DELEGACIONES

Autoridades del Ministerio de Educación y Cultura

Comisión Directiva de Arqueólogos del Uruguay Asociados
(Arqua)

Trabajadores de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
(ATEC CPCN)

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 4 de julio de 2018

(Sin corregir)

SEÑORA PRESIDENTA (Susana Montaner).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

  La Comisión da la bienvenida a la señora ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz; a la subsecretaria, magíster Edith Moraes; a la directora general del MEC, doctora Ana Gabriela González; y al director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, arquitecto Nelson Inda.

  Los hemos invitado a solicitud del diputado Sabini para que nos informen respecto al proyecto de ley "Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural del Estado", que estamos considerando.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ Más allá de que contamos con el texto del proyecto, queríamos conocer los fundamentos del ministerio para proponerlo, intercambiar ideas y realizar algunas sugerencias. Creemos que se trata de un proyecto importante, que tenemos que tratar en esta Comisión, y esperamos poder aprobarlo.

SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.‑ Es un gusto estar en esta Comisión por un motivo que entendemos de real importancia.

  El Uruguay se ha caracterizado porque, más allá de los avatares económicos que puede haber tenido para la conservación de su patrimonio, lo conserva y valora.

  Este proyecto de ley, que plantea la creación de un instituto, es producto de un trabajo colectivo muy importante. Para su elaboración han trabajado muchas personas: legisladores, arquitectos, historiadores. Todos ellos planteaban la necesidad de tener al día la concepción y la conceptualización del patrimonio desde una mirada moderna. Han trabajado con muchas personas del ámbito académico, pertenecientes a distintos partidos. El grupo de trabajo estuvo integrado por Gerardo Caetano, José Rila, Nery González y Marcos Carámbula, entre otros. Edith se encargaba de organizar las reuniones; quizá pueda nombrar a otras personalidades que participaron.

  Entendimos necesario cambiar la ley de patrimonio, que ya tenía muchos años, por conceptualizaciones más modernas. La forma jurídica que se le atribuyó por parte de ese grupo al patrimonio era la de un servicio descentralizado. Entendemos que el patrimonio es parte fundamental de la cultura y debe estar estrechamente unido a ella. Es parte de la cultura de los uruguayos, del quehacer cultural y también debe serlo en la estructura administrativa que pueda darse a futuro.

  Como ustedes saben, estamos preparando el proyecto de ley nacional de cultura. El grupo de trabajo había planteado un servicio descentralizado, pero nosotros entendemos que en el ámbito de la cultura se deben jerarquizar los institutos. Desde el punto de vista administrativo, en el MEC y en el área de la cultura ‑como lo señalamos en la ley de presupuesto‑ hay un atraso en la organización administrativa en general. Por ese motivo hemos jerarquizado los institutos.

  (Ocupa la presidencia el señor representante Enzo Malán)

——Entendemos que en el Estado no puede estar todo descentralizado; el patrimonio debe estar dentro de lo que posteriormente ustedes debatirán como la administración general de la cultura en el país.

  Dentro de la organización de la cultura en el país, el Uruguay se debe ‑más allá de los partidos que gobiernen‑ una mayor institucionalidad de los institutos. Hemos visto en este corto plazo, en experiencias anteriores del país y del exterior, que los institutos, en términos de organización administrativa, potencian mucho más lo que se quiere realzar dentro del ámbito cultural; un ejemplo es el Instituto de Artes Visuales, de reciente creación. Todavía tenemos en el debe ‑queremos concretarlo antes de que termine la gestión, porque creemos que fue una muy buena experiencia‑ poner en funcionamiento el Instituto del Libro. Con ese criterio entendimos más oportuno hablar de instituto del patrimonio y establecerlo en el proyecto. Luego, la directora general detallará artículo por artículo.

  Por lo tanto, entendemos que este proyecto es importante, en primer lugar, porque es necesario modernizar la ley anterior y, en segundo término, porque Uruguay, por intermedio de una fundación plural integrada por todos los partidos y que preside la subsecretaria Edith Moraes, va a presentar la obra del ingeniero Dieste en la Unesco para que sea declarada patrimonio de la humanidad.

  Como todos ustedes saben, en general, la declaración de sitios patrimoniales da al país la posibilidad de aumentar ingresos y fomentar el turismo pero, fundamentalmente, de ser conocido internacionalmente, y todos sabemos que hay personas que tienen un interés histórico muy particular y que visitan esos sitios.

  Si el presidente lo permite, el arquitecto Inda se referirá a la conceptualización del patrimonio y explicará por qué hay que modernizar la ley; luego, la subsecretaria hablará acerca de la integración del grupo de trabajo y cómo se realizó de manera muy colectiva este proyecto, y la doctora Ana Gabriela González tratará artículo por artículo.

SEÑOR INDA (Nelson).‑ Como decía la señora ministra, este proyecto de ley es perfectamente pertinente en la medida en que responde a una mirada moderna del patrimonio. ¿Qué quiere decir mirada moderna? En términos patrimoniales, de criterios y de formas de operar, en este momento, estamos asistiendo a lo que proviene de lo que yo he llamado la gran revolución del siglo XXI de los criterios patrimoniales. Esa revolución se asienta, en términos de acciones, en la propia creación y propuesta de la Unesco de la Convención Sobre la Protección de Patrimonio Mundial, Natural y Cultural.

  En 1971, se aprobó la Ley de Patrimonio Cultural Material del Uruguay, que utilizaba la noción de monumento histórico. Esta denominación proviene de las primeras propuestas del siglo XIX, sobre todo, francesas. Aquí tenemos que referirnos a un personaje increíble, como fue Prosper Mérimée, a quien todos conocemos porque escribió esa novelita Carmen, que después se transformó en una ópera espectacular y un personaje que es de nuestro tiempo. No quiero extenderme, pero podría contar muchas cosas sobre Mérimée y cómo llegó a ser tan importante para el patrimonio. En su momento, él pasa a ser inspector de monumentos de Francia; es el primero en realizar un listado de monumentos históricos. Como sucede con todo lo francés, ese listado pasa a ser una especie de ley para los países y sociedades occidentales.

  El término monumento histórico proviene de una visualización casi arquitectónica. El monumento tiene que ser un elemento puesto en el territorio, con condiciones excepcionales, que es adoptado por la sociedad como tesoro cultural. Inclusive, muchas veces, se enuncia "el tesoro cultural de los monumentos históricos" y "el tesoro cultural de las obras artísticas". De algún modo, son las herencias que deja nuestro pasado cultural francés al mundo occidental.

  Reitero que el instrumento fundamental de la ley de 1971 es el monumento histórico, con esa dimensión física y espacial. Pero ya en 1972, a través de un proceso que se fue realizando en el mundo cultural, la Unesco llega a la conclusión de que el monumento histórico aislado no es el elemento al que hay que darle valor universal, sino que es el monumento histórico u elemento arquitectónico unido a su entorno. En la Carta de Venecia de 1964 ya se establecía que no podían existir elementos aislados únicos, sino que debían estar relacionados con su entorno inmediato, espacial y físico. Entonces, ya no se habla solamente de edificios, sino de territorios, de porciones de ciudad o de ciudades.

  Asimismo, la Convención de 1972 también introduce el aspecto natural, con una óptica dirigida al resguardo y mantenimiento de los equilibrios ecológicos naturales que tenían millones de años como, por ejemplo, los manglares. Se apunta al mantenimiento y evita que se toquen lugares en, en ese momento, estaban desprotegidos.

  Desde 1972 a la fecha siguieron sucediendo acontecimientos que fueron cambiando los criterios y las formas de operar. No quiero entrar en historias ‑podría contar muchas‑, pero hay que decir que el Uruguay también fue tocado por un cambio esencial, otra revolución: la de Mariano Arana en 1980. Con su verborragia, conocimiento, espíritu y voluntad de cambio, Mariano nos arrastró y cambió la concepción de patrimonio. Ya no se dio más la piqueta fatal del progreso, que escribió Soliño. No existe más aquello de que progreso consistía en derruir y sustituir. Todos estábamos acostumbrados a que se tirara un edificio y apareciera otro. En las ciudades del interior se tiraban dos plantas y aparecían ocho.

  Ahí todos nos dimos cuenta de que el patrimonio no eran los monumentos históricos, ni los monumentos históricos y sus circunstancias, sino aquello que la ciudadanía consideraba parte de su identidad. El objeto pasó de ser el tesoro del Estado a ser un bien popular, social. Eso no solo ocurrió en el Montevideo de los ochenta, del proceso cívicomilitar, sino que también se permeó en el mundo, que va cambiando la concepción del patrimonio físico.

También cambia la concepción del patrimonio natural. De aquella concepción que establecía límites precisos y realizaba figuras geométricas que había que preservar, se pasa a otra concepción natural. El hombre se da cuenta de que también lo natural tiene una concepción cultural. No hay paisaje que no tenga una concepción cultural; algunos tienen más y otros menos.

  Es ahí que comienza toda una especie de revisión y una nueva mirada del patrimonio. Estamos hablando de la década de los ochenta y sigue en la de los noventa y hoy se sabe que el patrimonio cultural es todo lo legado por las generaciones anteriores, descartando todo aquello cuyo valor sea comercial, monetario o de transacción. Por lo tanto, esa es la visión de patrimonio cultural. De ahí que sea un bien social, cuya propiedad es social. Eso quedó demostrado en aquellas reuniones que hacía Arana en los ochenta: era un bien social y la propiedad era social. Ese es uno de los temas que se han ido encadenando en las últimas décadas para ir cambiando la visión de lo patrimonial.

  Así como, a través de la experiencia, se va transformando lo cultural, se va transformando lo natural y esas visiones que tenemos. Hoy, todos sabemos que no hay sello que manifieste que un elemento se mantenga, se valorice, se revalorice. Entonces, en la década de los ochenta y de los noventa aparece el tiempo como un elemento tan cuantificable como puede ser lo material. ¿Por qué? Porque es el tiempo lo que da el mantenimiento de un elemento: hoy está perfecto, pero si no se cuida, mantiene ni valoriza, eso cambia. Ahí aparece dentro de la Unesco algo que hay que cumplir; no existe elemento patrimonial universal ‑como tampoco existe hoy en el Uruguay‑ que no tenga el mantenimiento asegurado. Desde el punto de vista material, es la gestión. Hoy, la Unesco exige gestión; no admite ningún elemento en la lista del patrimonio mundial cuya gestión no esté asegurada.

  Entonces, todo eso se va mancomunando para que en los últimos años del siglo XX se fuera viendo que el patrimonio cultural no es solamente físico. El patrimonio cultural material tiene un componente inmaterial muy importante que no estaba ni sugerido ni determinado cuando se describían los monumentos mundiales. Es ahí como desde la costilla de Adán ‑si se me permite citar el hecho bíblico‑ empieza a surgir otro patrimonio, que es el inmaterial. El patrimonio inmaterial, indudablemente, tiene muchísima relación con lo material. Es más: si uno describe al patrimonio en su globalidad, hay que decir que es integral; solo empiezan a determinarse estos aspectos diferentes en la medida en que se instrumentan de forma distinta.

  Entonces, ¿por qué existe hoy un patrimonio inmaterial, si sabemos que forma parte del material y sabemos que el inmaterial, de algún modo, se refleja en elementos materiales? Porque se han ido separando; tienen modo de relacionarse, de lograr su salvaguarda de forma diferente y también es diferente su relación con la propiedad; lo voy a describir rápidamente. Un patrimonio material puede tener un único propietario; el presidente de la Comisión puede ser propietario de un monumento histórico; la ministra también puede ser propietaria de otro monumento histórico. Sin embargo, no hay patrimonio inmaterial que pueda tener un único propietario; siempre es un propietario colectivo. Esta es una diferencia muy importante y corresponde a lo que llamamos la "revolución del siglo XXI".

  A su vez, el patrimonio material puede ser gestionado a través de modos materiales de gestión: un edificio se mantiene con albañilería, con pintura, con determinados elementos que son reconocidos, porque está afincado en la tierra. Sin embargo, un bien que es patrimonio inmaterial no está afincado en la tierra; tiene un propietario colectivo, pero su salvaguarda está relacionada con el registro, con el proceso. Solo sabemos cuál es la relación que se establece entre un patrimonio inmaterial y su salvaguarda si sabemos que un año se procesó de tal forma, al año siguiente pasó otra situación, al otro año, otra, y sabemos cuál es la progresión. Por lo tanto, sabemos cómo es la salvaguarda.

  Ahí aparecen otros patrimonios con sus propias características; el subacuático, por ejemplo. Acá tengo la lista de propuestas de la Unesco para los últimos años y los voy a nombrar. La primera propuesta del siglo XXI es la Convención sobre patrimonio Subacuático; es muy importante, también para el Uruguay, por todos los kilómetros cuadrados de costa oceánica y fluvial que tiene. A nivel fluvial, solo en Colonia hay setenta elementos artefactos hechos por el hombre que están bajo el agua; en el Banco Inglés debe haber entre setenta y cien. Por lo tanto, es una convención muy importante para el país, que no la ha signado.

  ¿Qué cambio fundamental plantea esa convención? Al saber de un barco hundido, todos pensamos en sacar los metales, los lingotes, los tesoros reales. Ahora, cambia el concepto totalmente. Según esta Convención, el tesoro pasa a ser cultural y el tesoro material es el primer derivado de ese tesoro; cambia totalmente. Es un cambio fundamental desde el punto de vista patrimonial y de lo que es arqueología subacuática.

  La segunda convención es de 2003 y es para salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que tiene un doble efecto: por un lado, pone a consideración de la sociedad, que es la propietaria, todos los elementos que antes no se visualizaban: ritos, bailes, la sabiduría, lo que deja la historia en los edificios, la memoria que queda en las edificaciones. Eso es posible hacerlo a través de técnicas bastante precisas, como las que se realizan en este momento por parte del Ministerio de Educación y Cultura en la Comisión de Patrimonio, apuntando a un inventario nacional del patrimonio inmaterial.

  En 2005, la Unesco propone la adhesión a una convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Esta también es muy importante y cambia la concepción de que la nación tenía una identidad única. Hoy sabemos y tenemos que aceptar que las naciones son multiculturales y el Uruguay también.

  Esta es otra visión, del siglo XXI, a la que refería la ministra cuando hablaba de la mirada moderna.

  Por último, en 2017, la Unesco, con todos los Estados Parte, adhiere a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, todo acto que se desarrolle en el país y tenga relación con el descubrimiento y el mantenimiento de los valores y la revalorización del patrimonio tiene que ver también con el desarrollo sostenible, no solo de nuestra sociedad, sino de todo el planeta. Saben muy bien que dentro de poco estaremos en Marte porque acá será imposible vivir si no logramos reconstruir nuestro planeta. Por lo tanto, la Agenda 2030 es también la agenda de la Unesco y de todas las intervenciones en el patrimonio cultural.

  En definitiva, esos son los desafíos que tenemos, que podría enumerar diciendo que el bien patrimonial es social o señalando que debemos tomar lo que es integral del patrimonio, pero que se puede subdividir en términos operativos. Por eso, hoy existe el patrimonio arquitectónico, arqueológico, tecnológico, inmaterial, natural, industrial, artístico, documental, biológico, etcétera. Es como una flor que se va abriendo, porque, indudablemente, la importancia de que la sociedad en cuanto a manejar y valorar el legado y pasarlo hacia el futuro se abre en diferentes disciplinas que cada vez son mayores que la arquitectónica, que era la de Merimée en el siglo XIX.

