DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN

Establecimiento de un marco jurídico

EXCEDENTES DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN

Normas para su aprovechamiento

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

Creación

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 11 de octubre de 2018

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Gonzalo Civila).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

  Para el día de hoy habíamos acordado avanzar en el punto que figura en el primer lugar del orden del día: "Derecho a la alimentación, seguridad alimentario y nutricional de la población. Establecimiento de un marco jurídico". Se trata de un proyecto de ley marco sobre el que ya habíamos estado intercambiando opiniones. Para avanzar en su tratamiento convocamos a esta reunión a tres delegaciones: al Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Udelar, al Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del INDA y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La solicitud de convocarlas fue realizada por algunos integrantes de la Comisión. Después de que ya se habían cursado estas invitaciones, la diputada Rettich nos hizo llegar su solicitud de convocar a representantes de la Asociación Celíaca del Uruguay y de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Como la sesión de hoy ya estaba ordenada, no pudimos dar lugar a ese pedido. En consecuencia, proponemos que en una próxima sesión recibamos a las delegaciones solicitadas por la diputada Rettich

  En función de los tiempos que nos habíamos marcado para avanzar en este proyecto de ley marco, pienso que en esa misma sesión podríamos considerar las propuestas que haya para mejorarlo y ponerlo a votación.

  Además, tenemos a estudio dos proyectos de ley referidos a excedentes de productos de alimentación: "Excedentes de productos de alimentación" y "Programa nacional de prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos". Como recordarán, habíamos acordado tratar, primero, el proyecto de ley marco e inmediatamente después las iniciativas sobre excedentes.

  Si estamos de acuerdo, en una próxima sesión podríamos recibir a las dos delegaciones que solicita la diputada Rettich, luego, poner a votación el proyecto de ley marco y, finalmente, analizar los proyectos referidos a excedentes alimentarios.

  Por otra parte, les quiero comentar una situación excepcional que tiene que ver con algo que seguramente todos los legisladores y todas las legisladoras de la Comisión conocen.

  Probablemente, la semana que viene se apruebe en el plenario del Senado el proyecto de ley referido a personas trans que ya fue aprobado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de esa Cámara. Ese proyecto sería remitido a nuestra Comisión. Se nos ha manifestado por parte de la bancada del Frente Amplio la necesidad de aprobarlo a la brevedad en virtud de que los plazos constitucionales impedirían aprobar algunos aspectos contenidos en el proyecto de ley si no se aprueba en los próximos días.

  Teniendo en cuenta que estamos frente a una situación excepcional, deberíamos analizar cómo tramitamos la discusión de ese proyecto de ley. Como decía, sería aprobado el martes en el Senado y, eventualmente, ese mismo día en la tarde ingresaría a Cámara de Diputados y sería destinado a nuestra Comisión

  Nosotros tenemos sesión ordinaria el jueves 18. En principio, propongo interrumpir el tratamiento de los temas referidos a la alimentación y destinar la sesión del jueves 18 a la consideración del proyecto de ley referido a personas trans.

  A su vez, solicito a los integrantes de la Comisión que, si es posible, me habiliten a convocar una sesión extraordinaria antes del jueves ‑por ejemplo, para el miércoles‑, en función de los acuerdos que se establezcan en la coordinación interpartidaria respecto al día en que se va a tratar esto en el plenario de la Cámara. Nosotros no tenemos todavía seguridad respecto a si este tema se va a considerar en una sesión extraordinaria de Cámara, la semana que viene o la otra. Eso podría alterar el cronograma y sería necesario que esto fuera abordado, eventualmente, un día antes, por esta Comisión.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ No entiendo muy bien cuál es la necesidad de que haya una sesión extraordinaria de la Comisión. Si esto va a entrar a la Cámara entre el martes y el miércoles ‑porque el Senado lo va a aprobar el martes‑, y hay reunión de esta Comisión el jueves, ese día se supone que la Comisión no solo le va a dar entrada al proyecto, sino que, eventualmente, ya puede empezar a tratarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Yo hablé de una extraordinaria de la Comisión pensando en la posibilidad de que el proyecto ingrese a Cámara el martes, eventualmente, pudiéramos abordarlo en Comisión el miércoles y no el jueves, en caso de que la sesión extraordinaria de la Cámara sea el propio jueves. Es algo que no lo tenemos claro, porque depende de los acuerdos interpartidarios que se establezcan, que todavía no están firmes.

SEÑOR VERRI (Walter).‑ En primer lugar, debo decir que la superposición de tareas del Parlamento hace que, en este momento, esté participando de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria de la Cámara, que se está llevando a cabo a fin de sacar unos cuantos proyectos que teníamos pendientes. Por lo tanto, les quiero trasmitir que solo voy a estar estos minutos en esta Comisión.

  En segundo término, con relación a lo que el presidente acaba de mencionar, lamento profundamente que tengamos que tratar un proyecto de ley de esa magnitud, de esa importancia y con ese grado de involucramiento que tiene en la sociedad en apenas horas, en un sistema bicameral, como es el nuestro.

  La Cámara de Diputados tiene el mismo derecho que la de Senadores a analizar el proyecto con la profundidad que amerita, en función de que es un proyecto polémico, que no recoge unanimidad en muchos aspectos, más allá de que algunos se han corregido.

  Entonces, a priori, no comparto el apuro; no estaría dispuesto a aceptar lo que usted está proponiendo. Obviamente, lo voy a llevar a consideración de la bancada y decidiremos qué hacer con la votación, pero me parece que no se está respetando el principio de tener un sistema bicameral, donde ambas Cámaras tienen la misma jerarquía y el mismo derecho a analizar en profundidad los proyectos de ley. Quiero dejar constancia de cuál es mi posición primaria sobre el tema; después, decidiremos en cuanto al fondo del asunto, que es la votación del proyecto.

SEÑOR AMARILLA (Gerardo).‑ En el mismo sentido que el diputado Verri, queremos dejar constancia del reclamo y del rechazo a esta forma de tratar proyectos de ley tan complejos, que han estado tanto tiempo ‑más de un año‑ en la Cámara de Senadores y llegan a la Cámara de Diputados casi que sin tiempo para analizarlos.

  Además, adelanto que tenía intención de citar a algunas organizaciones a la Comisión y me interesaría que se generara un espacio para eso. Por ejemplo, me gustaría escuchar a los prestadores de salud, que no han sido convocados para opinar sobre este tema. Como obligados que serán si el proyecto prospera, corresponde que las cuatro organizaciones de prestadores privados de salud comparezcan a la Comisión y expongan sobre las obligaciones a que el proyecto los somete.

  Por lo tanto, dejo planteada la solicitud de que, si es posible, se realice esa invitación para la sesión extraordinaria que el presidente plantea.

