SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 14 minutos)

Vamos a ingresar al análisis del orden del día, que establece recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, y al equipo económico. Por lo tanto, la Mesa en nombre de la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, le da la bienvenida al señor Ministro, al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Ariel Davrieux y a los asesores que los acompañan.

Para una cuestión de orden tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Quería plantear dos cuestiones de orden.

Me ha llamado la atención que ni en el Mensaje del Poder Ejecutivo, elevado a la Asamblea General, ni en el que viene de la Cámara de Representantes, figura el Inciso 26, Universidad de la República. Al parecer, este no existe y, entonces, el Poder Ejecutivo, no tiene una opinión al respecto, siendo que se trata de un Inciso fundamental de todos los que tenemos a consideración. Me he tomado el trabajo de revisar el material durante el fin de semana y, sinceramente, al principio creí que se trataba de un error de compaginación, ahora advierto que no es así, sino que existe la decisión política de no emitir opinión sobre ese Inciso.

En consecuencia, en aras del orden del debate, me gustaría saber si ese tema se va a discutir o si ya existe la decisión por parte del Poder Ejecutivo de ni siquiera opinar sobre la Universidad de la República. Este es un planteo inicial sobre el cual en su oportunidad daré mi punto de vista.

El segundo planteamiento que quería hacer es que luego de consultar con mis compañeros de bancada, entendimos que sería muy importante para el desarrollo del debate de esta Comisión, que las sesiones fueran abiertas a los medios de comunicación, o sea que estos estuvieran presentes durante su desarrollo, en aras de la cristalinidad y la transparencia de la actuación del Cuerpo legislativo. Creemos que es muy importante que los medios de comunicación se informen al instante de lo que aquí sucede para anunciarlo. En ese sentido, formulamos una moción concreta para que se permita a la prensa estar presente en las sesiones de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Naturalmente, la Comisión va a analizar el tema de la Universidad de la República. Debo decir que desde el primero de marzo ha habido contactos entre el señor Presidente de la República y el señor Rector, el ingeniero Rafael Guarga, a quien conocemos desde hace tantos años. Por lo tanto, sin duda, será un tema de análisis en el cual se tratará de buscar los entendimientos que sean posibles.

Por otra parte, frente a esta novedosa propuesta, de la cual no existen antecedentes, por lo menos en estos 15 años que hace que frecuentamos esta Casa, debo decir desde ya que no me parece correcto plantear preocupación en torno a la transparencia porque existe una versión taquigráfica y, además, los señores Legisladores, luego de cruzar la puerta manifiestan lo que entienden oportuno, así como también lo hacen los señores Ministros y visitantes.

Por lo tanto, francamente rechazo que haya un problema de transparencia en la forma de trabajar del Parlamento. Por supuesto que no estoy de acuerdo con la moción formulada y, además, nuestro trabajo siempre ha sido abierto y no ha habido ningún tipo de limitación; es más, a veces uno conoce a través de la prensa de determinadas cosas que no logró enterarse aquí. Por cierto, señor Presidente, la prensa siempre ha podido abordar todos los puntos de vista.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gargano para que se permita a los medios de prensa estar presentes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a medida que se desarrolle el debate.

(Se vota:)

Ingresamos al orden del día, para lo cual tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Finanzas.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, quiero reiterar ante la Comisión la explicación que di al señor Presidente a propósito de nuestra concurrencia a estas sesiones. Lamentablemente, no estamos en condiciones de concurrir con la continuidad y la presteza con que la Comisión está sesionando en ocasión de la consideración del proyecto de ley de Presupuesto, debido a compromisos previamente asumidos a los que tenemos que dar cumplimiento. Desde hace ya varias semanas, está concertada una reunión de Ministros de Economía y Presidentes de los Bancos Centrales de los países del MERCOSUR, que se va a llevar a cabo mañana en Rio de Janeiro. En consecuencia, debo viajar esta tarde y regresaré el próximo miércoles. Obviamente, mi disposición –como la del resto de mis compañeros del equipo económico- es estar a las órdenes de esta Comisión para todo lo que ella considere necesario. Reitero que este compromiso estaba previamente asumido, y tiene un carácter internacional, tal como lo hemos considerado con los Ministros de los países del MERCOSUR. Lamentablemente, no vamos a poder asistir en estos dos días que van desde la tarde de hoy hasta la del miércoles.

Asimismo, para el día jueves al medio día, tenemos un compromiso previamente asumido. Como seguramente saben los señores Senadores, recibiremos la visita del Presidente de Chile y de una delegación compuesta por alguno de sus Ministros, entre ellos, el de Hacienda, el señor Nicolás Eizaguirre. Concretamente, habíamos concertado una reunión con él en las horas del mediodía. De manera que esto significa una cierta perturbación a nuestras posibilidades de concurrir a la Comisión. Desde ya me excuso por los inconvenientes que estos compromisos ocasionen en el funcionamiento de este Cuerpo. Pero los señores Senadores comprenderán que estos compromisos, al igual que otros similares, tienen una importancia que va más allá de lo que podamos disponer en la relación cotidiana con otros sectores del Gobierno.

Por otra parte, y antes de ingresar en el tema específico, deseo indicarle al señor Senador Gargano que la referencia a la Universidad de la República está contenida en el planillado que acompaña al articulado. Este proyecto de ley de Presupuesto está compuesto por el articulado y todos sus anexos. Dentro de estos últimos, figura el planillado correspondiente a la Universidad, de modo que allí está expuesta la posición del Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto de esta Casa de estudios. Como señalaba el señor Senador Atchugarry, eventualmente, este tema podrá ser objeto de debate y de consideración en el trámite que aún queda por cumplir en el Parlamento. En todo caso, quiero reafirmar que el documento contiene la posición del Poder Ejecutivo sobre la Universidad, de acuerdo a los plazos constitucionales.

A continuación, quisiera hacer una presentación de orden general sobre el Presupuesto que, en algunos aspectos particulares y específicos, será complementada por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Davrieux. Creo que es un tema sobre el que hemos expresado en más de una ocasión nuestra opinión e información. Obviamente, es un asunto de amplio debate público. Me parece importante comenzar toda referencia al proyecto de ley de Presupuesto con un breve repaso del estado actual de nuestra economía y de alguna de las variables más significativas que están incidiendo en esta situación.

Como es sabido, la economía uruguaya ya lleva un año y medio de evolución negativa. Tuvimos una baja muy fuerte del producto en el año 1999, del orden del 3.2%, la más importante de la región, incluso, aún mayor es la que sufrió Argentina. En el primer semestre del año, este proceso de baja de la producción continuó con un descenso del 1% con respecto al mismo período del año anterior. En una forma más o menos coincidente y simultánea, este proceso de baja de los niveles de producción se acompañó con un aumento de la tasa de desempleo y una baja del empleo. De modo que es evidente que la economía uruguaya está pasando por un período recesivo importante, y esperamos que se pueda ir superando en los próximos meses. Hasta el momento esto refleja una situación de dificultades importantes.

Obviamente, en nuestra visión –sabemos que este es un tema de controversia, pero estamos convencidos de ello- influyen acontecimientos de orden internacional y regional de mucha importancia, que constituyen la causa principal de esta evolución descendente de nuestra economía en este año y medio que llevamos hasta ahora. Como es sabido, ha tenido lugar un cúmulo de circunstancias adversas para el desarrollo de nuestra economía, que han tenido origen en los acontecimientos internacionales que se dieron en 1998 en Asia y Rusia, y se trasladaron, en distinta medida, a nuestra región hasta culminar en lo que fue el punto central de la evolución de nuestra economía en enero de 1999, es decir, la devaluación del real. A partir de allí, nuestra economía sufrió un efecto fuertemente adverso en nuestros mercados tradicionales de exportación; como todos recordarán, constituye más de la mitad de nuestros mercados. Esto se dio tanto en términos de cantidad como de precio. En forma simultánea, diversos precios de importación de gran importancia para la región, sufrieron un evolución adversa. Me refiero, particularmente, al precio del petróleo y a la tasa de interés. En el Mensaje con el que acompañamos el proyecto de ley de Presupuesto presentado ante el Parlamento a fines de agosto, hablamos de un efecto adverso del orden de los U$S 500:000.000 por la evolución de los términos de intercambio, es decir, la relación de precio entre los bienes de exportación e importación. Asimismo, hablamos de otro efecto adverso del orden de los U$S 100:000.000, como consecuencia del aumento de la tasa de interés. Es obvio que estos datos significan que la economía uruguaya ha perdido ingresos con relación al pasado, lo que es una forma de decir que todos los uruguayos hemos visto disminuido nuestro nivel de ingresos respecto al pasado. Como complemento a esta información, debemos recordar que la región está superando en distinta medida las dificultades vividas en el año 1999 y que hay una evolución relativamente satisfactoria de la economía de Brasil en lo que va de este año que de todas manera aún no se ha reflejado en forma significativa en un aumento de la demanda por nuestros productos en la exportación hacia ese destino. En forma más o menos simultánea, todos sabemos que la economía argentina está atravesando un período de dificultades, habiendo registrado una tasa de crecimiento en el primer semestre del año de alrededor de un 1%, muy por debajo de las expectativas generadas en ese país y en la región a principios de este año 2000.

Este marco de dificultades en el que se inscribe la evolución de nuestra economía ha tenido, obviamente, repercusiones importantes sobre algunas variables económicas y financieras de nuestro país. En primer lugar y como consecuencia de esta situación, hemos tenido un descenso importante de la recaudación. Ya en el año 1999 la recaudación respecto al año anterior había caído en el orden de un 7% en términos reales y en lo que va del presente año todavía no hemos podido superar esta situación sino que, por el contrario, estamos con un cierto rezago en la recaudación en relación al mismo período del año pasado. En consecuencia, ya en el año 1999, como todos sabemos, la economía cerró con un fuerte nivel de déficit cercano al 4% sobre el Producto, que a principios de este año proyectamos reducir en forma importante –inicialmente nuestra previsión de déficit para este año fue de un 1,8% sobre el Producto- pero en función de los acontecimientos que se fueron dando en el correr del año y particularmente a partir de los meses de mayo y junio, debimos revisar esta proyección y ubicarla en el entorno del 2,8%. Todo esto ocurre en medio de una dificultad cierta para hacer previsiones, habida cuenta de la volatilidad que hemos comprobado en la evolución de la economía y, particularmente, en la recaudación de los últimos meses.

Es especialmente interesante detenernos un minuto en este tema. En nuestras primeras visitas a esta Comisión insistimos en un concepto que sabemos que ha sido objeto de controversias y debates de ideas que acompaña normalmente al análisis de la política económica en cuanto a que, en nuestra concepción, la política fiscal es la piedra angular de la política económica, dicho esto en términos generales. Más específicamente referido al tratamiento del Presupuesto, es claro que el resultado fiscal es una de las variables fundamentales –si no la principal- a tener en cuenta en la confección, diseño y presentación del Presupuesto. Como recordamos recién, estamos con un nivel de déficit importante que viene de tiempo atrás y, aun en el mejor de los casos en que se dé un cumplimiento más o menos aproximado de nuestra meta para este año, de todas formas seguimos con un déficit importante. Esta es una consideración que creo debemos tener en cuenta a la hora de completar nuestra evaluación del proyecto de ley de Presupuesto que estamos considerando, entre otras cosas, porque todos sabemos que el nivel de déficit es determinante de la evolución de la deuda pública y del endeudamiento público, habida cuenta de la necesidad de financiarla y, más aún, de la unanimidad de opiniones en cuanto a la inconveniencia de recurrir a un financiamiento inflacionario vía emisión. En consecuencia, cuando hay déficit hay que financiarlo mediante el endeudamiento explícito, y esa es una variable en extremo importante , es uno de los indicadores centrales con que el mundo de hoy evalúa el estado de una economía y obviamente, si lo miramos desde otro punto de vista que me parece igualmente válido que el mero análisis técnico y frío de una cifra, en definitiva el endeudamiento es parte del patrimonio o de la carga que estamos dejando a nuestros descendientes. De modo que para nosotros el tema del nivel de déficit es crucial, habida cuenta de su repercusión sobre el nivel de deuda.

La consideración que vale la pena agregar desde este punto de vista, es que es evidente que el manejo de la política fiscal es uno de los instrumentos más importantes para incidir sobre la evolución de la economía. Es una de las conclusiones más aceptadas y más comunes en el tema de la evolución de una economía y de las posibilidades de la política económica que una política fiscal expansiva, con un aumento del déficit, puede contribuir a solucionar situaciones de recesión o de baja de actividad o de aumento del desempleo. Este es un motivo de debate de política económica que se viene dando desde hace mucho tiempo que ha tomado gran fuerza en el correr de este siglo, particularmente a partir de la exposición de las ideas de Keynes en los años 30 y 40.

En el caso de Uruguay, nos encontramos con una muy fuerte limitación para hacer uso fácil e inmediato de esta conclusión. En el marco de una evolución recesiva de la economía, una tentación inmediata sería recurrir a un aumento del déficit, como forma de solucionar o atenuar el efecto adverso que se está viviendo desde el exterior. Claramente - lo hemos dicho en más de una ocasión- no creemos que este sea el camino adecuado y es una de las principales dificultades que estamos enfrentando para superar rápidamente la situación de recesión de la economía.

No podemos, en función de estas consideraciones que he realizado recién, recurrir a una política expansiva del gasto público o a un aumento del déficit, sino que, por el contrario, en el marco de una situación recesiva es de gran importancia, a nuestro juicio, concretar una evolución descendente del nivel de déficit fiscal, aun sabiendo que en una aproximación directa esto no ayuda –o puede no ayudar, en una cierta visión parcial- a la superación de las dificultades. Desde otro punto de vista, sin embargo, estamos convencidos que en la medida en que perseveremos en esta intención de baja de déficit estamos contribuyendo a afirmar las expectativas favorables del sector privado y una visión general más favorable sobre la evolución de la economía y, en consecuencia, posibilitando una reactivación de ésta, vía las decisiones del sector privado, tanto de los agentes económicos del país como los del exterior, que siguen atentamente la evolución de nuestra economía en términos de posibilidades de inversión, de endeudamiento y de calificación, en términos generales, de nuestras posibilidades de futuro.

El otro tema que me parece importante señalar en este breve repaso del marco económico en el que hemos proyectado el Presupuesto que está hoy a discusión en esta Comisión es el que se refiere a la estabilidad de precios que la economía uruguaya ha alcanzado en términos relativamente satisfactorios en los últimos meses y, aun, en los últimos dos años. Estamos en la actualidad con un nivel de inflación de poco más de un 5% anualizado y esperamos que este sea el resultado al fin del año. Creemos que ese es un logro, un avance y una conquista sustancial que la sociedad uruguaya en su conjunto ha logrado al cabo de tanto tiempo, de más de cincuenta años de un pasado inflacionario que mucho daño nos ha hecho en términos económicos, de conformación de expectativas, de relaciones sociales, etcétera. Nos parece que este es un dato relevante a la hora de proyectar el Presupuesto porque, como todos sabemos, existe una relación muy marcada entre lo que puede ser el resultado fiscal o presupuestal y la evolución de la inflación.

Quiero señalar –reiterar o explicitar un hecho que es conocido por todos- que este registro inflacionario del orden del 5.5% anual se está dando en el marco de un muy fuerte ajuste del precio interno de los combustibles. En lo que va del año este precio prácticamente se ha ajustado en más de un 40%, lo que significa que este registro inflacionario a que hacía referencia recién tiene un muy fuerte componente asociado a la evolución de un precio tan importante como el del petróleo y los combustibles. De otra forma, lo que estamos diciendo es que la inflación, excluido el efecto del precio de los combustibles, de hecho está muy por debajo del 5.5% y, grosso modo, se puede ubicar en un 4% anual.

Es en este contexto económico general que hemos debido proyectar este Presupuesto que está a consideración del Parlamento. Quiero señalar dos particularidades que han estado presentes en su conformación.

En primer lugar, justamente en función de esta consideración sobre el grado de estabilidad de precios alcanzada por nuestra economía, tenemos la convicción más absoluta respecto a que ha quedado definitivamente en el pasado aquella forma de decidir aumentos presupuestales muy importantes en términos nominales, pero que después la inflación se encargaba de erosionar, borrar o anular definitivamente. En el marco de estabilidad o de relativa estabilidad de precios que vivimos en la actualidad, todos tenemos que ser conscientes que los aumentos de gastos que se deciden de hecho tienen un muy fuerte contenido en términos reales. Aumentar el gasto en la actualidad es aumentarlo, sin ninguna duda, en términos reales y son escasas o nulas las posibilidades que existieron en el pasado de atenuar o disimular los aumentos que se puedan decretar en términos nominales, a través del juego de la inflación. Creo que este es un cambio cualitativo que mucho bien le ha hecho a la economía uruguaya, pero que es importante retener a la hora de decidir o pronunciarse sobre eventuales modificaciones, tanto del gasto como de los impuestos. Aquí las decisiones que se tomen hacia delante son decisiones que básicamente se están tomando en términos reales y que no tienen ninguna posibilidad de ser atenuadas o disimuladas a través de la inflación, o prácticamente ninguna posibilidad de que ello ocurra.

En segundo término, otro tema que es importante retener, aun con las dificultades que están asociadas a él, es la consideración respecto al nivel de impuestos, de tributación en la economía uruguaya. Por diversas circunstancias que ya en más de una ocasión han sido consideradas en esta Comisión y en otros ámbitos tanto políticos como académicos, creo no exagerar cuando afirmo que la principal prioridad de la política económica en el Uruguay actual es el cuidado y, en la medida de lo posible, el mejoramiento en los niveles de competitividad o de capacidad de competencia de nuestra producción, severamente limitados o afectados por los acontecimientos de orden internacional a que hice referencia anteriormente.

