LEY DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Aprobación

RESPONSABILIDAD DE ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES

Modificación del artículo 1844 del Código Civil y derogación
de los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 1.816

DIVISIÓN EQUITATIVA DEL TIEMPO DE CONTACTO DE MENORES
CON SUS PADRES

Modificación del artículo 34 del Código de la Niñez y Adolescencia

PENSIÓN ALIMENTICIA

Se establece la imposición de efectuar declaración
jurada de bienes e ingresos de los
deudores alimentarios

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 26 de setiembre de 2018

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

  La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración tiene el gusto de recibir a una delegación de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, integrada por su presidente, el señor Juan Olasco; el secretario general, señor Jonatan Perdomo; la secretaria, señora Dahyana Pereira; la secretaria de finanzas, señora Silvana Di Gregori, y la señora Graciela Coimbra.

  La delegación comparece a los efectos de pronunciarse sobre el proyecto de ley que está a estudio de la Comisión, denominado Ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional que, como es sabido, propone la creación de un servicio descentralizado con el nombre de Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que implica, obviamente, la reubicación institucional del organismo mencionado.

SEÑOR NOLASCO (Juan).‑ Traemos algunos planteos en cuatro ejes que para nosotros son fundamentales.

  El primer eje refiere a la parte del Directorio, es decir, a la parte más política de este proyecto de ley.

  Por un tema de transparencia del Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros vemos la necesidad de que haya un representante de los trabajadores en este Directorio que estaría conformado por cinco integrantes: su presidente y cuatro directores. No se contempla la participación de un representante de los trabajadores y nosotros creemos que, por transparencia, sería fundamental contar con la voz y representación de los trabajadores dentro del Directorio. De hecho, tenemos algunos antecedentes, como puede ser el Directorio de ASSE ‑en el que están representados los trabajadores‑ y el Banco de Previsión Social.

  Otro eje refiere a las funciones de los operadores penitenciarios. En realidad, queda como en un debe el planteo que hay respecto a las funciones. Se explaya, sobre todo, en un solo escalafón y nosotros creemos que los escalafones técnicos y profesionales y el escalafón administrativo también pertenecen al sistema penitenciario, por lo que deberíamos contemplarlos.

  Estos escalafones hoy no tienen una carrera administrativa y no están contemplados.

  Asimismo, si este proyecto de ley prevé que luego de que sea nombrado un Directorio tendrá ciento ochenta días para crear un estatuto del personal penitenciario, no vemos por qué acá se tienen que poner algunas funciones.

  Nosotros pedimos que se retire de este proyecto de ley la parte de las funciones y que sean desarrolladas en un próximo estatuto. Como el estatuto no va a tener peso de ley y, de hecho, se lleva adelante este planteo con algunas de las funciones, el estatuto no lo podrá revertir.

  Se trata de un proyecto de ley que no estuvo consensuado con los trabajadores. Cuando nosotros pedimos participación en la elaboración de este proyecto de ley, nunca se nos dio lugar. Por esa razón es que pedimos que esa parte del proyecto de ley sea retirada y que se trabaje en conjunto con los trabajadores en un próximo proyecto de estatuto.

  Respecto a los cargos en el Directorio, obviamente que se nombrará un Directorio Nacional, que formará un Gabinete, que obviamente estará integrado por cargos políticos y de confianza, pero creemos que para proyectar el INR y las necesidades que tiene, los directorios que se conformen en las unidades deberían hacerlo a través de un concurso. Se debería poder llegar a un directorio en una unidad por concurso.

  Con eso, vemos la posibilidad de que se pueda avanzar en este proyecto del INR. Como sociedad, creemos que es fundamental poder reinsertar a las personas privadas de libertad y poder llevar adelante un proceso y una unidad, pero teniendo en cuenta que las personas que vayan a integrar ese Directorio tengan un proceso dentro del INR.

  Por otro lado ‑quizás esto vaya de la mano de las funciones‑, creemos que este proyecto se contradice en algunas cosas, sobre todo en las funciones y obligaciones; en algunos lugares se establece qué podemos hacer y en otros se indican algunas funciones que no podríamos realizar, por ejemplo, cuando se refiere a los operadores penitenciarios y la parte administrativa.