  Otro aspecto importante es que la salvaguarda se tiene que basar en conocimientos. De ahí que se habla de institutos, porque el conocimiento es básico. Es como decía el extraordinario arquitecto Jorge Enrique Hardoy ‑que era medio argentino y medio uruguayo‑ : solo se valoriza lo que se conoce y solo se mantiene lo que se valoriza. Esa especie de premisa es básica: a mayor conocimiento, uno valoriza mejor. Si no hay relato, es material sin vida y el relato surge del conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es sustantivo.

  El tercer aspecto tiene que ver con cómo un país puede ordenar el tema del patrimonio: hay una especie de trípode que existe en todas las sociedades para manejarse dentro del patrimonio. El actor fundamental es la propia sociedad, que es pasiva y activa. Es pasiva en cuanto puede recibir elementos y conocimientos del legado. Voy a poner un caso de lo que es la sociedad activa. Cuando entré a la Facultad de Arquitectura, en el sesenta, no se nos permitía mirar el Palacio Salvo porque era el desastre mayor de la arquitectura. Sin embargo, estaba en todas las postales. Todo turista y todo paisano que venía del interior, como yo, quería ver el Palacio Salvo. Entonces, la sociedad hizo monumento histórico al Palacio Salvo; no la academia, los arquitectos como yo o el Estado. Por lo tanto, la sociedad tiene un papel activo, que sale de las colectividades, de las comisiones de patrimonio, de las instituciones que trabajan para el patrimonio, etcétera.

  El otro tema, el conocimiento, es el académico. La academia y todas las otras instituciones que tienen que ver con el conocimiento creativo son absolutamente necesarias porque son las creadoras del conocimiento.

  El tercer aspecto es el Estado, que organiza, brinda recursos y se organiza a sí mismo, porque hay muchas instituciones del patrimonio que son estatales.

  El gran aporte que hace este proyecto al país y al patrimonio es plantear un sistema que reconoce las múltiples variedades del patrimonio y también cómo la sociedad se implica y apodera del patrimonio. Esto solo se puede dar cuando existe un sistema, es decir, cuando se establecen relaciones; si dichas relaciones no se establecen en un sistema, quedan al arbitrio de las que se puedan dar entre dos instituciones patrimoniales.

  Por ejemplo, actualmente el patrimonio natural descansa ‑por decirlo de algún modo‑ en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la arqueología en el Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, la arqueología y lo natural tienen una relación institucional, que también se dará a través de un sistema de patrimonio, tal como se establece en este proyecto.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Quisiera saber si el arquitecto Mariano Arana participó en la elaboración de este proyecto.

SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.‑ Voy a referirme a la parte operativa que derivó en este proyecto de ley.

  En el ministerio se conformó una comisión para elaborar un anteproyecto, que fue integrada por los arquitectos Mariano Arana y Nery González, el doctor Enrique Machado, los señores Wilfredo Penco, Gerardo Caetano, Marcos Carámbula, Carlos Cassina, Ricardo Pascale y Williams Rey, y la señora Ana Frega.

  El criterio para elegir a los integrantes de este grupo de trabajo tuvo que ver con que fueran personas reconocidas, un grupo de notables ‑como les decíamos‑, porque no se siguió el criterio de un representante por cada área o disciplina a la que puedan corresponder los bienes culturales.

  Es importante tener en cuenta esto porque la metodología de trabajo que nos dimos fue pensando en un anteproyecto, pues los aspectos formales del proyecto iban a corresponder a jurídica, que entiende de redacción de artículos.

  Algunas cosas del anteproyecto se tuvieron en cuenta en esta iniciativa, y otras no.

  Lo primero que se hizo fueron consultas a las comisiones de patrimonio que existen en los diferentes departamentos de todo el país y diferentes ámbitos de la academia, por ejemplo, a las áreas de historia y de antropología de la Facultad de Humanidades.

  Reitero que esta etapa fue de consulta ‑algunos contestaron los formularios, otros no‑ a quienes tienen una parte importante en este tema.

  Luego se discutió todo lo que tiene que ver con las convenciones, tal como detalló el arquitecto Inda. Debo confesar que todos las conocían y que quién más aprendió fue quien habla porque todos sabían muy bien de qué estaban hablando.

  Esos fueron los documentos bases sobre los que se comenzó a trabajar.

  Algo importante que planteó este grupo de trabajo y se tuvo en cuenta en el proyecto fue esa idea innovadora de trabajar con un Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural. Aquí había un propósito muy marcado para que a través de la ley quedara claro cómo el Estado valora y se responsabiliza del patrimonio cultural de la nación.

  Este grupo trabajó muy bien ‑nos reuníamos cada quince días, durante ocho meses; nunca se suspendió una reunión por falta de quórum, y todos sabemos que es muy difícil lograr que todos coincidan el mismo día y a la misma hora‑ y arribó a estas nuevas definiciones conceptuales sobre el patrimonio.

  La ley vigente es de 1971 y en año 1972 la Unesco comenzó con modificaciones, es decir que en forma inmediata dicha norma requirió ser revisada. Por lo tanto, hubo que adecuar todo ese marco conceptual a lo que se dio en llamar la nueva mirada del patrimonio, de consenso mundial, cuyo responsable es la Unesco.

  Bajo esa nueva conceptualización también aparece algo importante ‑que se incorpora al proyecto‑, que tiene que ver con la clasificación de los bienes de interés cultural en bienes protegidos y bienes catalogados.

  Probablemente, lo más conocido sean los bienes protegidos. El interés de que existan bienes catalogados es para prevenir su tráfico ilícito. Como bien mencionaba el arquitecto Inda, hay algunos bienes materiales que son privados, y al no saber quién los tiene o dónde están, no se puede hacer su trayectoria, su trazabilidad. Esta es una de las intenciones cuando hablamos de la clasificación.

  Sin duda, que esta será una tarea minuciosa y trabajosa, pero muy necesaria si es que hablamos de bienes del país.

  Estas cosas que no son menores sino claves y fundamentales ‑que responden al propósito expresado en esta iniciativa‑ se pueden encontrar al leer el articulado.

  Del anteproyecto también se tomó en cuenta la idea de un instituto, la parte de estructura organizativa. Se solicitaba la creación de un instituto descentralizado y, a la vez, que tuviera un consejo designado por el Poder Ejecutivo previa venia del Senado, tal como establece la Constitución para todos los casos de este tipo.

  Esto implica un presupuesto especial e importante para una organización bastante pesada. Inclusive, el lugar físico debería ser otro al que hoy tiene por la dimensión que adquiriría como instituto descentralizado.

  Tanto es así que el propio grupo de trabajo propuso un impuesto especial para que eso ocurriera, pero este no es el momento de hablar de impuestos.

  Esto es lo que figura en el anteproyecto pero no en el proyecto de ley, porque se entendió que la iniciativa debía ser viable. Estamos hablando de algo muy valioso cuando nos referimos a los bienes culturales y al patrimonio de la nación.

  Reitero que pretendíamos otra cosa distinta a la ley de 1971. Las leyes se pueden ir modificando a medida que pasa el tiempo.

  A su vez, debo decir que la Asociación de Antropólogos se manifestó y solicitó una entrevista porque quiso mostrar la importancia de su profesión ‑que es nueva en nuestro país‑, indicando que desea ocupar un lugar importante, y estamos totalmente de acuerdo.

  Cuando se definen los bienes culturales se usan criterios antropológicos. Actualmente la ley conforma grupos asesores ad hoc, de acuerdo con los temas a tratar. Reitero que la antropología tiene su lugar y espacio para toda la tarea. Ellos dicen que hay mucha cosa del patrimonio que no se ve porque está bajo tierra, y hay que saber buscar y encontrar. Sin duda que reconocemos dicho espacio para ellos.

SEÑORA BIANCHI POLl (Graciela).‑ Los nombres que integraron ese grupo asesor nos dejan muy tranquilos en muchos aspectos.

  Creo que se resume todo en el arquitecto Arana, pues durante la dictadura, con su impulso al patrimonio ‑prácticamente solo o con muy poca gente que lo rodeara‑ fue un verdadero referente. Todos lo queremos mucho; además, se mantiene muy coherente con los principios fundacionales de sus intereses.

  Quisiera saber de parte de la señora subsecretaria si hay algún otro aspecto sugerido por el grupo de trabajo que no se haya tomado en cuenta para elaborar este proyecto de ley, más allá del impuesto.

SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.‑ Una vez que el anteproyecto fue entregado al ministerio se hizo un análisis minucioso artículo por artículo, comparándolo con la ley de 1971. ¿Por qué? Porque podría haber algo en la ley de 1971, sin intención de dejar afuera, que se nos pudiera escapar.

  Luego de ese estudio aparecieron algunas cosas de dicha ley que no habían sido nombradas en el proyecto, y se incluyeron.

SEÑORA GONZÁLEZ (Ana).‑ Lo primero que quiero complementar es que la Ley N° 14.040, de 1971, requería una actualización organizada, ordenada, tomando en cuenta la necesidad de integrar las convenciones internacionales adoptadas a posteriori.

  Concretamente, el primer capítulo del proyecto de ley, relativo al Sistema Nacional de Protección Patrimonial Cultural del Estado, comienza con la conceptualización del patrimonio, circunstancia que no figura en la Ley N° 14.040. Dicha ley tenía como referencia el artículo 34 de la Constitución; reitero que las convenciones son posteriores y por eso la necesidad de sistematizar y tomar algunos conceptos de dichas convenciones internacionales, que nos rigen luego de ser adoptadas por la legislación nacional.

  El concepto de patrimonio cultural es muy amplio, "conjunto de bienes, expresiones y manifestaciones". Se trata de nuclear todos los conceptos que surgen de dichas convenciones.

  También se incluyen los bienes de carácter natural que establezcan vínculos o relaciones de algún tipo con la actividad humana.

  A continuación del primer capítulo, que da el marco del proyecto de ley, se crea el Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural, que interactuará con instituciones y organismos a nivel estatal, que por sus propias competencias tiene vínculos con el sistema patrimonial.

  En el artículo 3° se menciona que este sistema actuará como un organismo consultor, asesor y honorario, y que también estará integrado por instituciones de carácter privado como las universidades y organismos de carácter internacional como la Comisión Nacional para la Unesco. Si bien dicha comisión es de carácter nacional rige lo que establece la Unesco en materia patrimonial.

  Este sistema también estará integrado por asociaciones civiles y profesionales con reconocida capacidad de aporte al patrimonio cultural.

  Creemos que este es un artículo abarcativo, que generará un ámbito de discusión y complementación muy importante.

  A través de este artículo comete al Poder Ejecutivo la reglamentación del funcionamiento, convocatoria y periodicidad de sus reuniones.

  Reitero que estos artículos no figuran en la Ley N° 14.040.

  En el segundo capítulo se crea el Instituto del Patrimonio Cultural de la Nación, que funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. La unidad ejecutora de este ministerio, la 008, se transformará en dicho instituto y se transferirán, sin ningún tipo de perjuicio funcional, los recursos humanos, materiales y financieros. Esto no generará ningún gasto. Es más, la jerarquía de la unidad ejecutora es un cargo que se ha creado en normas presupuestales anteriores.

  Reitero que esto no genera ningún tipo de erogación al Estado.

  A su vez, este Instituto, que estará dirigido por un director general, de acuerdo con el artículo 5º del proyecto, contará con un Consejo Asesor Honorario del Ministerio de Educación y Cultura, integrado por reconocidos especialistas en la materia, y faculta al Ministerio su designación y convocatoria. Es decir, será un consejo pequeño, asesor del Instituto y del Ministerio de Educación y Cultura.

  El artículo 6º fija los cometidos, que son notoriamente más amplios y abarcativos que los que establecía el artículo 2º de la Ley Nº 14.040. En este caso se podrán ver integradas muchas de las disposiciones de las convenciones internacionales a las cuales hacíamos referencia. Los términos son amplios: proponer, investigar, mantener el inventario y el catálogo, asegurando su divulgación, algo bien importante, para el conocimiento de la población de nuestro patrimonio. También prevé la supervisión de los proyectos de investigaciones arqueológicas y paleontológicas, la organización, custodia, adquisición y actualización de las obras de artistas plásticos ‑quiero destacar algunos, que son de relevancia por no estar previstos en las normas anteriores‑ para cumplir la Convención sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, cuyo numeral 15) prevé "Supervisar la importación, exportación y salida de bienes culturales, colaborando con los organismos competentes a escala nacional e internacional, en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, […]".

  Por su parte, el numeral 16) del artículo 6º también prevé "Coordinar con instituciones u organismos nacionales o extranjeros, con el objetivo de desarrollar planes y proyectos de interés patrimonial en común, tendientes a la protección, recuperación, restauración, puesta en valor, salvaguardia y sostenibiIidad de los bienes culturales incorporados a los listados de protección, […]", precisamente, previendo la aplicación de los instrumentos de derecho internacional, así como la supervisión del cumplimiento de las convenciones de las Naciones Unidas a través de la Unesco.

  Estos son algunos de los cambios importantes, tendientes a fortalecer los cometidos del Instituto de Patrimonio Cultural, no previstos en la norma anterior.

  El artículo 7º prevé recursos financieros ‑que son los mismos que establecía la Ley Nº 14.040; esto no genera ningún tipo de diferencia en cuanto a ingresos, que no se podrían habilitar si no fuera por esta ley‑ y el único cambio es la mención a una ley posterior, la Nº 16.736, de rendición de cuentas, que incorpora a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, luego al Instituto, en la habilitación para celebrar convenios y tener recaudación. Es decir, es una norma presupuestal específica, y lo único que hace este proyecto es referenciarla; no es nada nuevo, para no chocar con leyes que impliquen cuestiones financieras.

  El Capítulo III se inicia con los Bienes de Interés Cultural, que también es una novedad respecto de la Ley Nº 14.040.

  A grandes rasgos el artículo 8º establece los bienes que luego podrán pasar a ser Bienes de Interés Cultural Protegidos y Bienes de Interés Cultural Catalogados. En esta suerte de numeración amplia se encuentran monumentos, edificios, esculturas, pinturas, los subacuáticos mencionados, y todo lo que constituirá el patrimonio inmaterial, a saber, manifestaciones, prácticas, conocimientos, saberes, creencias, representaciones y expresiones culturales, precisamente, aquello compatible ‑y acá la mención es importante‑ con los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Creemos que es una concepción amplia, que intenta contemplar la mayor cantidad de situaciones.

  Luego viene lo que sería la clasificación específica. El artículo 10 prevé un mayor nivel de protección patrimonial a los Bienes de Interés Cultural Protegidos, donde se establecen también los diferentes tipos de servidumbres que estarían afectadas. Es decir, la afectación de esos bienes está prevista específicamente en el artículo 10. La declaración la hará el Poder Ejecutivo. El artículo 10 también prevé cuál sería la utilización de los recursos para conservar esos bienes.

