PRESIDE:	Señor Representante Fernando Amado.
MIEMBROS:	Señores Representantes Rubén Bacigalupe, Claudia De los Santos, Gerardo Núñez, José María Olivera y Luis Puig.
DELEGADO DE SECTOR:	Señor Representante Ope Pasquet.
INVITADOS:	Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; Director Nacional de Empleo, señor Eduardo Pereyra; y asesores, doctores Hugo Barretto Ghione y Álvaro Rodríguez Azcue. Por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), doctor Ignacio Castiglioni. Por el PIT CNT, doctor Héctor Zapirain, de la Sala de Abogados; Favio Riverón, Presidente FUECYS, y Flor de Liz Feijoo, del Secretariado del PIT CNT y del Sindicato de la Aguja.
SECRETARIO:	Señor Francisco J. Ortiz.
PROSECRETARIO:	Señor José Fasanello.

SEÑOR PRESIDENTE (Fernando Amado).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión da la bienvenida al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; al Director Nacional de Empleo, señor Eduardo Pereyra, y a los asesores que los acompañan, doctores Hugo Barretto Ghione y Álvaro Rodríguez Azcue.

En la Comisión estamos trabajando sobre dos proyectos de ley: "Nuevos puestos de trabajo" y "Fondo de Garantía de Créditos Laborales", y en la gimnasia habitual que tenemos de citar a distintos actores que tengan que ver con las iniciativas que tenemos a estudio, los hemos convocado para tener de primera mano la visión del Ministerio al respecto.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Hace no muchos días comparecí a esta Comisión para plantear algunas inquietudes relativas a un pedido de informes que dirigí al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la actuación de la Dirección Nacional de Trabajo con respecto a la situación que se había planteado en una estación de servicio en Santa Clara de Olimar. Yo quería referirme al modo, al estilo y al fondo de la contestación que recibí del Ministerio. Sobre eso hice un breve planteo en la Comisión, pidiendo que se citara a declarar a varias personas que mencioné y que también se invitara a concurrir al señor ministro y al señor director nacional de Trabajo. Según resulta de la versión taquigráfica, la Comisión decidió no citar a las personas que propuse que fueran invitadas ni al Ministerio expresamente por ese tema, pero había ambiente para permitir que se tratara el asunto cuando vinieran las autoridades del Ministerio. Como esta es la ocasión, solicito al señor presidente autorización ‑suya o de la Comisión‑ para referirme al tema que había planteado en aquella oportunidad.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ Como dijo el diputado Ope Pasquet, en su momento hizo un planteo. La Comisión entendió que las comparecencias que solicitó no correspondían y que en el momento en que concurriera el señor ministro de Trabajo se podía hacer la pregunta. Ahora, en realidad, tiene todo su derecho el señor diputado a hacer el planteamiento, pero pido respeto por el trabajo de la Comisión: estamos analizando dos proyectos de ley sobre dos temas de suma trascendencia, como son la creación de nuevos puestos de trabajo y el Fondo de Garantía por insolvencia patronal. Solicito que se establezca un orden de jerarquía de los temas y que, primero, se analicen los proyectos de la Comisión; después, el señor diputado Ope Pasquet tendrá oportunidad de hacer las preguntas que entienda convenientes, pero la Comisión fue convocada para analizar estas iniciativas.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Señor presidente: yo solicité su autorización y la de la Comisión para hacer el planteo, pero la Comisión es la que en definitiva resuelve. No hay una cuestión de respeto de por medio, eso nunca estuvo en discusión; hay una cuestión de método de trabajo que define la Comisión, y yo estoy a lo que esta resuelva porque, obviamente, no hay otra alternativa.

Se va a votar si se autoriza al señor diputado Ope Pasquet a hacer su planteo antes de que se traten los proyectos a estudio.

El señor diputado Pasquet podrá hacer su planteo al final del intercambio con las autoridades del Ministerio sobre los proyectos por los que han sido citadas.

Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social para exponer su visión acerca de los proyectos que tenemos a estudio.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.‑ Ambos proyectos de ley, el relativo al estímulo al empleo y el que tiene que ver con la creación de un Fondo de Garantía de Créditos Laborales, fueron considerados en distintos ámbitos de negociación y durante bastante tiempo en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como ha sido habitual en nuestro Gobierno y, particularmente, en estos tres años y medio. Unas cuarenta normas ‑proyectos de ley y de decretos‑ que hemos promovido, directamente desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o en conjunto con otros ministerios del Poder Ejecutivo, siempre han sido consideradas en ámbitos tripartitos, de consulta en la órbita del Ministerio, como el Consejo Superior Tripartito, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en ámbitos específicos creados con las Cámaras Empresariales, con el PIT‑ CNT y, eventualmente, con otros sectores, en el ámbito que existe a nivel de jubilados y pensionistas, con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, para los temas que a ellos les competen, creando comisiones especiales de trabajo, tripartitas también, para considerar distintos anteproyectos de ley y de decreto.

Esa ha sido nuestra práctica, porque es una seña de identidad de este Gobierno, y así hemos trabajado también con estos proyectos de ley de estímulo al empleo y de creación del Fondo de Garantía de Créditos Laborales.

Se trabajó mucho, se trató en el Consejo Superior Tripartito, que ‑como ustedes saben‑ es el órgano máximo a nivel de la negociación salarial y de condiciones de trabajo. Incluso, en el Consejo Superior Tripartito, se creó un grupo especial de trabajo para analizar estos proyectos de ley. Señalo esto porque el pasado 27 de setiembre el señor Gonzalo Irrazábal dijo ante esta Comisión que se rechazaba la iniciativa del Fondo de Garantía de Créditos Laborales y que esto no había sido objeto de consulta. Eso no es cierto. La prueba de que no es cierto está en la página 10 de la versión taquigráfica de la misma sesión, cuando el presidente de la Cámara de Industrias, el señor Gabriel Murara, dice: "Nosotros mantuvimos conversaciones sobre este proyecto con el ministro Murro, y no es que en estos tres años no opinamos". El presidente de la Cámara de Industrias está reconociendo todo el trabajo que hicimos durante estos años, porque ambos proyectos insumieron no solo meses, sino años de consideración.

Desde el principio se conoció el rechazo del sector empresarial al Fondo de garantías laborales y, dado que rechazaban el proyecto en su totalidad, se acordó que se los seguiría informando sobre su evolución, pero ellos no participarían de la discusión. Igualmente, les hicimos conocer el proyecto y escuchamos sus opiniones al respecto. Quería destacar este aspecto.

El proyecto relativo al empleo establece una serie de incentivos a la generación de nuevos empleos, una serie de modificaciones a la ley de empleo juvenil ‑que tiene tres años de vigencia, porque si bien fue aprobada anteriormente, nos tocó reglamentarla en 2015, cuando asumimos el ministerio‑ y una solución a la deuda que el Estado mantiene con INEFOP.

Todo esto fue ‑reitero‑ fruto de intensas y extensas negociaciones no solamente en esos ámbitos. Personalmente, tuve varias reuniones con los presidentes de la Cámara de Industrias, de la Cámara de Comercio y Servicios, con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga y con otras cámaras empresariales. Presentamos el proyecto y lo hicimos público en conferencia de prensa. Ambos proyectos fueron presentados en diversas instancias y considerados en conjunto, aun sabiendo que existía rechazo por parte del sector empresarial al proyecto de fondo de garantías laborales, independientemente de las modificaciones que pudieran hacérsele.

El proyecto relativo al estímulo del empleo tiene tres capítulos; el primero de ellos refiere a modificaciones a la Ley Nº 19.133, de empleo juvenil. Esto es parte del aprendizaje que hemos recibido, en estos tres años, en cuanto la aplicación de dicha ley. Creemos que es una buena ley, que necesita modificaciones que le mejoren para que tenga mayores efectos que los que ha tenido hasta el momento.

