RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS

Modificación de la Ley Nº 17.060

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 5 de julio de 2018

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Asti).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

Teníamos previsto continuar con el análisis del proyecto relativo al régimen de declaraciones juradas. Habíamos invitado al diputado Caggiani, uno de los firmantes y promotor de la idea los firmantes somos muchos, pero él es promotor, a efectos de intercambiar sobre algunos aspectos que hemos venido discutiendo y algunos otros que esperamos poder discutir.

Previamente, vamos a dar cuenta de que recibimos una nota de la señora Representante Nacional Graciela Bianchi, que ya fue anunciada en la prensa antes de que la conocieran los integrantes de la Comisión.

La nota señala lo siguiente: "Se solicita a la Comisión que Ud. preside se cite a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), a los efectos de informar a la Comisión las responsabilidades que puedan corresponder al Ing. Miguel Brechner Frey, como titular de empresas offshore en el marco de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos, Nº 19.574".

Si me permiten, voy a hablar en primera persona. No me gusta hacerlo, pero no quiero comprometer a nadie más.

Esta Comisión, tal como su nombre lo indica, tiene fines legislativos. Por definición, las leyes no pueden tener nombre propio, sino que deben referir a temas generales.

No hay duda de que ha habido trascendidos de prensa, es decir, se han informado o denunciado como se quiera decir algunas cuestiones vinculadas a uno de los temas que a nosotros nos preocupó en su momento. Precisamente, fue por iniciativa de este Parlamento que se incluyó el artículo 9º de la Ley Nº 19.574, que es el que impide a los funcionarios públicos y a quienes ocupan determinados cargos políticos tener relación con empresas offshore o, para ser correctos, con empresas de países con baja o nula tributación.

Ese artículo 9º de la Ley Nº 19.574, al igual que el resto de los artículos por ejemplo, aquellos que fijan nuevas obligaciones o incluyen a nuevos colectivos de sujetos responsables de informar‑, debe ser reglamentado. Ya hemos informado lo trabajado al respecto. En particular, voy a referirme a la última reunión del Comité Operativo a la que fuimos convocados como integrantes de esta Comisión; se sigue trabajando y avanzando en los temas vinculados a la ley. Ya habíamos convocado a la Secretaría para conocer cómo estaban avanzando algunos aspectos de la reglamentación; podemos decir que se sigue trabajando al respecto. Me parece absolutamente conveniente convocar a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en particular, al Secretario Nacional, que en este momento se encuentra en el exterior y que regresará a Montevideo el 15 de julio, a fin de que nos informe al respecto. En la reunión del Comité Operativo de hace dos semanas ya hubo avances; lo informo ahora porque desde entonces no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos. Inclusive, podríamos intercambiar sobre algunas modificaciones, que no son las que habíamos manejado nosotros con respecto al Código del Proceso Penal, sino otras que se está planteando incluir. Quizás, alguna de esas modificaciones están incorporadas en el proyecto de ley de rendición de cuentas, aunque no sé si habrá sido posible, porque la idea era no agregar más artículos a los cuatrocientos que ya contiene el proyecto. Realmente, no he tenido oportunidad de revisarlo. Si esos puntos no están contenidos en la rendición de cuentas, seguramente, se incluirán en algún proyecto de ley específico. Uno de los temas que habíamos manejado aquí es el relativo al uso de los bienes decomisados. Habíamos comentado que la modificación que se hizo a la ley integral impedía que algunos de los bienes decomisados, fundamentalmente, los automóviles, pudieran ser utilizados por quienes trabajan a los efectos de la represión de estos ilícitos. Estamos hablando de que se pudiera utilizar autos particulares para llevar a cabo operaciones sin que sean identificados como autos de la Policía o de los auxiliares de la Justicia. Tendremos oportunidad de conversar sobre estos temas con el secretario nacional y los demás integrantes de la Secretaría que estén presentes en la instancia correspondiente.

Por lo tanto, a título personal, consulto a la diputada Graciela Bianchi si no sería mejor que esta invitación a la mencionada Secretaría partiera desde la Comisión, resuelta en forma unánime, y para hablar de temas generales, teniendo en cuenta que esta no es una comisión investigadora, sino una comisión con fines legislativos. El tema particular que preocupa a la diputada Bianchi, sea el ingeniero Brechner o cualquier otra persona creo que en las publicaciones anteriores del mismo medio de prensa se mencionaba a otras personas…

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ El hijo del presidente Vázquez.

SEÑOR ASTI (Alfredo).‑ No; me estaba refiriendo a algún senador de la República. El hijo del Presidente Vázquez no está dentro de la nómina que prevé el artículo 9º de la Ley Nº 19.574.

(Interrupción de la señora representante Graciela Bianchi)

——Reitero: no está previsto en el artículo 9º de la Ley Nº 19.574. Esto es para cargos públicos y no para personas políticamente expuestas.

Todos tenemos una obligación que cumplir que es decir si estamos o no vinculados a la empresa, y eso debe reglamentarse y debe darse la formalidad correspondiente para poder hacerlo. Entonces, sugiero por más que ya se haya anunciado extensamente en la prensa que la convocatoria que realice esta Comisión sea para tratar todos los aspectos vinculados con la reglamentación de la ley y, en particular porque nos comprenden las generales de la ley, valga la redundancia el artículo 9º, que obliga a todos los funcionarios públicos a declarar su situación y abstenerse de seguir siendo funcionario público o de seguir teniendo vínculos con empresas que estén en esa condición.

Por lo tanto, este es el primer punto que creemos que debemos abordar.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ En primer lugar, vamos a aclarar el tema de los fines legislativos de las comisiones. Todas las comisiones tienen fines legislativos. No nos vamos a poner a discriminar precisamente a esta, que es una Comisión Especial. Más allá de que con el diputado Asti hemos coincidido en el fondo, él entiende que en la forma puede cumplir las mismas funciones que las otras comisiones, pero desde que la integro he propuesto sistemáticamente que se convierta en una comisión permanente y que tenga su espejo en el Senado. Lo he dicho sistemáticamente; tal vez fueron dos, tres o cuatro veces, pero me parece que la problemática que trata esta Comisión no puede ser la de una Comisión Especial como fueron previstas originariamente. La verdad que no sé cuándo fueron previstas las comisiones especiales las que se distinguen de las permanentes en el Reglamento de la Cámara. Como el Reglamento ha sufrido modificaciones, tendría que ir a los orígenes del primer Reglamento, pero no es la cuestión.