  El artículo 11 prevé la otra categoría, con un nivel de protección menor, porque serían aquellos bienes que necesitan un estudio mayor para avanzar en el conocimiento a fin de saber si pueden integrar esa categoría o mantenerse en el catálogo. A su vez, esto estaría relacionado con el artículo 3º cuyo propósito es, dada la derogación de la Ley Nº 14.040, que se propone al final del proyecto, que no exista ningún tipo de duda con los bienes que durante la vigencia de la Ley Nº 14.040 fueron declarados como Patrimonio Histórico, Patrimonio Inmaterial o Monumento Histórico; la propia Ley Nº 14.040 hace referencia a alguno de ellos y los declara como tal. El artículo 11 los integra dentro de la categoría más fuertes, más especial, como los Bienes de Interés Cultural Protegidos, sin perjuicio de que mantengan el grado de protección establecido por el Poder Ejecutivo. Eso se mantiene, y este proyecto simplemente lo lleva al máximo nivel de protección, con la denominación anterior, y el nivel otorgado por cada una de esas normas con respecto al grado de afectación de cada uno de esos bienes se conserva.

  El artículo 14 crea el Registro de Bienes Culturales, que estará a cargo del nuevo Instituto, las comunicaciones ‑precisamente, para que queden registradas a nivel público dentro de la Dirección General de Registros; los Gobiernos Departamentales también participan en estas medidas, para tener las comunicaciones del Instituto de Patrimonio‑ y el artículo 16 prevé una fortaleza para el Instituto del Patrimonio Cultural, en caso de que tome conocimiento de eventuales alteraciones en los proyectos. Se establecen una serie de medidas administrativas, que podrá adoptar el Instituto de Patrimonio Cultural, a efectos de proteger Bienes de Interés Cultural Protegidos o Catalogados.

  El artículo 17 complementa y amplía los eventuales controles para la salida del país de este tipo de bienes, los explicita e, inclusive, establece que podrá tanto controlar como impedir. Es decir, las potestades son muy claras y específicas, siempre tendientes a la protección, no solo de los bienes que ya fueran identificados como culturales, sino también de una serie de bienes, que se mencionan a continuación, de los que pueda haber tomado conocimiento de su salida del país. Por eso, se habilita esta serie de controles, previendo una eventual declaración de Bienes de Interés Cultural Protegidos o simplemente evaluar como inconveniente la salida o controlar su retorno.

  Los artículos finales también generan a nivel administrativo una serie de prerrogativas dentro de los controles para el Instituto de Patrimonio Cultural, tanto en la repatriación de bienes que sean de interés patrimonial, como en la adquisición de ellos a través del remate público o subasta ‑algunas de estas previsiones estaban, de manera más acotada en la Ley Nº 14.040, y fueron tomadas para no dejar estos niveles de protección desamparados‑, y las exoneraciones fiscales para el caso de aquellas personas que tengan la propiedad sobre determinados bienes que sean declarados como Bienes de Interés Cultural, las expropiaciones, las sanciones en caso de incumplimiento con medidas administrativas de carácter pecuniario.

  El último artículo establece un título ejecutivo para tener vías judiciales específicas para lograr las previsiones necesarias en este tipo de bienes, cuando se tengan que establecen medidas de carácter punitivo.

  El proyecto culmina con la derogación de la Ley Nº 14.040 y todas las normas que puedan contradecirse con la norma que se propone.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ En primer lugar, agradezco la clara exposición de las autoridades del Ministerio, que aclara muchas dudas.

  El artículo 8º establece cuáles son los Bienes de Interés Cultural, pero mi duda está vinculada con la preservación de los archivos privados, ya sea de partidos políticos, empresas, instituciones culturales, etcétera, y por eso solicité a la asesoría técnica un informe al respecto.

  En otros países tienen leyes de archivos nacionales, y nosotros también, pero preserva el patrimonio público, no el privado. En otros países se faculta a que sus archivos nacionales definan cuáles son los archivos a proteger. Quizás lo ideal sería aprobar una ley que reforme las potestades del Archivo General de la Nación. Obviamente, este camino puede llevar mucho tiempo, pero quizás haya que recorrerlo.

  No obstante, se podría incluir en este artículo 8º a los archivos privados, hasta que contemos con una ley integral, porque las instituciones cierran y la gente fallece. Pensemos, por ejemplo, en el cierre de una empresa legendaria, de la desaparición de una institución cultural. El Parlamento recibió el archivo de Reyes Abadie, pero fue a instancias de su familia.

  Entonces, todas estas fuentes, que son fundamentales para todos los especialistas que se dedican a estudiar el pasado y la sociedad, son muy importantes, y personalmente me comprometo, si el Ministerio tuviera interés en trabajar en una ley integral, para redactar un ítem que dijera "archivos privados de diferente índole".

  Por supuesto, esto también está relacionado con los recursos porque, como dijo muy bien la subsecretaria, el Archivo podría cuestionar este aspecto porque no tendría espacio físico para preservar tantos archivos.

  Por otra parte, quiero plantear una preocupación vinculada con las medidas cautelares presentadas en el artículo 16. Creo que esta es una de las normas más importantes del proyecto, porque hemos sido testigos en los últimos doce o trece años del desarrollo inmobiliario y comercial del país ‑esto también tiene que ver con la legislación departamental‑ y de cómo algunos edificios erigidos en el siglo XIX, con valor patrimonial, fueron derribados; estoy pensando en una casa colonial, que estaba frente al liceo Manuel Rosé en mi ciudad de Las Piedras, que fue derribada para construir un estacionamiento. En este caso no hubo posibilidad de activar ningún mecanismo para evitar el derrumbe. Inclusive, puedo mencionar la reciente construcción del Shopping en Las Piedras, construido en un sitio muy cercano donde se produjo la batalla de Las Piedras; no sé si se hizo un cateo de organismos entendidos en arqueología para saber si no había ‑probablemente hubiera‑ elementos de importancia arqueológica.

  Entonces, me preocupa que no se contemple la participación ciudadana, es decir, en qué medida un ciudadano podría activar un mecanismo para proteger el patrimonio.

  El gran problema en este caso es que una vez que se pierde el bien, es irrecuperable. Por eso es tan importante interponer una medida cautelar, porque se lograría parar la obra dos meses para investigar si hay material de interés histórico.

  Pregunto si fuera posible incluir algún mecanismo de participación ciudadana, a sabiendas de que sería una cuestión bastante delicada, porque hay derechos comerciales y de la propiedad, aunque el artículo 34 de la Constitución de la República que hace preservar el interés general sobre el particular.

  Creo que este es el artículo más importante del proyecto.

SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.‑ Compartimos la preocupación del señor diputado Sabini sobre los archivos, y también de la directora del Archivo General de la Nación, archivóloga, docente de la Universidad de la República

  Si bien no existe ‑es bienvenida la inquietud para trabajar en una ley integral de archivos‑ protección sobre los archivos privados, quiero informar que hemos recibido archivos privados importantes, por ejemplo, del profesor Zubillaga, quien en vida ha donado su archivo. A su vez, el año pasado estuvimos en contacto con la esposa de Viglietti, de Galeano, con Tomás de Mattos, para ver hacia dónde van sus archivos. También nos preocupa, y nos ocupa mucho el archivo de Luis Batlle Berres, y estamos hablando con la familia.

  Recientemente el profesor Luis Hierro López nos planteó conservar los archivos de los partidos políticos, y un artículo de la rendición de cuentas recién presentada contempla parte de este planteo, porque no fue aceptado un modesto financiamiento; como se sabe, el criterio del presupuesto es que todo gasto debe estar financiado con su correspondiente partida de ahorro. Dejamos esto sin una partida especial, porque entendimos que el Ministerio puede ser capaz de ahorrar para que, aunque sea por una cifra muy modesta al principio, los partidos políticos empiecen a preocuparse por las condiciones en que se encuentran sus archivos.

  Comparto la preocupación de Hierro López. Cuando conversamos sobre el tema con Alicia Casas, le pareció muy interesante la propuesta. Redactamos un proyecto en el que se proponía un financiamiento para que los partidos pusieran al día sus archivos. En esta ocasión el financiamiento no fue contemplado. Creemos que podemos comenzar con un financiamiento modesto, que el ministerio pueda sacar de los rubros que maneja. Hay que brindar un estímulo y ayudar a que se tome conciencia de la importancia histórica que tienen los partidos políticos ‑que han construido el quehacer nacional‑ para los historiadores y para el futuro, al igual que lo tienen las versiones taquigráficas parlamentarias.

  Compartimos la inquietud planteada por el diputado Sabini; sabemos que es un amante de la historia muy comprometido con esta temática.

  Reitero que el ministerio y la directora del Archivo General de la Nación compartimos la preocupación planteada. Tanto es así que se han incorporado archivos privados al Archivo y a la Biblioteca Nacional.

  Una ley de archivo debería tener la concepción de sistema, porque tenemos archivos que compartimos. Algunos los ha pagado el ministerio, se comparten con la Udelar y están en el Teatro Solís, como es el caso del archivo de Zitarrosa.

  La preocupación por la conservación existe, pero hay dificultades fundamentalmente legales, pero también económicas. Es legítimo dejar legislado para el futuro algo tan importante para nuestro país. Muchas veces nos distinguimos por las personalidades y la capacidad de tener archivos que son verdaderamente una joya, a nivel no solo nacional, sino también internacional.

  Me permito una pequeña digresión para hacer referencia a algo que quería hablar con la profesora Graciela, porque se trata de una personalidad que perteneció al Partido Nacional. Me refiero al archivo de Salambrí. Se realizará un ballet, en lugar de la gala, y se llamará El Quijote del Plata. Se trata de un coleccionista conocido a nivel mundial, pero no tanto en nuestro país; es reconocido por todas las academias cervantinas del mundo. España nos preguntó por él y al buscar su historia vimos que era una personalidad del Río de la Plata. El ballet El Quijote del Plata estará basado en un uruguayo cuya historia hay que empezar a contar. Eso surge de los archivos y de la voluntad de muchísimas personalidades uruguayas de dedicarse a un tema por el cual, en el futuro, serán muy importantes.

SEÑORA GONZÁLEZ (Ana Gabriela).‑ El artículo 8° es muy amplio; los conceptos son generales.

  En el primer ítem se utilizó el término "documento" como algo muy genérico, porque los archivos también son documentos. Creo que no habría inconveniente en hacer mención a texto expreso. Al final se utiliza específicamente el término "archivo" para referirse a lo fonográfico, fotográfico, cinematográfico; no creo que haya ningún inconveniente en especificarlo. También tenemos que incorporar lo digital, como la tecnología vigente.

  El término "documento" es amplio y genérico, es el concepto clásico, pero no habría inconveniente en especificarlo, como sucede en determinados archivos, en el último ítem.

  En cuanto a la inquietud planteada respecto a las medidas cautelares, quiero decir que están previstas en las situaciones del artículo 16. ¿Cómo puede activar este mecanismo, una persona interesada? Mediante denuncia, noticia o dando conocimiento a un órgano del Estado, como el ministerio. Hay que tener presente que el instituto es una unidad ejecutora de un ministerio, al cual se le aplica la normativa general de la administración pública, es decir, el Decreto 500. Una persona interesada en determinado bien que se está viendo afectado puede activar los mecanismos mediante la denuncia o el conocimiento fehaciente al organismo. Entonces, se aplica inmediatamente el Decreto 500 y el organismo estará obligado a actuar. En el proyecto se resumen en dos palabras: tome conocimiento. La forma en que el organismo tome conocimiento puede ser directa ‑a través de sus integrantes‑ o indirecta, es decir, mediante los mecanismos que acabo de mencionar.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Estoy de acuerdo en cuanto al interés en los archivos y en que el Estado participe.

  A través de la prensa trascendió que estaba en riesgo y la biblioteca de Tomas de Mattos, y eso me preocupó.

  Existe un problema jurídico que quiero dejar planteado. Me refiero a esa delgada línea que hay entre el derecho que tiene la familia de las personalidades sobre el patrimonio cultural, los documentos y bienes que el Estado considera relevantes. Coincido con la preocupación planteada por el diputado Sabini. Estamos dispuestos a pensar todos juntos en ese sentido, siempre partiendo de la base de que la familia tiene derecho sobre esos bienes, más allá de que, en general, las familias de los grandes intelectuales uruguayos están lo suficientemente concientizadas como para brindarle al Estado esos archivos.

  No me gustaría aplicarlo de manera extensiva, tal como lo planteó la doctora, porque comenzamos a movernos en un terreno de arenas movedizas, porque luego empezarán a plantearse recursos administrativos. Es preferible evitar ese camino.

  Desde el punto de vista estrictamente jurídico del derecho administrativo ‑primo hermano del derecho constitucional‑, quisiera saber cuál es la valoración.

  De lo dicho por la subsecretaria, magíster Edith Moraes, y por la señora ministra, me quedó claro que se pensó en un instituto y no en un servicio descentralizado. Hago esta pregunta a la abogada, por el conocimiento estricto del derecho. Según la magíster Moraes ‑quedó claro‑ que la parte jurídica salió de la comisión de notables, lo que es perfectamente entendible y compartible. Si es responsabilidad estricta del ministerio, quisiera que me aclararan por qué, desde el punto de vista del derecho administrativo y constitucional ‑con argumentos jurídicos‑ se valoró que era mejor un instituto, una unidad ejecutora del ministerio, que un servicio descentralizado.

  Quiero que quede claro que no estoy dando opinión sobre una u otra forma. Quiero conocer cuáles fueron los fundamentos administrativos constitucionales que los llevaron a optar por un instituto, que es una unidad ejecutora del Ministerio.

SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.‑ Yo me voy a referir a la valoración política. Posteriormente, la doctora hará la legal.

  Como dijimos al inicio, el Ministerio está preparando una ley nacional de cultura, en la que se ha trabajado con legisladores de distintos partidos políticos. Ha estado fuertemente vinculado el senador Bordaberry.

  (Diálogos)

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Dese el primer momento el senador Marcos Carámbula nos dio participación, por el conocimiento con Gonzalo Carámbula. Entonces, de alguna manera, estamos colaborando.

SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.‑ En ese proyecto se plantea la creación de un ministerio ‑o lo que entienda pertinente el Parlamento‑ y jerarquizar los institutos como figuras jurídicas, para la armonización del trabajo de lo que será la cultura.

  Entendíamos que con un servicio descentralizado se le sacaba al ámbito de la cultura un aspecto muy importante y estrictamente cultural, como es el patrimonio.

  Creemos que los institutos y los cargos "Q" deben tener otra valoración desde el punto de vista administrativo. No podemos entrar en este tema, pero entendemos que los cargos "Q" deberían ser gerenciales, concursados, con otro perfil y que debería accederse a ellos de otra manera.

  Desde el punto de vista político, entendimos que descentralizar la parte de patrimonio sería atomizar toda la organización administrativa de la cultura del país.

SEÑORA GONZÁLEZ (Ana Gabriela).‑ La naturaleza jurídico‑ administrativa del instituto es una unidad ejecutora, por las normas de la unidad ejecutora, como una unidad presupuestal que ‑valga la redundancia‑ ejecuta los proyectos de acuerdo a su competencia. Esa es la naturaleza administrativa, para que luego se puedan aplicar todas las normas de carácter presupuestal.

  Las competencias propias del instituto están dentro del gran marco de competencias generales del Ministerio de Educación y Cultura. Va a tener el formato de director general más consejo asesor. Por eso ya no existirá la Comisión de Patrimonio Cultural como tal, sino que será una unidad ejecutora con una cabeza. Habrá un director general, con cargo "Q", más consejo asesor. La naturaleza jurídico administrativa será la de una unidad ejecutora.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Tengo claro que es una unidad ejecutora.