Nosotros hemos tomado en cuenta aportes que nos han hecho los trabajadores, el sector empresarial, en nuestras conversaciones cuando concurrimos a los consejos de ministros en el interior, cuando el ministro ‑o alguno de los integrantes de del equipo de dirección‑ va a distintas direcciones, también a través de las distintas actividades que hacemos. Asimismo, hemos tenido en cuenta las distintas propuestas que recibimos de los Comités Departamentales de Empleo y Formación Profesional ‑cuya creación hemos estimulado en distintos puntos del país; existen en casi todos los departamentos del Uruguay‑, de los Comités Sectoriales de Empleo y Formación Profesional ‑que existen para múltiples actividades del país‑, de conversaciones con grupos de jóvenes de distintas organizaciones, de cuando charlamos con jóvenes sobre el futuro del trabajo o de sus propias experiencias con la ley de empleo juvenil, así como de las distintas evaluaciones que se han hecho al respecto. A partir de allí, surgen ideas. Por ejemplo, la Cámara Uruguaya de Turismo y el Centro Comercial e Industrial de Rocha nos plantearon propuestas para flexibilizar el contrato de jóvenes durante la temporada. Fue así que primero apareció un decreto y ahora, en este proyecto de ley, hacemos incorporaciones más generales.

Señalo esto porque, en función de este proceso de diálogo, consulta, aprendizaje y corrección de errores es que planteamos la modificación del proyecto de ley.

Ustedes podrán ver que, por ejemplo, planteamos pasantías estudiantiles remuneradas, con salarios y derechos para los jóvenes. También proponemos la flexibilidad en la extensión de los contratos de los jóvenes, reduciendo las extensiones propuestas inicialmente en la ley de empleo juvenil. Hemos conversado mucho con el PIT‑ CNT sobre las flexibilidades para que se establezca cuánto deben percibir de salario, teniendo en cuenta el salario mínimo nacional y el salario mínimo de categorías. En ese aspecto, hemos encontrado muy razonables reacciones a las propuestas que hemos hecho.

Asimismo, se plantea promover cosas que ya estamos encaminando. Por ejemplo, el 13 de junio, en la Torre Ejecutiva, Presidencia de la República, con la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio y Servicios, el PIT‑ CNT y educación pública, firmamos un acuerdo para promover la formación dual ‑eso también está incluido en el proyecto de ley‑, es decir, la experiencia y la práctica en las propias empresas. O sea que en las propias empresas, con un docente de la educación, se pueda hacer formación.

Plantamos todo esto con respecto al trabajo juvenil, para que los jóvenes puedan seguir estudiando y trabajando, con derechos y obligaciones. Por ejemplo, derogamos la Ley Nº 17.230, que permitía el trabajo de los jóvenes, sin esos derechos.

Otro punto que nos interesa destacar tiene que ver con algo que planteó el sector empresarial, que nos pareció muy bien: los estímulos a los pequeños emprendimientos empresariales juveniles. Se crea un fondo para fomentarlos. Sin duda, esto es bien importante y contribuirá a que el emprendedurismo juvenil pueda desarrollarse.

En el Capítulo II, "Promoción del Empleo", planteamos que para los nuevos empleos que se generen se establezcan subsidios al salario que directamente sean aplicados cuando las empresas efectúen el pago correspondiente al BPS.

Atendiendo distintos planteos, establecemos, por un lado, un subsidio de hasta el 25 % del salario del trabajador y del 40 % cuando esos trabajadores sean mayores de cuarenta y cinco años, dada la particularidad que tiene este sector de trabajadores. Eso será financiado con unos US$ 15.000.000, unos $ 450.000.000. Por allí empieza una de las soluciones que planteamos resolver la deuda del Estado con INEFOP. Al fondo de fomento de los emprendimientos juveniles se destinan unos US$ 5.000.000; US$ 2.500.000 provenientes de ANDE y US$ 2.500.000 del Fondo de Reconversión Laboral.

También establecemos algo que nos parece muy interesante y que coincide con una situación que queremos resolver. Me refiero a bajar los aportes del sector trabajador y del sector empleador, del 0,125 % al 0,10 % y establecer que el Poder Ejecutivo también comenzará a pagar 0,10 % a partir de la entrada en vigencia de este cambio, según lo establecido en la ley. Creemos que en este proceso, ese aspecto es importante. Todo esto, con respecto al estímulo al empleo.

Con relación al proyecto de ley de garantías laborales, es un tema que ‑como señalamos‑ tiene muchos antecedentes a nivel nacional y, sobre todo, a nivel internacional. Los países desarrollados tienen estos fondos de garantías laborales ante la insolvencia patronal y nosotros queremos transitar ese camino. Se ha detectado, por toda la doctrina jurídica laboralista del Uruguay, la carencia que tenemos en ese aspecto. Esto es parte de seguir avanzando, como lo ha hecho Uruguay históricamente y como lo hemos profundizado en los últimos años, en la protección del trabajo, conforme lo establece el artículo 53 de la Constitución.

Como saben, en los últimos años se han aprobado múltiples leyes sobre derechos y obligaciones, entre ellas, la Ley N° 18.387 de concursos.

Esta necesidad de contar con un fondo de garantías laborales surge ante la insolvencia patronal, primer lugar, porque toda la doctrina laboralista del Uruguay ha considerado que esto debe ser tratado como un riesgo o como una contingencia social de la que debería ocuparse la seguridad social. En ese sentido, podemos citar ‑así se hace en la exposición de motivos del proyecto de ley‑ a muy diversos autores de diferentes visiones sobre la doctrina laboral como los doctores Jorge Rosenbaum, Eduardo Ameglio, Plá Rodríguez, Fernando Rachetti, Arturo Bronstein, Mario Garmendia, Héctor Barbagelata, Alejandro Castello, y podríamos seguir enumerando.

Si vamos al plano internacional, Uruguay se ubica ‑felizmente para nosotros, y lamentablemente para los pueblos hermanos de América Latina‑ muy por encima ‑y más en estos tiempos‑ en derechos laborales y sociales. Creo que es bueno que también en este aspecto, en América Latina, donde los antecedentes que existen son de escasa o nula aplicación, Uruguay esté en condiciones de distinguirse y de equipararse a los países más desarrollados para avanzar en lo que es tener un fondo de garantías laborales que proteja a los trabajadores en caso de insolvencia patronal.

Por ejemplo, podríamos citar un trabajo del profesor Mario Garmendia, en el que señala que desde 1967 Bélgica es pionero en esto pero que, rápidamente, la inmensa mayoría de los países europeos, en particular, los más desarrollados, avanzaron en normas protectoras, creando fondos de garantías laborales por insolvencia patronal. Es el caso de los Países Bajos o Holanda en 1968; Suecia en 1970; Dinamarca en 1972; Finlandia, Noruega y Francia en 1973; Alemania en 1974; Reino Unido en 1975; España en 1976; Austria en 1977; Grecia en 1981; Suiza en 1982; Irlanda en 1984 y Portugal en 1985. Más aún: en 1980, lo que hoy es la Unión Europea ‑entonces, la Comunidad Europea‑ adoptó una directiva para todos los países de la región europea con el objetivo de armonizar la legislación de los países miembros sobre este punto. Y si por si esto fuera poco, en países fuera de la Comunidad Europea como Japón, Israel, Canadá e, inclusive, el estado de Oregon, en los Estados Unidos, se constituyeron fondos de protección a los créditos laborales en caso de insolvencia patronal.

Reitero que tomamos en cuenta el proyecto de ley presentado hace unos cuantos años por parte de los diputados Reutor y Puig. Conversamos con las cámaras empresariales, con el PIT‑ CNT y con la Liga de Defensa Comercial y nos atrevimos a formular un nuevo proyecto, con algunas modificaciones, pero manteniendo la sustancia de la normativa internacional vigente en esos países desarrollados y también la del proyecto inicialmente remitido por ambos compañeros legisladores.

Debemos destacar que los contenidos sustanciales que se planteaban en la aspiración de la central sindical desde hace muchos años eran similares a los que estamos presentando en este proyecto del Poder Ejecutivo.

Una de las cuestiones que tiene trascendencia en el Uruguay es que, por ejemplo, la administración se encarga al Banco de Previsión Social; creemos que es uno de los aspectos fuertes del proyecto.