SEÑOR ZABALA (Alejandro).‑ Compartimos la preocupación que han manifestado los diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado, que tiene que ver con el ejercicio democrático de la tarea republicana en el Parlamento, pero también somos conscientes de que el proyecto de ley que sería aprobado por la Cámara de Senadores contiene algunas disposiciones que coliden con el artículo 29.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Es el artículo 229.

SEÑOR ZABALA (Alejandro).‑ Sí, me corrijo: el artículo 229. Continúo: el proyecto de ley que sería aprobado por la Cámara de Senadores contiene algunas disposiciones que coliden con el artículo 229, y eso implica que tengamos algunos plazos. Si no, deberíamos postergar su aprobación hasta finalizar el ciclo electoral y al Frente Amplio le parece un tiempo demasiado dilatado, también por las razones de pública notoriedad que ha tenido el debate y, más allá de que evidentemente estamos muy cortos de tiempo, priorizamos no seguir postergando esta decisión, sea la que sea, a favor o en contra.

  Entonces, vamos a respaldar la propuesta que hizo el presidente de la Comisión, obviamente, dándonos todos los tiempos que podamos dentro de esas restricciones, que son constitucionales y que tienen que ver también con el debate que ha tenido el proyecto en el Senado. Nuestro sector no tiene representación en el Senado, pero hemos seguido el debate público, hemos leído el proyecto, y tenemos una opinión formada. Obviamente, que siempre es mejor tener más tiempo y escuchar las posiciones y las opiniones técnicas, pero entendemos la preocupación que plantea el presidente con respecto a los tiempos y los plazos que tenemos, así que, dentro de esas restricciones, estamos dispuestos a movernos.

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).‑ En el mismo sentido que los compañeros de bancada, nosotros entendemos que este es un tema polémico y nos gustaría ‑como dijo el señor diputado Amarilla‑ contar con alguna otra visión, además de las que ha tenido el Senado, independientemente de que se pueda compartir o no el proyecto. En ese sentido, quizás, no alcanzaría con una sola sesión extraordinaria. Tal vez, podríamos realizar la que corresponde a los días jueves y alguna otra reunión extraordinaria para aclarar ciertas cuestiones que queremos considerar.

  Asimismo, ya que estamos en temas de coordinación, quisiera decir que hemos presentado una nota vía mail sobre la posibilidad de una convocatoria a las autoridades del Consejo de Educación Primaria y del Mides por la situación generada en la Escuela N° 68 de San José. Teniendo en cuenta lo que estábamos hablando recién en cuanto a la agenda, nos gustaría coordinar la visita de las autoridades, por lo menos, para los primeros días de noviembre, ya que es un tema que ha golpeado mucho a los padres y a la sociedad de San José. Si bien vamos a priorizar el proyecto de ley del que estamos hablando, nos gustaría que la coordinación colocara el tratamiento de ese asunto en los primeros días de y que pudieran estar presentes las autoridades.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Mesa entiende el planteo que se hace ‑y es compartible‑ en cuanto a la necesidad de hacer un tratamiento más exhaustivo en la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley referido a personas trans.

  Ahora, el problema que nos trasladaban los compañeros de la bancada del Frente Amplio ‑inquietud que además compartimos‑, tiene que ver con la necesidad de dar rápido tratamiento a este tema, debido a la limitación constitucional que determina hasta qué momento pueden ser aprobados algunos de los aspectos contenidos en el proyecto de ley. Obviamente, nosotros no somos responsables del trámite que se le dio a este proyecto en el Senado: si fue más largo o más corto, y si nuestras posibilidades de seguir profundizando en él se restringen por las limitaciones que establece la Constitución de la República respecto de los tiempos para aprobar estos temas.

  En ese balance de circunstancias, existe voluntad política por parte de la bancada del Frente Amplio de aprobar este proyecto antes de que se venza ese plazo constitucional, para que puedan aprobarse los aspectos que de lo contrario no podrían entrar en vigencia.

  Ese es el problema que tenemos entre manos y que la Mesa planteaba. Es sabido que el contenido del proyecto de ley es polémico y es razonable el pedido de darnos más tiempo para discutir, pero tenemos esta limitación y debemos tomar una definición a ese respecto.

SEÑOR MERONI (Jorge).‑ Comparto el planteo que hacen los diferentes integrantes de la Comisión en cuanto a los plazos y a los tiempos que llevó la discusión en el Senado y los que se nos da en la Cámara de Diputados.

  Nosotros seguimos el tema de cerca y en varias oportunidades estuvimos reunidos, analizándolo con diferentes actores que nos han pedido entrevista. Ahora, el diputado Amarilla decía que quedaron algunos actores que no fueron invitados ni escuchados en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado. Entonces, lo que planteamos es que el próximo jueves se reciba a esas organizaciones de la actividad privada de la salud ‑a las que refería el diputado Amarilla‑ y que ese mismo día se vote el proyecto en Comisión, manejando la posibilidad de que el día viernes, en una sesión extraordinaria de la Cámara, demos aprobación a esta iniciativa, por lo que planteaba el diputado Zavala ‑y el diputado Abdala le hacía una corrección sobre el número del artículo‑ sobre los plazos constitucionales, porque la idea de nuestra fuerza política es que este asunto quede aprobado en este período legislativo que se está por cerrar

  Digo una vez más que los plazos constitucionales marcan que este proyecto debe ser aprobado antes de fines de octubre.

  Por lo tanto, estamos planteando que para la reunión del próximo jueves se invite a que participen estas organizaciones de la actividad privada, para que ese mismo día podamos estar votando este proyecto de ley que proviene de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado.

SEÑORA LÚSTEMBERG (Cristina).‑ En cuanto a la propuesta del señor diputado Amarilla, con la libertad que tiene cada uno de nosotros, me pregunto por qué no invitar al Ministerio de Salud Pública, que es el que rige y tiene la rectoría de las prestaciones y servicios, en vez de a las instituciones privadas, cuando trabajan con el Ministerio, con la Junta Nacional de Salud y tienen su lugar. Entonces, no me queda claro por qué específicamente se hace esa propuesta; no obstante, por supuesto que la acompaño.

SEÑOR AMARILLA (Gerardo).‑ Me parece que la apreciación que hace la señora diputada Lústemberg es correcta y la aceptamos: capaz que también hay que invitar al Ministerio, pero entiendo que los operadores privados ‑que son los que se pueden ver afectados directamente por el gravamen que les generará los tratamientos que van a tener que cubrir con las mismas cápitas‑ son interesados que deben opinar sobre el tema independientemente de que ‑como dice la señora diputada Lústemberg‑ correspondería sumar a la invitación al Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entiendo que el criterio que se está adoptando por parte de las legisladoras y de los legisladores que han intervenido sobre el tema de las convocatorias es invitar a delegaciones que no fueron convocadas en la etapa de discusión en el Senado. Entonces pregunto: ¿tanto las instituciones de asistencia médica colectiva, como el Ministerio de Salud Pública, no concurrieron en la etapa de discusión del proyecto de ley en el Senado?