En estas circunstancias, el aumento de impuestos es o puede ser –si no se maneja con mucho cuidado- un factor contraproducente en términos de esa prioridad, de tal modo que en la eventualidad –como efectivamente ha ocurrido- de tener que plantearse el aumento de impuestos a través de un mayor nivel de algunos de los impuestos existentes o de la propuesta de creación de nuevos tributos, este es un tema que tenemos que transitar con mucho cuidado. Además, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo vemos este punto con mucha cautela, justamente en función de estas consideraciones que acabo de hacer, sin perjuicio de otras igualmente importantes sobre las que no voy a volver para no alargar esta exposición.

A partir de esta presentación de orden general, voy a entrar con un poco más de detalle en algunas consideraciones, también de orden general, vinculadas, ya en forma más directa, al proyecto de ley de Presupuesto que está a consideración de la Comisión.

En primer lugar y con carácter general, quiero referirme a tres criterios básicos que hemos tratado de respetar en la medida de lo posible en la conformación de este documento. En función de las consideraciones que he hecho anteriormente, una primera precisión ha estado vinculada a un criterio muy estricto de austeridad en las propuestas de aumento de gastos. No necesito abundar en este tema porque creo que en función de las consideraciones que acabo de hacer es muy claro. De todas maneras, me parece muy importante insistir en este concepto. Necesariamente las decisiones presupuestales que adoptemos a partir de este documento que está en discusión tienen que ser muy prudentes y muy austeras en materia de aumentos de gastos, en función de las consideraciones y consecuencias que a esta altura en términos generales creo que todos debemos compartir.

En segundo término y vinculado a esta consideración anterior, es obvio que casi sin excepción –por lo menos en la propuesta del Poder Ejecutivo- hemos tenido una resistencia muy fuerte a toda propuesta de aumento del número de empleados públicos. Hay aquí una decisión política que ya viene de la Legislatura pasada que todos conocemos y que hemos respetado prácticamente en su totalidad con alguna muy escasa excepción importante –me refiero al proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo- en todo caso, en el capítulo referido a la creación de cargos de policías en el Ministerio del Interior. Esto atiende a una prioridad muy importante que la sociedad uruguaya está otorgando al tema de la seguridad pública, con toda razón, más allá de que seguramente no es ésta la única a tener en cuenta con relación a la presentación del Presupuesto. En todo caso, el único tema de importancia vinculado a la creación de cargos ha sido esta referencia a la contratación de nuevos policías.

Una tercera consideración de orden general se refiere –quiero ser particularmente cuidadoso con este tema- a una resistencia muy fuerte que hemos opuesto en lo que tiene que ver con distintos sectores de la Administración Pública respecto a la creación de nuevos precios, tasas o diversas formas de contribución que, en los últimos años, ha venido tomando forma en las actividades del Estado para ser pagadas por el sector privado en su relación con el público. En los últimos años ha habido diversas formas encubiertas de tributación, a través de la imposición de tasas, contribuciones, precios, etcétera, que se han decidido en base a la posición obviamente monopólica del sector público en la prestación de algunos servicios, a través de los cuales se ha determinado el cobro de estos precios o tasas que, en definitiva, significan en muchos casos, repito, una forma encubierta de tributación e imponen una carga adicional al funcionamiento del sector privado. Para decirlo de una forma en extremo simplificada, pero que ha estado muy de moda en los últimos tiempos, esto forma parte del costo país. Hay una diversidad de ejemplos en este sentido, de los cuales voy a enumerar algunos sin el ánimo de cuestionar la forma de funcionamiento de estos precios, ni los fines a los que sirven, en muchos casos, muy vinculados a la manera de funcionar de los Ministerios correspondientes en términos de gastos y retribuciones. Todos sabemos que aquí existen tasas que gravan la exportación de carnes, que tienen relación con la planilla de trabajo y con las actividades, inclusive, de nuestro propio Ministerio en Catastro, y así sucesivamente. En términos generales, están bien inspirados en el sentido de que buscan financiar el funcionamiento de un servicio público de la mejor manera posible, en muchos casos, los sueldos de los funcionarios afectados al cumplimiento de estas tareas, pero que, repito, en términos generales forman parte del costo país y agregan dificultades al funcionamiento del sector privado.

Obviamente, hay un pasado difícil de modificar, por lo menos en forma inmediata. Sin perjuicio de ello, estamos buscando las formas de ir incidiendo gradualmente en esa situación. Créanme que a lo largo del proceso de preparación y presentación del Presupuesto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hemos opuesto una resistencia muy firme a la creación de nuevas formas de precios, tasas, etcétera, en definitiva, a nuevas formas de imposición y de costos sobre la actividad del sector privado. En este sentido, entonces, insistimos en que este ha sido uno de los criterios rectores con el que hemos trabajado para la preparación del Presupuesto.

SEÑOR MICHELINI.- Es, simplemente, para hacer una sugerencia.

Tengo la sensación de que eso es parte del costo país, pero creo que nadie tiene idea de la cantidad de tasas, precios y sobreprecios que hay. Entonces, sería bueno que independientemente de que no se intenten crear, hubiera un estudio detallado que se enviara a esta Comisión sobre todos los detalles existentes en esta materia, a los efectos de contar con mayor información. Creo que no se trata sólo de no crear más tributaciones sino, inclusive, en algunos casos de ir bajándolas o de devolvérselas a los exportadores.

SEÑOR MINISTRO.- Ese estudio existe y lo vamos a poner a disposición de los señores Senadores. Recién recordábamos que deben superar los mil los diversos precios que existen en la economía uruguaya en esa modalidad, con una recaudación a que se ubica en el entorno de los U$S 300:000.000 aproximadamente.

Hay dificultades para solucionar rápidamente este estado de cosas. En muchos casos, como decía anteriormente, estos precios y tasas financian una serie de gastos o sueldos. Entonces, en la medida en que uno piensa en bajarlos o suprimirlos, evidentemente está generando el desfinanciamiento correspondiente sobre las cuentas públicas. Sin duda, este es uno de los temas a los que hemos concedido más importancia en la preparación de este documento y en lo que entendemos debe ser la acción futura de nuestra política con relación al sector público.

Sobre esta base o sobre estos 3 criterios rectores hemos trabajado para la preparación y presentación de este proyecto de Presupuesto que hoy está a consideración de la Comisión luego de su pasaje por la Cámara de Representantes.

Es obvio que un Presupuesto debe referirse a los ingresos y a los gastos públicos en términos generales, pero dentro de esta consideración genérica hemos identificado una serie de objetivos a los que tratamos de dar cumplimiento con la presentación de este proyecto de Presupuesto, obviamente, en función de las diversas limitaciones y restricciones que es necesario atender cuando se formulan decisiones de orden público en el marco de las limitaciones señaladas anteriormente y, también, de las consideraciones de orden político y social que es menester tener en cuenta en la preparación de un documento de estas características.

Estos objetivos principales los podemos exponer de la siguiente forma. En primer lugar, y como es lógico, ya hice referencia a un concepto de política económica fuertemente influido por la política fiscal en general. Pero más particularmente ahora, es evidente que el objetivo central, quizá el principal de la preparación de un documento presupuestal, debe necesariamente atender al resultado fiscal buscando, en el caso actual de la economía uruguaya, minimizar o reducir el desequilibrio de las cuentas públicas que venía del pasado y que, de acuerdo con los datos que he recordado recién, todavía se mantiene. Creo que no es necesario abundar en el tema, puesto que ya lo he hecho anteriormente. Es obvio también que toda consideración vinculada al resultado fiscal tiene su directa repercusión en los topes de endeudamiento público, que es otro de los capítulos que forma parte de este proyecto de Presupuesto. De modo que inevitablemente el tema del resultado fiscal es un objetivo principal a tener en cuenta en la formulación, consideración y conclusiones de este documento presupuestal.

En segundo lugar, y no necesariamente en orden de importancia, nos hemos marcado un objetivo vinculado a la continuidad del proceso de reforma del Estado iniciado en las Administraciones anteriores que, en el caso de este Presupuesto, se concreta a través de las iniciativas relacionadas con nuevas formas de creación de cargos de alta especialización, a través de un uso prioritario de las economías que se puedan ir generando en el futuro, de modo de reforzar en el sector público la creación de este tipo de cargos que, seguramente, van a contribuir a mejorar el funcionamiento gerencial del sector público, que es una de las carencias que todos reconocemos en el devenir de esta actividad.

Otra iniciativa vinculada a este proceso de reforma del Estado refiere a las disposiciones que tienen que ver con los fondos de libre disponibilidad. Ella es, justamente, la contrapartida o la expresión financiera de los precios y tasas a que hicimos referencia anteriormente, que sabemos en muchos casos están asociados al funcionamiento mínimo y regular de los diversos Ministerios, pero que en la generalidad de los casos significa distintas formas de distorsión para el manejo de las cuentas públicas y que, en la medida de lo posible, ahora estamos tratando de incorporar al funcionamiento o a la consideración de las cuentas del Tesoro Nacional, con una visión central, respetando en lo posible las necesidades particulares de cada Ministerio. Al respecto, se propusieron diversas disposiciones en el proyecto original y, con algunas modificaciones, han logrado la aprobación correspondiente en la Cámara de Representantes.

Dentro de las normas que tienen relación con este proceso de continuidad de la reforma del Estado, hemos presentado un conjunto de disposiciones vinculadas a la situación de los becarios y pasantes, que si bien fueron objeto de debate y controversias en la otra rama parlamentaria, finalmente tuvieron un principio de aceptación, en el sentido de que muchas de ellas fueron aprobadas, sin perjuicio de que algunas sufrieron diversas modificaciones. A nuestro juicio, esto nos dio la razón en el sentido de que, efectivamente, aquí había un vacío legal importante en la forma de funcionamiento del aparato público, que era necesario regular a través de las normas que, en términos generales, fueron aprobadas.

Un tercer objetivo de la presentación del proyecto de ley de Presupuesto se refiere al criterio de prioridades que proponemos en la política salarial del sector público. Como recordarán los señores Senadores, el Poder Ejecutivo está habilitado, de acuerdo con las leyes correspondientes, a conceder aumentos de orden general. En esta ocasión, hemos entendido necesario y conveniente agregar un atributo importante a esa facultad del Poder Ejecutivo, que es el de poder disponer de aumentos diferenciales, a favor de tres sectores de la Administración Pública: policías, militares y docentes. En consecuencia, en el artículo 12 aprobado por la Cámara de Representantes, se establece esa facultad a favor del Poder Ejecutivo, es decir, la posibilidad de votar aumentos diferenciales en una franja que está entre un 10% y un 50% sobre los aumentos generales dispuestos para el conjunto de los funcionarios públicos. En términos cualitativos, creemos que este es un avance de mucha importancia con relación a las normas de política salarial del sector público que estaban vigentes con anterioridad. Al mismo tiempo, esto marca una prioridad en materia de política salarial que se intenta aplicar hacia el futuro.

El cuarto objetivo de esta presentación ha estado vinculado al inicio del cumplimiento del principio de la descentralización territorial, que fue una de las principales innovaciones de la Constitución aprobada en 1996 y que enfrenta a todo el sistema político, al país y, obviamente, a quienes hemos debido trabajar en la preparación de este proyecto de ley, a una nueva realidad que es necesario atender. En función de los artículos 214 y 298 de la Constitución, presentamos una iniciativa que ha sido objeto de debate en el trámite realizado en la Cámara de Representantes y que ha sufrido una modificación, a la que me voy a referir posteriormente.

El quinto objetivo de este documento está vinculado con la inversión pública. Como es sabido, en el correr de este año hemos decidido hacer una reducción importante de los niveles de inversión pública con respecto a los años anteriores –particularmente, a 1997 y 1999- del orden del 20% en la mayoría de los Ministerios –en algunos más, en otros menos- siempre considerando el ámbito de la Administración Central. Todos sabemos que dentro de ciertos límites, el proceso de inversión pública es una de las variables de mayor significación para determinar la evolución de la economía uruguaya, en términos de producción y de empleo, y para mejorar la eficiencia de la actividad en general. Pero en función de las limitaciones presupuestales, en el correr de este año nos vimos obligados a tomar esa decisión restrictiva. En función de eso, nos hemos marcado hacia el futuro una recuperación gradual de los niveles de inversión pública. En una primera aproximación tuvimos la intención de marcarnos una evolución creciente del orden del 10 % en el año 2001, y aún más en el año 2002, para estabilizarla a partir de allí, pero en función de los resultados de ingresos y gastos –a los que me voy a referir posteriormente- debimos limitar en algo esta ambición original y, marcar, en definitiva, un crecimiento proyectado del 5% para el año 2001, del 10% para el año 2002, y de un 20% recién para el año 2003.

El sexto objetivo vinculado con la presentación del documento presupuestal intenta aplicar y profundizar el proceso de desregulación y desmonopolización que ha sido uno de los temas centrales que este Gobierno ha marcado en términos generales como parte de la política que intenta llevar a cabo a lo largo de los cinco años de esta Administración. En consecuencia, este proyecto de Presupuesto incluye un Capítulo referido a ANTEL, que se orienta a desregular las actividades de telecomunicaciones con excepción de la telefonía básica, y también otro relacionado con el Banco de Seguros, donde se propone la derogación del monopolio que todavía mantiene dicha institución con relación a la actividad de las empresas públicas. Además, hay una referencia al tema de la compra por parte del sector público de los asfaltos que produce ANCAP; allí hay una alusión a la desregulación que va en una línea que consideramos importante. Y, en forma indirecta, a través del proceso de inversión vinculado a AFE, se propone una línea de trabajo relacionada con la disposición de la Ley de Urgencia vinculada con la posibilidad de dar en concesión el uso de vías férreas.

Finalmente, un séptimo objetivo que hemos tratado de llevar a cabo tiene que ver con la concreción de la baja de algunos impuestos –lo habíamos anunciado prácticamente desde el inicio de nuestra gestión- y, a su vez, la inevitable contrapartida en función de algunas decisiones anteriores relacionadas con el aumento de algunos otros impuestos ya existentes y la creación de otros nuevos, que hemos decidido incorporar con la mayor ponderación, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Digo esto en el sentido de no agregar una carga tributaria excesiva y de no introducir nuevas distorsiones en materia tributaria que puedan crear dificultades en el proceso de decisión de los agentes económicos del sector privado. Es obvio que estas decisiones en materia de impuestos no son fáciles, y todos quienes tienen responsabilidades en el manejo o en la decisión de los asuntos públicos saben que no existe, en términos económicos, sociales y, mucho menos, políticos, lo que se puede llamar un buen impuesto. Siempre hay, desde todo punto de vista, efectos no deseados en lo que hace a este tema. Si se me permite, voy a hacer una reflexión que intenta ser relativamente irónica: el mejor impuesto es aquel que paga el otro y no el que paga cada uno.

Este tema es bien delicado y, por lo tanto, lo volveremos a tratar con más detalle.

A partir de estas consideraciones de orden general, quisiera referirme ahora a los grandes números de este Presupuesto tal como está planteado al día de hoy para el inicio de su discusión en el seno de esta Comisión.

Estoy seguro de que los señores Senadores habrán seguido con todo detalle el trámite presupuestal en la Cámara de Representantes. Además, hay abundante documentación sobre las afirmaciones y cifras que voy a entregar en este momento, pero no obstante ello estamos a la orden para aclarar todas las dudas a los efectos de la mejor información de los señores Senadores a la hora de decidir sobre estos temas.

Como decía anteriormente, uno de los objetivos centrales, si no el más importante, en términos de la presentación de este proyecto de ley de Presupuesto, ha sido y es reducir el nivel de déficit fiscal con el que vamos a cerrar el 2000 con vistas al Ejercicio del próximo año y, a su vez, de los siguientes.

En el proyecto de ley de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo se propuso una meta de déficit fiscal para el 2001 en el Gobierno Central del 1.9% del Producto Bruto Interno. Con respecto a la intención o a la meta del 2.8% para este año, significa una baja aproximada de U$S 170:000.000. De modo que es importante ubicar esta cifra en el contexto de las decisiones que después se proponen. Hay una primera intención que preside la presentación de este Presupuesto, y es la reducción del nivel de déficit del Gobierno Central en unos U$S 170:000.000 en el correr del año próximo con relación al que presumiblemente vamos a tener al cierre de este año.

A partir de esta propuesta, voy a ir identificando algunos de los capítulos centrales de las decisiones que tienen que ver con la conformación final de las cifras de este Presupuesto. Como sabrán los señores Senadores, en el Mensaje del Poder Ejecutivo se proyecta un aumento de la evolución económica en el año próximo del orden del 2.5% y un aumento de la recaudación asociada a esa mayor actividad de poco más de U$S 110:000.000. Debo confesar con toda franqueza que este es un tema en el que, obviamente, estamos convencidos de que se puede cumplir, porque efectivamente la economía uruguaya, en el correr del año que viene y si en el contexto internacional no se agregan novedades adversas, va a ir superando el estado de recesión que ha padecido en el correr de este año. La experiencia de muchos años en el ejercicio de la profesión de economista, pero más que nada la que hemos adquirido como Ministro de Economía, nos advierte sobre el optimismo fácil en estas proyecciones. En realidad, estamos esperando que el año próximo sea mejor que éste y que efectivamente tengamos un aumento de la actividad y de la recaudación. Esta es nuestra estimación, pero todos debemos ser conscientes de que las cosas, en el correr de este año, no han ocurrido de acuerdo con lo que esperábamos originalmente. Además, como dije anteriormente, estamos insertos en un marco regional y, en cierto modo nacional, extremadamente volátil, con noticias que no terminan de consolidar el proceso de recuperación. De modo que cuando nos referimos a este aumento de recaudación que esperamos por una mayor actividad en el correr del año próximo, somos totalmente conscientes de ello y queremos compartir con los señores Senadores que es un supuesto que finalmente puede no cumplirse con la misma precisión o detalle con que estamos planteándolo. De hecho, prácticamente dos meses después del diseño del Mensaje presupuestal, los acontecimientos no han evolucionado en la dirección deseada y hemos tenido noticias adversas de una cierta importancia en estos últimos días sobre la evolución de la economía. Confieso –y debo compartirlo con los señores Senadores- que tenemos un cierto margen de dudas sobre la exactitud con que efectivamente se pueda cumplir la proyección de aumento asociado a un incremento de actividad en el año próximo.