Con relación al proyecto inicialmente presentado a esta Comisión, hemos hecho una modificación con respecto a considerar insolvente al empleador que sea declarado como tal por el juez de concurso, de conformidad con las disposiciones previstas en la ley de concursos N° 18.387, del año 2008 y sus modificativas, siempre que en dicho marco no se consiga la satisfacción de los créditos laborales de los trabajadores.

Por otro lado, también se ha entendido prudente considerar que el Poder Ejecutivo pueda contar con facultades para ir incorporando las diferentes actividades en forma gradual y progresiva a través de la reglamentación, a los efectos de que esto que va a ser nuevo para el país sea parte de un proceso. En ese sentido, siempre iremos haciéndolo en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores e iremos viendo cómo ampliar gradual y progresivamente la aplicación de este fondo.

Se ha señalado por parte de la delegación empresarial que se hizo presente el 27 de setiembre, que discriminábamos unos y otros tipos de trabajadores. Nos llama la atención esta afirmación porque ya existe en la ley de concursos, y no se había hecho ese mismo comentario.

Otro aspecto a destacar en ese sentido es que establecimos determinadas condiciones y requisitos para acceder a este fondo, en primer lugar, para que determinados empleadores no pudieran abusar tratando de no asumir sus responsabilidades, sino que las asumiera el fondo y, en segundo término, estableciendo los topes para el cobro de los trabajadores.

En cuanto a la mayor rigurosidad que planteamos para verificar los créditos laborales que habrá que pagar, se establece que se deben comprobar de acuerdo con las normas que rigen en el procedimiento concursal o en un procedimiento individual o plural en la vía judicial laboral.

Contrariamente a lo que también se afirma por la delegación empresarial que estuvo aquí el 27 de setiembre, hay un tope. Inclusive, se delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de establecer un monto inferior basado en consideraciones de orden económico financiero.

Con relación al financiamiento ‑este es un tema que nos interesa señalar particularmente‑, de ese estudio comparado que hemos hecho de las legislaciones existentes en diversos países desarrollados ‑estudio que se hizo en el ministerio, y aquí están presentes algunos compañeros que participaron de él‑, además de otros estudios que han hecho varios juristas como Mario Garmendia, etcétera, surge que en casi todos los países en que existen estos fondos, se financian con aportes patronales o aportes empresariales. De esa treintena de países que hemos mencionado, en uno o dos, los fondos son estatales o mixtos; en todos los demás, se financian con aportes patronales.

Como parte del proceso de negociación y de la política de no aumentar impuestos o tributos, hemos planteado que esto se hiciera en el marco de la misma discusión del otro proyecto de ley ‑que comentamos‑, ya que ambos proyecto hoy son objeto de consideración de esta Comisión. Siempre estuvo planteado de esta manera; tanto es así, que en algunas versiones de prensa se habló de la combi triple, porque planteábamos que podíamos estar resolviendo el tema de la deuda con el INEFOP, la creación del fondo de garantía laboral y contribuyendo a mejorar la situación del empleo con el proyecto de ley de estímulo del empleo. Esa iniciativa es una de las medidas ‑entre otras‑ que estamos adoptando para tratar de atender la situación que se ha generado con el empleo en el país.

Planteamos inicialmente que el financiamiento sea con un 0,025 % de aporte empresarial, que se resta del aporte al Fondo de Reconversión Laboral para el funcionamiento de INEFOP.

Creemos que este proyecto de ley es necesario, que en las actuales circunstancias atiende las necesidades que tiene el país, que va funcionar exclusivamente para aquellos casos donde efectivamente tengamos una empresa que quiebra y que los trabajadores se quedan sin cobrar, y que tiene las garantías suficientes, partiendo de la base de que en todos los casos tiene que haber instancias judiciales para que no haya abusos por un lado pero que, por otro, se garantice a los trabajadores por lo menos una parte de lo que se les queda debiendo cuando una empresa desaparece.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ Agradecemos la presencia de los compañeros integrantes del Poder Ejecutivo, específicamente, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Estos dos proyectos, el relativo al fondo de garantía por insolvencia patronal ‑que la Comisión viene analizando desde hace tiempo‑, y el que apunta a la creación de nuevos puestos de trabajo no son elementos aislados, sino que tienen que ver con una preocupación permanente de nuestro Gobierno por avanzar en materia de protección de los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, generar mecanismos para el acceso al empleo.

La ley de empleo juvenil votada en el período anterior y reglamentada en este ya intentaba abordar una circunstancia histórica en nuestro país, como es el mayor porcentaje de desempleo a nivel de los jóvenes que, como sabemos, triplica la tasa de desempleo nacional, por lo que ha existido preocupación. Hoy se plantean modificaciones para lograr mejores resultados y, por ejemplo, se amplía la franja etárea, que era un reclamo que veníamos escuchando desde diferentes sectores. Por lo tanto, creo que la contribución que se está realizando es importante e insisto en que este no es un elemento de este momento, sino que forma parte de una estrategia de trabajo que apunta a abordar temas que son fundamentales para los trabajadores en nuestro país.

Días pasados, recibimos una delegación de algunas cámaras empresariales ‑hoy estaremos recibiendo otra cámara empresarial‑, y a nosotros también nos llamó la atención el planteamiento de algún integrante de ese grupo, que expresó que no había existido consulta con el sector empresarial. Sin embargo, a renglón seguido, otro integrante de esa delegación dijo que este tema había sido planteado por el Poder Ejecutivo, que ellos habían opinado en su momento, que habían hecho planeamientos, y que no compartían la esencia del tema del fondo de garantía por insolvencia patronal.

Desde nuestro punto de vista, esto viene a cumplir con una necesidad del Uruguay que ha sido abordada en diferentes países del mundo. El Convenio Nº 173 de la OIT ha sido ratificado por varios países y se han generado fondos de garantía. Nosotros consideramos que sería bueno ratificar ese convenio por parte de nuestro país; nos parece que significaría un complemento importante y un marco normativo más abarcativo. De todos modos, no cabe duda de que esto viene a cumplir con un aspecto fundamental en materia de los derechos de los trabajadores.

Claramente, han existido avances en esta materia; la ley de concurso ha sido un avance. Pero al igual que en otros países, como por ejemplo, México y Brasil en su momento ‑luego eso fue borrado‑, se planteó que para establecer el privilegio del cobro de los haberes salariales no alcanzaba con establecer el denominado privilegio. En algunas de esas legislaciones se establecieron mecanismos de superprivilegios, pero en la medida en que no existen fondos específicos para cubrirlos, esa situación no se resuelve y sucede lo que ha pasado con diferentes colectivos de trabajadores, que a la hora de la declaración de insolvencia en empresas que ya vienen con el mecanismo de no cumplir con los acreedores durante largo tiempo, terminan siendo realmente perjudicados y no pueden acceder a los créditos de subsistencia que ellos y sus familias necesitan para comer al otro día.

Nosotros creemos que este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recoge algunos aspectos del que presentamos con el compañero Reutor así como legislación internacional, y a su vez queda claro que se tuvo la precaución de mantener lo que se había planteado en relación a los impuestos, aunque esto no quiere decir que compartamos esa filosofía, porque en lo personal, creo que hay sectores que están en condiciones de aportar más al desarrollo de nuestra sociedad. Claramente, cuando el Poder Ejecutivo plantea este proyecto lo hace de manera combinada con el proyecto de creación de nuevos puestos de trabajo, donde se rebaja el aporte al INEFOP, y es con ese margen que se financia el proyecto de fondo de garantía.

Esta es una vieja aspiración del movimiento sindical; en congresos del PIT‑ CNT se ha entendido que este es un aspecto muy importante en materia de protección de los derechos laborales, y esto atañe a varios convenios, como el relativo a protección del salario Nº 95, el Nº 100, y el Nº 173, y nosotros creemos que es una importante contribución que se está haciendo por parte del Poder Ejecutivo.

Este tema ha sido analizado en detalle en nuestra bancada y con los compañeros aquí presentes estamos en condiciones de decir que el Frente Amplio ha tomado la definición política de impulsar la aprobación en la Cámara de estos proyectos en el corto plazo.

