DELEGACIONES

Consejo Directivo Central provisorio de la Universidad Tecnológica
(UTEC)

Jurista de la División Derechos de Autor de OMPI y
Presidenta del Consejo de Derechos de Autor

Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay
(ADASU)

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 5 de setiembre de 2018

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Enzo Malán).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

  La Comisión de Educación y Cultura da la bienvenida a los representantes del Consejo Directivo Provisorio de la UTEC, licenciada Graciela Do Mato, consejera, y doctor Rodolfo Silveira, consejero.

  Motivó este encuentro el hecho de que hace unos días asistió una delegación de la Asociación Nacional de Trabajadores de UTEC que planteó una serie de problemáticas, algunas de las cuales tenían que ver con el tema de las elecciones en los distintos órdenes. Por ese motivo, se les hizo llegar a ustedes la versión taquigráfica de esa sesión. Después de que ellos se retiraron, la Comisión entendió oportuno recibirlos para escuchar la visión de ustedes y saber si hay algún tipo de plazo en algunos de los temas que ellos plantearon.

SEÑOR SILVEIRA (Rodolfo).‑ Realmente, es un gusto estar acá y que tengamos esta instancia para conversar.

  Trasmito las disculpas del consejero Chilibroste, que está de viaje; creo que ahora está tomándose un avión en algún lado, no sé si en Holanda o ya está en camino ya que regresa hoy, por lo que no puede estar presente.

  Como decíamos, para nosotros siempre es un gusto estar aquí; anteayer estuvimos en la Comisión de Presupuesto del Senado. Creo que el Parlamento es el lugar al que tenemos que venir a explicar qué es lo que estamos haciendo. Nosotros fuimos nombrados por el Poder Ejecutivo, con venia parlamentaria y, por lo tanto, consideramos que de alguna manera ustedes son nuestros mandantes. Cada vez que venimos decimos lo mismo para que quede claro.

  Estuvimos leyendo la versión taquigráfica correspondiente a lo que planteó uno de los gremios o sindicatos que tenemos en la UTEC y ‑para ir directamente al grano‑ nos parece que hay dos o tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el que tiene que ver con la gobernanza universitaria, y otro tema que conversaron con ustedes refiere a cómo se está trabajando en la interna y en lo que hace al relacionamiento con los funcionarios, los ascensos, etcétera.

  Nos gustaría aclarar desde el principio que nosotros, como Consejo Directivo Central Provisorio de UTEC, comenzamos a trabajar en febrero de 2013, contando con algo que para nosotros fue muy positivo: había una voluntad política muy firme de crear una nueva universidad pública en Uruguay con foco en el interior y con un encare diferente, ya que se aspiraba a una universidad tecnológica. Ese desafío era muy bueno e inmediatamente nos pusimos a trabajar ‑en aquel momento con un Consejo en el que no estaba Graciela sino María Antonia Grompone‑ sobre el plan estratégico, que era la segunda cosa que había que hacer. Para conformar una nueva universidad tecnológica, más allá de lo que decía la ley de creación ‑que nos daba unos cuatro años para pensar‑, básicamente, debíamos armar la universidad. Trabajamos un año en el armado de la universidad y en el diseño de un plan estratégico para darle una cierta institucionalidad. El plan estratégico consideró varios aspectos, como la importancia de la educación tecnológica en el interior del país; y desde el principio tuvimos una idea muy clara: que el diseño de esta universidad era el de una universidad multicampus, desconcentrada. ¿Por qué? Porque es un modelo institucional que se ha probado muchísimo en el mundo, que funciona y que tiene que ver con dos aspectos. Uno de ellos es el modelo educativo, y el de la UTEC tiene algunas diferencias con los modelos educativos tradicionales de enseñanza superior de las universidades más académicas, ya que está basado fundamentalmente en el aprendizaje; no está tan enfocado en la enseñanza, sino en la capacidad que tiene el estudiante para aprender, más aún hoy, ya que las universidades en el mundo han dejado de ser los repositorios de conocimiento. Yo creo que muchas veces no tenemos tiempo de discutir estos temas en la diaria, pero es bueno estar acá para poder profundizar un poco en eso. Las universidades en el mundo dejaron de ser los repositorios de conocimiento; eso fue hasta mediados del siglo XX o fines del siglo XIX. Hoy el conocimiento está muy diversificado. Las grandes corporaciones son dueñas de buena parte del conocimiento que existe en el mundo; lo vemos todos los días. Los gobiernos también son dueños de buena parte del conocimiento, que ya no está ‑como sucedía en la Edad Media o como estuvo hasta el siglo XIX‑ dentro de las universidades; hay mucho conocimiento fuera de ellas. Eso obliga también a repensar un poco cómo se arma, por parte de los estudiantes, su proceso de aprendizaje.

  En los procesos de aprendizaje de las universidades tecnológicas modernas se dan tres o cuatro características especiales. La primera de ellas es que se trata de un aprendizaje que, fundamentalmente, se basa en la resolución de problemas y proyectos; ya no hay un aprendizaje por materia. Aquella vieja modalidad que tuvimos todos, de la materia tal, se va desdibujando y hoy existe un conocimiento que es mucho más integrado y, si se quiere, disciplinar, dentro de unidades de conocimiento, por lo que si lo miramos desde el punto de vista de las materias tiene una integración transversal. Eso obliga a que tanto el cuerpo docente como la estructura administrativa y política de las universidades se adecuen a ese tipo de proceso educativo. Esa enseñanza en base a proyectos y problemas nos acerca muchísimo al sector productivo, y creo que ese el objetivo que estaba en el origen de esta universidad. No se puede pensar esta universidad por fuera del sector productivo ni por fuera de la política‑ país. La universidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la ejecución de políticas públicas. Si el conocimiento está dentro de la política‑ país, la universidad debe ser una herramienta para hacer cumplir esa política, como tantas otras.

  Todo esto nos obliga a estar muy cerca de los gobiernos en los territorios. Nosotros sostenemos y repetimos hasta el cansancio que no solo somos una oferta educativa sino un agente de desarrollo territorial; no hay vuelta; no hay forma de pensar esta universidad sin que sea un agente de desarrollo territorial. ¿A qué nos obliga esto? A tener una estructura muy abierta hacia afuera de la universidad. A lo que clásicamente se le denomina extensión universitaria nosotros le llamamos intervenciones territoriales porque, ¿cómo hacemos para trabajar en las distintas regiones? Y no me refiero solo a los departamentos, aunque usamos una división por regiones parecida a la que utiliza el Congreso de Intendentes. ¿Cómo hacemos para estar en esos lugares sin hablar con las autoridades políticas territoriales, los gremios, los empresarios o las asociaciones civiles? Es prácticamente imposible. Entonces, eso es lo que nos inspiró desde el principio en lo que tenía que ver con el diseño institucional. Y de ahí viene lo de multicampus y desconcentrado. Las políticas son centrales, la ejecución está en manos de los territorios, y también los territorios deben tener una cierta autonomía de gestión. ¿Dónde se puede ver bien claro eso? Si uno mira ‑ahora voy a referirme casi a lo académico‑ cómo se arma una carrera de logística dentro de la UTEC podrá apreciar lo siguiente. Nosotros tenemos dos departamentos donde tenemos logística: Rivera y Fray Bentos. En los contenidos curriculares las carreras son las mismas, pero la realidad de los territorios es totalmente diferente.

  Lo voy a decir de manera muy gruesa ‑perdón por la versión taquigráfica‑: en Rivera yo tengo un problema que es cómo acomodo sandías dentro de un camión, porque son ovaladas y me sobra lugar en pila. Ese es un problema logístico de Rivera, que tiene una frontera seca donde tengo un montón de aspectos que tienen que ver con la logística. Cuando voy a Fray Bentos tengo otro problema totalmente distinto si quiero trabajar cerca del sector productivo, y es que tengo un puerto y una vía fluvial que tiene más barcazas que el Misisipi. Entonces, la logística es la misma, sí, y los contenidos curriculares son los mismos, pero la adaptación y las competencias y habilidades que probablemente adquiera un estudiante en las dos carreras sean diferentes si el proceso educativo está pensado sobre la base de resolución de proyectos y problemas. ¿Es fácil esto que cuento así, en dos minutos? No; no es fácil; primero hay que educar a los docentes y a nosotros mismos, que continuamente tenemos que repetirnos esto, y ser muy plásticos y amplios. Entonces, esto además obliga a tener una estructura administrativa y de soporte que tampoco sea rígida.

  Entonces, ¿quién es un director de un ITR, o de Instituto Tecnológico Regional? Es alguien que gestiona el Instituto Tecnológico Regional. ¿Tiene que ser un docente? No; tiene que ser alguien que sepa gestionar. ¿Eso atenta contra la autonomía de las carreras o la oferta académica? No. ¿Quién arma las ofertas académicas? Los docentes y los expertos en educación; no hay nadie más que pueda armarlas; ninguno de nosotros tres sería capaz de armar una carrera de logística. Eso es clarísimo porque el diseño curricular de las carreras es totalmente autónomo desde el punto de vista académico, y se siguen lineamientos estratégicos que surgieron de la demanda. Cuando en el año 2014 nosotros hicimos una demanda respecto a cuáles eran las necesidades educativas, en cada territorio surgieron demandas diferentes. Sobre esas demandas se hicieron los diseños curriculares. Eso nos llevó a que habiendo empezado con una oferta educativa sola en Colonia, vinculada a la lechería, hoy tengamos once ofertas educativas diferentes, algunas duplicadas. Empezamos con 44 estudiantes en 2014 y hoy tenemos 1.700. Tenemos un 77% de retención de los estudiantes y más de 300 funcionarios entre docentes y personal técnico y de apoyo.           Voy a hacer énfasis en este aspecto: nosotros no hablamos de personal docente y no docente porque no nos gusta hablar por la exclusión. Hay personal técnico y de apoyo porque el personal técnico que nosotros tenemos ‑que puede abarcar desde un responsable administrativo financiero hasta un gestor educativo en Fray Bentos‑ no es personal docente pero es vital para el funcionamiento de esta universidad. Entonces, tenemos docentes y personal técnico y de apoyo. ¿Por qué decimos esto y por qué lo enfatizamos? Porque muchas veces no se ve el resto de la estructura. Las universidades modernas tienen una estructura administrativa muy liviana y de carácter matricial. Ya no se trata de aquella estructura piramidal, de arriba para abajo, sino que se apunta precisamente a dar agilidad y plasticidad. Una carrera nuestra de hoy, vigente y actual, dentro de cinco años puede estar totalmente perimida. Esto sucede por la velocidad con la cual aumenta el conocimiento tecnológico, considerando la inclusión de tecnología en casi todos los procesos, y más en un país como el nuestro, de base agropecuaria ‑si se quiere‑, donde más se está introduciendo tecnología. Eso lo vemos todos los días en la prensa. Si uno mira cómo está el sector arrocero, verá que es pura tecnología; es todo tecnología, desde el manejo del agua hasta cómo se hace una cosecha de arroz. Si miro la logística, es pura tecnología. También es impensable formar un estudiante de lechería que no sepa manejar un dron, aunque eso nadie lo ve, porque nadie va a ir a contar las vacas si existen drones que lo hacen y cuestan US$ 1.000 comprados en Tienda Inglesa. No tiene sentido que alguien vaya a contar vacas. Entonces, un estudiante de lechería tiene que saber manejar un dron; no tiene más remedio. ¿Tiene que saber gestión? Sí; tiene que saber gestión. ¿Por qué? Porque lo que hace es gestionar una unidad de producción agropecuaria; no solo es un estudiante de lechería, sino que gestiona la que, probablemente, es la más complicada de las producciones agropecuarias. Y si aprende a gestionar esa, va a aprender a gestionar cualquiera.