Yo he propuesto, sistemáticamente, que esta Comisión tenga carácter de Comisión Permanente y, reitero, con espejo en el Senado. La Comisión Especial a partir de los Panama Papers o "Papeles de Panamá" que se creó en el Senado me parece que no es adecuada; le hace mal al prestigio del Parlamento que exista ese tipo de comisiones.

La Comisión Especial a partir de los Panama Papers, que fue creada especialmente por el tema de Mossack‑ Fonseca, nada más y nada menos trató el tema de la ley integral de lavado. Entonces ¿de qué fines legislativos puros me están hablando? En todo caso, el tema hubiera ido a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero nunca a una comisión especial que, además, ni el nombre corresponde, porque no es Panama Papers; en todo caso, "Papeles de Panamá"; fue creada por ese problema de Mossack‑ Fonseca y fue remitida por el Poder Ejecutivo. Y me constan los esfuerzos del diputado Asti obviamente que el mío también; solamente que nosotros no tenemos los votos para que viniera para acá y que de acá saliera como debía salir.

En segundo término está mal que yo lo diga, pero no tengo ningún problema, ya que de todas maneras me van a caer‑, creo que he demostrado tener un criterio amplio y una amplia colaboración con el Poder Ejecutivo, trabajando como trabajé, defendiendo la ley como la defendí, inclusive teniendo problemas, no con mis líderes, con mi líder yo tengo uno solo y con militantes, que me preguntaban: ¿Por qué defendés una ley del Gobierno? Es porque entiendo que la ley integral de lavado de activos no es una ley del gobierno, es una ley importantísima para el país y parte de una política nacional que, esté quien esté en el gobierno, es casi hasta de defensa del Estado.

Me he sentido lo he dicho también muchas veces muy apoyada por las autoridades públicas desde el Comité Operativo, provinieran del partido que provinieran, y del Poder Ejecutivo. Tengo una excelentísima relación con el contador Espinosa, y parece que, en ese sentido, lo tengo que aclarar. Por lo menos, prefiero que me tilden de autorreferencial, pero que quede en la versión taquigráfica.

Desde el punto de vista técnico, no tengo dudas de que está dentro de nuestras facultades citar a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, en primer lugar, porque formalmente corresponde y, en segundo término, porque le tenemos una enorme confianza, en especial a su secretario y, obviamente que tiene un nombre propio, porque tiene fines legislativos. Quiero saber si con el artículo 9º que nosotros aprobamos, más allá que sabemos que obedece a normativas y recomendaciones internacionales con total franqueza, fuera quien fuera el gobierno iba a tener que aceptar muchas de las recomendaciones; algunas no las votamos, pero lo cierto es que es así‑, efectivamente estamos cubiertos ante esta situación. Lo digo porque tenemos a un funcionario público notorio y porque, además, es difícil de acceder a los organismos que integra, porque son personas públicas de derecho privado.

Yo he rebotado sistemáticamente con el LATU, y está bien, porque el artículo 118 no permite que nosotros hagamos pedidos de informes. Yo los hago igual. En algún momento alguno me dirá: "¿Sabe qué? Son dineros públicos. Yo le voy a contestar"; algún director encontraré.

Ruperto Long contestaba, y yo no estaba de acuerdo que se le hicieran pedidos de informe cuando era secretaria de bancada, pero los contestaba. Y como presidente o director del consejo porque han cambiado las autoridades y nos enteramos por la página web del Plan Ceibal no podemos recurrir de ninguna manera, porque también está "protegido" entre comillas por su condición de persona pública de derecho privado. En consecuencia yo, que tengo mi pasado, que lo respeto y lo valoro, siempre quise un Estado transparente y, además, quise empresas públicas, totalmente públicas. Entonces, siempre cuestioné y me cayeron bastante el Plan Ceibal, no por la parte técnica, sino por la implementación. La implementación del Plan Ceibal que yo vi desde el primer decreto de 2007, cuando estaba en el Codicén, en un cargo de confianza, fue una implementación en la que solamente Brechner y un grupito muy chiquito de personas decidían, y no pasó por el Consejo Directivo Central. Después de haber tratado de investigar, el año pasado hice un pedido de informes a la Dirección General Impositiva. No dije nada, no lo publiqué en mi cuenta de Twitter; lo voy a publicar ahora. Y la Dirección General Impositiva, además de ampararse obviamente en el secreto tributario que parece que ampara a algunos funcionarios, no a todos; a algunos ciudadanos, no a todos‑, no me informó del embargo genérico que le trabó desde el año 2002 a él y a algunas de sus empresas. Yo me tuve que enterar por informes de prensa. Creo que si vamos a manejar una república y una democracia por los informes de prensa, estamos mal.

Los parlamentarios, junto con los sindicatos, estamos nada más ni nada menos al final de la tabla de la consideración de la opinión pública, algo que a mí me duele por ambos. Entonces, generemos las condiciones para mostrarle a la ciudadanía que no es así y que las autoridades nos clarifiquen a ver si necesitan otros elementos. Este es un caso puntual. Si fuera otro funcionario público, tendríamos otras maneras de acceder por el artículo 118, pero no lo podemos hacer. De la misma manera, quise saber cómo fue posible que en este momento esté acreditado por un medio de comunicación no sé si con o sin licencia‑, usando su segundo apellido, y la dirección de deporte ahora es un consejo que depende de Presidencia, con lo cual está fuera del artículo 118.

No quiero que la población crea que la República, la democracia y, mucho menos los políticos, estamos encubriendo algo. De repente no estamos encubriendo nada; de repente, este señor cristalinamente hizo su dinero. No entiendo por qué lo tiene en Panamá, offshore, aunque lo tribute, cosa que la DGI no me lo informó. Además, ha estado embargado por la DGI durante doce años y es representante del BROU en el Plan Ceibal, como si fuera poco. Dirige el Plan Ceibal como se le ocurre porque no tiene controles de ningún tipo.

El señor diputado Asti integra la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, por lo que recordará que yo me preocupo especialmente cada vez que viene Presidencia y pregunto sobre el dinero adjudicado al Plan Ceibal. No se desagrega la cifra; sí accedí a los balances. Tengo un contador asesor que me mostró mucha cosa que después veremos en la rendición de cuentas. También accedí a saber si era verdad que el Tribunal de Cuentas lo auditaba. Dos miembros del Tribunal de Cuentas, en la pasada rendición de cuentas imagino que dirán lo mismo; ojalá digan que no o que puedan corregirse dijeron que no pueden acceder a auditarlo o a intervenir; solo ven los balances

Acá el nombre y apellido no es responsabilidad nuestra. Es que blindaron determinadas organizaciones y blindaron a determinados personajes, personas o funcionarios como les quieran llamar‑; usamos los mecanismos que la ciudadanía puso a nuestra disposición.