  Recién estamos empezando a considerar este proyecto y valoramos el aporte que nos han brindado.

  El planteo que voy a hacer es personal; no he hecho consultas al resto del Partido Nacional, ni siquiera al sector Todos.

  Cuando se legisla debemos pensar que es para el futuro, sea quien sea el gobierno. Mi preocupación radica en que el proyecto de ley le da a este instituto ‑por supuesto que compartimos el objeto‑ facultades de expropiación, medidas cautelares.

  Todos lo sabemos ‑pero especialmente quienes estamos vinculados al Derecho‑ que en la medida en que es una unidad ejecutora, los recursos administrativos se abrevian enormemente. Me preocupa especialmente porque las facultades que se le dan al Estado ‑que comparto‑ para preservar ese patrimonio, son realmente fuertes.

  Pero por otro lado, necesitamos nivelar. Me preocupa compensar las enormes facultades que tiene esta unidad ejecutora, reitero, nada menos que sobre los bienes privados. Además, es una unidad ejecutora. ¿Cuál es el problema? En general, en el Uruguay tenemos problemas de plata. Si se impone una servidumbre sobre un bien, se grava un patrimonio privado o se toma una medida cautelar, la defensa del administrado ‑vamos a hablar en términos jurídicos‑ se empieza a cercenar de manera importante. Lo que salva la responsabilidad del Estado es, precisamente, la capacidad de defensa que tenga el administrado y la eficiencia y eficacia que tenga el Estado para responder. En general, es desburocratizar. Creo que en este proyecto hay mucha autoridad; me parece bien el asesoramiento, pero hay demasiada gente; es una opinión personal‑ Por otro lado, está la plata.

  Si al administrado le pongo una servidumbre, le tengo que financiar la preservación. Si a mí me gravan un bien, pero no me dan el dinero para tratar de mantenerlo, se caerá. El problema es que también se cae mi derecho de propiedad, que está consagrado en la Constitución.

  ¿Entienden mi preocupación? Lo estoy planteando como una preocupación. Les agradezco enormemente que hayan explicado la decisión política y entiendan por qué estoy planteando que tiene mucho poder.

  Por otro lado, además del poder que tiene la unidad ejecutora, el sistema nacional tiene un montón de autoridades; es una burocracia impresionante. Inclusive ‑no sé si es porque en este momento está en la opinión pública‑ el Plan Ceibal es una persona pública de derecho privado. ¿Cómo hago para llegar a la voluntad de decisión? ¿Quién decide por el Plan Ceibal? Sea quien sea el director. ¿Me entienden?

  El espíritu lo compartimos todos, pero debemos tener cuidado con los instrumentos, no sea cuestión de que estemos vulnerando derechos legítimos. Será así mientras en la Constitución esté consagrada la propiedad privada, y creo que el mundo va para ahí, no para el otro, porque en el otro lado las cosas no salieron bien.

  Comparto esta preocupación con los compañeros para que se discuta en cada uno de los partidos.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Pido disculpas porque estaba en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente y quizás alguna de las cuatro preguntas que voy a formular ya fue respondida.

  La primera tiene que ver con lo conceptual, que nos han hecho llegar algunos colectivos. El proyecto se llama Sistema Nacional de Protección de Patrimonio Cultural del Estado. La pregunta es por qué "Sistema Nacional de Protección" y no Sistema Nacional de Patrimonio Cultural". Quienes nos hacen esta apreciación nos plantean que hablar de protección hace foco en eso y no, por ejemplo, en la promoción, prevención y difusión. A su vez, se protege lo que ya está, pero hay cantidad de elementos que son invisibles o se sospecha de su existencia, hay que investigar, etcétera.

  La segunda pregunta es si este proyecto contempla el impacto patrimonial en pequeñas poblaciones. Voy a poner el ejemplo de una población de trescientas personas de mi departamento, con una serie de actividades particulares, artesanías, etcétera. Allí se instala una obra de represa o de un puente, a la que llegan a trabajar ochocientas personas. Al cabo de dos años, hubo un impacto ambiental y social, pero también patrimonial: todas las artesanías y actividades especiales que había allí desaparecieron; se las llevó el progreso.

  Entonces, algunos pensamos que es importante el estudio del impacto medioambiental, pero también el impacto social de todo lo que cambia en una población y el impacto patrimonial, por todo lo que se decía hoy de lo inmaterial, de la construcción social, de algunas habilidades que están desapareciendo, sobre todo, en el medio rural.

  La tercera pregunta es la siguiente. Cuando se habla de los bienes culturales catalogados, se señala que se podrían tomar medidas precautorias. Mi pregunta es por qué no se toman, de entrada, medidas precautorias, porque se supone que esos bienes culturales poseen un valor singular y por diversas razones no se han integrado a la categoría anterior.

  La cuarta pregunta tiene que ver con lo siguiente. Hoy se decía que un bien a proteger se reconoce como tal una vez que hay una gestión, capaz que entendí mal. Con los recursos que hoy tiene la Cartera, ¿es posible llevar adelante esto, gestionarlo y controlarlo?

SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.‑ En cuanto a la primera pregunta, consultaba al arquitecto Inda, y quiero decir que si hay un grupo de personas que entiende que es mejor el nombre del sistema quitando el término "Protección" porque se puede promover, prevenir, me parece una observación acertada y por parte del Ministerio no tenemos inconveniente en cambiarlo. Me pareció muy apropiada su intervención.

  En cuanto a la última pregunta, es decir, si se pueden hacer muchas actividades con el presupuesto destinado, fundamentalmente, a la cultura, le diría que se hace lo que el presupuesto permite. Si la pregunta es si necesitaríamos más, obviamente, todo el mundo pide más, pero tener recursos escasos hace que la imaginación pueda más y se pueda trabajar con lo que hay. Eso es lo que pasa en las distintas unidades ejecutoras del Ministerio. Obviamente, si el arquitecto Inda pide lo que necesita para hacer todo correctamente, hablaríamos de tres veces más.

  Independientemente de los partidos y haciendo una apuesta al futuro, quiero decir que con lo que hay y lo que hubo se ha ido ganando en conciencia ciudadana. Muchos de los aspectos que aquí se han manejado nos dan la satisfacción de saber que se ha ido incorporando en la sociedad el valor del patrimonio, tanto en los aspectos materiales como inmateriales.

  Respecto de lo que decía la diputada Bianchi en cuanto a que con las familias son las herederas naturales y con ellas hay que conversar, quiero señalar que, a veces, sin lugar a dudas, también hay que pagar. Hace tiempo que venimos trabajando en negociaciones económicas por los archivos con los familiares. Tampoco es fácil la tasación ni encontrar personas que realicen una tasación apropiada. La diputada Montaner puede dar fe de las situaciones que se han planteado con el archivo de Tomás de Mattos. Venimos salvando la situación con personas más expertas, pero el Uruguay tampoco tiene todavía un ideal de experticia en muchas materias.

  El año que viene vamos a trabajar por los archivos de los partidos políticos y sin recursos ‑los crearemos de alguna manera modestamente‑ para dejar planteado que los partidos políticos han construido el Uruguay democrático y las instituciones que hoy existen.

  Entonces, respondiendo a la última pregunta, los recursos siempre van a ser escasos y van a provocar la necesidad de la creatividad de las personas.

SEÑOR INDA (Nelson).‑ Quiero explicar cómo se trata hoy y cómo se podría tratar en el marco de la nueva ley, si resulta aprobada.

  Habíamos dicho que el tema territorial inmaterial no está dentro de los temas de la Ley Nº 14.040, sino que fue agregado en la Convención de 1972. El Estado lo toma en la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y está dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por lo tanto, cuando hay una incidencia, ya sea grande o pequeña, sobre el territorio, la autoridad para determinar los mecanismos y caminos a seguir es la Dinama, es decir, la Dirección de Medio Ambiente. Por ley, cuando hay un proyecto en el territorio nacional, la Dinama tiene la facultad de consultar y asesorarse con las instituciones que considere convenientes.

  No está nombrada, pero una de las instituciones que se considera conveniente para muchísimos casos es la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. ¿En qué casos? Fundamentalmente, en el tema arqueológico. Nosotros estamos por hacer un convenio entre la Dinama y Comisión del Patrimonio Cultural ‑Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente y de Educación y Cultura‑ para ver cómo logramos tener una trabazón mayor entre lo que pretende como resultado el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y nosotros, en cuanto a incidir en el territorio. ¿Qué implica eso? Que cuando se presente un proyecto, no solo se estudiará desde el punto de vista arqueológico, de las napas freáticas, sino que se enfocará teniendo en cuenta el aspecto patrimonial. Por lo tanto, si viene un emprendimiento sobre una villa de trescientos habitantes, se hará lo que se llama el estudio de impacto y el impacto es total: sobre la arqueología, la arquitectura, etcétera. Estamos trabajando en conjunto, pero queremos firmar un convenio que nos dé una secuencia, una tramitación ya determinada.

  ¿Qué ventaja tiene la ley respecto de lo que tenemos ahora? Ahora tenemos dos ministerios; cada uno tiene sus mecanismos de trabajo y necesita de un convenio con el otro para trabajar en este tema. Si existe un Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, esa forma de trabajar se hará natural porque, entonces, los acuerdos se harán dentro del Sistema. Por eso, el Sistema es una manera de regular diferentes aspectos; por eso es un sistema y es lo que permitiría la nueva ley.

  ¿Qué cambia? Que si hacemos el acuerdo con el Ministerio, lo haremos a fuerza de trabajar Ministerio con Ministerio. En el otro caso, sería dentro de un contexto mucho más orgánico. Eso es lo que cambiaría.

  Respecto de la gestión, quiero decir que es algo fundamental, tanto para la Unesco como para nosotros o cualquier país que quiera mantener y valorizar su patrimonio.

  ¿Cómo se trabaja en este momento? Desde el punto de los vistos de monumentos históricos ‑que es el único instrumento que tenemos ahora‑, la Comisión de Patrimonio trabaja como asesora del Poder Ejecutivo, que es el que designa al monumento histórico. Desde que la doctora es ministra y yo soy presidente de la Comisión de Patrimonio, no hay ninguna designación que no se haya convenido primero con el propietario para hacer el mantenimiento. Es decir que la gestión se coordina antes. Puedo poner algunos ejemplos. Creo que el año pasado se designó como monumento histórico a la que era torre de televisión de Canal 7 de Punta del Este; una torre impresionante, obra del ingeniero Dieste, que merece estar en cualquier libro de texto sobre estructura, porque tiene 3,50 metros de diámetro de base y mide 72 metros de altura; es un disparate; hecha solo con ladrillos y alambre. No estaba protegida a nivel departamental ni nacional; había que designarla. Pero ¿qué implica designarla? Que el Estado tome para sí el mantenimiento de esa obra o la asuma el propietario, que en definitiva, tiene una obra de Dieste; es como tener un Picasso. Entonces, se habla con el propietario y él es el que hace el mantenimiento, no el Estado.

  Hay otro caso igual que es el de la fábrica Fagar, en Colonia, una obra extraordinaria, también de Dieste. A fines del año pasado se fue a hablar con los propietarios, pero no se los vence, se los convence. De esa forma se trabaja y así se trabajará con la nueva ley, porque no va a haber más dinero del que existe actualmente.

  En definitiva, siempre se piensa en el recurso económico, pero existe el otro, que es el recurso cultural, que es el que nosotros debemos administrar.

SEÑORA GONZÁLEZ (Ana).‑ Respecto de por qué no proteger de entrada a esos bienes con una medida cautelar, quiero señalar lo siguiente.

  El espíritu de ambos artículos fue el de establecer sistemas diferentes respecto del grado de certeza. Entonces, las consecuencias de un bien de interés cultural protegido son muy fuertes. El proyecto dice: "quedan afectados". Al quedar afectados por todas las especies de servidumbre, tienen un grado mucho mayor de certeza y, como bien explicaba el arquitecto Inda, esto puede tener consecuencias patrimoniales. Por eso hay que conversar con sus propietarios, en el caso de que sean privados. Esto se quiso establecer para bienes que generaban dudas o se necesitaba mayor tiempo o hacer determinadas gestiones, conocimiento o consultas o investigaciones porque no ameritan el mismo nivel de protección de forma inmediata. Entonces, se habla de la posibilidad ‑ya el texto no es tan categórico como en el artículo anterior‑ de establecer medidas precautorias que puedan ser temporales.

  La categoría de bien cultural protegido se otorga por declaración del Poder Ejecutivo. Es decir que el trámite tiene otro nivel de certezas y conlleva actos administrativos diferentes, pero en este caso, pueden ser catalogados o introducidos en ese catálogo a la espera de tener un mayor nivel de conocimientos o certezas. Eso es lo que genera la diferencia.

SEÑORA MONTANER (Susana).‑ Quiero felicitarlos y agradecerles porque desde la Ley de 1971 este proyecto representa una evolución realmente extraordinaria.

  No cabe ninguna duda de que tenemos algunos puntos a consultar con nuestros partidos políticos y lo mismo sucede con lo que dijo la diputada Bianchi en cuanto a la preocupación de por qué está dentro de una unidad ejecutora y las consecuencias que eso pueda tener. Pero, en general, respecto de lo que apunta el proyecto, honestamente, me siento muy contemplada en lo que tiene que ver con el patrimonio y la cultura.

  Agradezco la exposición del arquitecto Inda, que nos ha hecho un pasaje, resumido, pero muy conceptual de lo que ha sido la evolución del concepto de patrimonio, del que tenemos que tomar conciencia. Lo mismo cabe decir de las palabras de la ministra, de la subsecretaria y de la directora general, que me han ilustrado muchísimo a fin de llevar esto al seno de mi Partido.

  De lo que ha sido la ley de 1971 hasta ahora, ¡vaya si ha habido una evolución más que importante! Todos tenemos la ansiedad de lo perfecto, pero lo perfecto no existe, evidentemente; todos quisiéramos más recursos; ya lo veremos en la rendición de cuentas. Y comprendo el sentimiento de los que estamos de este lado y aspiramos a más y de los que tienen que administrar los recursos.

  También me pareció excelente la labor de los integrantes de la Comisión de Patrimonio que han colaborado con este proyecto.

  Creo que es un avance importantísimo y se los agradezco como uruguaya y parlamentaria porque el país se lo merece y ¡vaya si los integrantes de esta Comisión de Educación y Cultura teníamos inquietud de tener esta protección más que necesaria! Para mí ha sido muy grato saber del contenido y objetivo del proyecto.

  Obviamente, teníamos esas inquietudes, como lo dijo Hierro López, porque creo que todos queremos preservar lo que hace a nuestra identidad nacional y estas explicaciones nos ayudan mucho más a comprender el concepto y hacia donde vamos.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Agradecemos su presencia y el informe muy claro que han traído.

(Se retiran de sala las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura)

(Ingresa a sala una delegación de la Comisión Directiva de Arqueólogos del Uruguay, Arqua)

——La Comisión de Educación y Cultura recibe a una delegación de la Comisión Directiva de Arqueólogos del Uruguay, integrada por las licenciadas Leticia García, Elena Vallvé y Sandra Pintos Llovet.

SEÑORA PINTOS LLOVET (Sandra).‑ Buenos días. Mis colegas y quien habla somos egresadas de la licenciatura en ciencias antropológicas, con especialización en arqueología.