Otra precisión sobre este tema de los grandes números –en los que luego podremos entrar en detalles- es que hay dos rubros de significación en las cuentas del Gobierno Central, que evolucionan con signo contrario de una cierta importancia pero que, en definitiva, se neutralizan entre sí en el resultado final. Por un lado, se trata del aumento de la cuenta de intereses vinculado a la deuda pública, que habrá de ser mayor el año próximo en el orden de unos U$S 60:000.000, como consecuencia del mayor nivel de endeudamiento y del aumento de las tasas de interés a lo largo de este año. Por otro, hay que tener en cuenta una proyección de un menor nivel de transferencias a favor de la seguridad social de un orden más o menos parecido al que acabo de señalar de aumento de interés. Por esa razón decía que en este caso tenemos dos rubros de importancia con una evolución de signo contrario que, en términos generales, en su enfrentamiento o contraste, llegan a un resultado neutro a los efectos de la proyección del año próximo.

Otro concepto que importa señalar, y que va conformando lo que fue nuestra intención política a la hora de proyectar el Presupuesto, son los aumentos de gasto que propusimos en el Mensaje original del Poder Ejecutivo. Me parecen importante, justamente, en función de las consideraciones que hice inicialmente.

En el proyecto del Poder Ejecutivo propusimos un aumento de gastos del orden de los U$S 65:000.000 para el año próximo, que consideramos relativamente modesto. Aún dentro del marco de dificultades que estamos viviendo desde el punto de vista económico, nos pareció el mínimo indispensable en función de las consideraciones que acabamos de hacer. El referido aumento de gastos del orden de U$S 65:000.000 se descomponen en tres aspectos principales.

El primero de ellos, tiene que ver con un aumento de gastos de funcionamiento del orden de los U$S 25:000.000, que está asociado fundamentalmente a las nuevas necesidades de los distintos Ministerios. En cierto modo es la consecuencia lógica de diversas disposiciones que se fueron tomando en el curso del tiempo y que establecen distintas responsabilidades para las diferentes Carteras que, en consecuencia requieren un refuerzo de rubros de gastos de funcionamiento que, en conjunto, hemos ubicado en el entorno de los U$S 25:000.000. Pueden creerme los señores Senadores que ello ha sido resultado de una discusión muy intensa y exhaustiva con los señores Ministros de cada una de las distintas Carteras, habida cuenta de una necesidad compartida por todos de limitar, en la medida de lo posible, la significación de este rubro. Prácticamente, más de la mitad de la tercera parte de esos U$S 25:000.000 está vinculada al aumento que señalaba anteriormente y que refiere a la contratación de policías en el Ministerio del Interior.

Un segundo concepto del aumento de gastos está relacionado con la intención del incremento de los niveles de inversión pública del orden del 5% para el año próximo, que significa aproximadamente U$S 20:000.000.

El tercer concepto de aumento del gasto, también está vinculado a algunas de las consideraciones que acabo de hacer. Fue planteado con relación a las transferencias del Gobierno Central a favor de las Intendencias Municipales del país y se sitúa en el orden de los U$S 25:000.000. Esa cifra está dividida, aproximadamente, en U$S 15:000.000 y U$S 10:000.000 por concepto del artículo 214 y del 298 de la Constitución, respectivamente.

Quiere decir que estos son los tres conceptos principales de aumento de gastos que estuvieron en nuestra propuesta original por un total de U$S 65:000.000.

Un quinto concepto al que me referiré a continuación, en términos de su incidencia sobre el año próximo, es el que tiene relación con la baja de impuestos.

Tal como los señores Senadores recuerdan, desde nuestra primera visita a esta Comisión y a través de distintas declaraciones de orden público, hemos aludido a la intención del Poder Ejecutivo de promover determinadas bajas de impuestos, en ciertos sectores. Prácticamente desde el inicio de nuestra gestión anunciamos, en primer lugar, la voluntad de derogar el Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera que pagan las empresas públicas y que en el último año –1999- arrojó una recaudación de U$S 19:000.000.

En segundo lugar, también tenemos la intención de derogar, progresivamente, el exceso del aporte patronal que pagan las empresas públicas, en relación a las empresas privadas y que es aproximadamente de 10 puntos porcentuales. Siempre manifestamos nuestra intención de reducirlo en forma gradual, a 1 punto por trimestre, comenzando a partir del año próximo, con un costo que, una vez completado, será de alrededor de U$S 50:000.000 anuales y que en el año 2001, por esta trayectoria progresiva, será del orden de los U$S 10:000.000.

Creo importante hacer alguna precisión adicional sobre la intención de rebaja de estos dos impuestos que, repito, fue algo anunciado desde el inicio de nuestra gestión y fue tema de debate en la Cámara de Representantes. El argumento que se planteó es que, en tren de programar una baja de impuestos que en términos generales es compartida por los diversos sectores sociales y políticos del país, había otros impuestos que podían tener un mayor impacto desde el punto de vista, político, social y, eventualmente, económico. Es un tema sin duda controvertible y no menor a la hora de decidir una baja de impuestos determinar cuáles son las prioridades que deben guiar la decisión pública.

Desde nuestro punto de vista, la prioridad que concedimos a la reducción de estos impuestos vinculados a la acción de las empresas públicas obedece, por lo menos, a dos consideraciones que nos parecen de fundamental importancia. La primera, se refiere a la intención de llevar, progresivamente, a las empresas públicas a un marco de competencia con la actividad privada, hecho ligado a la intención de desregular, desmonopolizar y poner a las empresas públicas en condiciones de competir con las privadas.

Es obvio que una intención de este tipo, que forma parte de las convicciones más firmes que regulan nuestra acción y decisión en materia política, sólo se puede llevar a cabo si ponemos a las empresas públicas en un pie de igualdad en materia de condiciones de funcionamiento con las empresas privadas.

Es un tema vasto y complejo que, en todo caso, pasa inevitablemente por una consideración respecto a los impuestos que, en exceso, pagan las empresas públicas en relación con las privadas. En este sentido, es muy sencillo identificar a estos dos impuestos, el ICOME y el exceso del aporte patronal, como dos factores importantes de distorsión que impedirían un cabal cumplimiento del objetivo de equiparación de la actividad de las empresas públicas, en un marco de competencia con las privadas.

Una segunda consideración, igualmente o quizá más importante aún, está relacionada con un argumento que más de una vez se ha expresado en el debate público y es esta especie de dependencia que los ingresos públicos exhiben con respecto al funcionamiento de las empresas públicas. En más de una ocasión se planteó y fue objeto de debate, el hecho de que buena parte de los ingresos públicos depende de las contribuciones que las empresas públicas hacen a favor de las finanzas del Gobierno Central, en función de una posición –en la mayor parte de los casos- monopólica, que a través de la determinación de tarifas introduce una forma de imposición con efecto distorsionante, del punto de vista económico y político. Todos sabemos que esto es así y todos sabemos que este es un tema sobre el que debemos trabajar y todos sabemos que, pese a estas consideraciones, no es un asunto de solución sencilla o inmediata, habida cuenta de la realidad de las finanzas públicas que hace difícil bajar esta contribución de las empresas públicas en el corto plazo. De todas maneras, nos pareció que era hora de comenzar una acción en este sentido y nos pareció muy importante y pensamos que, incluso, tenía un valor simbólico, plantear la derogación de estos dos impuestos, en función de esta intención de empezar a desvincular esta relación tan íntima, tan estrecha, entre las finanzas del Gobierno Central y la acción de las empresas públicas.

En función de lo expuesto, planteamos esta rebaja de impuestos y de hecho, aprovechando la autorización genérica concedida por la Ley de Urgencia, ya hemos dado aprobación, hace algunas semanas, al decreto correspondiente de baja del exceso del aporte a las empresas públicas, que establece la trayectoria de rebaja de este exceso del aporte patronal.

En cuanto al ICOME, inicialmente solicitamos la facultad de derogación de este impuesto a partir del 1° de julio del año próximo, habida cuenta de las dificultades financieras por las que estamos atravesando y al cierto grado de incertidumbre existente sobre la evolución de las finanzas públicas en el 2001. Se nos concedió, como facultad para hacer uso de ella, a partir de la fecha solicitada.

En estos meses, en el correr de la acción de los distintos actores públicos y privados debimos, también, proceder a la rebaja del aporte patronal con relación al sector de los transportistas, en un decreto aprobado hace algunas semanas. Allí hay también una rebaja de un impuesto que estaba dentro del marco de facultades que tenía el Poder Ejecutivo, pero debimos decidir en función de circunstancias por todos conocidas.

La otra forma de rebaja de impuestos a la que queremos hacer referencia es la que tiene que ver, no ya con la decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino con los compromisos asumidos en el MERCOSUR, que admiten cierto grado de flexibilidad en función de las negociaciones en curso y que parecen de cumplimiento muy probable en el correr del año próximo.

SEÑOR GARGANO.- El señor Ministro habla de una rebaja del Impuesto a los Transportistas en forma genérica. Concretamente, quisiera saber si desde que se creó el IMUSIVI se ha venido cobrando.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a responder parte de las preguntas formuladas por el señor Senador Gargano y voy a pedir al contador Davrieux que complemente mis explicaciones.

La baja de impuestos a la que estoy haciendo referencia es la reducción del aporte patronal que se decidió mediante un Decreto-Ley del Poder Ejecutivo que data de algunas semanas, a través del cual se llevó a los transportistas al mismo nivel de aporte patronal que la industria y, en alguna medida, que el sector agropecuario; se trata de una rebaja de seis puntos.

Con relación al IMUSIVI, solicito que se conceda el uso de la palabra al contador Davrieux para que complemente la respuesta.

SEÑOR DAVRIEUX.- Con respecto a la consulta del señor Senador Gargano, –tal como él sabe- este impuesto no se llegó a poner en práctica por las dificultades que se plantearon en su instrumentación y, en consecuencia, se estaba estudiando la posibilidad de sustituirlo por otro, cuando se resolvió plantear, simplemente, su derogación.

SEÑOR MINISTRO.- Me estaba refiriendo a otra forma de baja de impuestos con la que tenemos que contar para el año próximo y que no depende estrictamente de una decisión unilateral del Gobierno. Se trata de dos disminuciones de impuestos que están relacionadas con las negociaciones dentro del MERCOSUR. La primera de ellas tiene que ver con la negociación en curso con respecto al sector automotor. Como los señores Senadores seguramente sabrán, esta es una negociación difícil que se ha venido prolongando a lo largo del año, sin un resultado definitivo. También es cierto que se ha avanzado bastante en las conversaciones bilaterales con los países integrantes del MERCOSUR, particularmente con Argentina y Brasil, que son los que tienen un interés muy directo en este tema de la industria automotriz. En consecuencia –y creo que es de conocimiento público, más allá de los detalles, que todavía no están del todo definidos- se ha planteado que en el caso de que los automóviles importados desde países integrantes del MERCOSUR –como Argentina y Brasil- habría, por parte de Uruguay, una preferencia arancelaria creciente que comenzaría en el 40% a partir del año 2001 e iría creciendo hasta llegar al 70% alrededor del año 2004. En todo caso, se trata de una secuencia creciente de preferencia arancelaria a favor de nuestros vecinos. Como los señores Senadores saben, esto supone que, por ejemplo, los automóviles que se están importando desde Brasil con un nivel de arancel del 23%, pasarían a pagar –justamente en función de esta preferencia arancelaria- aproximadamente el 13% o el 14% a partir del año próximo. Entonces, allí hay una pérdida de recaudación que es de difícil estimación porque, obviamente, la dificultad reside en una proyección del mercado automotor que está relacionada con el nivel de actividad de la economía, donde nos encontramos nuevamente con las incertidumbres a que hice referencia anteriormente. Nuestro país ha tenido ventas muy altas de automóviles, lo que ha cambiado en estos últimos dos años, puesto que se produjo una baja importante. Por lo tanto, proyectar la evolución de la recaudación es algo que está muy asociado a la venta de automóviles que, a su vez, está muy ligada a la evolución de la economía. De todas maneras, en función de determinados supuestos hemos proyectado una pérdida de recaudación del orden de los U$S 7:000.000 anuales, por efecto de este tema vinculado con la preferencia arancelaria. Hay una segunda baja de impuestos que también se está por decidir, aunque por otra serie de consideraciones, con referencia al Arancel Externo Común. Los señores Senadores seguramente recuerdan que en 1996 se dispuso una suba del Arancel Externo Común, del 20% al 23%, es decir, un incremento de tres puntos que debía caer a fines de este año 2000. Ese fue el acuerdo entre los cuatro países del MERCOSUR. De modo que, si no se dispone algo contrario, a partir del 1º de enero del próximo año el Arancel Externo Común bajará del 23% al 20%, con una pérdida de recaudación que nuestros servicios han estimado en los U$S 18:000.000 aproximadamente. Es un tema que, como decía, no está del todo decidido pero, si no se toma otra resolución expresa, ese va a ser el resultado. Hay versiones contradictorias sobre lo que estarían planteando nuestros socios en algunas de las próximas reuniones que tendremos. De modo que se trata de un problema que admite cierto grado de incertidumbre pero, en principio, estamos proyectando que esto efectivamente será así, por lo que tendremos una baja del Arancel Externo Común de tres puntos a partir del 1º de enero del año próximo.

Es obvio que, en función de las consideraciones que estoy haciendo, es decir, de la implementación de un aumento, modesto pero cierto, de gastos y de las dos formas de baja de impuestos, en un caso deliberada por decisión unilateral del Gobierno y, en el otro, por la vinculación de nuestro país con el proceso de integración del MERCOSUR –sobre la base de una necesidad de reducir el déficit fiscal de este año para el próximo- tuvimos que plantear imperiosamente en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de alguno de los ya existentes. En términos generales y con cifras aproximadas, nuestro planteo fue realizar un aumento de la tributación del orden de los U$S 82:000.000 para el año próximo, a través de la creación o modificación de determinados impuestos, dentro los cuales me permito señalar, como uno de los más importantes, el Impuesto a los Seguros, en el que se proyectó un incremento de la tasa sobre los vehículos automotores y una extensión del mismo al Banco de Seguros, que antes estaba exonerado, en una trayectoria gradual al cabo de tres años.

Además, planteamos un aumento del IMESI sobre los combustibles y sobre los automotores vinculados con el tema de la preferencia arancelaria en términos del MERCOSUR. Con relación a este impuesto, ofrecimos –y la Cámara de Representantes aceptó- que la entrada en vigencia de este aumento del IMESI sobre los automotores quedara condicionado a la entrada en vigencia del acuerdo automotor.

Otro de los impuestos que propusimos, es el que surgió como consecuencia de la propuesta de igualar el régimen tributario de las cooperativas de ahorro y crédito con el del conjunto del sistema financiero. Finalmente, dentro de esta lista de las modificaciones más significativas planteamos que, el cálculo del Impuesto a las Retribuciones Personales sobre los profesionales universitarios y las empresas unipersonales de servicios, se hiciera sobre bases reales, en lugar de tener en cuenta la base ficta que actualmente están pagando.

En conjunto, este total de impuestos proyectados –he obviado algunos otros que no fueron aceptados en la discusión, o que tienen menor importancia cuantitativa- supone una cifra del orden de U$S 82:000.000.

Finalmente, para cumplir con este objetivo y reducir el déficit fiscal, hemos proyectado economías del orden de los U$S 90:000.000, fundamentalmente, asociadas al menor ritmo de gastos que hemos dado al funcionamiento del Gobierno Central, a partir de mayo de este año. Digo esto, habida cuenta de las decisiones adoptadas en marzo en materia de gastos de funcionamiento e inversión, que se fueron instrumentando progresivamente para que funcionen a pleno en el mes de mayo. De modo que, comparando los gastos de un año con respecto al otro, los primeros cuatro o cinco meses del 2001 van a significar una reducción importante de gastos.

Estos son los grandes números en función de los cuales proyectamos este resultado deficitario del 1.9% sobre el Producto para el próximo año.

A continuación, voy a hacer una referencia final a la situación en que este proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo ingresa ahora a consideración del Senado, habida cuenta de que en la Cámara de Representantes se introdujeron modificaciones en su financiamiento global, lo cual establece diferencias importantes con respecto a nuestras previsiones originales.

Como se sabe, en el trámite del Presupuesto, se dio forma a un acuerdo político con el Partido Nacional, que significó un aumento en la contribución de las transferencias del Gobierno Central a favor de las Intendencias, según una secuencia progresiva que comenzará en U$S 20:000.000 para el 2001, aumentará a U$S 30:000.000 en el 2002 y 2003, y llegará a U$S 40:000.000 en el último año. Esta mayor contribución se va a concretar, a través del artículo 214 de la Constitución de la República, para el conjunto de las Intendencias de todo el país. De modo que este es el primer cambio de un aumento de gasto con relación a la propuesta original del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, en la Cámara de Representantes se aprobaron distintos artículos que establecen un aumento de gastos de diverso orden –en términos generales, de funcionamiento; en algunos casos, de retribuciones y; en otros, de gastos no personales- que se ubica en los U$S 7:000.000.

