento del Indice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales, que actualmente elabora el Banco Central del Uruguay.

Artículo 60.- Toda iniciativa en materia de regulaciones que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, así como en materia de tasas a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares, deberá ser evaluada en términos de oportunidad y conveniencia por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El Poder Ejecutivo remitirá las iniciativas a la Asamblea General para su aprobación.

Toda iniciativa en materia de restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares y la competitividad, así como las modificaciones del valor de tasas dentro de los límites fijados por la ley respectiva, deberá ser evaluada en términos de oportunidad y conveniencia por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 699 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 61. Toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, así como en materia de tasas a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 699 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 62. Créase en el programa 001 "Presidencia de la República" y en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Programa de Inversión Social (PRIS), que tendrá como cometido la articulación de las políticas sociales del Estado, en particular la coordinación de los programas que son financiados por organismos multilaterales de crédito y por distintas fuentes de financiamiento de la cooperación internacional, a través del ejercicio de la Secretaría de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales que integran el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Ministro de Educación y Cultura, el Ministro de Salud Pública, el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que preside el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La creación de dicho Programa no implica la asignación de mayores recursos presupuestarios y absorberá al Departamento de Políticas Sociales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Oficina será dirigida por un Director en el marco de lo establecido en el artículo 7° de la Ley Nº 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Artículo 61.- Créase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", el programa 006 "Regulación y Control de la Industria Eléctrica", cuya unidad ejecutora será la 006 "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" (UREE), creada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.832, de 17 de junio de 1997.

Artículo 62.- La unidad ejecutora 006 "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica", que se ubica en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es responsable de controlar el cumplimiento del marco regulatorio del sector eléctrico, dictar normas técnicas de calidad y seguridad del servicio y de medición y facturación de consumos, asesorar al Poder Ejecutivo en materia de concesiones, permisos, autorizaciones, fijación de precios sujetos a regulación y diseño de los reglamentos que conforman el marco regulatorio, e instrumentar el mecanismo de arbitraje para dirimir conflictos entre los agentes que operan en el sector.

Artículo 63.- La Comisión que dirige la "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica", integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo en atención a sus condiciones personales, profesionales y técnicas, constituye un órgano con autonomía técnica.

El mandato de los integrantes de la Comisión durará seis años y el Poder Ejecutivo podrá extenderlo por un segundo período. Cumplido su mandato continuarán en sus funciones hasta que asuman quienes hayan de sustituirlos.

Su destitución podrá disponerse previa venia de la Cámara de Senadores, sólo en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución.

Artículo 64.- Los miembros de la Comisión que dirige la "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" mantendrán mientras la integren, la reserva del cargo o función pública de que fueren titulares al momento de la designación y no podrán desempeñar actividades profesionales o de representación en el ámbito público o en el privado, vinculadas a la competencia del órgano.

Artículo 65.- Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5º del artículo 3º de la Ley Nº 16.832, de 17 de junio de 1997, la "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" podrá convocar a audiencia pública, previa notificación a todas las partes interesadas en los casos de procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte, relacionados con incumplimientos del marco regulatorio de la industria eléctrica.

Artículo 66.- La "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" se financiará con las sumas a pagar anualmente y por adelantado, por cada generador, trasmisor o distribuidor. Las mismas serán determinadas por dicha Unidad y se calcularán tomando el monto total de gastos e inversiones previstos en su presupuesto, multiplicado por una fracción en la cual el numerador coincidirá con los ingresos brutos de cada agente del mercado eléctrico, con la operación en el sector, correspondiente al año calendario anterior, y el denominador, con el total de los ingresos brutos por operación, de la totalidad de los generadores, trasmisores, y distribuidores, durante el período. En ningún caso podrá exceder el 3 o/oo (tres por mil) del total de ingresos de la industria.

Los agentes de retención y percepción serán determinados por la reglamentación.

El total de lo recaudado se volcará en Rentas Generales, se aplicará íntegramente al financiamiento de la "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" y en caso de registrarse excedentes, éstos se deducirán del monto a pagar en el año siguiente.

Artículo 67.- Los incumplimientos del marco regulatorio de la industria eléctrica serán sancionados por la "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica", según su gravedad y considerando la existencia o no de reincidencia con:

B) Apercibimiento.

C) Multa.

En casos de incumplimientos graves, la "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" podrá proponer al Poder Ejecutivo, la revocación de la autorización, permiso o concesión.

Cuando, como consecuencia del incumplimiento ocurra una falla del servicio, la multa tendrá como límite máximo el 100% (cien por ciento) del costo de dicha falla, y se aplicará a la indemnización del perjuicio económico respectivo. En otros casos su monto máximo será de 35.000 UR (treinta y cinco mil unidades reajustables).

Los incumplimientos de las disposiciones de los contratos que se suscriban en aplicación del marco regulatorio de la industria eléctrica serán sancionados de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.

Artículo 68.- Facúltase a la "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" para requerir el auxilio de la fuerza pública mediante solicitud escrita a la autoridad competente, en las acciones de prevención, constatación y aplicación de sanciones, dando inmediata intervención a la justicia cuando el hecho objeto de prevención o sanción constituya delito.

Artículo 69.- La "Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica" formulará un reglamento de procedimiento para la aplicación de sanciones, que garantice en todos los casos la aplicación del principio del debido procedimiento.

Artículo 70.- La contratación de personal para la UREE, en las diferentes modalidades previstas por las normas vigentes, se realizará en todo caso, por concurso.

Artículo 71.- Autorízase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" a enajenar aquellos inmuebles de propiedad del Estado que tengan carácter de "bienes bélicos" y sean considerados prescindibles para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos.

A tal efecto, será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970.

Del producido de las operaciones realizadas en aplicación de este artículo, el 25% (veinticinco por ciento) será destinado al programa respectivo para gastos de inversión y el resto a Rentas Generales.

Artículo 63. Autorízase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" a enajenar aquellos inmuebles de propiedad del Estado que tengan carácter de "bienes bélicos" y sean considerados prescindibles para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos.

A tal efecto, será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970.

Del producido de las operaciones realizadas en aplicación del presente artículo, el 80% (ochenta por ciento) será destinado al programa respectivo de gastos de inversión y el resto distribuido en partes iguales a la Administración Nacional de Educación Pública y al Ministerio de Salud Pública.

Artículo 72.- El no pago en fecha de los tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la Prefectura Nacional Naval dará lugar a la aplicación de las multas y recargos previstos en el inciso 2º del artículo 94 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974 (Código Tributario), en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.869, de 25 de setiembre de 1997.

La resolución definitiva que en tal sentido dicte la Prefectura Nacional Naval, constituirá título ejecutivo, siendo aplicable lo dispuesto por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

Artículo 64. El no pago en fecha de los tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la Prefectura Nacional Naval dará lugar a la aplicación de las multas y recargos previstos en el inciso segundo del artículo 94 del Decreto Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974 (Código Tributario), en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.869, de 25 de setiembre de 1997.

La resolución firme que en tal sentido dicte la Prefectura Nacional Naval, constituirá título ejecutivo, siendo aplicable lo dispuesto por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

Artículo 73.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 108 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 65. Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 108 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

El Ministerio de Defensa Nacional podrá celebrar convenios de pasantía con instituciones de enseñanza técnica de nivel medio, tanto públicas como privadas, a efectos de cubrir requerimientos de personal para desempeñar funciones en el SCRA. Esta contratación se realizará con cargo al fondo establecido en el inciso primero del presente artículo".

Artículo 74.- Cuando existan vacantes en la unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", la designación de personal civil equiparado a un grado militar, deberá efectuarse dentro de los 180 (ciento ochenta) días de finalizado el respectivo concurso o en su caso, de la respectiva propuesta de designación efectuada por la citada unidad ejecutora, a cuyos efectos la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación instrumentarán los mecanismos correspondientes para su cumplimiento.

Transcurrido dicho término, sin haberse efectuado la designación, la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas quedará facultada para contratar en forma directa y sin más trámite, hasta la provisión del cargo correspondiente, con un máximo de tres años, a aquellas personas propuestas para el mismo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Artículo 66. Cuando existan vacantes en la unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", la designación de personal civil equiparado a un grado militar, deberá efectuarse dentro de los ciento ochenta días de finalizado el respectivo concurso o en su caso, de la respectiva propuesta de designación resultante del concurso efectuada por la citada unidad ejecutora, a cuyos efectos la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación instrumentarán los mecanismos correspondientes para su cumplimiento.

Transcurrido dicho término, sin haberse efectuado la designación, la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas quedará facultada para contratar en forma directa y sin más trámite, hasta la provisión del cargo correspondiente, con un máximo de tres años, a aquellas personas propuestas para el mismo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Artículo 75.- Establécese que el Fondo Especial de Tutela Social, instituido por el Decreto-Ley Nº 15.569, de 1º de junio de 1984, constituye Fondos de Terceros, no considerándose Recursos de Afectación Especial.

Artículo 67. Establécese que el Fondo Especial de Tutela Social, instituido por el Decreto Ley Nº 15.569, de 1º de junio de 1984, constituye Fondos de Terceros, no considerándose Recursos de Afectación Especial.

Artículo 76.- Fusiónanse las unidades ejecutoras 030 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", 031 "Dirección General de Aviación Civil" y 032 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" en la unidad ejecutora 041 del programa 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional".

Los cometidos, potestades y atribuciones de la unidad ejecutora 041 serán los asignados por las disposiciones vigentes a las unidades ejecutoras fusionadas, debiendo en un plazo de 90 (noventa) días de la vigencia de la presente ley, definir su estructura organizativa interna de acuerdo con la normativa vigente.

La asignación de bienes, créditos, ingresos y obligaciones que las disposiciones vigentes prevén respecto de las citadas Direcciones Generales se transfieren de pleno derecho a la unidad ejecutora que se crea, a partir de la vigencia de la presente ley.

Las retribuciones de los funcionarios de las unidades ejecutoras 031 "Dirección General de Aviación Civil" y 032 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" se financiarán con cargo a Rentas Generales. A sus retribuciones básicas se les adicionará una compensación mensual que se calculará de la siguiente forma: las compensaciones de monto fijo se incorporarán por el importe percibido a la fecha de la fusión por cada uno de los funcionarios y aquellas de monto variable como un importe calculado en función del promedio de lo recibido por cada funcionario entre el 1º de julio de 1999 y 30 de junio de 2000.

En un plazo de 90 (noventa) días a partir de la vigencia de la presente ley, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes en la unidad ejecutora.

La aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrá causar lesión de derechos funcionales, ni afectar los derechos, deberes y garantías de los funcionarios; en particular, ni podrá significar variación de las retribuciones que percibían los funcionarios antes de la fusión.

Deróganse los artículos 511 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y 35 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, así como todas las disposiciones legales o reglamentarias modificativas y concordantes.

Todos los recursos desafectados por esta norma, se destinarán a Rentas Generales.

Artículo 68. Fusiónanse las unidades ejecutoras 030 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", 031 "Dirección General de Aviación Civil" y 032 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" en la unidad ejecutora 041, la que se denominará "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica" del programa 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional".

Los cometidos, potestades y atribuciones de la unidad ejecutora 041, serán los asignados por las disposiciones vigentes a las unidades ejecutoras fusionadas, debiendo en un plazo de noventa días de la vigencia de la presente ley, definir su estructura organizativa interna de acuerdo con la normativa vigente.

La asignación de bienes, créditos y obligaciones, que las disposiciones vigentes prevén respecto de las tres unidades fusionadas, se transfieren de pleno derecho a la unidad ejecutora que se crea a partir de la vigencia de la presente ley.

Las retribuciones de los funcionarios de las unidades ejecutoras 031 "Dirección General de Aviación Civil" y 032 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" se financiarán con cargo a Rentas Generales. A sus retribuciones básicas se les adicionará una compensación mensual que se calculará de la siguiente forma: las compensaciones de montos fijos se incorporarán por el importe percibido a la fecha de la fusión por cada uno de los funcionarios y aquellas de monto variable como un importe calculado en función del promedio de lo recibido por cada funcionario entre el 1º de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000.

En un plazo de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales referidos en los incisos tercero y cuarto en la unidad ejecutora que se crea.

La aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrá causar lesión de derechos funcionales, ni afectar los derechos, deberes y garantías de los funcionarios, en particular, ni podrán significar variación de las retribuciones que percibían los funcionarios antes de la fusión.

Deróganse los artículos 511 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y 35 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, así como todas las disposiciones legales o reglamentarias modificativas y concordantes.

Todos los recursos desafectados por el inciso anterior con destino al grupo 0, se afectarán a Rentas Generales.

Artículo 77.- Deróganse los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969.

Artículo 69. Deróganse los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969.

Artículo 70. A los Oficiales de la Armada Nacional en actividad que al 1° de febrero de 2001 computen con exceso los tiempos mínimos establecidos en sus diferentes grados, como consecuencia exclusiva de la falta de vacantes, se les retrotraerán las fechas de ascenso según el exceso de años pasados en cada grado.

Cumplido, se otorgarán los ascensos que correspondan en los distintos grados, sobre la base de los tiempos mínimos de antigüedad computable en cada grado, a los Oficiales que reúnan las condiciones generales para el ascenso. No se podrá ascender más que un grado y se generará la antigüedad correspondiente en su nueva jerarquía.

Los Oficiales comprendidos en las disposiciones precedentes serán ubicados en los escalafones respectivos con las precedencias correspondientes.

Los ascensos conferidos en virtud de lo establecido en la presente disposición, no confieren derecho a diferencias de sueldos, compensaciones, ni otros conceptos, con anterioridad al 1° de febrero de 2001 y, en caso de existir éstas, se financiarán con economías del grupo 0.

El procedimiento previsto en este artículo se aplicará por única vez.

Artículo 78.- Transfórmase el cargo de Subdirector General de Secretaría del Ministerio del Interior, en el de Director de la Policía Nacional.

Dicho cargo será de particular confianza, quedando comprendido en el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y tendrá los cometidos de la Inspección Nacional de Policía. Deberá ser ocupado por un Inspector Principal o Inspector General de la Policía Ejecutiva, en situación de retiro o un Inspector General en situación de actividad. Dependerá directamente del Ministro, del Subsecretario y del Director General de Secretaría.

Deróganse los artículos 143 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y 135 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 79.- El cargo de Director de Sanidad Policial será ocupado por un Oficial Superior de la Policía en situación de Actividad.

Derógase el artículo 95 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Artículo 71. Créase el cargo de Director Nacional de Sanidad Policial que será ocupado por un Oficial superior del subescalafón Ejecutivo en situación de actividad.

Suprímese del artículo 95 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la referencia al cargo de Director de Sanidad Policial.

Artículo 80.- Transfórmanse al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el programa 001 "Administración", unidad ejecutora 01 "Secretaría", los siguientes cargos presupuestales:

Los cargos que se crean serán transformados al vacar en los cargos que eran anteriormente.

Artículo 72. Transfrmanse al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en el programa 001 "Administración", unidad ejecutora 01 "Secretaría", los siguientes cargos presupuestales:

Un Subcomisario (PT) (Escribano) en un Inspector Mayor (PT) (Escribano)

Un Oficial Principal (PT) (Escribano) en un Inspector Mayor (PT) (Escribano)

Un Oficial Principal (PT) (Escribano) en un Inspector Mayor (PT) (Escribano)

Los cargos que se crean serán transformados al vacar en los cargos que eran anteriormente.

Artículo 81.- Los descuentos de terceros que realiza la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial sobre las prestaciones jubilatorias y pensionarias que sirve, no podrán superar el 80% (ochenta por ciento) de los haberes líquidos (nominal menos descuentos legales).

Artículo 82.- Asígnase una partida anual de $ 23.240.000 (veintitrés millones doscientos cuarenta mil pesos uruguayos) equivalentes a U$S 2.000.000 (dos millones de dólares de los Estados Unidos de América) destinada a la ejecución de vivienda del personal policial cuyo ingreso del núcleo familiar no supere las 30 UR (treinta unidades reajustables).

Esta partida estará condicionada a los respectivos convenios y especificada a programas determinados. La ejecución de dicho Plan será coordinado por la Comisión Ejecutora de Vivienda Policial.

Los rubros a los efectos de dichos financiamientos, serán aportados por el Fondo Nacional de Vivienda y deberán ser transferidos a partir de la firma de los respectivos Convenios.

Artículo 74. Asígnase una partida anual de $ 23.240.000 (veintitrés millones doscientos cuarenta mil pesos uruguayos) destinada a la ejecución de vivienda del personal policial cuyo ingreso del núcleo familiar no supere las 30 UR (treinta unidades reajustables).

Esta partida estará condicionada a los respectivos convenios y especificada a programas determinados. La ejecución de dicho plan será coordinada por la Comisión Ejecutora de Vivienda Policial.

Artículo 83.- El Presidente de la República actuando con los Ministros del Interior y de Economía y Finanzas, podrá realizar las transformaciones de cargos y funciones contratadas, a fin de racionalizar el escalafón Policial. Las transformaciones que se realicen al amparo de esta norma incluyen el cambio de subescalafón, siempre que el funcionario reúna los requisitos para ocupar el cargo correspondiente, así como la reordenación de los cargos del subescalafón especializado y subescalafón técnico, por especialidad o profesión respectivamente, pudiendo conformarse grupos dentro de éstos, atendiendo a su número y las necesidades del servicio, con el objetivo de procurarle la carrera administrativa a sus integrantes.

A los efectos previstos en el inciso anterior y en lo que respecta al subescalafón técnico, podrá eximirse por única vez del requisito previsto en el artículo 35, literal D), de la Ley Orgánica Policial (Concurso de Oposición y Méritos), a quienes revistando en un subescalafón diferente o en el subescalafón técnico, pero con otro paréntesis, vengan cumpliendo funciones inherentes a su profesión, por un lapso no inferior a los dos años, a la fecha de promulgación de la presente ley.

La racionalización administrativa no podrá originar aumento en los créditos presupuestales asignados, ni lesión de derechos funcionales y propenderá a lograr una disminución del total de cargos.

Artículo 84.- Suprímese en el escalafón "L", el subescalafón de Servicio (PS). A tales efectos, los cargos de ingreso al mismo serán transformados al vacar, en cargos de Agentes de 2da. Del subescalafón ejecutivo.

Los actuales integrantes de dicho subescalafón mantendrán, no obstante, su situación y todos los derechos inherentes al estado policial.

Artículo 75. Suprímese en el escalafón L, el sub-escalafón de Servicio (PS). A tales efectos, los cargos de ingreso al mismo serán transformados al vacar, en cargos de Agentes de 2da. del subescalafón Ejecutivo.

Los actuales integrantes de dicho subescalafón mantendrán, no obstante, su situación y todos los derechos inherentes al estado policial.

Artículo 85.- Suprímese el paréntesis presupuestal (PF), creado por el artículo 189 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, en la categoría de Personal Superior.

Sus componentes pasarán a integrar el subescalafón Ejecutivo de la unidad ejecutora donde actualmente prestan servicios. Los cargos vacantes serán redistribuidos a la Jefatura de Policía de Montevideo.

Artículo 76. Suprímese el paréntesis presupuestal (PF), creado por el artículo 189 del Decreto Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, en la categoría de Personal Superior.

Sus componentes pasarán a integrar el subescalafón Ejecutivo de la unidad ejecutora donde actualmente prestan servicios. Los cargos vacantes serán redistribuidos a la Jefatura de Policía de Montevideo.

Artículo 86.- Establécese que los ciudadanos que ingresen o reingresen a los cargos presupuestales del Ministerio del Interior tendrán la calidad de contratados por el plazo de tres años, pudiendo durante dicho lapso ser desvinculados por razones de servicio, sin necesidad de sumario administrativo previo.