Queremos reconocer el trabajo que ha realizado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido permanente. Muchas veces hemos discutido estos temas, los plazos y los términos de los proyectos, pero sinceramente, queremos reconocer el trabajo que se ha hecho, que fue producto de discusiones. Como saben el ministro y su equipo, nosotros hemos planteado la necesidad de plazos más perentorios para este proyecto, y se nos respondió que el tema se estaba discutiendo, consultando y analizando con los trabajadores y el sector empresarial, lo que se cumplió. Por lo tanto, en nombre de la bancada del Frente Amplio, reitero que queremos reconocer este trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Este es un proyecto conocido para la Comisión, ya que el tema viene siendo considerado desde hace bastante tiempo. En lo personal, hemos planteado en más de una oportunidad la necesidad de contar con un fondo de garantía de insolvencia patronal y muchas veces se lo hemos manifestado a los colegas diputados del oficialismo. Por lo tanto, consideramos que más vale tarde que nunca, y es una buena noticia que estemos en condiciones de llegar a aprobar este proyecto este año.

Quisiera hacer una consulta, porque en la versión taquigráfica de la sesión del pasado 27 de setiembre, a la que asistieron las cámaras empresariales, figura una referencia frente a la que tengo mi opinión, pero me gustaría que el señor ministro o quien él estime pertinente, haga la aclaración, ya que las cámaras empresariales insisten en que este es un nuevo impuesto. El señor Murara, por ejemplo, en una de sus intervenciones, expresó: "Ahora se crea este nuevo impuesto.‑ Para las cámaras empresariales este nuevo impuesto, en vez de proteger el empleo, lo afecta, y va a tener el mismo efecto que otras rigideces laborales […]", etcétera. Más allá de que yo tengo mi opinión, me parece importante y considero que sería enriquecedor escuchar la visión del ministerio en cuanto a si se crea un nuevo impuesto o no.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.‑ En primer lugar, quiero reiterar un aspecto.

El señor presidente de la Comisión sabe el respeto y aprecio que le tengo. Recién dijo que más vale tarde que nunca, pero yo podría decir que somos el primer país de América Latina que va a aprobar una ley que va a aplicar, porque en algunos países, se ha aprobado pero, lamentablemente, no se aplica y cada vez se retrocede más.

En segundo término, la demora que tuvimos ‑que creo que recién explicó el diputado Puig‑ se debió, precisamente, a extremar los períodos y los ámbitos de consulta con las cámaras empresariales, con el PIT‑ CNT y también con otras instituciones porque, por ejemplo, hicimos reuniones con la Liga de Defensa Comercial para conocer más en detalle todo el proceso de los concursos de las empresas y cómo se daba eso en la práctica. Por tanto, diría que no es que hayamos demorado un poco más, sino que tratamos de hacer las cosas con la mayor consulta y lo mejor posible. Es más: inclusive, la redacción de los artículos de ambos proyectos ‑no lo dije en mi intervención anterior‑ fue puesta a consideración de las partes antes de ser enviada al Poder Ejecutivo para que este la aprobara en Consejo de Ministros y luego se enviara al Parlamento. Inclusive, en las reuniones este aspecto fue considerado hasta un exceso, porque nunca se había puesto a consideración la redacción de los artículos.

A raíz del aspecto relativo a los impuestos, reitero cómo fue todo el proceso de negociación: con todas las partes siempre conversamos todos los temas al mismo tiempo. Por ejemplo, en algún momento se pensó que las modificaciones a la ley de empleo juvenil debían ir separadas, en otro proyecto de ley diferente al de estímulo al empleo.

Finalmente, acordamos que fuera todo junto lo relativo a resolver la deuda con el INEFOP, los cambios a la ley de empleo juvenil y el estímulo al empleo. Pero reitero que este no es un tema menor desde el punto de vista de la participación en la elaboración de políticas y en el Consejo Superior de Salarios, que es el ámbito superior de negociación ‑como lo dice su nombre‑, se presentaron ambos proyectos y se generó un grupo de trabajo tripartito para considerarlos. Ese grupo trabajó muy bien y allí se dijeron cosas; en determinado momento, el sector empresarial dijo: "Este proyecto lo vamos a rechazar de cualquier manera. Por lo tanto, discutamos el otro, porque este no va a ir". En ese proceso y en múltiples instancias públicas, siempre planteamos que no queríamos aumentar impuestos, lo que, además, era posible dada la situación económico‑ financiera del INEFOP, que viene mejorando notablemente en estos tres años y medio por acción de los empresarios, de los trabajadores, de los delegados del Gobierno y del sector cooperativo. El INEFOP ha multiplicado por siete sus capacitaciones; hasta el año 2014, capacitaba aproximadamente 17.000 o 18.000 personas por año y ahora capacita más de 130.000, y ha extendido sus capacitaciones a los trabajadores y empresarios en actividad y ampliado su ámbito de actuación. A la vez, tiene un financiamiento suficiente, que según nuestra opinión, va a mejorar.

Por tanto, compartimos esta propuesta que por algunos fue calificada de ingeniosa, ya que por un lado se rebajan los aportes de los trabajadores y de los empresarios al Fondo de Reconversión Laboral, y en el caso de los empresarios, con esa rebaja se financia el fondo de garantías laborales. Además, aclaro que la cifra que se plantea para el financiamiento es sensiblemente menor. Reitero que en casi todos los lugares del mundo ‑menos dos o tres‑, esto se financia con fondos empresariales, que en algunos casos llegan al 2 % de la nómina y aquí estamos hablando del 0,025 %. Por eso, también planteamos su aplicación gradual ‑que también será objeto de consultas‑ y que para el sector empresarial el costo total de las contribuciones a la seguridad social, a la salud y al fondo de reconversión laboral se mantienen como hasta ahora. Por eso es que nosotros decimos que de hecho no hay aumento de impuestos.

El jueves 12 de julio el semanario Búsqueda publicó una nota con el siguiente título: "El Gobierno quiso canjear la restitución de un despido en una estación de servicio por dejar sin efecto una inspección".

Yo cursé un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con fecha 17 de julio referido, precisamente, a la cuestión indicada en el título que acabo de leer. Yo quería saber si era cierto lo afirmado por Búsqueda en el sentido de que se había considerado la posibilidad de canjear el reintegro de un trabajador a cambio de dejar sin efecto una inspección de trabajo. Y a partir de esa pregunta formulaba otras, asumiendo que los hechos habían sido tal como lo expresaba la nota de Búsqueda.

Ese pedido de informes fue contestado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los últimos días de agosto. Y la contestación del Ministerio me merece varios comentarios.

En primer lugar, señalo que la forma, el estilo de la contestación, es absolutamente desusado por lo descomedido. Acá hay una serie de giros y de términos que no se usan en el intercambio, por lo menos por estas vías, entre los legisladores y el Poder Ejecutivo, que aparecen en este pedido de informes y que, a mi juicio, son improcedentes.

Me parece que cuando intercambiamos opiniones, comentarios, pedidos de informes y respuestas tenemos que tratarnos recíprocamente, todos, con respeto, porque es lo que corresponde y porque es lo que la ciudadanía tiene derecho a esperar de quienes la representan en el ámbito que sea. La respuesta que da el Ministerio no se ajusta a ese estándar mínimo de respeto.

No voy a abundar en referencias a esto ‑yo integré a la documentación de la Comisión el pedido de informes y la contestación‑, pero sí voy a referir, por ejemplo, a que cuando empiezan diciendo que "incurro" en un pedido de informes, se empieza mal, porque incurrir en algo es realizar una acción que merece una sanción o un reproche. Yo no incurro en un pedido de informes; hago un pedido de informes; planteo un pedido de informes. Lo planteo correctamente y espero que se me conteste del mismo modo.

En segundo término, en lo que tiene que ver con el fondo del asunto, la respuesta al pedido de informes, después de esa referencia a lo que yo hago, critica la tarea periodística de Búsqueda; da cátedra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el periodismo y explica que no se puede confiar en una sola fuente, que no debe ser así, etcétera. El punto es, señor presidente, que surge de la mera lectura de la nota de Búsqueda, que la fuente de donde se extrae la información es esencialmente un acta judicial, cuya copia hice llegar a la Comisión en ocasión de mi comparecencia.