  (Diálogos)

—Entonces, con ese criterio, estaríamos haciendo la convocatoria al Ministerio de Salud Pública y a las instituciones privadas, para conocer su parecer sobre el proyecto de ley y con respecto a las prestaciones que están contenidas dentro de la iniciativa referida a cuestiones de salud.

  Si estamos de acuerdo, en primera instancia, definiríamos hacer esta convocatoria para el próximo jueves 18, cuando tendrá lugar nuestra sesión ordinaria, y en esa misma reunión votar el proyecto de ley, en el entendido de que para ese mismo día, o eventualmente para el viernes, se podría convocar a una sesión extraordinaria para considerar este proyecto en el pleno de la Cámara. Ahora, por si los acuerdos interpartidarios referidos al tratamiento de este proyecto dieran lugar a alguna otra solución que nos exigiera más respecto de los tiempos, la Mesa solicita a la Comisión autorización para convocar a una sesión extraordinaria para el día miércoles 17 ‑en un horario que trataríamos que no se superpusiera con el de las otras Comisiones en las que participan los integrantes de este Cuerpo‑ a fin de adelantar la comparecencia de esas delegaciones. Reitero que esto es ante la eventualidad de que los acuerdos interpartidarios sobre la consideración del tema en el plenario nos exijan adelantar el tratamiento del tema.

  (Apoyados)

—Entonces, convocaremos a estas dos instituciones para el 18 de octubre y, en caso de que fuera necesario, adelantaríamos su comparecencia para el día 17, con la idea de votar el proyecto de ley en esa misma sesión.

  Por otra parte, el diputado Bacigalupe hacía referencia a un tema que la Mesa también iba a mencionar: la solicitud de comparecencia de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo de Educación Primaria por la situación acaecida en una escuela de la ciudad de San José. El diputado planteaba la posibilidad de agendar esa comparecencia para el mes de noviembre, en atención de que ya tenemos otros temas previstos para la sesión que nos queda en el mes de octubre. Entonces, si todos están de acuerdo, estaríamos haciendo los contactos en este sentido.

SEÑOR VIERA (Nicolás).‑ Yo estoy de acuerdo en recibir a las autoridades que propone el diputado Bacigalupe. Ahora, sinceramente, quisiera tener información acerca de cuál es el planteo de fondo, porque vamos a convocar a instituciones del Estado sin saber cuál es el que se le va a realizar. Entonces, no en detalle, pero al menos en líneas generales, me gustaría saber de qué estamos hablando.

  Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La nota se refiere a los problemas ocurridos en la Escuela Nº 68 de la ciudad de San José. Entiendo que lo que está planteando el señor diputado Viera es la necesidad de ampliar el asunto del que se trata, antes de hacer las gestiones para convocar a las autoridades.

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).‑ La situación ‑tratando de resumirla; creo que ha salido hasta en la prensa nacional‑ tiene que ver con que en esta escuela el programa Uruguay Trabaja, del Mides, estaba realizando arreglos o trabajos de pintura y una de las personas que estaba trabajando en ese programa entró al baño de los niños, donde había dos escolares. Este trabajador ‑según versiones de prensa y reuniones que tuvimos con algunos padres‑ le preguntó algo a un niño, este no le contestó y por eso lo levantó, lo tomó, y lo llevó a uno de los waters y le puso la cabeza allí; y no fue suficiente con eso, sino que le puso la cabeza en otro water. Esto, obviamente, generó una denuncia por parte del niño y todo un tema que ha llevado a que, aparentemente, este trabajador fuera separado del programa, pero hay denuncias policiales y, obviamente, intervino Primaria y el Mides. Por eso, la convocatoria que queremos realizar es para saber realmente lo que pasó, porque hay diferentes versiones. Por lo menos, querríamos escuchar la versión oficial, qué se hizo en este caso, y conocer los protocolos y cómo se actúa. Querríamos preguntar esto no solamente por el hecho en sí, sino porque queremos tratar de minimizar riesgos en el futuro. Y no estamos hablando solamente por este programa del Mides, sino por la situación que hoy se da en muchos centros de estudio del país en los que se trabaja ‑no solamente a través de este programa, sino también por medio de empresas particulares‑ en contacto directo con niños. Si bien hasta ahora no habíamos escuchado que hubiera pasado nada, esto pasó. Entonces, queremos saber qué se va a tratar de hacer de aquí en adelante y si existe un protocolo o, en caso contrario, si no se debería elaborar uno para estas actuaciones y trabajos que se realizan en los centros de estudios en los mismos horarios en los que asisten los estudiantes. Esto es lo que querríamos hacer, obviamente resumiendo muchísimo todo lo que ha pasado desde el día viernes hasta hoy.

  Recién ‑hace cinco minutos‑ se contactó con nosotros el padre de ese niño, tremendamente preocupado. Nosotros no habíamos hablado con la familia, porque nos parecía que si no nos llamaba nosotros no debíamos contactarla, pero recién recibí esa llamada. Por eso, querríamos saber no solamente lo que pasó, sino cuáles van a ser las medidas que se van a tomar de aquí en más.

SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).‑ Quisiera consultar una opción que quizás pueda resultar improcedente.

  Yo tenía dos temas para plantear y uno refiere a esta situación, de la cual entiendo la gravedad. Me parece que quizás pueda ser una situación puntual, a no ser que haya habido más casos de este tipo de los cuales no tengamos conocimiento. Tal vez podríamos generar un grupo interpartidario, no en el ámbito de la Comisión, en el que nos sentemos a conversar con las autoridades de Uruguay Trabaja para ver qué podemos hacer. Entiendo la sensibilidad que genera el tema, pero me parece que esta es una situación puntual que no deja de ser preocupante y quizás podríamos buscar un ámbito de ese tipo. Lo planteo porque también tenemos otros proyectos. Por ejemplo, yo quería consultarlos porque ya ingresó el proyecto que nosotros tenemos en discusión, relativo a garantías y desarrollo en primera infancia, que también va a llevar una amplia discusión porque queremos que sea aprobado y se consulte a todos los integrantes del sistema político, así como instituciones de la sociedad civil, autoridades del Poder Ejecutivo y del ámbito académico. Por tanto, nos va a llevar tiempo y quizás también haya otros proyectos pendientes. Por eso, no sabía si a raíz de esta situación puntual no podríamos tener una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y autoridades de Uruguay Trabaja y analizar el tema, pero quizás de la manera que planteé, por los tiempos que tenemos en la Comisión.