Asimismo, en dicha Cámara no se aprobaron algunos impuestos en la forma en que estaban planteados por el Poder Ejecutivo o, directamente, se rechazaron en el proceso de discusión. En particular, quiero hacer referencia a dos de ellos, porque son los que intentaban aportar un mayor nivel de recaudación. Uno de ellos era la extensión del IRP a los profesionales universitarios y empresas unipersonales, cuya recaudación se estimaba que alcanzaría a los U$S 16:000.000 anuales. Por otro lado, se pretendió implantar la igualación tributaria de las cooperativas de ahorro y crédito con el resto del sistema financiero, de lo cual se obtendría, según lo proyectado, U$S 13:000.000. A esto hay que agregar una leve modificación al Impuesto a los Seguros.

De esta forma, en el efecto conjunto de estos tres impuestos -fundamentalmente de los dos primeros- hay un menor nivel de ingreso con respecto a las previsiones del Poder Ejecutivo, algo mayor a los U$S 30:000.000. Quiere decir que en el conjunto de estos tres impuestos hay un desfinanciamiento adicional, con respecto al Mensaje original, del orden de los U$S 58:000.000.

En función de esta presentación de orden global –que será complementada en otros aspectos principales por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Davrieux- quisiera hacer alguna reflexión de tipo general.

SEÑOR NUÑEZ.- En la enumeración de los impuestos que sufrieron modificación en la Cámara de Representantes, no escuché lo que venía originalmente en el artículo 325, relativo a gastos deducibles que, según un Repartido de la Contaduría General de la Nación, se estima en U$S 232:000.000. Tengo entendido que tampoco fue votado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR MINISTRO.- Ese impuesto fue votado en la Cámara de Representantes con una modificación referida a las empresas de exportación de bienes. A nuestro juicio, no tiene mayor incidencia con respecto a la previsión de ingresos. No hice referencia a este impuesto en este repaso que acabo de terminar, en primer lugar, porque fue votado y, en segundo término, porque no está previsto que aporte recaudaciones en el primer año, habida cuenta de diversas estimaciones realizadas. En todo caso, se podrá recaudar recién en el segundo año, del orden de las que están mencionadas en el documento que acaba de mencionar el señor Senador Núñez.

A continuación, quisiera completar una reflexión de orden general sobre esta intervención que se ha extendido, quizás, en exceso.

Esta discusión que se inicia hoy en esta Comisión, obviamente -con la mejor de las intenciones de poder colaborar, coordinar y llegar a acuerdos en los planteos que se puedan realizar- se hace en el marco principal de todas las consideraciones que se pueda realizar sobre el proyecto de ley de Presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes. Tal como lo reveló el debate en ese ámbito, sobre este Presupuesto puede haber distintas opiniones y posiciones. Pero nos interesa marcar, particularmente, un detalle adicional, habida cuenta del resultado del proceso de aprobación en la Cámara de Representantes, que se concretó en este desfinanciamiento adicional de casi U$S 60:000.000.

Sin perjuicio de todas las consideraciones que se puedan hacer sobre el proyecto de ley, tal como fue aprobado –repito que es un tema de debate político y, por supuesto, estará abierto a la opinión de los distintos sectores- quedan por delante dos temas que se refieren a la posición del Poder Ejecutivo con respecto a los Organismos del 220 -y, en especial, de la enseñanza- y a lo que pueda ser el Mensaje Complementario que estamos habilitados a presentar, de acuerdo con la norma constitucional correspondiente.

Deseo señalar, con todo énfasis, que la posición del Poder Ejecutivo con respecto a estos dos temas –la relación con los organismos de enseñanza, y la posición final relativa al Mensaje Complementario y a las normas que habremos de proponer en él- va a estar muy condicionada a la posibilidad de financiar estos U$S 60:000.000 que se han debatido en la Cámara de Representantes. Doy por descontado que todos tenemos la mejor de las intenciones respecto al cumplimiento de estos gastos y de otros reclamos que están siendo planteados por diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, creo que todos en conjunto debemos coincidir en que nuestra primera obligación es la de dar forma a un documento presupuestal razonablemente financiado y posible de cumplir, sin caer en exageraciones que distorsionen nuestras intenciones respecto del desfinanciamiento y del compromiso que esto pueda significar en términos de deuda pública o directamente en una distorsión muy fuerte en el funcionamiento de las finanzas públicas y de la economía en su conjunto.

De modo que estamos abiertos a trabajar en la forma más constructiva posible con los integrantes de esta Comisión y con los distintos actores políticos, y en ese sentido cabe señalar que mantenemos contacto con las autoridades de los organismos de enseñanza. Pero reitero que deseo marcar como una prioridad fundamental para terminar de definir la posición del Poder Ejecutivo con respecto a estos dos temas pendientes, en adición a aquellos que se puedan plantear sobre el proyecto ya aprobado por la Cámara de Representantes, la necesidad de concurrir a lograr formas de financiamiento de este desequilibrio adicional que surgió en el trámite que ya se ha realizado sobre el proyecto de Presupuesto.

No sería enteramente franco con la Comisión si no señalo una verdad conocida por todos: este desfinanciamiento adicional va a requerir una decisión respecto a algunos o a todos los impuestos que no fueron votados en la Cámara de Representantes -y sobre los que, en términos generales, vamos a volver a insistir en el Mensaje Complementario- y alguna revisión de gastos que han sido aprobados –que veremos cómo es posible compatibilizarlos con las decisiones tomadas- y, no tengo por qué ocultarlo, en el caso de que estas dos decisiones no sean suficientes se considerará la eventualidad de plantear algún nuevo impuesto ante el Senado.

SEÑOR RUBIO.- Según entiendo, habría un aumento del déficit que se produciría en el año 2001 debido a un incremento del gasto del orden de U$S 65:000.000, aunque la cuenta me da U$S 70:000.000. Esto resulta de un aumento de las partidas de incremento de gasto de funcionamiento de U$S 25:000.000, incremento de inversiones de U$S 20:000.000 y transferencias a Intendencias de U$S 25:000.000 previstas originalmente. Por otro lado, se plantean rebajas que, como máximo, en el caso en que se dieran estas modificaciones en el MERCOSUR, andarían en los U$S 54:000.000. Además, se prevén ingresos por economías de U$S 90:000.000 y por incremento de impuestos de U$S 82:000.000. A todo eso habría que agregarle la parte que podría incrementar el déficit por concepto de impuestos que no se aprueben o por gastos aprobados en la Cámara de Diputados por U$S 58:000.000. El resultado nos da, entonces, que por un lado tendríamos poco más de U$S 170:000.000 y, del otro, una cifra similar. Esto no significaría modificaciones a la situación actual en este balance, como resultado de lo aprobado en la Cámara de Representantes.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a repasar las cifras que, en términos generales, han sido interpretadas adecuadamente por el señor Senador Rubio, pero que creo conviene separarlas tal como fue mi intención en un principio y, quizás, no supe explicar adecuadamente.

La intención original del proyecto –que sigue siendo firme- es reducir el déficit fiscal del 2,8% sobre el Producto, como esperamos cerrar este año, al 1,9% en el año próximo. Esto significa una baja del déficit de U$S 170:000.000. ¿Cómo esperábamos cumplir con esta meta en nuestro proyecto original? En primer lugar, hice referencia a un aumento de la recaudación vinculado a una mayor actividad económica proyectada para el año próximo como un supuesto sobre el que, reitero, tenemos cierto grado de duda, habida cuenta de las dificultades recientes de nuestra economía y de la región. En todo caso, se plantea un aumento de la recaudación de U$S 110:000.000

SEÑOR MICHELINI.- ¿Sobre un Presupuesto total de cuánto?

SEÑOR MINISTRO.- De aproximadamente U$S 4.100:000.000.

Efectivamente, como señala el señor Senador Rubio, existe una pequeña diferencia entre el Mensaje Original del Poder Ejecutivo, donde se planteó un aumento de gastos del orden de U$S 170:000.000 y una baja de impuestos que en el año 2001 –y tengo que manifestarlo porque después va variando- de U$S 25:000.000 vinculados a DICOME y al aporte patronal de empresas públicas así como a la baja del aporte patronal de los transportistas. También habría un aumento del orden de U$S 25:000.000, si es que se concretan las dos bajas de impuestos vinculadas a las negociaciones del MERCOSUR.

Frente a esto, habíamos hecho una propuesta de aumento de impuestos de U$S 82:000.000 y planeamos una economía de gastos de U$S 90:000.000. Esto más o menos cierra en los U$S 170:000.000, aunque puede haber una diferencia de U$S 5:000.000 o de U$S 10:000.000 en un sentido u otro.

De esta manera se había planteado el proyecto original por el Poder Ejecutivo. Lo que agregamos en la mañana de hoy es que, como consecuencia del trámite en la Cámara de Representantes se ha agregado un desfinanciamiento adicional del orden de U$S 60:000.000 que, naturalmente, significarían que no se podría cumplir con la meta de déficit del 1,9%, sino que nos iríamos a un nivel de un 2,2% sobre el Producto. Este déficit o desequilibrio adicional es lo que planteamos como un tema fundamental para terminar de definir la posición del Poder Ejecutivo con respecto a aquellos aspectos pendientes que serán objeto de debate en el Senado.

SEÑORA ARISMENDI.- Lo que el señor Ministro está diciendo a esta Comisión de la Cámara de Senadores es, si no entendí mal, que si no se modifican los elementos que introdujo la Cámara de Representantes no vamos a poder valorar qué hacemos con los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución y, particularmente, con la enseñanza. Me pareció entender que está corriendo el plazo constitucional y, hasta tanto no se vea qué sucede con estas cifras que manejaba el señor Ministro de menor recaudación o disminución de las economías previstas, no sabremos si hay o no propuestas para los organismos del artículo 220 de la Constitución, especialmente para ANEP y la Universidad.

Me gustaría que se aclarara si es eso lo que se planteó a la Comisión.

SEÑOR ASTORI.- Deseo formular dos preguntas, antes de pasar a la exposición del señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a efectos de clarificar algunas dudas que me quedaron. Una de ellas es de carácter general.

Cuando el señor Ministro estima o proyecta un aumento de recaudación de U$S 110:000.000, ¿se está computando el efecto neto de todos los incrementos y disminuciones tributarias que luego detalló? Si no es así le pediría al señor Ministro que lo aclare.

La otra interrogante es mucho más específica y le ruego al señor Ministro una aclaración porque si bien ya expuso sobre el punto, no me quedó claro. Concretamente, quisiera saber cuál es la situación arancelaria actual de la industria automotriz de intra-zona; esto es con referencia a los vecinos. El señor Ministro nos anunciaba la posibilidad de aprobar preferencias arancelarias para los vecinos que, si no me equivoco, estimó en una evolución de 40% a 70%. También mencionó un arancel externo de un 23%. En consecuencia, me gustaría saber en qué situaciones estamos ahora con respecto a Argentina y Brasil en materia de industria automotriz, sobre todo teniendo en cuenta que también están en vigencia –por lo menos hasta ahora- el PEC y el CAUCE que han tenido mucha importancia en esta área. Aparentemente, sería parte de las negociaciones la culminación de estos acuerdos con los vecinos.

En todo caso me gustaría –si el señor Ministro tiene a bien- que se repitiera un poco el planteo de este punto porque, sinceramente, no me quedó claro.

SEÑOR MINISTRO.- Respecto a la pregunta planteada por la señora Senadora Arismendi, efectivamente debemos señalar que nosotros no tenemos la posibilidad de anunciar hoy ninguna posición definida y cuantificada en materia de dos temas que van a ser parte del debate en esta Comisión. En primer lugar la relación con los organismos de enseñanza.

Obviamente tenemos la mejor disposición para atender esta realidad y de hecho hemos establecido contacto con algunas de las autoridades de los organismos de enseñanza, pero no hemos tomado una decisión definitiva sobre el particular, habida cuenta de esta limitación adicional con la que debemos enfrentar el trámite parlamentario correspondiente en el Senado. Más aún, habida cuenta de nuestra obligación de aportarle a la Comisión, no sólo intenciones, sino también cifras. Lógicamente estas cifras son las que hoy no estamos en condiciones de definir sino al cabo de un proceso en el que quede claro cómo es que se va a procesar el desfinanciamiento que viene de la Cámara de Representantes y que no necesariamente hay que revisar sino que de lo que se trata es de tomarlo como un dato y ver cómo superarlo. Eventualmente algunas de esas decisiones se podrían revisar –no estoy ahora en condiciones de adelantarlo especialmente en materia de los gastos agregados en el trámite correspondiente- o quizás sean realidades ya definitivamente consolidadas desde el punto de vista político y, en consecuencia, van a requerir de una decisión consecuente en materia de recursos. Esto respecto a la pregunta planteada por la señora Senadora Arismendi.

Con referencia a las dos preguntas del señor Senador Astori, cabe señalar que los U$S 110:000.000 estaban planteados como un aumento de recaudación vinculado al aumento de actividad e independientemente de las decisiones o de las propuestas que el Poder Ejecutivo planteó de nuevos impuestos o aumento de otros existentes. Estos U$S 110:000.000 serían la consecuencia de un aumento de la actividad del orden del 2% en materia de recaudación, vinculado además al funcionamiento de lo que podría ser una reactivación de la economía y un mayor nivel de demanda de determinados bienes que aportan a los ingresos públicos, como por ejemplo el caso de los automotores.

En consecuencia, los U$S 110:000.000 están estimados con relación al aumento de actividad y no tienen vinculación con las decisiones de orden político que se propusieron al Parlamento en materia de nuevos impuestos o aumento de los ya existentes.

SEÑOR ASTORI.- Volviendo a la primera pregunta y a efectos de completar el análisis de la situación, deseo plantear lo siguiente.

Me ha quedado muy clara la respuesta y, entonces, repregunto. Las recaudaciones teóricas de los nuevos impuestos ¿suponen algún nivel de actividad o parten directamente de alguna base que no tiene nada que ver con el nivel de actividad proyectado?

SEÑOR MINISTRO.- Tal como está expresado en el Mensaje que acompaña al proyecto del Poder Ejecutivo y como creo haberlo recordado al principio de mi exposición, este aumento de recaudación está planteado como consecuencia de una proyección de aumento de la economía, del PBI, del orden del 2,5% anual –si no recuerdo mal- y un aumento de la recaudación, en particular, del orden del 2%.

Respecto a la segunda pregunta planteada anteriormente por el señor Senador, en términos generales voy a dar los detalles del acuerdo automotriz y de la negociación que, como es público y notorio, estamos siguiendo en forma coordinada a través de los distintos Ministerios relacionados con este tema, pero que en forma más particular ha quedado a cargo, con una actividad muy intensa, del señor Ministro de Industria, Energía y Minería. Por lo tanto, puedo no estar en total conocimiento de algunos de los detalles que se han estado discutiendo, especialmente en las últimas reuniones que han tenido un carácter más bilateral que las abiertas, en algunas de las cuales he participado.

Si no recuerdo mal, en la actualidad los automóviles provenientes de los países del MERCOSUR tienen un régimen doble. Hay un determinado cupo de automóviles proveniente de Brasil –creo que son 4.000 unidades- que vienen sin arancel al país, y otro cupo que es de Argentina –creo que son 6.000 unidades- que también se importan con arancel cero. La diferencia –aclaro que estoy hablando de memoria en un tema que domino en términos generales, pero no en su detalle- es que mientras efectivamente Brasil está aprovechando al máximo su cupo y estamos importando desde ese país por encima de las 4.000 unidades, en el caso de Argentina ese cupo prácticamente no se ha cumplido y, en consecuencia, lo que se importa desde este último país está por debajo del porcentaje.

Por encima del cupo, en ambos casos pero fundamentalmente aplicado ahora a Brasil, los automóviles provenientes de ambos países, pagan el Arancel Externo Común que en el momento actual es del 23%. En términos generales creo que esta es la situación vigente en el momento actual.

Por otro lado, en el curso de la negociación correspondiente, como sabemos Uruguay ha planteado determinados objetivos en materia de la industria automotriz que en términos generales resumo por lo menos en tres: quedar al margen del arancel externo del 35% para la región y mantener un arancel externo del 23%; aumentar el cupo de exportación de automóviles armados en el país hacia los dos países vecinos y, finalmente, aumentar o consolidar –porque allí hubo un proceso intenso de discusión- el nivel de exportación de auto-partes hacia los dos países.

Corresponde agregar que también el cupo de automotores se ha incluido –creo que por primera vez; no domino este detalle- en la negociación, y ha sido uno de los puntos de más difícil discusión con nuestros vecinos, la exportación no sólo de automóviles, sino también de camiones.

Es obvio que en el marco de estos objetivos que se han señalado, en la política automotriz uruguaya existe, como es lógico, la contrapartida que piden nuestros vecinos para acceder a estas aspiraciones. Principalmente, en la negociación con Brasil, los planteos del país del norte se han concretado fundamentalmente en dos aspectos. El primero de ellos es el que señalaba inicialmente acerca de la concesión de un margen de referencia respecto al Arancel Externo Común, o sea a las importaciones de extrazona, que comenzaría con el 40% en el 2001 e iría creciendo en forma lineal hasta el 70% en el 2004 o 2005. Me informaba el señor Ministro de Industria, Energía y Minería que en una de las últimas reuniones celebradas con Brasil se planteó también un intercambio de pedidos adicionales por parte de Uruguay con relación a algunos de los temas planteados anteriormente, sobre todo vinculado a la ampliación del cupo de camiones. Como contrapartida, Brasil ha pedido una ampliación progresiva del cupo de importación de automóviles a cero –que, repito, actualmente está fijado en 4.000- para llevarlo a los 6.000 que tiene Argentina, en una secuencia gradual que empezaría en 4.500 automóviles en el 2002, e iría creciendo de a 500 por año, hasta llegar a esos 6.000.