  Además, puede suceder que en año 2035 no haya más vacas; a veces uno dice esto y queda medio grueso porque nadie lo entiende, pero puede suceder; es posible pensar que no haya más vacas. Hay gente que dice que no va a haber más vacas dentro de veinte años porque tenemos posibilidad de hacer leche 3D y de sustituir las hamburguesas actuales por otras sintéticas y las vacas son un problema porque tiran metano a la atmósfera. Pensemos estudiantes con esa cabeza, que sean capaces de adaptarse a una situación totalmente dinámica, cambiante y demás. ¿Eso dónde pega? En aspectos como los que se discutieron cuando estuvieron los compañeros que trabajan con nosotros e integran uno de los gremios.

  Se dice que nosotros de alguna manera estamos pensando en un modelo de gobernanza universitaria en el cual no se cuestiona la autonomía ni el cogobierno, sino que se piensa en una universidad más autónoma y más cogobernada, pero con un enfoque diferente desde el punto de vista de cómo se estructura la universidad para que responda a las necesidades del país. A nosotros nos parece que este es el momento ideal para tratar de discutir a fondo esos temas y hacer una experiencia piloto en el manejo de la educación terciaria universitaria en un país como el Uruguay, muy tradicionalista en esos conceptos, teniendo en cuenta que todas las universidades modernas del mundo ‑estamos hablando de casi todos los países, excepto los latinoamericanos en general‑ en los últimos cuarenta años han ido mudando sus modelos de gobernanza universitaria. Hay modelos extremos, por ejemplo, en algunos casos es necesario no ser integrante de la universidad para integrar el gobierno universitario. Repito, se trata de un modelo extremo. Se pretende dar transparencia absoluta y que en la gestión universitaria no haya intereses contrapuestos. De esta manera, la persona que gobierna la universidad no está involucrada dentro de ella, sino que la mira desde afuera. Es un Consejo que decide algunas cosas, no coarta la autonomía ni el cogobierno.

  Voy a poner un ejemplo: si un Premio Nobel se presentara para ser rector de la UTEC, no podría serlo porque no nació en Uruguay. Yo me pregunto si eso está bien. ¿Está bien que en el siglo XXI un tipo que es Premio Nobel de economía no pueda ser rector porque no nació en nuestro país? Comento esta anécdota para ilustrar cuán clásicos somos y cuánto nos cuesta cambiar cosas aparentemente sencillas como esa.

  En Rivera más del 60% de los docentes que tenemos son brasileños. ¿Por qué? Porque del lado uruguayo no hay recursos de alto nivel académico como para ser docentes universitarios. La diferencia con el lado de Brasil es de cien o de mil a uno, dependiendo de lo que se compare. Entonces, está bien aprovechar eso. Es bueno que vengan y formen a nuestros gurises y docentes. No le estamos sacando trabajo a gente uruguaya, porque no existen personas con esa preparación. El coordinador de la carrera de mecatrónica en Fray Bentos es brasileño; tiene un doctorado hecho en Brasil ‑no recuerdo si en Florianópolis o en Campinas‑ y se vino a vivir en Uruguay. El responsable de la carrera de ingeniería biomédica es un argentino que tiene cuarenta años de ingeniero biomédico en las universidades públicas argentinas; en Uruguay no tenemos ingenieros biomédicos. Por lo tanto, es bueno que alguien se instale en Fray Bentos para trabajar y formar gente.

  ¿A qué lleva todo lo que he explicado? A cosas tan importante como, por ejemplo ‑que puede ser cuestionable; no digo que sea justo o no‑, tener una relación docente‑ estudiante adecuada y una relación funcionario técnico y de apoyo‑ estudiante también adecuada. Para eso hay indicadores y metas. Por eso decimos que un docente puede atender, en promedio, diez estudiantes y no más; precisamos un funcionario técnico de apoyo cada treinta y cuatro estudiantes. Estos datos no surgieron de casualidad; estudiamos muchísimo el sistema. Con la tecnología existente no tiene sentido tener más. Cuando más liviana sea la estructura administrativa y más fluida la posibilidad de que esa estructura no cargue al Estado con gastos, será mejor. No hay que olvidar que, de acuerdo con la ley, nuestro presupuesto viene cien por ciento del Estado. Entonces, vamos a tratar de achicar ese costo.            Hoy podemos sustituir muchísimas de las funciones por una plataforma educativa digital como la que tenemos. Por supuesto que tiene un costo, pero es mucho menor que tener un montón de gente trabajando para poner un sello arriba de un papel. Como ya dije en la comisión del Senado, no vamos a hacer venir a un muchacho desde Chamizo a Fray Bentos para que nos traiga la Jura de la Bandera. Lo lamento, pero no tiene sentido. Que saque una copia con el celular, me la mande, y si queda inscripto, algún día cuando venga a clase, me traerá la Jura de la Bandera. ¿Qué puede pasar en el medio? Nada; nadie va a mentir la Jura de la Bandera. A esta altura, en un país como el nuestro, en el que está todo digitalizado ‑somos uno de los mejores países a nivel de virtualidad‑, no puedo tener a un bedel detrás de un mostrador esperando que alguien venga. Aprovechemos la virtualidad que tenemos, que armó el Plan Ceibal y nos cuesta cero peso.

  Pensamos que existen posibilidades de realizar algunos cambios en lo que respecta a la conformación de los órganos de dirección universitaria, pero también somos conscientes de que vamos a cumplir la ley. Tenemos una prórroga hasta marzo del año que viene. Nosotros ya convocamos a la Corte Electoral ‑aún no hemos tenido respuesta‑ a fin de que arme los padrones y nos autorice a hacer las elecciones universitarias correspondientes. Nos parece que eso es lo que tenemos que hacer. Hay algunos artículos para reglamentar, que corresponden al Poder Ejecutivo. Creo que fue bueno que se pensara en la integración de trabajadores y empresarios en los órganos directivos cuando ustedes votaron la ley original de creación de la UTEC. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la forma en que se eligen los trabajadores y empresarios.

  Asimismo, creo que hay algunas otras cosas que merecen atención. Si ustedes vuelven a leer la ley original, podrán ver que hay una especie de sobreposición de mandatos, funciones y responsabilidades del Consejo Directivo Central y de los Consejos de los Institutos Tecnológicos Regionales. Como a veces hay confusión, quiero aclarar que los egresados no están dentro de ninguno de estos Consejos; eso puede estar bien pero hay que tenerlo claro. En la ley no se prevé un orden de egresados.

  Ya les he dado una idea de cómo venimos trabajando en lo que respecta a gobernanza; estamos abiertos a cualquier tipo de discusión. Los compañeros del gremio se refirieron a la evaluación de desempeño, pero prefiero separar los temas. De todos modos, estamos dispuestos a tratarlo.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Cada vez que los escucho hablar cuando vienen a las comisiones, me parece que no estoy en el Uruguay, lo cual es positivo por un lado, pero negativo por otro. Si en ustedes encontramos fortalezas, extendámoslas y desacoplémosnos ‑utilizando el término de moda‑ de los fracasos.

  Comparto en un ciento por ciento. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que el famoso período de transición termine en 2019; veremos qué es lo que pasa. Entendemos que hay que discutir la gobernanza, pero hay que hacerlo con cabeza abierta, con la formación que tienen los que más saben, como ustedes, en este caso, de la Universidad Tecnológica.

  Obvio, están los trabajadores y los estudiantes, si queremos seguir dándole a la horizontalidad y las discusiones; pero la Universidad de la República está en el lugar 637 y cada vez bajamos más.

  Cuando ustedes vinieron a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados manifestaron que habían pedido una entrevista a la Comisión de Educación y Cultura del Senado para empezar a discutir la gobernanza de la Universidad. Me gustaría que me aclararan si se referían al sistema de gobernanza de la enseñanza universitaria en general o de la UTEC en especial. Quisiera saber si lograron ser recibidos. Es muy importante pensar en una integración de ambas Comisiones para evitar repetir instancias tanto a ustedes como a nosotros.

  Por la expresión de ustedes, me doy cuenta que es solo de la UTEC.

SEÑORA DO MATO (Graciela).‑ Nos referíamos solo a la gobernanza de la Universidad Tecnológica.

  Entendemos que se trata de una universidad nueva, en un país que por sus dimensiones y por ser suavemente ondulado ‑como decimos y nos enseñaron‑, es excelente para probar, crear y usar como proyecto piloto; de hecho, muchas veces se ha hecho.

  La Universidad Tecnológica es una universidad joven, ya que tiene cinco años de funcionamiento. También es excelente para probar un nuevo estilo de gobernanza, tal vez, por un tiempo acotado, para que la tradicionalidad uruguaya no se vea muy alterada. Creo que el Uruguay se merece probar; si tuvo la capacidad de innovar y crear esta Universidad Tecnológica, tiene que seguir apostando a crear e innovar en un nuevo sistema de gobernanza. El mundo nos indica que el nuevo sistema de gobernanza va para un lado, pero nosotros seguimos yendo para el otro. Eso no significa que se menoscaben los derechos de cada uno de los integrantes de la Universidad.

  Compartimos y agradecemos que el gremio haya venido a plantear la situación, porque nos permite hablar y dar una discusión franca como la que estamos teniendo.

  Nosotros somos designados por venia del presidente, con apoyo unánime del Senado. Entonces, ¿a quién respondemos? Al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Durante todo este proceso entendimos que el nuevo sistema de gobernanza lo teníamos que discutir con nuestros superiores, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Ha participado el gremio de este proyecto que entregamos en mano a nuestro superior, Poder Ejecutivo, ministra de Educación y Cultura? No; porque entendemos que no correspondía. Entregamos el proyecto en mano y se hizo un estudio jurídico de los artículos que habría que modificar si nuestro planteamiento se llevaba adelante. Un planteamiento extremo y totalmente negociable; no es cerrado. Pero para negociar tenemos que hablar con alguien, con ustedes. Se nos reenvió el expediente ‑que todo el mundo conoce; descuento que ustedes también lo conocen‑ con todo el análisis jurídico en el que hay una contraposición de los artículos que habría que modificar. Es un expediente público, que está en el MEC. Lo recibimos con el entendido de la ministra de que se deben llevar adelante las elecciones con los tres órdenes. Eso implica una modificación de la ley, porque en la original no están los egresados. Entonces, habría que modificar la ley para un lado, para el otro, o algo intermedio. Eso habrá que discutirlo.

  Como vemos que los tiempos se acaban, responsablemente, enviamos una nota a la Corte Electoral para que se hagan las elecciones, porque si no, dirán que nosotros no desencadenamos los procesos. Entonces, los procesos se desencadenaron y se envió nota a la Corte Electoral para que inicie el proceso de elecciones, de acuerdo a la ley actual.