  No quiero minimizar esta situación bajo ningún concepto, pero debemos saber que uno no puede generalizar que todos los trabajadores que hoy están insertos en el programa Uruguay Trabaja tengan un perfil que genere alerta. Creo que esta es una situación que requiere ser corregida y está bien que tengamos un encuentro. Quizás sea improcedente mi iniciativa y, por supuesto, acompaño lo que la mayoría resuelva, pero me parece que si vamos analizando cada situación puntual no podremos resolver los problemas de millones.

SEÑOR BACIGALUPE (Rúben).‑ Entiendo lo que plantea la diputada Lústemberg. El problema es que no sabemos si esta fue una situación puntual y si en otros lugares no ha pasado lo mismo, porque en principio se trató de esconder este tema en San José. Pero reitero que frente a esta situación puntual, que nunca se había dado, lo que queremos es que se trate de minimizar los riesgos a futuro.

  Insisto en que esto no es en contra del programa Uruguay Trabaja, ya que estamos de acuerdo en que exista, pero este tipo de situaciones en las que hay trabajadores en horarios en los que asisten escolares o alumnos de los centros de estudio se da continuamente, y por eso querríamos saber si hay un protocolo respecto a cómo deben convivir los trabajadores y los alumnos, y si no lo hay, si no se puede armar. Lo planteo porque esta situación que aparentemente nunca se había dado, se dio. Entonces, nos parece que debemos acudir a las autoridades competentes en el tema. Por eso, planteamos esta inquietud, y no simplemente por lo que pasó, que para nosotros es tremendamente grave, sino para que la Comisión y el Parlamento podamos saber si las autoridades nacionales van a buscar algún mecanismo, o quizás lo tienen y los controles fallaron, o el protocolo falló, o no se hizo lo que se debía hacer. Eso es lo que queremos saber y nos parece que las autoridades nacionales podrían explicarnos ese tema, ya que más allá de escuchar las explicaciones de los hechos ‑debido a que lo que hemos escuchado no se ajusta a la verdad de lo que sucedió y de lo que se ha dicho‑ queremos mirar hacia adelante. Por eso es que planteamos convocar a las autoridades que son las que, en definitiva, resuelven estos temas.

SEÑOR AMARILLA (Gerardo).‑ Entiendo el planteo de la diputada Lústemberg, que viene con la impronta del Poder Ejecutivo. Pero, en realidad, los ámbitos que tenemos en el Parlamento para legislar y fiscalizar son las Comisiones. Y aun situaciones que nos parezcan puntuales, o un hecho irregular que se da en un centro de estudio, es un tema para considerar con las autoridades en la Comisión. Obviamente, podríamos buscar atajos como reuniones de un subgrupo, pero eso no está previsto en el Reglamento y los legisladores tenemos ese amparo para plantear los temas que creemos que son irregulares en los ámbitos que tenemos, que en este caso son las comisiones.

SEÑORA HUGO (Claudia).‑ Creo que más allá de la situación puntual y de lo que se planteó, este es un tema que no es para esta Comisión, sino para la de Derechos Humanos. Tal vez esté equivocada, pero me parece que no corresponde el tratamiento de ese tema en esta Comisión.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Yo discrepo con lo que se acaba de expresar. Desde el punto de vista de la distribución de las competencias, este tema corresponde a esta Comisión, sin perjuicio de que pueda haber una competencia compartida con la de Derechos Humanos, en la medida en que haya una afectación de los derechos humanos de determinadas personas. Pero para el contralor del Ministerio de Desarrollo Social en el Parlamento la Comisión espejo es esta, que es la que tiene que ver con el desarrollo social.

  Estamos hablando de hechos que habrían acontecido en el ámbito de ese Ministerio. Entonces, por esa sola razón y por la eventualidad de tener que responsabilizar, si fuera el caso, a la titular o a los titulares del órgano, esta Comisión tiene competencia, más allá de que podemos estar de acuerdo si es razonable o no convocar a las autoridades. Creo que como aquí se ha dicho, dentro de las prerrogativas y los derechos de los legisladores, en función del ejercicio del contralor parlamentario que supongo que todos reconocemos como una de las tareas fundamentales del Poder Legislativo, está el hecho de hacer los planteos o dejar de hacerlos.

  A efectos de zanjar esta discusión, me parece que este asunto se planteó a partir de una preocupación de la diputada Lustemberg en cuanto al mejor aprovechamiento del tiempo y a poder dar trámite a su iniciativa ‑adelanto que la conozco, porque la diputada tuvo la gentileza de hacérmela llegar y desde ya trasmito que tengo una mirada muy favorable‑, pero entiendo que podemos estructurar las actividades de tal manera de que podamos avanzar en todas las direcciones que aquí se han planteado y satisfacer las inquietudes de todos los señores legisladores, tanto del diputado Bacigalupe para atender la cuestión particular que planteó, como de la diputada Lustemberg para poder avanzar en su proyecto de ley. Es más, presumo, y tal vez la diputada Lustemberg lo pueda aclarar, que en el ámbito del Poder Ejecutivo uno de los ministerios que es menester consultar con relación a su iniciativa es el de Desarrollo Social. Entonces, quizás podamos aprovechar la misma instancia para hablar de las dos cuestiones, como habitualmente se hace en todas las comisiones parlamentarias.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Recuerdo a los señores legisladores que hay tres delegaciones esperando.

SEÑOR MERONI (Jorge).‑ No vamos a seguir discutiendo porque están los invitados esperando.

  En ese sentido, propongo que cuando recibamos a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social se invite a participar a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, porque entendemos que hubo una violación del derecho humano de un niño.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entiendo que hay dos aspectos que tienen que ver con cómo dar curso a la solicitud del diputado Bacigalupe. Uno tiene que ver con las competencias de la Comisión y el otro con el cronograma de trabajo.

  En cuanto a las competencias, puedo decir que entiendo que la situación sucedió en un centro educativo que está en la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Por lo tanto, me parece que es competencia de la Comisión de Educación y Cultura. No obstante, el diputado Bacigalupe ha hecho la solicitud en esta Comisión y no podemos impedir que las autoridades concurran a dar su visión. El funcionario está dentro de un programa del Mides, pero la situación ocurrió en un centro de educación primaria, donde los niños están bajo los controles de la institución educativa. El diputado solicita la comparecencia de las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria y del Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, entiendo que la idea de los integrantes de la Comisión no es obstaculizar la posibilidad de conversar sobre este asunto, sino encontrar el mejor ámbito para hacerlo.