Este tema todavía está siendo objeto de debate, pero me interesa plantearlo porque si efectivamente se llegara a concretar en estos términos, el sacrificio arancelario sería aún mayor que al que hice referencia. Me referí, fundamentalmente, al tema de la preferencia arancelaria mientras que, de concretarse este aumento del cupo de importación de automóviles que vendría a cero, evidentemente la baja de recaudación sería aún mayor.

En términos generales, estos son los temas principales para tomar la decisión correspondiente y, además, es en función de esto que creo debemos considerar la facultad pedida por el Poder Ejecutivo y de nuevo las dificultades de estimar cuál puede ser el nivel de pérdida de la recaudación asociado a la negociación del MERCOSUR, porque allí hay un juego de, por lo menos, tres variables, que son: el número de automóviles que el mercado uruguayo va a demandar y, por lo tanto, que se va a importar; la secuencia de la preferencia arancelaria a lo largo del tiempo; y, por último, una variable vinculada al aumento de cupos de importación que ingresarían a cero de los países del MERCOSUR y, principalmente, de Brasil.

Creo, señor Presidente, que esto es lo básico en un tema que no es sencillo de exponer y que, repito, no lo hemos trabajado en forma directa, sino que ha quedado, al menos en el manejo de los detalles y sin perjuicio de la coordinación que establecimos, a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Voy a tratar de sintetizar lo que he comprendido de la exposición del señor Ministro para ver si estamos en el buen camino.

El contador Bensión nos está diciendo –o al menos está ínsito en sus palabras- que, en un país que depende en buena medida de su crédito externo, es importante que pueda mostrar que a través de su Presupuesto reduce el nivel de déficit, que se ha ubicado en un 3,5% o 4% del Ejercicio 1999, que es el que acabamos de aprobar.

Lo segundo que se puede ver de los cuadros es que hay una previsión de aumento de los recursos, como preguntaba hace un momento el señor Senador Astori, vinculado fuertemente al nivel de actividad. Lo que veo en los cuadros que nos han enviado es que esa previsión fue volcada en los resultados proyectados.

En consecuencia, supongo que ya en el Ejercicio 2000 empezamos con una base más pequeña que la inicialmente planteada. O sea que tenemos una dificultad adicional.

Lo tercero que entiendo es que el señor Ministro de Economía y Finanzas nos habla de la aspiración de mantener el nivel de déficit proyectado y enviado por el Gobierno en este Presupuesto. Me parece que ese es un tema tanto de ingresos como de egresos proyectados.

Por consiguiente, la pregunta que hago es si en base al nivel de recursos previstos en los cuadros que se nos han suministrado y que prevén 48.688:000.000 para el Ejercicio 2001 contra 42.500:000.000 que tuvimos en 1999 –lo cual actualizado deben ser unos 44.000:000.000- ya estamos considerando un resultado de actividad del año 2000 tal vez algo superior al que vamos a tener en realidad.

SEÑOR MINISTRO.- Supongo que el señor Senador Atchugarry se refiere a los cuadros que han sido enviados al Senado a partir de la consideración de este proyecto por parte de la Cámara de Representantes.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En realidad, me refería a los iniciales; pero, en todo caso, el tema no es de cuadros, sino fundamentalmente de conceptos. Lo que quiero saber es si cuando se nos envía el Presupuesto por parte del Gobierno, las previsiones de actividad del 2000 eran las que hoy estamos viendo o si eran algo mayores, puesto que esa es la base para proyectar la recaudación. Si la base es más pequeña, obviamente la recaudación prevista va a ser algo menor, en función del nivel de actividad.

SEÑOR MINISTRO.- Es un tema en extremo delicado al que he tratado de referirme en más de una ocasión. Obviamente, la pregunta del señor Senador me habilita a buscar un complemento o una mejor exposición de la proyección.

Efectivamente, cuando empezamos a trabajar en el proyecto de Presupuesto que se puso a consideración de la Cámara de Representantes el 31 de agosto, lo hicimos a partir de una determinada realidad, como ocurre normalmente, basado en las últimas cifras disponibles y en diversas consideraciones o supuestos relacionados con la actividad regional, con una cierta expectativa sobre la evolución de los precios internacionales, etcétera. Hoy, dos o tres meses después de ese momento, claramente estamos viendo que la economía ha evolucionado en forma relativamente débil, que las dificultades de la región no han quedado definitivamente superadas y que han aparecido, como es público y notorio, algunas novedades que abren una cuota de interrogante muy fuerte con relación al efecto de estos acontecimientos sobre la evolución económica en lo inmediato y, eventualmente, en el año 2001. De modo que, como traté de plantearlo con total franqueza, hoy por hoy las proyecciones sobre un aumento de la recaudación únicamente relacionado con un mayor nivel de la actividad económica, tienen un cierto grado de incertidumbre mayor que el que normalmente rodea e estos ejercicios de previsión. No estoy en posición de decir que la proyección del año 2001 debe ser definitivamente abandonada y tenemos que pasar a una muy inferior; pero, en todo caso, lo que sí digo es que en función de ese mayor grado de incertidumbre, no podemos dejar sin financiar los aumentos dispuestos o el mayor desequilibrio que ha surgido como consecuencia del trámite de este proyecto en la Cámara de Representantes.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Voy a hacer un solo comentario.

Participo en la discusión de los Presupuestos desde 1985, de los dos lados de la ventanilla. Hasta el último Presupuesto, en el Parlamento definíamos la participación relativa de los sectores en el mismo, pero no el nivel de gastos total, porque teníamos una inflación importante. En un país sin inflación, también establecemos el nivel de gastos global. Esto es algo nuevo –por lo menos, para mí- y por eso deseo realizar estas preguntas. Nunca antes pregunté cuál era el nivel de recaudación estimado, porque en un país con un 60% de inflación, todos sabíamos que el nivel de gastos lo iba a dar luego el Gobierno, las fuerzas sociales o la interacción entre ambos. Sí teníamos una fuerte incidencia en cuanto a la participación relativa. Hoy, también vamos a tener incidencia en el producto final, en cuanto al nivel de gastos, porque con un 4% o 5% de inflación anual, no hay otra cosa que lo que votamos.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: quiero formular dos preguntas.

En primer lugar, quiero que se ratifique o rectifique lo que significa en materia de derogación de impuestos el ICOME y el DIPAICO, en cuanto la reducción de aportes de parte de los entes industriales y comerciales. Según las cifras que aquí se señalaron, para el año 2001 se estaría en el orden de los U$S 19:000.000, para el caso del ICOME, y de los U$S 33:000.000, para el caso de aportes de DIPAICO. En una de las exposiciones que realizó el señor Ministro, me pareció escuchar cifras distintas.

En segundo término –aclaro que esta interrogante no tiene por qué ser contestada en el día de hoy- quisiera saber de qué forma inciden esas derogaciones en cada uno de los Entes industriales y comerciales. Más concretamente, me gustaría saber cuánto aportan nuestras empresas públicas por concepto de ICOME –seguramente, de allí surgen estos recursos- y a cuánto ascienden los aportes a DIPAICO. Al respecto, me interesaría que se pudiera complementar esta información, haciendo un detalle por rubro.

SEÑOR MINISTRO.- Las dos cifras que menciona el señor Senador Gallinal son correctas, pero son anuales. En cierto momento aclaré –por lo menos, esa fue mi intención- que, dado que la derogación del ICOME está planteada a partir del 1º de julio, para el año próximo el efecto va a ser la mitad de esos U$S 19:000.000. Quiere decir que la cifra estaría entre U$S 9:000.000 y U$S 10:000.000 para el año 2001. A su vez, dado que la derogación del exceso de aporte patronal está planteado en forma progresiva, a razón de un punto por trimestre, comenzando el año próximo, estimamos que el efecto para el año 2001 va a ser una baja de U$S 10:000.000.

SEÑOR MICHELINI.- Algunas de las preguntas que pensaba hacer, las ha formulado el señor Senador Gallinal. De todos modos, me quedan algunas interrogantes.

Por lo que escuché, el artículo que se aprobó en la Cámara de Representantes, que propone un aumento al IMESI a los automotores, dependería del acuerdo automotriz. Entonces, esos U$S 7:000.000 de pérdida o la ampliación del cupo de automóviles provenientes de Brasil, de 4.000 a 6.000, dependerían del acuerdo automotriz. En todo caso, lo que se podría hacer en la Cámara de Senadores, sería equilibrar para que no haya una caída de la recaudación de esos U$S 7:000.000. Me gustaría que si esto es así, el señor Ministro me lo confirme.

Otra pregunta que quiero realizar –aclaro que son para clarificar- se refiere a que si bien creo que la voluntad de ir bajando los aranceles a nivel del Arancel Externo Común del MERCOSUR está bien, tampoco estamos seguros de que esos U$S 18:000.000 vayan a confirmarse para el año que viene. También es cierto que hay que tener las previsiones correspondientes, pero puede ocurrir que luego, en el trámite parlamentario, se tenga una información más acabada de si esos U$S 18:000.000 de caída de recaudación por un Arancel Externo Común más bajo, realmente se van a concretar.

SEÑOR MINISTRO.- Sí, señor Senador; en ambos casos estamos frente a un cierto grado de incertidumbre. No es seguro que el acuerdo automotriz entre en vigencia el próximo 1º de enero, aunque a esta altura hay fundadas esperanzas de que ello efectivamente ocurra. Si sucede esto, vamos a tener una cierta pérdida de recaudación y, en ese caso, operaría la facultad concedida al Poder Ejecutivo para aumentar el IMESI en la medida correspondiente para neutralizar esa pérdida de recaudación. Respecto a este tema, quiero agregar una consideración que me parece importante. He recibido comentarios, tanto en la Cámara de Representantes como por parte de las Cámaras empresariales vinculadas a este tema -voy a decirlo de manera no muy precisa desde el punto de vista político- y, prácticamente, considero que el Estado es el primer socio de los importadores de automóviles. Me refiero a que el aporte de la venta de automóviles a los ingresos públicos es muy fuerte. Entonces, va a ser una especial preocupación del Ministerio el no aumentar la carga fiscal sobre la venta de los automóviles en forma injustificada, ya que somos plenamente conscientes de que en épocas de recesión –como la que estamos viviendo- hay una debilidad importante en la demanda automotriz que podría verse agravada si nosotros aumentamos en exceso la carga tributaria, más allá de lo que pueda significar la pérdida de recaudación asociada a la entrada del acuerdo automotriz. Es una consideración de orden general que admite, por supuesto, una cierta dificultad en la práctica ya que, reitero, depende de ciertas variables y es muy difícil hacer una predicción por anticipado.

Entonces, el aspecto más importante, como respuesta al señor Senador Michelini, es que en el caso de que entre en vigencia el acuerdo automotriz, haremos uso de la facultad correspondiente y, si no ocurre, es decir, si el acuerdo no entra en vigencia, obviamente no tendremos posibilidades de usar el mayor nivel de IMESI para compensar esa baja de recaudación.

El otro tema es el relativo al Arancel Externo Común que, reitero, también admite un cierto grado de incertidumbre. De hecho, tal como está planteado en el Acuerdo de los cuatro países del MERCOSUR, este aumento del 3% que se decidió en el año 1996, cae automáticamente a fin de este año.

He visto en la prensa algunas declaraciones formuladas por el Ministro de Economía de Argentina donde, aparentemente, la intención de este país es llevar a cabo el cumplimiento de la baja de este Arancel. También he tenido informaciones de que Brasil se encuentra en una posición parecida, pero todavía no lo he podido confirmar. Obviamente, en Uruguay las consideraciones que se pueden hacer son de signo contrario, ya que, en lo que respecta a la economía –y desde nuestro punto de vista- la baja del Arancel Externo Común es una medida adecuada y acertada pero, desde otra visión, va a significar en lo inmediato una baja de la recaudación.

En principio, estamos previendo que esta baja se va a dar, y vamos a tener una menor recaudación, del orden de los U$S 18:000.000 o U$S 19:000.000, tal como está planteado en nuestras previsiones. Quizás sobre fin de año vamos a tener una idea más precisa sobre este tema. En la medida en que podamos disponer de esta información a tiempo para el debate parlamentario en la Cámara de Senadores, por supuesto la vamos a poner a disposición de los señores Senadores.

SEÑOR DAVRIEUX.- El señor Ministro de Economía y Finanzas ha hecho un planteo general de los elementos del Presupuesto y quien habla va a realizar una pequeña presentación de las inversiones y de las distintas normas que se introducen a los efectos de que haya una mayor competitividad en los mercados donde trabajan las empresas públicas.

Un primer punto a tener en cuenta es el monto de las inversiones. Cuando comenzamos a trabajar en este tema, tanto el señor Ministro como quien habla manifestamos que aspirábamos a un aumento del 10% de su nivel en el año próximo, otro 10% para el 2002 y el mantenimiento de ese nivel en los años siguientes. Claramente se trata de un proyecto quinquenal de inversiones.

Como buena demostración de las dificultades que enmarcan las restricciones presupuestales, luego de realizados los acuerdos con los Ministerios sobre montos de inversiones, fue necesario establecer una norma restrictiva. El artículo 385 del proyecto original fue aprobado, en principio, por la Cámara de Representantes, con el número 408, por el cual el ritmo global de inversiones previsto, de acuerdo a niveles de ejecución, aumentaría aproximadamente un 5% en el 2001, otro 5% en el 2002 y en el 2003 alcanzaría el mismo nivel que se preveía inicialmente.

Es necesario realizar una precisión importante. Cuando se analizan los cuadros –tal vez quienes siguieron el análisis del Proyecto en la Cámara de Representantes sepan el motivo, pero es bueno conocerlo cuando se estudia la información del Presupuesto, que son básicamente números- se verá que en lo que se refiere a créditos, en principio autorizados, el aumento es mayor. Esto se debe a que el año 2000 se formuló con un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo. Las cifras de este año fueron restringidas por un Decreto dictado en los primeros días de marzo, según el cual los montos autorizados, que eran bastante elevados, ascendían a $ 7.500:000.000, se bajaron a $ 5.400:000.000. Como consecuencia de esa reducción, se prevé que haya una muy reducida economía en estos rubros, básicamente en aquellos relacionados con los ingresos de recaudación propia y afectación directa, llamados fondos extrapresupuestales.

Si tomamos las cifras que aparecen en los cuadros resúmenes, observamos un aumento en el primer año del 15,6%. Esto es más aparente que real, porque se presume –y se está comprobando en la práctica- que, en la medida en que se limitaron mucho los créditos del año 2000, las economías van a ser muy reducidas. Estamos previendo economías por sólo $ 520:000.000 en inversiones, por lo cual la inversión efectiva del año sería de $ 4.839:000.000. En cambio, en los años siguientes, donde es bastante más elevada la cifra autorizada en el nivel de inversiones, estamos presuponiendo una economía un poco menor que la que existía antes, que era del orden del 20%, y la ubicamos en un 17,5%. De esa forma, la inversión efectivamente del año próximo realizados los cálculos presupuestales sería de $ 5.100:000.000, lo que significaría un aumento de aproximadamente el 5%. Estamos estableciendo una economía de $ 1.082:000.000 en lugar de $ 520:000.000 del año 2000. Realizo esta aclaración porque estamos hablando de un 5% y esto no aparece en los cuadros. El problema es que las cifras del año 2000 se parecen mucho más a algo realmente ejecutado que lo que son los años 2000 a 2004, que son previsiones globales.

SEÑOR COURIEL- Simplemente quisiera que se me brindara información acerca de la relación de la inversión del año 2000 con respecto a la del año 1999.

SEÑOR DAVRIEUX.- La autorización inicial fue una reducción de los créditos del orden del 30% en las partidas presupuestales. Como va a haber una menor economía en el año 2000 que la que hubo en 1999, se prevé efectivamente una reducción que puede ser del orden del 20% respecto al año anterior.

Respecto a la composición de las inversiones, como todo proceso que lleva tiempo, en el año 2000 continúa básicamente la ejecución de los proyectos anteriores, concretándose por supuesto en obras diferentes pero dentro de los grandes programas en ejecución. Esto seguirá ocurriendo en el año 2001, donde comenzarán a ejecutarse los proyectos de la actual Administración. Tres de ellos realmente novedosos serían los siguientes: uno, relacionado con el desarrollo tecnológico, que estará a cargo del Ministerio de Educación y Cultura; otro, tiene que ver con el fortalecimiento institucional del Poder Judicial por el cual se intenta el mejoramiento y aceleración de su funcionamiento; y, un tercero, relacionado con el desarrollo ganadero a ser llevado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde se están comenzando los trabajos preliminares con un préstamo de preparación de proyectos en el corriente año.

Asimismo, tenemos dos proyectos importantes relacionados con la remodelación del Aeropuerto de Carrasco con recursos propios y el comienzo de ejecución en el año próximo del llamado Proyecto de Mejoramiento de los Recursos Humanos en la Salud, más conocido como Proyecto de Remodelación o nuevo Hospital de Clínicas.

Para el año 2002 se preparan nuevas iniciativas vinculadas con el desarrollo regional, que serán integradas dentro de la contrapartida que aporte el Gobierno en los proyectos incorporados por el artículo 198 de la Constitución de la República, y en el área social uno relacionado con la infancia y la familia.

Los grandes inversores, naturalmente, son los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que continuarán trabajando en sus áreas específicas con una inversión del orden de los U$S 160:000.000 el primero y los U$S 110:000.000 el segundo.

El otro gran inversor dentro de la Administración Central es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con su proyecto de Desarrollo Ganadero, la continuación de la ejecución de los Proyectos de Riego, el Granjero, y las nuevas iniciativas que recién comenzarán su ejecución en el corriente año vinculadas con servicios ganaderos y tecnología agropecuaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le pediría al contador Davrieux que reitere las cifras de inversión de los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR DAVRIEUX.- En este caso mencioné las cifras promedio del quinquenio, porque todas ellas tienen la misma evolución partiendo del nivel actual, subiendo un 5% un año, otro 5% el año siguiente, y otro 10%. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comienza con una inversión de U$S 140:000.000, pasa de U$S 147:000.000 a U$S 154:000.000, y luego a U$ 166:000.000, para mantener después esta última cifra.