No quiero hacer pagar costos políticos a nadie. Acá está en cuestión el sistema político. Todo el mundo está muy enojado con este tema, por más que mañana juegue Uruguay. Además, este señor no se priva de estar festejando en la cancha. No sé cómo hace con el sueldo del LATU. Lógicamente, los cientos de miles de dólares que dice el informe que tiene en las offshore, no deben de haber salido de su función pública. A mí no me interesa hacer pagar costos políticos a ningún partido. Yo hoy podría decir: "Votan esto y las mayorías deciden". Sin embargo, junto con el señor diputado Lafluf, en una conversación muy breve, decidimos que esto quede para cuando venga la Secretaría Nacional Antilavado y le plantearemos el tema cuando él venga, más allá de que concurran el contador Espinosa y sus asesores, a los que conocemos, les tenemos mucho respeto y sabemos que colaboran con nosotros enormemente. Además, en este momento está en Europa. Tiene todo el derecho del mundo, mientras no sea con mi plata. Yo presenté la nota, y en acuerdo con el diputado Lafluf accedo a que en la próxima citación de la Secretaría Nacional Antilavado podamos tratar este tema. Si no se me permitiera, no sería un acuerdo. Yo planteo mi mayor colaboración porque entiendo que esta Comisión tiene responsabilidades muy grandes frente al Estado y es bueno seguir manteniendo el clima de trabajo interpartidario, como lo hemos mantenido hasta ahora. Me avengo a lo solicitado por el señor presidente, sobre la base de que no se me prive de hacer alguna pregunta, ya que estoy blindada por todos lados; yo y cualquiera, excepto que uno pertenezca a la corporación de periodistas a la que no pertenezco porque, desgraciadamente, no pude estudiar periodismo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ De los dos largos discursos que hemos hecho tanto quien habla como la señora diputada Bianchi, rescato que hay acuerdo, como es habitual, en convocar a la Secretaría Nacional Antilavado para la primera vez que sea posible, ya que nosotros estaremos trabajando en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda debido a la rendición de cuentas, a efectos de adelantar cómo sigue el proceso de reglamentación de la Ley Nº 19.574. Queda claro que el artículo 9º nos comprende a todos porque somos parte de los funcionarios públicos y de los cargos políticos que tienen una obligación determinada por ese artículo. Por lo tanto, este tema tiene que estar debido a nuestra propia función y a nuestro propio involucramiento.

No debemos tratar casos individuales porque esto tiene fines legislativos y cualquier ley debe tener conceptos generales y no particulares o personales. Se podrá preguntar si este funcionario u otros que en ediciones anteriores fueron mencionados, están o no comprendidos en la descripción de funcionarios públicos que prevé la Ley Nº 19.574. Inclusive, estaríamos dispuestos a ampliarla por si alguno pueda quedar fuera. Recuerdo que cuando apareció Panamá Papers y generó la creación de una Comisión con carácter general, antes de analizar ese tema en el Senado, había otros nombres muy conocidos.

Pido disculpas porque no traje la carpeta con los elementos que se nos dieron en el comité operativo sobre posibles modificaciones. Eso también será motivo de consulta a la Secretaría. La convocatoria será por eventuales modificaciones a la Ley Nº 19.574 y los avances en su reglamentación.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ En este momento, planteé el caso de Brechner. A mí no me duelen prendas. Voy a tratar el nombre de quien quiera; está clarísimo.

Sí pido un favor porque sé el trabajo que empieza ahora. Como saben, yo no integro la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, pero voy al tratamiento de casi todos los Incisos. Pido que no se demore demasiado. No quiero un entierro de lujo. No creo que sea el espíritu de ningún integrante de esta Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda no va a funcionar oficialmente los lunes ni los viernes; sí los jueves. O sea que podríamos buscar la oportunidad en esos días y no demorarnos, ya que estamos hablando de una reglamentación que tiene que salir; no solo están allí estos temas, sino todos los vinculados con las obligaciones de los sujetos obligados. Y todo lo que tiene que ver también, que es una de las modificaciones planteadas, con el tema de las personas políticamente expuestas.

Una de las cosas que quedaron claras en esa última reunión del Comité Operativo fue que por error se excluyó de la nómina de personas políticamente expuestas a los funcionarios que integran organismos internacionales. Hay que incluirlos no solamente por nosotros, sino por los funcionarios de otros países que trabajan en organismos internacionales, ya que podrían quedar fuera de las responsabilidades, de las características y de los controles especiales que tienen. Esa es una de las modificaciones que plantea incluir la Secretaría. Las otras se las haré llegar después, porque no las traje. Reitero que esto se nos entregó en la reunión del Comité Operativo que se realizó hace dos semanas en la Torre Ejecutiva.

(Interrupciones)

——En cuanto al proyecto de declaraciones juradas, que debemos retomar, hay un proyecto, presentado por el señor exdiputado Carmelo Vidalín, que figura en el Repartido Nº 7, Carpeta Nº 36, de 24 de febrero de 2015 es decir que es de la Legislatura anterior‑, sobre el mismo tema. Lo que incorpora es la publicidad de las declaraciones juradas no solamente del presidente y del vicepresidente de la República, sino también de otros funcionarios públicos. Deberíamos incorporarlo a la discusión. El proyecto está en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

En las últimas dos o tres sesiones, en nombre de la bancada del Frente Amplio, solicitamos a los integrantes de los demás partidos que expresaran su opinión al respecto nosotros presentamos el proyecto y algunas modificaciones para que quedara constancia de ella en la versión taquigráfica y para saber si había proyectos alternativos. Por ahora en el comparativo están las sugerencias de la Secretaría Antilavado, de la Agesic, de algunas instituciones sociales que están en los temas de transparencia y algunas propuestas nuestras. Deberíamos incorporar la posición de los demás partidos, para tener un conocimiento cabal de la situación.