En un acta judicial ‑lo sabemos todos, pero parece conveniente recordarlo‑, los testigos declaran bajo promesa de decir la verdad y si faltan a esa promesa incurren en una responsabilidad penal por falso testimonio. Así que cuando un medio de prensa basa la información que brinda a sus lectores en la resultancia de un acta judicial, yo creo que está cumpliendo holgadamente con el requisito de apelar a fuentes serias.

En esa acta judicial hay dos personas que declaran en términos tales que significan que existió ese planteo de dejar sin efecto la inspección a cambio de la restitución de un empleado despedido. Quien lo dice con más claridad es el representante y gerente de UNVENU, la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay. Este señor, Alberto Federico De Castro, declara en la audiencia judicial, y refiriéndose a la actuación del director Nacional de Trabajo dice que propuso como salida política al conflicto… Dice así, textualmente: "[…] incluso se deslizó sutilmente en más de una oportunidad canjear el reintegro por algunas acciones de la inspección general de trabajo en la estación y eventualmente una clausura de la misma, situación que en mi cargo", dice De Castro, "me pareció preocupante. […]".

Antes de seguir adelante, quiero comentar que de la audiencia no se toma versión taquigráfica; de la audiencia se toma un extracto. Las declaraciones no son completas como aquí, en el ámbito parlamentario; son síntesis que hace el juez y que dicta al funcionario receptor.

A posteriori, la delegada de UNTMRA, señora Ana Claudia Silva Souto, declara en la misma audiencia. Cuando esta señora declara, ante la pregunta de si en alguna oportunidad el director Nacional de Trabajo le dijo a la UNTMRA y a la UNVENU que el despido no fuera antisindical, contesta: "Planteó que no quería enmarcar en un despido antisindical, es más plantearon hablar con la inspección, reunión que llevamos a cabo". Luego agrega que el director Nacional de Trabajo "[…] expresó tratar de no plantearlo así, y evitar la clausura de la estación con la buena voluntad de las tres partes".

En esa reunión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estuvo presente también la doctora Iturralde, que es hermana del diputado Pablo Iturralde. Es asesora jurídica de UNVENU y estuvo presente en la reunión en la Dirección Nacional del Trabajo. Yo hablé con la doctora Iturralde y le pregunté a ella si había existido este planteo, es decir, canjear el reintegro por dejar sin efecto la inspección. Y la doctora Iturralde me dijo que sí, que sutilmente en dos oportunidades el señor director de Trabajo había formulado ese planteo. Le pregunté si estaría dispuesta a venir a esta Comisión a expresarlo y me dijo que sí. Ofrecí su testimonio y la Comisión no entendió pertinente recibirlo.

Así que a esta altura tenemos lo que dice Federico De Castro, lo que me dijo a mí la doctora Iturralde y la declaración de la señora Silva que apunta claramente en el mismo sentido.

Posteriormente, se expresa la decisión del empleador de no reintegrar al trabajador despedido en aquel momento, y después se realiza la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Yo señalo estos hechos en el pedido de informes en el orden en que se produjeron y me dicen que estoy "manipulando" los hechos. Rechazo el término categóricamente y digo que simplemente estoy señalando los hechos tal como aparecen en la crónica y como efectivamente sucedieron porque nadie duda de que no hubo reintegro ni de que se realizó la inspección del Ministerio.

Además, en el pedido de informes yo pregunté si había habido antes otras inspecciones, es decir, si era una cuestión de rutina inspeccionar esta estación de servicio cada tanto, y da la casualidad de que la única inspección que se le hizo fue esa, después de todos estos episodios a los que me estaba refiriendo.

Con esos datos, con esas informaciones, comparecí aquí y propuse que se invitara a la Comisión a las personas que mencioné, a fin de completar la ilustración de todos nosotros sobre este tema que me parece importante, y no por lo que tenga que ver con la relación laboral. Esto lo dejé claro. Acá no estamos hablando de lo que fue la relación entre el empleado y su empleador. Todo ese episodio es ajeno a lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es la actuación del poder público en este tema. Me interesa eso de que se le dice a alguien: "Si hacés o no hacés tal cosa yo ejerzo mi poder o no lo ejerzo de tal o cual manera". Eso es lo que quiero aclarar. Y sobre esto pedí se invitara a estas personas a concurrir. La Comisión no lo entendió del caso. Es el criterio de la Comisión; lo respeto. Señalo que la Comisión tiene amplias facultades para citar a quien le parezca; después la gente tiene también amplias facultades para venir o no venir. Hemos visto en las Comisiones investigadoras que citamos y viene el que quiere. Esto es igual: nosotros citamos a quien queremos citar y viene el que quiere venir. Pero estaba perfectamente dentro de lo que es el ámbito discrecional de actuación de la Comisión.

Repito: no se entendió pertinente y en cambio está aquí el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, a quien le traslado estas inquietudes e interrogantes que surgen de lo expuesto.

Quiero saber qué comentarios le merecen todos estos antecedentes al Ministerio, habiendo quedado claro que esto no es una elaboración de un periodista en solitario ni de una fuente solitaria, sino que son resultancias de una audiencia judicial y comentarios de una profesional que está dispuesta a venir acá y decir lo que yo he señalado recién.

SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.‑ Ratifico todo lo que ya hicimos. Y la verdad es que me preocupa que una comisión parlamentaria se dedique a analizar actas judiciales.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Obviamente, me parece paupérrima la respuesta del señor ministro. Esperaba, realmente, explicaciones.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ En realidad, la Comisión de Legislación del Trabajo no entendió pertinente hacer lugar a los planteamientos que legítimamente hizo el diputado Ope Pasquet en cuanto a una larga lista de citaciones y a traer un tema que esta Comisión analizó en profundidad desde el punto de vista que le corresponde, es decir, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los derechos de un trabajador que fue despedido y que la justicia entendió que debía ser reincorporado, más allá de la resistencia manifiesta de la dirección de la empresa y de las presiones que ha sufrido ese trabajador. Por tanto, la Comisión se dedicó a analizar ese tema.

Cuando el señor diputado Ope Pasquet planteó la comparecencia de varios actores y analizar actas judiciales, la Comisión entendió que no era pertinente, que no le correspondía. Esa fue la resolución que tomó la Comisión. Por tanto, nos dedicamos a analizar la situación desde el punto de vista de los derechos laborales, que es lo que corresponde a esta Comisión. Todo legislador tiene derecho a hacer sus planteamientos, pero no es un opinar colectivo de esta Comisión.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Quiero insistir en un punto que yo señalé con claridad desde mi primer convocatoria: yo no pretendí nunca reabrir el debate aquí sobre el episodio laboral en sí mismo considerado. Dije que lo que quería analizar y discutir era la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el tema. Es de resorte del Parlamento; es competencia y responsabilidad del Parlamento controlar la actuación del Poder Ejecutivo. Esto es de manual. Entonces, a la Comisión de Legislación del Trabajo le compete, a mi juicio, atender a lo que haga o deje de hacer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, evaluarlo, juzgarlo, comentarlo, criticarlo, aplaudirlo, según la opinión de cada uno, pero está perfectamente dentro de lo que es la competencia de esta Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Agradecemos la presencia de la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Obviamente, estaremos informando sobre los siguientes pasos acerca de los proyectos de ley que tenemos a estudio y que prontamente se elevarán al Plenario.

(Ingresa el doctor Ignacio Castiglioni por la Cámara de la Construcción del Uruguay)

——Es un gusto para la Comisión de Legislación del Trabajo recibir al doctor Ignacio Castiglioni en representación de la Cámara de la Construcción del Uruguay, quien ya es un visitante habitual en este ámbito.

En este caso, tenemos sobre la mesa de trabajo dos proyectos concretos: "Nuevos Puestos de Trabajo" y "Fondo de Garantía de Créditos Laborales". Como es costumbre, hemos recibido a distintas delegaciones en la Comisión, recabando su opinión acerca de estos proyectos, y esta es otra oportunidad en la cual convocamos a la Cámara de la Construcción del Uruguay, precisamente para escuchar su posición sobre estos proyectos. Así que, sin más trámite, cedemos el uso de la palabra a nuestro invitado.