  En ese sentido, propongo comunicarnos con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo de Educación Inicial y Primaria y enviar la versión taquigráfica para saber qué posibilidades tienen de concurrir a la Comisión, y en la próxima sesión definir el día de la convocatoria y a qué otras comisiones invitamos.

  Por otra parte, ayer recibimos una solicitud de Afinda y Utmides, que son los sindicatos de trabajadores del Instituto Nacional de Alimentación y del Ministerio de Desarrollo Social, para ser recibidos por una situación que se está dando con los programas alimentarios. Nosotros estamos trabajando con dos proyectos que refieren a la alimentación, pero entiendo que este pedido no tiene que ver con eso, sino con una situación planteada a raíz de los programas que se llevan a cabo por parte del Instituto Nacional de Alimentación y del Ministerio de Desarrollo Social.

SEÑOR VIERA (Nicolás).‑ Como hacemos habitualmente en esta Comisión, si se solicita una entrevista se otorga.

  Sin embargo, tenemos que atender la globalidad de los tratamientos de los temas en este Parlamento. Digo esto porque la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos recibió a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del INDA para conversar sobre este tema por el que ahora los trabajadores solicitan audiencia. No sé cuál es la solución, pero estamos tratando el mismo asunto en diferentes ámbitos de este Parlamento y me parece que eso complejiza la posible resolución del problema o el aporte que se puede hacer desde el Parlamento.

  Tengo entendido que los dos sindicatos también pidieron audiencia a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que sugiero que se integren las dos comisiones para no superponer los asuntos.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entonces, vamos a remitir a la secretaría de la Comisión de Derechos Humanos la solicitud que nos llegó y plantear nuestro interés de ser invitados cuando se realice la convocatoria a los sindicatos. Me parece que es más simple que integrar las comisiones.

  Además, propongo responder a los trabajadores explicando que, en función de que el asunto está en la órbita de la Comisión de Derechos Humanos, vamos a proceder de esa manera.

  (Apoyados)

——Por otra parte, la diputada Lustemberg planteó priorizar el tratamiento del proyecto sobre primera infancia que ingresó hace pocos días.

SEÑOR VIERA (Nicolás).‑ Quiero manifestar el respaldo absoluto al proyecto sobre primera infancia que presentó la diputada Lustemberg, como también señaló el diputado Abdala.

  Creo que esta Comisión debería comprometerse a abordarlo en el correr de estos meses, de modo que a fin de año podamos remitirlo al plenario de la Cámara.

  (Interrupción del señor representante Pablo Abdala)

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Tomamos nota de los planteos.

  En la próxima sesión, después de considerar el proyecto sobre personas trans, vamos a ajustar la agenda, tanto en lo que refiere a la convocatoria planteada por el diputado Bacigalupe, como para considerar los proyectos que hemos acordado abordar.

  Ahora, vamos a hacer pasar a las delegaciones.

  (Ingresa a sala una delegación del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional INDA‑ Mides y del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Udelar)

——La Comisión de Población y Desarrollo da la bienvenida al Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional INDA‑ Mides, representado por el director nacional del Instituto de alimentación, doctor Gerardo Lorbeer; por la nutricionista Joseline Martínez; por el asesor Nicolás Minetti, y por la asesora doctora Marta Pintos, y al Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Udelar, representado por la magíster en nutrición María Rosa Curuchet; por la licenciada Gloria Canclini; por el doctor Juan Ceretta, y por el doctor Alejandro Borche.

  El motivo de la convocatoria a estas dos instituciones refiere al tratamiento del proyecto que establece un marco jurídico sobre el derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional de la población que está a consideración de la Comisión.

SEÑORA CANCLINI (Gloria).‑ Soy la co‑ coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Udelar junto al doctor Borche.

  Los demás compañeros también integran el equipo y se irán presentando en la medida en que hagan uso de la palabra.

  En primer lugar, queremos comentarles que nuestra intervención en esta materia tiene su origen en un acuerdo entre la FAO y la Universidad de la República, en el marco de una estrategia que viene realizando la FAO a nivel regional de acercar la academia como apoyo al trabajo de los parlamentarios.

  La ley marco del derecho a la alimentación también tiene como referente la misma ley que fue aprobada por el Parlamento Latinoamericano y, como ustedes verán en el documento que nosotros entregamos a la comisión especial que estuvimos asesorando, hay todo un estudio comparativo de normas de similares características en América Latina.

  Dicho esto, es interesante, porque como dice la página 9 de nuestro documento es un trabajo conjunto entre universitarios y parlamentarios que están sensibilizados por los problemas del hambre y la malnutrición y, entonces, han conformado, a nivel regional, los frentes parlamentarios, tanto el regional como el frente parlamentario el capítulo nacional.

  La comisión especial a la cual asesoramos sobre el derecho a la alimentación de la Asamblea General es el capítulo nacional del frente parlamentario.

  En términos generales, el proyecto de ley que los señores diputados tienen a estudio contempla toda la institucionalidad que tiene que ver con los componentes básicos del derecho a la alimentación. Me refiero a todas las instituciones del Estado que tienen el cometido de garantizar disponibilidad, estabilidad, accesibilidad, sostenibilidad y adecuación.

  Esta ley también fue concebida con enfoque de derechos, en el sentido de que no consideramos a los sujetos como sujetos con necesidades, sino como titulares de derechos. Luego el doctor Ceretta se referirá a ese tema de los derechos que están en juego en este proyecto.

  También es importante señalar que este marco normativo solamente es eficaz y puede prosperar si cuenta con la voluntad política de generar un marco en el que las instituciones que tienen competencia en la materia tengan la posibilidad de coordinarse y de hacer más eficaz y más eficientes las políticas, pero esta ley también prevé un componente de participación y empoderamiento de la sociedad civil. Con ese mismo espíritu es que hemos hecho este trabajo, cuyo resultado es el informe que tienen allí. Como metodología, no solamente tratamos de revisar, en términos comparativos, a nivel regional, la normativa existente, sino también de analizar su congruencia con la normativa interna. Además, hemos hecho actividades que también están reflejadas allí con muchos actores, tanto de las instituciones del Estado, como de la sociedad civil y organizaciones de productores, recabando las distintas miradas y perspectivas para tenerlas en cuenta a la hora de contribuir a dar contenido al proyecto original.

  Como advertirán los señores diputados, en ese proyecto original había capítulos que todavía no estaban bien definidos como, por ejemplo, la institucionalidad, a la que luego se referirá el doctor Borche, así como también a la participación de los sujetos en los cuales recae esta ley.

  Hemos hecho conversatorios, entrevistas.

  En este mismo espacio, también hemos hecho seminarios. Inclusive, participamos en el Diálogo Social del año 2016, del que resultó un documento que para nosotros fue una referencia a la hora de poder dar un formato final a este proyecto de ley.