En la última reunión, el señor diputado Omar Lafluf Hebeich algo nos comentó, pero nos dijo que no podía hablar en nombre de todo el partido. Es un tema importante. La señora diputada Bettiana Díaz no estuvo presente cuando esto se discutió. Varios legisladores expresaron que publicar abiertamente las declaraciones juradas en la web de la Secretaría podría generar problemas por razones de seguridad. Creo que ese es un tema que hay que incorporar al análisis. Allí habría que buscar soluciones alternativas y por eso esperamos la posición de los otros partidos. Podría ser que la publicación en la web fuera voluntaria y que el acceso a esa información fuera posible solo solicitándola en forma expresa y fundada y a nombre propio de organizaciones que se hagan cargo de esa información. La idea sería que no la pudiera tener todo el mundo, sino que haya un acceso limitado. Sería algo similar a lo que se hace creo haberlo dicho en la Central de Riesgo del Banco Central: se puede acceder a la información, pero identificándose, de manera de contemplar los aspectos de seguridad. Ya habíamos discutido este tema, pero lo comento nuevamente por la señora diputada Bettiana Díaz.

SEÑORA DÍAZ (Bettiana).‑ En la sesión anterior estuvimos hablando con algunos diputados sobre esta inquietud que se planteó, que considero de recibo. Yo puse como ejemplo y me parece que está bien traer el tema nuevamente a mi sector. Nosotros tenemos un sitio web público, en el que voluntariamente colgamos nuestras declaraciones. Esto va en el sentido de reforzar esta idea de que el acceso a la información sobre el patrimonio de un legislador o de alguien que esté en la función pública tiene que ser fácil para la ciudadanía, que es la que nos paga el sueldo. De hecho, hasta ahora, nosotros no hemos constatado que eso genere problemas de seguridad en términos de la integridad física de alguna persona. La bancada de diputados del MPP es bastante grande, por lo que habría una gran cantidad de posibilidades. Nosotros lo venimos haciendo hace años.

Nos parece importante, en este momento político en el que la transparencia está sobre la mesa, y todos estamos queriendo avanzar, recuperar la confianza en las instituciones políticas, sobre todo en las que son ocupadas por los representantes del pueblo. Avanzar en un proyecto de estas características se hace urgente, sobre todo por las modificaciones que hemos trabajado dentro de la bancada del Frente Amplio.

Justamente, la idea es llegar a una síntesis porque este es un proyecto que se presentó, pero nosotros los venimos haciendo hace años.

Quiero hablar de otro caso que resulta bien interesante. A veces es bueno comparar a nivel internacional; con respecto a este tipo de proyectos, nosotros lo hacemos mucho. Invito a todos a revisar el observatorio legislativo de la Asamblea Nacional de Ecuador, porque es un ejemplo para poder comparar. Los ciento treinta y siete asambleístas nacionales de Ecuador tienen hasta una consulta que se puede hacer sobre antecedentes judiciales. Me parece que ese tipo de casos dejan meridianamente claro que, en realidad, el mundo está yendo hacia ahí. Creo que podríamos ver este formato, aunque deberemos discutir muy seriamente el hecho de que, cuando alguien necesita acceder a determinada información porque tiene dudas sobre cuál es el estado patrimonial de un representante, debería tener facilidad al acceso. Hay mecanismos que no prevén que el acceso sea tan inmediato. Por ese lado, hay propuestas que vamos a tener que discutir porque, en definitiva esta es una opinión muy personal‑, estarían desvirtuando la intención de este proyecto de ley. Se trata de dejar al alcance del ciudadano de a pie el acceso a la información. Estoy de acuerdo con lo dicho anteriormente por la señora diputada Bianchi, en el sentido de que los periodistas conocen perfectamente cómo solicitar información que es pública, porque conocen el mecanismo para hacerlo.

También hay una parte de la población que asume costos de participación y de información. Lo que nos interesa, precisamente, es generar el mecanismo para que cualquier ciudadano de a pie pueda saber el estado de situación patrimonial de los legisladores, que son sus representantes.

En el Movimiento de Participación Popular lo hacemos con ese espíritu. Yo no tengo ningún problema que la gente vea cómo vivo, cuál es mi ingreso y si tengo ahorros o no. Hay gente que ejercía o ejerce su profesión y tuvo otros ingresos que no guardan relación con los ingresos topeados que tiene ahora como legislador o legisladora. Me parece que habría que analizar este punto. Esta no es una posición acordada en la bancada. Quiero remarcar de forma personal que habría que buscar aquellos mecanismos que desvirtúan el espíritu del proyecto de ley.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).‑ En la sesión pasada estuvimos hablando de este tema y se volvió a repetir que se estaba esperando la propuesta.

Nosotros no tenemos un proyecto de ley alternativo, pero nos comprometemos a delinear algo. Estamos totalmente de acuerdo con mostrar la mayor transparencia posible de todas las cosas, de absolutamente todo. También creemos que, en ese afán de llegar a la transparencia total, no podemos ir a los extremos, aunque aporten o no aporten. El fundamento de presentar una declaración jurada es que alguien nos controle especialmente a nosotros y a quienes ocupan cargo de gobierno, si estamos aumentando nuestro patrimonio en forma desmesurada, de acuerdo a los ingresos que tenemos. Y nos queda la duda de si ese control patrimonial, más allá de lo que razonablemente pudiéramos tener, se hace a través de la publicación abierta. Estamos totalmente de acuerdo con que los organismos de control nos controlen siempre, que analicen nuestras declaraciones y que nos digan, por ejemplo: "Usted el año pasado tenía tanto y este, tanto; explíquelo". Que nos digan a todos. Por eso coincidimos bastante cuando acá se habla de un porcentaje de las declaraciones que se abran de los legisladores y de los cargos de gobierno. Si hay que abrir todas, que se abran todas.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

——También podemos pensar al revés. En todo este tiempo se habló de las tarjetas corporativas. Hay que prohibirlas; no. Hay que usarlas bien. Es un elemento fundamental de uso y hay que usarlas bien.

Entonces, en este caso, también observamos que no se puede poner setenta mil personas que hagan declaraciones juradas porque volvemos al inicio y no se va a controlar nada. Más vale poner menos y que nos controlen a full. Asimismo, cuando se habla de los porcentajes a controlar, se propone un 10%, 20% o 30%; nosotros debemos tener un porcentaje mucho más alto. No es lo mismo un 5% de la policía que un 5% de nosotros. Esas son las sanas dudas que tenemos; queremos que esto se apruebe, pero que salga lo mejor posible.