  ¿Qué planteamos nosotros? Si lo desean y tienen tiempo podemos discutirlo. Planteamos separar, y dar en la gobernanza una parte estrictamente política de toma de líneas estratégicas, asociadas con las líneas estratégicas del país. Si el país es quien me da la plata, tengo que estar alineada con sus políticas. Si dentro de cinco años no tengo más energías renovables, eliminaré la carrera de energías renovables y estableceré las carreras meta 2030 de la agenda del gobierno que sea. No podemos trabajar en contraposición.

  Por otra parte, entendemos que la gestión implica transparencia; hay que responder con indicadores, metas y objetivos que muestren a quienes nos dieron el dinero ‑que es el país‑ en qué lo gastamos.

  En la parte académica tiene que haber un debate fundamental. Ni qué hablar que tienen que estar los tres ordenes, pero también debe estar la comunidad, los empresarios y los trabajadores.

  Todos salimos de la Udelar, y sabemos que, históricamente, el funcionario no docente de la Universidad no tenía representación en la gobernanza. Fui autoridad de un ente universitario y puedo decir que es un logro fundamental que los funcionarios ‑para nosotros técnicos y de apoyo‑ estén representados en la gobernanza. Pero también es fundamental que estén los empresarios. Una universidad tecnológica, en un país pobre ‑somos un país con problemas‑ no puede estar a la vanguardia de la tecnología porque es carísimo. Como la Universidad no tiene capacidad para cambiar las máquinas todos los días, necesito formar gran parte de la gente en las empresas.

Por lo tanto, es imposible negar la participación de lo empresarios. Este es otro gran compromiso de esta Universidad

  ¿Con todo esto vamos a establecer un cogobierno igual, vamos a seguir en Córdoba? Nosotros pensamos que no; esa es nuestra posición. Pero como no podemos discutir, mandamos que se hagan las elecciones universitarias

   Y para terminar con esto ‑respondiéndole a la señora diputada Bianchi‑, hemos solicitado una entrevista con la Comisión de Educación y Cultura del Senado, pero por asuntos de agenda no nos pudieron recibir; solo conversamos con su presidenta, a quien le explicamos la situación.

  Obviamente, quiero reafirmar que para implementar la ley de creación de la UTEC, además de realizar las elecciones universitarias, reitero lo que dijo Silveira, es decir, hay que reglamentar cómo se eligen a los trabajadores y a los empresarios. Esto debe hacerse antes de marzo de 2019, que es cuando deberían asumir las nuevas autoridades, si es que no hay posibilidades de discutir una nueva forma de gobernanza.

  Nos comunicamos con el Poder Ejecutivo y en esta oportunidad con el Poder Legislativo gracias a que el gremio se presentó y ustedes nos llamaron.

  Con relación a las reivindicaciones, la versión que nosotros recibimos indica que había problemas con la gobernanza y que no habían sido consultados, lo que es una realidad.

  Como Consejo hemos decidido hablar con los gremios en virtud de que ya hablamos con los señores legisladores y con el Poder Ejecutivo, que son nuestros mandantes. No queríamos hacerlo antes de que ustedes supieran cuáles eran nuestros planteamientos. Entendimos que esta era la mejor forma de actuar; hemos cometido errores en varias cosas y algunos aciertos. No sé si esto ha sido un error o un acierto, pero nosotros lo entendimos así.   ¿Por qué no hablamos antes con los gremios? ¡Porque teníamos que hablar con ustedes! Luego plantearon una serie de reivindicaciones menores que después las podemos ver.

  También quiero reiterar lo manifestado por Silveira, porque es muy importante: en esa ley se contrata a los funcionarios públicos por cinco años, y eso es algo inconstitucional. Aunque tenemos la potestad para hacerlo, hace un año y medio nos presentamos ante la Oficina Nacional del Servicio Civil para que valorara, estipulara, creara los escalafones y demás ‑reitero que queríamos hacer las cosas bien‑, y creo que nos responderán antes del 31 de octubre, que es la última oportunidad en que se pueden designar a los funcionarios presupuestados.

  Cuando hablamos de funcionarios presupuestados nos referimos al personal técnico y de apoyo; los docentes se contratarán a través de contratos, como en todos lados ocurre, por cinco o tres años. No sé cómo serán presupuestados esos funcionarios, es decir, por cinco años ‑el director de la ONSC nos dijo que era inconstitucional‑ o los nombrarán como corresponde, sin cumplir la ley. En definitiva, no sé como lo manejarán.

SEÑOR GARCÍA (Mario).‑ Damos la bienvenida a la delegación. Hemos asistido a una exposición bien marcada. Por un lado, la actualidad, que es muy concreta y la vemos muy positiva y, por otro, el futuro, que se viene y que marca la preocupación de ustedes que también es la nuestra.

  No estamos en conocimiento del expediente tramitado ante el Ministerio de Educación y Cultura y nos gustaría conocer la posición formal de ustedes y la respuesta de las autoridades de la educación. Comienza a resurgir una honda preocupación en nosotros, producto de lo que se viene, es decir, hay una ley que no ha sido reglamentada para elegir a los empresarios y los trabajadores. Hay un ente nuevo que funciona muy bien en el país y que debería tomarse como ejemplo. Esto mismo lo dijimos cuando concurrió la delegación de los trabajadores.

  Creo que en este caso el tiempo nos juega en contra porque prácticamente estamos sobre fin de año, todos sabemos qué pasa en este país durante los primeros meses del año y hay una norma que cumplir en marzo de 2019, si no cambia la situación. Además, debemos agregar el condimento de que estaremos en un año electoral. Evidentemente, todo esto llevará a que esta situación sea atendida en forma urgente. No sabemos cuáles pueden ser los mecanismos y por eso queremos conocer de primera mano la información oficial.

  Esto lo conversaremos con los compañeros para ver si esta Comisión puede ser proactiva en la búsqueda de una solución. Reitero que a partir de estas declaraciones la preocupación que se nos instala es enorme y la intención de todos es que la UTEC continúe en esa línea que desde el punto cero ha venido trazando con muy buen suceso en el escenario educativo nacional.

  Creo que quedó pendiente de respuesta relativa a cómo están organizados los trabajadores. De la versión taquigráfica surge que habría dos gremios: uno activo y otro que no estaría en funcionamiento. No sé si es así.

  También quisiera saber cómo se dirigen hoy los institutos técnicos regionales. Seguramente sea a través de un director que toma decisiones.

  Entiendo que organizar todo el proceso electoral no será fácil.

SEÑOR SILVEIRA (Rodolfo).‑ En la actualidad hay dos gremios, y uno de ellos es el que se presentó ante los señores diputados. Los dos gremios tienen la misma particularidad: nuclean a docentes y a personal técnico y de apoyo, que dentro de la educación esto no es muy común.        Si bien un gremio es más reciente que el otro, los dos están activos. Con el que vino aquí hemos mantenido reuniones.

  Yo no sé si ustedes saben que en la UTEC no tenemos control de horarios. Para mí eso hace una diferencia enorme. Toda la evaluación de desempeño que se hace en la UTEC es por indicadores y metas. En total tenemos más de trescientos funcionarios y llevamos hechas ochocientas evaluaciones, aproximadamente; hacemos una evaluación por año y una evaluación de medio tiempo para ver cómo va el funcionario.

  Les puedo asegurar que las evaluaciones son completas y la prueba es que pasamos de 44 a 1.700 estudiantes, retenemos al 77% de ellos y se graduaron 150. Todos los años, desde 2015 al día de hoy, hemos ejecutado el 100% del presupuesto. Si esos funcionarios no cumplieran bien con su tarea, algo saldría mal. ¡Estoy seguro! Nosotros no tenemos reloj, no preciso un reloj para saber si la gente concurre. Además si viene, se cambia, toma mate, lee el diario, mira los titulares de la prensa y todo lo demás, y marca la tarjeta, no sirve para nada.  A mí me sirve mucho más cuando digo: "Empezamos de apuro en agosto el curso en Juan Lacaze porque hay que largar una oferta educativa en esa localidad" ‑como ocurrió este año‑ " y tu objetivo es tener todo armado de acá a tres meses". ¡Y no hablo más hasta que empiece el curso en agosto! ¡Ya está!       En esas más de ochocientas evaluaciones de desempeño, hay cinco o seis en las que tenemos problemas. Es decir, hablamos de mucho menos del 1%.

  Entonces, yo digo: "Pucha, está lindo esto. Anda. Funciona porque la gente está convencida, porque de lo contrario no andaría". Y no tengo control, porque no puedo tener control de lo que ocurre en Rivera si estoy sentado en Bolivia y avenida Italia. En realidad vamos mucho al interior, pero no puedo controlar Rivera; no tengo idea. Tampoco me interesa controlarlo, pero sí me interesa que Rivera funcione. ¡Y Rivera funciona, no hay dudas! Como también funcionan Fray Bentos, Paysandú, y la continuidad educativa con la UTU y la Udelar.

  Pasaron dos tecnólogos, tal como marcaba la ley cuando ustedes la redactaron; paulatinamente pasaron los tecnólogos de UTU y de Autec, y no generaron ruido. ¡Pasaron ciento cuarenta funcionarios y más de trescientos muchachos, y nadie se enteró! Todo transcurrió en forma normal.

  ¿La gente que está trabajando es capaz? ¡Es recontracapaz! Obviamente, que hay gente con cosas para mejorar, pero también tenemos programas para capacitar a las personas, llevamos a los gurises para afuera.

  ¿Hay evaluación de desempeño? Sí, es lo que más hay, porque no hay otro mecanismo para saber si las cosas andan porque tenemos indicadores y metas. En realidad tenemos muchos indicadores, demasiados, noventa y seis, y después de la autocrítica decidimos sacar unos cuantos; en realidad monitoreamos veintiocho y consideramos que con estos es suficiente. Tenemos a dos personas especializadas en ese tipo de cosas. No tenemos departamento jurídico porque contratamos. No precisamos un departamento jurídico.

  No estamos de acuerdo con eso de llenarse de departamentos. Muchas veces nos preguntan por qué no tenemos una residencia universitaria. Y la respuesta es que no hacemos hotelería, sino que somos una universidad. En definitiva, la residencia universitaria es otro negocio totalmente distinto.

  ¿Vamos a velar para que los estudiantes tengan posibilidades de radicarse en el interior? Es otro problema. No me voy a comprar una residencia universitaria porque sería bruto lío de administración. Hay soluciones mucho más fáciles, como buscar asociaciones con alguien que sepa y me otorga la posibilidad de que un estudiante cuente con una forma de instalarse, de acuerdo con sus ingresos, y pueda estudiar en Durazno, Fray Bentos, Paysandú o Rivera. ¡Yo no me voy a ocupar de eso porque cometeríamos un error como universidad!

  Entonces, todo ese tipo de cosas son pequeñas modificaciones en la gestión, que apunta a alinearse hacia donde van las políticas en el mundo ‑tal vez estemos equivocados‑ con respecto a los diseños institucionales modernos en educación superior. Esto es lo que permite que no haya conflicto con los mil setecientos estudiantes que tenemos, más allá de que algunas veces se arma lío con cuarenta gurises. Lo cierto es que no ha pasado nada grave y que los muchachos y las metas se están cumpliendo.

  Tenemos una política de equidad de género que intenta mejorar las cosas; tenemos una política de formación y capacitación permanente; tenemos muchas asesorías del BID; tenemos intervenciones del Tribunal de Cuentas en todo lo que tiene que ver con la transparencia en la gestión y el manejo de los dineros.