Exceptúase de dicho régimen a los Oficiales subayudantes egresados de la Escuela Nacional de Policía.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Artículo 77. Establcese que los ciudadanos que ingresen o reingresen a los cargos presupuestales del Ministerio del Interior tendrán la calidad de contratados por el plazo de un año renovable hasta un máximo de cinco años, pudiendo durante dicho lapso ser desvinculados por razones fundadas de servicio, sin necesidad de sumario administrativo previo.

Exceptúase de dicho régimen a los Oficiales Subayudantes egresados de la Escuela Nacional de Policía.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Artículo 87.- Los funcionarios policiales que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren prestando servicios en comisión en las distintas unidades ejecutoras del Inciso 04, quedarán incorporados al presupuesto de la unidad en la que cumplen efectivamente funciones, previo otorgamiento de los ascensos que pudieran corresponder al 1º de febrero de 2001, si no manifestaren dentro del plazo de noventa días a contar del siguiente a la publicación de la presente, su voluntad de reintegrarse a la unidad en la cual revistan presupuestalmente. El reintegro se producirá en forma inmediata a la manifestación de voluntad del funcionario, en tal sentido, quienes opten por el reintegro a su unidad ejecutora de origen, no podrán volver a pasar en comisión a ninguna unidad ejecutora. Exceptúase al personal asignado a tareas de asistencia directa al Ministro, subsecretario, Director General de Secretaría y Director de la Policía Nacional.

Los funcionarios referidos en el inciso anterior que pertenezcan al subescalafón ejecutivo y cumplan tareas administrativas pasarán al subescalafón administrativo, transformándose sus cargos, si no optasen dentro del plazo establecido por reintegrarse a su unidad de origen.

Dichos cargos al vacar serán transformados en los cargos que eran anteriormente, pertenecientes al subescalafón ejecutivo.

A partir de la vigencia de la presente ley quedan prohibidos los pases en comisión de los funcionarios policiales del subescalafón ejecutivo, en las distintas unidades ejecutoras del Inciso 04, para el cumplimiento de tareas administrativas.

Artículo 78. El Personal Subalterno que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentre prestando servicios en comisión en las distintas unidades ejecutoras del Inciso 04, quedará incorporado al presupuesto de la unidad en la que cumple efectivamente funciones, previo otorgamiento de los ascensos que pudieran corresponder al 1° de febrero de 2001, si no manifestare dentro del plazo de noventa días a contar del siguiente a la publicación de la presente ley, su voluntad de reintegrarse a la unidad en la cual revista presupuestalmente. El reintegro se producirá en forma inmediata a la manifestación de voluntad del funcionario, en tal sentido, quien opte por el reintegro a su unidad ejecutora de origen, no podrá volver a pasar en comisión a ninguna unidad ejecutora. Exceptúase al personal asignado a tareas de asistencia directa al Ministro, Subsecretario, Director General de Secretaría y Director de la Policía Nacional.

Los funcionarios referidos en el inciso anterior que pertenezcan al subescalafón Ejecutivo y cumplan tareas administrativas pasarán al subescalafón Administrativo, transformándose sus cargos, si no optasen dentro del plazo establecido por reintegrarse a su unidad de origen.

Dichos cargos al vacar serán transformados en los cargos que eran anteriormente, pertenecientes al subescalafón Ejecutivo.

A partir de la vigencia de la presente ley quedan prohibidos los pases en comisión de los funcionarios policiales del subescalafón Ejecutivo, en las distintas unidades ejecutoras del Inciso 04, para el cumplimiento de tareas administrativas.

Artículo 88.- Derógase el artículo 37 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 y en su lugar establécese que a los efectos de la antigüedad calificada para el personal policial que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica Policial, las sanciones y licencias médicas serán tenidas en cuenta en el grado que revista el funcionario durante su permanencia en el mismo.

Esta norma se aplicará a partir de la calificación del año 2001.

Artículo 79. Derógase el artículo 37 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y en su lugar establécese que a efectos de la antigüedad calificada para el personal policial que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica Policial, las sanciones y licencias médicas serán tenidas en cuenta en el grado que revista el funcionario durante su permanencia en el mismo.

Esta norma se aplicará a partir de la calificación del año 2001.

Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley Orgánica Policial con el agregado introducido por el artículo 147 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

Artículo 80. Sustityese el artículo 49 de la Ley Orgánica Policial, por el siguiente:

Artículo 90.- Suprímese con fecha 1º de marzo de 2001, el programa 003 "Adquisiciones y Suministros", unidad ejecutora 03 "Intendencia General de Policía".

Una vez producidas las promociones de los funcionarios que se encuentran en condiciones de ascender en el año 2001, el personal perteneciente a dicha unidad, será redistribuido por el Jerarca del Inciso en las restantes unidades ejecutoras de acuerdo a las necesidades del servicio. A partir de la vigencia de la presente ley el personal prestará funciones en la unidad ejecutora 01 "Secretaría del Ministerio del Interior".

El Ministerio del Interior determinará, el destino del bien inmueble que ocupa el referido organismo, así como el de sus bienes muebles y de sus recursos presupuestales y financieros, pudiéndolos afectar a una o varias dependencias, conforme lo estime conveniente.

Facúltase al Ministerio del Interior a reasignar las materias de competencia de la Intendencia General de Policía a una o más unidades ejecutoras del Inciso. En lo inmediato y hasta tanto no se dicte la norma pertinente, las mismas serán asumidas por la unidad ejecutora 01, programa 001 "Administración".

Artículo 81. Suprímese con fecha 1º de marzo de 2001, el programa 003 "Adquisiciones y Suministros", unidad ejecutora 03 "Intendencia General de Policía".

Una vez producidas las promociones de los funcionarios que se encuentren en condiciones de ascender en el año 2001, el personal perteneciente a dicha unidad, será redistribuido por el jerarca del Inciso en las restantes unidades ejecutoras de acuerdo a las necesidades del servicio. A partir de la vigencia de la presente ley el personal prestará funciones en la unidad ejecutora 01 "Secretaría del Ministerio del Interior".

El Ministerio del Interior determinará el destino del bien inmueble que ocupa el referido organismo, así como el de sus bienes muebles y de sus recursos presupuestales y financieros, pudiéndolos afectar a una o varias dependencias, conforme lo estime conveniente.

Facúltase al Ministerio del Interior a reasignar las materias de competencia de la Intendencia General de Policía a una o más unidades ejecutoras del Inciso. En lo inmediato y hasta tanto no se dicte la norma pertinente, las mismas serán asumidas por la unidad ejecutora 01, programa 001 "Administración".

Artículo 91.- Autorízase a la Dirección Nacional de Bomberos la contratación periódica anual, con cargo a Rentas Generales, de ciento cincuenta ciudadanos, por un plazo máximo de cuatro meses por año para atender circunstancias excepcionales que afecten la prestación del servicio, tales como los incendios forestales y la protección de puntos de interés turístico durante el verano, entre los meses de diciembre a marzo, inclusive. La jerarquía, funciones y remuneración de cada contratado, serán equivalentes a las de Bombero de Segunda, Subescalafón Ejecutivo.

Artículo 82. Autorízase a la Dirección Nacional de Bomberos la contratación periódica anual, con cargo a Rentas Generales, de ciento cincuenta ciudadanos, por un plazo máximo de cuatro meses por año para atender circunstancias excepcionales que afecten la prestación del servicio, tales como los incendios forestales y la protección de puntos de interés turístico durante el verano, entre los meses de diciembre a marzo, inclusive. La jerarquía, funciones y remuneración de cada contratado, serán equivalentes a las de Bombero de 2da., subescalafón Ejecutivo.

Artículo 92.- Asígnase al programa 001 "Administración" una partida anual durante los ejercicios 2001 a 2004 de $ 17.974.000 (diecisiete millones novecientos setenta y cuatro mil pesos uruguayos) a efectos de atender las erogaciones resultantes de la adquisición de armamento con destino al personal policial.

Artículo 83. Asígnase al programa 001 "Administración" una partida anual durante los ejercicios 2001 a 2004 de $ 17.974.000 (diecisiete millones novecientos setenta y cuatro mil pesos uruguayos) a efectos de atender las erogaciones resultantes de la adquisición de armamento con destino al personal policial.

Artículo 93.- Sustitúyese el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.762, de 13 de febrero de 1978:

Artículo 84. Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, por el siguiente:

Artículo 94.- Asígnase al programa 001 "Administración", una partida por única vez de $ 12.000.000 (doce millones pesos uruguayos), a efectos de atender las erogaciones resultantes de la adquisición de camperas de uso policial.

Artículo 85. Asígnase al programa 001 "Administración", una partida por única vez de $ 12.000.000 (doce millones de pesos uruguayos), a efectos de atender las erogaciones resultantes de la adquisición de camperas de uso policial.

Artículo 95.- Créase en las distintas unidades ejecutoras del Inciso los siguientes cargos de Agente de 2da. Ejecutivo:

U. EJECUTORA DENOMINACION CANTIDAD

004 JP Montevideo 400

006 JP Canelones 350

013 JP Maldonado 200

026 DNCPYCR 200

Artículo 86. Créase en las distintas unidades ejecutoras del Inciso los siguientes cargos de Agente de 2da. Ejecutivo:

UNIDAD EJECUTORA DENOMINACION CANTIDAD

004 JP Montevideo 385

006 JP Canelones 335

013 JP Maldonado 185

JP Colonia 30

JP Rocha 30

026 DNCPYCR 185

Artículo 96.- Créase el programa 015, unidad ejecutora 032 "Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana".

Artículo 87. Créase el programa 015, unidad ejecutora 032 "Dirección Nacional de Asistencia Profesional Preventiva del Delito".

Artículo 88. La Dirección Nacional de Asistencia Profesional Preventiva del Delito, tendrá competencia para proponer, ejecutar, coordinar y evaluar políticas de prevención, sean estas relativas a la violencia y/o el delito, o de protección de grupos sociales especialmente vulnerables, desarrollando para ello acciones de tipo promocional, formativo o asistencial, que estimulen la interacción social, la movilidad del sector privado y de la sociedad civil, desalentando así la gestación y evolución de procesos de exclusión. Dependerá directamente del Ministerio del Interior y quedará comprendida en las disposiciones del artículo 9º de la Ley Orgánica Policial (Decreto 75/972, de 1º de febrero de 1972, Texto Ordenado de las Leyes Nº 13.963, de 22 de mayo de 1971, y Nº 14.050, de 23 de diciembre de 1971).

Será comandada por un Oficial Superior, grado 13 ó 14.

Artículo 97.- El que portare un arma de fuego y hubiese recaído sobre su persona sentencia condenatoria ejecutoriada, cuya fecha no excediera los cinco años, por la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en los artículos 150 (asociación para delinquir); 272 (violación); 273 (atentado violento al pudor); 274 (corrupción); 281 (privación de libertad); 283 (sustracción o retención de una persona menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores); 288 (violencia privada); 310 (homicidio), 316 (lesiones personales); 317 (lesiones graves); 318 (lesiones gravísimas); 319 (lesión o muerte ultraintencional, traumatismo); 321 bis (violencia doméstica); 323 y 323 bis (riña); 340 (hurto); 344 y 344 bis (rapiña y rapiña con privación de libertad, copamiento); 345 (extorsión); 346 (secuestro); y 350 bis (receptación), del Código Penal y artículo 1º de la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, (proxenetismo), será castigado, por esa sola circunstancia, con una pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

En estos casos, no se tendrá en cuenta la autorización de "porte de armas" que pudiere habérsele otorgado en vía administrativa.

Artículo 89. El que portare un arma de fuego y hubiese recaído sobre su persona sentencia condenatoria ejecutoriada, cuya fecha no excediera los cinco años, por la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en los artículos 150 (asociación para delinquir); 272 (violación); 273 (atentado violento al pudor); 274 (corrupción); 281 (privación de libertad); 283 (sustracción o retención de una persona menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores); 288 (violencia privada); 310 (homicidio); 311 (circunstancias agravantes especiales); 312 (circunstancias agravantes muy especiales); 316 (lesiones personales); 317 (lesiones graves); 318 (lesiones gravísimas); 319 (lesión o muerte ultraintencional, traumatismo); 321 bis (violencia doméstica); 323 y 323 bis (riña); 340 (hurto); 344 y 344 bis (rapiña y rapiña con privación de libertad, copamiento); 345 (extorsión); 346 (secuestro), y 350 bis (receptación), del Código Penal y artículo 1º de la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, (proxenetismo), será castigado, por esa sola circunstancia, con una pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera con violencia o con intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la pena prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.

Artículo 90. Modifcase el artículo 101 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 91. Sustitúyese el artículo 148 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 92. Asígnase una partida presupuestal de $ 6.972.000 (seis millones novecientos setenta y dos mil pesos uruguayos), para la adquisición de un Sistema de Búsqueda Automática de Huellas Dactilares (AFIS), destinado a la Dirección Nacional de Policía Técnica.

Artículo 93.- Facúltase a la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Sanidad Policial", previa autorización del jerarca máximo del inciso, a prestar a terceros, a título oneroso, servicios de salud, en la medida que de ello no derive detrimento alguno para el cumplimiento de las tareas habituales respectivas.

El resultado económico de estos servicios, una vez sustanciado el costo de los mismos, será destinado en su totalidad a la unidad ejecutora prestataria, para gastos de funcionamiento, inversiones y capacitación de sus funcionarios. Los precios serán fijados por el Ministerio del Interior en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 94. Determínase que los Fondos que administra la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial denominados "Fondos de Tutela Social Policial" y "Fondos de Vivienda" instituidos por el artículo 87 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y Decreto 507/987, de 8 de setiembre de 1987, respectivamente, constituyen Fondos de Terceros, no considerándose recursos de afectación especial.

Artículo 95. Créase un Registro Nacional de Balística Forense (RENABAFO), que dependerá del Ministerio del Interior, funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Policía Técnica y constituirá un área propia del Departamento de Balística Forense.

El Poder Ejecutivo realizará la reglamentación correspondiente.

Artículo 96. Declárase que las amortizaciones de los préstamos sociales que conceden la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial y el Banco Hipotecario del Uruguay al personal en situación de actividad o de retiro y a los pensionistas policiales, tendrán prioridad sobre cualquier otro descuento de terceros, salvo descuentos legales, retenciones judiciales, servicio de garantía de alquileres (Contaduría General de la Nación y Asociación Nacional de Afiliados) y Caja Nacional del Banco de la República Oriental del Uruguay, quedando en igualdad de condiciones que las asociaciones y cooperativas con respaldo legal.

Los beneficios a que refiere el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.214, de 27 de junio de 1974, concordantes y modificativas, podrán concederse a cualquier exportador.

Derógase el artículo 228 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Los beneficios a que refiere el artículo 1º del Decreto Ley Nº 14.214, de 27 de junio de 1974, concordantes y modificativas, podrán concederse a cualquier exportador.

Artículo 99.- La sanción de multa prevista por el literal A) de los artículos 11 y 42 de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, podrá ascender a un monto máximo de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos) el que se reajustará el 1º de enero de cada año, por el Indice de Precios al Consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 98. La sanción de multa prevista por el artículo 11 y por el literal A) del artículo 42 de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, podrá ascender a un monto máximo de $ 12.500.000 (doce millones quinientos mil pesos uruguayos) el que se reajustará el 1º de enero de cada año, por el Indice de Precios al Consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 100.- El funcionario aduanero que fuere condenado por delito de contrabando en calidad de encubridor o en cualquier grado de participación, además de la pena prevista por el artículo 257 del Código Penal, será castigado con la pena de inhabilitación especial de dos a seis años.

Artículo 99. El funcionario aduanero que fuere condenado por delito de contrabando en calidad de encubridor o en cualquier grado de participación, además de la pena prevista por el artículo 257 del Código Penal, será castigado con la pena de inhabilitación especial de dos a seis años.

Artículo 101.- El funcionario aduanero que fuere condenado por infracción fiscal de contrabando por la autoridad administrativa aduanera de menor cuantía o por la autoridad judicial competente, será considerado incurso en falta grave que dará lugar a su destitución, cumplidos los trámites del debido proceso administrativo.

Artículo 100. El funcionario aduanero que fuere condenado por infracción fiscal de contrabando por la autoridad administrativa aduanera de menor cuantía o por la autoridad judicial competente, será considerado incurso en falta grave que dará lugar a su destitución, cumplidos los trámites del debido proceso administrativo.

Artículo 102.- Sustitúyese el literal Q) del artículo 11 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 por el siguiente:

Artículo 101. Sustitúyese el literal Q) del artículo 11 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, por el siguiente:

Artículo 103.- Las incorporaciones de funcionarios, mediante el sistema de redistribución, a los cuadros funcionales de los escalafones de la Dirección Nacional de Aduanas, podrán efectuarse por el último grado efectivamente ocupado del escalafón respectivo, debiendo aprobarse, previamente, una prueba de aptitud que acredite los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones inherentes al servicio aduanero. El Instituto de Capacitación Aduanera determinará las bases correspondientes.

Artículo 102. Las incorporaciones de funcionarios, mediante el sistema de redistribución, a los cuadros funcionales de los escalafones de la Dirección Nacional de Aduanas, con excepción de los funcionarios del inciso, deberán efectuarse por el último grado efectivamente ocupado del escalafón respectivo, debiendo aprobarse, previamente, una prueba de aptitud que acredite los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones inherentes al servicio aduanero. El Instituto de Capacitación Aduanera determinará las bases correspondientes.

Artículo 104.- Derógase lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 122 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969.

Artículo 103. Declárase que la referencia al artículo 165 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, incluida en el artículo 194 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, refiere exclusivamente a la potestad de fiscalización de la entonces Inspección General de Hacienda, respecto de los estados contables de situación y de resultados de la Dirección General de Casinos, manteniéndose en vigencia las demás disposiciones contenidas en el citado artículo 165 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Artículo 106.- La partida asignada por el planillado presupuestal al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico – Financiera", Objeto del Gasto 581 "Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales", podrá ser reasignada en forma total o parcial por el Jerarca del Inciso al grupo 0 "Servicios Personales", con destino a compensar a los funcionarios que desempeñen tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con un alto grado de especialización y dedicación, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo.

La referida reasignación no podrá generar aumento del costo presupuestal.

Artículo 104. Las partidas asignadas por planillado presupuestal al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico–Financiera", Objetos del Gasto 581 "Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales", y 262 "Impuestos Indirectos", podrán ser reasignadas en forma total o parcial por el jerarca del Inciso al grupo 0 "Servicios Personales" en cualquiera de los programas del Inciso, con destino a compensar a los funcionarios que desempeñen tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con un alto grado de especialización y dedicación, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo.

Artículo 107.- Los actos y conductas prohibidos por el artículo 14 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000 serán sancionados de la siguiente forma:

A) Apercibimiento.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. En el caso que la gravedad de la infracción lo amerite, podrá ordenarse el cese provisorio de los actos o conductas prohibidos, sin perjuicio de la iniciación del proceso administrativo que corresponda.

Los criterios que se tendrán en consideración para determinar la gravedad de la infracción serán el daño causado, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la participación del infractor en el mercado, la duración de la práctica prohibida y la reincidencia o antecedentes del infractor.

Artículo 105. La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá a qué repartición del Estado se le asigna competencia en el control de los actos y conductas prohibidos por el artículo 14 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que serán sancionados de la siguiente forma:

A) Apercibimiento.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. En el caso de que la gravedad de la infracción lo amerite, podrá ordenarse el cese provisorio de los actos o conductas prohibidos, sin perjuicio de la iniciación del proceso administrativo que corresponda.