Hace un año los medios de prensa pidieron a todos las declaraciones y yo no se las dí porque no tengo por qué dar a un medio de prensa una declaración jurada. Pero que los organismos de control, como puede ser la Jutep, que tengan acceso a todo. Y si hay que fortalecer técnicamente a la Jutep, fortalezcámosla ya que es una buena forma de hacer una inversión porque ayuda a la transparencia.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Una de las propuestas que se plantearon es que se permita porque la ley no le permite a la Jutep utilizar análisis de riesgo para determinar que esos porcentajes hay otra propuesta que presentamos por escrito a la comisión y la profundidad del detalle sea distinto para determinadas personas. Precisamente, habíamos puesto el ejemplo de la policía, el de la 5a. Sección Judicial de Rocha. El nivel de profundidad debe ser distinto y el nivel de control, también.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).‑ Considero que son muy interesantes algunos conceptos y ejemplos que se han dado acá. Está bueno intercambiar opiniones para ver casos particulares.

Yo me inclino por la opinión de la diputada Díaz porque también hay que entender a la opinión pública. Escuché el razonamiento del diputado Lafluf y considero que es de recibo, es cierto. Pero también hay que ver que la opinión pública puede considerar que, en realidad, es una traba que se quiere poner para ocultar. Ese es uno de los problemas que nosotros deberemos dilucidar. Por ejemplo: si un ciudadano quiere saber cuál es el patrimonio del diputado Chiazzaro, resulta que no lo puede saber porque quien puede lograr eso es una institución equis con determinados fundamentos. Yo siento que lo que dijo el diputado Lafluf es muy razonable porque no lo plantea con los fines de ocultar; me queda clarísimo, pero a veces hay que ver que nosotros somos personas públicas y, precisamente, el tema de la transparencia es algo fundamental frente al aluvión de corrupción que estamos viendo a nivel internacional, sobre todo, en los elencos políticos. Y si hay algo que es veneno para la política, es la corrupción. Y si hay algo que es veneno para la democracia, es precisamente que existan dudas de quiénes son los representantes del pueblo. Creo que es un tema muy interesante, que deberemos analizarlo con detalle. Reitero que me parece muy razonable lo que dice el diputado Lafluf. Comparto los argumentos de la señora diputada. Soy de la idea de que nosotros tenemos que ser terriblemente transparentes, y si uno tiene la conciencia tranquila, podrá explicarlo. El señor diputado no estaba hablando de ese caso, sino de terceros que se puedan ver perjudicados en función de su patrimonio, y lo entiendo razonable.

Está bueno discutir este tema y, tal vez, ampliar los círculos concéntricos para tener otras visiones.

Yo estaba en Ecuador cuando se denunció al Ciadi. En esa oportunidad, tuve contacto con varios legisladores y ellos me contaron lo que señala la señora diputada. Inclusive, se puede ir al pasado y hacer investigaciones muy profundas de cada legislador sobre cómo obtuvo su dinero.

En mi caso personal, yo he sido empresario y recién en este período ingreso como persona pública. Tengo un dinero ahorrado, que no es nada del otro mundo, pero no lo gané como diputado. Como dije, si uno tiene la conciencia tranquila, lo puede justificar.

Considero que lo que el señor diputado ha señalado es muy interesante y creo que tendríamos que seguir recabando opiniones.

SEÑORA DÍAZ (Bettiana).‑ Como dije anteriormente, es de recibo la inquietud que nos plantean los diputados del Partido Nacional con respecto a la toma de estado público de las declaraciones juradas. Además, el señor diputado Omar Lafluf Hebeich se pregunta quién haría el control.

Es cierto que este tema puede llegar a ser muy complicado para la política, pero hay mecanismos de control que nos dan garantías. Uruguay está muy bien conceptuado en lo que refiere a la lucha por la transparencia y, en este último tiempo, ha ido avanzando y adaptando su normativa.

La idea no es lo digo sin ninguna animosidad, precisamente, por lo que planteaba el señor diputado Roberto Chiazzaro obstaculizar, sino plantear una inquietud ante posibles riesgos.

En este país sucede algo que no es común en otros lados. Me refiero a que algunos legisladores viajamos en ómnibus. Yo, por ejemplo, cruzo la plaza y me tomo todos los días el 158 para mi casa. Eso en otros países no existe. Digo esto porque a veces se pone en tela de juicio el cuidado que debemos tener las personas que estamos más expuestas. La ciudadanía conoce el monto de los ingresos que ganamos los senadores y los diputados; formamos parte del último quintil, tenemos sueldos abultados con respecto al resto de la población. Lo digo en términos generales, porque en los promedios se ahogan los enanos. De hecho, los salarios de los legisladores son públicos. Y en la medida en que se puedan justificar los ingresos anteriores, está muy bien decir cuál es la situación patrimonial, porque muchas veces también se cuestiona la representatividad. Tal vez, las personas no solo quieran conocer las propuestas políticas de alguien que los representa, sino también hasta su situación de vida. Me parece que esto tiene que ver con la construcción de la representación política

Para graficar lo que estoy diciendo, puse en Google "declaración jurada de Tabaré Vázquez". Ni siquiera busqué mucho y demoré menos de un minuto en encontrarla. Todo el mundo sabe que la Presidencia de la República es uno de los cargos con mayores ingresos. No obstante, puede haber algún intendente que cobre más que el presidente de la República, pero no tiene las mismas garantías de seguridad o de custodia. Me parece que hay algunos elementos interesantes para debatir y evaluar.

Reitero, la ciudadanía sabe que el salario del legislador es alto, y esto podría llegar a configurar la idea de un móvil delictivo. Por lo tanto, el control tiene que hacerse no solo por parte de instituciones como la Senaclaft o la Jutep, sino también debería extenderse a la ciudadanía, a efectos de evitar situaciones como las que se produjeron por las tarjetas corporativas. Esta situación se generó por un pedido de información de parte de un periodista, amparado en la ley de acceso a la información pública. Nos terminamos enterando por la prensa de que hubo un control que falló en varios casos. Seguramente, la mayor parte de la ciudadanía no tiene el know how, el conocimiento para poder hacer esas cosas.

El control ciudadano nos parece saludable, sobre todo en este momento que está atravesando el sistema político, que está enclavado en un mundo donde la política está cambiando.

Reafirmo que es de recibo la inquietud que nos plantean las legisladoras y los legisladores del Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Considero que es conveniente que quien esté interesado en conocer el patrimonio de las personas públicas lo pueda hacer.

En mi caso, señalo que en mi perfil del Parlamento no solamente está publicada la última declaración jurada, sino también la evolución desde el año 2000, cuando ingresé por primera vez a la Administración pública.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

——Vinculado a lo que decía el señor diputado Omar Lafluf Hebeich, esto es muy importante.