SEÑOR RUBIO.- Antes que el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto avance en la discriminación de las cifras, quisiera saber, en cuanto al nivel de inversión efectiva –no el crédito- de acuerdo con estas previsiones, en qué año se recuperaría el nivel de inversión de 1999.

SEÑOR DAVRIEUX.- En el monto global, el monto final llegaría aproximadamente al nivel de 1999 en el año 2003, porque sería un aumento del 21% sobre un nivel disminuido en el orden del 20%.

Otro aspecto son las inversiones que realiza la Presidencia a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Las dos principales que se ejecutarán en este período tienen que ver con el proyecto de regularización de asentamientos irregulares, que tomará plena ejecución el año próximo, ya que este año se están realizando los proyectos piloto sobre la muestra, esperando que se incorporen tanto la Intendencia Municipal de Canelones como la de Montevideo, a partir del año próximo.

El otro proyecto importante tiene que ver con el de desarrollo municipal que continuará la ejecución este año y el próximo del Desarrollo Municipal III. A fines del año próximo o en el siguiente, se iniciará el siguiente proyecto de Desarrollo Municipal, que es un poco más ampliado, incluido dentro de las transferencias globales a las Intendencias Municipales.

SEÑOR GARGANO.- El señor Director ha dicho que recién en el 2003 se llegaría al nivel de inversión del año 1999, en la recuperación.

SEÑOR DAVRIEUX.- Aproximadamente.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera saber si ese cálculo está hecho con los créditos topeados, es decir, con los niveles de ejecución topeados, tal como se acostumbra a hacer en todos los Presupuestos. Me interesa el dato porque, de lo contrario, puede ser que varíe.

SEÑOR DAVRIEUX.- Efectivamente, se trabaja, tanto con los créditos topeados como con el porcentaje previsto de no ejecución; con todo incluido -debo decir que no venía preparado para esta pregunta- pero dada la magnitud de la reducción del año 2000 y las previsiones de aumento de inversión efectiva, hasta el 2003 eso se cumple. Obviamente, la realidad dirá si es posible.

Me olvidé de mencionar que en el monto global la Cámara de Representantes no introdujo mayores modificaciones. Sí, un aumento de inversión de aproximadamente U$S 1:000.000 para el 2001, a través de una inversión de U$S 600.000 en el Ministerio del Interior y otra de U$S 400.000 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sólo habría otra de U$S 400.000 en el año 2002. Es decir que las cifras son básicamente las propuestas por el Poder Ejecutivo. Su propuesta tuvo modificaciones mínimas en el tema inversiones.

Fuera de esto, el tercer gran inversor, en orden de magnitud, es ANEP. Las cifras incorporadas para ANEP muestran el mantenimiento, a lo largo del quinquenio, de las cifras más altas alcanzadas durante el quinquenio anterior. Por lo tanto, la inversión que habría, tanto en ANEP como en la Universidad –sobre todo si agregamos el proyecto Hospital de Clínicas- excedería en este período de gobierno la del período anterior. ANEP mantiene, todos los años, un nivel de inversión del orden de los U$S 50:000.000, que fue el nivel máximo en el período anterior. Además, la Universidad tiene prevista, como partida normal, la misma que tuvo en los años anteriores, a la que se sumaría el proyecto Hospital de Clínicas. Como consecuencia de esto, sería el sector donde habría aumento neto de inversión.

Dadas las limitaciones que tiene todo el Estado en la ejecución de inversiones, se han previsto algunas normas que habilitan inversiones hechas por el sector privado. Así, se establece la posibilidad de dar en "leasing" todas las construcciones en ejecución o a iniciar. Además, se regulariza la situación de unos 23 puertos existentes que no tenían habilitación legal de acuerdo con la Constitución y se autorizan nuevos puertos que serán ejecutados por el sector privado.

Así, las inversiones en lo que podemos llamar actividades propias del sector público, se ven amplificadas por inversiones privadas, autorizadas por los artículos 191, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y 163 a 165, en materia de puertos, en el mismo Ministerio.

En el mismo sentido de que haya una participación del sector privado en áreas tradicionalmente cubiertas por el Gobierno y en el marco de una actividad más competitiva, como ocurre con la integración al MERCOSUR, hay una serie de medidas vinculadas al establecimiento de condiciones equitativas de competencia entre las empresas públicas y privadas, a la vez que se establece algún tipo de desmonopolización.

El señor Ministro ya hizo referencia a la proyectada eliminación del monopolio del Banco de Seguros del Estado en los contratos de seguros de los organismos públicos, pero también se creó -está planteado y aprobado- el artículo 162, por el que en obras públicas se elimina también la obligación de contratar con ANCAP, permitiendo que todos los organismos del Estado puedan comprar el asfalto, las emulsiones asfálticas y los enduidos, tanto en el país como en el extranjero. En la Cámara de Representantes se agregó una nueva norma por la que se deroga el monopolio de la importación y venta de asfaltos y derivados para todos los productores públicos y privados.

Asimismo, se establece, en el artículo 402, que el servicio exclusivo de ANTEL es el de transmisión de telefonía básica, es decir, la que se realiza dentro del país y para larga distancia, también dentro del país, estableciéndose la posibilidad de dar -de hecho ya están operando en larga distancia los operadores privados- a ANTEL la posibilidad de competir en este mercado. A efectos de que la competencia se dé sin desigualdades, se propone derogar el ICOME, impuesto que sólo pagan las empresas públicas –son las únicas que lo hacen- y la disminución de los aportes patronales que gravan las mismas.

Por otro lado, en lo que respecta a los subsidios en relación con las empresas públicas, se establecen condiciones para que AFE pueda mejorar su funcionamiento, determinándose que los ahorros que haga en materia de gastos de funcionamiento podrán ser utilizados en inversiones –esto se establece en el artículo 323- para permitir que dicho organismo se modernice y pueda, como empresa de transporte, automantenerse sin subsidios. Sin embargo, para que pueda hacerlo, es necesario mantener un subsidio permanente del orden de los U$S 22:000.000 anuales, que la empresa podrá reinvertir para mejorar su funcionamiento. Además, con una visión de que las empresas públicas deben mantenerse sin necesidad de subsidio, en los artículos 327 a 330, se establecen aportes del Estado -que finalizarán en el 2003 con la idea de que en ese período las empresas deberán llegar a su autofinanciamiento- a la Administración Nacional de Correos, al mantenimiento de lo que resta de PLUNA como Ente Autónomo y al Instituto Nacional de Colonización.

Básicamente, esto es lo que quería decir respecto de estos dos puntos.

SEÑOR COURIEL.- Quería preguntar al señor Director, cuando habla del tema de ANTEL y de la posibilidad de inversión privada en el caso de los puertos, si en lo que refiere a ANCEL está previsto algún ingreso. Quisiera saber si se vendiera parte de las acciones de ANCEL, si eso está computado en los ingresos que tendrá el Gobierno como ingresos propios y, en caso de estar computado, a los efectos de determinar el nivel del déficit fiscal real. Es probable que si se computa una parte de la venta de ANCEL, el déficit fiscal sea distinto al que acaba de presentar el equipo económico.

SEÑOR DAVRIEUX.- Básicamente, hice referencia –reconozco que omití mencionar lo de ANCEL- a las normas presentadas por el Poder Ejecutivo. En el trámite llevado a cabo en la Cámara de Representantes se estableció que ANTEL podía crear una sociedad anónima con ANCEL y ofrecer al sector privado hasta el 40% del paquete accionario; entiendo que esa es la cifra. A su vez, se determinó que de ese monto, el 25% tendría como destino ANTEL para sus inversiones y el 75% sería para el Poder Ejecutivo. Aunque posiblemente estemos equivocados, entendemos que el trámite a llevar a cabo para cumplir con toda esta labor de creación de la empresa, de la participación del sector privado y demás, va a llevar un período suficientemente prolongado como para que en el año 2001 no podamos computar ningún ingreso por este concepto. Si, por el contrario, eso ocurriera, habría que ver qué destino específico se le da, dado que se estableció que era para reactivar la economía nacional. Si se entiende que las medidas de Gobierno ya planteadas implican eso, se podrá afectar a ello y disminuir el déficit, pero si se impone que se desean medidas adicionales, en ese caso, aunque haya ingresos, no reducirían en nada el déficit.

Según está planteado el tema, en nuestra opinión durante el año 2001 no habría ingresos por este concepto.

SEÑOR ASTORI.- Pido disculpas por si la pregunta que voy a formular es demasiado elemental, pero a esta altura se me plantea la duda.

El señor Ministro hizo referencia al déficit fiscal del año pasado y luego a la evolución de los resultados fiscales del año 2000. Mi pregunta es muy sencilla; quisiera saber si en todos los casos estamos hablando de déficit consolidado del sector público o en alguna ocasión se ha manejado el déficit del Gobierno Central. Si es así, me gustaría saberlo.

Por otra parte, siendo el resultado fiscal y la política fiscal –según palabras del propio señor Ministro- la piedra angular de la política económica, quisiera saber –y no pretendo que se me conteste ahora- cuál es la composición del déficit consolidado del sector público, tanto en la situación actual como en las metas, en las proyecciones. Si no se dispone de esa información, por supuesto que puedo esperar lo que sea necesario.

SEÑOR MINISTRO.- El señor Senador Astori tiene razón en cuanto a que se puede plantear algún grado de confusión en los guarismos mencionados. La cifra de déficit del año pasado se refiere al sector público consolidado y aquella a la que estuvimos haciendo referencia en nuestra exposición vinculada con el Presupuesto, obviamente se vincula con el Gobierno Central. Ocurre que en años anteriores había una cierta equivalencia entre el déficit del Banco Central y el superávit de las empresas públicas como para que, décima de punto más o décima de punto menos, el déficit del Gobierno Central fuera prácticamente similar al déficit del sector público en su conjunto. Eso ha variado en el último año y para el correr de este año no tenemos las cifras disponibles, además de que tampoco contamos con la proyección para el año próximo en cuanto a cuál va a ser el nivel de déficit consolidado del sector público, habida cuenta de estos componentes –Banco Central, empresas públicas e Intendencias- sobre los cuales todavía no hemos terminado de trabajar.

SEÑOR HEBER.- Quisiera ahondar en algunos comentarios que realizó el contador Davrieux sobre las inversiones en términos generales. Creo que constituyen un capítulo aparte que tendremos que analizar con profundidad el tema de los subsidios y subvenciones, sobre todo en lo que se refiere a empresas públicas que han generado situaciones deficitarias importantes. Pienso que quizás un estudio a fondo sobre esto pueda llevarnos a mayores certezas en lo que se relaciona con la inversión que ha realizado el país en términos generales.

Mi pregunta concreta tiene que ver con el aeropuerto.

Por lo que hemos podido ver, después de la frustrada concesión de dicho aeropuerto, vamos a gastar en él U$S 80:000.000. Sin mirar para atrás para ver lo que ha sucedido, le preguntaría si ésta es la única solución que tiene para resolver este tema del aeropuerto, es decir, desembolsar U$S 80:000.000. ¿Se podría hacer un sistema de "leasing" o volver a insistir con un régimen de concesión? Me parece que si estamos buscando recursos en forma desesperada, no deberíamos recurrir únicamente a la instancia de desembolsar U$S 80:000.000 para la remodelación del aeropuerto, sino que podríamos contribuir para encontrar algún otro sistema, que pueda significar un ahorro de esta entidad para el erario público. Repito esta interrogante: ¿no es factible hacer un régimen de concesión o un sistema de "leasing" para que de alguna manera podamos ahorrar estos dineros? En este sentido, le quiero preguntar al señor Director de Planeamiento y Presupuesto si se han analizado otras instancias que se han descartado o si es la única que ve el Poder Ejecutivo como viable para realizar las reformas que hay que hacer en el aeropuerto como para habilitarlo en el ámbito internacional.

Hago esa pregunta concreta, porque realmente me asombra el gasto.

SEÑOR DAVRIEUX.- La pregunta que plantea el señor Senador Heber es totalmente pertinente. El problema es que la alternativa real está entre la inversión privada y la pública, es decir, la concesión o la obra hecha por el Estado a través del "leasing", que es una inversión hecha por el Gobierno pagada de otra forma; en lugar de tomar créditos y usar recursos propios, se paga también con recursos propios, pero en un período más largo, como se hace siempre que se toma a crédito. El problema es si el aeropuerto no genera recursos suficientes como para que se pague con recursos propios. Entonces, dada la situación que todos conocen, es decir, las dificultades que se tuvieron al no llegar a una concesión debido a diversas interpretaciones sobre quién podía ser el ganador de la forma de la licitación, el Poder Ejecutivo llegó al convencimiento de que ya la actualización de las pistas era un tema urgente y que no podía seguir dando lugar a debates en cuanto a la forma de contratación. Como dato puedo agregar –que no tienen por qué saber los señores Senadores- que en el año 1985, es decir hace 15 años, se planteó que ya no había más tiempo para esperar la reparación de la pista, porque ya era riesgoso. Quince años después no cabe la menor duda para todos que la tarea de actualización de las pistas –que es la parte realmente costosa de la inversión- debe hacerse ya. El hecho de iniciar otro proceso de concesión con otro pliego y demás, puede llevar varios años, lo que vuelve una situación peligrosa seguir trabajando con pistas que tienen un estado que podrían dar lugar a riesgos muy grandes de accidentes o, por lo menos, mayores que antes.

El "leasing" sería una forma de tomar dinero, que otro haga la inversión y pagarlo los uruguayos porque, por supuesto, el costo siempre lo van a pagar los ciudadanos, ya sea pagándole al sector privado que haga la concesión, al sector público para que haga un "leasing", directamente la obra o un crédito que tome.

De todas maneras, se ha estimado una reducción de las obras previstas en el aeropuerto, ya que se había hablado de un gasto de más de U$S 150:000.000. Entonces, se dijo que las pistas en sí mismas pueden repararse con U$S 60:000.000 ó U$S 65:000.000 y la remodelación del edificio y de la terminal de salidas y arribos puede hacerse a mucha menor escala.

En consecuencia, comenzando este año con la remodelación de la pista auxiliar, llamada 01-19, con dirección sur-norte, y continuando con las obras en los próximos dos años, podrían estar terminadas las pistas. Aproximadamente a fines del 2003 o comienzos del 2004, o sea un año después, podría estar remodelada la terminal de pasajeros, en una escala más modesta que la pensada inicialmente. Tal vez se pueda decir que, en lugar de utilizar una cifra de U$S 20:000.000, por un procedimiento de "leasing", podría haberse hecho con U$S 13:000.000, U$S 14:000.000 o U$S 15:000.000. Con menos de eso, hubiera sido imposible. El Poder Ejecutivo entendió que la perentoriedad de la tarea lo llevaba a ejecutar directamente. Si en el proceso aparece la posibilidad de financiar mediante el sistema de "leasing", con un menor aumento de los ingresos del aeropuerto, sin duda, se hará. Normalmente, cuando hay urgencia en la recuperación de recursos, los "leasing" son muy útiles –tal como hizo ANTEL- pero cuando los ingresos se espacian más en el tiempo, terminan siendo más costosos que los créditos. Con respecto a estos últimos, nuestro país tiene una gran calificación para eso; un crédito puede estar en el orden del 9%, pero el "leasing" es más alto.

De manera que no son claramente superiores en cada caso. En realidad, será necesario analizar la situación concreta. En este caso, dada la urgencia, el Poder Ejecutivo entendió necesario emprender directamente la ejecución de la obra, comenzando este año con ellas.

SEÑOR NUÑEZ.- Si me permiten, quisiera hacer una pregunta sobre el tema del endeudamiento; concretamente, sobre el artículo 397, que ahora lleva el número 396.

Se ha dado una serie de informes en los que el Poder Ejecutivo fijaba el tope de deuda por Bonos y Letras en U$S 4.423:570.087. Luego, a partir de un cambio en la metodología, aparece una nueva cifra que implica un total de U$S 5.417:000.000. En este último caso, se da una serie de cifras en dólares y también la conversión en libras. No tenemos claro si se trata de topes o de deudas que efectivamente tiene el país.

SEÑOR DAVRIEUX.- Deseo saber si el señor Senador Núñez se refiere a un artículo o a un cuadro.

SEÑOR NUÑEZ.- Son informaciones adicionales relacionadas con el artículo.

En el primer cuadro –que llegó poco antes de votarse el proyecto de ley en la Cámara de Representantes- los topes actuales de endeudamiento se fijan en U$S 4.423:000.000. En un cuadro posterior, ese tope total general se ubica en U$S 5.780:000.000. En este último cuadro hay cifras fijadas en dólares, en tanto otras estarían en libras, de acuerdo al sistema de conversión manejado. Entonces, ¿cuál es la modificación de la metodología que implica el cambio de las cifras totales, que llevan de U$S 4.423:000.000 a U$S 5.780:000.000? ¿En estos cuadros aparecen deudas efectivamente contraídas, son topes, o se habla de ambas cosas a la vez?

. Por último, desearía que se me aclarara lo relativo a la posible conversión de libras a dólares. Básicamente son estas las dudas que tenemos.

SEÑOR DAVRIEUX.- No tengo inconveniente en comenzar a responder las preguntas del señor Senador Núñez, pero después pediría que lo señores asesores del Ministerio se refirieran a información más detallada.