Los criterios que se tendrán en consideración para determinar la gravedad de la infracción serán el daño causado, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la participación del infractor en el mercado, la duración de la práctica prohibida y la reincidencia o antecedentes del infractor.

Artículo 108.- La Contaduría General de la Nación podrá aplicar sus ingresos de libre disponibilidad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, de la siguiente manera:

Derógase el artículo 127 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Artículo 106. La Contaduría General de la Nación podrá aplicar sus ingresos de libre disponibilidad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, de la siguiente manera:

Derógase el artículo 127 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Artículo 107. A efectos de realizar las tareas de contralor asignadas por la Ley Nº 17.166, de 10 de setiembre de 1999, y el artículo 4º del Decreto 349/999, de 5 de noviembre de 1999, la Administración Nacional de Telecomunicaciones deberá enviar a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas un relacionado de las llamadas efectuadas mes a mes, de las líneas telefónicas asiento de los concursos o sorteos referidos.

Artículo 108.- Las mercaderías introducidas en las terminales extra portuarias de contenedores y sus depósitos, habilitados por la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad con el Decreto 331/992, de 16 de julio de 1992, podrán entrar, salir y circular libremente, en cualquier tiempo, sea cual sea el tipo de envase, medio y modo de transporte, libres de todo tributo, como asimismo, ser objeto de las operaciones previstas en los artículos 98 y 99 del Código Aduanero.

Artículo 109.- Derógase el artículo 180 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 109.- Los funcionarios que se encuentren cumpliendo funciones de Jefe de Misión Permanente en el exterior que alcancen el límite de edad establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, podrán por resolución fundada del Poder Ejecutivo y en el interés del servicio, continuar ejerciéndolas, por un plazo de hasta el período quinquenal de permanencia en el exterior dispuesto en el artículo 40 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974.

Artículo 110.- Los cargos de los funcionarios del escalafón "A" comprendidos a la fecha de la presente Ley en lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, al vacar se transformarán en cargos del escalafón "M", en el grado 05 – Ministro Consejero.

Artículo 110. Los cargos de los funcionarios del escalafón A comprendidos a la fecha de la presente ley en lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada en el artículo 123 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, al vacar se transformarán en cargos del escalafón M, en el grado 05, Ministro Consejero, con reserva de los primeros cuatro cargos que vaquen, correspondientes tres al grado 16 Asesor Abogado I y uno al grado 16 Asesor I Contador, a efectos de garantizar la movilidad en el escalafón y la eficaz prestación de los servicios de apoyo profesional.

La provisión de estas vacantes será atendida con los profesionales del escalafón A no comprendidos en las normas habilitantes citadas para el desempeño de funciones en el Servicio Exterior.

Artículo 111.- Sustitúyense los incisos primero y segundo de los artículos 45 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 junio de 1974 en la redacción dada por el artículo 49 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981 y por el artículo 280 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

Derógase lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 111. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 45 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 49 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, y por el artículo 280 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por los siguientes:

Artículo 112.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 de la presente ley el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá asimismo, cuando existan vacantes en el personal contratado localmente en las misiones diplomáticas o consulares en el Exterior, asignar –en comisión de servicio a término– a funcionarios de los escalafones referidos en el citado artículo. Dichos funcionarios tendrán prioridad para tal comisión y percibirán una retribución, que será atendida con la partida de gastos de contratación de auxiliares de la misión y no podrá ser superior a la del funcionario local que sustituyen. Tendrán derecho a la reserva de su cargo, mientras dure la comisión de servicio en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores abonará únicamente los gastos de sus pasajes de ida y vuelta a la ciudad de destino.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición estableciendo la nómina de destinos abarcada por la misma, la que no superará un máximo de seis misiones simultáneas. Asimismo establecerá los criterios que aseguren la procedencia de tal contratación; la igualdad de oportunidades, así como los criterios y pautas de selección y aptitud de los funcionarios.

En ningún caso la aplicación de la presente norma podrá afectar el regular funcionamiento de las respectivas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 112. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 de la presente ley el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá asimismo, cuando existan vacantes en el personal contratado localmente en las misiones diplomáticas o consulares en el exterior, asignar –en comisión de servicio a término– a funcionarios de los escalafones referidos en el citado artículo. Dichos funcionarios tendrán prioridad para tal comisión y percibirán una retribución, que será atendida con la partida de gastos de contratación de auxiliares de la misión y no podrá ser superior a la del funcionario local que sustituyen. Tendrán derecho a la reserva de su cargo, mientras dure la comisión de servicio en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores abonará únicamente los gastos de sus pasajes de ida y vuelta a la ciudad de destino.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición estableciendo la nómina de destinos abarcada por la misma, la que no superará un máximo de seis misiones simultáneas. Asimismo establecerá los criterios que aseguren la procedencia de tal contratación, la igualdad de oportunidades, así como los criterios y pautas de selección y aptitud de los funcionarios.

En ningún caso la aplicación de la presente norma podrá afectar el regular funcionamiento de las respectivas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 113.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 203 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 113. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 203 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 114.- Sustitúyense los literales A) y B) del artículo 205 y el inciso segundo del artículo 206 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

"ARTICULO 205.-

Artículo 114. Sustitúyense los literales A) y B) del artículo 205 y el inciso segundo del artículo 206 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

Artículo 115.- Asígnase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores" una partida de $ 3.333.600 (tres millones trescientos treinta y tres mil seiscientos pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2000 para atender los gastos de funcionamiento del edificio sede del MERCOSUR.

Artículo 115. Asígnase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores" una partida anual de $ 3.333.600 (tres millones trescientos treinta y tres mil seiscientos pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2000 para atender los gastos de funcionamiento del edificio sede del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Artículo 116.- La referencia al Ministerio de Economía y Finanzas hecha en los artículos 208 y 212 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se entenderá realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 116. La referencia al Ministerio de Economía y Finanzas hecha en los artículos 208 y 212 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se entenderá realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 215 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 117. Sustitúyese el artículo 215 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 118. Los créditos reseñados en el artículo 18 de la presente ley, podrán ser utilizados en un 40% (cuarenta por ciento) para el mejor cumplimiento de las funciones, actividades y metas programáticas identificadas por el Inciso, que sean desempeñadas por los funcionarios del escalafón A del Ministerio de Relaciones Exteriores que no se encuentren comprendidos en el artículo 44 del Decreto Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, con el objetivo de lograr una gerencia profesional permanente y especializada.

A los efectos del presente artículo no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y sus modificativas, y artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

Artículo 119.- Sustitúyese el artículo 264 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 120. Sustitúyese el artículo 264 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 120.- Modifícase la denominación del programa 002, Unidad Ejecutora 002 "Instituto Nacional de Pesca" del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que pasará a llamarse "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos".

Artículo 121. Modifícase la denominación del programa 002, unidad ejecutora 002 "Instituto Nacional de Pesca" del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que pasará a llamarse "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos".

Artículo 121.- Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a reglamentar la expedición de permisos de caza en locales comerciales que giren en el ramo de armería, sin perjuicio de la expedición de los mismos en las oficinas habilitadas de esa Secretaría de Estado.

Artículo 122. Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a reglamentar la expedición de permisos de caza en otras dependencias estatales o en locales comerciales que giren en el ramo de armería, sin perjuicio de la expedición de los mismos en las oficinas habilitadas de esa Secretaría de Estado.

Artículo 122.- Asígnase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida anual de $ 406.700 (cuatrocientos seis mil setecientos pesos uruguayos), equivalente a U$S 35.000 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), con destino a atender las cuotas de contribución al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE).

Artículo 123. Asígnase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida anual de $ 406.700 (cuatrocientos seis mil setecientos pesos uruguayos), con destino a atender las cuotas de contribución al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE).

Artículo 123.- Asígnase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida de $ 402.982 (cuatrocientos dos mil novecientos ochenta y dos pesos uruguayos), equivalente a U$S 34.680 (treinta y cuatro mil seiscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América) por única vez, con destino a atender las contribuciones adeudadas en el período 1995-1999 al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE).

Artículo 124. Asígnase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida de $ 402.982 (cuatrocientos dos mil novecientos ochenta y dos pesos uruguayos), por única vez, con destino a atender las contribuciones adeudadas en el período 1995-1999 al Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE).

Artículo 124.- Sustitúyese el inciso quinto del numeral 3º) del artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 125. Sustituyese el inciso quinto del numeral 3º) del artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

Artículo 125.- Facúltase a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, previa conformidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para proceder a la contratación de observadores nacionales para embarcar en los buques pesqueros a efectos del cumplimiento de las tareas de observación y documentación de las operaciones de pesca, de proceso industrial, investigación y suministro de toda la información científica, biológica y técnica que le sea requerida por el Instituto.

Artículo 126. Facúltase a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, previa conformidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para proceder a la designación o la contratación, si correspondiere, de observadores técnicos nacionales para embarcar en los buques pesqueros a efectos del cumplimiento de las tareas de observación y documentación de las operaciones de pesca, de proceso industrial, investigación y suministro de toda la información científica, biológica y técnica que le sea requerida por la Dirección.

Artículo 126.- El Presidente de la República en acuerdo con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministro de Economía y Finanzas, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fijará anualmente el importe que por concepto de viático por días de navegación deba ser abonado por los titulares de Permisos de Pesca a los observadores técnicos designados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, para embarcar en los buques pesqueros. Dicho importe será fijado teniendo en cuenta las características, condiciones y términos de las campañas a ser realizadas por la embarcación que se trata. Los titulares de Permisos de Pesca estarán obligados asimismo a proporcionar alojamiento y alimentación a los citados observadores.

Artículo 127. El Presidente de la República en acuerdo con los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas y previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fijará anualmente el importe que por concepto de viáticos por días de navegación percibirán los observadores a que refiere el artículo anterior. Dicho importe será fijado teniendo en cuenta las características, condiciones y términos de las campañas a ser realizadas por la embarcación de que se trata y será abonado por los titulares de permisos de pesca a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Los titulares de permisos de pesca estarán obligados asimismo a proporcionar alojamiento y alimentación a los citados observadores.

Artículo 127.- Sustitúyense los incisos tercero y cuarto del artículo 275 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

Artículo 128. Sustitúyense los incisos tercero y cuarto del artículo 275 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por los siguientes:

Artículo 128.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 27 habilítase en la órbita del Programa 05 "Dirección General de Servicios Ganaderos" del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida anual de $ 6.972.000 (seis millones novecientos setenta y dos mil pesos uruguayos)

Artículo 129. Habilítase en la órbita del programa 05 "Dirección General de Servicios Ganaderos" del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, una partida anual de $ 3.075.000 (tres millones setenta y cinco mil pesos uruguayos), con destino a la División Laboratorios Veterinarios para atender los gastos de funcionamiento que demanda el Departamento de Protección de Alimentos.

Artículo 130. Habilitase en la órbita del programa 05 "Dirección General de Servicios Ganaderos" del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, una partida anual de $ 3.897.000 (tres millones ochocientos noventa y siete mil pesos uruguayos), con destino a la División Laboratorios Veterinarios para atender los gastos de funcionamiento que demandan las áreas de trabajo, excluido el Departamento de Protección de Alimentos.

Artículo 129.- Asígnase una partida anual de $ 9.300.000 (nueve millones trescientos mil pesos uruguayos), al Fondo de Apoyo a la Citricultura creado por la Ley Nº 16.332, de 26 de noviembre de 1992.

Artículo 131. Asígnase una partida anual de $ 9.300.000 (nueve millones trescientos mil pesos uruguayos), al Fondo de Apoyo a la Citricultura creado por la Ley Nº 16.332, de 26 de noviembre de 1992.

Artículo 130.- Habilítase una partida de Rentas Generales de $ 3.718.400 (tres millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos pesos uruguayos), equivalentes a U$S 320.000 (trescientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), para operar el Buque de Investigaciones "Aldebarán", en el programa 002, unidad ejecutora 002 – Dirección Nacional de Recursos Acuáticos – del Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 132. Habilítase una partida anual de Rentas Generales de $ 3.718.400 (tres millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos pesos uruguayos) para operar el Buque de Investigaciones "Aldebarán", en el programa 002, unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos" del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 131.- Declárase de interés nacional la producción citrícola y la elaboración de productos derivados tales como jugos naturales o concentrados y otros subproductos, todo ello con destino fundamentalmente a la exportación.

Artículo 132.- Interprétase que los fondos permanentes de indemnización establecidos legalmente, cuya recaudación corresponde a esta Secretaría de Estado, deberán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por resolución fundada determinará las prioridades específicas inherentes, pudiendo vincular el producido de dichos fondos al cumplimiento a actividades conexas al mismo, con excepción de retribuciones personales.

Artículo 133. Interprétase que los fondos permanentes de indemnización establecidos legalmente, cuya recaudación corresponde a esta Secretaría de Estado, deberán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por resolución fundada determinará las prioridades específicas inherentes, pudiendo vincular el producido de dichos fondos al cumplimiento de actividades conexas al mismo, con excepción de retribuciones personales.

Artículo 133.- La partida fijada por el artículo 307 de la presente ley con destino al Instituto Plan Agropecuario será asignada al programa 001, unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", a partir del ejercicio 2001.

Dicha partida será abatida en un 15% (quince por ciento) y utilizada como Fondo de Transferencia de Tecnología destinada al Instituto Plan Agropecuario y/o proyectos concursales de transferencia y/o acciones vinculadas.

Artículo 134.- Asígnase la partida fijada por el artículo 618 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 con destino al Movimiento de la Juventud Agraria, al programa 001, unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" del inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 135.- El pago de la compensación por embarque del personal afectado a las tareas desarrolladas por los buques de investigación así como sus correspondientes aportes a la seguridad social serán financiados con los recursos generados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

Artículo 134. El pago de la compensación por embarque del personal afectado a las tareas desarrolladas por los buques de investigación así como sus correspondientes aportes a la seguridad social serán financiados con los recursos generados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

Artículo 136.- El Poder Ejecutivo reglamentará la certificación de productos agrícolas orgánicos y/o provenientes de sistemas de producción de agricultura integrada.

La certificación será efectuada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas o por entidades de certificación oficialmente reconocidas y registradas ante la misma de acuerdo a los requerimientos que establezca la reglamentación.

Artículo 135. El Poder Ejecutivo reglamentará la certificación de productos agrícolas orgánicos y/o provenientes de sistemas de producción de agricultura integrada.

La certificación será efectuada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas o por entidades de certificación oficialmente reconocidas y registradas ante la misma de acuerdo a los requerimientos que establezca la reglamentación.

Artículo 137.- Deróganse el inciso primero del numeral 2) y el inciso segundo del numeral 3) del literal A) del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984 y sus reglamentaciones vigentes conforme al artículo 29 de dicho decreto-ley.

Artículo 136. Modifícanse los numerales 2) y 3) del artículo 3° del Decreto Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 138.- Deróganse los numerales 2), 3) y 4) del literal B) del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984 y sus reglamentaciones vigentes conforme al artículo 29 de dicho decreto-ley.

Artículo 137. Deróganse los numerales 2), 3) y 4) del literal B) del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, y sus reglamentaciones vigentes conforme al artículo 29 de dicho decreto-ley.

Artículo 139.- Derógase el artículo 35 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948.

Artículo 138. Derógase el artículo 35 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948.

Artículo 140.- Derógase el inciso primero del artículo 22 de la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991.

Artículo 139. Derógase el inciso primero del artículo 22 de la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991.

Artículo 140. Decláranse de interés nacional los programas, estudios, investigaciones y acciones emprendidas en cumplimiento del Decreto-Ley Nº 15.239, de 23 de diciembre de 1981, y del Decreto 284/990, de 21 de junio de 1990, relativos a la promoción y regulación del uso y conservación de suelos y de las aguas superficiales destinadas a uso con fines agropecuarios.

Artículo 141.- Habilítase en la unidad ejecutora 008, "Dirección Nacional de Energía", una partida anual de $ 663.640 (seiscientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos uruguayos) en el grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" con destino a la contratación de dos funciones de alta especialización.

Artículo 141. Habilítase en la unidad ejecutora 008, "Dirección Nacional de Energía", una partida anual de $ 663.640 (seiscientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos uruguayos) en el grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" con destino a la contratación de dos funciones de alta especialización.

Artículo 142.- Asígnase a la unidad ejecutora 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" una partida por única vez de $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos uruguayos) para su utilización en las actividades de desarmado de las instalaciones que albergan al Reactor de Investigaciones RU1 en el Centro de Investigaciones Nucleares y para mejorar o iniciar nuevas instalaciones para la gestión y almacenamiento de residuos radioactivos provenientes de actividades realizadas en el territorio nacional.

Artículo 142. Asígnase a la unidad ejecutora 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" una partida por única vez de $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos uruguayos) para su utilización en las actividades de desarmado de las instalaciones que albergan al Reactor de Investigaciones RUI en el Centro de Investigaciones Nucleares y para mejorar o iniciar nuevas instalaciones para la gestión y almacenamiento de residuos radioactivos provenientes de actividades realizadas en el territorio nacional.

Artículo 143.- Autorízase al Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería" a abonar aportes patronales con cargo a los fondos de libre disponibilidad a que hace mención el literal A) del artículo 305 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

Artículo 144.- Créase el Fondo Industrial de Defensa Comercial, cuyo monto ascenderá a $ 300.000 (trescientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2001, $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2002, $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2003 y $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2004. Dichos montos tendrán por objeto financiar la realización de las siguientes actividades:

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 144. Créase el Fondo Industrial de Defensa Comercial, cuyo monto ascenderá a $ 300.000 (trescientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2001, $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2002, $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2003, y $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2004. Dichos montos tendrán por objeto financiar la realización de las siguientes actividades:

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 145.- Autorízase la incorporación a la Unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Industrias", de hasta dos funcionarios presupuestados del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, los que podrán optar por dicha incorporación de acuerdo a las siguientes condiciones:

La incorporación será dispuesta por el Poder Ejecutivo con informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 145. Autorízase la incorporación a la unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Industrias", de hasta dos funcionarios presupuestados del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", los que podrán optar por dicha incorporación de acuerdo a las siguientes condiciones:

La incorporación será dispuesta por el Poder Ejecutivo con informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 146.- Asígnase a la unidad ejecutora 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" una partida anual de $ 232.400 (doscientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos uruguayos), a ser usada como contrapartida de gastos emergentes de acciones derivadas de la cooperación técnica internacional.

Artículo 146. Asígnase a la unidad ejecutora 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" una partida anual de $ 232.400 (doscientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos uruguayos), a ser usada como contrapartida de gastos emergentes de acciones derivadas de la cooperación técnica internacional.

Artículo 147.- Asígnase a la unidad ejecutora 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" una partida por única vez de $ 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos uruguayos) a los efectos de su utilización para realizar un relevamiento a nivel nacional con el fin de actualizar el Registro Nacional de Fuentes de Radiaciones Ionizantes.

Artículo 147. Asígnase a la unidad ejecutora 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear" una partida por única vez de $ 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos uruguayos) a efectos de su utilización para realizar un relevamiento a nivel nacional con el fin de actualizar el Registro Nacional de Fuentes de Radiaciones Ionizantes.