SEÑOR CASTIGLIONI (Ignacio).‑ Antes que nada, es de orden transmitir nuestro sentido agradecimiento: sabemos que, como siempre, somos bienvenidos y muy bien recibidos por ustedes. Celebramos esta oportunidad de trasmitir nuestra opinión sobre las dos iniciativas que mencionaba el señor presidente.

Como se dijo, los proyectos refieren a la creación del Fondo de Garantía de Créditos Laborales ante la insolvencia del empleador y a la promoción de empleo.

En 2015 ya dimos opinión sobre el primer proyecto ‑si mal no recuerdo, figuraba en la carpeta N° 468‑ y entendemos que ambas iniciativas tienen el mismo espíritu, conceptual y filosófico, razón por la cual, los comentarios que generamos en aquella oportunidad son totalmente trasladables al nuevo proyecto. Concretamente, en aquel momento trasmitimos que no estábamos de acuerdo con este tipo de legislación que atendía la excepción y no la regla. Precisamente, se busca generar como un asistencialismo empresarial de aquellos buenos empresarios en relación a los malos y en ese sentido seguimos manteniendo el concepto vertido en aquella oportunidad.

Asimismo entendíamos ‑y lo seguimos sosteniendo‑ que se está legislando en base a un concepto que no está del todo probado, sin saber si se está atendiendo un problema real, porque ciertamente no se tiene una base estadística concreta que pueda verificar los extremos planteados en la exposición de motivos del proyecto

En cuanto al cuerpo del proyecto ‑sin quitar tiempo a los legisladores porque ya veníamos discutiendo sobre el tema‑, lo que habíamos expresado ‑y seguimos sosteniendo‑ es que existen herramientas jurídicas vigentes, como el concurso, que atienden los créditos laborales y lo hacen en forma preferencial, dándoles una protección puntual. Entendemos que en caso de continuar adelante con este proyecto van a quedar subsistiendo en el mismo cuerpo normativo dos leyes ‑una real y otra eventual‑ que colidirán en cuanto a la atención de los créditos laborales. Hoy por hoy existe la ley de concurso que tiene el cometido específico de reordenar o de hacer un cierre prolijo de las empresas y una atención puntual de los créditos laborales. Ahora, en el momento de operar la ley, en todo lo que serían puestos de trabajo a proteger y a ordenar ‑a través de acuerdos, como se hace hoy por hoy‑, se va a optar por proceder a través del fondo creado.

Compartimos lo que se ha mencionado por quienes me precedieron del sector empresarial en cuanto a que debería haber un patrimonio de afectación separado y no debería existir secreto tributario a efectos de permitir un control más adecuado dentro de la estructura del BPS.

Ahora bien, queremos resaltar que la Cámara de la Construcción del Uruguay considera que hay un aspecto positivo ‑que mejoró en relación al proyecto anterior‑, que tiene que ver con la certeza jurídica, al procederse ‑como expresa el artículo 3°‑ mediante sentencia firme y, eventualmente, a través de los procesos del Código General del Proceso; lo consideramos saludable. A pesar de las diferencias que tenemos con el proyecto, eso nos permitiría tener por lo menos certeza jurídica en todo el proceso que va a continuar con posterioridad a la obtención del fallo de la primera instancia y eventualmente de la segunda.

Lo último que quisiera comentar, como agregado a nuestra participación inicial, tiene que ver con los topes. Sería importante considerar el establecimiento de topes y no dejar la redacción abierta, como lo hace el proyecto, que refiere a cuando existan recursos suficientes como para cumplir. Es decir, habría que establecer topes objetivos y no dejar esto librado a consideraciones puntuales o subjetivas con respecto a la continuación de la recaudación del fondo.

Creo que no hay mucho más para agregar porque ya se ha hablado suficiente y se ha trasmitido la posición del sector empresarial. Asimismo, nosotros, en forma independiente, como gremial, hemos trasladado nuestra visión en distintas oportunidades, en el Consejo Superior Tripartito, y también en el seno de la Comisión, que siempre nos ha recibido. Ahora, sí creíamos oportuno agregar algunos comentarios sobre el proyecto que, en sustancia, mantiene el espíritu del anterior, razón por la cual, nosotros también mantenemos nuestra visión inicial sobre la iniciativa, máxime considerando que las empresas afiliadas a las cámaras empresariales ‑y aquí hablo por la Cámara de la Construcción del Uruguay‑ tienen un cometido puntual que es manejarse en el marco de la ley, cumpliéndola, y eso tiene un costo: es una inversión. Entonces, parecería un poco exacerbado seguir generando costos y cargas a las empresas que cumplimos por aquellas que no lo hacen; por eso, mantenemos la visión inicial.

En cuanto al proyecto de ley de promoción de empleo, saludamos la iniciativa. La promoción de empleo, en cualquier orden y esfera es saludable, cuando se habla de jóvenes, o de personas de hasta cuarenta y cinco años, como menciona el proyecto. Ahora bien: la ley actual vigente no es aplicable a la industria. No tiene forma de instrumentarse o, por lo menos, no es de fácil aplicación. Creemos que al mantener el esquema de la promoción en la industria vamos a continuar con esa situación, con esas herramientas y con el acceso previsto por la ley. Tenemos otro tipo de promoción para el primer empleo a través de la ley de peones prácticos y otras normas que ayudan a ingresar, a insertarse en la industria de la construcción, pero no hemos tenido el resultado esperado; por lo menos, así se nos ha trasmitido por parte de las empresas en lo que es la obra en general. De repente sí hay alguna situación puntual dentro de la estructura administrativa de las empresas. Ahora, siempre y cuando apoye y dé una salida o una solución a la promoción del empleo, eso es bienvenido.

En cuanto a las personas mayores de cuarenta y cinco años, creo que también es una incorporación bastante interesante, en la medida en que se trata de un público que necesita ser atendido. Esperemos que eventualmente a través de esta ley tengamos una herramienta más y una forma de acceder al empleo, siempre y cuando sea de fácil acceso, de fácil tramitación por parte de las empresas porque, además, supone una atención específica o, por lo menos, más saludable en la promoción, la asistencia o la ayuda de las empresas, ya que manejan porcentajes bien distintos.

No tenemos mucho más para agregar. Sí quisiera comentarles que en este proyecto participamos en el seno del Consejo Superior Tripartito y también trabajamos en una comisión aparte y eso ayudó a que tuviera otro espíritu o a que por lo menos se canalizara con mayor celeridad y con otras intenciones que otras iniciativas.

Por lo tanto, les agradecemos el tiempo, la dedicación y quedamos a la orden por cualquier consulta o comentario que sea de interés.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Si no se hace uso de la palabra, solo resta agradecer una vez más vuestra presencia en la Comisión y los conceptos vertidos sobre los proyectos de ley que están en consideración.

(Se retira el doctor Ignacio Castiglioni por la Cámara de la Construcción del Uruguay)

——A continuación, corresponde votar los proyectos de ley relativos a nuevos puestos de trabajo y al fondo de garantía de créditos laborales.

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).‑ Solicitamos a la Comisión postergar durante veinticuatro horas la votación de los proyectos.

Creo que el señor diputado Amarilla adelantó que tenemos algunas diferencias con un solo artículo que estaríamos considerando en nuestra bancada en el día de hoy.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ Habíamos planteado realizar una sesión extraordinaria el día 20 de setiembre para analizar y votar estos proyectos de ley. El señor diputado Amarilla planteó que no tenía posibilidades de concurrir, por lo que se convocó expresamente para el día de hoy para votar ambas iniciativas. Es nuestra intención que uno de los proyectos se vote mañana en la Cámara. Reitero que se pretendió votar los proyectos el 20 de setiembre, se nos dijo que no y entonces acordamos hacerlo en el día de hoy.