En primer lugar, voy a explicar por qué se trata de cifras distintas. Cuando el tema se analizó en la Cámara de Representantes, se observó que el incremento solicitado de los topes superaba al déficit previsto, debido al vencimiento de determinados instrumentos de deuda que no podían ser renovados. Esto llevó a que, para poder cumplir con esa amortización –y no estar amortizando deudas, lo cual no era posible porque teníamos déficit, en lugar de superávit- se solicitó aumentos de tope que eran iguales a los déficit previstos, más la amortización de determinadas deudas no renovables.

En consecuencia, se solicitó una definición de deuda más amplia, que comprendiera todas las otras que normalmente no son autorizadas, porque están dentro de los títulos emitidos por el Gobierno. Se pretendía incluir esas deudas dentro del tope. Ese es el motivo del cambio de definición.

Cuando el señor Senador Núñez habla de U$S 5.780.000.000, confieso que me preocupa, porque hay un tema de precisión, ya que con las cifras autorizadas para el 2001, sólo hay un incremento de U$S 145:000.000, que es bastante menor, o sea, la tercera parte del déficit previsto. Sin duda, hay una explicación técnica de las partidas que se incluyen y de las que no. Por eso, le solicito al señor economista Alfie amplíe esta información, tal vez, conociendo el cuadro que maneja el señor Senador Núñez.

SEÑOR ALFIE.- En la versión original se preveían exclusivamente los topes en Bonos y Letras. En la versión corregida, además de los topes en Bonos y Letras, se hace un detalle mucho más exhaustivo de la deuda y se cambia el límite previsto. Para ello se envió un cuadro explicativo de cuáles eran los topes actuales. En la mayoría de los casos se registraba en los valores efectivos de las deudas, con la única excepción del tope en Bonos y Letras, cuyo monto total es inferior al tope. Según nuestras previsiones, se llegaría a dicho tope a fines del año.

Con respecto a la deuda en libras esterlinas, debo indicar que, efectivamente, la deuda está expresada en esa moneda. Reconozco que no sé, exactamente, de qué manera figura esa información en el cuadro, pero puedo indicar que cuando se hace referencia a los topes, se convierte a dólares, a fin de utilizar una única moneda. En el artículo 399, relativo a la devaluación, se aclara cómo se evalúan las deudas en distintas monedas, pasándolas a dólares. Asimismo, también se indica cómo se procederá en un futuro, a efectos de la medición del tope.

SEÑOR GARGANO.- Debo reconocer que estoy bastante confundido con esto del endeudamiento y de los topes, porque el señor Director de Planeamiento y Presupuesto le da la palabra al asesor para que lo explique y éste no tiene los elementos para hacerlo. De esto deducimos que no sabemos absolutamente nada y que hemos quedado como empezamos. En consecuencia, me parecería importante –no hoy, porque se supone que no se nos puede proporcionar los informes- recibir un detalle del endeudamiento, de los topes y de lo que el Poder Ejecutivo ha ejecutado hasta hoy en materia de endeudamiento, qué le queda y qué pide adicionalmente.

También preguntaría –si se puede- si se considera endeudamiento del Estado la operación que hizo el Banco Central, creo que al 31 de diciembre de 1999, consistente en cambiar las Letras de Tesorería que estaban en el encaje de los bancos, por Certificados de Depósito. Me gustaría saber si eso es endeudamiento o, simple y sencillamente, es una nueva modalidad de crédito que funciona entre el Banco Central y la banca privada, las instituciones financieras. No pido que se me conteste hoy, porque sobre este tema se hizo bastante ruido a finales del año pasado pero, de todos modos, me gustaría tener una respuesta con detalles.

SEÑOR ASTORI.- No quisiera hacer una pregunta, sino un comentario que se anticipa a los hechos.

El artículo 396, con la redacción aprobada por la Cámara de Representantes, es absolutamente incomprensible. Adelanto que habrá que redactar nuevamente, en su totalidad, dicho artículo porque, tal como está planteado, no dice nada, induce a confusión y tergiversa totalmente el concepto de los topes de endeudamiento. Seguramente, esto es producto de la presión de los plazos y del apuro con que se aprobó este proyecto de ley, pero, así como está, no puede quedar. Inclusive, esta redacción debe tener mucho que ver con las dudas que se han planteado al respecto.

El segundo comentario, que tendremos que analizar después desde el punto de vista de la política económica –no es el momento ahora- es que con este artículo 396 –en lo que se puede entender porque, reitero, la redacción no tiene ningún sentido- el país está cambiando la metodología de topear su deuda. Hasta ahora, desde el punto de vista legislativo involucró, fundamentalmente, a Bonos y Letras y ahora está incorporando, en lo que podría ser un tope global, a otros conceptos de deuda.

Reitero que esto lo discutiremos en su momento, pero quería anticipar que buena parte de las dudas que, seguramente, los colegas tienen en el día de hoy, se debe a la redacción de este artículo, que es completamente incomprensible. Habrá que investigar qué intenciones se tuvo al redactarlo para intentar descifrar su verdadero significado.

SEÑOR DAVRIEUX.- El tema que se planteó en ese momento era que, al mismo tiempo que había que financiar el déficit previsto, era necesario financiar la amortización de estos otros tipos de documentos de deuda, que no estaban incluidos dentro del tope y que no son, por esencia, refinanciables. Me refiero a todo lo que hay que amortizar en el período de deudas comprometidas con el Banco Central, etcétera.

En consecuencia, se nos solicitó información sobre todas las deudas que figuran en el cuadro que tiene el señor Senador Núñez y que se iban a amortizar a lo largo de los años 2001 a 2004. El monto total de deuda vigente era de U$S 5.780:000.000 del cual se restan los U$S 362:000.000 que aparecen como un inciso que dice que no los incluye y por ello se llega a los U$S 5.417:000.000 que incluyen deudas efectivas abarcando el tope total de deuda vigente.

Entonces, lo que autorizó la Cámara de Representantes –que tiene su problema de redacción, como indica el señor Senador Astori- es un incremento del tope del orden de U$S 500:000.000. Para tener una idea, en el proyecto anterior lo que se pedía de aumento de tope era de alrededor de U$S 623:000.000 y se incluía una amortización, efectivamente, del orden de U$S 100:000.000 por estos conceptos. En la medida en que estos conceptos están dentro del tope, no hay que pedir sustitución de lo que se amortiza, que son unos U$S 100:000.000. Lo que se intentó hacer en la Cámara de Representantes era mostrar que en realidad no se autorizaba un endeudamiento adicional por un monto tanto mayor que en el déficit previsto, sino que había una sustitución de deuda. Pero eso tiene el problema que en su momento señalamos, que consiste en que se establece un tope de deuda que no es el tradicional del país, que sólo se refiere a Bonos y Letras.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera formular un par de preguntas al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto antes de entrar a las consideraciones generales en las que no voy a intervenir.

Para poder evaluar el Presupuesto Nacional se requiere un conjunto de informaciones muy importante y, por mi parte, estoy abocado al tema de los funcionarios públicos en sus distintas versiones. En el texto vienen iniciativas con relación a los cargos de alta especialización y, como esto está vinculado a lo aprobado en el Presupuesto anterior, vigente, sobre cargos de alta prioridad, formulamos un pedido de informes al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acerca de cuáles fueron los procedimientos para elaborarlas, la cantidad involucrada y qué criterios se utilizaron para la selección de este tipo de funcionarios que reciben ingresos bastante más importantes que los habituales en la Administración Pública. Según la información que se manejó en algún momento y lo que figura en el documento aprobado en la Cámara de Representantes en cuanto a que se haría algún tipo de reducción, estamos hablando de un nivel promedio significativamente más interesante que los sueldos de la Administración Pública.

Por otro lado, todo el uso de recursos en materia de cargos tiene un capítulo importante con relación a los contratos de obra y, en ese sentido, solicitamos el 1º de agosto, un informe que se refería a lo que se ha hecho en este campo en un período prolongado. En consecuencia, estamos interesados en saber si vamos a contar con esa información, a los efectos de hacer evaluaciones y estimaciones, en materia de Presupuesto, hacia el futuro.

Esta es la inquietud que quería plantear porque involucra un problema de información.

SEÑOR DAVRIEUX.- El señor Senador Rubio hizo referencia a lo que, según entiendo, son dos temas diferentes. Uno de ellos, se refiere a lo que son los cargos de alta especialización y no a los de alta prioridad. Estos últimos están establecidos en la Ley Nº 16.320, induce a confusión y tergiversa totalmente el concepto de los topes de endeudamiento. Seguramente, esto es producto de la presión de los plazos y del apuro con que se aprobó este proyecto de ley, pero así como está no puede quedar. Incluso esta redacción deber tener mucho que ver con las dudas que se han planteado al respecto.

El segundo comentario que tendremos que analizar después desde el punto de vista de la política económica –no es el momento ahora- es que con este artículo 396 –en lo que se puede entender porque, reitero, la redacción no tiene ningún sentido- el país está cambiando la metodología de topear su deuda. Hasta ahora, desde el punto de vista legislativo involucró fundamentalmente a Bonos y Letras y ahora está incorporando, en lo que podría ser un tope global, a otros conceptos de deuda.

Reitero que esto lo discutiremos en su momento, pero quería anticipar que buena parte de las dudas que seguramente los colegas tienen en el día de hoy, se debe a la redacción de este artículo que es completamente incomprensible. Habrá que investigar qué intenciones se tuvo al redactarlo para intentar descifrar su verdadero significado.

SEÑOR DAVRIEUX.- El tema que se planteó en ese momento era que, al mismo tiempo que había que financiar el déficit previsto, era necesario financiar la amortización de estos otros tipos de documentos de deuda que no estaban incluidos dentro del tope y que no son, por esencia, refinanciables. Me refiero a todo lo que hay que amortizar en el período de deudas comprometidas con el Banco Central, etcétera.

En consecuencia, se nos solicitó información sobre todas las deudas que figuran en el cuadro que tiene el señor Senador Núñez y que se iban a amortizar a lo largo de los años 2001 a 2004. El monto total de deuda vigente era de U$S 5.780:000.000 del cual se restan los U$S 362:000.000 que aparecen como un Inciso que dice que no los incluye y por ello se llega a los U$S 5.417:000.000 que incluyen deudas efectivas abarcando el tope total de deuda vigente.

Entonces, lo que autorizó la Cámara de Representantes –que tiene su problema de redacción como indica el señor Senador Astori- es un incremento del tope del orden de U$S 500:000.000. Para tener una idea, en el proyecto anterior lo que se pedía de aumento de tope era de alrededor de U$S 623:000.000 y se incluía una amortización, efectivamente, del orden de U$S 100:000.000 por estos conceptos. En la medida en que estos conceptos están dentro del tope, no hay que pedir sustitución de lo que se amortiza que son unos U$S 100:000.000. Lo que se intentó hacer en la Cámara de Representantes era mostrar que en realidad no se autorizaba un endeudamiento adicional por un monto tanto mayor que en el déficit previsto, sino que había una sustitución de deuda. Pero eso tiene los problemas que en su momento señalamos que consiste en que se establece un tope de deuda que no es el tradicional del país que sólo se refiere a Bonos y Letras.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera formular un par de preguntas al señor Director de Planeamiento y Presupuesto antes de entrar a las consideraciones generales en las que no voy a intervenir.

Para poder evaluar el Presupuesto Nacional se requiere un conjunto de informaciones muy importante y, por mi parte, estoy abocado al tema de los funcionarios públicos en sus distintas versiones. En el texto vienen iniciativas en relación a los cargos de alta especialización y, como esto está vinculado a lo aprobado en el Presupuesto anterior vigente sobre cargos de alta prioridad, formulamos un pedido de informes al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acerca de cuáles fueron los procedimientos para elaborarlas, la cantidad involucrada y qué criterios de selección se utilizaron para la selección de este tipo de funcionarios que reciben ingresos bastante más importantes que los habituales en la Administración Pública. Según la información que se manejó en algún momento y de lo que figura en el documento aprobado en la Cámara de Representantes en cuanto a que se haría algún tipo de reducción, estamos hablando de un nivel promedio significativamente más interesante que los sueldos de la Administración Pública.

Por otro lado, todo el uso de recursos en materia de cargos tiene un capítulo importante en relación con los contratos de obra y, en ese sentido, solicitamos el 1º de agosto, un informe que se refería a lo que se ha hecho en este campo en un período prolongado. En consecuencia, estamos interesados en saber si vamos a contar con esa información, a los efectos de hacer evaluaciones y estimaciones en materia de Presupuesto hacia el futuro.

Esta es la inquietud que quería plantear porque involucra un problema de información.

SEÑOR DAVRIEUX.- El señor Senador Rubio hizo referencia a lo que, según entiendo, son dos temas diferentes. Uno de ellos, se refiere a lo que son los cargos de alta especialización y no a los de alta prioridad. Estos últimos están establecidos en la Ley Nº 16.320. En cuanto a los cargos de alta especialización, podemos hacer un informe especial sobre la cantidad de cargos y las retribuciones.

Respecto al otro tema, el relativo al pedido de informes, complementado con una nota del señor Senador Núñez de fines del mes de setiembre, el día jueves firmé el informe que iba a ser entregado al señor Presidente de la Cámara de Senadores. Seguramente fue entregado la semana pasada.

SEÑOR HEBER.- Pido disculpas por el hecho de que volvamos nuevamente al tema de inversiones, pero en las menciones realizadas por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre el Plan de Inversiones en términos generales, me pareció escuchar algo sobre el proyecto del Plan Ganadero. Si bien no tenemos mucha información en el Parlamento, queríamos conocer un poco los montos y si se trata de U$S 150:000.000, como se había mencionado. Votar U$S 150:000.000 para un plan que todavía no conocemos, amerita por lo menos un bosquejo por parte del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando concurra a esta Comisión. Digo esto, porque muchas veces en este tipo de proyectos el porcentaje aplicado en lo que puede ser la reconversión y el plan ganadero es efectivamente muy poco, en virtud de que muchas consultorías y técnicos quedan con una parte de los proyectos que, de alguna manera, se instrumentan.

En consecuencia, me gustaría saber si el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene algún bosquejo y los montos que se piensan utilizar con este destino. De todas maneras, es seguro que este es un tema que vamos a abordar cuando concurra el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR DAVRIEUX.- Afortunadamente, no se les va a solicitar que aprueben un proyecto de U$S 150:000.000. El llamado proyecto Programa Ganadero que se está formulando no está totalmente instrumentado y estamos en la etapa correspondiente. El mismo tiene dos componentes: una parte, que es -efectivamente- gasto público y otra, que es crédito.

En principio, este proyecto ha sido pensado ,como tal, en el orden de los U$S 200:000.000, pero como gasto público se situaría en el orden de los U$S 60:000.000. El restante componente, o sea el 70% del proyecto, el más grande, sería de créditos a productores para las asociaciones de productores y para las transformaciones que estos requieran.

En consecuencia, lo que está planteado en este proyecto de ley de Presupuesto es un proyecto de gasto público que, en el total del período de ejecución, será de U$S 60:000.000 y, como no se espera que culmine en este período de Gobierno, será del orden de los U$S 40:000.000. Asimismo, un 30% de esos U$S 40:000.000 sería financiado por Rentas Generales y el restante 70%, alrededor de U$S 28:000.000 –se trata de cifras aproximadas- se financiaría con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

En todo caso, el proyecto no está definido y en este sentido, al igual que le ocurre al señor Senador Heber, estamos igualmente preocupados. El proyecto va a comenzar con una etapa -si se quiere- piloto o experimental, por un monto total de U$S 5:000.000 a U$S 10:000.000, el año próximo. Quiere decir que no nos vamos a tirar al agua ni siquiera por los U$S 60:000.000 de gasto público porque- naturalmente, la iniciativa tiene que estar bien definida para que tenga los efectos deseados.

SEÑOR NUÑEZ.- Simplemente, para plantear dos preguntas finales. La primera de ellas tiene que ver con un repartido que hizo llegar, a la Cámara de Representantes, la Contaduría General de la Nación. Se trata de un memorándum sobre estimación de economías y, en ese rubro se prevé la menor utilización de la partida de Refuerzo de Rubros, tanto en la cuota destinada a Gastos de Funcionamiento, como en la de Gastos de Inversión. También se prevén economías en la partida destinada a Imprevistos, en créditos presupuestales correspondientes a Retribuciones Personales, que incluyen el costo de los cargos vacantes y, finalmente, sobre la menor ejecución presupuestal.

Nos gustaría saber, con respecto a algunos de estos rubros -por ejemplo, el Inciso 23, que refiere a partidas a reaplicar y que son bastante importantes- cuál es, de preverse de antemano un conjunto de economías, la técnica presupuestal que lleva a aumentar los Incisos de gasto que, obviamente, también aumentan el déficit previsto, que -se sabe- se va a ahorrar.

La segunda pregunta está relacionada con la política salarial del Estado. Se ha mencionado que va a haber aumentos diferenciales y, si uno analiza los cuadros año a año, se podrá observar que las partidas destinadas a Gastos de Personal, en definitiva, se mantienen, salvo que haya aumento de personal, razón por la cual se prevé una estabilidad en términos constantes. Asimismo, todos sabemos que este año va a haber una pérdida de salario real. Sin embargo, en ningún momento se prevé recuperación de la pérdida de este año y se va a aplicar la indexación de los saldos en forma permanente, porque en períodos anteriores no se aplicó la indexación de los saldos presupuestales. En definitiva, nos gustaría saber cómo va a ser la política salarial del Estado con respecto al conjunto de los funcionarios y no ya de los beneficiados con los aumentos que ya se mencionan especialmente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Simplemente, una solicitud de información a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para una próxima reunión, vinculada a las cifras que contiene el Mensaje original remitido por el Poder Ejecutivo, con respecto a las Intendencias Municipales de acuerdo con los artículos 214 y 298 de la Constitución de la República, discriminando en lo posible, años 1999 y 2000. Asimismo, quisiéramos datos sobre lo aprobado en la Cámara de Representantes, también con relación a los artículos 214 y 298. Nos gustaría manejar esa versión original por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en una próxima reunión, y en función de las posibilidades del Poder Ejecutivo.