  Cuando se crea el INR se intenta contemplar que la policía que lleva a las personas a la cárcel o las detiene en la calle no podía trabajar y llevar adelante un proyecto socioeducativo. Pero como la policía pasó a cumplir tareas en la parte externa de las unidades, en los perímetros, las funciones de seguridad la cumplirán los operadores, además de llevar adelante la parte socioeducativa.

  Nosotros proponemos subdividir en tres el Escalafón S: un subescalafón para realizar las tareas administrativas, otro para llevar adelante la parte socioeducativa, y un tercer subescalafón para la seguridad. De esta forma se evitaría que quienes realicen una requisa o alguna revisión sean las mismas personas que lleven adelante las tareas socioeducativas de rehabilitación.

  Entendemos que se cometieron algunos de estos errores por no haber tenido los fundamentos de los trabajadores para elaborar este proyecto de ley.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).‑ Agradezco la presencia de la delegación de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.

  Ha quedado claro cuáles son las propuestas que ustedes realizan sobre el directorio, la pertinencia de asignación de funciones, las contradicciones que encuentran en el proyecto y las sugerencias sobre la definición de roles o la subdivisión del Escalafón S. Creo que es el centro medular.

  Quisiera saber cuál es la visión que tienen los trabajadores sobre el traslado de las responsabilidades del INR desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Educación y Cultura, que es parte de la situación primaria que nosotros observamos.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Voy a hacer una consulta sobre algo que mencionaron al pasar sobre la aparente ausencia de negociación con las autoridades a la hora de elaborar el proyecto.

  Quisiera saber si con relación a lo que establece la ley de negociación colectiva para el sector público ustedes entienden que hubo incumplimiento de parte de las autoridades en las disposiciones que afectan las condiciones de trabajo.

SEÑOR NOLASCO (Juan).‑ Vemos con buenos ojos crear un instituto descentralizado y tener al Ministerio de Educación y Cultura como referencia. Precisamente, hemos planteado que, tal vez, la celeridad de los hechos y la situación que había en el momento en que se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación llevaron a que se hiciera con un sistema mixto, y creemos que eso ha enlentecido el proceso. Cuando hablo de sistema mixto me refiero a que los civiles trabajan con la policía. Eso ha hecho que, al principio, cuando se empezaron a operar algunas unidades, el trabajo se complicara un poco y fuera un poco difícil. Por eso vemos muy bien el pasaje al MEC; creemos que va a ser muy bueno para el Instituto Nacional de Rehabilitación y para que se empiece a entender cuál es la tarea que deberían llevar adelante los civiles en este sistema penitenciario. Estoy hablando como organización.

  Respondiendo al señor presidente, con respecto a este tema hicimos varios planteos. Sentíamos que desde la función teníamos un vacío legal muy grande. Si bien nos regíamos por el Estatuto del Funcionario Público, la Ley N° 19.121, también lo hacíamos por un decreto reglamentario, el Decreto N° 104, que aún está vigente. Ese decreto se crea en el año 2011, cuando comenzó a funcionar el Instituto Nacional de Rehabilitación, y dejó muchas cosas libradas al azar, lo que ha generado muchísimos problemas.

  Desconociendo que se podía dar esta descentralización, solicitamos al Ministerio del Interior crear un estatuto propio que sirviera para contemplar las necesidades que tiene el sistema penitenciario. Precisamente, fue entregada al Ministerio del Interior una redacción de aproximadamente ciento diez artículos con la intención de comenzar una negociación, pero no se llevó adelante.

  El Ministerio del Interior nunca nos dio participación en la elaboración de este proyecto, y tampoco mencionó que estaba confeccionando un proyecto de ley para una futura descentralización del INR. Por eso hoy venimos a la Comisión, para poder plantear lo que vemos y lo que queremos para nuestro instituto que, obviamente, es defender nuestra fuente de trabajo y las condiciones laborales de todos los trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación.