Lamentablemente, no estamos en condiciones de acceder a una nueva prórroga. Quisiéramos poder hacerlo, pero hoy no tenemos condiciones; después de varias consultas realizadas por el presidente se acordó, expresamente, votar en el día de hoy.

Creo que en varias oportunidades el señor diputado Amarilla ha manifestado que se le dificulta concurrir luego del día 18 ‑a nosotros nos pasa lo mismo‑ porque coordinamos agendas en el interior ‑como seguramente tengan todos los señores diputados‑ y se nos hace difícil cambiarlas. Por esos motivos es que se trata de que luego del día 18 los diputados del interior del país se mantengan en sus lugares de origen por el trabajo que realizan en cada uno de los departamentos. Sin embargo, continuamente, esta Comisión ha convocado a sesión luego del día 18 ‑ahora se hace en menor medida‑, y entendemos la urgencia de algunos temas.

Solamente estamos solicitando una prórroga durante veinticuatro horas y no dos o tres semanas; pero si no se puede, no se puede.

Si bien mañana también vamos a recibir a algunas delegaciones, creo que tendríamos más tiempo. Reitero que pedimos un día más; no creo que cambie la realidad sobre un tema que tenemos a consideración desde hace mucho tiempo.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ No es nuestra intención no acceder al planteamiento de una bancada, pero ya lo hicimos en su momento cuando se planteó que se complicaba sesionar luego del día 18; entendemos la situación porque también tenemos algunos legisladores del interior del país.

Se planteó votar el día 2 de octubre, en el período ordinario de sesiones de la Cámara. Se había previsto que en el día de mañana ingresaran al plenario los dos proyectos y se sabía que hoy íbamos a votarlos en la Comisión.

Reitero que lo lamentamos profundamente, pero no podemos acceder a la solicitud.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Simplemente, quiero dejar constancia de que parte de la logística del trabajo de la Comisión la realizó quien habla.

Es cierto que hubo un planteamiento del señor diputado Amarilla respecto a las dificultades para concurrir a las sesiones extraordinarias en el período comprendido entre los días 18 y 30 de setiembre. Lo que acordamos entonces, en forma telefónica, con el señor diputado Amarilla fue realizar una sesión extraordinaria para recibir a las cámaras empresariales ‑que tuvo lugar la semana pasada‑ y postergar la consideración de ambos proyectos para hoy pues se había previsto que fueran tratados en el plenario mañana.

Personalmente, no tendría problemas en prorrogar por veinticuatro horas el tratamiento de los proyectos pues no cambiaría la realidad, pero lo cierto es que hubo un acuerdo. Además, de todos modos, aunque se votara la posibilidad de prorrogar la consideración de los proyectos, la votación sería negativa y, por lo tanto, deberíamos considerar los proyectos.

Se pasa a considerar el proyecto "Nuevos Puestos de Trabajo. (Se establecen incentivos para su generación)".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ Propongo al señor diputado Gerardo Núñez Fallabrino como miembro informante.

Se pasa a considerar el proyecto "Fondo de Garantía de Créditos Laborales. (Se crea en el ámbito del Banco de Previsión Social, ante la insolvencia del empleador)".

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).‑ No vamos a votar el artículo 10 de este proyecto, por lo que solicitamos que se desglose.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1° a 9 y 11 a 14, inclusive.

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).‑ Propongo al señor diputado Luis Puig como miembro informante.

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).‑ Las consideraciones sobre este artículo las realizaremos en el plenario, por lo que firmaremos el informe con salvedades.

——La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes tiene mucho gusto en recibir a esta delegación del PIT‑ CNT, integrada la señora Flor de Liz Feijoo, por el Secretariado Ejecutivo del PIT‑ CNT; el doctor Héctor Zapirain, de la Sala de Abogados del PIT‑ CNT; y el señor Favio Riverón, presidente de Fuecys.

Hace pocos minutos la Comisión aprobó dos proyectos de ley: "Nuevos Puestos de Trabajo" y "Fondo de Garantía de Créditos Laborales".

En realidad, la delegación que nos visita ha venido en más de una oportunidad a brindar su opinión, sobre todo sobre el proyecto de ley del fondo de garantía presentado por los diputados Puig y Reutor, pero como es habitual, una vez más la Comisión está haciendo una ronda para conocer la opinión de las distintas delegaciones.

En tal sentido, para la Comisión es muy importante conocer la opinión del PIT‑ CNT.

SEÑOR RIVERÓN (Favio).‑ En realidad, solo podemos agregar algunas cosas a lo que ya hemos dicho con respecto a lo que implica un proyecto de ley de estas características para el movimiento sindical, sobre todo para el sector que represento, que es el de comercio y servicios.

Como dije, solo podemos agregar algunas cosas que surgieron en el último año y medio y que, claramente, están vinculadas a esta situación.

Por ejemplo, seguimos penando con los créditos laborales de los compañeros de Tiempost, lo que implica que trescientas familias sigan sin cobrar. A esto debemos agregar la situación que deberán afrontar las ciento cincuenta o ciento setenta familias que terminarán descolgadas debido a la situación que atraviesa Motociclo. En realidad, esas personas fueron enviadas al seguro de paro debido a que ‑producto de su insolvencia‑ la empresa no tiene los fondos necesarios para abonar los despidos. Además, están pendientes de que la empresa pueda generar en el circuito que todavía está funcionando los fondos necesarios para cubrir la IPD de la totalidad de los trabajadores.

Sin duda, podríamos nombrar empresas de limpieza y de seguridad e, inclusive, ir un poco más atrás y recordar lo que pasó con Fripur.

En realidad, para nosotros está claro que es ampliamente necesaria la creación de un fondo que asegure la situación de los trabajadores ‑que es la pata más débil‑, ya que el país tiene una historia de empresas fundidas con empresarios millonarios y trabajadores sumergidos en la extrema pobreza. Ese es el hilo conductor del cierre de casi todas las empresas de Uruguay.

Por lo tanto, la creación de este fondo, sobre todo para las empresas que brindan servicios, será un antes y un después, aunque es claro que nos generará ciertas incertidumbre. De todos modos, sabemos que dicha iniciativa estará acompañada por el otro proyecto de ley que la Comisión aprobó el día de hoy, que refiere a la creación de un fondo para el fomento del empleo.

No tengo mucho más para agregar; solo esperamos que el Fondo esté en vigencia muy pronto ya que, desgraciadamente, en sectores como el nuestro las situaciones de este tipo se producen bastante más rápido de lo que quisiéramos.

Por lo tanto, solo podemos saludar la iniciativa y estar atentos a su puesta en funcionamiento.

SEÑORA FEIJOO (Flor de Liz).‑ Muchas gracias por recibirnos en este espacio una vez más.

Yo pertenezco al Secretariado Ejecutivo del PIT‑CNT, pero también soy la secretaria general del Sindicato Único de la Aguja, y puedo decir que para este sindicato este proyecto de ley es muy importante, ya que en los últimos tres meses ciento cincuenta trabajadores de la empresa Everfit quedaron en la calle sin cobrar un peso, así como cincuenta trabajadores de Ambelir, que es de las últimas exportadoras.

Sin duda, a estas empresas, debido a que son grandes y se sabe dónde están, se les puede hacer un juicio, pero cuando se trata de pequeños talleres que emplean a cinco, diez o quince personas, por lo general mujeres, no es así. Estas trabajadoras, muchas veces, llegan al sindicato y nos dicen: "Fuimos a trabajar y la fábrica estaba cerrada". Entonces, cuando vamos al lugar nos encontramos con que de la fábrica no queda nada, ni el empresario ni las máquinas, y los trabajadores quedan en la calle.

Entonces, para un sector donde más del 80 % son mujeres, que desde hace muchísimo tiempo padecen esta realidad ‑que más allá de la ley sobre negociación colectiva y de todas esas cuestiones que hemos logrado en los ámbitos tripartitos para consensuar cómo seguir adelante, lamentablemente, al día de hoy, no hemos podido revertir‑, que haya una ley que las ampare significaría un antes y un después. Si bien hoy estamos muy preocupados por la inserción laboral, por la generación de empleo, muchísimas veces, no tenemos condiciones para generar empleo para un sector de la población. Entonces, tener un fondo con estas características que permita, al menos, dejar a los trabajadores en determinadas condiciones, nos parece bien importante y, sin desmedro de ninguna otra ley, nos parece que esta, para el conjunto de los uruguayos, será un antes y un después. Además, Uruguay dando este puntapié inicial será un ejemplo para América Latina, si pensamos que hay países desarrollados de Europa que tienen estas opciones para los trabajadores. Así que esto sería muy significativo para todos.