Artículo 148.- Los funcionarios presupuestados o contratados que se encontrarán prestando funciones en "Comisión" en el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", podrán optar por su incorporación a éste de acuerdo a las siguientes bases:

La incorporación se realizará conforme a las normas pertinentes del Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y será dispuesta por el Poder Ejecutivo, previa conformidad expresa de los jerarcas de las oficinas de origen y destino con informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

Artículo 148. Los funcionarios presupuestados o contratados que se encontraren prestando funciones en comisión en el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", podrán optar por su incorporación a éste de acuerdo a las siguientes bases:

La incorporación se realizará conforme a las normas pertinentes del Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, y será dispuesta por el Poder Ejecutivo, previa conformidad expresa de los jerarcas de las oficinas de origen y destino con informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

Artículo 149. Derógase el monopolio que el artículo 1º de la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, estableció, en cuanto refiere a la importación y venta del asfalto y sus derivados.

Artículo 149.- Suprímese la Unidad Ejecutora 002, asignándose sus cometidos a la unidad ejecutora 001.

La estructura organizativa será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente Ley.

Artículo 150. Suprímese la unidad ejecutora 002, asignándose sus cometidos a la unidad ejecutora 001.

La estructura organizativa será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 150.- Declárase zona de especial interés para la expansión turística a la Isla de Flores ubicada en el Río de la Plata.

Artículo 151.- Exonérase del pago de las sumas adeudadas por concepto de multas acumuladas a los titulares de los establecimientos hoteleros no reinscriptos hasta la fecha en el Registro de Hoteles que lleva el Ministerio de Turismo, según lo previsto por el artículo 61 de la Ley Nº 14.057, de 3 de febrero de 1972, con la redacción dada por el artículo 56 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Artículo 152. Exonérase del pago de las sumas adeudadas por concepto de multas acumuladas a los titulares de los establecimientos hoteleros no reinscriptos hasta la fecha en el registro de hoteles que lleva el Ministerio de Turismo, según lo previsto por el artículo 61 de la Ley Nº 14.057, de 3 de febrero de 1972, con la redacción dada por el artículo 56 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Artículo 153. Sustituyese el artículo 61 de la Ley Nº 14.057, de 3 de febrero de 1972, con la redacción dada en el artículo 56 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1998, por el siguiente:

Artículo 152.- Derógase el artículo 305 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, con la redacción dada por el artículo 57 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Artículo 154. Sustitúyese el artículo 305 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, con la redacción dada por el artículo 57 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

Artículo 153.- Derógase el inciso segundo del artículo 76 de la Ley Nº 13.659, de 2 de junio de 1968, en cuanto al requisito de la habilitación municipal.

Artículo 155. Sustitúyese el artículo 217 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

Artículo 154.- Dispónese la regularización de las partidas que el Ministerio de Turismo abona actualmente a sus funcionarios con cargo a fondos de libre disponibilidad, las que deberán imputarse a los créditos presupuestales del Inciso.

Con cargo a la partida que se regulariza podrá autorizarse el pago de retribuciones por concepto de mayor dedicación, las que se distribuirán de acuerdo a la reglamentación que al efecto dictará el Poder Ejecutivo.

Artículo 156. Dispónese la regularización de las partidas que el Ministerio de Turismo abona actualmente a sus funcionarios con cargo a fondos de libre disponibilidad, las que deberán imputarse a los créditos presupuestales del Inciso.

Con cargo a la partida que se regulariza podrá autorizarse el pago de retribuciones por concepto de mayor dedicación, las que se distribuirán de acuerdo a la reglamentación que al efecto dictará el Poder Ejecutivo.

Artículo 155.- Transfiérese del dominio público al dominio fiscal el establecimiento conocido como "Hotel Las Delicias", ubicado en la 1ª Sección Judicial de Maldonado, Rambla Costanera, Parada 24.

Artículo 156.- Se autoriza al Poder Ejecutivo la enajenación de los siguientes bienes fiscales, administrados por el Ministerio de Turismo:

6º) Padrón 3237 ubicado en la 1ª Sección Judicial de Río Negro; denominado "Parador y Motel Las Cañas".

Para la enajenación se seguirá el procedimiento previsto en los incisos segundo a quinto del artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970 y sus modificativos.

El 25% (veinticinco por ciento) del producido de la venta de los referidos inmuebles será destinado al Fondo de Fomento del Turismo creado por el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974. El resto constituirá recursos de Rentas Generales.

Artículo 157. Autorízase al Poder Ejecutivo la enajenación de los siguientes bienes fiscales, administrados por el Ministerio de Turismo:

Para la enajenación se seguirá el procedimiento previsto en los incisos segundo a quinto del artículo 343 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, y sus modificativos.

El 80% (ochenta por ciento) del producido de la venta de los referidos inmuebles será destinado al Fondo de Fomento del Turismo creado por el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974. El resto será distribuido en partes iguales a la Administración Nacional de Educación Pública y al Ministerio de Salud Pública.

En el caso de la enajenación prevista en el numeral 4º) de este artículo, el Ministerio de Turismo deberá proceder con anterioridad a solicitar opinión de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación sobre si las construcciones que se encuentran en el mismo tienen valor histórico.

Artículo 157.- Suprímese el régimen de prestación de los servicios de Mozos de Cordel previsto en las Leyes Nº 13.418, de 2 de diciembre de 1965, Nº 13.721, de 16 de diciembre de 1968, Nº 14.133, de 1º de junio de 1973, Decreto-Ley Nº 14.794, de 15 de junio de 1978, Leyes Nº 16.010, de 19 de diciembre de 1988 y Nº 16.899, de 21 de diciembre de 1997.

A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el servicio será prestado en forma libre por personas físicas o jurídicas privadas que deseen hacerlo por su cuenta y riesgo.

Artículo 158.- El personal integrante de la Unión de Mozos de Cordel de Montevideo y Colonia, tendrá derecho a los siguientes beneficios por concepto de retiro definitivo del régimen de prestación de servicios que se suprime por el artículo 157 de la presente ley:

Las sumas resultantes de la aplicación del literal A) precedente constituirán materia gravada para las contribuciones especiales de seguridad social.

En el plazo máximo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma de determinación y percepción de las sumas a que refiere el presente artículo, las que comenzarán a abonarse en un plazo de sesenta días a partir de la vigencia de dicha reglamentación.

Artículo 159.- Las erogaciones resultantes de lo dispuesto por el artículo 158 de la presente ley serán financiadas con cargo al Fondo de Retribuciones de Mozos de Cordel creado por el artículo 1º de la Ley Nº 13.418, de 2 de diciembre de 1965 y modificativas.

Artículo 160.- El Fondo de Retribuciones de Mozos de Cordel, mantendrá sus aportes, así como su régimen de administración, hasta la cancelación de todas las obligaciones legales o contractuales emergentes del proceso previsto en el inciso 1º del artículo 157 de la presente ley.

El remanente de dicho Fondo será vertido a Rentas Generales.

Artículo 161.- Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo dispuesto por los artículos 157 a 160 de la presente ley.

Artículo 158. Los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles a que refiere el artículo 157 de la presente ley y destinados al Fondo de Fomento de Turismo, se aplicarán prioritariamente a acciones tendientes a:

A) La consolidación de una conciencia turística nacional.

B) Apoyo a la diversificación de la oferta turística.

C) La complementación regional de productos turísticos.

D) El fomento del turismo interno y social.

Artículo 162.- Derógase el artículo 329 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 159. Derógase el artículo 329 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 163.- Elimínase el cargo de Director Nacional del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

Artículo 160. Elimínase el cargo de Director Nacional del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

Artículo 164.- Agrégase al artículo 324 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el siguiente inciso:

Artículo 161. Agrégase al artículo 324 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el siguiente inciso:

Artículo 165.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y sus contratistas podrán adquirir a cualquier proveedor local o extranjero los asfaltos pesados, diluidos asfálticos y emulsiones asfálticas, necesarios para trabajos de construcción, rehabilitación, conservación o mantenimiento de obras públicas. Se incluirá en los pliegos o contratos la cláusula respectiva.

Artículo 162. Los organismos del Estado y sus contratistas podrán adquirir a cualquier proveedor local o extranjero los asfaltos pesados, diluidos asfálticos y emulsiones asfálticas, necesarios para trabajos de construcción, rehabilitación, conservación o mantenimiento de obras públicas. Se incluirá en los pliegos o contratos la cláusula respectiva.

Artículo 166.- Decláranse habilitados los puertos que están bajo la administración directa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o de la Administración Nacional de Puertos, o que hubieran registrado operaciones portuarias a la fecha de promulgación de la presente ley. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de verificar los extremos mencionados.

Artículo 163. Decláranse habilitados los siguientes puertos:

PUERTO Ubicacion

Punta del Este Punta del Este

–Maldonado

Bahía de Maldonado

Buceo Montevideo

Punta Carretas Montevideo

Marina Santa Lucía Santiago Vázquez – Montevideo

Arroyo Cufré Balneario Cufré

Puerto de Yates

de Colonia Colonia de Sacramento - Colonia

"Brigadier General Manuel Oribe"

Dársena Higueritas Nueva Palmira - Colonia

La Charqueada Treinta y Tres

río Cebollatí km 26

La Paloma Rocha –

oceáno Atlántico

Piriápolis Maldonado –

Río de la Plata

Río Rosario Colonia río

Rosario km 1 a

km 18

Sauce Colonia - Juan Lacaze - Río de la Plata

Riachuelo (dos muelles

Comerciales y atracadero

Deportivo) Colonia –

arroyo Riachuelo

Km 167 Ruta Nacional

Nº 1 Brigadier General

Manuel Oribe",

Comercial de Colonia Colonia de Sacramento - Colonia

Río de la Plata

Conchillas Colonia

km 228 Ruta

Nacional Nº 21

"Treinta y Tres

Orientales",

Río de la Plata km 85.500

Carmelo Ciudad Carmelo - Colonia

Arroyo Las Vacas

Nueva Palmira Nueva Palmira

-Colonia

Río Uruguay 2,5 km

Dolores Ciudad de Dolores

– Soriano

Río San Salvador

km 23,500

Mercedes Soriano

Río Negro km 55

Fray Bentos Ciudad de Fray Bentos - Río Negro

Río Uruguay

Paysandú Paysandú

Río Uruguay km 200

Salto Ciudad de Salto

- Salto

Río Uruguay km 335

Santiago Vázquez Montevideo

Río Santa Lucía

Artículo 164. Decláranse habilitados los puertos de M'Bopicuá y Laureles sobre el río Uruguay, en el departamento de Río Negro. Estas habilitaciones entrarán en vigencia una vez que el Poder Ejecutivo apruebe los estudios técnicos, económicos y ambientales exigidos por las leyes vigentes y adopte las resoluciones correspondientes.

Artículo 165. Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a habilitar puertos en forma provisoria, siempre que los mismos estén comprendidos en la política nacional portuaria y una vez que el Poder Ejecutivo apruebe los estudios técnicos, económicos y ambientales exigidos por las leyes vigentes y adopte las resoluciones correspondientes.

Artículo 167.- Derógase la Ley Nº 703, de 7 de mayo de 1862.

Artículo 166. Derógase la Ley Nº 703, de 7 de mayo de 1862.

Artículo 168.- Sustitúyese el artículo 313 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 169.- Cuando la Administración entregue como compensación o permuta por una expropiación, inmuebles de su propiedad, la transferencia de dicho bien inmueble a un particular estará exenta de todos los impuestos y tasas que gravan las transferencias de bienes inmuebles y la de los respectivos derechos registrales.

Artículo 167. Cuando la Administración entregue como compensación o permuta por una expropiación, inmuebles de su propiedad, la transferencia de dicho bien inmueble a un particular estará exenta de todos los impuestos y tasas que gravan las transferencias de bienes inmuebles y la de los respectivos derechos registrales.

Artículo 170.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar similares facilidades de pago a las previstas en la Ley Nº 16.866, de 12 de setiembre de 1997, para las obligaciones tributarias del impuesto a los ejes pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente ley, por violación a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961 en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 168. Declárase la caducidad de las obligaciones tributarias del impuesto a los ejes, creado por el artículo 15 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 196 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y el artículo 316 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que se encuentren pendientes de pago a la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 171.- Las infracciones y sanciones en materia de transporte, de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas prescribirán, respectivamente, en un plazo de dos años a partir de la fecha de notificación de la infracción, y de la fecha en que el acto administrativo que impone la sanción adquiere firmeza.

Artículo 169. Las infracciones en materia de transporte por carretera de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, prescribirán en un plazo de dos años a partir de la fecha de notificación de la infracción, de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Asimismo, las sanciones en la misma materia prescribirán en un plazo de dos años a partir de la fecha en que quede firme el acto administrativo que las impone, si la Administración no iniciare acción judicial de cobro dentro de dicho plazo.

Artículo 172.- Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a establecer horarios especiales para los funcionarios que deban cumplir tareas de contralor o inspección en materia de transporte, las cuales requieren su prestación en forma permanente.

Artículo 170. Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a establecer horarios especiales para los funcionarios que deban cumplir tareas de contralor o inspección en materia de transporte, las cuales requieren su prestación en forma permanente.

Artículo 173.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 13.899, de 6 de noviembre de 1970, en la redacción dada por el artículo 327 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Dicho plano podrá ser confeccionado por composición gráfica en cuyo caso para su inscripción no regirá la obligación de verificar la concordancia de límites impuesta por el artículo 286 de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960".

Artículo 171. Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 13.899, de 6 de noviembre de 1970, en la redacción dada por el artículo 327 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Dicho plano podrá ser confeccionado por composición gráfica en cuyo caso para su inscripción no regirá la obligación de verificar la concordancia de límites impuesta por el artículo 286 de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960".

Artículo 174.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, por el siguiente:

Artículo 172. Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, por el siguiente:

Artículo 175.- Agrégase al artículo 152 del Código de Aguas, Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, el siguiente numeral:

Artículo 173. Agrégase al artículo 152 del  Decreto Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, (Código de Aguas) el siguiente numeral:

Artículo 176.- Sustitúyese el artículo 180 de la Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, por el siguiente:

Artículo 174. Sustitúyese el artículo 180 del Decreto Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, (Código de Aguas) por el siguiente:

Artículo 177.- Constituyen recursos de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito, creada por Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994, las asignaciones que le fije la ley, los frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan, los bienes que reciba por testamento, donación o cualquier otra contribución, y el producto de los tributos que la ley le confiera.

Artículo 175. Constituyen recursos de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito, creada por la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994, las asignaciones que le fije la ley, los frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan, los bienes que reciba por testamento, donación o cualquier otra contribución y el producto de los tributos que la ley le confiera.

Artículo 178.- De las asignaciones presupuestales destinadas a gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente ley, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá ejecutar hasta la suma de $ 1.626.200.000 (un mil seiscientos veintiséis millones doscientos mil pesos uruguayos) durante el ejercicio 2000; hasta la suma de $ 1.789.480.000 (un mil setecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil pesos uruguayos) en el ejercicio 2001 y hasta la suma de $ 1.968.428.000 (un mil novecientos sesenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil pesos uruguayos) anuales durante los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Dichas cifras son montos totales, por lo que comprenden financiamiento, tanto de recursos locales como de endeudamiento externo.

Los topes de ejecución antes señalados comprenden las partidas de $ 98.421.400 (noventa y ocho millones cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos pesos uruguayos) en el ejercicio 2000 y de $ 136.417.880 (ciento treinta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos ochenta pesos uruguayos) anuales, en los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 que se encuentran incorporados en el programa 008 (Mantenimiento de la Red Vial Departamental) con destino al Programa de Mantenimiento de la Caminería Rural.

Artículo 176. De las asignaciones presupuestales destinadas a gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente ley, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá ejecutar hasta la suma de $ 1.626.200.000 (un mil seiscientos veintiséis millones doscientos mil pesos uruguayos) durante el ejercicio 2000 hasta la suma de $ 1.789.480.000 (un mil setecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil pesos uruguayos) en el ejercicio 2001 y hasta la suma de $ 1.968.428.000 (un mil novecientos sesenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil pesos uruguayos) anuales durante los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Dichas cifras son montos totales, por lo que comprenden financiamiento, tanto de recursos locales como de endeudamiento externo.

Los topes de ejecución antes señalados comprenden las partidas de $ 98.421.400 (noventa y ocho millones cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos pesos uruguayos) en el ejercicio 2000 y de $ 136.417.880 (ciento treinta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos ochenta pesos uruguayos) anuales, en los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 que se encuentran incorporados en el programa 008 (Mantenimiento de la Red Vial Departamental) con destino al Programa de Mantenimiento de la Caminería Rural.

Artículo 179.- Modifícase el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 14.650, de 12 de mayo de 1977, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 177. Modifícase el artículo 9º del Decreto Ley Nº 14.650, de 12 de mayo de 1977, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 180.- Sustitúyese el literal B) del artículo 5º, de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, por el siguiente:

Artículo 178. Sustitúyese el literal B) del artículo 5º de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, por el siguiente:

Artículo 181.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, por el siguiente:

Artículo 179. Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, por el siguiente:

Artículo 182.- Agrégase al Capítulo III, de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, que se denominará "Del cese y suspensión de Bandera", un inciso final al artículo 15, cuya redacción será la siguiente:

Artículo 180. Agrégase al Capítulo III de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, que se denominará "Del cese y suspensión de Bandera", un inciso final al artículo 15, cuya redacción será la siguiente:

Artículo 183.- Derógase el literal A) del artículo 12 de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993.

Artículo 181. Derógase el literal A) del artículo 12 de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993.

Artículo 184.- Derógase el artículo 14 de la Ley Nº 11.474, de 11 de agosto de 1950, con la redacción dada por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.443, de 21 de octubre de 1975.

Artículo 182. Derógase el artículo 14 de la Ley Nº 11.474, de 11 de agosto de 1950, con la redacción dada por el artículo 4º del Decreto Ley Nº 14.443, de 21 de octubre de 1975.

Artículo 185.- Se exceptúa del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, agregado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.851, de 15 de julio de 1997, a los buques mercantes y a toda construcción flotante, autopropulsada o no, de carácter civil, de bandera nacional.

Artículo 183. Sustitúyese el inciso sexto del artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.851, de 2 de julio de 1997, por el siguiente:

Artículo 186.- Son transportistas profesionales de carga terrestre, las personas físicas o jurídicas que realizan transporte oneroso de carga por vía terrestre para terceros, en servicios nacionales o internacionales que se encuentren en las condiciones que menciona la presente ley.

Cada vehículo de capacidad superior a 3.500 kg destinado al mencionado transporte, deberá estar identificado con una placa adicional a la matrícula, de naturaleza anual que se otorgará por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a aquellos transportistas profesionales de carga terrestre que acrediten estar inscriptos en un registro especial que llevará la Dirección Nacional de Transporte del citado Ministerio, y justifiquen encontrarse al día en el pago de sus contribuciones con el Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva y sus vehículos de transporte de carga cuenten con el Certificado de Aptitud Técnica Vehicular.

Para realizar transporte oneroso de carga terrestre para terceros, basta con ajustarse a las disposiciones que establece la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las demás regulaciones nacionales y departamentales que regulan la materia.

Artículo 184. Son transportistas profesionales de carga terrestre, las personas físicas o jurídicas que realizan transporte oneroso de carga por vía terrestre para terceros, en servicios nacionales o internacionales que se encuentren en las condiciones que menciona la presente ley.

Cada vehículo de capacidad superior a 5.000 kg destinado al mencionado transporte, deberá estar identificado con una placa adicional a la matrícula, de naturaleza anual que se otorgará por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a aquellos transportistas profesionales de carga terrestre que acrediten estar inscriptos en un registro especial que llevará la Dirección Nacional de Transporte del citado Ministerio, y justifiquen encontrarse al día en el pago de sus contribuciones con el Banco de Previsión Social y con la Dirección General Impositiva y sus vehículos de transporte de carga cuenten con el Certificado de Aptitud Técnica Vehicular.

Para realizar transporte oneroso de carga terrestre para terceros, basta con ajustarse a las disposiciones que establece la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las demás regulaciones nacionales y departamentales que regulan la materia.