  Asimismo, creemos que el Instituto Nacional de Rehabilitación se piensa y se proyecta para realizar una rehabilitación de las personas privadas de libertad y una futura reinserción social, pero eso no lo vemos contemplado en este proyecto de ley. Si bien en el proyecto se nombra a la Oficina de Libertad Asistida, OSLA, no se menciona nada sobre un seguimiento de las personas privadas de libertad ni una real educación para acelerar ese proceso. Hoy, las personas privadas de libertad terminan la escuela ‑los que no la hicieron‑ y también el liceo, en el caso de que tengan un proceso largo dentro de una unidad de internación. Pero hoy, finalizar el liceo quizás no te dé las herramientas para poder competir realmente en el campo laboral. Creemos que hay que apostar a otras cosas. Tenemos una Universidad pública y creemos que podríamos apostar a algunos convenios y eso, quizás, también se debería contemplar en este proyecto de ley. Digo esto pensando en lo que vemos diariamente en las unidades, porque cuando la persona privada de libertad sale lo hace con un estigma ‑porque estuvo privada de libertad‑ y eso la limita a conseguir algún trabajo. Entrar en el mercado laboral con ese estigma es muy complicado y si a eso le sumamos que no tiene las herramientas suficientes, obviamente que es muy probable que en dos o tres meses esa persona vuelva a estar internada. Todos sabemos que tienen necesidades afuera, tienen familia y demás, y no conseguir un trabajo muchas veces hace que las personas vuelvan a cometer algún delito.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Damos la bienvenida al doctor Juan Williman Sienra, asesor de la delegación que está presente, que acaba de ingresar a sala.

  Tal vez podamos solicitar a la directiva del gremio que nos haga llegar el anteproyecto que oportunamente manejaron con el Ministerio del Interior, o esa documentación, que puede ser de provecho para el trabajo de la Comisión.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).‑ En esta etapa estamos recibiendo opiniones sobre el proyecto. Nos parece que si hay un material elaborado por los trabajadores y su apoyo jurídico, sería importante tenerlo como insumo para la Comisión.

  Probablemente, vamos a estar recibiendo delegaciones hasta el día 17; por lo tanto, hasta esa fecha no vamos a tratar el tema. Se los digo para que tengan una idea de plazo. Realmente, nos parece interesante contar con ese material.

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).‑ Buenos días; agradezco la visita de los operadores penitenciarios.

  Ustedes hablaron del Escalafón S y de una subdivisión. Ese documento, al que hacían referencia algunos integrantes de la Comisión, puede ser un insumo para nuestro trabajo. Quisiera saber si con respecto a las funciones de operador en el Escalafón S están de acuerdo con lo que plantea el proyecto de ley. Me parece importante aclarar si hay cosas para agregar o si hay cosas que entiendan que no son tarea de ese escalafón. Sería bueno que eso también nos lo hicieran llegar, porque creo que es una parte importante en la cual ustedes deben tener opinión formada, y es algo que saben más que cualquiera.

SEÑOR NOLASCO (Juan).‑ Reitero que lo que habíamos hecho era una redacción para un posible estatuto del funcionario penitenciario. No tenemos ningún inconveniente en hacérsela llegar, pero nuestro cometido en esta reunión es preguntar a esta Comisión si podemos presentar un proyecto de ley basado en este proyecto que ya fue presentado, pero que contemple la opinión de los trabajadores. La idea es enviar ese proyecto de ley para trabajar en él, y que nuestra organización pueda volver a tener un espacio en la Comisión para defender el planteo que estábamos haciendo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Seguramente no habrá inconveniente. Todo el material que nos quieran proporcionar y los insumos que quieran aportar a la Comisión van a ser bienvenidos. Obviamente, no será un proyecto de ley, porque los proyectos de ley los presentan los legisladores o el Poder Ejecutivo, pero podrá ser un anteproyecto de aditivos o propuestas sustitutivas a lo que estamos analizando. Creo que, en ese sentido, el criterio de la Comisión es amplio y se lo vamos a agradecer mucho.

SEÑOR NOLASCO (Juan).‑ Una vez que el abogado termine el estudio que está haciendo y corrigiendo lo que elaboramos para darle un marco legal a lo que estamos planteando, se lo haremos llegar.