  El proyecto de ley que tienen a consideración los señores diputados tiene una vinculación muy fuerte con el compromiso que asumió el país en el marco de la Celac respecto de la Agenda 2030 y, en especial, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, relativo al hambre cero, que también tiene un componente de nutrición y de responsabilidad en el estado nutricional de los habitantes.

  Si van a la página 7 de nuestro informe, verán allí que, precisamente, el ODS habla de poner fin al hambre, de lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y de promover la agricultura sostenible. Al pie de esa página 7 se detalla alguna información más sobre el diálogo social como una fuente de referencia que tomamos y los conceptos de seguridad e inseguridad alimentaria.

  ¿Por qué digo esto? Porque cuando mi compañera, la magíster María Rosa Curuchet haga su intervención, verán que este proyecto de ley abre camino a un proceso que, finalmente, nos llevará a un sistema alimentario sostenible.

SEÑORA CURUCHET (María Rosa).‑ La propuesta que estamos incorporando tiene la perspectiva de sistema alimentario sostenible. Velar por proteger, por respetar, por hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada no es solo estar protegido contra el hambre. Estar protegido contra el hambre es un pilar fundamental, así como trabajar para erradicar el hambre y la malnutrición, sobre todo vinculada con el déficit. Se intenta tener una mirada mucho más amplia al considerar la malnutrición en todas sus formas.

  En ese sentido, como país tenemos un desafío muy grande, vinculado a que tenemos un sistema alimentario que está afectando fuertemente el bienestar y la salud de nuestra gente. Tenemos un incremento muy importante del sobrepeso, de la obesidad y de las enfermedades no trasmisibles que se vinculan con aquellos y con un estilo alimentario inadecuado.

  Por otro lado, tenemos que erradicar todo lo vinculado con el déficit, la desnutrición, el retraso del crecimiento, la anemia infantil.

  Con este proyecto apuntamos a tener una mirada de conjunto, una visión de sistema, que es importante cuando hablamos de proteger contra el hambre.

  Ese es un aporte nuevo de la redacción de este proyecto con relación a lo que era la propuesta original.

SEÑOR CERETTA (Juan).‑ Mi participación en el equipo tiene que ver con intentar aportar una visión del derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental, vinculado no solamente con asegurar el acceso a la alimentación adecuada, sino también con el derecho a la información. Es decir, que todos estemos en condiciones de comprender, en términos acabados, qué consumimos cuando hablamos de alimentos.

  En ese sentido, mi participación tiene más que ver con esta visión, en la medida en que, como derechos, son exigibles, y con la posibilidad, en caso de violación o vulneración de estos derechos, de hacer un planteo de tutela jurisdiccional, es decir, de exigirlos a través de una acción judicial.

  El proyecto establece un proceso específico, con características especiales para proteger este derecho fundamental. Nos animamos a proponer herramientas procesales más modernas que aún no están reconocidas en el derecho uruguayo. Por ejemplo, la existencia de un proceso breve, especial, con características que se compadecen con la tutela de este derecho y, además, con algunos instrumentos especiales como la inversión de la carga de la prueba en cuanto a la información sobre los alimentos. En este tipo de procesos el consumidor no tiene la carga de demostrar la composición de los alimentos; esa carga se invierte respecto a quien es demandado.

  Otra peculiaridad tiene que ver con la inclusión de una figura jurídica que se utiliza a nivel internacional que permite la participación de otros actores especializados en la temática, como asesores no vinculantes del juez, que tiene que tomar decisiones en la tutela del derecho a la alimentación. Esta figura en materia de derechos humanos se viene utilizando desde hace mucho tiempo en el mundo. En Uruguay no ha sido aún recogida, aunque tampoco está prohibida. A veces se generan discusiones en el ámbito jurisdiccional sobre si es posible que otros actores de especial relevancia y con conocimiento técnico en la materia participen de un proceso en el que no son parte.

  Con estos criterios intentamos regular. La regulación no implica crear instrumentos que no existan. Este mismo planteo puede hacerse al día de hoy invocando la estructura procesal del amparo o de algunas otras herramientas más modernas de la legislación. Simplemente, trata de establecer un marco claro y seguro para que todos los involucrados sepan a qué reglas atenerse y para que la argumentación no tenga que construirse sobre la marcha.

  Ese es el aporte que he tratado de dar con mis compañeros al proyecto.

SEÑOR BORCHE (Alejandro).‑ Respecto a la mirada institucional, partimos de un trabajo de investigación que realizamos a nivel del observatorio sobre estos aspectos y encontramos una gran dispersión a nivel institucional. El remedio que encontramos para consagrar en una ley marco es un organismo que se encargue fundamentalmente de la coordinación

  En el artículo 23 se crea un sistema nacional del derecho a la alimentación, compuesto por dos órganos. Uno de ellos es una comisión nacional, que trata de que los distintos organismos que tienen competencia en la materia coordinen, asesoren en políticas, presenten un informe anual al Parlamento y promuevan la cooperación técnica. En el Estado muchas veces nos pasa que cada organismo no sabe lo que está haciendo el otro.

  El segundo organismo es una secretaría técnica, que se encargaría de los temas de seguimiento, de investigación y de apoyo al organismo coordinador. No estaríamos creando órganos porque la secretaría técnica sería adjudicada al Instituto Nacional de Alimentación, que es un organismo de muy antigua data en nuestra organización institucional. Además, tiene grandes fortalezas institucionales como para desempeñar la secretaría.

SEÑORA CANCLINI (Gloria).‑ Este proyecto nos obliga a pensarlo como un marco estratégico. Ustedes tienen a estudio el programa sobre el tratamiento de pérdidas y desperdicios. Este gran marco estratégico establece un rumbo, un gran paraguas, en el que luego entran las leyes subsidiarias, como la que van a estudiar referente a pérdidas y desperdicios.

  Tratamos de buscar la armonía en la ejecución de las políticas y algo muy importante: que desde el arranque exista la posibilidad de establecer un sistema de monitoreo y evaluación de lo que está pasando con las normas que este Parlamento aprueba. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas es fundamental ‑esta de más que yo lo diga‑ para rediseñar, readecuar o actualizar normas vigentes.

  Esta ley marco sobre derecho a la alimentación tendría que ser aprobada rápidamente, para ver si al final de este período Uruguay puede exhibirla; pretendíamos que fuera en octubre, cuando se celebra en Madrid la Cumbre Parlamentaria Mundial.

  Quiero destacar el rol importante que cumplió la FAO apoyando el trabajo parlamentario y también desde la oficina local, la representación local que siempre nos da cobertura e instrumentos para trabajar conjuntamente.