SEÑOR DAVRIEUX.- Señor Presidente: voy a hacer referencia al tema de las economías.

En primer lugar, el Presupuesto está formulado de acuerdo con las normas legales vigentes que establecen que el 1% del mismo debe preverse para sucesos urgentes o imprevistos. Asimismo, otra norma legal vigente dispone que hay que prever un 12% de determinadas partidas de gastos corrientes, como refuerzo de rubros potenciales a efectuar. La previsión, la del 1%, es una de las más antiguas y vigentes en el país, ya que tiene prácticamente cincuenta años, mientras que la de refuerzo de rubros, con distintas formas, ha tenido modificaciones. Concretamente, el régimen o la tasa vigente viene del año 1995, momento en el cual se redujo ese porcentaje del 15% al 12%. La razón de establecer un porcentaje de Refuerzo de Rubros relativamente importante tiene que ver con un hecho bastante excepcional, del Uruguay, en el panorama mundial. Hay muy pocos países –extremadamente pocos- que tengan un Presupuesto quinquenal, ya que normalmente tienen Presupuestos anuales. Entonces, se ha demostrado que, cuando se trabaja con un presupuestal quinquenal, deben existir mecanismos que permitan reajustes salariales y de partidas de gastos, algunas justamente en términos de gastos, a través de los refuerzos de rubros. Hasta este momento no existe la posibilidad de reforzar inversiones.

La Contaduría General de la Nación incluye una partida para refuerzo de inversiones en virtud de un artículo que es una novedad en este Presupuesto. Me refiero al artículo 47 aprobado en la Cámara de Representantes, que establece la posibilidad de que un 25% pueda destinarse a un refuerzo de inversiones, que ha sido un problema que se ha sentido, sobre todo, en las unidades chicas en donde no puede haber trasposición de un proyecto a otro. Eso es algo que está prohibido específicamente por la ley. Las oficinas chicas que no tienen más de un proyecto generalmente tienen insuficiencias o dificultades. Es por eso que por primera vez se ha previsto que ese porcentaje, es decir, un 25% se pueda destinar a inversiones.

¿Por qué se prevé hacer poco uso de esta partida? En primer lugar, porque estamos hablando, particularmente en el próximo año, de cifras que están siendo estimadas hoy con cierta precisión y creemos, también, que con cierto margen. Es más, creemos que en la parte de inversiones va a haber un porcentaje de ejecución que se ubica en el orden del histórico, o un poco más bajo. Por otra parte, se hará poco uso porque hay que ser muy restrictivo, debido a la necesidad de que existe de no exceder de determinados niveles el déficit fiscal. Uno se podría plantear que ya que no lo va a usar, habría que bajar el porcentaje. Pero no hay que olvidar que las circunstancias cambian y existen necesidades en años futuros. Ahora bien, si no hay modificaciones por Rendiciones de Cuentas nos encontramos con que no habrá disponibilidades para trabajar y, en consecuencia, el Estado no podrá cumplir sus funciones.

¿Por qué están presentados? Porque lo manda la ley. El Poder Ejecutivo y los Ministros tienen que presentar un Presupuesto acorde con la ley.

¿Por qué no se piensan usar? Porque se entiende que, dadas las condiciones del país y estas previsiones de déficit muy importantes, hay que restringir al máximo el uso de esos márgenes presupuestales en el próximo año.

Básicamente, esta es la respuesta.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a la pregunta formulada sobre la política salarial para los funcionarios de la Administración Central, debo decir que desde el punto de vista normativo ella habrá de desarrollarse en el mismo marco de disposiciones que rigen desde hace muchos años –por lo menos, de dos períodos de gobierno o un poco más- en el sentido de que va a estar determinada por la consideración de dos variables igualmente importantes, que son la disponibilidad del Tesoro y la evolución del costo de vida. Eso ha sido así desde hace muchos años y pensamos seguir usando esta norma en las mismas condiciones, porque es de sentido común tener en cuenta las dos variables a la hora de decidir en un tema de este tipo.

La otra norma que estamos proponiendo modificar se refiere, justamente, a esta posibilidad de distinguir, dentro de los aumentos de orden general, aquellos particularmente dirigidos a los sectores de policía, militares y docentes dentro de esa franja de variación a que hice referencia anteriormente.

Esta sería la respuesta estrictamente apegada al funcionamiento de las normas. En el campo de las intenciones y de la política está claro que la idea del Poder Ejecutivo es atender de la mejor manera posible las necesidades de los funcionarios públicos como al resto de la población. Ocurre, sin embargo –nadie mejor que los señores Senadores conocen- que muchas veces esta intención tiene que ponderarse a la luz de otras consideraciones no menos importantes. A vía de ejemplo, la recaudación del Gobierno Central ha caído, como decía anteriormente, en un 7% en 1999, y posiblemente vuelva a hacerlo este año. En esas condiciones, asegurar el mantenimiento y en el nivel de vida o del salario en términos reales de los trabajadores públicos, es una decisión factible de operar; pero, sin duda, a costa de otras decisiones no menos controvertibles en otros sectores de la Administración Central. Con la misma fuerza –o quizá aún mayor- con que muchas veces se ha cuestionado en el correr de este año la decisión salarial que se está aplicando sobre los empleados públicos en este marco de inflación, se cuestionará la determinación de bajar la inversión pública o de restringirla.

Desde otro punto de vista, vastos sectores de la sociedad uruguaya están reclamando en forma insistente y muy importante la baja de impuestos. Como decíamos al comienzo de nuestra exposición, es hoy una realidad política insoslayable la atención a las aspiraciones o planteos de las Intendencias del país en función de la nueva realidad institucional que plantean las normas de descentralización. Así podríamos seguir con una serie de otras consideraciones igualmente importantes a la hora de asignar recursos especialmente en épocas de estrechez o de escasez, como son las que lamentablemente estamos viviendo en estos años.

Es cierto que en el pasado ha habido una reducción del salario en términos reales de determinados sectores de los funcionarios públicos; pero también ha habido un aumento de los salarios de algunos sectores en particular.

De modo que aquí, como en tantas otras cosas, debo ser enteramente franco: las decisiones que en materia salarial se vayan tomando con el curso del tiempo, obviamente van a estar íntimamente relacionadas con la evolución de la economía en su conjunto y con la consideración más adecuada posible sobre las distintas prioridades que un gobernante debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones difíciles como ésta de la política salarial y, también, como tantas otras igualmente importantes.

SEÑOR HEBER.- Antes de que se retire el señor Ministro, y quizá no esté encuadrado estrictamente en lo que ha sido su exposición, nosotros a modo de constancia queremos decir dos cosas que nos parecen importantes.

En estos días ha hecho una serie de comentarios públicos el señor Director Nacional de Aduanas sobre un planteo del señor Presidente de la República en un programa de televisión sobre el drama que vive el país sobre el problema de la aftosa y lo que ocasiona la falta de controles de la Dirección Nacional de Aduanas en la frontera. Hoy de mañana, el señor Director ha formulado una serie de apreciaciones acerca de las dificultades de orden político y empresarial que tiene. No sé a que se refiere cuando habla de dificultades de orden político y empresarial. Entonces, nos gustaría que viniera aquí en otra oportunidad para aclarar estos conceptos porque, por ejemplo, mi partido político no tiene inconveniente para que los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas cumplan con su deber. Ya que esa repartición está en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, de pronto cuando hagamos la convocatoria para estudiar el tema concreto de esta Secretaría de Estado, podría concurrir el Director Nacional de Aduanas para aclarar y, en profundidad, hablar sobre los temas que importan. Nuestro partido político está dispuesto a apoyar las medidas necesarias para que, reitero, estos funcionarios del Estado cumplan su labor correctamente.

Quiero dejar esta constancia para que el Ministerio tenga en cuenta la presencia del señor Director en esta Comisión, para analizar en profundidad estos comentarios y a qué se refiere cuando habla de presiones de orden político y empresarial.

SEÑOR GARGANO.- Me parece muy oportuno el planteo del señor Senador Heber. Pero diría que como integrante del Senado de la República estamos esperando medidas, porque es absolutamente inédito en la vida del país que el Presidente de la República denuncie que los funcionarios de Aduanas coimean, diciendo inclusive el precio, y que eso es la responsabilidad de todo lo que está pasando en el Uruguay en materia de aftosa, y el Director Nacional de Aduanas sigue en funciones. Creo que no puede estar un minuto más y pido disculpas al señor Senador Heber porque no creo que tenga que venir a la Comisión sino que, más bien, debería salir ya, rápidamente, si es que el señor Presidente tiene razón. Ahora bien, si no es así, habrá que ver otro tipo de medidas y de análisis. De todos modos, reitero que me parece oportuno el planteo del señor Senador Heber.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero hacer una aclaración de orden general, sobre un tema en el que no pensaba incursionar.

En primer lugar, estaba previsto que el Director Nacional de Aduanas, formando parte del grupo de jerarcas y asesores, concurra en el día de mañana a esta Comisión, para analizar el articulado correspondiente al Inciso "Ministerio de Economía y Finanzas". No voy a estar presente, pero aclaro que la delegación va a estar presidida por el señor Subsecretario de Economía y Finanzas.

En segundo término, informo que -en cuanto al tema de las afirmaciones del señor Presidente de la República y de sus relaciones con la Dirección Nacional de Aduanas- no escuché las afirmaciones que hizo en la mañana de hoy el señor Director Nacional de Aduanas. Seguramente, habrá oportunidad de analizarlas mañana.

En lo que tiene que ver con el otro aspecto de orden más general, que planteaba el señor Senador Gargano, por supuesto que es un tema que nos preocupa a todos. La Dirección Nacional de Aduanas está trabajando en este tema sobre el inicio de su gestión. Los resultados, como todos sabemos, no han sido todo lo satisfactorios a que todos aspiramos. Esto no significa, necesariamente, una decisión de orden político con respecto a la acción pasada del Director de Aduana pero, en todo caso, nos llama a todos a responsabilidad –incluyendo al Ministerio de Economía y Finanzas- con respecto a las acciones del futuro que permitan superar estos acontecimientos.

Es obvio que este es un tema que no se ha agotado en el día de hoy y que lo seguiremos analizando en los próximos días, todos quienes estamos interesados en él.

SEÑOR COURIEL.- Quiero dejar la constancia de que no intervenimos en el día de hoy porque sabíamos que la Comisión terminaba a las 12 y 30 horas. De manera que las consideraciones generales las haremos en la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa agradece al señor Ministro de Economía y Finanzas, al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a los asesores, su presencia.

Por otro lado, solicito a los señores Senadores hacer un intervalo de tres minutos, mientras despedimos a nuestros invitados, y luego continuar la sesión considerando el segundo punto del orden del día.

(Se retira de Sala el señor Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Alberto Bensión y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ec. Ariel Davrieux y asesores)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la sesión.

Pido a los señores Senadores que me presten atención por unos breves minutos a fin de considerar el segundo punto del orden del día que refiere a la designación de una Subcomisión para el desglose de artículos. Hay en conocimiento de los señores Senadores una propuesta que la trataremos luego de que el señor Senador Heber haga uso de la palabra.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quería hablar sobre el tema de la agenda. En la primera semana formulamos dos observaciones. Habíamos quedado que el viernes de tarde no íbamos a invitar a ninguno de los Ministerios y, en lo que es personal, pediría a la Mesa que tuviera más en cuenta los horarios porque a veces disponer de una hora para algunas Carteras no nos parece suficiente. Podríamos reunirnos el miércoles, después de la sesión del Senado, que supongo no es muy larga, ya que se trata de una votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le aclaro al señor Senador que el miércoles hay dos sesiones del Senado y, el jueves, tenemos la Asamblea General.

SEÑOR HEBER.- Volviendo al tema, reitero mi pedido a la Mesa y a Secretaría sobre el hecho de que hay Ministerios que van a precisar más de una hora como, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Presidencia de la República y, Defensa Nacional, necesitando quizás una hora y media. Quisiera que ajustáramos los horarios porque, repito, hay Ministerios que son más complicados que otros. En el caso de las Carteras de Deportes o, el de Trabajo, quizás con una hora nos sobre el tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa toma en cuenta la propuesta del señor Senador Heber pero, quiero agregar que ya habíamos previsto, dado lo ajustado de la agenda, dar prioridad a aquellos Ministerios que se consideran van a insumir más tiempo en su consideración. La Mesa se encargará de atender la consideración del señor Senador Heber.

Queremos aclarar que el intento de incluir el día viernes de esta semana para trabajar fue para acelerar la consideración de los incisos correspondientes con la presencia de los Ministros.

También es cierto que se había acordado no sesionar el viernes, atendiendo a los señores Legisladores que se trasladan al interior. Entonces, si se considera que este viernes tampoco trabajaría la Comisión, así se hará.

SEÑOR HEBER.- Este viernes merece una consideración especial, por el hecho de que el lunes es feriado y por tanto perderíamos otro día de trabajo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- A fin de no alterar lo que ya se había acordado y considerando que vamos a perder el día lunes, de pronto la Mesa nos propone que el martes, miércoles o jueves, la Comisión realice una sesión matutina. En función de las amables consultas con los señores miembros de la Comisión y con los señores Ministros, podemos incorporar tres o cuatro horas de trabajo en las mañanas de esos días y así recuperaríamos el lunes que estaríamos perdiendo por ser feriado.

SEÑOR HEBER.- Se buscarán las mejores soluciones, pero una sugerencia podría ser que de mañana recibamos a los Ministerios y en la tarde tengamos las audiencias, de modo que los señores Senadores que quieran irse puedan hacerlo. De esa manera, podríamos trabajar el viernes de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa toma la propuesta del señor Senador Atchugarry y tratará de compadecerla con las necesidades de los señores Senadores.

SEÑOR GARGANO.- En torno a la Subcomisión de Desglose conviene precisar los términos de sus funciones. De acuerdo con lo que es la práctica hay una Subcomisión de Desglose que trabaja las normas de carácter presupuestal pero que no tienen que ver con el monto de los ingresos o egresos, esto es, las normas generales de funcionamiento. Incluso, eso lo puede discutir una Subcomisión que no esté integrada directamente por miembros de la Comisión de Hacienda o de Presupuesto, porque así se ha hecho.

Otro sentido tiene la Comisión de Desglose, porque trabaja los puntos críticos del Presupuesto para negociar en un marco más reducido aquello que se va a llevar adelante. Algunos de los señores Senadores aquí presentes tenemos experiencia de haberla integrado.

Por tanto, quisiera saber qué se está proponiendo, es decir, si una u otra modalidad.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Tenemos entendido que a la Comisión de Desglose van artículos del origen o del tema que fuere que a juicio de la Comisión de Presupuesto deben ser sometidos a ese ámbito más reducido. ¿Qué artículos van a la Comisión de Desglose? Tradicionalmente, se trasladan, no los pedidos por un Legislador –porque podría ser exagerado- sino por un lema. No creo que la Comisión quedare reducida sólo a los temas de índole financiero, esto es, ingresos y egresos del Presupuesto. Hay temas muy trascendentales que deben ser tratados en Comisión. Por tanto, soy partidario del sistema del desglose para aquellas propuestas concretas que se hagan sobre temas en los que todos nos damos cuenta que podemos llegar a una redacción distinta que permita aprobar el artículo o la iniciativa, dejando aquéllas para votar en el acto. Hay algunas que ya se sabe que es inútil pasarlas a desglose.

Creo que ese es el camino a seguir, pero la Comisión tendrá que resolverlo y el señor Presidente hará alguna propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda que en cuanto al contenido de las normas que pueden ser objeto de desglose, el Reglamento del Senado ya establece un criterio. Sin embargo, eso, junto con lo que ha sido la experiencia –como bien lo señala el señor Senador García Costa- habrá de servir de guía a la Subcomisión de Desglose.

En cuanto al criterio para designar sus integrantes, ha llegado a la Mesa una propuesta de manera que cada partido político pueda nombrar dos miembros y, por tanto, conformarla con siete miembros.

Si los señores Senadores están de acuerdo, aplicaríamos este criterio y pediríamos que hicieran llegar los nombres a la Mesa de manera que los impusiera en el cargo. Rogamos contar con ellos lo antes posible, de forma que para mañana, martes 31 de octubre, a la hora 16 y 30 –de acuerdo con ese régimen de trabajo proyectado- podamos integrarla y ponerla en funcionamiento.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Quiero recordar que hay un desglose que está impuesto, incluso por el Reglamento del Senado. Me refiero al plan de obras, que debe ir a la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Pregunto si es necesario que lo votemos o si el pase es automático.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es automático, de acuerdo con lo que establece el artículo 179 del Reglamento.

SEÑORA ARISMENDI.- Dejo constancia de que la Comisión de Transporte y Obras Públicas ya tomó el planillado correspondiente y, a su vez, recibió al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas la semana pasada, lo que hará nuevamente el próximo miércoles, ya que no terminó su exposición.

Por lo tanto, la Comisión de Transporte y Obras Públicas ya está trabajando en el tema.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En ese trabajo de reordenación y dado el alcance de la Subcomisión de Desglose, diría que en lugar de reunirse mañana, podríamos adelantar la concurrencia de algunos de los Ministerios que iban a venir el viernes, porque dicha Subcomisión no tendrá mayor trabajo por el momento.

SEÑOR PRESIDENTE. La Mesa toma en cuenta la sugerencia del señor Senador Atchugarry. Si los señores Senadores no tienen problemas, pediríamos que facultaran a la Mesa para poder reasignar la presencia de los distintos Incisos.

(Apoyados)

Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 12 y 59 minutos.)