  Desde ya agradecemos a la Comisión por este espacio, por permitir que los trabajadores podamos brindar nuestras palabras y tenerlas en cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Agradecemos a la delegación, esperamos la llegada de ese material y los mantendremos al tanto del trabajo de la Comisión.

(Se retira de sala la delegación de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios)

——Antes de continuar con el orden del día, la Presidencia quiere comunicar un par de informaciones con relación a este proyecto de ley. Obviamente, en el día de hoy no podemos avanzar más sobre él porque todavía tenemos delegaciones que recibir. Precisamente, está agendada para el 17 de octubre la comparecencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. No pudo coordinarse con anticipación porque, según fue trasmitido por la Institución, el propósito es que comparezca el doctor Taylor, quien ‑según la versión que tengo‑ es el que está más consustanciado con este asunto. Creo que por razones de viaje recién para esa fecha podría estar compareciendo.

  Por otra parte, quiero señalar que ha llegado una invitación por parte de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Yo solicité a Secretaría que se pusiera en contacto con la Asociación a efectos de precisar el alcance de nuestra participación. En principio, se nos invita a participar de una jornada que se desarrollaría el 11 de octubre en esta Casa, concretamente, en el Pasaje Acuña de Figueroa, con relación al proyecto que oportunamente promovimos y aprobamos, vinculado con el régimen de los gastos comunes, con la limitación de las tasas de intereses, etcétera y, al mismo tiempo, convocan a una instancia previa, preparatoria, en la sede de la Asociación para el jueves 27. La Secretaría se comunicó con la Asociación y no le supieron precisar cuál era el sentido de la reunión del día de mañana. En principio, no iría nadie, porque no sabemos para qué nos están invitando; supuestamente, es para una reunión que se va a organizar esa jornada del 11 de octubre con relación a ese tema específico. En todo caso, vamos a pedir a Secretaría que cuando tenga información más concreta, nos las comunique, y vemos qué hacemos.

  (Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

——Fruto del intercambio realizado en el ámbito de la Comisión con respecto al proyecto de ley de contrato de seguros, particularmente, sobre los artículos 129 y 130, se acordó solicitar un informe al Banco de Previsión Social y al Banco de Seguros del Estado, teniendo en cuenta lo planteado en una reciente sesión por varias organizaciones gremiales del sector agropecuario.

  Además, se acordó remitir las versiones taquigráficas de las sesiones, conjuntamente con dicha solicitud.

  Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Responsabilidad de Arquitectos y Constructores. (Modificación del artículo 1844 del Código Civil y derogación de los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 1.816)".

  De acuerdo con lo dispuesto en la Comisión, se solicitó un informe al Instituto de Derecho Civil con respecto a este proyecto ‑que viene del Senado‑, el que ya fue remitido. Además, dicho informe fue complementado por otro que llegó en las últimas horas y fue debidamente distribuido.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ En líneas generales comparto el proyecto, pero he visto que el Instituto de Derecho Civil ha realizado algunas observaciones, y me pareció pertinente recoger alguna de ellas. En tal sentido, redacté un texto sustitutivo que, según tengo entendido, obra en poder de la Secretaría de la Comisión. Por tanto, solicito que sea repartido para poder explicar el sentido y el alcance de las modificaciones que propongo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Así vamos a proceder.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Como decía, el Instituto de Derecho Civil formuló distintas observaciones, y yo recogí algunas; otras no porque no me parecen pertinentes.

  Las más importantes que recojo es la incorporación del ingeniero al elenco de los sujetos responsables, ya que si se entiende que los defectos en el cálculo constructivo son materia de responsabilidad, está bien que se incluya esa figura, tal como lo propone el Instituto universitario.

  Asimismo, recojo la sugerencia de suprimir el inciso final del artículo 1º que votó el Senado, que dice: "Todo ello, sin perjuicio y además de la responsabilidad directa de los subcontratistas y contratistas parciales de la obra, así como de los suministradores de materiales e instalaciones para la misma".

  Como bien se dice en el texto que remitió el Instituto de Derecho Civil, las situaciones de los subcontratistas y contratistas parciales ya están previstas en el Código Civil, en los artículos 1.850 y 1.852, por lo que no agrega nada que se incorporen en este artículo, salvo la posible generación de confusiones o circunstancias que le quiten claridad a la disposición del artículo 1.844.