Por lo tanto, si solamente queda una foto de la situación de hoy, quizás, la opinión pública pueda tener una visión distorsionada de esa persona pública expuesta. Si antes de ingresar a la función pública esa persona tenía determinado patrimonio y hoy tiene el mismo, menor o mayor durante su vinculación a la actividad pública, debería poder justificarlo.

Por otra parte, hay un tema que me preocupa y que ya he desistido de aclararlo. Me refiero a los montos de ingresos de los legisladores que aparecen en la prensa y que se repiten en las redes sociales. Además de los altos sueldo que tenemos como decía la señora diputado Bettiana Díaz, que estamos en el quinto quintil‑, se nos agregan las partidas de secretaría que dependerá de cada uno en gran parte no las cobramos, sino que las utilizamos para pagar el salario de nuestros asesores. De paso digo que deberíamos explicar a la gente que nosotros tenemos gastos de secretaría porque acá no tenemos secretaria. En el caso de cualquier otro cargo público en la Administración central o en las empresas del Estado, las secretarías de esos funcionarios las paga el organismo; en nuestro caso, no. Salvo en el caso de los ujieres, que nos sirven el café o nos hacen llegar algunos sobres, no tenemos otro personal a disposición. El Parlamento no tiene secretaría para nosotros; hay secretaría para la Cámara, pero no para nosotros.

Tampoco tenemos locomoción. Precisamente, ayer gente de mi partido preguntaba por qué tenemos pases en comisión y cuestionaba si no son muchos. Yo explicaba que depende de cada situación. Por ejemplo, los diputados del interior del país, a veces, necesitan contar con alguien en el interior y alguien en Montevideo. También mencioné que es poco equitativo que los diputados del interior tengan la misma retribución que los de Montevideo, teniendo en cuenta que el Parlamento sesiona en Montevideo. Digo esto porque los diputados del interior tienen que hacerse cargo de los gastos de traslado, vivienda, comida, etcétera.

Hace unos días se difundió en las redes que los legisladores de un país nórdico tienen viviendas en común, obviamente, pagadas por el Parlamento. Se ponía esto como un ejemplo y se agregaba que hasta se tenían que lavar la ropa. Yo supongo que a los diputados del interior les gustaría tener esa posibilidad. ¡Estamos hablando de un edificio de apartamentos! ¡Tenían servicios comunes, pero cada uno tenía su apartamento! Acá, los legisladores del interior no cuentan con eso. Tampoco tienen locomoción oficial ni otro tipo de facilidades. Sería bueno aclarar esto.

Por supuesto, seguimos siendo privilegiados con respecto al resto de los trabajadores. Ahora bien, si tenemos en cuenta otros cargos de la Administración pública ni digo de las empresas privadas‑, en esos casos, nunca se les pide que se rebajen los sueldos. A nosotros, sí; permanentemente, se está pidiendo que se rebajen los sueldos.

Entiendo que la transparencia debería estar en función del riesgo que cada cargo representa.

Con respecto a algo que mencionaba el diputado Chiazzaro y creo que también la diputada Díaz, entiendo que una cosa es plantear que la información está disponible en la web de la Jutep para cualquier persona y otra cosa es que cualquier persona, registrándose, es decir, indicando su nombre, documento de identidad y domicilio, solicite entrar a la página web de un diputado en particular, de todos los diputados, de todos los ministros o de todos los presidentes de entes autónomos. Uno de los planteos es que no necesariamente deba hacerse a través de organizaciones de la sociedad civil, sino que cada persona, individualmente, pueda hacerlo, pero registrándose, al igual que puede hacerlo en la Central de Riesgo del Banco Central.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Estoy en una lucha personal con respecto a este tema.

Por un lado, como decía, efectivamente, tenemos que ser transparentes y debemos recuperar el concepto de la política en este país. Yo preferiría comparar a Uruguay con los países europeos, en especial, con los países nórdicos. Honestamente, no quiero comparar a Uruguay con Ecuador, por varias razones. No digo esto por considerar que los hermanos latinoamericanos sean menos, sino porque hay cuestiones en las que los países europeos están más avanzados. El problema es cómo hacer esto. Me pregunto si, efectivamente, las declaraciones juradas aseguran que nosotros no tengamos patrimonio escondido. Supongamos que haya alguien que esté dispuesto a esconder patrimonio. ¿Las declaraciones juradas aseguran que no pueda hacerlo?

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).‑ No.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ No lo aseguran.

Considero que el que tiene más recurre a otros mecanismos. Las empresas offshore no convienen; Panamá, menos, desde que la inteligencia alemana y la inteligencia norteamericana hackearon Mossack‑ Fonseca para recuperar sus capitales. De todas maneras, hay fundaciones. No quiero hacer referencias políticas, pero hay fundaciones a las que va la plata.

Entonces, al final, terminamos favoreciendo al que tiene mucho, al que generó mucho me parece perfecto, si lo hizo legalmente‑, con mecanismos de protección que los desgraciados mortales que trabajamos toda nuestra vida doce horas promedio por día no tenemos. No considero lo digo con todo respeto por la diputada Díaz; ella sabe que le tengo un enorme respeto que sea un mérito trasladarse en ómnibus o trasladarse en auto. Creo que uno tiene que ganarse el derecho de andar en auto cómodamente a través del trabajo, del esfuerzo. Yo soy nieta de inmigrantes, así que tengo esa mentalidad.

Ahora bien, Uruguay tiene este tipo de gente; ustedes lo vieron en las redes.

(La señora representante Graciela Bianchi Poli muestra un video desde su celular)

——Yo no digo que sea la mayoría, pero esto sucede en Uruguay. Hace sesenta años no estoy responsabilizando a ningún partido esto no se veía.

Entonces, aquí se dice que cualquier ciudadano tiene derecho a investigarme. ¡No! ¡De ninguna manera! Obviamente, nosotros tenemos que generar los mecanismos jurídicos para detectar a la gente que es corrupta. Entre otras cosas, por ejemplo, podemos tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, lo cual no hemos logrado. Teniendo en cuenta el patrimonio, podríamos saber si una persona que ocupó un cargo público fue corrupta. Como de la coima no hay recibos, llegar por el lado del cohecho es difícil; se procesa por cohecho, pero es complicado.

Entiendo que hay otros mecanismos. No podemos ponernos siempre a la defensiva. Creo que nos estamos equivocando, no en el sentido de que tenemos que recuperar la confianza de la opinión pública, pero sí en la forma: no podemos estar demasiado a la defensiva. ¡Yo no tengo que curarme en salud de nada!