Artículo 187.- Todo transporte profesional de carga terrestre para terceros definido en la presente ley que se realice en el país, deberá contar con una guía que establezca la identificación del vehículo, registro en la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Certificado de Inspección Técnica Vehicular, nombre y documento del conductor, inscripción del transportista en el Banco de Previsión Social y en la Dirección General Impositiva y origen y destino de la carga, identificación de la misma y el precio del servicio.

La referida guía se extenderá en cuatro ejemplares: origen, transportista, destino y organismo de control y deberá llevar los datos identificatorios del dueño de la carga, del transportista y de cualquier otro que intervenga fehacientemente en la contratación del servicio y las firmas de éstos dos últimos.

Artículo 185. Todo transporte de carga terrestre que se realice en el país, deberá contar con una guía que contenga la información que se dispondrá en la reglamentación de la presente ley.

La guía formaliza el contrato de transporte y corresponsabiliza a las partes.

Artículo 188.- Créase un Organo de Control, que será honorario y que estará integrado por un delegado titular y un delegado alterno de los Ministerios: de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, y de la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga.

El Organo de Control que se crea por la presente ley tendrá como finalidad asesorar al Poder Ejecutivo, coordinar y participar en el control de la regularidad de la actividad del transporte profesional de carga terrestre.

Artículo 186. Créase un Organo de Control, que será honorario y estará integrado por un delegado titular y un delegado alterno de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, y de la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga.

El Organo de Control que se crea por la presente ley tendrá como finalidad asesorar al Poder Ejecutivo y coordinar y participar en el control de la regularidad y legalidad de la actividad de transporte de carga terrestre.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cobrar tasas, por la placa adicional a la matrícula y por la emisión de la guía, referidas en los artículos 183 y 184 respectivamente de la presente ley, con la que se financiará los gastos de funcionamiento del Organo de Control.

Artículo 189.- Sin perjuicio del control que corresponde a los organismos de recaudación, la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en las que el Organo de Control designará agentes de control especiales, con el cometido de verificar el cumplimiento de las obligaciones que la presente ley y la reglamentación establezca para el transporte profesional de carga terrestre.

Artículo 187. Sin perjuicio del control que corresponde a los organismos de recaudación, la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en las que el Organo de Control designará agentes de control especiales, con el cometido de verificar el cumplimiento de las obligaciones que la presente ley y la reglamentación establezcan para el transporte de carga terrestre. Los agentes de control quedarán facultados para detener los vehículos de transporte de carga terrestre, verificar la condición en que el mismo se hace y el cumplimiento, cuando corresponda, de todas las obligaciones del transporte profesional de carga terrestre. En caso de infracción estos agentes podrán aplicar multas. Las multas por infracciones serán de hasta 300 UR (trescientas unidades reajustables) sin perjuicio de las que la legislación tributaria y de seguridad social establezca para los casos de mora, contravención y defraudación.

Artículo 190.- Derógase el Impuesto al Uso de la Infraestructura Vial (IMUSIVI), establecido por la Ley Nº 17.156, de 20 de agosto de 1999.

Artículo 188. Derógase el Impuesto al Uso de la Infraestructura Vial (IMUSIVI), establecido por la Ley Nº 17.156, de 20 de agosto de 1999.

Artículo 191.- Las obligaciones que eventualmente surjan por aplicación de las cláusulas de garantía de contratos firmados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se atenderán con cargo a su presupuesto de funcionamiento, iniciando la apertura de los créditos al momento que se generen las mismas.

Los fondos para su financiación se obtendrán descontando los montos respectivos de otros objetos del gasto del presupuesto de funcionamiento o, en su defecto, del presupuesto de inversiones.

Artículo 189. Las obligaciones que eventualmente surjan por aplicación de las cláusulas de garantía de contratos firmados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se atenderán con cargo a su presupuesto de funcionamiento, iniciando la apertura de los créditos al momento que se generen las mismas.

Los fondos para su financiación se obtendrán descontando los montos respectivos de otros objetos del gasto del presupuesto de funcionamiento o, en su defecto, del presupuesto de inversiones.

Artículo 192.- Autorízase a la Dirección Nacional de Vialidad a disponer del fondo acumulado para el funcionamiento del Organo de Control de la "Concesión de Ruta Interbalnearia: Doble Vía Montevideo – Punta del Este", para estudios, fortalecimiento institucional y proyectos de preinversión, relacionados con sus cometidos sustantivos, de conformidad con las normas vigentes en materia de contabilidad y administración.

Artículo 190. Autorízase a la Dirección Nacional de Vialidad a disponer de los saldos acumulados para el funcionamiento de los órganos de control de las concesiones de obra pública, para estudios, fortalecimiento institucional y proyectos de preinversión e inversión en la zona de influencia de la concesión, relacionados con sus cometidos sustantivos, de conformidad con las normas vigentes en materia de contabilidad y administración.

Artículo 193.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública para la explotación y administración de obras y edificios ya existentes, propiedad del Estado, finalizados o en ejecución, encomendando su conservación, mantenimiento o ampliación, con el fin de obtener fondos para financiar total o parcialmente la construcción, ampliación o terminación de esas u otras obras, tengan o no vinculación física con ellas.

Artículo 191. El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública para la explotación y administración de obras y edificios ya existentes, propiedad del Estado, finalizados o en ejecución, encomendando su conservación, mantenimiento o ampliación, con el fin de obtener fondos para financiar total o parcialmente la construcción, ampliación o terminación de esas u otras obras, tengan o no vinculación física con ellas.

El precio, la tarifa o el peaje será la única compensación que percibirá el concesionario de los usuarios públicos o privados, tanto por la obra existente como por la obra nueva, salvo que medien razones de interés público debidamente fundadas.

Artículo 194.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912 en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 10.247, de 15 de octubre de 1942, por el siguiente:

Artículo 192. Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 10.247, de 15 de octubre de 1942, por el siguiente:

Artículo 195.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta en un 100% (cien por ciento), la aportación patronal –con excepción de las correspondientes a la Dirección de los Seguros por Enfermedad, al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales- sobre un dependiente –chofer- por vehículo registrado de transporte terrestre de carga a cada una de las empresas transportistas profesionales a que refiere la presente ley.

Artículo 193. Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta en un 100% (cien por ciento), la aportación patronal con excepción de las correspondientes a la Dirección de los Seguros por Enfermedad, al Banco de Seguros del Estado y al Impuesto a las Retribuciones Personales sobre un dependiente chofer por vehículo registrado de transporte terrestre de carga de más de 5.000 kg a cada una de las empresas transportistas profesionales a que refiere la presente ley.

Artículo 196.- Los viáticos que paguen las empresas transportistas profesionales de carga terrestre a sus choferes por servicios prestados en el exterior del país, se consideran a todos los efectos de naturaleza indemnizatoria y por lo tanto no constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social hasta los montos que el Poder Ejecutivo establezca. Los viáticos que excedan los mencionados valores fictos, sólo se considerarán de igual naturaleza, cuando estén sujetos a rendición de cuentas y se justifiquen en forma fehaciente a solo juicio de la Administración.

Artículo 194. Los viáticos que paguen las empresas transportistas comprendidas en la presente ley a sus choferes por servicios prestados en el exterior del país, se consideran a todos los efectos de naturaleza indemnizatoria y por lo tanto no constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social hasta los montos que el Poder Ejecutivo establezca. Las sumas que excedan los mencionados valores estarán gravadas en su totalidad, salvo que las mismas estén sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración.

Artículo 195. Destínase por única vez una partida de $ 820.000 (ochocientos veinte mil pesos uruguayos) para el estudio de factibilidad de la explotación de los recursos geológicos del departamento de Rocha.

Artículo 196. Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un estudio de factibilidad para la construcción y culminación de un nuevo puente sobre el arroyo de las Vacas (departamento de Colonia), que viabilice una nueva entrada a la ciudad de Carmelo y canalice el tránsito pesado a través del nuevo puente.

Artículo 197. Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un estudio de factibilidad para la construcción y culminación de un puente sobre el río Cebollatí que comunique el departamento de Rocha y el departamento de Treinta y Tres.

Artículo 197.- Asígnase a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" $ 1.162.000 (un millón ciento sesenta y dos mil pesos uruguayos), anuales, para los ejercicios 2001 a 2003, con la finalidad de atender las obligaciones contraídas en oportunidad de la creación del Fondo Iberoamericano de Ayuda Ibermedia.

Artículo 198. Asígnase a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" $ 1.162.000 (un millón ciento sesenta y dos mil pesos uruguayos), anuales, para los ejercicios 2001 a 2003, con la finalidad de atender las obligaciones contraídas en oportunidad de la creación del Fondo Iberoamericano de Ayuda Ibermedia.

Artículo 198.- Las Escuelas Nacional de Danza y de Arte Lírico, continuarán permaneciendo dentro del programa 001 "Administración General", bajo la supervisión de la Dirección de Cultura.

Artículo 199. Las Escuelas Nacional de Danza y de Arte Lírico continuarán permaneciendo dentro del programa 001 "Administración General", bajo la supervisión de la Dirección de Cultura.

Artículo 199.- Sustitúyese el literal "C" del artículo 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 por el siguiente:

Artículo 200. Sustitúyese el literal C) del artículo 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 200.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 12 de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, por el siguiente:

Artículo 201. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 12 de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, por el siguiente:

Artículo 201.- Sustitúyese el literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, por el siguiente:

Artículo 202. Sustitúyese el literal C) del artículo 8º de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, por el siguiente:

Quedan incluidas en esta exoneración:

Artículo 202.- Sustitúyese el literal N) del artículo 19 de la Ley Nº 15.913 de 27 de noviembre de 1987, por el siguiente:

Artículo 203. Sustitúyese el literal N) del artículo 19 de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, por el siguiente:

Artículo 203.- Asígnase a la unidad ejecutora 006 "Museo Nacional de Historia Natural y de Antropología" una partida por única vez de $ 8.400.000 (ocho millones cuatrocientos mil pesos uruguayos) a partir del año 2002 para contribuir a la refacción y equipamiento de su edificio sede.

Artículo 204.- Declárase aplicables a las asociaciones civiles y fundaciones lo dispuesto por el artículo 83 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

A tales efectos, las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica y reforma de estatuto, serán consideradas actos inscribibles, mientras que las solicitudes de informes, certificados de vigencia y la expedición de testimonios serán consideradas solicitudes de información registral.

Artículo 204. Declárase aplicable a las asociaciones civiles y fundaciones lo dispuesto por el artículo 83 del Decreto Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

A tales efectos, las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica y reforma de estatuto, serán consideradas actos inscribibles, mientras que las solicitudes de informes, certificados de vigencia y la expedición de testimonios serán consideradas solicitudes de información registral.

Artículo 205.- Créase, en el Servicio de Registros Públicos regulado por la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, el Registro de Personas Jurídicas, que tendrá dos secciones: Registro Nacional de Comercio y Asociaciones Civiles y Fundaciones.

La Sección Registro Nacional de Comercio estará constituida por el actual Registro Nacional de Comercio y tendrá los cometidos y funciones asignados a éste por la citada ley.

La Sección Asociaciones Civiles y Fundaciones estará constituida por el Registro de Personerías Jurídicas, incorporado a la unidad ejecutora 018, "Dirección General de Registros" por el artículo 1º del Decreto del Poder Ejecutivo de 29 de julio de 1999.

Artículo 205. Créase, en el Servicio de Registros Públicos regulado por la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, el Registro de Personas Jurídicas, que tendrá dos secciones: Registro Nacional de Comercio y Asociaciones Civiles y Fundaciones.

La Sección Registro Nacional de Comercio estará constituida por el actual Registro Nacional de Comercio y tendrá los cometidos y funciones asignados a éste por la citada ley.

La Sección Asociaciones Civiles y Fundaciones estará constituida por el Registro de Personerías Jurídicas, incorporado a la unidad ejecutora 018 "Dirección General de Registros" por el artículo 1º del Decreto 233/999 de 29 de julio de 1999.

Artículo 206.- Autorízase al Ministerio de Educación y Cultura a enajenar los bienes inmuebles afectados al uso de la unidad ejecutora "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación" en la medida que no se adecuen al cumplimiento de sus cometidos.

El precio de venta será fijado por el Poder Ejecutivo, con asesoramiento de la Dirección Nacional de Catastro. El producido de las enajenaciones será exclusivamente la adquisición de otros inmuebles para asiento de las respectivas Fiscalías, y sin que ello pueda implicar aumento del gasto.

Artículo 206. Autorízase al Ministerio de Educación y Cultura a enajenar los bienes inmuebles afectados al uso de las unidades ejecutoras Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación y Dirección General de Registros, en la medida que no se adecuen al cumplimiento de sus cometidos.

El precio de venta será fijado por el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Dirección Nacional de Catastro. El total del precio de las enajenaciones será exclusivamente destinado a la adquisición de otros inmuebles para el asiento de la respectiva Fiscalía y Oficinas Registrales o la refacción de inmuebles y sin que ello pueda implicar aumento del gasto.

Artículo 207.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, por el siguiente:

Los actos inscribibles serán:

G) Las promesas de compraventa o de enajenación.

Artículo 207. Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, por el siguiente:

Los actos inscribibles serán:

Artículo 208.- Declárase como interpretación auténtica, que los embargos generales de derechos y demás medidas cautelares inscriptos en el Registro Nacional de Actos Personales durante el plazo de vigencia de la reserva de prioridad prevista en el artículo 55 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, son inoponibles al acto para el cual se solicitó la reserva, siempre que se cumplan con las exigencias establecidas en dicho artículo y en los demás artículos de la misma ley.

Igual criterio interpretativo se aplicará respecto a los actos, negocios jurídicos y decisiones judiciales o administrativas inscriptos en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es de aplicación siempre que el criterio de solución de conflictos sea la prioridad de la inscripción. La prioridad que se reconoce a la reserva tendrá además, las siguientes excepciones:

En el Registro Nacional de Comercio, los efectos de la reserva de prioridad serán sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 2.904, de 26 de setiembre de 1904.

Declárase asimismo, que lo establecido en el artículo 61 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, es sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 55 del mismo cuerpo normativo, es decir, el haber obtenido una reserva de prioridad y que lo dispuesto en la parte final del artículo 218.3 del Código General del Proceso no será de aplicación a quienes actúen amparados por una reserva de prioridad.

Para solicitar la reserva de prioridad, no será necesario en ningún caso la matriculación previa o simultánea.

La solicitud de reserva de prioridad no admitirá inscripción provisoria. Una vez admitida la misma, el Registrador la calificará en la oportunidad establecida en el inciso tercero del artículo 64 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

El Registro dejará constancia de estar el acto amparado por la reserva.

Artículo 208. Declárase como interpretación auténtica, que los actos, negocios jurídicos y decisiones judiciales o administrativas inscriptos en los Registros Públicos durante el plazo de vigencia de la reserva de prioridad prevista en el artículo 55 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, son inoponibles al acto para el cual se solicitó la reserva, siempre que se cumpla con las exigencias establecidas en dicha ley, y que el criterio de solución de conflictos entre los mismos sea la prioridad de la inscripción.

La prioridad que se reconoce a la reserva tiene, entre otras, las siguientes excepciones:

En el Registro Nacional de Actos Personales, la reserva de prioridad posterga siempre a los embargos generales de derechos inscriptos con posterioridad a aquélla.

Declárase asimismo que, lo establecido en el artículo 61 de dicha ley, es sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 55 del mismo cuerpo normativo.

En el Registro Nacional de Comercio, los efectos de la reserva de prioridad son sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 2.904, de 26 de setiembre de 1904.

Para solicitar la reserva de prioridad, no será necesario en ningún caso la matriculación previa o simultánea.

La solicitud de reserva de prioridad no admitirá inscripción provisoria. Una vez admitida la misma, el Registrador la calificará en la oportunidad establecida en el inciso tercero del artículo 64 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

El Registro dejará constancia de estar el acto amparado por la reserva.

Artículo 209. Sustitúyese el artículo 347 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 376 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 210. Sustitúyese el inciso primero del artículo 275 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

Artículo 211. Derógase el literal D) del artículo 4º de la Ley Nº 17.228, de 7 de enero de 2000. El Registro General de Bosques, en acuerdo con la Dirección General de Registros, determinará la oportunidad y forma de trasladar los asientos registrales del Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento efectuados durante la vigencia de dicha disposición.

Artículo 212. Transfórmase, en la unidad ejecutora 018 "Dirección General de Registros", un cargo de Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, escalafón B, grado 14, en un cargo de Asesor Informático, Ingeniero en Sistemas, escalafón A, grado 14.

Derógase el artículo 374 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 213. Créanse en la unidad ejecutora 018 "Dirección General de Registros", cinco cargos de Profesional II, serie escribano, escalafón A, grado 11, interior, y cuatro cargos de Profesional II, serie escribano, escalafón A, grado 11, Montevideo.

Dichos cargos serán ocupados, en vía de regularización, por quienes reuniendo las calidades requeridas, hayan desempeñado funciones en los Registros de la Propiedad de los departamentos de Durazno, San José, Colonia, Maldonado y de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo, a través de distintas modalidades contractuales por cuatro años al 28 de octubre de 2000. Subsidiariamente, su provisión se efectuará de conformidad con las normas generales en la materia.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes, dando de baja las partidas contra las cuales se atendieron en ejercicios anteriores las contrataciones requeridas para cumplir los cometidos sustantivos legalmente asignados a la Dirección General de Registros.

Artículo 214. Los   funcionarios  de  la  unidad  ejecutora 018 "Dirección General de Registros" que revisten en funciones contratadas de carácter permanente, con más de cinco años de antigüedad en la Administración Pública, podrán optar por ser presupuestados en el último grado ocupado del escalafón correspondiente a la función que desempeñan, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley.

Artículo 209.- Asígnase una partida por una sola vez de hasta $ 11.620.000 (once millones seiscientos veinte mil pesos uruguayos), en el ejercicio 2001, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 215. Asígnase una partida, por una sola vez, de hasta $ 11.620.000 (once millones seiscientos veinte mil pesos uruguayos), en el ejercicio 2001, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 210.- Sustitúyese el artículo 370 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 216. Sustitúyese el artículo 370 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 217. El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) tendrá los siguientes cometidos:

Decláranse aplicables las disposiciones que refieren al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT).

Artículo 211.- Créase la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", en el programa 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura". Dicha unidad tendrá por misión la responsabilidad de promover el desarrollo del potencial de innovación tecnológica del país, a través de la formulación, coordinación y evaluación de las políticas nacionales relativas a la ciencia, la tecnología y la innovación, siendo sus beneficiarios directos todas las entidades del Sistema Nacional de Innovación (SIN), considerando al mismo como instrumento para el desarrollo económico y social del país. La Comisión "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" funcionará como cuerpo asesor dentro de la unidad ejecutora que se crea y tendrá los cometidos que la reglamentación le asigne.

Serán cometidos de la unidad ejecutora:

Artículo 218. Créase la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" en el programa 004 "Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Serán cometidos de la unidad ejecutora:

A) Asesorar al Ministro de Educación y Cultura a su requerimiento.

Artículo 212. (Recursos Financieros).- La unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" funcionará con los créditos presupuestales y los bienes patrimoniales pertenecientes a la unidad ejecutora suprimida 012 "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICYT) del Ministerio de Educación y Cultura, y con los recursos que para su funcionamiento le sean transferidos de la unidad ejecutora 001 "Administración General" de este Ministerio.