  Además, introduje algunas variantes de redacción que son mínimas, y alguna separación de incisos en beneficio de la claridad de la disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Usted también contempla el primer señalamiento del Instituto, que dice que se debería eliminar, al final del inciso primero, la expresión "aún cuando el daño se produzca durante la ejecución", por considerarla sobreabundante.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Es correcto.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Advierto que usted lo suprime, recogiendo esa inquietud.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Así es.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En general, comparto plenamente los ajustes, y creo que perfeccionan el proyecto en el sentido de lo que propone el Instituto de Derecho Civil.

SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).‑ Este tema es bien delicado, ya que hay un notorio desequilibrio entre las partes, es decir, entre la empresa constructora o los arquitectos, y quien la contrata. Muchas veces la gente utiliza los ahorros de toda su vida para comprar una vivienda y, obviamente, hace un acto de fe en la lex artis, es decir, en la sabiduría de quien realiza la obra, ya que quienes compramos un departamento o mandamos a construir una casa no tenemos los conocimientos adecuados, y estamos sujetos a lo que ellos dispongan.

  La norma del Código Civil, que es de 1867, de por sí, preveía un régimen diferencial ‑quizás los lobbys existían en aquella época‑ de la responsabilidad contractual del constructor con respecto a la responsabilidad contractual general. Cabe recordar que la corresponsabilidad general contractual es de veinte años, y en este caso se baja a diez.

  En realidad, en determinadas hipótesis, estamos haciendo una reducción aún mayor de la responsabilidad contractual, ya que hablamos de cinco años e, inclusive, de dos.

  Obviamente, yo sé que esto responde a determinados intereses ‑la Sociedad de Arquitectos del Uruguay está enloquecida con esta norma, al igual que la Liga de Promotores de la Construcción‑, y quiero señalar que en los casi ciento cincuenta años de vigencia de esta norma nunca se fundió una empresa ni murió algún responsable de las construcciones; jamás ha habido quejas públicas por este funcionamiento. En tal sentido, me parece sabia la norma que está escrita, y si tuviera que agregarle algo sería la figura del ingeniero. Obviamente, estamos de acuerdo con eliminar lo que es sobreabundante, pero consideramos que no se debe reducir el régimen.

  En tal sentido, quisiera comentar que en la Facultad de Derecho se encuentra el Centro Interdisciplinario de Relaciones de Consumo, cuya presidenta es la doctora Dora Szafir ‑quien es una conocida magistrada‑, y creo que sería bueno convocarla para que diera su opinión, ya que solo escuchamos a un sector.

  Sinceramente, mi visión es la defender a la parte más débil del contrato, y creo que la responsabilidad contractual general se ve privilegiada con respecto a la responsabilidad contractual de quienes construyen. Por lo tanto, antes de emitir un fallo, creo que sería bueno escuchar al Centro Interdisciplinario de Relaciones de Consumo de la Facultad de Derecho y a su presidenta, la doctora Dora Szafir, exmagistrada ‑creo que se jubiló‑ y fue miembro del Tribunal de Apelaciones. Se trata de una persona muy conocida y respetada, que ha publicado varios libros sobre responsabilidad médica y responsabilidad en la construcción, y creo que sería bueno escucharla.

  Por supuesto, yo no tengo voto en esta Comisión ‑simplemente expongo argumentos‑, pero el proyecto no me gusta y no estaría dispuesto a acompañarlo. Por tanto, creo que sería bueno escuchar al Centro Interdisciplinario de Relaciones de Consumo de la Facultad de Derecho.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero informar ‑sin perjuicio de que los aportes del señor diputado Alejo Umpiérrez son de enorme significación, como siempre‑ que entre los antecedentes que los señores legisladores tenemos a nuestra disposición figura la versión taquigráfica del Senado. Según estos antecedentes, la doctora Dora Szafir compareció en una ocasión a la Comisión de Constitución y Legislación ‑sin perjuicio de que pueda hacerlo aquí‑ junto con la comisión redactora del proyecto original, que iba en la misma dirección de la que el Senado aprobó finalmente. Todos saben que el Senado nos remitió una versión modificada de la propuesta inicial.