SEÑOR LORBEER (Gerardo).‑ En el marco de la invitación del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional INDA‑ Mides, queremos aclarar que fue desde el Instituto que se trabajó en algunas actividades con respecto a esta iniciativa. El análisis y lo que vamos a manifestar sobre esta propuesta parte del Instituto Nacional de Alimentación como unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando analizábamos las propuestas anteriores basados tanto en los alcances de legislación nacional y proyectos presentados como en los análisis comparativos regionales para elaborar la ley marco de alimentación, desde el Instituto percibíamos que hay que ubicarla con esos alcances enfocados y enfatizando la perspectiva de derecho, compartiendo los componentes básicos que articula y los conceptos.

  Cuando hablamos del concepto del derecho a la alimentación, de garantizar el acceso físico y económico a la alimentación adecuada, es en el Inciso Ministerio de Desarrollo Social y no solo en lo que respecta al Instituto Nacional de Alimentación que se desarrollan ese tipo de políticas y de transferencias para fortalecer en lo económico el acceso a la alimentación adecuada.

  Otro gran capítulo, también como Mides, de participar en actividades para brindar insumos y reflexiones respecto a cómo debería ser esa ley marco de la alimentación adecuada, seguridad alimentaria y nutricional, fue la convocatoria al diálogo social durante todo 2016. Entre todas las mesas que participaron, en una específicamente orientada al objetivo 2, "Combate del hambre", también de seguridad alimentaria e incluso con algunos esbozos de soberanía alimentaria, el Instituto participó en una experiencia muy rica dando algunos insumos para que el Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Udelar pudiera tener ese contacto y las opiniones que surgen de la participación de la sociedad civil. Ese diálogo social incluyó a decenas de organizaciones que se manifestaron confluyendo hacia la creación de una ley marco que garantice la alimentación a nivel nacional.

  En esta propuesta también se vieron reflejadas la legislación comparada y las propuestas aprobadas a nivel del Parlatino, avanzando mucho más en institucionalidad; el país ya cuenta con esas fortalezas con respecto a lo que se estaba comparando. Había algunas cosas que enriquecían mucho más y fortalecían el concepto del derecho a la alimentación. Y tanto del diálogo social como del conversatorio que se realizó surgieron otros instrumentos que ya están en las normas legales y jurídicas como el fortalecimiento de la agricultura familiar y pesca artesanal que en este capítulo y en la propuesta de la Udelar están por encima de lo planteado en las legislaciones de la región. Hay fortalezas importantes.

  Además, hace énfasis desde el punto de vista del derecho, fortaleciendo y consolidando los sistemas alimentarios sostenibles.

  Por último, hay capítulos que parecen menores con respecto al alcance y a lo que la ley marco trata de trasmitir, pero tomando conceptos de las leyes marcos de la región incorporan algunos instrumentos que deben utilizarse cada vez más; son aspectos que deben incorporarse en una ley marco. Me refiero al capítulo de las emergencias de todo tipo y cómo en esas situaciones ‑y no solo en las normales de la vida nacional‑ esta ley marco fortalece el acceso al derecho a la alimentación.

  Si el presidente lo entiende pertinente solicito que los demás integrantes del equipo brinden información desde diferentes puntos de vista en cuanto a cómo desde el Instituto y del Ministerio de Desarrollo Social fuimos llegando a este proyecto que traté de resumir, implicando un gran avance respecto a la legislación que tenemos.

SEÑOR MINETTI (Nicolás).‑ Soy asesor del INDA y en particular estoy a cargo de los procesos de consulta.

  Además de lo ya mencionado me parece importante destacar el proceso de elaboración de esta normativa. Es un proceso creciente, de búsqueda de consensos; participaron personas de todos los sectores, de todos los partidos políticos, de todos los ámbitos de la vida social del país, inclusive, de varias universidades. Y todos llegamos a un consenso que en primer lugar se refleja en el diálogo social que por supuesto habla de la creación de una ley marco, de un plan nacional de residuos, de la promoción de la agricultura familiar, de la justicialidad: no hay derecho si no se la permite y facilita. Pero sobre todo habla de un proceso que me parece muy importante en todo proceso de consulta: la rendición de cuentas. Creamos un instrumento participativo; el proyecto plantea que cada cierto tiempo ‑anualmente‑ tenemos que presentar un informe del avance al Parlamento como organismo que representa al pueblo uruguayo y que por tanto debe ser el que reciba el informe.

  Además, asegura mecanismos claros, directos y me parece que de excelencia para facilitar la participación de todos los sectores. No es lo mismo que participe la Cámara de Industrias del Uruguay ‑tiene que participar‑ a que también se facilite la observación de un pequeño grupo de productores artesanales con una problemática particular en algún sector del país; ambos tienen que participar y es el Estado el que tiene que asegurar que ambos tengan lugar y que sus voces sean escuchadas.   Esta ley es parte de un proceso del cual nos sentimos parte, hemos apoyado su elaboración ‑sobre todo en la parte de consultas desde INDA‑ y los documentos originales claramente reflejan la opinión de la sociedad en su conjunto.

SEÑORA MARTÍNEZ (Joseline).‑ Quiero expresar el apoyo a esta propuesta del ODA, principalmente, porque brinda elementos que ayudan a perfeccionar el proyecto presentado por el senador Cardoso, ampliando el alcance del mismo.

  En él se contempla no solo el derecho a estar protegido contra el hambre ‑aquí incluiríamos desnutrición y déficit de micronutrientes‑, sino que, además, considera la malnutrición en todas sus formas. Me refiero a la doble carga de la malnutrición, donde también colocamos los problemas por exceso: el sobrepeso y la obesidad. Además, se contempla la multicausalidad de esta malnutrición, donde se destacan los estilos de vida, el ambiente alimentario que nos rodea, que está regido ‑como hablaban mis colegas‑, por un sistema alimentario que afecta los recursos naturales, el medio ambiente y promueve la elaboración de productos alimentarios inconvenientes para la salud.

  En este marco, el avance en las enfermedades no trasmisibles y sus factores de riesgo representan una amenaza para la salud y el bienestar de toda la población. Por lo tanto, el viraje que se le dio a un nuevo sistema alimentario sostenible es crucial para establecer cambios en todas las etapas del mismo y asegurar alimentos inocuos y nutritivos para generaciones futuras.

  Nos parece importante y necesario mencionar que en el derecho humano a la alimentación adecuada existen tres tipos de actores implicados y con diferentes competencias. Como todos sabemos, el Estado, como titular de obligaciones; los ciudadanos, como titulares de derecho y las organizaciones, programas e instituciones de organizaciones civiles o sociales, que serían titulares de responsabilidades.