SEÑOR ZAPIRAIN (Héctor).‑ Quiero agradecer la invitación. Recibir a la delegación de trabajadores contribuye a esa concepción de democracia que no se limita solamente a los aspectos formales.

Indudablemente, este es un largo proceso. El primer proyecto sobre un fondo de garantía fue presentado por Fernández Faingold hace muchos años. Después, tuvo modificaciones, el Frente le introdujo modificaciones y lo presentó durante mucho tiempo. Luego, vino una tercera etapa, que es esta en la que estamos ahora, en la que ese proyecto se volvió a presentar de nuevo, recogiendo el antecedente, mejorándolo, y todo eso ha desembocado en lo que tenemos hoy. Estoy recordando un largo proceso de modernización de nuestra legislación en materia de protección salarial.

Hace más de treinta o cuarenta años que existen países que tienen sistemas de protección de este tipo, algo que va junto con la idea de seguridad social. La seguridad social no es solamente la jubilación o el subsidio por enfermedad, también es la protección de aspectos que tienen que ver con otras necesidades, fundamentalmente, de los trabajadores. Recuérdese que los créditos laborales son los únicos que en nuestro país no están garantizados. Cualquier crédito que uno saque está cubierto por una garantía; los créditos laborales no están garantizados por nada. De allí las situaciones que mis compañeros han relatado.

Otra cuestión que tiene que ver con esto es que el país está en deuda en cuanto a la ratificación o, por lo menos, el tratamiento del Convenio N° 173 ‑que trata, precisamente, estas situaciones‑ en el ámbito parlamentario. El Parlamento no ha tenido esa posibilidad; es cierto que el Poder Ejecutivo no lo ha enviado. Creo que este proyecto de ley, que además está inspirado en ese Convenio, viene un poco a compensar eso.

Por último, quiero plantear un aspecto de carácter general que hay que tener en cuenta. Este texto que hoy ustedes tienen acá es producto de una discusión en el Consejo Superior Tripartito. Es decir, allí ha habido involucramiento de las partes, más o menos: no voy a criticar si una de las partes participó más o participó menos, pero este tema fue tratado en el Consejo Superior Tripartito, que es el órgano máximo de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, donde están representados el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. Tanto este proyecto como el otro que también está acá fueron discutidos allí: las partes tuvimos la posibilidad de decir nuestras opiniones, nuestras observaciones al texto que se presentó en su momento, que trataba de superar algunas observaciones que tenía el que estaba en trámite en el Parlamento, y creo que lo logra.

Se logra destrabar algunos aspectos administrativos, como el relativo a cómo se hace valer el crédito, se simplifica el trámite para su percepción, así como el que tiene que ver con cómo se financia. Y allí se encontró una solución para la financiación sin incrementar impuestos o crear nuevos: se logró hacer una redistribución de los que ya estaban. Recuerden que a lo largo de este proceso de discusión siempre hubo dos temas que estuvieron presentes: la financiación y quién administraría el fondo. Esos fueron los dos grandes problemas sobre los que no nos pudimos poner de acuerdo durante ese largo proceso. Hoy eso está solucionado.

Por supuesto que toda norma es perfectible, se verá en su aplicación, pero esto es un gran avance. El movimiento sindical acompaña este texto en un cien por ciento; considera que es un importante avance que está en la línea del Convenio N° 173 de la OIT, nada menos ni nada más.

En esta instancia en que la Comisión está considerando el proyecto de Fondo de Garantía de Créditos Laborales por insolvencia patronal, deberíamos citar varias fuentes. Sin duda, una de ellas es el Convenio 173 de OIT ‑que llevó a que diferentes países aprobaran fondos para garantizar el cobro de los haberes laborales‑, el Convenio 95 de protección del salario, y el 100.

La idea se desarrolló en base a algunas premisas planteadas por la OIT. En realidad, los fondos de garantía por insolvencia patronal deben financiarse con aportes patronales. El ministro de Trabajo y Seguridad Social plantó que hay un par de excepciones de países en que se financia con fondos del Estado y fondos mixtos. Pero la inmensa mayoría de los fondos de garantía que existen en el mundo son financiados con aportes patronales, porque las decisiones que pueden desembocar en insolvencia son patronales, no son decisiones de los trabajadores. Es decir que se adecua a esa lógica.

En diferentes congresos, el PIT‑ CNT ha planteado y aprobado impulsar la creación de un fondo de garantía por insolvencia patronal. En 2015, junto al diputado Carlos Reutor, presentamos un proyecto; hoy viene otro del Poder Ejecutivo, que se ha basado en ese proyecto. Si tuviéramos que establecer su origen en el Uruguay, serían las definiciones del movimiento sindical.

Quiero destacar el aporte de la Sala de Abogados del PIT‑ CNT y, particularmente, del doctor Zapirain ‑con quien nos reunimos en varias oportunidades‑ en la gestación del primer proyecto. Él desarrolló los principales conceptos para impulsar un proyecto de fondo de garantías y, además, contribuyó de manera importante en su redacción.

A partir de la discusión en ámbitos tripartitos y en el Consejo Superior de Salarios, hoy ese proceso se encuentra en una nueva etapa.

La semana pasada, tuvimos la comparecencia de delegaciones empresariales. Entre sus integrantes, existía una clarísima contradicción, ya que había quienes decían que no habían participado, que no hubo un proceso de consulta, y quienes decían que habían participado y habían dado su opinión en contra de este proyecto.

Yo creo que este proyecto le hace bien al Uruguay; se enmarca en una serie de leyes que se han aprobado en los últimos años, relativas a la protección de los derechos de los trabajadores. A su vez, estas leyes están en consonancia con otras leyes de protección a los derechos de los trabajadores que fueron aprobadas a principios del siglo XX, como es la ley de ocho horas. Entre aquellas y estas hay un común denominador: la voluntad política existente desde el Gobierno para aprobarlas y la movilización de los trabajadores.

Así como el proyecto de las ocho horas, después de permanecer durante diez años en el Parlamento, fue aprobado en 1916, cuando la mayoría de los gremios ya habían conseguido con su movilización la reducción de la jornada de trabajo, en estos períodos de Gobierno, diferentes proyectos ‑como el fondo de garantía por insolvencia patronal, negociación colectiva y demás‑, se convirtieron en ley a partir del proceso de movilización de los trabajadores.

Es muy importante rescatar la interrelación entre lo que se impulsa en el Parlamento y lo que se reclama por parte de las organizaciones sociales. Me parece que es parte integral de la democracia.

La delegación que hoy está acá representa a la organización que ha trabajado para impulsar estos proyectos ‑algunos de los que ya han sido aprobados y se han convertido en leyes hace ya unos cuantos años‑ de protección de los derechos de los trabajadores.

Nos parece que existe una cuota parte de contribución muy importante del movimiento sindical.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Les agradecemos la participación en el tratamiento de este proyecto de ley, que ya se encuentra en su etapa final y pronto será elevado al plenario. Ustedes han participado y colaborado, no solo por la relación que pudo existir con algunos legisladores y en la construcción de los proyectos, sino también en el ámbito de esta Comisión, en la que los hemos recibido varias veces durante estos años en los que el proyecto ha estado arriba de la mesa.

Sin duda, nos volveremos a ver pronto, porque ustedes son habituales visitantes de esta Comisión.

ESTACIÓN DE SERVICIO "LA CATALUÑA", DE SANTA CLARA DE OLIMAR

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

Se establecen incentivos para su generación

FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS LABORALES

Se crea en el ámbito del Banco de Previsión Social, ante la insolvencia del empleador

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 2 de octubre de 2018

(Sin corregir)