  ¿Esto no es una evaluación de desempeño? ¡Más evaluación de desempeño que las cosas anden bien! De lo contrario, en algún lado el sistema tendría que hacer ruido.

  Sí creemos que hay una evaluación de desempeño. Valoramos mucho la evaluación de desempeño. Creemos que es de las mejores herramientas de gestión y que es importante que existan.

  Y la evaluación de desempeño en serio da trabajo; a nosotros nos da mucho trabajo. Tenemos a muy poca gente para evaluar porque se evalúa el "N + 1", el jefe inmediato es quien evalúa; nosotros tenemos cinco o seis, pero da mucho trabajo. Cuando me siento con alguien para hacerle una devolución y preguntarle cómo vamos con las metas, se genera un ida y vuelta que es mucho mejor que yo diga: "Sí, Fulano cumple porque todos los días llegó entre la hora 8 y la hora 8 y 3, y se fue entre la hora 17 y la hora 17 y 10. Además, tiene solo dos faltas en el año".          Honestamente, a nosotros eso nos dice muy poco. Sí nos dice que si un domingo hacemos una actividad por Expoeduca en Paysandú, nuestra gente concurre. Y si el lunes no tienen nada para hacer, ¡que se queden en sus casas! ¿Para qué van a venir? El domingo fue a Paysandú, se tomó el ómnibus el sábado de noche, volvió a la hora 20 y se acostó a la hora 1. ¡Y el lunes que descanse, si no hay nada para hacer porque estaba encargado de la Expoeduca! Creo que son cosas menores, que no se ven, pero que hacen a la confianza que se genera dentro de las institucionales.

  Parte de mi vida yo tuve la fortuna de formarme en Suecia. Cuando uno pregunta a un finlandés cómo hicieron para hacer lo que hicieron en el sistema educativo, contesta que funciona en base a la confianza.

  Los tipos retiraron a los inspectores de primaria en la década del setenta porque no servían para nada. ¡Y los sacaron! Confiaban en los docentes, pero si de un grupo de veinte muchachos pasaban dos, decían que había un lío. ¡No precisan un inspector para eso! El primer año pudieron tener problemas, pero el segundo año se arregló.

  Entonces, el sistema educativo de los nórdicos está basado en la confianza. ¿Es difícil construir? Sí, cuesta muchísimo, pero prefiero apostar a eso que a seguir poniendo controles y fiscalías. Yo quiero la confianza dentro del sistema, que es lo que nos permite trabajar de esta manera.

  Cuando el grupo de docentes arma una carrera y decide que tiene capacidad para cuarenta y dos muchachos o para treinta y seis, yo confío en que esa es la capacidad que tienen para manejar a los muchachos. No les puedo decir manejen cien o veinte y luego vemos. ¡No!

  Creo que eso responde en parte a este tipo de cuestiones. Entiendo que los tiempos son cortos, pero alcanzan. Yo no quiero castigar este proyecto porque lo vinculen con personas; acá no hay un Consejo Directivo Central con nombre y apellido, sino que acá hay un proyecto, que es la UTEC, y no será por ninguno de nosotros tres que fracase.

  Nos tenemos que ir en marzo porque así está estipulado, y nos vamos a ir. Pero es importante no vincular nombres con proyectos.

  El proyecto UTEC está por encima de cualquier nombre y de cualquier decisión. Por eso estamos trabajando desde hace cinco años. Nos parece que es la forma de contribuir, con ideas de cambiar algunas cosas, pero si no se pueden cambiar, seguiremos cumpliendo y tal como estamos.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ Bienvenidos. Nosotros conocimos el proyecto por la prensa, y no digo que ustedes sean responsables por esa situación.

  He participado en la comisión interpartidaria de creación de la UTEC, y también estaban la señora Fanny Arón y los señores Robert Silva, Javier García, Roque Arregui y José Carlos Mahía.

  Con relación a los funcionarios, en ningún momento se planteó alguna inconstitucionalidad de parte de los abogados que estaban presentes. Yo no soy abogado, pero el sentido del artículo tiene que ver con que los funcionarios públicos no se estanquen, que más allá de la ejecución no exista eso de "quedo en un cargo Grado 1 toda la vida". La idea era que eso estuviera sujeto a una evaluación de desempeño, y entiendo que no inhibe la presupuestación. Es decir, el funcionario debe desarrollar ciertas tareas, y si no las hace, se pedirá su destitución.

  Ese fue el espíritu del artículo. Por suerte estamos en un Estado de derecho y tal vez pueda suceder que un funcionario diga que fue cesado injustamente y presente un recurso de inconstitucionalidad.

  Recuerdo que cuando discutimos ese artículo tenía que ver con la preocupación de la movilidad, la dinámica y el no estancamiento que deberían tener las instituciones educativas.

  También se ha planteado otra cuestión con relación a los ranking. Sin duda, los ranking pueden ser muy buenos o no servir para nada; depende de qué lado se los mire. Digo esto porque uno de los elementos que se toman en cuenta para hacer algunos ranking es el número de docentes en relación a los estudiantes. Si es así, deberíamos cerrar las puertas para que entren menos estudiantes a fin de subir el ranking. Por supuesto, si procedemos así tendremos menos inclusión educativa; se trata de opciones políticas. De todos modos, yo prefiero dar clases en un teatro o en una iglesia ‑lo digo por el tamaño del lugar, no por el contenido‑ y darle oportunidad a chiquilines que de otra forma no podrían acceder a ese tipo de educación pero, por supuesto, este es un debate político.

  También soy consciente de que quizás en algunas carreras esto no sea posible, ya que es necesario contar con una vinculación fuerte y realizar prácticas; en las carreras de UTU pasa mucho.

  Por otra parte, cuando pensamos en esta Universidad lo hicimos considerando que debía tener una fuerte vinculación con el medio, con las empresas, los trabajadores y las intendencias. Esa es la razón por la que los egresados no están representados en el Consejo; no es un capricho o una opinión en contra del cogobierno, aunque sé que algunas personas estuvieron en contra de este modelo. Precisamente, una de las cuestiones que más discutimos fue, por ejemplo, utilizar el espacio de Salto Grande para educar en cuestiones de electricidad, basándonos en la idea ‑que es muy moderna‑ de que uno aprende en cualquier espacio, no solo en el aula. De hecho ‑pido disculpas por la autoreferencia‑, hace unos días presenté un proyecto relacionado con cómo los centros educativos se vinculan con el medio. Por supuesto, si los compañeros lo desean, podemos discutirlo en la Comisión.

  En realidad, en función de los tiempos políticos, creo que si este tema se pone ahora sobre la mesa no se podrá llevar a cabo un debate profundo. En ese sentido, estuve de acuerdo con la prórroga que votamos porque el proceso recién estaba comenzando, y no me animo a decir que tal como está planteado va a fracasar porque todavía no lo sabemos. Quizás tengamos que discutir algunas cuestiones de la ley, pero considerando que estamos a solo seis meses del mes de marzo, no podemos abordar un cambio tan profundo como el que se propone; eso, por lo menos, me genera muchas más dudas que certezas. Por supuesto, esto no quiere decir que descartemos el trabajo que se hizo y la experiencia adquirida. Además, todos los sectores políticos que integran la Comisión, cada vez que recibimos al Consejo, hemos estado de acuerdo en que el proceso de la UTEC es fabuloso, por lo que considero que ninguno de los que está en esta sala debe querer que se detenga.

  De todos modos, creo que lo que hay que hacer en este momento es cumplir con la ley; esa es mi opinión personal. Quizás, tenga el defecto de la subjetividad y el deseo de saber cómo va a funcionar eso con los delegados del Congreso de Intendentes, los empresarios y los trabajadores, lo que también implica romper ciertas barreras, porque para Uruguay es novedoso que tengamos trabajadores y empresarios vinculados a la Universidad y discutiendo sobre la oferta académica. De todos modos, en lo personal creo que es un punto a favor de la externalidad ‑que es algo sobre lo que se habló‑, ya que ninguno de esos actores son universitarios, por lo que pueden tener cierto alejamiento de los intereses que son naturales en las personas y las relaciones humanas.

  Por lo tanto, creo que lo mejor que podemos hacer ahora es reglamentar la ley, que es una tarea del Ejecutivo en acuerdo con las autoridades. Además, una elección de ese tipo tampoco tiene que ser multitudinaria, y puede tener un padrón reducido. Debe tenerse en cuenta que en las elecciones nacionales cualquier circuito tiene, aproximadamente, cuatrocientos votantes, por lo que en este caso se puede poner una mesa en cada ITR. Repito que no estoy hablando de desconocer lo que se ha hecho hasta ahora, que para mí es fantástico. Además, no estamos cerrados a llevar a cabo esta discusión en el futuro, pero creo que un debate como el que se plantea no puede hacerse en seis meses, y menos por vías que no son oficiales, ya que nosotros tomamos contacto con el texto por Montevideo Portal; si lo desean, pueden dejarnos el proyecto. También queremos conocer la opinión de la señora ministra al respecto.

  Aclaro que esta es una opinión subjetiva, pero estoy dispuesto a discutir todo lo relativo a los fines y cometidos de los organismos; a veces con cuestiones muy finas y sé que hay gente mucho más capaz que yo en esa Comisión para analizar eso. En realidad, se estudió y se trabajó mucho para llegar a un proyecto de consenso con todos los partidos. Sé que a veces el punto medio no deja conforme a nadie, pero en este caso creo que ese punto fue bastante virtuoso, y por eso defiendo tanto el proyecto de la ley vieja, que para mí es la actual. Además, lo defiendo porque fue un trabajo interpartidario y que se pensó mucho; sin duda, había un plan detrás de eso, y yo voté ese proyecto porque incluía ese plan. Por lo tanto, que en medio del río cambie el plan me genera muchas dudas. Si ese plan no era tan original, alguno mintió, aunque no quiere decir que hayan sido ustedes.

  Lo que quiero decir es que yo confié en ese plan, en esa idea; además, hay universidades en el mundo que tienen ese modelo de gestión que, por supuesto, puede ser perfectible. Solo quería dejar plasmada mi opinión; obviamente, estamos abiertos a seguir conversando.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Pido a los señores diputados que tengan presente que debemos recibir a otras delegaciones.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Estamos hablando de un tema muy importante para el futuro y el presente del país.

  Creo que Uruguay tiene que darse esta discusión sobre la gobernanza; por lo tanto, me importa un comino si es en período electoral o no. Sinceramente, es así, porque tendríamos que tener la visión puesta en el siglo XXI para que nuestras decisiones no influyeran, sin importar a qué partido o agrupación pertenezcamos. Estas son cosas que están por encima de todos esos avatares, que si bien son fundamentales para el funcionamiento de la democracia, debemos tener en cuenta que la gobernanza de las universidades es otra cosa.

  En realidad, yo insisto en que se les escuche, ya que el debate se tiene que dar en todos los ámbitos, en especial en el Parlamento. En tal sentido, quisiera saber si cuando fueron recibidos por la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado se agotó la entrevista en esa instancia, o quedó pendiente otra reunión después de que culmine el análisis del proyecto de ley de rendición de cuentas, ya que supongo que habrán tenido ese inconveniente. Hago esta consulta porque esos son los ámbitos de discusión que tenemos que defender.