  En relación a los ciudadanos, consideramos que no solo deben reclamar su derecho a la alimentación, sino también deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a la que pertenecen.

  Además, están obligados a procurar la vigilancia y observancia del derecho a la alimentación; deben realizar una participación activa, siendo conscientes de sus derechos y ejercer acciones para reivindicarlos, reclamarlos y controlar que los titulares de obligaciones también los cumplan.

  Conocer los caminos para acciones judiciales y el amparo del derecho a la alimentación que en las observaciones de la justiciabilidad del documento se colocan, es una necesidad imperiosa para nosotros para que la ciudadanía tenga claro cómo proceder ante casos de vulneración de este derecho.

  El Instituto Nacional de Alimentación, como titular de obligaciones, debe cumplir con las obligaciones al respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación adecuada en la población, especialmente la que nosotros tratamos: los sectores más desprotegidos.

  Esto implica fortalecer las capacidades de la institución para que sea consciente de sus obligaciones, respetuosa del derecho y transparente, promoviendo permanentemente estrategias alimentarias y políticas públicas inclusivas y participativas. En eso hemos estado trabajando.

  Debo decir que mantenemos una revisión permanente de las estrategias alimentarias, así como de su renovación y ajuste, de acuerdo a los cambios en la situación epidemiológica, nutricional y socioeconómica de la población, teniendo en cuenta los recursos del Estado.

  Señalo que también promovemos actividades de información, comunicación y educación alimentaria nutricional en la población para que haya una mejor capacidad de reclamar y hacer valer su derecho a la alimentación adecuada.

  En relación a las organizaciones de la sociedad civil, nos parece fundamental que hayan estado trabajando a lo largo de este proceso para llegar a esta propuesta, principalmente, porque la participación activa de la sociedad civil permite monitorear la rendición de cuentas de los titulares de obligaciones, además de empoderar a los titulares de derecho para que lo ejerzan adecuadamente.

  Muchas gracias.

SEÑOR LORBEER (Gerardo).‑ Quiero referirme a esta propuesta que ubica al Instituto Nacional de Alimentación con un rol de secretaría técnica. Esto lo vemos, no solo con las fortalezas que pueda tener este Instituto, sino como unidad ejecutora del Inciso 15, Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto, esas fortalezas tienen su razón de ser en los instrumentos que desde el Instituto trabajaron, mucho más fortalecidos y con mayor alcance en el propio Inciso.

  No solamente el Instituto Nacional de Alimentación tiene observatorios sociales de alimentación y nutrición, sino que el Inciso tiene, desde su creación en 2005, una Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo que tiene mucha potencia.

  Por lo tanto, desde ese lugar es que vemos ubicada a la secretaría técnica en ese marco del Mides. Ni qué hablar de otras direcciones y, por mencionar algunos ejemplos de lo que se enfatiza aquí con respecto a la agricultura familiar, todo lo que es dentro del Mides la Dinesil, Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral, o de lo que ahora es una dirección nacional, a partir de 2016, Uruguay Crece Contigo. En ese momento, en el correr de 2016, el Instituto ingresa en ese Inciso.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Me sumo a la bienvenida a las autoridades que nos acompañan.

  Quiero agradecer la información y el esfuerzo en la confección de este informe que contiene además ‑lo estuve analizando muy rápidamente‑ una propuesta alternativa o un ajuste en la propuesta legislativa que creo que es muy útil en cuanto a traer a tierra las definiciones que en el marco del pronunciamiento del Parlamento Latinoamericano se establecieron con carácter general como obligaciones para los Estados. Esto resulta menester a la hora de abordar la alternativa de producir legislación nacional. Me refiero a crear una ley marco aprobada por el Poder Legislativo uruguayo.

  He advertido que en algunas disposiciones originales el Observatorio nos sugiere redacciones alternativas. Por ejemplo, la definición básica en cuanto a que la autoridad nacional competente será el Instituto de Alimentación y algunos otros aspectos que tienen que ver con obligaciones que el Estado genéricamente asume en función de lo que el Parlatino estableció, pero que, notoriamente, a la hora de internalizar esas definiciones en nuestra legislación, es menester que el Parlamento asigne responsabilidades, cometidos, atribuciones a distintos organismos del Estado, tanto del Estado persona pública mayor como del Estado ente autónomo. Supongo que en el caso de los gobiernos departamentales, será menester analizar de qué forma participarán de estas definiciones que aquí se establecen y que el Estado asumirá a través de la legislación.

  Entonces, dejo constancia de mi disposición a avanzar en este tema. Creo que esta iniciativa es ambiciosa, más allá de que se trate de un proyecto de ley marco. A mi juicio, hay aspectos conceptuales que todavía deben ser depurados. En ese sentido, sería bueno poder mantener una línea de comunicación abierta con nuestros visitantes para poder obtener de ellos el apoyo necesario desde el punto de vista legislativo con relación a los distintos aspectos que tendremos que definir a la hora de legislar, si es que nos proponemos ‑sé que es lo que todos queremos‑ llegar al mejor resultado en esta materia.

  También quiero dejar constancia de la satisfacción que significa estar analizando un proyecto de ley presentado por un compañero de mi Partido, que mucho ha trabajado en estos temas de la alimentación: el hoy senador José Carlos Cardoso. El senador y la exdiputada Berta Sanseverino ‑a quien mucho recordamos los legisladores, particularmente, los integrantes de esta Comisión‑ dedicaron mucho esfuerzo y tiempo en el ámbito nacional y del Parlatino a abordar, trabajar e impulsar todos los temas vinculados con la alimentación.

  Gracias.

SEÑORA CANCLINI (Gloria).‑ Agradezco a la Comisión por recibirnos. Por supuesto, estamos a su disposición cuando comiencen a examinar el articulado.

  También quiero hacer una aclaración: este proyecto no debe ser visto solamente vinculado a la alimentación como una cuestión de salud pública. Cuando ustedes analicen el esquema institucional, se van a dar cuenta de que participan otras secretarías de Estado. La intención es que, en lo posible, el ciudadano tenga acceso por sí solo, autónomamente, a la alimentación. Por eso van a estar implicadas otras políticas públicas, de trabajo, de vivienda, de educación. Es decir que este no es un proyecto de ley vinculado solamente a la alimentación como una cuestión de salud pública.

  Reitero que el Observatorio está a su disposición para contestar cualquier consulta.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Comisión les agradece su presencia. Valoramos especialmente los aportes que han realizado; los tendremos en cuenta en el análisis del proyecto de ley.

(Se retiran de sala integrantes del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional INDA Mides, y del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Udelar)

——En principio, la Comisión sesionará nuevamente el próximo jueves 18. Si hubiera algún cambio, se lo comunicaremos a los señores legisladores.

  No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.