  Además, hay un documento que tiene que ver con una jornada interuniversitaria vinculada específicamente al tema de responsabilidad decenal que aboga por la aprobación de una solución de estas características. Inclusive, se menciona en el documento que la comisión redactora fue encabezada por la doctora Dora Szafir. Lo señalo como un antecedente y no con el ánimo de abrir un debate. Además, entiendo que la preocupación del señor diputado Alejo Umpiérrez resulta por demás pertinente.

  Adelanto que estoy dispuesto a votar a favor este proyecto de ley porque comparto sus fundamentos. Entiendo que la responsabilidad decenal se mantiene y que se establece un acortamiento de los plazos para determinadas situaciones específicas que están por fuera de lo que la doctrina designa como ruina estructural en cuanto a la construcción.

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).‑ Estábamos dispuestos a votar este proyecto como vino del Senado. Nos parece bien que se haya incluido la oración "aun cuando el daño se produzca durante la ejecución" de ex profeso, en el sentido de que lo que abunda no daña. En realidad, esto actúa sobre los más desprotegidos.

  Evidentemente ‑como planteó el señor diputado Alejo Umpiérrez‑, la construcción ha ido cambiando a lo largo de los años. Creemos que los avances en la tecnología y en los diferentes tipos de construcción hacen necesarios una readecuación de la norma.

  Estoy de acuerdo con invitar a la doctora Dora Szafir del Centro de Relaciones de Consumo de la Udelar. Me parece que es importante escuchar su opinión.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ ¿La propuesta es invitarla personalmente o que se pronuncie por escrito?

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).‑ Por escrito sería más rápido.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Un pronunciamiento por escrito ya tenemos. Tal vez podríamos invitarla para hacerle otras preguntas.

  (Apoyados)

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Sin perjuicio de todo lo que se dijo, quiero hacer un comentario que me quedó en el tintero de la vez anterior.

  El Instituto de Derecho Civil también propone que se incluya expresamente en el texto a consideración la figura del desarrollador inmobiliario. Yo quiero señalar que no tuve en cuenta esa sugerencia porque me parece que simplemente es una variedad de la figura del empresario, que está contemplada en el texto. Naturalmente, le tocará a la jurisprudencia elaborar el concepto de empresario y señalar las nuevas figuras que encarnan ese rol, pero no creo que debamos hacer esas previsiones especiales en el texto, algo que podría tener otros efectos en el sistema. Si consideramos al desarrollador inmobiliario para algunas cosas y no para otras, se puede generar todo ese tipo de discusiones que conocemos bien, en el sentido de que si se contempló en un caso y no en el otro fue porque no se lo quiso incluir, etcétera. Nos ahorramos todo eso si libramos la interpretación de la figura del empresario a la jurisprudencia y a la doctrina. En todo caso, dejamos la constancia en sala de que consideramos que está comprendido en la palabra "empresario".

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Si no hay objeciones, intentaremos invitar a la doctora Dora Szafir para la próxima semana.

  Continuando con el orden del día, corresponde pasar a considerar el proyecto presentado por el señor diputado Daniel Radío referido a los contenidos web. Como les consta a los señores legisladores, hemos recibido un informe del Centro de Derecho Informático de la Udelar.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ Estuve mirando todo el material en estos días. Tengo entendido que al Centro de Derecho Informático le parece bueno el proyecto: por momentos sugieren la posibilidad de volver a la redacción original y en otros artículos dicen que está bien lo que propone Agesic.

  Como todavía no pude compatibilizar los datos, pido que posterguemos el punto una semana más para conversarlo con mis asesores, a fin de adoptar una posición definitiva.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Con el acuerdo de la Comisión, se posterga el punto que figura en tercer lugar del orden del día.

  Corresponde pasar a considerar el cuarto punto, que refiere a la división equitativa del tiempo de contacto de los menores con sus padres. Al respecto, recibimos un informe del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).‑ Después de este largo período de espera para tratar este proyecto, creo que deberíamos considerarlo y votarlo.