  De todos modos, quiero decirles que yo hubiera actuado de la misma manera que ustedes, ya que son absolutamente conscientes de cómo funciona la institucionalidad: ustedes hicieron una propuesta al Poder Ejecutivo con venia del Senado, como debe ser, ya que vivimos en un régimen democrático, y cuando la gente vota, vota, y elige un Poder Ejecutivo y un Parlamento.

  En consecuencia, quería ratificar y rectificar eso, y decir que debemos estar atentos para trabajar en conjunto, ya que esta discusión hay que darla con todos los actores. Si ustedes no la dieron por agotada me quedo más tranquila.

SEÑOR SILVEIRA (Rodolfo).‑ No queremos hacer mucho drama con esto; solo caímos en un mal momento. En ese entonces la Comisión estaba discutiendo la ley de la Universidad de la Educación y tenía una agenda complicada, y nosotros también estábamos apurados con los tiempos.

  En realidad, como dijo el diputado Sabini, yo estoy convencido de que lo que había en el comienzo está bien planteado, ya que es bueno que se haya pensado en la integración de otra gente. De todos modos, consideramos que es nuestra obligación, decir que somos el Consejo Directivo Central provisorio de la UTEC. Entonces, si este Consejo es provisorio, nosotros no estaremos siempre, por lo que en algún momento debíamos hacer un planteamiento para avanzar; quizás este no sea el momento y se deba llevar a cabo una discusión más adelante.

  También pido disculpas por si no enviamos la propuesta a quien correspondía. Nosotros consideramos que debíamos enviarla a la ministra de Educación y Cultura, ya que no sabíamos que se debía seguir otra vía. Además, la Comisión de Educación y Cultura del Senado no nos recibió, por lo que paramos todo ahí, ya que consideramos que no se podía disparar un proceso electoral sin mayores discusiones; de todos modos, somos conscientes de los tiempos.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ Cuando hablé de los tiempos no me referí a los tiempos electorales, sino a lo que establece la ley. En realidad, mi cabeza estaba en marzo de 2019 y no en octubre o junio de 2019.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Me parece que ha quedado claro el proceso que se está llevando adelante, el que genera algunas dudas e incertidumbres debido al poco tiempo que tenemos por delante. De todos modos, si ustedes nos hacen conocer la propuesta podemos estudiarla.

  Por otra parte, quería manifestar que la Comisión tenía pensado trabajar sobre la Universidad de la Educación, y sobre la gobernanza de la educación. En tal sentido, acordamos hacer una especie de debate, pero no para que cada sector propusiera su visión, sino alcanzar una visión de acercamiento hacia otras formas de gobernanza que pudiera ayudar a destrabar la situación de la Universidad de la Educación. En tal sentido, la propuesta que ustedes plantearon sobre la UTEC constituye otra mirada que también se puede tener en cuenta en la discusión que llevaremos adelante sobre el gobierno de la educación, ya que hacer siempre lo mismo no es una garantía de que sea lo mejor.

  Por lo tanto, creo que la Comisión debería retomar la iniciativa que se planteó en su momento a fin de generar un debate sobre este tema, sin tomar en cuenta los tiempos electorales. Podemos hacerlo a fin de año, o el año que viene, pero creo que debemos darnos una instancia para trabajar en el gobierno de la educación. Sabemos que hay varias visiones sobre este tema ‑algunas de ellas muy radicales‑, pero debemos pensar en cosas que nos acerquen a contar con una visión más flexible, del siglo XXI.

  La Comisión agradece la visita del Consejo Directivo Central provisorio de la UTEC, y por ayudarnos a seguir debatiendo estos temas.

  (Se retira de sala el Consejo Directivo Central provisorio de la UTEC)

  (Ingresa a sala una delegación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ‑OMPI‑ y el Ministerio de Educación y Cultura)

——La Comisión de Educación y Cultura tiene mucho gusto en recibir a una delegación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y del Ministerio de Educación y Cultura, integrada por la doctora Silvia Pérez, presidenta del Consejo de Derechos de Autor, y el señor Rafael Ferraz Vázquez, jurista de la División Derechos de Autor de OMPI.

SEÑORA PÉREZ (Silvia).‑ En la última visita que realizamos junto al grupo de la dirección de educación ‑Udelar y ANEP‑, presentamos la consultoría sobre Asistencia Legislativa, que la ministra de Educación y Cultura pidió en su momento a OMPI con respecto a los dos proyectos de ley que están en discusión, el de la Cámara de Senadores y el que se encuentra en la Cámara de Diputados, denominado Acuerdo. La consulta también abarca el último proyecto que presentamos como grupo MEC‑ Udelar‑ ANEP.

  La consultoría sobre Asistencia Legislativa incluía la realización de un seminario para su presentación y escuchar a todas las partes. Ese seminario se llevará a cabo el día de hoy, a la hora 17.

  Por lo tanto, el día de hoy concurrimos a esta Comisión para que el consultor Ferraz Vázquez hiciera su presentación y los diputados pudieran realizar las preguntas que entiendan convenientes sobre la consultoría.

SEÑOR FERRAZ VÁZQUEZ (Rafael).‑ Muchas gracias por recibir a OMPI en esta Comisión.

  En el marco del seminario, de la consulta y de la cooperación que llevamos adelante con el Ministerio de Educación y Cultura me gustaría referirme a lo que hemos podido ver en los textos legislativos y las propuestas que nos ha enviado el ministerio. Algunos puntos son muy interesantes y los comparamos con lo que está ocurriendo en cuanto a los derechos de autor en otras partes del mundo, y pudimos ver que la situación es muy semejante.

  El tema específico tiene que ver con las limitaciones y excepciones al derecho de autor, que es algo que se discutió recientemente en muchos otros países para cambiar la ley de derechos de autor. Básicamente, hay alrededor de diez puntos que están en las propuestas del Senado y del Acuerdo que son bastante semejantes.

  No voy a entrar en detalle sobre los puntos y los aspectos jurídicos, pero voy a mencionar los puntos que me llamaron la atención, que son tres. Algunos puntos son idénticos entre la propuesta del acuerdo y la del Senado; la redacción es idéntica, no cambia en nada, y verdaderamente hay un consenso. Esto se da en el derecho de cita, en el derecho de traducción de las obras huérfanas ‑que son aquellas de las que no se puede encontrar titulares de derechos‑, y en los usos de parodia o pastiche. Reitero que en los dos proyectos esos asuntos son idénticos.

  Otro asunto en el que hay muy pocas diferencias es en los usos relacionados con las obras situadas en público.

  Hay otros dos asuntos en los que sí he podido averiguar que hay algunas diferencias importantes: los usos para las bibliotecas, los archivos y museos; y para fines de educación. Estos dos últimos temas han sido considerados por los tratados internacionales de derechos de autor desde siempre. Por ejemplo, el tratado más antiguo de derecho de autor, que es el Convenio de Berna de 1884 ‑que entró en vigor en 1886‑ ya preveía una limitación y excepción para fines de educción. Por lo tanto, es un asunto que siempre ha tenido importancia en legislaciones de derechos de autor, tanto internacionales como nacionales.

  En cuanto a la perspectiva de las excepciones para bibliotecas, museos y archivos, hay algunos puntos muy relevantes. Por ejemplo, imagino que cuando todos los aquí presentes vamos a una biblioteca esperamos tener la posibilidad de obtener el préstamo de un libro, pero entiendo que ahora la legislación uruguaya no lo permite. Entonces, un aspecto básico es que una biblioteca pueda prestar un libro a una persona que quiera acceder a ese servicio, pero la ley de derechos de autor no está de acuerdo con lo que pasa en la realidad. Entonces, uno de los objetivos es que la ley de derechos de autor ‑considerando los objetivos y lo que sucede en la realidad‑ pueda tomar en cuenta lo que está ocurriendo.

  En cuanto al tema de las bibliotecas ‑esto está en la propuesta del Senado y también en la del acuerdo‑ hay tres puntos principales. El primero es el préstamo público, que es la posibilidad de que una biblioteca preste las obras que tiene en su catálogo. Eso también incluye la posibilidad de un préstamo de obras digitales por medio de terminales que estén en la biblioteca. Ese es un aspecto en el que también hay consenso, y que es extremadamente importante porque no hay muchas legislaciones en Latinoamérica que lo permitan. De hecho, solo lo permiten dos países: Ecuador y Chile.

  El segundo punto es la posibilidad de hacer reproducciones, es decir que cuando uno va a la biblioteca pueda hacer una copia de un capítulo o un pequeño trozo del libro que está en ese catálogo, para poder utilizarlo para su fin privado o para su estudio. Eso ahora tampoco se puede hacer pero en las dos iniciativas hay propuestas de redacción para permitir esa reproducción. Por lo tanto, son textos bastante semejantes; no hay mucha diferencia. Inclusive, la última propuesta, que entiendo es la del MEC y la Udelar, sigue el texto del llamado acuerdo dos. Por lo tanto, tampoco hay diferencia con relación a la propuesta para las reproducciones.

  Un último punto es la finalidad de preservación que las bibliotecas, archivos y museos llevan adelante. Aquí mismo, en la biblioteca del Senado, hay muchos archivos históricos que en razón del tiempo pueden dañarse o perderse. En este sentido, el objetivo de la limitación y excepción es permitir que las bibliotecas o los archivos digitalicen o creen copias para que evitar que se pierdan y permitir que se puedan conservar. En este tema, otra vez las propuestas existentes son idénticas.

  Por lo tanto, como pueden observar, en el tema de bibliotecas, archivos y museos, las propuestas que existen son bastante semejantes, desde mi punto de vista.

  Otro aspecto es el tema de la educación. Diría que este es el único punto donde sí hay diferencias importantes de opiniones y de propuestas.

  Debemos recordar que en la educación el objetivo tanto de las leyes nacionales como de los tratados internacionales que han sido discutidos a lo largo del tiempo es encontrar equilibrio entre los intereses privados ‑es decir entre los titulares de derechos, incluyendo las editoriales y autores‑ y, por otro lado, el objetivo general de política pública, que es permitir un acceso a la educación y la cultura. Entonces, teniendo en cuenta esos dos intereses, ya que el objetivo es buscar el equilibrio, tenemos las dos propuestas principales: la del acuerdo y la del Senado. Una de las propuestas se refiere, apenas, al uso en educación dentro del ámbito del dictado de clases o con relación al cumplimiento del programa de estudio, y solamente en instituciones públicas. No me cabe a mí decir cuál sería la mejor redacción, pero tengo algunas observaciones que pueden ser interesantes para cuando el legislador tome la decisión, relativas a que el objetivo de educación no debería ser limitado apenas a las instituciones públicas. Corresponde a los señores legisladores la decisión relativa a cuándo se debería permitir utilizar una obra protegida por derechos de autor para cumplir esa función de interés público para la cultura y la educación.

  Entiendo que este punto de equilibrio es el aspecto más difícil e implica decidir cuál es el ámbito específico en el que se debe permitir esos usos libres. En ningún momento se ha llegado a discutir que se deba hacer una copia de un libro integral o competir en el mercado con los titulares de derechos. Creo que este no es el objetivo de la ley de derechos de autor, que tiene en cuenta la protección al titular de derechos y parece incentivar a los autores a crear nuevas obras, así como permitir un uso que sea equilibrado y no cause un perjuicio injustificado a los autores.