Artículo 219. (Recursos financieros). La unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" funcionará con los créditos presupuestales y los bienes patrimoniales pertenecientes a la unidad ejecutora suprimida: "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" y con los recursos que le sean transferidos de la unidad ejecutora 001 "Administración General" del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 213. (Recursos Humanos).- Dicha unidad funcionará con los recursos humanos de la unidad ejecutora suprimida 012 "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICYT), y de la unidad ejecutora 001 "Administración General" del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 220. (Recursos Humanos). Dicha unidad ejecutora funcionará con recursos humanos de la unidad ejecutora suprimida: "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" y aquellos que le sean redistribuidos de la unidad ejecutora 001 "Administración General".

Artículo 214.- El "Fondo Profesor Clemente Estable de Investigación Científica y Tecnológica", creado por el artículo 70 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, será administrado por la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" del Ministerio de Educación y Cultura.

Derógase el inciso segundo del artículo 70 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Artículo 221. El "Fondo Profesor Clemente Estable de Investigación Científica y Tecnológica" creado por el artículo 70 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, será administrado por la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Derógase el inciso segundo del artículo 70 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) elaborará la reglamentación relacionada con la aprobación de los proyectos.

Artículo 215.- Sustitúyese el artículo 270 de la Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

Artículo 222. Sustitúyese el artículo 270 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

Artículo 223. Declárase aplicable a los proyectos aprobados por la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación lo dispuesto por el artículo 444 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, sin necesidad de ninguna otra intervención.

Las empresas que pretendan acceder al referido beneficio deberán solicitarlo ante la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las condiciones previstas por el decreto reglamentario de la norma citada, en lo que fuere aplicable.

Artículo 216. (Comités de Selección)-. Los comités de selección que participen en el proceso de aprobación de los proyectos promovidos o financiados por la unidad que se crea, funcionarán en la órbita exclusiva de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a la reglamentación vigente.

Artículo 217.- El Poder Ejecutivo, previo informe del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) reglamentará los cometidos asignados a la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" en un plazo de noventa días.

Artículo 224.- El Poder Ejecutivo, previo informe del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) reglamentará los cometidos asignados a la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Artículo 218.- Decláranse aplicables las disposiciones que refieren al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la unidad ejecutora "Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", en tanto no se opongan a las contenidas en la presente ley.

Artículo 219.- Asígnase a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", como contrapartida nacional del Proyecto URY/B7/310/96/103, de Cooperación con la Comunidad Europea sobre Periferia Urbana, las siguientes partidas:

Año 2001 –

$ 11.061.400 equivalentes a EUROS 926.000

Año 2002 –

$ 2.604.088 equivalentes a EUROS 218.000

Año 2003 –

$ 2.604.088 equivalentes a EUROS 218.000

Año 2004 –

$ 2.604.088 equivalentes a EUROS 218.000

Artículo 225 .- Asígnase a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", como contrapartida nacional del Proyecto URY/B7/310/96/103, de Cooperación con la Comunidad Europea sobre Periferia Urbana, las siguientes partidas:

Año 2001

$ 11.061.400 equivalentes a EUROS 926.000

Año 2002

$ 2.604.088 equivalentes a EUROS 218.000

Año 2003

$ 2.604.088 equivalentes a EUROS 218.000

Año 2004

$ 2.604.088 equivalentes a EUROS 218.000

Artículo 220.- Inclúyese en las excepciones previstas por el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, a los Asesores Letrados de la unidad ejecutora 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", del programa 010 "Ministerio Público y Fiscal", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Los cargos actualmente vacantes, solo podrán ser ocupados por los ganadores de los concursos para Asesor Letrado realizados con anterioridad al 1º de enero de 2000.

Artículo 226. Inclúyese en las excepciones previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, la designación del personal presupuestado o contratado de la unidad ejecutora 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", del programa 010 "Ministerio Público y Fiscal", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Los cargos actualmente vacantes de Secretario Letrado (escalafón A) sólo podrán ser ocupados por los ganadores de los concursos realizados con anterioridad al 1º de enero de 2000.

Sustitúyese el numeral 9) del inciso quinto del artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

Artículo 221.- Derógase el artículo 330 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 222.- Deróganse todas las disposiciones que establecen equiparaciones de cargos, funciones y dotaciones del personal del Ministerio de Educación y Cultura con el Poder Judicial.

Las retribuciones que se percibían por concepto de equiparación se incorporarán a su cargo o función como partidas fijas.

Artículo 227. Transfórmase, en la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, un cargo de Asesor I, escalafón A, grado 08, en un cargo de Asesor Contador, escalafón A, grado 16, con igual retribución a la percibida por todo concepto por el cargo de Jefe de Departamento Contador, escalafón A, grado 14, de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.

Para esta designación se dará prioridad a funcionarios que presten funciones actualmente en la citada unidad ejecutora, no siendo de aplicación lo establecido al respecto por la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 223.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá contratar en régimen de "cachet", solamente a artistas y docentes en arte, siempre y cuando presten efectivamente servicios en estas áreas.

Deberá suscribirse un contrato donde se documente en forma detallada las condiciones y el objeto de la prestación, pudiendo la Administración disponer en cualquier momento su rescisión.

Dichas contrataciones serán de carácter transitorio y no darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público.

El crédito autorizado para estas contrataciones es limitativo y no puede ser reforzado.

Artículo 228. El Ministerio de Educación y Cultura y el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) podrán contratar en régimen de "cachet", solamente artistas, docentes, técnicos en radio y espectáculos, siempre y cuando presten efectivamente servicios en estas áreas.

Deberá suscribirse un contrato donde se documente las condiciones y el objeto de la prestación, pudiendo la Administración disponer en cualquier momento su rescisión.

Dichas contrataciones serán de carácter transitorio y no darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público.

El crédito autorizado para estas contrataciones es limitativo y no puede ser reforzado.

Derógase el artículo 362 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 224.- Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley estuvieran contratados en régimen de "cachet" y desempeñen servicios que no estén comprendidos en lo dispuesto en la presente norma, suscribirán contrato por el plazo de dos años improrrogable, con cargo a los créditos autorizados en este objeto del gasto.

Artículo 225.- Derógase el artículo 362 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 229. Asígnase una partida anual de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos) con cargo a Rentas Generales al programa 01 "Administración General", a efectos de su empleo, por parte de la Dirección de Educación, en tareas de inspección y seguimiento de las guarderías, cuya supervisión encomienda al Ministerio de Educación y Cultura, la Ley Nº 16.802, de 19 de diciembre de 1996.

Artículo 230. La totalidad de la recaudación que por ventas de entradas de los espectáculos que desarrolle el Ministerio de Educación y Cultura (programa 001) se destinará al desarrollo de sus actividades culturales y estará exceptuada de lo dispuesto por los artículos 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 231. El Ministerio de Educación y Cultura queda facultado a cobrar el arrendamiento de las salas que administran sus unidades ejecutoras, cuyo precio será determinado por dicho Ministerio, teniendo en consideración el costo del uso de la sala y el interés de la actividad que se prevea. El Ministerio podrá eximir del pago del arrendamiento cuando medie interés público en la difusión de la actividad a realizarse. No será de aplicación lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a los ingresos que perciba el Ministerio de Educación y Cultura por el referido concepto.

Artículo 232. Facúltase al Centro de Diseño Industrial a prestar los servicios técnicos, asesorías y diagnósticos, así como a la comercialización de los productos y servicios de sus talleres que le fueren requeridos por los particulares o instituciones públicas o privadas.

La totalidad de lo recaudado por este concepto será destinado, por el programa, a financiar los gastos de funcionamiento de dicho Centro de estudios.

No serán de aplicación, en este caso, lo dispuesto por los artículos 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 233. Facúltase al Centro de Capacitación y Producción (CECAP) a prestar los servicios técnicos, asesoría y diagnósticos, así como a la comercialización de los productos y servicios de sus talleres de capacitación y producción que le fueren requeridos por los particulares o instituciones públicas o privadas.

De la totalidad de la recaudación que se perciba, deducidos los gastos en que se incurriere para la producción de los bienes o en la prestación del servicio, el 20% (veinte por ciento) será destinado a gastos de funcionamiento e inversiones del Centro, el 50% (cincuenta por ciento) será distribuido entre los integrantes de los talleres que hubieran producido bienes o hayan prestado el servicio y el 30% (treinta por ciento) restante se destinará a la promoción social de los integrantes del Centro.

No será de aplicación, en el presente caso, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 234. Autorízase al Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable" a prestar y comercializar los servicios técnicos, asesorías y diagnósticos que le fueren requeridos por los particulares o instituciones públicas o privadas.

La totalidad de lo recaudado por este concepto será destinado a financiar los gastos de funcionamiento de dicho Instituto.

No será de aplicación en este caso lo dispuesto por los artículos 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 235.- Asígnase una partida anual de $ 360.000 (trescientos sesenta mil pesos uruguayos) al Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable" a efectos de contratar quince becarios grado 1.

JUNTA ASESORA EN MATERIA

ECONOMICO FINANCIERA

DEL ESTADO

JUNTA ASESORA EN MATERIA

ECONOMICO-FINANCIERA

DEL ESTADO

Artículo 236. Créase el programa 101 "Asesoramiento a la Justicia Penal en materia económico financiera del Estado e implementación de medidas preventivas en la lucha contra la corrupción (Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998)" en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Artículo 227.- A fin de llevar adelante el programa establecido en el artículo 226 de la presente ley, lo dispuesto por el numeral 9) de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción ratificada por la Ley Nº 17.008, de 25 de setiembre de 1998 y lo estipulado en el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, créase la unidad ejecutora 022 "Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado", en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Sustitúyese el texto del numeral 8º) del artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, por el siguiente:

Artículo 237. A fin de llevar adelante el programa establecido en el artículo 236 de la presente ley, lo dispuesto por el numeral 9) del artículo III de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción ratificada por la Ley Nº 17.008, de 25 de setiembre de 1998, y lo estipulado en el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, créase la unidad ejecutora 022 "Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado", en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Sustitúyese el texto del numeral 8º) del artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, por el siguiente:

Artículo 228.- Los cargos de miembro de la Junta Asesora tendrán fijada la retribución establecida en el planillado adjunto, a cuyo efecto no será de aplicación el tope establecido en el inciso primero del artículo 105 de la Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983; quedarán incluidos en el régimen de reserva de cargo establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976 y modificativas.

Artículo 238. Los cargos de miembro de la Junta Asesora tendrán fijada la retribución establecida en el planillado adjunto, a cuyo efecto no será de aplicación el tope establecido en el inciso primero del artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983 y quedarán incluidos en el régimen de reserva de cargo establecido en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, y modificativas.

Artículo 229.- Créase en la unidad ejecutora "Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado" una función contratada de Secretario General de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, la que será desempeñada en un régimen de dedicación exclusiva y tendrá la retribución fijada en el planillado adjunto.

La propuesta de designación ante el Poder Ejecutivo, fundada en las condiciones personales y técnicas del candidato, será de exclusivo cargo de la Junta Asesora, a la que también compete la propuesta de desvinculación funcional. En cualquier caso cesará conjuntamente con la finalización del período quinquenal de gestión de la Junta Asesora.

La función contratada que se crea en este artículo quedará incorporada al régimen previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, salvo en lo dispuesto por los incisos anteriores.

Artículo 239. Créase en la unidad ejecutora "Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado" una función contratada de Secretario General de la Junta Asesora en Materia Económico

Financiera del Estado, la que será desempeñada en un régimen de dedicación exclusiva y tendrá la retribución fijada en el planillado adjunto.

La propuesta de designación ante el Poder Ejecutivo, fundada en las condiciones personales y técnicas del candidato, será de exclusivo cargo de la Junta Asesora, a la que también compete la propuesta de desvinculación funcional. En cualquier caso cesará conjuntamente con la finalización del período quinquenal de gestión de la Junta Asesora.

La función contratada que se crea en el presente artículo quedará incorporada al régimen previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, salvo en lo dispuesto por los incisos anteriores.

Artículo 230.- Los funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Central que, a la fecha de vigencia de la presente ley, se encuentren desempeñando funciones en la Junta Asesora podrán optar por ocupar un cargo o función contratada en la misma si cumplen las siguientes condiciones:

En tal caso la incorporación se hará a la función contratada o al cargo presupuestado asignado por la Junta Asesora.

Artículo 240. Los funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Central que, a la fecha de vigencia de la presente ley, se encuentren desempeñando funciones en la Junta Asesora podrán optar por ocupar un cargo o función contratada en la misma si cumplen las siguientes condiciones:

En tal caso la incorporación se hará a la función contratada o al cargo presupuestado asignado por la Junta Asesora.

Artículo 231.- A fin de asistirla en el cumplimiento de las funciones conferidas de asesoramiento a la Justicia Penal, conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, autorízase a la Junta Asesora a otorgar contratos en régimen de arrendamiento de obra para actividades específicas, con profesionales universitarios o especializados, con notoria competencia o, en su caso, con experiencia fehacientemente comprobada.

Dicha contratación a ser realizada directamente por la Junta Asesora deberá estar debidamente fundada en cada caso concreto, no requerirá llamado a concurso de mérito u oposición, no excluirá la calidad de funcionario público ni serán de aplicación los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 15 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 y en el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Asimismo, deberá dejarse expresa constancia de que: a) el contrato asume una obligación de resultado en un plazo determinado; y b) que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo.

A fin de cumplir con los plazos establecidos por el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, el Tribunal de Cuentas podrá habilitar al Contador delegado del Inciso 11 a intervenir directamente en el proceso del gasto de dichas contrataciones.

Dentro de los siguientes diez días de verificada cada contratación la Junta Asesora deberá informar al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Economía y Finanzas de las decisiones adoptadas en materia de estas contrataciones identificando pormenorizadamente los importes, condiciones y período de cumplimiento de los arrendamientos de obra correspondientes.

Artículo 241. A fin de asistirla en el cumplimiento de las funciones conferidas de asesoramiento a la Justicia Penal, conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, autorízase a la Junta Asesora a otorgar contratos en régimen de arrendamiento de obra para actividades específicas, con profesionales universitarios o especializados, con notoria competencia o, en su caso, con experiencia fehacientemente comprobada.

Dicha contratación a ser realizada directamente por la Junta Asesora deberá estar debidamente fundada en cada caso concreto, no requerirá llamado a concurso de mérito u oposición, no excluirá la calidad de funcionario público ni serán de aplicación los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 15 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y en el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Asimismo, deberá dejarse expresa constancia que: a) el contrato asume una obligación de resultado en un plazo determinado y b) que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo.

A fin de cumplir con los plazos establecidos por el artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, el Tribunal de Cuentas podrá habilitar al Contador delegado del Inciso 11 a intervenir directamente en el proceso del gasto de dichas contrataciones.

Dentro de los siguientes diez días de verificada cada contratación la Junta Asesora deberá informar al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Economía y Finanzas de las decisiones adoptadas en materia de estas contrataciones, identificando pormenorizadamente los importes, condiciones y período de cumplimiento de los arrendamientos de obra correspondientes, dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 232.- En materia de gastos de funcionamiento y de inversiones, la Junta Asesora será ordenador secundario por importes hasta el doble de las licitaciones abreviadas. Al respecto tendrá atribuciones para contratar bienes y servicios hasta dicho límite. Por encima de tal importe actuarán los ordenadores competentes.

Artículo 242. En materia de gastos de funcionamiento y de inversiones, la Junta Asesora será ordenador secundario por importes hasta el doble de las licitaciones abreviadas. Al respecto tendrá atribuciones para contratar bienes y servicios hasta dicho límite. Por encima de tal importe actuarán los ordenadores competentes.

Artículo 233.- Exceptúase por una sola vez a la Junta Asesora de la prohibición dispuesta por el artículo 22 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

El funcionario designado para prestar servicios en comisión en la Junta Asesora mantendrá la totalidad de las remuneraciones que por todo concepto perciba en la oficina de origen, incluso las que correspondan al desempeño efectivo de tareas en la misma.

De lo actuado en aplicación de este artículo se dará cuenta al Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 243. Exceptúase por una sola vez a la Junta Asesora de la prohibición dispuesta por el artículo 22 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

El funcionario designado para prestar servicios en comisión en la Junta Asesora mantendrá la totalidad de las remuneraciones que por todo concepto perciba en la oficina de origen, incluso las que correspondan al desempeño efectivo de tareas en la misma, por lo que no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 51 de la presente ley.

Mientras dure el desempeño efectivo en la unidad ejecutora la Junta Asesora podrá disponer del crédito autorizado en el planillado adjunto a efectos de otorgar la compensación especial prevista.

De lo actuado en aplicación del presente artículo se dará cuenta al Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 234.- La Junta Asesora podrá disponer del crédito autorizado en el planillado adjunto, según la distribución realizada en el mismo, a efectos de otorgar una compensación especial a los funcionarios que desempeñen efectivamente funciones en la misma. Dicha partida se incorporará como compensación al cargo o función.

Artículo 235.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a realizar reestructuras organizativas, comprendiendo nuevos modelos de gestión y gerenciamiento de sus unidades ejecutoras, previo asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado y del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de un plazo de ciento ochenta días, deberá elevar el proyecto de la misma, quedando facultado a tales efectos para suprimir, transformar, fusionar o crear nuevas unidades ejecutoras y cambiar su denominación.

Asimismo podrá crear, suprimir, transformar y redistribuir entre las mismas, cargos y funciones contratados, establecer un sistema de alta gerencia, alta especialización y prioridad u otro sistema igualmente idóneo, reasignando los créditos presupuestales correspondientes.

La reestructura mencionada no podrá significar:

2º) Aumentos de retribuciones.

Deróganse los incisos primero y segundo del artículo 420 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 245. Facúltase al Ministerio de Salud Pública a realizar reestructuras organizativas, comprendiendo nuevos modelos de gestión y gerenciamiento de sus unidades ejecutoras, previo asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) y del Ministerio de Economía y Finanzas. A tales efectos podrá suprimir, transformar, fusionar o crear nuevas unidades ejecutoras y cambiar su denominación.

Asimismo podrá crear, suprimir, transformar y redistribuir entre las mismas, cargos y funciones contratadas, establecer un sistema de alta gerencia, alta especialización y prioridad u otro sistema igualmente idóneo, reasignando los créditos presupuestales correspondientes.

La reestructura mencionada no podrá significar aumento de costos respecto al presupuesto que se aprueba, ni lesión de derechos funcionales.

El Ministerio de Salud Pública en un plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley, proyectará y remitirá al Poder Ejecutivo, la nueva estructura orgánica y escalafonaria de sus programas y unidades ejecutoras para su aprobación.

Artículo 236.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a celebrar con instituciones privadas de asistencia, para las áreas geográficas que determine, convenios de gestión de sus establecimientos hospitalarios.

Para la financiación de los convenios respectivos, podrá afectar hasta el monto asignado a la o a las unidades ejecutoras involucradas en dichos acuerdos.

El financiamiento de los convenios será con cargo a las asignaciones presupuestarias del programa de la respectiva unidad ejecutora involucrada, excluyendo las partidas del grupo 0 "Servicios Personales".

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición, respetando los derechos funcionales.

Artículo 246. Facúltase al Ministerio de Salud Pública a celebrar, con carácter experimental, con instituciones privadas de asistencia u organizaciones que demuestren probada capacidad de gestión en el ámbito de la salud, convenios parciales o totales de gestión de sus establecimientos asistenciales.

Para la financiación de los convenios respectivos podrá afectar hasta el monto asignado a las unidades ejecutoras involucradas en dichos acuerdos.

El financiamiento de los convenios será con cargo a las asignaciones presupuestarias del programa de la respectiva unidad ejecutora involucrada, excluyendo las partidas del grupo 0 "Servicios Personales".