Además, está la Justicia. Entiendo que la Justicia es complicada, pero ¿vamos a eliminar a uno de los Poderes del Estado? En este caso de las declaraciones juradas, acompañamos que no sea necesaria una resolución judicial. Estamos totalmente de acuerdo; no nos ponemos en esa posición, al contrario.

Comprendo el planteamiento de mi compañero, el diputado Lafluf. La verdad es que no se me había ocurrido. Cuando lo planteó me di cuenta de que tiene razón. Y ahora me acaba de pasar. Hay una publicación mamarracha, que anda por ahí por supuesto, no la voy a nombrar‑, que me implica en una situación en la que no estoy. Además, me genera un problema de inseguridad. Habla de cifras y bienes que nunca tuve; no tengo nada que ver con eso; son parientes míos que ni siquiera voy a nombrar.

Entonces, ¿cualquier persona puede obtener información de mi vida? La diputada Díaz estaba incluyendo en la información hasta los antecedentes judiciales. No; eso está en la Justicia. Se puede recurrir a las oficinas correspondientes para averiguar si uno tiene antecedentes. Además, hay que tener en cuenta otros aspectos jurídicos, por ejemplo, cuándo se bajan los antecedentes, la prescripción, la caducidad. ¿No se decía que no se quiere penas más altas? Entonces, no podemos hablar de los antecedentes de una persona aclaro que no estoy en ese grupo que cometió un error hace veinte años. ¡No! La Justicia tiene sus mecanismos, la policía técnica tiene sus archivos; se puede recurrir a la Justicia.

La verdad es que en este país se peleó durante mucho tiempo porque desaparecieran los antecedentes de los menores infractores, y se sigue peleando por lo mismo.

No; yo a la defensiva no me voy a poner nunca. Si a mí me acusan, que lo prueben. Les voy a facilitar la información y, como legisladora, les voy a dar los mecanismos, pero si la Justicia no va a participar en la apertura de las declaraciones juradas, vamos a generar mecanismos de control.

Me inclino por como dijo mi colega Lafluf Hebeich fortalecer a la Jutep, que la persona se identifique y que tenga una resolución fundada. ¿Cómo funcionaba el secreto bancario que ahora claramente se perforó y está bien hasta hace unos cuantos años? Había un pedido de un juez de familia por pensiones alimenticias y una solicitud de un juez penal, fundada. Entonces, creo que otro elemento que hay que agregarle es la identificación. Reitero que sacamos a la Justicia con eso facilitamos mucho‑, fortalecemos a la Jutep y si una persona se presenta a la Jutep y pide la apertura de una declaración jurada de cualquiera de nosotros, que se identifique pero, además, que la fundamente. Porque ¿para qué pide la información? ¿Para subirla a las redes e interpretarla como quiere? Las redes sociales son bárbaras pero, sinceramente, en el caso que me tocó vivir la semana pasada no salí ni a contestar, por la publicación que es, que no la respeto por varios razones, pero me puso en una situación familiar complicada, involucrando mi nombre. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un juicio por difamación e injurias? Ni eso hice, porque me parece que estar a la defensiva no es bueno.

En resumen, creo que hay que tener cuidado. No comparar igualitarismo con pobrismo; con que yo, como soy legisladora, prácticamente tengo que hacerme el harakiri. Además, hay que empezar a decir que nuestros sueldos no son nada del otro mundo; el problema es que los que ganan poco son los demás; eso también lo digo.

Reitero: a lo que decía en general y en especial el diputado Lafluf Hebeich con respecto a fortalecer a la Jutep, que se ingrese a solicitud de fulano, con identificación, con domicilio, con cédula de identidad, le agrego que sea con una resolución fundada, o sea, para qué la quiere utilizar. ¿Quién evalúa si está bien fundada o no? Uno puede legislar que la Jutep pueda evaluarlo.

A mí me pasó un caso concreto. Un día me llama por teléfono a la oficina una persona y me pregunta: "¿Usted me da su declaración jurada?". Y le pregunto: "¿Usted quién es?". Me responde que es un estudiante de no sé qué cosa, que tiene que hacer una tesis. Entonces, le respondo: "Pero usted está totalmente desubicado. Yo no tengo nada que ocultar. De ninguna manera se la doy". Esa persona llamó a la Jutep, y me llama como es, digno de su calidad humana el contador Gil Iribarne y me preguntó si yo había autorizado. Entonces, le respondí que de ninguna manera. Me dijo que eso era insólito.

¿Por qué lo pongo como ejemplo? El tema es que se empiezan a facilitar datos y después se da para un barrido y para un fregado, y yo no estoy dispuesta a llegar a eso.

Tampoco me pongo en la posición, a ultranza, de la privacidad como derecho humano fundamental, que lo es, y creo que el camino de recuperación del concepto de los legisladores va por la transparencia, pero va por otros lados. Hay un problema de fondo. Ayer estaba escuchando decir al doctor Facundo Manes y, en otra oportunidad, también lo dijo un dirigente político nuestro, muy conceptuado; no importa quién es; no del Partido Nacional que el problema es la confusión entre el Estado y el gobierno. La gente responsabiliza o confunde el Estado y el gobierno, sea cual sea el gobierno. Entonces, nuestra labor también es "pedagógica" entre comillas en ese sentido. Si nos atacan, debemos salir a defendernos con los elementos jurídicos que tenemos y con la tranquilidad de que no nos hemos enriquecido ilícitamente.

Les prometemos que para la próxima sesión les vamos a traer la opinión del Partido Nacional. Por lo menos yo les voy a traer la palabra de Luis Lacalle Pou porque, a esta altura no nos vamos a estar haciendo esperar, ya que fuimos nosotros quienes dimos los materiales a las respectivas bancadas, y creemos que va a andar por ese lado: identificación, fundamento y fortalecimiento de la Jutep.

Quien quiera colgar la declaración jurada, que la cuelgue; yo no tengo ningún problema. Yo no estoy dispuesta a colgarla. Además, si miran mi declaración jurada lo digo con total honestidad‑, verán que no tengo nada, ni un auto.