  Entonces, desde mi punto de vista entiendo que las dos propuestas que han sido discutidas son muy semejantes en diversos aspectos. La diferencia principal sería con relación a las obras para fines de enseñanza e investigación, pero aún así creo que hay muy poca diferencia con lo que existe en distintas partes del mundo. Ambos textos traen elementos que hemos podido ver en otros países de Latinoamérica, donde ya existen o están en discusión, pero me gustaría resaltar que lo importante es tener en cuenta el equilibrio de esos dos puntos de vista: el del autor y el de los titulares de derecho, que quieren tener la posibilidad de explotar comercialmente, y el de los usuarios y el público en general, que quiere tener algunos usos libres que sean equilibrados.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ El señor Ferraz hizo referencia al acuerdo pero, en realidad, hubo varias instancias de acuerdo, por lo que querría saber a qué fecha corresponde.

SEÑOR FERRAZ VÁZQUEZ (Rafael).‑ En los documentos a los que yo he tenido acceso he visto dos textos: el acuerdo y el acuerdo dos, que entiendo que es más reciente.

  Con relación al texto, para fines educativos, entiendo que el acuerdo dos mantiene la misma redacción.

  Por otro lado, en lo que yo llamé propuesta MEC‑ Udelar, se han hecho algunos cambios con relación al tema de la educación. Algunos son, por ejemplo, el hecho de añadir que los usos serán sin ánimo de lucro, que es algo que figura en el acuerdo y al final entiendo que se incluyó en la propuesta del MEC como una manera de reconocer los intereses de los titulares de derechos. También se añadió que los usos deberán estar de acuerdo con las prácticas honestas, que es una expresión que se utiliza en legislaciones de derechos de autor alrededor del mundo para asegurar que el uso no vaya más allá de lo necesario y cumpla con los fines educacionales.

SEÑORA PÉREZ (Silvia).‑ Quisiera extender la invitación para el seminario que comenzará en la tarde de hoy y para la jornada de mañana, en que van a estar presentes las entidades de la educación, así como representantes de Agadu y de la Cámara del Libro. Vamos a iniciar un debate acerca de excepciones y limitaciones a la luz de los dos o tres proyectos de ley y de la consultoría, y escuchar una vez más a todas las partes para generar más insumos a fin de seguir profundizando esta discusión.

  Muchas gracias por habernos recibido.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Nosotros les agradecemos la exposición porque en algún momento habíamos quedado estancados en este tema de los derechos de autor, ya que había una opinión y un acuerdo, pero también existían otras visiones acerca del mismo proyecto. La exposición que se acaba de realizar nos hace ver que hay una cantidad de elementos que son comunes. Para votar una ley deberemos analizar si realmente esos artículos comunes que figuran en los diferentes acuerdos ‑tanto en el uno como en el dos, y en el proyecto del MEC y en del Senado‑ nos permiten avanzar y no hacen que quedemos trancados. Aunque no hay acuerdo en todo, en general hay muchos aspectos que podrían implicar un avance, como el caso que se señaló en cuanto a las bibliotecas, etcétera

  Les agradecemos su presencia y que hayan traído luz sobre este tema en el que estamos trabajando.

  (Se retira de sala la delegación de representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y del Ministerio de Educación y Cultura)

  (Ingresa a sala una delegación de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay)

——La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, integrada por las licenciadas Rosario Vilas, presidenta; Laura Barceló, Cecilia Capel y Valeria Rubino, quienes han solicitado una entrevista a fin de ilustrarnos acerca de uno de los proyectos que tenemos en nuestra agenda, que es el relativo a la regulación de la profesión del trabajo social.

SEÑORA VILAS (Rosario).‑ Queremos agradecer a todos ya todas por habernos recibido.

  Previamente, hemos tenido contacto con alguno de los integrantes de la Comisión a los efectos de poder ampliar lo expresado en la exposición de motivos de este proyecto.

  Quizás, como elemento previo, podríamos comentar que hace unos cuantos años venimos trabajando con el objetivo de lograr la reglamentación de la profesión. Este ha sido un proceso que ha involucrado a todo el colectivo profesional, no solo a los afiliados de nuestra asociación, cuyo número implica un universo bastante importante con respecto al colectivo general. Esto también ha involucrado a otros actores que tienen que ver con la profesión, como la Universidad de la República y, concretamente, el Consejo de la Facultad que, como surge de la exposición de motivos, también ha apoyado este proyecto. Asimismo, hemos hecho algunos contactos con la Federación Internacional de Trabajadores Sociales a los efectos de contar con su apoyo, y a la brevedad vamos a tener noticias ya que a nivel mundial las profesiones de trabajo social en general están reglamentadas.

  ¿Por qué consideramos que es necesaria la reglamentación de la profesión? Fundamentalmente, para asegurar a los usuarios de las políticas sociales públicas una atención de calidad. ¿Qué significa esto? Significa que actualmente las funciones que nosotros entendemos que son de competencia exclusiva del trabajo social no necesariamente son desempeñadas por trabajadores sociales titulados. Esto implica que no siempre van acompañadas de los estándares necesarios para la atención de los usuarios ni del acceso a los derechos.

  Como ustedes sabrán, cada día tenemos una ampliación de las políticas públicas, debido a lo que una colega académica ‑con muy buen nivel‑ llama "nuevos derechohabientes". Cada día tenemos nuevos derechohabientes; es decir que hay nuevas leyes que implican a personas que reclaman nuevos derechos o derechos que ya existían pero que como colectivos logran ponerlos en la discusión de la agenda pública.

  Consideramos fundamental reglamentar la profesión a efectos de que el acceso a esos derechos que la ciudadanía reclama sea ejercido efectivamente por quienes tenemos las competencias profesionales, teóricas, metodológicas y también éticas.

  Es necesario señalar que desde el año 2000 nosotros contamos con un código de ética que llevó un importante proceso de discusión colectivo. Actualmente funciona como un marco ético; no tiene aplicación obligatoria porque la profesión no está reglamentada. Su función no solo es laudar situaciones conflictivas que puedan surgir, sino que también sirve como un eje educativo y de promoción de los principios éticos profesionales al momento de ejercer las funciones.

  Sería muy importante contar con la reglamentación en esta Legislatura, ya que nos va a permitir tener determinados estándares en el ejercicio de la profesión. Esta no es una reivindicación corporativa; nosotros apuntamos a que con esto se asegure a los diferentes sectores de la población ciertos estándares de atención, como sucede en cualquier profesión universitaria.

SEÑORA RUBINO (Valeria).‑ Yo me voy a referir más específicamente al articulado del proyecto, sobre el que hemos discutido bastante. La diputada Montaner y el diputado Sabini nos hicieron varias observaciones vinculadas a la forma.

  Lo primero que queremos aclarar es que no nos consideramos idóneas en los aspectos jurídicos y reglamentarios de los temas. Este articulado fue muy discutido en los que refiere a su contenido, no porque hubiera discrepancias. Yo voy a describir los ejes centrales en términos de contenido. Sin dudas, esta Casa es mucho más hábil para darle forma y ver cómo se reglamenta el vínculo con la comisión de ética.

  En el artículo 6º se regulan las competencias exclusivas del trabajo social. En la primera propuesta decía la redacción del informe social. Si bien en nuestra profesión es bastante claro ‑inclusive, la ley de vivienda ha establecido una larga tradición‑, pero desde el Consejo de Facultad, compañeros de otras profesiones nos dijeron que universalmente no es tan claro ni tan acotado el significado de esa expresión. Por eso verán que en el artículo refiere a explicitar qué es un informe social. Un informe social es una herramienta concreta que se elabora sobre una persona o familia cuando una política pública lo requiere explícitamente para dar un recurso, laudar una situación judicial, etcétera.

  Quiero hacer un señalamiento. Una de las instituciones más conocidas por el despliegue de políticas públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, en la mayor parte de los casos no aplica un informe social como requisito previo, sino que se corre un formulario estandarizado sobre la base de la construcción de un índice, que es el Índice de Carencias Críticas. Si bien las personas que van a los domicilios deben tener formación básica en el área de las ciencias sociales o de la psicología, no se requiere titulación. Con capacitación específica para aplicar el formulario se puede desarrollar y correr el Índice sin problemas. No estamos hablando de ese formulario. Seguramente, ustedes conocen otro tipo de situaciones, como el Fondo de Solidaridad, las adopciones, procesos judiciales, ley nacional de vivienda, etcétera. Hay un montón de políticas que requieren que un profesional, de manera individual, se haga cargo jurídicamente de firmar un informe en el que hace una serie de aseveraciones. Así ocurre cuando un médico se hace cargo, por ejemplo, de firmar un certificado de defunción: tuvo que realizar un protocolo, cumplir con todos los pasos y se hace cargo de lo que está firmando. Si las cosas no son como se afirmaron, hay consecuencias jurídicas. A los trabajadores y las trabajadoras sociales eso ya nos pasa: tenemos responsabilidad jurídica por los informes sociales que firmamos. Cuando aparece en un juzgado un informe con nuestro nombre, independientemente de la institución para la que trabajemos, es a nosotros a quien cita el juez por mayores aclaraciones; también es al trabajador o la trabajadora social a quien se le puede iniciar un proceso administrativo.

  Hay una serie de profesiones ‑arquitectos, médicos, escribanos‑ que tienen reglamentaciones por las que las responsabilidades del profesional quedan claras y sus consecuencias también. A la vez, están protegidos porque su principal responsabilidad es con la veracidad del informe y con elementos que están colocando y no con la institución que los contrata. Esa es una garantía para el servicio que brindamos.

  Ningún usuario o usuaria de una política pública ‑menos tratándose de población con altos grados de vulnerabilidad, como es la que muchas veces trabajamos‑ tendría que dudar de que nosotros vamos a defender a rajatabla la ley en todo atañe a sus derechos. Sus derechos están por encima de cualquier contratación que tengamos.

  Muchas veces nosotros somos contratados por el Estado ‑que muchas veces se llena de contradicciones‑, pero también por empresas privadas; en ocasiones son ONG, pero también pueden ser empresas que nos contratan para trabajar con el personal, o instituciones religiosas.

  Independientemente de las convicciones de las instituciones que nos contratan, debe existir una garantía de que nosotros estamos ajustados a la ley y no al contratante.

  Ese artículo nuevo no ahonda mucho más.

  Ahora me voy a referir a una nomenclatura que aparece en el artículo, que no deja de ser importante.

  Están desapareciendo los departamentos específicos ‑sean de trabajo social o arquitectura‑, así denominados. Por ejemplo, en vez de "departamento de arquitectura", le llaman "departamento de gestión urbana"; entonces, el técnico a cargo ‑la designación puede ser por concurso o política‑ no tiene por qué ser un arquitecto. Sin embargo, si efectivamente es un departamento de arquitectura, el director debe tener la profesión correspondiente. Por eso ustedes se van a encontrar con un artículo que establece que si se opta por tener un departamento de trabajo social o de servicio social ‑son las dos denominaciones internacionales‑, quien lo dirija deberá ser un licenciado en trabajo social, asistente social o licenciado en servicio social.