  Integramos la Comisión Directiva de la Asociación de Arqueólogos del Uruguay y si bien es una joven asociación formada en el año 2015, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en temas que tienen que ver con la legislación del patrimonio.

  En primer lugar, queremos agradecerles por esta invitación. Pretendemos avanzar en la formulación de una nueva ley relativa al patrimonio cultural del Uruguay.

  Entendemos que este proyecto debe ir acompañado por una actualización en la normativa y que la Ley N° 14.040, de 1971, debe actualizarse.

  Felicitamos a los impulsores de esta iniciativa, a pesar de que tenemos algunas consideraciones para hacer con relación al proyecto, que fueron mencionadas el año pasado por nuestras compañeras cuando concurrieron a este ámbito.

  El colectivo de arqueólogos ha participado activamente en todas las instancias de formulación de este proyecto, y actualmente se encuentra participando en un grupo de trabajo junto a otras asociaciones como, por ejemplo, Icomos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios; la Sociedad de Arquitectos del Uruguay; el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio; la Asociación Uruguaya de Antropología Social; la Asociación Uruguaya de Profesionales Universitarios de Museología; la Asociación Uruguaya de Arquitectura del Paisaje; los geólogos y los paleontólogos.

  Siendo consecuentes con el compromiso asumido, consideramos que es necesario fomentar las instancias participando activamente en todas las instancias que nos puedan proporcionar a efectos de asistirlos en todo lo que tiene que ver con nuestros conocimientos técnicos; no somos abogados, sino profesionales de la arqueología y nuestro saber y entender es relativo, específicamente, al patrimonio cultural en general y al patrimonio arqueológico en particular.

  Hemos realizado aportes concretos tanto en el año 2005 como en el 2009; si bien no estábamos constituidos como asociación, había un grupo de colegas que trabajan en estos borradores, que hemos hecho llegar a todos los niveles del gobierno, de colegas y de asociaciones. Juntos planteamos soluciones al conjunto de problemas que atañen al patrimonio cultural y arqueológico.

  Si bien la arqueología es una profesión muy nueva en nuestro país ‑apenas tienen cuarenta y dos años‑, tiene que ver con un patrimonio no renovable, finito y muy fácil de destruir si no se tiene un cabal conocimiento de su calidad.

  La arqueología uruguaya cuenta con sitios de doce mil años de antigüedad, que deben ser conservados y preservados. Uno de los problemas que se nos presenta en nuestro trabajo es que no hay un conocimiento real y cabal de todos esos sitios arqueológicos, situación que dificulta la labor de todos los técnicos, por ejemplo, de la Dinama.

  Tampoco se conocen el peligro y la fragilidad del patrimonio arqueológico y por eso, reitero, agradecemos esta instancia.

SEÑORA GARCÍA (Leticia).‑ Personalmente he participado de la otra instancia, cuando aún no había ingresado el proyecto de ley.

  En noviembre del año pasado presentamos un documento ‑que espero les haya llegado‑ que abarcaba todos los puntos que entendíamos que faltaban en el proyecto, sobre todo las incoherencias entre la exposición de motivos y el articulado.

  Si uno solo lee la exposición de motivos podría quedarse con la idea de que atiende ciertos puntos, pero luego comprobará que no se ve reflejado en el articulado.

  Como bien ha dicho la colega, la arqueología ha aportado a la reconstrucción del pasado del territorio uruguayo, desde el pasado más remoto hasta el pasado reciente. También ha aportado a la construcción de la identidad del pueblo uruguayo y de la memoria.

  Podríamos decir que nuestra carrera tiene más o menos la misma antigüedad que la Ley N° 14.040. Desde las primeras investigaciones en los cerritos de indios, en la década del ochenta, el conocimiento sobre el pasado de nuestro país y de la región ha crecido mucho.

  Se ha ampliado la cantidad de sitios arqueológicos y las temáticas que involucran aspectos teóricos, metodológicos y técnicos que son específicos de la arqueología, que deberían verse reflejados en la ley de patrimonio cultural y que luego dé cabida a una reglamentación.

  Digo esto porque lo que no mencione la ley luego será muy difícil de insertarlo en la reglamentación. Estamos hablando de una definición clara y operativa de patrimonio cultural.

  Observamos que en el proyecto hay, por lo menos, tres definiciones de patrimonio cultural: dos en la exposición de motivos y una en el articulado. Entendemos que no hay por qué innovar demasiado en la definición, pues en muchas legislaciones de países latinoamericanos como Perú o Colombia, o en las legislaciones andaluza o madrileña, hay definiciones de patrimonio cultural que son claras y operativas.

  De hecho, acá no se innova demasiado, pero sí hay varias definiciones que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones cuando tenga que operar la autoridad cultural del instituto.

  También existen definiciones en convenciones de la Unesco.

  Por lo tanto, hay que observar y aprender de las buenas prácticas para poder adaptarlas a nuestra realidad uruguaya. Reitero que no hay que inventar demasiado.

  Quiero advertir que hay una multidimensionalidad, transversalidad y dinamismo del patrimonio cultural que solo queda en la intención del proyecto. Digo esto porque la multiculturalidad ‑sobre todo‑ y el dinamismo no se ven reflejados ni se nombran a los afrodescendientes. Sí se los nombra en la ley de diversidad cultural, que recoge las convenciones de la Unesco. Tampoco se menciona el componente indígena.

  Hay que reconocer que Uruguay, como nación latinoamericana, tiene esa hibridación cultural y que no somos ajenos a eso. No somos una nación totalmente blanca. En tal sentido, hay muchos estudios académicos que han sido publicados en medios de comunicación que recogen ese aspecto, pero el proyecto no lo atiende. De todas formas, se puede incorporar.

  Claro que la ley tiene que ser general, para atender situaciones que el proyecto actual no contempla en su totalidad, porque deja muchos espacios. También la norma debería adelantarse a situaciones futuras, como lo hizo la Ley Nº 14.040, de 1971, que tenía un espíritu generalista.

  Hay que tener en cuenta que una nueva ley de patrimonio cultural podría estar vigente por los próximos treinta o cuarenta años, como la anterior, y este proyecto basa la definición de patrimonio cultural en la materialidad ‑como lo hacía la Ley Nº 14.040, pero en su época el patrimonio tenía más que ver con lo arquitectónico y con ciertos conceptos que actualmente han mutado‑, sin concebir un proceso de construcción social y participativo en el que intervienen diversidad de actores y de valores, en un contexto espacial y temporal específicos. En este sentido, se carece de la tan necesaria vocación pluralista y multicultural. Un nuevo proyecto de patrimonio cultural debería contemplar al menos la composición multicultural de Uruguay.

  A su vez, creemos que una nueva ley debería recuperar el sentido público del patrimonio, y habilitar y promover los procesos de patrimonialización, vivos, abiertos y multivocales, como hoy lo recogen otras legislaciones. Hablo de que la población pueda tener espacios concretos para participar e intervenir, para los bienes y para las manifestaciones vivas.

  Estos espacios de participación pública y colaborativa son escuetamente enunciados en el numeral 8) del artículo 6º, que describe los cometidos del Instituto; acá se le resta un cometido fundamental como es el de la investigación, porque si no se investiga a nivel patrimonial, no podrá existir ese catálogo tan deseado.

  Patrimonio debe entenderse como un derecho cultural de la población y de toda la ciudadanía. En ese sentido, el proyecto se refiere al artículo 34 de la Constitución de la República, que específicamente no nombra "patrimonio", pero sí se refiere a la herencia cultural de todos los uruguayos. Entonces, si es un derecho cultural de la ciudadanía, debería promover la investigación, socialización, educación y el disfrute de este patrimonio para toda la ciudadanía.

SEÑORA VALLVÉ (Elena).‑ Me voy a referir al Capítulo III del proyecto, que refiere a las categorías de protección de los Bienes de Interés Cultural ‑BIC‑ Protegidos y Catalogados.

  El proyecto maneja un concepto de bienes, que tiene una connotación material, y quizás no sea la palabra más acertada para el caso de las manifestaciones culturales vivas o para todo aquello que tiene que ver con construir material.

  Por otro lado, no queda claro qué puede ser considerado un BIC, Bienes de Interés Cultural. El proyecto prevé un listado de cuerpos patrimoniales, que entendemos serían tipos de patrimonio; a nuestro juicio, esta consideración presenta bastantes debilidades e incongruencias. Por ejemplo, uno de estos cuerpos patrimoniales son los bienes subacuáticos y otro son los sitios y bienes de interés histórico arqueológico, siendo que todos son parte del mismo patrimonio arqueológico. Además, al generarse un listado, tememos que exista algún tipo de patrimonio que no se contemple ahora y aparezca más adelante, que si no está el listado no se pueda proteger.

  Los Bienes de Interés Cultural Protegidos y también los Catalogados, como bien dice el proyecto, son niveles de protección y no categorías. Ahí también se presenta un problema, porque la Comisión de Patrimonio, debido a las carencias de recursos, no tiene elaborado un catálogo, como prevé la Ley Nº 14.040. Por eso, será imposible categorizar los Bienes de Interés Cultural como Protegidos o Catalogados, porque no los conocemos. No se puede catalogar algo que aun no está inventariado.

  Por otra parte, no queda claro cuándo un bien cultural va a ser protegido o catalogado; en el proyecto se establece "por razones de diversa índole", lo que puede prestarse a diversas interpretaciones.

  A su vez, no se especifican las medidas de protección para cada caso, y hasta podríamos hablar de bienes de primera y de segunda, porque unos serán protegidos y otros catalogados, sin quedar claro cómo se va a proteger a cada uno.

  Por otra parte, a nuestro entender, los Bienes de Interés Cultural Protegido sustituyen a la actual figura de Monumento Histórico Nacional; se cambian etiquetas, pero el contenido es el mismo. Por ejemplo, las servidumbres previstas en el artículo 10 para los BIC, son casi idénticas a la de los Monumentos Históricos Nacionales. En ese sentido, el artículo 13 propone declarar BIC Protegidos a todo lo que actualmente es Monumento Histórico Nacional, sin reparar en las dificultades de la figura de Monumento Histórico, con la que hemos estado luchando todos estos años quienes trabajamos con patrimonio. Esta es la única figura que prevé la Ley N° 14.040, y se circunscribe a los Monumentos Históricos Nacionales, a los sitios arqueológicos y paleontológicos acotados y a los edificios. Es una norma muy rígida y no contempla la diversidad del patrimonio cultural.

  Hay muchos casos, por ejemplo, Chamangá. En un principio, se declararon las pinturas de Chamangá Monumento Histórico Nacional, de a una. La Comisión de Patrimonio fue declarando la pintura y ampliando el radio de ochenta a ochocientos metros, y todo esto formó una especie de queso gruyer de pinturas declaradas y espacios donde podía haber explotaciones mineras. Como la figura de Monumento Histórico Nacional no estaba funcionando, se declaró a la localidad de Chamangá como Área Protegida. Lo mismo pasó en Colonia y en el frigorífico Anglo, donde se está apelando a la protección internacional, a la declaración de monumento de la humanidad, para proteger estos sitios. Los BIC, a nuestro entender, son muy parecidos a los Monumentos Históricos Nacionales.

  Estas cuestiones estáticas y monumentalistas, congelan el patrimonio. Inclusive, en la servidumbre de los Bienes de Interés Cultural Protegidos se establece la prohibición de realizar cualquier modificación, de destinar a fines incompatibles y se obliga a conservar. Esto muchas veces está vinculado con edificios, pero estamos hablando de patrimonio cultural, que implica todo lo inmaterial que no puede entrar en esta conceptualización.

  Además, las nuevas visiones de patrimonio cultural son dinámicas, y no dependen del objeto ni del valor, sino del valor que atribuye la sociedad al bien. Esta visión del proyecto no contempla los usos actuales de patrimonio, y si se congela, prohibiendo esto y lo otro, queda algo estático y no se puede utilizar.

  Muchas leyes establecen distintas categorías, con el fin de incorporar diferentes tipos de patrimonios. Se habla de conjuntos históricos, de zonas arqueológicas, de lugares de interés etnológicos, de zonas patrimoniales, de lugares de memoria. Esto no es nuevo. En 1972, la Convención sobre Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Unesco ya hablaba de tres categorías: monumentos, lugares y conjuntos. Es decir, esta necesidad de generar categorías, que respondan a las características intrínsecas de cada patrimonio, no es sui géneris, sino que es un concepto que se viene aplicando hace cuarenta años.

  Por eso, creemos que una futura ley de patrimonio debería, primero, definir categorías para luego afinar el nivel de protección, acorde a cada categoría.

  En ese sentido, Arqua cree que sería importante prever capítulos especiales para algún tipo de patrimonios, por ejemplo, el arqueológico, que considere qué tipos de BIC los contemplaría, donde se normen las solicitudes para realizar actividades arqueológicas frente a hallazgos casuales y actuaciones de urgencia y, sobre todo, que articule con la ley de impacto ambiental, donde están los estudios de impacto arqueológico, porque actualmente no se está articulando y se generan bastante dificultades.

  Entendemos que especialmente en el caso de impacto arqueológico una ley de patrimonio debería incluir el principio precautorio. Debemos tener en cuenta que el patrimonio arqueológico está bajo tierra o agua, que no se conoce pero en cualquier momento puede aparecer. Entonces, el principio precautorio, podría incluirse tal como está previsto en el artículo 6° de la ley de medio ambiente.

  Otro aspecto importante son los procesos de declaración de los Bienes de Interés Cultural, que son similares a los de Monumento Histórico Nacional, porque el Poder Ejecutivo es asesorado por el Ministerio de Educación y Cultura para declarar Bienes de Interés Cultural y, en ese caso, no se recogen los instrumentos ni procederes para que participe la población. Es decir, no existe la posibilidad de que una persona física o jurídica, mediante solicitud fundada, pida que se declare alguna entidad cultural como un BIC. Tampoco se prevé la posibilidad de realizar audiencias públicas, previstas en otras leyes, como la de ordenamiento territorial.

  Por último, este proyecto no contempla la descentralización, porque es una norma centralista que no delega potestades en las Comisiones de Patrimonio Departamentales ni en los Gobiernos Departamentales. Simplemente se establece que los intendentes tendrán un lugar en el sistema nacional, que no es vinculante, y a su vez cuando se declare un BIC se avisará al Gobierno Departamental. Inclusive, pensamos que a los efectos de la fiscalización, aspecto que no desarrolla demasiado el proyecto, es mucho más fácil, eficaz y eficiente hacerlo desde el territorio.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Como sabrán, el Parlamento publica la versión taquigráfica de sus sesiones en su página web. Hoy vinieron las máximas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y el arquitecto Inda, presidente de la Comisión de Patrimonio.

  En realidad, los uruguayos somos muy complicados, porque la verdad es que todos quedamos bastante contentos con lo que plantearon las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, quizás por ignorantes.

  Me molesta la centralidad, sea cual sea el gobierno, y debo pensar como ustedes, porque si la ley anterior rigió cuarenta años, esta ley vaya a saber cuánto tiempo durará. Es evidente el enorme poder que se da al Poder Ejecutivo. Acá se dijo que el proyecto en principio propuso que la Comisión ‑que fue la autora de este proyecto‑ fuera un servicio descentralizado; el Ministerio de Educación y Cultura valoró políticamente esto ‑lo aclaró la señora ministra‑, pero se optó por la figura de un instituto, que depende de una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.

  Recién estamos tomando contacto con el proyecto, y este aspecto me preocupa. Ahora ustedes agregan un aspecto que no advertí, y es la centralidad de este proyecto, porque tanto que hablamos de descentralización territorial, resulta que cuando vamos a legislar concentramos como nunca, sobre todo en temas culturales y educativos, donde hemos avanzado mucho en descentralización, aunque a veces es más bien desconcentración. No hay ninguna duda de que estos años hemos avanzado mucho, sobre todo a nivel universitario.

  No me gusta la concentración en el Poder Ejecutivo por algo que ustedes han dicho y es que el Sistema Nacional de Patrimonio estará presidido por el Ministerio de Educación y Cultura, integrándose por diecinueve instituciones, y las describe, algunas realmente sin sentido ‑pero no importa, porque se puede modificar‑, ya que esto generaría una aparato sumamente burocrático. Ninguna superestructura de este tipo ‑que, además, no tiene efecto vinculante, pero hay que consultarlo‑ dio resultado en Uruguay, menos si está integrada con organizaciones del Ministerio que tiene distintos cometidos e integración institucional. Estas cosas tan complicadas no me gustan. Ustedes manejan una terminología muy técnica, muy propia de la arqueología y de la antropología. Estábamos hablando de las distintas categorías y de que cada categoría debía tener una regulación. No pretendo que lo hagan ahora ‑a continuación recibiremos a los trabajadores de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación‑, pero sería bueno que se nos hiciera llegar algo por escrito. No me gustan las leyes que tienen una característica esencialmente administrativa. Si resumo esto, veo que tiene un contenido muy administrativo. Está bien, porque es una ley, pero de pronto nosotros, que no somos especialistas en esto, perdemos la oportunidad de incluir aspectos importantes. No creo que haya dificultades en hacerlo pero, si las hubiera, se discutirían en sala.

  En forma personal ‑creo que algún otro legislador también‑ recibí planteos de los licenciados en historia que van en el mismo sentido de los suyos. A ellos los puedo entender un poco más, aunque, desgraciadamente, no soy investigadora, sino egresada del IPA.

  Es cierto que la comisión asesora de esta ley, que presidió la subsecretaria de Educación y Cultura, magíster Edith Moraes, estuvo integrada por personas a las que llamaron notables ‑no tengo ninguna duda de que la mayoría lo son‑, lo que nos da una enorme tranquilidad. Pero también es cierto que los arqueólogos y los antropólogos no tuvieron representación. Cada uno aporta lo que sabe. Muchos de ellos son grandes intelectuales ‑como el arquitecto Mariano Arana, que siempre se preocupó por el patrimonio, pero que es arquitecto y tiene una visión desde su especialización‑, y cada uno habla de lo que sabe; yo detesto a las personas que hablan de lo que no saben.

  Lo pido por escrito porque este no es el momento de extendernos ‑por la hora y por la delegación que está esperando‑, pero si vamos a modificar la ley, tratemos de consolidar determinados aspectos. En lo personal, muchos se me escapan. De hecho, vuestra intervención me despertó nuevas preocupaciones.

  La parte de la centralización no me gusta, y menos en el Poder Ejecutivo. Lo aclaro porque lo dije en presencia de la señora ministra y lo van a poder leer en la versión taquigráfica de la sesión.

  Dejo planteada la inquietud de analizar de qué manera se puede articular para que se nos haga llegar esto por escrito antes de que se vote el proyecto en Comisión. Entiendo que hay asociaciones que tienen que ser escuchadas; modestamente, entiendo que debieron serlo por la comisión asesora, porque mientras se está elaborando, es más fácil incluir determinadas cosas. Cuando el proyecto ya está elaborado, con un criterio determinado por el Ministerio ‑y está bien, porque por algo es el Ministerio de Educación y Cultura‑, es más difícil. La señora ministra y la señora subsecretaria aclararon que cuando salió de la comisión asesora y entró al Ministerio se aplicaron los criterios políticos ‑y está perfecto; nadie lo discute‑ y jurídicos, según las oficinas jurídicas de la Cartera. Obviamente, hay que contemplar la parte jurídica ‑eso nadie lo discute‑, pero en la otra parte puede haberse colado alguna cosa que con una frase o con algún ítem más se puede resolver.

SEÑORA PINTOS (Sandra).‑ En cuanto a la descentralización, tenemos colegas trabajando a nivel local de distintos departamentos. Por ejemplo, el Centro de Investigación Regional Arqueológico y Territorial en San José, que está a cargo de la doctora Laura Beovide. Hace veinte años que ella está trabajando en una verdadera labor en lo territorial a nivel local. Además, participó en la Mesa de Reflexión sobre Patrimonio Cultural, que realizamos aquí mismo, en el año 2015.

  Otro ejemplo es el departamento de Canelones, con su Catálogo de Bienes Culturales, en el que intervinieron colegas nuestros y también historiadores. En ese catálogo se trata el patrimonio cultural en su totalidad, en sus dos vertientes: la material y la inmaterial. Eso es algo que no está muy claro en este proyecto de ley y que se vincula con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Nosotros, a nivel de la Asociación, tenemos una comisión de descentralización que está bajando a los distintos departamentos para mantener reuniones con los distintos intendentes. Ya nos reunimos con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y a la brevedad tendremos una reunión con los intendentes de Maldonado, Colonia y San José.

SEÑORA MONTANER (Susana).‑ Como dijo la señora diputada Graciela Bianchi Poli, este es un proyecto muy abarcativo. Tuve que retirarme y no sé si ya lo dijeron. Tengo la duda de si pidieron ser recibidos por la comisión asesora y si los escucharon o no. Lo que nos dicen es de gran importancia. Debió haber habido una instancia anterior a la elaboración del proyecto, en la que se tomara en cuenta lo que nos acaban de decir.

  No somos técnicos en arqueología y se nos pueden escapar muchas cosas. Los aportes que nos hicieron quedarán registrados en la versión taquigráfica, pero sería interesante que nos hicieran llegar sugerencias desde el punto de vista arqueológico, en los distintos ítems, para luego evaluarlas con algún técnico que nos asesore. Los legisladores tenemos que ser asistidos por técnicos porque, por mejor intención que tengamos, solos no podemos evaluar debidamente estas cosas.

  Eso también me parece importante, para que se apruebe un proyecto abarcativo de lo que todos entendemos que debe ser el patrimonio. La parte arqueológica es importantísima, y no nos queda ninguna duda de eso.

  En síntesis, quiero saber si fueron escuchados o no por la comisión asesora y si nos pueden hacer llegar sus sugerencias, que aquilataremos y evaluaremos con técnicos que nos asesoren, para que el proyecto salga de la Comisión tomando en cuenta también vuestra visión.

SEÑORA GARCÍA (Leticia).‑ En el documento que presentamos en noviembre contamos brevemente cómo fue el proceso de elaboración del proyecto de ley y cómo solicitamos en reiteradas oportunidades participar activamente del grupo de trabajo. Nos enteramos por distintos lados, independientemente de Arqua, de que se había conformado un grupo de trabajo para la elaboración de una nueva ley, y solicitamos participar, pero no obtuvimos respuesta. Seguimos todas las instancias que había que seguir.

  Inclusive, se hizo una encuesta muy escueta que se envió a algunos colectivos. A nosotros no nos llegó, pero nos fue alcanzada por algún integrante de la comisión y enviamos respuestas que tampoco fueron atendidas.

  La subsecretaria de Educación y Cultura, Edith Moraes, nos atiende, precisamente, cuando solicitamos audiencia en esta Comisión. Tuvimos una extensa reunión, pero el grupo ya estaba cerrado. Nosotros expusimos todo lo que dijimos acá y que ampliamos en el documento. Luego de entregar el documento a esta Comisión, como habíamos quedado comprometidos, empezamos a elaborar una redacción alternativa, pero fue muy difícil. Fue una tarea titánica fundamentar cada punto, y quedó inconclusa.

  Nos parecía una demostración de falta de humildad traer una redacción alternativa si no se nos había pedido. Entonces, decidimos presentar el documento, que abarcaba bastantes puntos de lo que considerábamos que debía tener una ley de este tipo. Pero podemos aportar en lo que ustedes consideren necesario, porque hay mucha legislación que ya tiene unos cuantos años y que funciona bien.

  Estamos participando de la reunión organizada por Cicop e Icomos ‑sigla en inglés del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios a nivel de la Unesco, con representación en Uruguay‑, con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y las asociaciones de museólogos, paleontólogos, geólogos, arquitectos del paisaje y antropólogos sociales. Nos estamos reuniendo para elaborar un documento, con la ayuda de un abogado que trabajó muchísimos años en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. No alcanzamos a presentarlo hoy, pero lo haremos en breve.

  Quedamos a vuestra disposición para realizar aportes.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ Siempre digo que los arqueólogos son primos hermanos de los historiadores. No soy historiador, pero sí aficionado.

  Algunos de los planteos que realizan son de índole programática. Por ejemplo, dicen que no se menciona el patrimonio afro. Todos sabemos que Montevideo fue puerto negrero y una de las capitales en las que se desarrolló la esclavitud. Nadie tiene duda de eso, pero obviamente también podríamos incluir el patrimonio aborigen. Supongo que eso debería estar en el artículo 1º y debería incluir a todos y a todas las expresiones antropológicas y arqueológicas de los diferentes sectores. O sea que allí tendríamos una primera diferencia con el proyecto. Asumo que el proyecto es de carácter sumamente genérico y que por lo tanto alguno de estos aspectos podría estar incluido en la reglamentación. Si mañana se tira abajo un edificio en la Ciudad Vieja y se descubre que allí hay una instalación referida a la cuestión de la esclavitud, nadie dudaría de que eso debería ingresar al patrimonio cultural de la Nación.

  El sistema nacional ‑parece demasiado extenso, aunque recién estamos empezando a discutir el proyecto‑ es un organismo honorario que no tiene muy especificada su función, más allá del asesoramiento al instituto que se crea. Capaz que acá también se podría ser un poco más específico y establecer las funciones que debe cumplir.

  También plantean la necesidad de agregar la investigación como rol. Eso implica, obviamente, recursos. Hoy la investigación se desarrolla básicamente en la Universidad de la República…

SEÑORA PINTOS (Sandra).‑ Sería investigación patrimonial y no investigación básica.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ Allí tendríamos un nuevo inciso en el artículo 6º, que habría que estudiar.

  En cuanto a la definición de bienes, disculpen, pero uno no está en el métier específico, en el conocimiento arqueológico. Yo podría suponer que la definición de bien alcanza. Si no es el término "bien", ¿cuál sería el correcto para definir esto? Entiendo que quizás esto esté armado con otros "paradigmas" ‑entre comillas‑ y sea difícil incluir sin modificar en forma integral. Ese puede ser parte del problema. No queremos terminar generando un Frankenstein jurídico, pero puede ocurrir. Quizás ustedes digan: "Dice bien porque el paradigma sobre el que está establecido así lo hace y no hay otra palabra mejor que esta para definirlo".

  Hablaron de la rigidez del monumento histórico y plantean la alternativa de generar categorías. Aquí tendríamos que incorporar otro artículo que estableciera esas categorías. Las instituciones públicas pueden hacer todo lo que está en la ley pero no lo que no está en ella. De modo que, si no está en la ley, se pueden generar problemas. El ejemplo de Chamangá es bastante contundente y hoy no estaría en esto.

  En la reunión con las autoridades del Ministerio planteamos dos asuntos, y quisiera conocer vuestra opinión al respecto. El primero está relacionado con la posibilidad de incluir los archivos privados de instituciones, de organismos, de corporaciones sociales, culturales, empresariales, comerciales, etcétera. No se establece "y otros que no estén considerados en el artículo 8º" ‑donde se establecen los ítems de bienes de interés cultural‑, que podría ser algo bien sencillo. Podríamos agregar dos ítems más y sería de buena técnica legislativa ordenarlos numéricamente, porque solo están listados. Uno de ellos sería "otros que no estén considerados". El otro sería "archivos privados de diferentes instituciones". El instituto o alguno de estos organismos que participan de forma honoraria podrían plantear su declaratoria. Esto está ligado a la necesidad de generar una ley de archivos específica. Lo conversamos con las autoridades del Ministerio y creo que a futuro sería lo ideal. De momento, porque eso va a llevar tiempo, se podría incluir aquí. Creo que en este artículo en particular ‑no me queda muy claro la diferencia entre lo cautelar y lo precautorio; no soy abogado y, quizás, alguien me lo pueda aclarar‑ está uno de los aspectos más importantes de la ley. Todos hemos visto cómo intervenciones comerciales privadas, inmobiliarias, etcétera, avanzan sobre sitios patrimoniales o edificios que podrían tener algún valor histórico, patrimonial o cultural y, en ese caso, es muy difícil actuar rápidamente.

  En este sentido, puse el ejemplo de una casa antigua que está frente al liceo de Las Piedras que se convirtió en un estacionamiento para una automotora de un día para el otro. Ahí no hay un mecanismo que se pueda aplicar. El Ministerio nos dijo que alcanzaba con que se tomara conocimiento para que la institución pudiera actuar. Quizás, habría que pensar en un mecanismo más específico porque, como ustedes decían, una vez que se actúa sobre esto, no hay marcha atrás.

  Otro ejemplo que puse es el del estacionamiento donde está instalado el shopping de Las Piedras ‑perdóneseme que sea autorreferencial, pero vivo allí‑, que es el sitio donde se desarrolló la Batalla de las Piedras. Después de que se cavó cuarenta metros, si había algo ahí, no lo sabemos; y si se perdió, se perdió para siempre. Este artículo es muy importante y muy complicado porque, evidentemente, puede ir en contra de intereses privados, que también son legítimos. Tenemos que ser cuidadosos en este aspecto.

  Quisiera saber cuál sería para ustedes el mejor mecanismo para la participación, que en esto es fundamental. Quizás, el departamento que está más avanzado en este aspecto es Montevideo. En Canelones no tenemos una ley, un decreto municipal o de la Junta Departamental que obligue a proteger las viviendas coloniales, semicoloniales o del siglo XIX. Yo vivo en una casa de 1850, que si hubiera querido tirar abajo cuando la adquirí, podría haberlo hecho, y ese patrimonio que es particular se hubiera perdido. Aquí hay un trabajo para hacer con los municipios y con las intendencias.

  Concretamente, ¿cuál sería el mecanismo para establecer la participación y asegurarla?

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Quiero aclarar la diferencia entre cautelar y precautorio, y voy a tratar de ser lo más académica posible.

  En realidad, lo que existe son medidas cautelares. Lo precautorio es un invento administrativo. El espíritu es y va a seguir siendo el de tratar de sacar un proyecto, pero no existe esa categoría. La medida cautelar es medida cautelar o no es. Tratando de ser bastante eufemística para no generar ningún tipo de conflicto, en realidad, el administrado está totalmente desprotegido, por eso el Código no lo recoge. Fíjense ustedes, el artículo 11 "Bienes de Interés Cultural Catalogados" establece: "[…] potencialmente declarables Bienes de Interés Cultural Protegidos, que por razones de diversa índole, no se integren a la categoría anterior", que son los pasibles de ser protegidos con medidas cautelares, que están tipificadas en el Código Civil y en el Código del Procedimiento Civil.

  Quería aclarar esto porque tenemos que manejarlo como legisladores. Reitero, hoy no lo quise plantear para no generar ningún tipo de rispidez, porque lo que queremos es sacar esta ley.

  Por otra parte, en referencia a lo que acaba de decir el señor diputado Sebastián Sabini, quiero señalar que hace unos años existía un registro ‑como tengo sesenta y cuatro años soy testigo de la historia; no sé si lo recuerda la diputada Susana Montaner‑ de monumentos históricos. O sea que cuando se operaba una compraventa, una donación, teníamos que sacar dentro del Registro de la Propiedad Inmueble el certificado sobre monumentos históricos. Eso desapareció. Doy mi palabra que no sé con qué gobierno desapareció, ni me importa, pero estuvo mal. Eso no se aplica más. Ahí se fueron, como se dijo, muchos bienes que podrían haber sido inscriptos. Tal vez, cuando venga el director de Registros a la rendición de cuentas le podemos preguntar acerca de esto, aunque sea extraoficialmente. Este certificado proporcionaba recursos al Estado, porque se cobraban tasas para sacarlo.

SEÑORA VALLVÉ (Elena).‑ El tema de los BIC es solo para los catalogados y eso es clave, como decían la señora diputada Graciela Bianchi Poli y el señor diputado Sebastián Sabini; si no están catalogados no los vamos a poder proteger. En la actual Comisión de Patrimonio no existe inventario.

  Además, es importante abrir la cabeza a lo que es el patrimonio cultural, que no son solo edificaciones. Deberíamos preguntarnos cómo protegemos el patrimonio industrial que tiene que ver con las costumbres y modos de vida, por ejemplo, de Juan Lacaze, pues no entra en estas categorías.

  En cuanto a los monumentos históricos que mencionó la señora diputada Graciela Bianchi Poli, volvemos a lo mismo: son edificios.

  Por otra parte, el principio precautorio tiene que ver con la arqueología preventiva y con todo lo que no conocemos. Podríamos llegar a decir que Uruguay es un gran sitio arqueológico, que hay partes que han sido sometidas a investigaciones arqueológicas durante muchos años, como puede ser el este con los cerritos de indios o la zona de Santa Lucía. Hay otras zonas que son grandes huecos sin información, pero no quiere decir que ahí no haya patrimonio arqueológico. Entonces, deberíamos hacer énfasis en este principio precautorio. Precisamente, el literal B) del artículo 6º de la ley de medio ambiente dice: "La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas".

  Por lo tanto, nos parece que es importante hincarle el diente al tema.

SEÑORA GARCÍA (Leticia).‑ El principio precautorio, es decir, para asegurar que esos sitios se preserven, se enraba con lo anterior. La investigación básica la hace la Udelar, la Dicyt del MEC y el Clemente Estable. Pero, lo que se realiza en la Comisión de Patrimonio es investigación patrimonial, no es solo una tarea administrativa. Quien va a informar sobre cualquier estudio de impacto investiga acerca del sitio que consulta, por ejemplo, en la Dinama si se puede o no hacer ahí una explotación minera, un parque eólico, etcétera. Se hace una investigación patrimonial no solo de los antecedentes; inclusive, se va a la región. En lo que refiere a un inventario de bienes culturales y, específicamente arqueológicos también se investiga, y se coordina con los investigadores de las áreas. A mi modo de ver, esta ley debería garantizar los mecanismos necesarios para coordinar con los investigadores del área que, de hecho, se realiza con los magros recursos que tiene la comisión de profesionales, técnicos, etcétera.

  En el apartado 5 D) del documento que trajimos se habla de la arqueología preventiva y de zonas de reserva. No quiere decir que estemos planteando todo el Uruguay como zonas de reserva. Eso no es real. No obstante, hay zonas que se han investigado, como el Catalán, en el departamento de Artigas, en la época del sesenta antes de que existiera la profesión, por pioneros de la arqueología como Antonio Taddei. Allí, hay una estación minera al lado de la otra. Hoy, estos sitios que tienen setenta años de conocidos no se puedan proteger, no hay una figura legal que los ampare. Sabemos que es más importante la explotación minera, pero habría que garantizar que sea sustentable. Nosotros no tenemos mecanismos para ello, pero tal vez podríamos inspirarnos en otras legislaciones. Sería bueno que hubiera un turismo cultural de los sitios arqueológicos, que se visualice desde ese lugar para lograr esa sustentabilidad.

  En cuanto a la multiculturalidad, si el señor presidente me permite, voy a ceder la palabra a la señora Sandra Pintos.

SEÑORA PINTOS (Sandra).‑ Consideramos que en la exposición de motivos del proyecto de ley debe quedar reflejada esa multiculturalidad del país y debe quedar establecida en el artículo 1º.

  Cuando leímos el borrador del anteproyecto, vimos que no se hablaba de los distintos componentes multiétnicos y culturales del país, y eso tiene que estar muy claro en una ley de patrimonio.

  Con respecto a los archivos, consideramos que es fundamental que sean incluidos, no sé si en esta ley o en otra aparte, pero que interactúen y se articulen, al igual que en la ley de sitios de memoria. Es fundamental que haya una interacción dinámica entre la legislación.

SEÑORA VALLVÉ (Elena).‑ Las articulaciones entre las leyes es fundamental. Además de las que mencionó Sandra Pintos, tenemos la ley de museos, la de ordenamiento territorial, la de áreas naturales protegidas. Es muy importante que la ley de patrimonio articule con todas ellas, pero es una carencia que tiene el proyecto.

SEÑORA GARCÍA (Leticia).‑ Consideramos que el artículo 8°, que enumera cuerpos patrimoniales, no debería estar en una reglamentación. Si se pone la expresión "paisajes culturales" o "arqueología subacuática", tendría que haber una pequeña definición en la ley. Tal vez, en el patrimonio subacuático hubo alguna intencionalidad porque ha habido muchos problemas debido a que no hay una ratificación de la Unesco al respecto. No hay por qué separar los sitios de arqueología histórica de los de patrimonio industrial; o los enumeramos todos o no enumeramos a uno específico en detrimento de los demás.

  No creo que haya un paradigma diferente cuando se habla de bien cultural. Me parece que hubo una intención de simplificar, y se puso "bien cultural" tomando, por ejemplo, la legislación española, que ha sido muy criticada. Ellos tienen separada la parte de bien cultural de la parte de manifestación viva. Eso lo podríamos repensar y proponer algo.

  En nuestra discusión interna se habló de "manifestación cultural" en lugar de "bien cultural", pero esto tiene algún problemita. Entonces, deberíamos analizarlo bien para poder plantear algo con seriedad.

  Reitero, no creo que haya un paradigma diferente cuando se habla de bien cultural, pero hay una intencionalidad de hacerlo generalista, que no está mal, pero eso no puede ir en detrimento de la claridad y a favor de algo ambiguo. Esa es la diferencia.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Sin duda, hay algunas diferencias entre el proyecto y lo que ustedes proponen.

  Hoy estuvo el arquitecto Nelson Inda y coincidía con lo que ustedes plantean, ya que él hablaba de una mirada moderna, de salir del monumento histórico a un bien social.

  Les pediría que nos hicieran llegar propuestas concretas en cuanto a definir las categorías, a cuáles son las medidas precautorias a tomar con cada una de ellas, a cómo descentralizar, a cómo se podría hacer operativamente en el territorio. También, definir el término "bien", que parecería que fuera material e inmaterial. En definitiva, cuál sería su propuesta concreta a efectos de tener insumos y seguir estudiando el tema.

  Les agradecemos por la información brindada y nos mantendremos en contacto.

(Se retira de sala una delegación de Arqua)

(Ingresa a sala una delegación de trabajadores de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, ATEC‑ CPCN)

——Damos la bienvenida a la delegación de trabajadoras de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, integrada por las señoras Gabriela Gallardo, Yohana Arruabarrena, Norma Calgaro y Rossana Debenedetti.

SEÑORA DEBENEDETTI (Rossana).‑ Soy presidenta del Sindicato de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura.

  Hemos traído una propuesta para que esta Comisión la tenga en cuenta ya que están considerando la modificación a la ley de patrimonio.

  Las compañeras que me acompañan son trabajadoras de la Comisión de Patrimonio, están agremiadas, y quieren presentarles la documentación que hemos traído.

SEÑORA GALLARDO (Gabriela).‑ Antes que nada queremos agradecerles por recibirnos.

  Les hemos enviado por mail documentación y también les dejaremos el que hemos traído.

  Voy a hacer un breve resumen histórico.

  Hace años que se comenzó a conversar sobre la realización de una nueva ley de patrimonio. En 2009, la Comisión de Patrimonio elaboró un documento que estuvo colgado en la página web. Inclusive, se realizaron talleres, debates y seminarios sobre el tema. Durante un tiempo el tema estuvo en el tapete, pero no sabemos por qué, luego quedó de lado durante varios años. Ahora nuevamente ha salido a luz; un grupo de expertos ha elaborado un anteproyecto. Si no nos equivocamos, eso fue en abril de 2017. Ese documento fue presentado a la ministra y el Poder Ejecutivo le realizó algunas modificaciones, lo elevó al Parlamento, y es el texto que ustedes tienen en su poder.

  Desde el primer momento en que se comenzó a hablar del tema, nosotros quisimos aportar nuestra mirada y trabajar en conjunto pero, lamentablemente, no nos convocaron. Pensamos que ahora tenemos esa oportunidad; por ello elaboramos una nota en la que tratamos de sintetizar y expresar nuestras preocupaciones, así como contradicciones y deficiencias que encontramos en este proyecto de ley, sin dejar de reconocer los avances que se han hecho.

  Tomamos conocimiento de este proyecto de ley cuando fue elevado al Parlamento.

  Queremos leer la nota ‑no es muy larga‑ que sintetiza nuestra preocupación.

SEÑORA CALGARO (Norma).‑ Nosotros dividimos la nota en secciones, y la primera refiere a los conceptos generales.

  Como trabajadores con experiencia en la gestión del patrimonio nos sentimos en el deber de realizar algunas consideraciones y reflexiones tendientes a optimizar el funcionamiento institucional y consecuentemente la protección de nuestro patrimonio cultural.

  Entendemos que el proyecto de ley debería contemplar la amplitud de los temas y el concepto que en la actualidad se reconoce y trabaja en relación a lo patrimonial, tanto en nuestro territorio, como en la región y en el mundo. Lamentablemente, este proyecto de ley no atiende la necesaria actualización del marco jurídico y conceptual, ni el fortalecimiento institucional.

  En relación a ello hacemos notar que el nombre del proyecto de ley refiere a la creación de un sistema nacional de protección del patrimonio cultural del "Estado", con lo que se restringe y contradice la noción de patrimonio cultural en sí mismo, ya que dicho concepto comprende a la comunidad, a la nación o a la humanidad.

  En adelante haremos énfasis en la urgencia de mejorar el funcionamiento institucional y fortalecer sus recursos humanos y económicos, como también en concretar la equiparación salarial en relación a las otras unidades ejecutoras del MEC, otorgando salarios acordes a la especificidad y profesionalismo de la tarea desempeñada. Se adjunta como anexo I el documento con el padrón de puestos de trabajo de la CPCN, que muestra la carencia de recursos humanos y la situación salarial actual, siendo de las más sumergidas del MEC.

  En el texto de la exposición de motivos hemos observado incongruencias con el propio texto del articulado del proyecto de ley. En él se enuncian temas conceptuales y estructurales que no condicen con lo expresado en el articulado, y deja vacíos o frases libradas a una interpretación ambigua.

  Queremos destacar que estamos de acuerdo con la necesidad de un cambio institucional para reforzar o modificar la estructura organizativa, entendiendo que tal transformación permitirá optimizar la respuesta a sus cometidos, con el nivel que exige su idoneidad y superar su capacidad de gestión.

  Luego de estudiado el documento nos preocupa que el texto del proyecto de ley no refleja un cambio sustancial entre ambas formas institucionales.

  El proyecto de ley presentado mantiene los actuales recursos humanos, materiales y económicos ‑establecidos en el artículo 4° del Capítulo II), sin tener en cuenta la posibilidad, a corto plazo, de realizar una reestructura que permita una real y verdadera mejora para el cumplimiento de sus cometidos.

  Consideramos que la transformación de la Comisión en instituto debe trascender el mero cambio de nombre, posibilitando una estructura organizativa que se refleje en una mejora en la gestión, afianzando la credibilidad institucional.

  Deseamos realizar algunas consideraciones en relación a la estructura organizativa, sobre la que poco se expresa en el articulado del proyecto de ley.

  En el artículo 4° se hace referencia a la creación del instituto, según el artículo 427 de la Ley de Presupuesto N° 19.355, de 2015. Dicho artículo define la actual integración de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación con nueve miembros honorarios.

  Entendemos que existe contradicción entre los artículos 4° y 5° del proyecto de ley, en tanto que este último establece la integración del instituto por un director general y un consejo asesor honorario del Ministerio de Educación y Cultura, compuesto por cinco miembros que se consultarán de acuerdo a las necesidades.

  El artículo 5°, al determinar la integración del instituto del patrimonio cultural, hace referencia a que el consejo asesor honorario será convocado a discreción del Ministerio de Educación y Cultura. Esto indirectamente implica que la decisión final sobre las políticas patrimoniales y su ejecución quedarían bajo la responsabilidad de una única persona, el director general, quien también sería ordenador del gasto.

  Teniendo en cuenta la relevancia y la complejidad de gestionar el patrimonio a escala nacional, así como la diversidad de temáticas y especializaciones involucradas, entendemos que sería más adecuado para un instituto del patrimonio cultural estar presidido por un cuerpo colegiado o un directorio ‑al que alguno de sus miembros acceda por concurso‑, manteniendo a un director general responsable del funcionamiento administrativo de la institución.

  En ninguno de los artículos se especifica la estructura técnica y administrativa que conformaría la nueva institucionalidad, limitándose a mantener los recursos humanos actuales, resultando, de hecho, en un congelamiento de la actual estructura, que no garantizará el cumplimiento de las aspiraciones expuestas en la exposición de motivos del proyecto de ley.

  Vamos a mencionar algunos ejemplos. Se incrementan los cometidos como el presidir el Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural ‑artículo 3°‑, lo que conllevaría a un incremento de tareas administrativas, de personal y, por ende, de recursos económicos necesarios para su funcionamiento, de acuerdo con lo que establece el numeral 1) del artículo 6°. Este sería un tema a resolver y concretar en la futura reglamentación, ya que no se vislumbra su fuente de financiación en este proyecto de ley. Asimismo, se definen las potestades para sancionar a quienes no cumplan con la reglamentación vigente. Ello implicará que el futuro instituto refuerce y capacite a un cuerpo de inspectores y formule los mecanismos para su actuación, aumentando el número de personal y los recursos económicos que serán necesarios para cumplir con lo establecido.

  Como antecedente a lo antes expresado, queremos citar el documento de Reestructura de la Unidad Ejecutora 008 del MEC, realizado de acuerdo a la Ley N° 18.508, negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público. Si bien esta propuesta de reestructura elaborada bajo las limitantes de la Ley Nº 14.040 y posteriores normativas, no satisface las aspiraciones para solucionar las problemáticas existentes, pero creemos que fue un gran avance el haber logrado soluciones dialogadas y acordadas con las autoridades.

  Sin desestimar el camino ya iniciado, la nueva ley de patrimonio debería contemplar la necesaria actualización, tanto en los temas conceptuales, como en la estructura institucional.

  Esta reestructura fue elaborada por los funcionarios agremiados a ATEC, de acuerdo con la normativa vigente, acordada con la Comisión Bipartita, con el director general de la Unidad y con un delegado de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación; fue firmada el 22 de diciembre de 2016. Sin embargo, todavía no se ha efectivizado.

  En el artículo 4º del proyecto de ley se mantienen los mismos recursos humanos, sin posibilidad de una mejora en la estructura.

  Insistimos en que para avanzar en el cumplimiento de los cometidos de la institución, gestionando eficientemente el patrimonio nacional, se requerirá necesariamente reforzar el plantel de personal administrativo, especializado y profesional.

  En cuanto a los recursos financieros queremos señalar que en el artículo 4º del proyecto de ley solo define la actual integración de los miembros honorarios; no tiene ningún contenido o definición de recursos económicos.

  Los recursos financieros que menciona la propuesta, en su artículo 7º, provienen de los mismos fondos que establece la Ley Nº 14.040 en su artículo 3º, a excepción del ítem 6 "Aportes de los organismos internacionales".

  Además, en dicho artículo hemos observado que no incluye los montos definidos en el artículo 382 de la Ley Nº 16.170, de 1990.

  Actualmente, los recursos asignados a la CPCN resultan insuficientes, por lo cual trasladamos a este ámbito la urgencia de analizar esta problemática, considerando la posibilidad de incrementar los fondos.

  Nos preocupa que nos se establezca un plazo para presentar al Poder Ejecutivo el texto del decreto reglamentario, que será, sin duda, la herramienta funcional e imprescindible del futuro instituto del patrimonio cultural de la nación.

  De no modificarse el actual proyecto de ley, estamos convencidos que no se tendrá una real mejora institucional, ya que el futuro instituto del patrimonio cultural de la nación se iniciaría manteniendo las dificultades actuales en recursos humanos y económicos de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, para conservar, gestionar y poner en valor el patrimonio cultural.

  Una institución responsable de la salvaguarda del patrimonio nacional debe contar con los recursos económicos suficientes para sustentar el cumplimiento de sus metas y objetivos, y mantener un cuerpo administrativo, técnico y profesional con remuneraciones acordes a las exigencias laborales, siendo un derecho necesario y justo.

  Solicitamos la reformulación del proyecto de ley, con la participación efectiva de los trabajadores de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y de otros colectivos vinculados al quehacer patrimonial, con el objetivo de elaborar una nueva ley de patrimonio integral que incorpore todas las miradas, así como también la dotación de presupuesto y recursos humanos acordes a su misión.

SEÑORA BIANCHI (Graciela).‑ Quedamos muy entusiasmados con el proyecto, luego de recibir al equipo ministerial, aunque ya vimos algunas debilidades en las que coincidimos, así como en algunos comentarios que hicimos fuera de micrófono. Pero ahora voy a reiterar lo que dije cuando luego asistió la asociación de arqueólogos.

  Antes que nada, lamentamos que los trabajadores de la Comisión del Patrimonio Cultural no hayan sido consultados, entre otras cosas, porque es una obligación legal. Cuando se aprobó la nueva ley de negociación colectiva, al proceso que el Uruguay había iniciado en la ley de 1943 se incorporó a los públicos; es un problema legal, no de opiniones.

  Sé que ustedes tienen problemas de reestructura; me ha visitado el sindicato en general, no ustedes.

  Me da pena que no hayan sido consultados específicamente en este tema porque es muy especializado y ustedes están en la trinchera. Vamos a recibir con beneplácito todo el material que nos acerquen.

  Al principio tenía alguna duda, pero ahora, estoy convencida de dos cosas, mientras iba escuchando a todos los que vinieron y a otros que ya hablaron con nosotros, como por ejemplo, la asociación de historiadores: este es un proyecto profundamente centralizador y el objetivo, que es la creación del sistema, no se plasma, porque el sistema no existe. Se crea este sistema, con diecinueve organizaciones, con efecto no vinculante ‑no se establece claramente cuál es su función, aunque aparentemente es de asesoramiento; no sé ni si se juntarán las diecinueve organizaciones en algún momento‑ y después se va derechito a la unidad ejecutora. Eso me chocó desde el primer momento, aunque debo reconocer que recién estamos interiorizándonos. Eso no significa que haya posiciones partidarias ‑al menos en lo que a mí se refiere‑ ni del sector. Obviamente, que la opinión nuestra en el sector "Todos" pesa en estos temas.

  Teniendo en cuenta que es un tema tan específico, ya que vamos a hacer una ley después de cuarenta años, debemos tratar de hacerla lo mejor posible y que no se convierta en una reorganización administrativa. Creo que se pagó el precio de que en esta comisión de notables ‑no tengo dudas de que lo son cada uno en su área‑ faltaron patas o, por lo menos, consultas. Porque se puede formar una comisión notables ‑no sé si son todos notables, pero en general lo son; por lo menos, en su área tienen una gran formación‑, presidida por la señora subsecretaria, a la que tenemos muchísima consideración en su formación, pero como magíster en Educación y como excelente inspectora técnica, pero es posible que a todos se le haya escapado esto y ustedes tendrían que haber sido convocados.

  En consecuencia, por lo menos en lo que nos respecta como sector "Todos" vamos a tratar de que se nos den más insumos y estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo entre todos los partidos ‑al menos es el objetivo‑ para mejorar este proyecto, porque no creo que nadie haya tenido la intencionalidad de jorobar.

  Lo que sí es cierto es que de esa comisión de notables ‑en la que faltaron algunas consultas‑ el proyecto pasó a manos de algunos abogados y ahí empezó a trabajar una cabeza distinta, porque obviamente los abogados estamos para redactar otras cosas. Y hubo decisiones políticas ‑como reconoció la ministra‑ ; está bien, pero en definitiva trajeron estas complicaciones.

  Vamos a tratar de que salga una ley de consenso y que podamos agregar lo que falta y cambiar lo que corresponda. Les pedimos que nos ayuden, como se lo pedimos a todos los demás.

  Gracias.

SEÑORA GALLARDO (Gabriela).‑ Queremos aclarar que no se nos consultó específicamente en el tema del proyecto de ley del patrimonio, pero en uno de los anexos sobre una posible reestructura sí trabajamos perfectamente y está el documento firmado. Ese es un insumo valiosísimo, que está en conocimiento de la ministra, pero que no se llevó a cabo.

  Por supuesto que estamos contestes a integrar cualquier instancia y a aportar desde nuestra mirada como trabajadores directamente involucrados. Eso es lo que más nos interesa y es lo que más venimos pidiendo.

  Por otra parte, queremos hablar de la precariedad histórica que tenemos. Solicitamos el listado de puestos de trabajo que tenemos en la Comisión de Patrimonio actual. Ahí se ven las carencias. Tenemos cuarenta funcionarios en total, de los cuales veintidós son efectivamente presupuestados en la Comisión de Patrimonio, pero tenemos trece vacantes y cinco comisiones. Estamos hablando de una institución nacional, que no puede funcionar con cuarenta funcionarios que, en realidad, son menos, porque solo veintidós son presupuestados y hay funcionarios en comisión que no son parte de la organización.

  Es una precariedad que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.

  Por otra parte, tenemos que hablar de los sueldos, que son de los más sumergidos del MEC. Eso está documentado y lo van a poder constatar.

SEÑOR SABINI (Sebastián).‑ Recién estamos introduciéndonos en este proyecto y quería decir algo porque me hizo un poco de ruido esto del Estado o la nación. El título del proyecto es: "Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural del Estado". En la exposición se menciona promoción del patrimonio cultural del Estado, pero luego, en el Capítulo I dice "Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural", no dice ni Estado ni Nación, y en el Capítulo II habla de la creación del Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación". Esto es algo a ajustar, a discutir. En definitiva, debe haber un mismo criterio: si el Estado somos todos ‑como decía Luis XIV, que el Estado era él‑ o si es la nación. Es un detalle no menor porque es el nombre que le daremos a la institución.

  También tenemos un montón de sugerencias de la asociación de arqueología que hoy estuvimos viendo; después podrán revisar la versión taquigráfica.

  Respecto de este sistema, que tiene a su vez otros sistemas dentro, no nos queda claro cuáles son las potestades. Decíamos que tal vez debería aprobar un plan estratégico y luego hacer un seguimiento sobre ese instituto; es una posibilidad.

  Y lo que se plantea en cuanto a los plazos de reglamentación es totalmente posible, es decir, mandatar al Poder Ejecutivo a que reglamente en 180 días; eso es algo que se hace habitualmente y es algo que podemos hacer.

  Después hay cosas que escapan a nuestra Comisión, porque somos una Comisión de Educación y Cultura y estamos entrando en la rendición de cuentas. Entonces, hay cuestiones estructurales de funcionamiento que podemos plantear como legisladores, pero no tenemos la potestad desde el punto de vista legislativo para llevar adelante una iniciativa de ese tipo. Quiero que eso quede claro, pero quiero señalar que me preocupa bastante la situación actual. Con cuarenta funcionarios ‑solo hay veintidós y de estos solo diecisiete, porque los otros cinco están en comisión‑ parece difícil que puedan llevar adelante todo lo que se plantea acá. Eso es evidente.

  Hay que pensar en un trabajo interinstitucional con los intendentes, con el sistema educativo. Hay que buscar otros recursos para que esto sea posible. Como dice el Pepe Mujica, el papel soporta cualquier cosa. Podemos aprobar una ley muy buena, pero si después no tiene sustento, no va a funcionar.

  En definitiva, quedamos a disposición para analizar todas las sugerencias que tengan respecto del proyecto. Siempre es muy bueno intentar que un proyecto salga aprobado por unanimidad y creo que lo vamos a lograr.

SEÑORA MONTANER (Susana).‑ Agradecemos sus aportes. Como se dijo, estamos tomando conocimiento del proyecto y estos son insumos muy importantes a tener en cuenta antes de tomar una decisión. Evidentemente, este no será el último encuentro.

  En lo que escapa a esta Comisión, la sugerencia es que pidan una entrevista a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda que aborda la rendición de cuentas, porque, más allá de que se haya tomado un proyecto medio cerrado ‑tal como se dice‑, creo que la situación de ustedes lo amerita, porque tal como están funcionando, evidentemente, es difícil llevar adelante su tarea y si hay un margen, que se maneje.

  Cuando escuchamos al equipo del Ministerio, quedamos con una visión bastante optimista, pero obviamente, cuanto más se aclara, oscurece, porque se fueron planteando distintas aristas del tema que, lamentablemente, no fueron tomadas en cuenta en esa comisión en la que se elaboró el proyecto. Y creo que ustedes deberían haber sido convocados, así como también los arqueólogos ‑que también vinieron hoy‑ porque todo hace a la cosa.

  En lo personal, nos comprometemos ‑estoy segura de que el resto de los diputados también‑ a tomar todos los insumos, que son muy importantes para que se elabore la mejor ley, con el consenso de todos, que es un objetivo que buscamos todos. Lamentablemente, al ser tan complejo el tema y al no ser consultados distintos actores en su momento, quedan muchas aristas que para nosotros son un signo de interrogación.

  Así que todos los documentos que nos puedan dejar serían muy bien recibidos, porque también nos servirán para una mejor comprensión de este proyecto en el que recién estamos aterrizando y cada vez que escuchamos a un actor nuevo, quedamos con más interrogantes de las que teníamos.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Como se planteó el tema de la reglamentación, yo no puedo morir callada; está claro que es una característica de mi personalidad.

  Tenemos que perder la costumbre de que todo se resuelva con la reglamentación y ustedes como trabajadores lo saben. El reglamento es solo algo subsidiario a la ley y nosotros, como ciudadanía y como parlamentarios ‑no le atribuyo la responsabilidad a ningún partido o a todos‑, nos estamos acostumbrando peligrosamente a esto. Hay que resolver el problema en la ley, porque después, nunca faltan los abogados, que haciendo uso de su profesión, ven que la reglamentación no dice lo mismo que la ley y ahí empiezan los recursos, etcétera.

  No quiero debatir más porque es tarde, pero quiero dejar establecido que esa es una mala costumbre a la que, valga la redundancia, nos estamos acostumbrando. ¡El reglamento es meramente instrumental! Si largamos una ley así y delegamos en el reglamento, aunque le pongamos plazo al Poder Ejecutivo, va a salir mal, porque van a aparecer cosas para tapar los agujeros que después no tienen el mismo nivel jurídico.

  Gracias.

SEÑORA CALGARO (Norma).‑ Tenemos antecedentes al respecto.

  Quien les habla junto con la escribana Alicia Bordoli tuvimos que estudiar la Ley Nº 17.473, Registro Nacional de la Propiedad Estatal de Obras de Artistas Pásticos para entender su espíritu, a fin de definir qué entendemos por artista plástico, cuando en el año 2000 ya se hablaba con otros conceptos. Por lo tanto, el decreto tuvo que cubrir algunos faltantes de la ley. Por eso queríamos hacer hincapié en eso.

SEÑORA ARRUABARRENA (Yohana).‑ Queríamos decirles que para nosotros es un alivio escuchar que quieren llegar a una ley por consenso y que nos quieren escuchar, así como al resto de los colectivos, porque desde hace años luchamos por tener una ley de patrimonio que nos dé las herramientas para trabajar.

  Con esto de de la fiebre mundialista, quiero graficar diciendo que también nosotros trancamos con la cabeza. Estamos trabajando por la camiseta porque, con los salarios y las pocas herramientas que tenemos, las figuras de protección son poco flexibles y nosotros trabajamos a nivel de territorio con áreas extensas. Yo trabajo más que nada en la parte arqueológica. Trabajamos con el patrimonio cultural, que es la herencia de todo un pueblo: del pueblo de hoy y de los que nos han antecedido, de los que no ha quedado más nada que sus restos materiales.

  El hecho de trabajar con flexibilidad y las herramientas aggiornadas sería lo mejor, lo adecuado y lo básico. Estamos hablando de que el patrimonio cultural es finito, no es renovable. Tenemos la herencia de nuestro antepasados; estamos hablando de hace más de diez mil años y es lo único que nos queda. Si no lo podemos proteger, conocer, investigar y salvaguardar, no va a quedar nada de estos grupos de personas que vivieron en estas tierras, en este medioambiente y en otro, porque ha cambiado mucho desde principios del holoceno.

  También hay que tener en cuenta que es un derecho de nuestro pueblo conocer nuestro patrimonio, porque en muchos de estos aspectos recién lo estamos conociendo y protegerlo para que las nuevas generaciones lo puedan investigar y salvaguardar, también es una obligación del presente.

  Estamos muy agradecidas y contentas por que nos van a tener en cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Creo que las tres delegaciones que recibimos en el día de hoy tuvieron la intención de modernizar, actualizar y aggiornar la ley, y es bueno.

  Me parece bien que el Parlamento pueda escuchar los aportes de las distintas miradas, porque eso también hace al patrimonio, es decir, escucharnos y tomarnos en serio.

  Ustedes nos han dejado algunos documentos, que serán distribuidos por la secretaría.

  Tal vez en algún momento sean convocados nuevamente o nos comuniquemos a través del correo electrónico.

  Agradecemos su presencia.

   Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.