  Voy a pedir a la Comisión que previamente podamos convocar a la organización que tuvo la iniciativa y que nos acercó el anteproyecto. Me refiero a la organización de derechos humanos Stop Abuso Uruguay. Quisimos que quedara para el final su convocatoria porque fue la que nos planteó la iniciativa y la que más trabaja en el tema. Además, es la que más conocimiento práctico tiene, puesto que atiende a muchas familias.

  Debo comunicar que en los últimos días nos han expresado su interés en reflexionar y plantear algunos comentarios sobre el último informe que recibimos del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente.

  Por lo tanto, solicito convocar a la organización Stop Abuso Uruguay para las próximas sesiones a fin de conocer su punto de vista. Cuando la Comisión lo disponga, se procederá a la votación del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Respecto de la propuesta del señor diputado Rodrigo Goñi, si no hay objeciones, procederíamos en esa dirección. Podríamos coordinar esta entrevista para la semana que viene. Tendríamos dos entrevistas: la que pactamos con relación al otro proyecto y esta.

  ¿Estamos de acuerdo?

  (Apoyados)

——Corresponde pasar a considerar el que será el último punto del orden del día, porque el que figura al final es el del Código Penal Militar y Código de Organización de los Tribunales Penales y del Proceso Penal Militar, respecto al cual no ha llegado el informe correspondiente del Ministerio de Defensa Nacional.

  En discusión el proyecto presentado por el señor diputado Radío, denominado: "Pensión Alimenticia", a propósito del cual ha llegado un informe del Instituto de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, a través de la doctora Luz Calvo de Gross.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ En realidad, recibimos dos informes respecto de este proyecto.

  También habíamos recibido uno del Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente. Los dos hacen sugerencias de modificación que me parecen de recibo. Me parece que lo mejoran sustantivamente. Por lo tanto, estoy en condiciones de avanzar en eso.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La propuesta alternativa de la doctora Luz Calvo es muy clara, porque vino redactada en los aspectos que ella propone agregar, fundamentalmente en el inciso segundo.

  (Diálogos)

——La propuesta del Instituto de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República sugiere modificar la redacción original del inciso segundo. Advierto que hay un procedimiento vinculado con la declaración jurada patrimonial del obligado. Se introduce un plazo de vista de diez días y, con posterioridad, se faculta al juez a designar un perito, con determinadas atribuciones. Esa es una innovación con respecto a la redacción original.

  En lo que me es personal, creo que está muy bien la propuesta. Creo que mejora la redacción, pero la Comisión deberá pronunciarse al respecto.

  (Diálogos)

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ El Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente lo que propone es: "Agregar al artículo 5º de la Ley N° 19.480 […] E) Alertar al Juzgado Competente toda vez que exista un alta del/la obligado/a alimentario en la seguridad social o inscripción en la Dirección General Impositiva, detallando nombre del obligado, cédula de identidad, nombre y domicilio de la empresa, a los efectos de que este proceda a disponer la retención de la totalidad de la pensión alimenticia adeudada, sin perjuicio del límite de la retención establecido en el artículo 59 del Código de la Niñez y la Adolescencia".

  Lo que propone el Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente es que deberían cruzarse las bases de datos de deudores alimentarios establecida por ley, pero después no propone un mecanismo para cruzar los datos. En realidad, eso debería hacerse siempre desde el Estado. No sé por qué no se hace.

  Estoy de acuerdo con la redacción que propone la doctora Luz Calvo, pero no aporta una alternativa para lo que plantea como solución definitiva el Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ ¿Le parece bien que separemos los dos temas?

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ Sí, estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Trataríamos en primera instancia el artículo 58.

  Deberíamos pronunciarnos por la propuesta original del proyecto que presentó el señor Diputado Radío o por la propuesta sustitutiva que hace llegar la doctora Luz Calvo.

  En principio, tendríamos que votar la propuesta original, a favor o en contra.

  (Diálogos)

SEÑORA GELMAN (Macarena).‑ Queremos solicitar la postergación del tratamiento de este asunto hasta la semana próxima, a los efectos de analizar el planteo del Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente y ver si podemos llegar a una propuesta completa.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Ante la solicitud de la señora diputada Gelman, postergamos la consideración del asunto.

  No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.