  Asimismo, en el proyecto verán toda la regulación sobre el código de ética. ¿Cuál es el concepto que nosotros defendemos? Todos los profesionales y todas las profesionales ‑independientemente de que estén o no afiliados o no a una asociación; el camino que elegimos no es el del colegiado; no están obligados a estar afiliados ni a pagar ninguna cuota‑ tienen que estar regidos por el código de ética y poder participar en su sanción o modificación. Ese es el espíritu central de todo el articulado. Si lo que escribimos lleva a confusiones o no es jurídicamente correcto, se puede rever; no estamos casados con una forma específica. Lo que queremos que se consagre que existe el código de ética y, fundamentalmente, que se establezca la participación universal de todos y todas las profesionales en su ratificación y en las sucesivas modificaciones. Queremos que haya una garantía, que nuestra asociación no tenga de rehén a los y las profesionales. Por eso establecíamos cierta cantidad de firmas; quizá lo redactamos mal. Nosotros queremos garantizarle eso a cada profesional, independientemente de quiénes elijamos para la asociación, los que estamos afiliados.

  También quiero referirme a la importancia de tener profesionales solventes y autónomos. Cada una de nosotras trabaja en distintos lugares del Estado. A mí me toca conducir una política departamental de derechos humanos en la Intendencia de Canelones. Creo que es imposible pensar en una política pública, de calidad, que se aplique realmente, si no se parte de la base de que los ejecutores terminales sean técnicos y profesionales que tengan claro su rol y cómo resolver, desde el punto de vista profesional, situaciones concretas que se les vayan presentando. Sería como pensar que se puede protocolizar toda la construcción de casas y prescindir de arquitectos.

  Para quienes diseñamos las políticas, es imprescindible que los profesionales sean efectivamente solventes y sepan resolver situaciones. No hay recetas para una política de calidad, si quienes las llevan adelante no tienen un criterio, no se hacen responsables de aplicarlo y de asumir las consecuencias si fallan.

SEÑORA BARCELÓ (Laura).‑ Soy trabajadora social de la salud; trabajo en ASSE.

  En el área de la salud somos aproximadamente cuatrocientos colegas; solo doscientos trabajamos en ASSE. Estamos insertos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Trabajamos con nuestro paciente‑ usuario de forma integral, brindando un abordaje familiar, comunitario e institucional.

  Más allá de dar respuesta a una demanda específica, nosotros abordamos la realidad del usuario, lo empoderamos de sus derechos y definimos acciones a seguir. Quizás ustedes no tengan muy claro qué es lo que hacemos los trabajadores sociales, pero es mucho. Aunque lo parecemos, no somos magos; tampoco somos los buenos de la película.

  Trabajamos con una realidad brutal, avasallante y cambiante. Nos llegan derivaciones y situaciones desde todas las instituciones, de todos los colores y formas. Les voy a dar algunos ejemplos. Viene el médico y nos dice: "tiene hambre", "huele mal", "no tiene carné de asistencia" o "no tiene cédula". Una derivación de un 105 en una policlínica dice: "Paciente no dependiente. Reubicar. Conseguirle vivienda". Viene la pediatra y dice: "Visitar en domicilio; sospecho de abuso sexual". También nos piden que consigamos horas para oftalmólogo o para psicodiagnóstico, lo que es imposible. La frutilla de la torta es cuando nos dicen: "Necesitamos la cama ahora". Atendemos estas demandas, pero como dije, no somos magos. ¿Qué significa "la cama ahora"? Nosotros somos los que definimos las altas hospitalarias sociales. Cuando el paciente tuvo oportunidad de tener un asistente social trabajando para él, para irse de alta necesita que además del médico, nosotros también firmemos el alta. Esa firma garantiza los derechos del usuario; que va a tener todos los derechos para poder irse. No sé si me explico. No podemos mandar a su casa a un paciente electrodependiente o si está en tratamiento con oxígenoterapia si no tiene luz en su casa; o un paciente que tiene la úlcera abierta y el piso de su casa es de tierra y no tiene agua; o un paciente que tuvo un ACV y su principal cuidador es un adulto mayor o no cuenta con una silla de ruedas ni un elemento de rehabilitación. Nosotros no podemos firmar esas altas. Sabemos que no existen refugios para personas totalmente dependientes. No existen centros de rehabilitación para adultos menores de sesenta años. Los adultos mayores logran ingresar al Piñeyro del Campo después de estar cuatro o cinco años en lista de espera. Esta es la realidad con la que trabajamos.

  En el hospital, la tisanera deja la bandeja de comida y se va; luego viene, la levanta y se va. Nadie se encarga de que el paciente coma. Dependemos totalmente del acompañante del usuario de la cama de al lado y de las gestiones que hacemos en enfermería para empoderar a la gente y crear lástima para que puedan dar soluciones a ese paciente. No existe un sistema de cuidados que proteja a ese usuario. Libramos una lucha titánica con la institución, que nos exige la cama, y con el médico, porque le atrasamos el cobro de un pago variable que recibe por cada egreso hospitalario.

  La realidad con la que trabajamos son ciudadanos enfermos, con patologías invalidantes, con casi nulos ingresos económicos, falta total de recursos, que se encuentran solos. Es gente sola.

  En el Maciel tenemos dos colegas para atender trescientas camas. El director puso un médico arriba de las colegas para supervisar las altas sociales porque ellos quieren las camas ahora, y nosotros nos enfrentamos a eso. Esa es la realidad aquí, ni se imaginan lo que sucede en el interior.

SEÑORA VILAS (Rosario).‑ Nuestra intención es mostrarles la importancia que tiene la reglamentación a la hora de establecer incumbencias. Qué corresponde al trabajo social y cuáles son los elementos que consideramos fundamentales a la hora del ejercicio profesional.

  Entendemos que el ejercicio de nuestra profesión debe ser imparcial; no puede estar pegado a la demanda institucional ni a las contrataciones. Desde hace muchos años existe el ejercicio liberal de la profesión. Si bien antes éramos trabajadores dependientes hoy, a través de varias leyes, existe la posibilidad del trabajo liberal. Inclusive, el Poder Judicial tiene un registro de peritos. En algunos casos, cuando las personas tienen medios económicos y el Poder Judicial no interviene en la pericia, se recurre a ese registro. Por lo tanto, ese ejercicio debe estar regulado. Una cosa es que la pericia la haga un perito del Poder Judicial, y otra que se contrate uno particular, de ese registro. No dudamos de la experticia, pero queremos asegurarnos de que cumplan determinadas normas y estándares.

  Con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, a la hora de la formalización y presentación de los peritos de las audiencias, antes de preguntar sobre la pericia, los abogados quieren conocer las credenciales educativas y formativas. En la audiencia, lo primero que le preguntan al perito es dónde se formó, qué estudios de posgrado tiene, cuántos años de ejercicio tiene. Eso nos está demostrando necesitamos trabajadores sociales cada vez más formados, que tengan un marco legal que asegure que su trabajo se encuadra dentro de determinados parámetros de calidad.

SEÑORA CAPEL (Cecilia).‑ Nos llevó mucho tiempo la discusión y organización de trabajadores y trabajadoras sociales, tanto egresados de la Universidad de la República como de la UCU, es decir, las dos entidades formativas de las que egresamos en Uruguay.

  En el artículo 8º podrán ver que nos autoseñalamos nuestras obligaciones. Para nosotras la reglamentación es necesaria. Tenemos un eslogan que utilizamos institucionalmente: "Un derecho que garantiza ciudadanía". Esto no tiene ningún tipo de reivindicación corporativa ni nos va la vida en ello, pues no nos llevará a ganar más o menos en los trabajos. Estamos en un momento de pleno empleo y en el que la calidad del empleo es un tema aparte. No estamos compitiendo con otras profesiones

  Es importante trasladar esto.

  Sí queremos marcarnos. Esto no es una reivindicación corporativa, sino que hace al ejercicio de nuestra tarea.

  Por eso verán que ese artículo es extenso y que señala todo lo que entendemos que nos debemos autoresponsabilizar cuando exigimos la reglamentación.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Coincido en todo lo que ha dicho la delegación y, obviamente, deben ser reconocidas como profesionales.

  Solo pongo un signo de duda, porque si hoy tuviera que votar este proyecto, no lo haría. Reitero que digo esto a los efectos de aportar. Por ley no podemos establecer un Código de Ética. Cada una de las organizaciones elabora su propio Código de Ética. Tampoco se puede imponer a los trabajadores sociales que no estén asociados a la agremiación que estén sometidos al Tribunal de Ética. Esto es flagrantemente inconstitucional.

  Yo soy escribana y abogada, y nos pasa lo mismo porque no tenemos colegio. En el mundo lo frecuente son los colegios, inclusive en Argentina, pero en Uruguay siempre hubo mucha resistencia. Es más, por el año 1982 se trabajó en la colegiación obligatoria de los escribanos; yo formé parte de la comisión que elaboró el proyecto de ley, lo sometimos a la opinión de los integrantes de la Asociación de Escribanos y perdimos como en la guerra. Hay mucha resistencia a la colegiación. Como se trata de afiliación voluntaria, a quienes no están afiliados no se les puede obligar a someterse a ese Código de Ética porque, reitero, sería inconstitucional.

  Entiendo que eso no se puede establecer en el proyecto de ley. Yo estoy de acuerdo con los colegios, pero como no es de afiliación obligatoria, lo que habitualmente sucede es que si alguien es citado por el Código de Ética se borra de la asociación o, si no es asociado, no se presenta. Esto es lo que ocurre en los hechos.

  Como legisladora me preocupa aprobar algo que sea violatorio de los principios básicos de la Constitución, más allá de que ustedes tienen razón con lo que pretenden. Sin embargo, hay un ordenamiento jurídico que hay que respetar.   Probablemente tengamos que ir por los colegios, pero el uruguayo se resiste a la colegiación.

  Entonces, es imposible someter a alguien a un Comité de Ética, sobre todo cuando la afiliación a la asociación no es obligatoria. Además, me parece que "estropea" ‑lo digo entre comillas‑ el resto del proyecto.

  Comprendo la situación y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero lo que pretendemos es que cuando el proyecto se envíe al plenario sea aprobado por unanimidad.

  Reitero que establecer la obligación de comparecer ante el Tribunal de Ética es inconstitucional. Tal vez podamos llegar a algunos acuerdos, y que se apruebe en forma rápida y por unanimidad.

SEÑORA RUBINO (Valeria).‑ Nos hacemos responsables. Vamos a trasladar este impedimento y todas las observaciones a nuestra asociación. Estamos dispuestos a realizar las modificaciones que sean necesarias.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ En el mismo sentido que la señora diputada Bianchi, tengo una duda con respecto al tercer inciso del artículo 6º, relativo al ejercicio de forma privativa de cargos de dirección.

  Debo decir que en el pasado estuve vinculado a áreas de desarrollo social y creo que la multidisciplinariedad importa mucho. Por lo tanto, no sé si sería adecuado reducir a la mirada del trabajo social, porque puede haber un director de desarrollo social que tenga formación humanista, docente o sea psicólogo. Creo que esa disposición atenta contra esa multidisciplinariedad.

Personalmente, es el único artículo que me genera dudas. También podemos analizar lo planteado por la señora diputada Bianchi. Fuimos firmantes del proyecto y la idea es que esto se apruebe y avance en este período, sabiendo que cada vez tenemos menos tiempo.

  Este comentario lo hice en forma privada, pero quería que figurara en la versión taquigráfica.

SEÑORA VILAS (Rosario).‑ Tal vez no haya sido feliz la redacción de este inciso. Cuando en el proyecto planteamos "ejercicio de forma privativa, de cargos de dirección" es para las instituciones públicas o privadas que tengan departamentos de trabajo social, no de trabajo social ni de área social.