La facultad conferida por el presente artículo se ejercitará en forma gradual, abarcando durante el primer año un máximo de seis centros hospitalarios. Transcurrido ese lapso, se efectuará un análisis sobre los resultados obtenidos dando cuenta del mismo al Poder Legislativo, quien podrá habilitar la extensión o suspensión de la experiencia.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición, estableciendo las bases y los alcances de los convenios referidos aplicando, en lo pertinente, las normas de contabilidad y administración financiera del Estado y respetando los derechos funcionales.

Artículo 237.- La asignación de los recursos presupuestales para las Unidades Ejecutoras dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado que ésta determine, se realizará de conformidad con las pautas establecidas por la Dirección General de dicha Administración, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, estableciendo el grado de compromiso de gestión al que se someterá la unidad ejecutora subordinada.

Similar criterio se seguirá para la asignación de los recursos presupuestales para cada programa de Salud dependiente de la Dirección General de la Salud.

Artículo 247. La asignación de los recursos presupuestales para las unidades ejecutoras dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que ésta determine, se realizará de conformidad con las pautas establecidas por la Dirección General de dicha Administración, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, estableciendo el grado de compromiso de gestión al que se someterá la unidad ejecutora subordinada.

Similar criterio se seguirá para la asignación de los recursos presupuestales para cada programa de salud dependiente de la Dirección General de la Salud.

Artículo 238.- Sustitúyense los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 13.223, de 26 de diciembre de 1963, por los siguientes:

Artículo 248. Sustitúyense los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 13.223, de 26 de diciembre de 1963, por los siguientes:

Artículo 239.- El derecho a la compensación por atención directa a pacientes internados en sala, servicios de emergencia y block quirúrgico, creado por el artículo 247 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la modificación dada por el artículo 180 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, quedará condicionada a la disponibilidad de crédito presupuestal. La insuficiencia de crédito determinará que el cupo asignado a la unidad ejecutora se distribuya proporcionalmente entre los funcionarios con derecho a dicho beneficio.

El Director de la unidad ejecutora que comprometa gastos en contravención con la presente disposición, responderá directamente por su acción u omisión.

Artículo 249. El derecho a la compensación por atención directa a pacientes internados en sala, servicios de emergencia y block quirúrgico, creado por el artículo 247 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la modificación dada por el artículo 280 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, quedará condicionada a la disponibilidad de crédito presupuestal. La insuficiencia de crédito determinará que el cupo asignado a la unidad ejecutora se distribuya proporcionalmente entre los funcionarios con derecho a dicho beneficio.

El Director de la unidad ejecutora que comprometa gastos en contravención con la presente disposición responderá directamente por su acción u omisión.

Artículo 240.- En todos los casos en que se demanden prestaciones de asistencia a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ésta verificará si el usuario se encuentra amparado por otro régimen de cobertura integral, en cuyo caso, requerirá por medio fehaciente que la institución resuelva de inmediato si le prestará cobertura en su establecimiento o si asumirá los gastos derivados por las prestaciones que brinde a su afiliado la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

El Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministro de Salud Pública y el Ministro de Economía y Finanzas reglamentará la presente disposición.

Artículo 250. En todos los casos en que se demanden prestaciones de asistencia a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ésta verificará si el usuario se encuentra amparado por otro régimen de cobertura integral o parcial, en cuyo caso, requerirá por medio fehaciente que la institución resuelva de inmediato si le prestará cobertura en su establecimiento o si asumirá los gastos derivados por las prestaciones que brinde a su afiliado ASSE.

Artículo 241.- El Ministerio de Salud Pública remitirá mensualmente a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva el resumen de las obligaciones devengadas por concepto de hospitalidades.

En caso de incumplimiento, el saldo pendiente de pago será deducido por el Banco de Previsión Social, del pago mensual previsto para la Institución de Asistencia Médica Colectiva de que se trate y volcado a la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Artículo 251. El Ministerio de Salud Pública remitirá mensualmente a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) el resumen de las obligaciones devengadas por concepto de hospitalidades.

En caso de incumplimiento, el saldo pendiente de pago será deducido por el Banco de Previsión Social (BPS) del pago mensual previsto para la institución de asistencia médica colectiva de que se trate y volcado a la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Artículo 242.- Las facturas por prestaciones asistenciales brindadas por las dependencias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a socios de las Instituciones de Asistencia Médica Privada, Particular o Colectivas, debidamente conformadas, y no deducidas por el Banco de Previsión Social, constituirán título ejecutivo a todos los efectos legales.

Artículo 252. Las facturas por prestaciones asistenciales brindadas por las dependencias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a socios de las instituciones de asistencia médica privada, particular o colectivas, debidamente conformadas, y no deducidas por el Banco de Previsión Social (BPS), constituirán título ejecutivo a todos los efectos legales.

Artículo 243.- El sistema de pago de incentivos a la productividad a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública previsto por el artículo 394 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, quedará limitado a aquellos funcionarios que efectivamente cumplen funciones en los establecimientos de los programas individualizados en el mismo y no perciban retribución con cargo al objeto del gasto 042.095.

Artículo 253. El sistema de pago de incentivos a la productividad a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública previsto por el artículo 394 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, quedará limitado a aquellos funcionarios que efectivamente cumplan funciones en los establecimientos de los programas individualizados en el mismo y no perciban retribución con cargo al objeto del gasto 042.095.

Artículo 244.- Los funcionarios presupuestados o contratados del Ministerio de Salud Pública, afectados a una unidad ejecutora, no podrán pasar a prestar funciones a otra, salvo los casos taxativamente previstos en la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 245.- Incorpórase al régimen de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria creado por el artículo 309 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, a los profesionales universitarios químicos farmacéuticos, técnicos en recursos humanos, tecnólogos, laboratoristas, técnicos en registros médicos, administración e informática, egresados de las facultades habilitadas para la formación académica en las disciplinas mencionadas.

La partida que financia esta incorporación se incluye en el objeto del gasto "Retribuciones personal contratado funciones permanentes".

Artículo 254. Incorpóranse al régimen de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria creado por el artículo 309 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, los profesionales universitarios químicos farmacéuticos, técnicos en recursos humanos, tecnólogos, laboratoristas, técnicos en registros médicos, administración e informática, egresados de las facultades habilitadas para la formación académica en las disciplinas mencionadas.

La partida que financia esta incorporación se incluye en el objeto del gasto "Retribuciones personal contratado funciones permanentes".

Artículo 246.- La facultad de contratación prevista por el artículo 410 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, será privativa del Director General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Artículo 255. La facultad de contratación prevista por el artículo 410 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, será privativa del Director General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Artículo 247.- Las personas contratadas al amparo de lo previsto por el artículo 410 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, afectados a una unidad ejecutora no podrán pasar a prestar funciones a otra, salvo los casos taxativamente previstos en la reglamentación que al efecto indique el Poder Ejecutivo.

En el plazo máximo de ciento ochenta días deberán cesar los pases en comisión autorizados a dichos funcionarios a otros Incisos de la Administración Central, así como Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Poder Judicial y Poder Legislativo.

Artículo 256. Las personas contratadas al amparo de lo previsto por el artículo 410 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, que al 31 de diciembre de 2000 hayan computado un año de servicios ininterrumpidos, quedarán incorporados al padrón presupuestal del Ministerio de Salud Pública, en carácter de interinos, en los cargos y funciones que determine la reglamentación.

A los fines de la aplicación de la presente norma, facúltase al Ministerio de Salud Pública a crear, suprimir, transformar y redistribuir entre las unidades ejecutoras, los cargos y funciones que correspondan, sin que implique incremento presupuestal.

Las contrataciones que se verifiquen a partir de la vigencia de la presente ley y al amparo de la norma referida, quedarán sometidas a la reglamentación vigente.

Artículo 248.- Sustitúyese el literal B) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, por el siguiente:

Artículo 257. Sustitúyese el literal B) del artículo 17 del Decreto Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, por el siguiente:

Esta disposición no afecta los derechos adquiridos en base a las contrataciones celebradas al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.

En el caso de instituciones de asistencia médica que tengan campañas de socios vitalicios en ejecución, la prohibición establecida en el presente literal les será aplicable a partir de los ciento cincuenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 249.- Sustitúyese el artículo 279 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

Artículo 258. Modifícase el artículo 279 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 250.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 397 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 259. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 397 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 251.- Declárase que el Ministerio de Salud Pública no estará gravado por las contribuciones de seguridad social correspondientes a la tenencia de inmuebles rurales inexplotados y recibidos por herencia, legado o donación hasta el momento de la incorporación de dichos bienes a su patrimonio, y a las generadas por construcciones que al 31 de diciembre de 2000 hubieran sido realizadas en inmuebles adquiridos en las mismas circunstancias.

Artículo 260. Declárase que el Ministerio de Salud Pública no estará gravado por las contribuciones de seguridad social correspondientes a la tenencia de inmuebles rurales inexplotados y recibidos por herencia, legado o donación hasta el momento de la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y a las generadas por construcciones que al 31 de diciembre de 2000 hubieran sido realizadas en inmuebles de su propiedad.

Artículo 252.- Transfórmase seis cargos de los dieciocho cargos de Directores Departamentales de Salud, previstos en el artículo 393 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en seis cargos de Directores Regionales de Salud, incorporándolos al régimen de contratación previsto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Los Directores Regionales de Salud serán responsables de ejecutar a nivel regional, sobre los sectores público y privado, las políticas, programas, controles y planes que determine el Ministerio de Salud Pública, cumpliendo, a tales efectos, una carga horaria mínima de cuarenta horas semanales.

Dichos Directores no podrán desempeñar cargos directivos o gerenciales en instituciones prestadoras de servicios de salud.

Transfórmase otros tres cargos de Directores Departamentales de Salud, en tres cargos de Directores de División, dependientes directamente de la Dirección General de la Salud, bajo el mismo régimen previsto en los incisos anteriores, cuya denominación y funciones serán determinados por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 261. Transfórmanse seis cargos de los dieciocho cargos de Directores Departamentales de Salud, previstos en el artículo 393 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en seis cargos de Directores Regionales de Salud, incorporándolos al régimen de contratación previsto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Los Directores Regionales de Salud serán responsables de ejecutar a nivel regional, sobre los sectores público y privado, las políticas, programas, controles y planes que determine el Ministerio de Salud Pública, cumpliendo, a tales efectos, una carga horaria mínima de cuarenta horas semanales.

Dichos Directores no podrán desempeñar cargos directivos o gerenciales en instituciones prestadoras de servicios de salud.

Transfórmanse otros tres cargos de Directores Departamentales de Salud, en tres cargos de Directores de División, dependientes directamente de la Dirección General de la Salud, bajo el mismo régimen previsto en los incisos anteriores, cuya denominación y funciones serán determinados por el Ministerio de Salud Pública.

Transfórmanse los nueve cargos restantes de Directores Departamentales de Salud en hasta veintisiete cargos técnicos para fortalecer la estructura del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 253.- Agrégase al artículo 403 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el siguiente inciso:

Artículo 262. Agrégase al artículo 403 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el siguiente inciso:

Artículo 254.- Asígnase al Ministerio de Salud Pública una partida de $ 4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos uruguayos) para el año 2001 y otra de $ 9.000.000 (nueve millones de pesos uruguayos) a partir del año 2002, con destino a la ampliación del Programa de Atención Primaria de Salud del primer nivel, que beneficia a los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mediante la contratación de médicos de familia, los que en todo caso quedarán sujetos al estatuto reglamentario vigente.

Las partidas asignadas se incluyen en el objeto del gasto 282 "Profesionales y Técnicos".

Artículo 263. Asígnase al Ministerio de Salud Pública una partida de $ 4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos uruguayos) para el año 2001 y otra de $ 9.000.000 (nueve millones de pesos uruguayos) a partir del año 2002, con destino a la ampliación del Programa de Atención Primaria de Salud del Primer Nivel, que beneficia a los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mediante la contratación de médicos de familia, los que en todo caso quedarán sujetos al estatuto reglamentario vigente.

Las partidas asignadas se incluyen en el objeto del gasto 282 "Profesionales y Técnicos".

Artículo 255.- Asígnase al Ministerio de Salud Pública una partida de $ 6.300.000 (seis millones trescientos mil pesos uruguayos) para el año 2001 con destino al diseño y ejecución de un Programa de Vida Saludable a cargo de la Dirección General de la Salud de dicha Secretaría de Estado. La partida asignada se incluye en el objeto del gasto 299 "Servicios no personales".

Artículo 264. Asígnase al Ministerio de Salud Pública una partida de $ 6.300.000 (seis millones trescientos mil pesos uruguayos) para el año 2001 con destino al diseño y ejecución de un Programa de Vida Saludable a cargo de la Dirección General de la Salud de dicha Secretaría de Estado. La partida asignada se incluye en el objeto del gasto 299 "Servicios no personales".

Artículo 256.- El Ministerio de Salud Pública transferirá mensualmente en forma permanente, una partida que se ajustará de acuerdo con el régimen general para retribuciones personales, de la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" a la financiación 1.1 "Rentas Generales" por la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), de los programas 005 "Administración del Subsidio para la Atención Médica", 006 "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos", 007 "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos del Interior" y 008 "Administración de los Establecimientos de Crónicos y Especializados".

Artículo 265. El Ministerio de Salud Pública transferirá mensualmente en forma permanente, una partida que se ajustará de acuerdo con el régimen general para retribuciones personales, de la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" a la financiación 1.1 "Rentas Generales" por la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), de los programas 005 "Administración del Subsidio para la Atención Médica", 006 "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos", 007 "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos del Interior" y 008 "Administración de los Establecimientos de Crónicos y Especializados".

Artículo 257.- Deróganse las afectaciones establecidas en el inciso siete del artículo 5º de la Ley Nº 16.343, de 15 de diciembre de 1992 y en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley Nº 17.166, de 10 de setiembre de 1999.

Los recursos desafectados en el inciso anterior se podrán utilizar indistintamente para financiar la asistencia en el país o en el exterior del Fondo Nacional de Recursos creado por la Ley Nº 16.343, de 15 de diciembre de 1992.

La asistencia en el extranjero se financiará con aportes del Fondo Nacional de Recursos y de los propios beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación que a tales efectos dictará el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas.

Dicha reglamentación deberá tener en cuenta la capacidad contributiva del beneficiario entendiendo por tal su situación patrimonial e ingresos de su núcleo familiar.

Artículo 266. Deróganse las afectaciones establecidas en el inciso siete del artículo 5º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, y en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley Nº 17.166, de 10 de setiembre de 1999.

Los recursos desafectados en el inciso anterior se podrán utilizar indistintamente para financiar la asistencia en el país o en el exterior del Fondo Nacional de Recursos creado por la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992.

La asistencia en el extranjero se financiará con aportes del Fondo Nacional de Recursos y de los propios beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación que a tales efectos dictará el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas.

Dicha reglamentación deberá tener en cuenta la capacidad contributiva del beneficiario entendiendo por tal su situación patrimonial e ingresos de su núcleo familiar.

Artículo 258.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 15 de diciembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 409 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 267. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 409 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 259.- Deróganse el artículo 11 del Decreto-Ley Nº 15.703, de 11 de enero de 1985.

Artículo 268. Derógase el artículo 11 del Decreto Ley Nº 15.703, de 11 de enero de 1985.

Artículo 269. Asígnase al Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Diabetes, Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", una partida anual de $ 348.600 (trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos uruguayos) para el período 2001-2004 para gastos de funcionamiento e inversión a los efectos de la creación, instrumentación, actualización y mantenimiento del Registro Nacional de Diabetes, el que funcionará en la órbita de dicho Ministerio.

Asígnase a la Asociación de Diabéticos del Uruguay y a la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay una partida por única vez de $ 1.162.000 (un millón ciento sesenta y dos mil pesos uruguayos) la que será administrada en forma conjunta a efectos de la realización de un estudio de prevalencia de la población nacional, con el objetivo de determinar dentro de la misma qué proporción es afectada por diabetes. Dicho estudio será controlado por la Comisión Asesora de la Diabetes y el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública los que podrán nombrar un auditor. Esta erogación se hará efectiva en el ejercicio 2001 y será informada al Poder Legislativo en la o las rendiciones de cuentas correspondientes.

Artículo 270. La suma recaudada por las unidades ejecutoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), por concepto de prestaciones asistenciales, será depositada en el Fondo de Libre Disponibilidad de la unidad ejecutora respectiva y destinada en un 70% (setenta por ciento) a gastos de funcionamiento y mantenimiento, en un 15% (quince por ciento) para atender el pago del beneficio por productividad previsto en el artículo 394 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y el 15% (quince por ciento) restante será volcado a ASSE.

Artículo 271. Prohíbese la intermediación lucrativa en la captación de socios y/o afiliados para las instituciones de asistencia médica colectiva, entendiéndose por tal aquella actividad realizada por una o más personas, en forma individual o concertada, tendiente a lograr afiliaciones para las citadas instituciones, percibiendo a cambio una retribución, precio o beneficio, cualquiera fuera su naturaleza.

Prohíbese, asimismo, la actividad de promoción para la captación de socios y/o afiliados, que incluya la entrega o promesa de entrega a éstos de dinero u otra ventaja equivalente.

El que, indistintamente, ejecutare dichas actividades, será castigado con una pena de dos a dieciocho meses de prisión.

Los Directivos, Directores Generales, Directores y Administradores de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva que, por cualquier medio, facilitaren, propiciaren, aceptaren o ejecutaren actos tendientes a tales fines, serán considerados coautores.

Constituyen circunstancias agravantes de este delito:

A) El carácter de funcionario público del agente.

B) El grado de jerarquía funcional del coautor.

Exclúyense de las tipificaciones precedentes las siguientes situaciones:

Artículo 272.- Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva podrán deducir de los aportes mensuales que deben realizar al Banco de Previsión Social (BPS) los montos adeudados por éste por concepto de cuotas de afiliados a DISSE correspondientes a meses vencidos al momento de pago del tributo.

Artículo 261.- A partir de la vigencia de la presente ley no podrá autorizarse el pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos, de funcionarios presupuestados o contratados de la unidad ejecutora 007, escalafón "D", Inspector, que no cuenten con un mínimo de tres años en el desempeño efectivo de las funciones propias del cargo.

Artículo 274. A partir de la vigencia de la presente ley no podrá autorizarse el pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos, de funcionarios presupuestados o contratados de la unidad ejecutora 007, escalafón D, Inspector, que no cuenten con un mínimo de tres años en el desempeño efectivo de las funciones propias del cargo.

Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará sin perjuicio de los regímenes especiales vigentes y de lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 262.- Dispónese que los pasantes contratados al amparo del artículo 436 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, así como los que desempeñen tareas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en régimen de pasantías en base a convenios suscritos o que se suscriban en el futuro con instituciones publicas o privadas, percibirán como única remuneración la establecida en el respectivo contrato de pasantía, quedando expresamente excluidos de cualquier compensación y proventos en efectivo o en especie que perciben los funcionarios pertenecientes a los cuadros presupuestales de dicha Secretaría de Estado.

Artículo 275. Dispónese que los pasantes contratados al amparo del artículo 436 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, así como los que desempeñen tareas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en régimen de pasantías en base a convenios suscritos o que se suscriban en el futuro con instituciones públicas o privadas, percibirán como única remuneración la establecida en el respectivo contrato de pasantía, quedando expresamente excluidos de cualquier compensación y proventos en efectivo o en especie que perciben los funcionarios pertenecientes a los cuadros presupuestales de dicha Secretaría de Estado.