¿Cuál es el tema? Que se empieza por algo. Y ¿por dónde se termina? ¿Voy a terminar teniendo que colgar también la declaración jurada de mis hijos y de mis nietos? No; estamos todos locos. En algún momento hay que parar y decir: "Bueno, muchachos, está bien", pero vamos a empezar a explicar las cosas. Creo que este es uno de los elementos, pero reitero que no es el más fuerte, porque las declaraciones juradas son un documento público y si no son ciertas, tienen el castigo del artículo 179 del Código Penal, que es la prisión. De todas formas, hay muchas maneras de que los bienes no estén a nombre nuestro; no es necesario tener una sociedad offshore. No nacemos ni morimos con las declaraciones juradas; no es la mayor fortaleza; es un elemento más, y estamos dispuestos a avanzar en ese sentido, nada menos.

Miren que, personalmente, me cuesta muchísimo eliminar a la Justicia de la autorización, pero estoy dispuesta a conversarlo

Gracias, señor presidente.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).‑ Quiero hacer una aclaración, porque me sentí aludida en los términos de buen relacionamiento que tenemos con la diputada Bianchi Poli‑, y porque quedó registrado en la versión taquigráfica.

Yo planteaba el ejemplo del ómnibus, no por una cuestión de hacer pobrismo ni porque sea una cuestión de orgullo, sino para hablar de una de las bondades que tiene Uruguay en cuanto a la seguridad con la que andamos los legisladores en la vía pública. Me parecía importante decirlo.

En cuanto al tema de los antecedentes, no lo quise mezclar. En realidad, lo que dije fue que, comparando con otros países está bien que uno elige con quién compararse y entiendo perfectamente que la diputada Bianchi Poli prefiera compararse con los países nórdicos, pero estamos en América Latina; yo elegí ese ejemplo porque, además, me he tomado el trabajo de buscar información‑, se ha avanzado en esa materia, porque uno puede entrar al Observatorio Legislativo de la Asamblea y consultar no solo la declaración jurada del estado patrimonial ya que, por acuerdo político obviamente, se publican hasta los antecedentes judiciales. Yo no digo que eso sea parte de una propuesta. Me parece que lo que hace es que toda la información sea pública. Eso se maneja en otros sistemas políticos que, además, tendrán sus características, pero Uruguay es un caso muy distinto en Latinoamérica en cuanto a la construcción del sistema político que tiene y, sobre todo, al sistema de partidos.

Lo puse como ejemplo, para tratar de sostener una posición. No quise incluirlo como propuesta ni quise hacer hincapié de que tengo que andar en ómnibus.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Lo dijo la señora diputada Díaz Rey al final. ¿Por qué me quiero comparar con los países nórdicos? Me pasa a nivel personal; yo me comparo con los mejores; con los peores, no. Además, reitero que la crisis de Uruguay no se la adjudico a ningún gobierno me siento como con en una especie de Alzheimer que, si lo tengo, no está diagnosticado‑; la crisis del Uruguay empezó en la década del sesenta, o sea que, a esta altura, es responsabilidad de todos los partidos. El proceso de latinoamericanización del Uruguay, en la parte más negativa no en la positiva‑, no es responsabilidad de un solo partido. Creo que el gran responsable es el ciudadano porque, en definitiva, es el que toma las decisiones‑, el contexto internacional y un montón de cosas más. La diputada lo dijo: Chile y Uruguay tenían una formación en ese sentido, inclusive en lo que se refiere a la corrupción. Nunca vamos a evitar casos de corrupción porque nadie está vacunado contra la corrupción. Lo normal en Uruguay durante mucho tiempo era que a grandes dirigentes políticos con los que uno pudo o no estar de acuerdo; yo no los voté nunca por edad o porque no estaba en ninguno de esos partidos les pasara lo mismo: entraban ricos y salían pobres. Hay grandes dirigentes políticos que entraron con una fortuna y se la gastaron en la política. Eso era lo característico de Uruguay, en el buen sentido.

La situación cambió. Pero tampoco nos vayamos a los bandazos y digamos: "Todos los políticos son unos corruptos". No señor. "¿Saben una cosa? No. Explíqueme por qué todos somos corruptos. Si usted quiere justificar otras cosas, vamos a discutirlo". Insisto en que el problema va más por ahí. Además, hay que dar indicadores. Este es uno. Pero si solo nos quedamos con el tema de las declaraciones juradas… La gente que anda por la calle no sé si tiene claro este tema. Me preocupa cuando se recurre a determinados medios de prensa y ni qué hablar de las redes sociales en las que, además, se miente, utilizando algún elemento. Se construye una concepción falsa, no inocente. Hay un medio de prensa concreto, un semanario que me sigue en Twitter y no bloqueo para no darle importancia, que es vergonzoso lo que aparece diciendo en la tapa todas las semanas. Que se haga responsable. Ahora, si agarran un elemento de una declaración jurada y lo sacan de contexto, no. Cualquiera, no. Fundamente, señor, para qué la quiere. ¿Quién lo tiene que valorar? La Jutep, que designamos con total confianza técnica.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).‑ Me tengo que retirar porque a la hora 16 tengo que estar en Fray Bentos.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Informo que la próxima reunión es el 19 de julio. Estaremos en pleno tratamiento de rendición de cuentas, con un cronograma que fue enviado por la Presidencia y está siendo aprobado.

Para no esperar hasta el 17 de agosto, podríamos invitar a la Secretaría Nacional Antilavado un lunes o un viernes. Sabemos que los viernes hay actividad de la Comisión, pero no es oficial; se reciben delegaciones. También acordamos no sesionar cuando funcione la Comisión Especial relativa al financiamiento de los partidos políticos porque tiene un plazo perentorio de noventa días.

SEÑORA ANDRADE (Susana).‑ Quisiera referirme a lo que dijeron las señoras diputadas que me precedieron en el uso de la palabra. No voy a entrar a hablar sobre la transparencia, ya que todos coincidimos en que debe ser un valor que tiene que sustentar nuestro Parlamento y todos los Poderes del Gobierno; entre todos se verán las formas más adecuadas. Tampoco me quiero meter en cuáles son los países mejores o peores, porque las valoraciones dependerán de muchos conceptos que podamos tener objetiva o subjetivamente. Según entiendo, lo que expresó la señora diputada Díaz está vinculado con la cercanía o lejanía que tiene el sistema político con el pueblo al que representa. Creo que el mérito está allí, no tanto en si viajamos en ómnibus o en auto.

Es un mensaje saludable que nos da una democracia que se precie de tal.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Reitero que la próxima convocatoria, que será después del 15 de julio, estará condicionada al funcionamiento de la Comisión que estudiará la rendición de cuentas. Intentaremos programar la reunión en los huecos que tiene el cronograma.

Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.