  Actualmente son muy pocas las instituciones que siguen contando con departamentos de trabajo social; si no recuerdo mal son el Poder Judicial y el INAU.

  No es nuestra intención reclamar exclusividad en las áreas de desarrollo social, porque somos favorecedores de la inter y multidisciplinariedad. Sí entendemos que en las instituciones públicas o privadas en las que haya departamentos de trabajo social, sus direcciones deberían ser ejercidas por trabajadores sociales.

SEÑORA CAPEL (Cecilia).‑ Hasta no hace mucho tiempo nuestro gran empleador era el Estado. Esos son residuos que quedan en algunas instituciones, sobre todo, públicas; salvo la presencia de algún personal administrativo, esos departamentos están conformados exclusivamente por trabajadores sociales. Como decía Valeria. Cuando hablamos de desarrollo urbano nadie piensa que el director deba ser un arquitecto, pero sí cuando se habla de arquitectura.

  Nuestras prácticas día a día están signadas por el trabajo interdisciplinario, y no abogamos por adueñarnos de toda la realidad social.

SEÑORA RUBINO (Valeria).‑ No estaríamos en desacuerdo en encontrar una redacción alternativa que dejara más en claro de qué estamos hablando.

  Queda poco, y el problema con eso es que es muy especializado. Ahí es donde comienza el ruido.

  En el Poder Judicial hay toda una situación de peritajes y responsabilidades automáticas muy serias y graves. Además, al igual que en otras profesiones, en el Poder Judicial suele suceder que el juez sabe qué es lo que debés hacer; ya no se trata del informe social, sino de hacer visitas, por ejemplo, a una familia en la que hay violencia de género, pero con la particularidad que la persona violentada vive en la misma casa en la que vive la persona violenta y donde el juez quiere que nos sentemos a conversar.

  Estaríamos de acuerdo con cualquier redacción que aclare esto, porque el trabajo social o el desarrollo social es mucho más amplio que nuestra profesión.

SEÑORA CAPEL (Cecilia).‑ Esto está muy enraizado con el artículo 6º, concretamente, con el informe social y con los servicios, dependencias y programas que utilizan dicho informe con la firma del asistente social como un instrumento de comprobación o acceso a una prestación. Estoy pensando en las becas.

  En la Udelar existe un departamento de trabajo social. También con la vivienda en la ANV, porque quienes conforman el departamento social ‑integrado exclusivamente por licenciados en trabajo social‑ leen informes de otros asistentes sociales que, de acuerdo con la ley, deben ser firmados por ellos y no por un sociólogo, antropólogo o psicólogo social, que sí tienen capacidad para trabajar con grupos.          No queremos ser arrogantes y decir que esos espacios son solo para el trabajo de asistentes sociales, pero sí debemos saber que está vinculado a un formato sobre el que pretendemos que quienes estén a su cargo sean idóneos para poder dirigirlos.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Es complejo resolverlo, pero entiendo que una solución podría ser ‑estamos hablando del ámbito del Estado, porque el privado es otra cosa‑ excluir de esta disposición los Escalafones P) y Q), es decir, los escalafones político y de particular confianza.

  Es tradición en Uruguay ‑no es privativo de ningún partido políticos porque todos hicieron lo mismo‑ tener a un médico como presidente del Codicén o una médica como ministra de Educación y Cultura, como sucede ahora. Ha habido de todas las profesiones, y eso forma parte de la discrecionalidad que tiene el Estado y de quienes deciden la conformación de sus cuadros de poner personajes con ciertos títulos.

  Creo que esto disminuiría algunas resistencias ‑estoy de acuerdo con el señor diputado Sabini‑ porque limitaría las potestades de las jerarquías más altas del Estado.

SEÑORA RUBINO (Valeria).‑ Es bueno que se pueda aclarar. Nunca consideramos que debían establecerse los Escalafones P) y Q). Estamos hablando de cargos técnicos y concursables.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entiendo que la licenciatura de trabajador social es una carrera universitaria y que hace tiempo que vienen ejerciendo la profesión.

  Quisiera saber por qué ahora. ¿Hubo o hay resistencias en el camino a la regulación de la profesión? En su momento se denominó asistente social y ahora trabajador social, y hay una carrera universitaria.

SEÑORA RUBINO (Valeria).‑ Sí, hubo resistencias de diverso tipo desde que se constituyó en carrera universitaria y comenzó la responsabilidad individual.

  La Escuela de Servicio Social fue una de las primeras que cerró el gobierno de facto. Nuestro antecedente, la visitadora social, era algo cuasi no pago y se decía que se hacía porque se quería a la gente; en realidad era una ejecutora de las órdenes de los médicos. De esa situación se pasó a ser profesional, con educación permanente, y fue lo que generó cierto ruido.

  Durante el período de facto cuatro generaciones debieron formarse en instituciones privadas porque el Estado no tenía formación en trabajo social. Nuestro departamento hoy está unificado en la Facultad de Ciencias Sociales.

  No olvidemos que hay una necesidad regional y mundial respecto a este tema porque la profesión ha madurado.

  En el período anterior hubo un intento, pero no prosperó. Fue un proceso más complejo, y en esta ocasión hicimos un proceso colectivo más fuerte con la asamblea de profesionales, intentando que la facultad estuviera involucrada.

  Creo que esta vez el proyecto es más sólido. No olvidemos que la profesión está reglamentada en Argentina, por lo que hoy corremos con otra base.

SEÑORA VILAS (Rosario).‑ Nuestra profesión se inició hace muchos años con la primera Escuela de Servicio Social. Luego hubo una serie de pasos hasta el año 1989 o 1990 ‑no recuerdo bien‑, cuando se creó la facultad y la carrera de trabajo social, hasta ese momento llamada servicio social.

  En ese camino hubo maduración de parte de la profesión, que pasó a tener un estándar de calidad diferente, distanciándose de la idea de que los asistentes sociales eran una especie de filántropos y voluntarios que le hacían bien a la humanidad.

               Nosotros no somos eso; somos profesionales universitarios que tenemos una formación para trabajar en el área social, fundamentalmente, como mediadores entre las políticas públicas del Estado y los derechos de la ciudadanía.

  Durante muchos años nosotros trabajamos en el marco de la agrupación universitaria para lograr la colegiación de todas las profesiones. Como dijo la diputada Bianchi, hubo una fuerte resistencia para alcanzar la colegiación de todas las profesiones universitarias, que era nuestra aspiración inicial. Desafortunadamente, eso no prosperó, y solo se colegiaron algunas.

  Por otra parte, nosotros logramos presentar un proyecto de reglamentación, pero no prosperó en el ámbito parlamentario, ya que no se le dio ningún trámite y se archivó.

  Sin duda, nosotros entendemos que es necesario contar con una reglamentación para asegurar la calidad de los servicios que se otorgan a la ciudadanía. Además, Uruguay está en una situación distinta a la de los demás países que integran el Mercosur, ya que en Argentina y Brasil la colegiación es obligatoria, y si bien sabemos que en nuestro país la colegiación no es posible, pretendemos contar con un marco legal que nos aproxime a la situación regional.

  Asimismo, creemos que alcanzamos una maduración desde el punto de vista del colectivo profesional, el que logró dar una discusión sensata y responsable, y contar con el apoyo de otros actores, como la facultad, en la que están representadas las demás profesiones relativas a lo social. Por eso consideramos que este es el momento oportuno para lograr la reglamentación.

SEÑORA CAPEL (Cecilia).‑ Quisiera aclarar que si bien tuvimos la oportunidad de que el diputado Gonzalo Civila liderara la presentación de este proyecto ‑en el acierto o en el error‑, nosotros nos hacemos ciento por ciento responsables de su contenido, ya que fue escrito y pensado por nuestro colectivo. Por lo tanto, no hacemos responsable al diputado Civila de ninguna de las cosas que allí se establecen.

  Cuando empezamos a conversar sobre este tema con el diputado Civila ‑creo que fue en noviembre del año pasado que empezamos a mantener esos arduos encuentros‑, él nos preguntó qué posibles actores podían manifestar algún tipo de rechazo, y nosotros le explicamos que cuando comenzamos a construir esta nueva propuesta, tomando los antecedentes de la anterior pero tratando de mejorarla ‑teniendo en cuenta que estábamos en otro momento‑ nos preguntamos qué pasaba con el estudiantado y si este podía estar en contra, pero fue algo que pudimos aclarar con el gremio de estudiantes. En realidad, nos reunimos en varias oportunidades con el gremio de Facultad de Ciencias Sociales, y quedó claro que nosotros no nos oponemos a que las instituciones contraten estudiantes, si se hace teniendo en cuenta el marco en el que estos pueden ser contratados, es decir, en esa calidad y para hacer pasantías. Además, su trabajo debe ser supervisado, ya que no deben ser contratados para ejercer la profesión.

  Por lo tanto, esa discusión quedó saldada, ya que los estudiantes entendieron que este proyecto no impide que una institución que quiera contratar a estudiantes ‑avanzados o no‑ pueda hacerlo. Nosotros no nos oponemos a eso; de hecho, nosotros también trabajamos con estudiantes, pero debemos tener claro que no son profesionales egresados y que su responsabilidad no puede ni debe ser la misma.

  Por otro lado, conversamos sobre este tema con el co‑ gobierno, el que nos hizo algunos señalamientos, sobre todo con respecto al artículo 6º, que fue lo que corregimos y es la versión que aparece en el proyecto y fue aprobado en la sesión del Consejo de la Facultad.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Comisión agradece a la delegación por habernos dado estos insumos para llevar adelante el análisis del proyecto sobre regulación del trabajo social; sin duda, analizaremos la situación de todos los sectores.

  Por supuesto, serán bienvenidos todos los aportes que ustedes nos puedan acercar provenientes de la academia y los sindicatos, como así también las resoluciones que hayan obtenido, ya sea a favor o para ser corregidas. En tal sentido, la diputada Bianchi y el diputado Sabini hicieron algunas sugerencias, que quizás puedan ser consideradas por la Asociación.

  Sin duda, todos los aportes serán bienvenidos, los que serán estudiados a fin de trabajar ‑en la medida de nuestras posibilidades‑ en esta temática.

  Solo nos resta agradecer su presencia en esta asesora.

  (Se retira de sala la delegación de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay)

——El próximo miércoles recibiremos al Codicén y al Consejo de Educación Secundaria para tratar diversas temáticas.

  Asimismo, incluiremos como segundo punto del orden del día el proyecto de ley presentado por el señor diputado Mario García sobre Alumnos con altas habilidades o superdotación

   Seguramente, el diputado expondrá su contenido y podremos comenzar a analizarlo.

  Además, como tercer punto del orden del día incluiremos el proyecto de ley por el que se designa a la Escuela Nº 53 de la localidad de Sauce de Batoví, departamento de Tacuarembó, con el nombre de Basilio Martinote Riefel, que fue enviado por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ En el día de ayer ingresó un proyecto de ley de mi autoría referido a los convenios en los centros educativos. En tal sentido, solicito a la presidencia de la Comisión que envíe el proyecto ‑a fin de conocer su opinión‑ a los entes autónomos de la enseñanza, tal como establece la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entonces, tal como establece la Constitución, vamos a atender la solicitud del diputado Sabini, porque no hacemos nada fuera de la Constitución.

  Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.