Artículo 263.- Asígnase al Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" una partida anual por el término de cuatro años de $ 1.045.800 (un millón cuarenta y cinco mil ochocientos pesos uruguayos), equivalente a US$ 90.000 (noventa mil dólares de los Estados Unidos de América) destinada al fortalecimiento de la Asesoría en Seguridad Social.

Artículo 276. Asígnase al Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" una partida anual por el término de cuatro años de $ 1.045.800 (un millón cuarenta y cinco mil ochocientos pesos uruguayos), destinada al fortalecimiento de la Asesoría en Seguridad Social.

Artículo 264.- Suprímese el Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) y deróganse todas las disposiciones que establecieron funciones, deberes y facultades para el mismo, especialmente el artículo 432 de la Ley Nº 16.736, de 5 enero de 1996.

El Poder Ejecutivo designará al liquidador del Instituto Nacional de Abastecimiento quien deberá reglamentar el proceso de liquidación del patrimonio del INA para determinar el pasivo y su cancelación; establecer sus créditos y su efectiva realización; enajenar sus bienes y contemplar todos los aspectos que puedan resultar pertinentes al respecto.

El personal de la referida Institución que figuraba en la respectiva planilla de trabajo con una antigüedad no inferior a un año al 31 de diciembre de 1999 podrá optar, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la vigencia de la presente ley y por única vez entre:

Asígnase a Rentas Generales la totalidad de los fondos y recursos existentes y que se puedan generar. A efectos de lo dispuesto en el inciso tercero de este artículo, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos respectivos.

Artículo 277. Suprímese el Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) y deróganse todas las disposiciones que establecieron funciones, deberes y facultades para el mismo, especialmente el artículo 432 de la Ley Nº 16.736, de 5 enero de 1996.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designará al liquidador del INA y reglamentará el proceso de liquidación del patrimonio del INA para determinar el pasivo y su cancelación; establecer sus créditos y su efectiva realización; enajenar sus bienes y contemplar todos los aspectos que puedan resultar pertinentes al respecto.

El liquidador deberá presentar el plan de instrumentación de las pautas que se le encomiendan en el inciso anterior, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su aprobación.

Una vez ejecutado el plan, el liquidador deberá presentar el balance de lo actuado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social así como a la Asamblea General del Poder Legislativo.

Los trabajadores de la referida institución que se suprime que figuraban en la respectiva planilla de trabajo podrán optar, dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de la presente ley y por única vez, entre:

A tales efectos, el liquidador remitirá a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Contaduría General de la Nación la nómina completa de los trabajadores comprendidos en la contratación, con información de la función que desempeñan, sueldo, compensaciones de carácter permanente y demás beneficios sociales que perciban por cualquier concepto.

La Contaduría General de la Nación habilitará los recursos para atender los contratos de trabajo de acuerdo a la información que se le suministre reasignando los créditos presupuestales necesarios.

Artículo 265.- Asígnase una partida por única vez de $ 17.430.000 (diecisiete millones cuatrocientos treinta mil pesos uruguayos) equivalente a U$S 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destinada al pago de las deudas contraídas por la persona jurídica de derecho público no estatal Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) hasta el momento de su supresión.

Dicha partida será administrada por el liquidador designado en el artículo anterior, quien efectuará la distribución de esta partida entre los acreedores de la mencionada persona jurídica que se suprime, dentro del término de sesenta días a contar de la vigencia de la presente ley, con el informe previo de la Contaduría General de la Nación.

Artículo 278. Asígnase una partida, por única vez, de $ 17.430.000 (diecisiete millones cuatrocientos treinta mil pesos uruguayos) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destinada al pago de las deudas contraídas por la persona jurídica de derecho público no estatal Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) hasta el momento de su supresión.

Dicha partida será administrada por el liquidador designado en el artículo anterior, quien efectuará la distribución de esta partida entre los acreedores de la mencionada persona jurídica que se suprime, dentro del término de sesenta días a contar de la vigencia de la presente ley, con el informe previo de la Contaduría General de la Nación.

Artículo 279. Los funcionarios del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" que revisten funciones contratadas de carácter permanente, podrán optar por ser presupuestados en el último grado ocupado del escalafón correspondiente a la función que desempeñan, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley.

Artículo 280. Autorízase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social partidas anuales en los años 2001 y 2002 para financiar inversiones en el Area Informática de $ 5.150.000 (cinco millones ciento cincuenta mil pesos uruguayos) cada una.

Dichas partidas serán financiadas con cargo a los ingresos de libre disponibilidad que superen el tope fijado para los gastos de funcionamiento de dicha Secretaría de Estado para los años 2001 y 2002.

Artículo 281. Asígnase una partida anual de $ 13.944.000 (trece millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos uruguayos), con financiamiento de Rentas Generales para complementar los recursos que integran el Fondo de Reconversión Laboral creado por el artículo 325 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 266.- Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a autorizar las permutas de inmuebles adjudicados o adquiridos con subsidio habitacional, entre beneficiarios de sus programas de vivienda, condicionado a que se deje constancia en las escrituras de permuta y traslación de dominio respectivas, los valores que resultaron del subsidio original, del tiempo transcurrido y la depreciación de aquél ya operado.

Estas permutas quedarán comprendidas en lo dispuesto por el artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y los artículos 70 y siguientes de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y estarán exoneradas del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

Será también aplicable a esa instrumentación lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 448 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 282. Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a autorizar las permutas de inmuebles adjudicados o adquiridos con subsidio habitacional, entre beneficiarios de sus programas de vivienda, condicionado a que se deje constancia en las escrituras de permuta y traslación de dominio respectivas, los valores que resultaron del subsidio original, del tiempo transcurrido y la depreciación de aquél ya operado.

Estas permutas quedarán comprendidas en lo dispuesto por el artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y los artículos 70 y siguientes de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y estarán exoneradas del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales.

Será también aplicable a esa instrumentación lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 448 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 267.- Exonérase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la obligación de comunicar al Registro Único de Inmuebles del Estado a cargo de la Contaduría General de la Nación, la adquisición de bienes inmuebles destinados a la construcción de viviendas o regularización de asentamientos irregulares, cuando dichos bienes tengan como destino final ser enajenados a terceros.

Artículo 283. Exonérase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la obligación de comunicar al Registro Unico de Inmuebles del Estado a cargo de la Contaduría General de la Nación, la adquisición de bienes inmuebles destinados a la construcción de viviendas o regularización de asentamientos irregulares, cuando dichos bienes tengan como destino final ser enajenados a terceros.

Artículo 268.- Derógase el numeral 5º del artículo 3º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990.

Artículo 284. Derógase el numeral 5) del artículo 3º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990.

Artículo 269.- Decláranse exoneradas del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 agosto de 1975, las construcciones existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, integrantes de asentamientos irregulares ocupados por personas que sean propietarias del inmueble respectivo siempre que dichos inmuebles sean objeto de regularización por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En estos casos se prescindirá del Certificado Único Especial que emite el Banco de Previsión Social (BPS) siendo suficiente la constancia notarial que acredite que esa situación se encuentra comprendida en la presente disposición.

Artículo 285. Decláranse exoneradas del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el Decreto Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, las viviendas permanentes de interés social existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, e integrantes de asentamientos ocupados por personas que no sean propietarias del inmueble respectivo.

Dicha exoneración sólo regirá respecto de los inmuebles que sean objeto de regularización por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y para el caso de los Gobiernos Departamentales, para las regularizaciones ya designadas y, en lo sucesivo, siempre que la designación para la regularización cuente con informe favorable por parte del citado Ministerio y la misma tenga por finalidad la posterior adjudicación de la vivienda al respectivo ocupante. En estos casos se prescindirá del Certificado Unico Especial que emite el Banco de Previsión Social (BPS) siendo suficiente la constancia notarial que acredite que esa situación se encuentre comprendida en la presente disposición.

Artículo 270.- Sustitúyese el artículo 446 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 286. Sustitúyese el artículo 446 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 271.- Cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente constate que una solución habitacional entregada a un beneficiario de sus programas habitacionales bajo cualquier modalidad fue cedida a terceros violando la prohibición correspondiente, el mismo podrá rescindir administrativamente el contrato respectivo quedando sin efecto la adjudicación, por lo que quedará en condiciones de promover la correspondiente acción judicial para recuperar la disponibilidad de la vivienda referida libre de ocupantes. En caso de no obtenerse la individualización de quienes la ocupan, el proceso de desalojo será el precario y podrá promoverse válidamente en forma genérica contra los ocupantes del inmueble.

Artículo 287. Cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente constate que una solución habitacional entregada a un beneficiario de sus programas habitacionales bajo cualquier modalidad fue cedida a terceros violando la prohibición correspondiente, el mismo podrá rescindir administrativamente el contrato respectivo quedando sin efecto la adjudicación, por lo que quedará en condiciones de promover la correspondiente acción judicial para recuperar la disponibilidad de la vivienda referida libre de ocupantes. En caso de no obtenerse la individualización de quienes la ocupan, el proceso de desalojo será el precario y podrá promoverse válidamente en forma genérica contra los ocupantes del inmueble.

Artículo 272.- Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a destinar el saldo correspondiente a la partida asignada por el artículo 451 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, en concepto de contrapartida para la ejecución del programa CREDIMAT de acuerdo al contrato de préstamo y aporte financiero suscrito el 23 de noviembre de 1993, con el Kredistanstalt fur Wiederaufbau, en el marco del Convenio sobre Cooperación Financiera celebrado el 20 de agosto de 1993, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá destinar el producido de los costos administrativos a cargo de los organismos ejecutores intermedios, a cubrir los costos operacionales que demande la ejecución del programa, excepto para remuneraciones personales.

Artículo 288. Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a destinar el saldo correspondiente a la partida asignada por el artículo 451 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, en concepto de contrapartida para la ejecución del Programa CREDIMAT de acuerdo al contrato de préstamo y aporte financiero suscrito el 23 de noviembre de 1993, con el Kredistanstalt fur Wiederaufbau, en el marco del Convenio sobre Cooperación Financiera celebrado el 20 de agosto de 1993, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá destinar el producido de los costos administrativos a cargo de los organismos ejecutores intermedios a cubrir los costos operacionales que demande la ejecución del programa, excepto para remuneraciones personales.

Artículo 273.- Las devoluciones de préstamos concedidos a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, constituirán un fondo rotativo permanente y será reinvertido por el mismo para ser aplicados a la misma finalidad, independientemente del crédito presupuestal.

Artículo 289. Las devoluciones de préstamos concedidos a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, constituirán un fondo rotativo permanente y será reinvertido por el mismo para ser aplicados a la misma finalidad, independientemente del crédito presupuestal.

Artículo 274.- Declárase por vía interpretativa que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Aguas (Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978), en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por "abiertas y pavimentadas", deberán entenderse aquellas rutas nacionales o ramblas costaneras de uso público, cuya construcción se ha efectivizado sobre el terreno, mediante la colocación de carpetas viales o materiales fijos, sin que pueda entenderse suficiente para ello, la mera limpieza o la compactación del suelo o aún la implantación de afirmados de grava, balasto, pedregullo o similares.

Artículo 290. Declárase por vía interpretativa que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Aguas (Decreto Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978), en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por "abiertas y pavimentadas", deberán entenderse aquellas rutas nacionales o ramblas costaneras de uso público, cuya construcción se ha efectivizado sobre el terreno, mediante la colocación de carpetas viales o materiales fijos, sin que pueda entenderse suficiente para ello, la mera limpieza o la compactación del suelo o aun la implantación de afirmados de grava, balasto, pedregullo o similares.

Artículo 275.- Como interpretación auténtica del artículo 449 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se declara que la expresión programas, también comprende las regularizaciones de asentamientos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente lleve a cabo directamente o cuando asista a los Gobiernos Departamentales en dicha tarea.

En todos los casos que el Ministerio aplique las normas referidas en el citado artículo 449, no regirá la exigencia del artículo 30 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, presentará directamente el plano de fraccionamiento definitivo para su inscripción en la Dirección Nacional de Catastro.

Artículo 291. Como interpretación auténtica del artículo 449 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se declara que la expresión programas, también comprende las regularizaciones de asentamientos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente lleve a cabo directamente o cuando asista a los Gobiernos Departamentales en dicha tarea.

En todos los casos que el Ministerio aplique las normas referidas en el citado artículo 449, no regirá la exigencia del artículo 30 de la Ley Nº 10.751, de 25 de junio de 1946, presentará directamente el plano de fraccionamiento definitivo para su inscripción en la Dirección Nacional de Catastro, sin perjuicio de la aprobación municipal pertinente respecto de los trazados correspondientes.

Artículo 276.- Agrégase al artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, el siguiente literal:

Artículo 292. Agréganse al artículo 8º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, los siguientes literales:

Artículo 277.- El Estado, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, otorgará los subsidios y préstamos para vivienda, aislada o agrupadas, en idéntico régimen, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones conforme a las diversas categorías de ingreso del núcleo familiar que establezca cada plan quinquenal de vivienda.

Artículo 293. El Estado, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, otorgará los subsidios y préstamos para vivienda, aislada o agrupada, en idéntico régimen, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones conforme a las diversas categorías de ingreso del núcleo familiar que establezca cada Plan Quinquenal de Vivienda.

Artículo 278.- Declárase exoneradas del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, las construcciones realizadas hasta la fecha de vigencia de esta ley, para ampliar los núcleos básicos que proporciona el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cuando las mismas se hubieran realizado mediante la modalidad de autoconstrucción y que dichas ampliaciones se correspondan con las estrictamente permitidas por el Ministerio.

Artículo 294. Decláranse exoneradas del aporte unificado de la industria de la construcción previsto en el Decreto Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, las construcciones realizadas hasta la fecha de vigencia de la presente ley, para ampliar los núcleos básicos que proporciona el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y los Gobiernos Departamentales, cuando las mismas se hubieran realizado mediante la modalidad de autoconstrucción y que dichas ampliaciones se correspondan con las estrictamente permitidas por el Ministerio y los citados Gobiernos Departamentales.

Artículo 279.- Extiéndese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las facultades previstas en los artículos 80 a 89 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, en cuanto a la posibilidad de ejecutar las hipotecas judicialmente o por sí y sin forma alguna de juicio. En caso de recurrirse a la ejecución directa, el Ministerio deberá seguir el procedimiento legal establecido en los artículos mencionados de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay.

Artículo 295. Extiéndense al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las facultades previstas en los artículos 80 a 89 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), en cuanto a la posibilidad de ejecutar las hipotecas judicialmente o por sí y sin forma alguna de juicio. En caso de recurrirse a la ejecución directa, el Ministerio deberá seguir el procedimiento legal establecido en los artículos mencionados de la Carta Orgánica del BHU.

Artículo 280.- Modifícase el inciso primero del artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 296. Modifícase el inciso primero del artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 281.- Decláranse incluidos en lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, los inmuebles necesarios para la ejecución de los planes de regularización de asentamientos irregulares instalados en los mismos, que a los efectos se entenderán comprendidos en el artículo 3º de la citada ley. La desafectación se realizará a título gratuito y previa designación del Poder Ejecutivo, la que será vinculante para el organismo al que los mismos se encontraren afectados. Asimismo, en los casos de inmuebles seleccionados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para programas de lotes con o sin servicios para la relocalización de asentamientos irregulares, se aplicará la presente disposición siempre que se cuente con el consentimiento del organismo propietario del inmueble. Para los casos de inmuebles de propiedad de los Gobiernos Departamentales será necesario con el previo consentimiento de los mismos.

Artículo 297. Decláranse incluidos en lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, los inmuebles necesarios para la ejecución de los planes de regularización de asentamientos irregulares instalados en los mismos, que a los efectos se entenderán comprendidos en el artículo 3º de la citada ley. La desafectación se realizará a título gratuito y previa designación del Poder Ejecutivo, la que será vinculante para el organismo al que los mismos se encontraren afectados. Asimismo, en los casos de inmuebles seleccionados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para programas de lotes con o sin servicios para la relocalización de asentamientos irregulares, se aplicará la presente disposición siempre que a juicio del Poder Ejecutivo dichos inmuebles no resulten esenciales para los cometidos del órgano al que los mismos se encuentren afectados. Para los casos de inmuebles de propiedad de los Gobiernos Departamentales será necesario con el previo consentimiento de los mismos.

Artículo 282.- A iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo podrá establecer regulaciones a las que se sujetará la introducción al territorio nacional de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras del ozono (1987) y sus enmiendas, aprobado por Ley Nº 16.157, de 12 de noviembre de 1990, a los efectos de cumplir con las obligaciones de la República emergentes de los referidos instrumentos internacionales, incluyendo lo previsto en los acuerdos del MERCOSUR y de la Organización Mundial del Comercio.

Artículo 298. A iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo podrá establecer regulaciones a las que se sujetará la introducción al territorio nacional de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (1987) y sus enmiendas, aprobado por la Ley Nº 16.157, de 12 de noviembre de 1990, a efectos de cumplir con las obligaciones de la República emergentes de los referidos instrumentos internacionales, incluyendo lo previsto en los Acuerdos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Organización Mundial del Comercio.

Artículo 283.- En todo departamento deberá habilitarse la existencia de plantas de tratamiento o sitio de disposición final de residuos, comprendiendo dentro de ellos tanto los urbanos y domiciliarios, como los desechos industriales, los hospitalarios y los peligrosos, sujeto al cumplimiento de las normas nacionales aplicables en la materia.

En caso que el Gobierno Departamental respectivo, considere inadecuada la ubicación propuesta para un proyecto incluido en el inciso anterior, cuyos impactos ambientales han sido evaluados favorablemente, por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, deberá proporcionar al titular de dicho proyecto un sitio de implantación alternativo, si no se encontrara prevista por el propio Gobierno Departamental con carácter general y anterior, un área territorial para ello.

Artículo 299. Los Gobiernos Departamentales, en la oportunidad en que lo entiendan pertinente o dentro de los ciento ochenta días contados a partir del requerimiento que a tales efectos le realice el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, establecerán áreas de localización, dentro de su jurisdicción, de:

A estos efectos y sujeto al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en la materia, para la instalación de las plantas referidas y puesta en funcionamiento de los lugares de disposición final, deberán contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, sin perjuicio de las potestades de los Gobiernos Departamentales.

El requerimiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a que refiere el inciso primero del presente artículo, en ningún caso podrá referirse a residuos generados en otros departamentos, sin perjuicio de los acuerdos o convenios para la prestación de las respectivas actividades y obras en forma regional o interdepartamental.

Artículo 284.- Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a regularizar en régimen de función pública a los funcionarios que revistan en calidad de contratados en la Dirección Nacional de Vivienda amparados en el artículo 455 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con independencia de la fecha de ingreso a la contratación. Las regularizaciones dispuestas se costearán con cargo a la partida asignada en el derivado 0.8.4.301 "Retribuciones Previstas para Reestructurar".

Artículo 300. Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a regularizar en régimen de función pública a los funcionarios que revistan en calidad de contratados en la Dirección Nacional de Vivienda amparados en el artículo 455 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, con independencia de la fecha de ingreso a la contratación. Las regularizaciones dispuestas financiarán con cargo a la partida asignada en el derivado 0.8.4.301 "Retribuciones Previstas para Reestructurar".

Artículo 285.- Exceptúase del control previo del Ministerio de Economía y Finanzas establecido en el artículo 33, inciso 3º literal I) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración (TOCAF) a las contrataciones directas que deba realizar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente cuando se deba dar respuesta inmediata mediante la realización de las obras necesarias, en una de las siguientes situaciones:

Artículo 301. Exceptúanse del control previo del Ministerio de Economía y Finanzas establecido en el literal I) del inciso tercero del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) las contrataciones directas que deba realizar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cuando se deba dar respuesta inmediata mediante la realización de las obras necesarias, en una de las siguientes situaciones: